PNL/001440-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de marzo de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001440, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta para que requiera al Gobierno para que derogue los Reales Decretos 43/2015 y 99/2011, para que promueva que el Consejo de Universidades elabore un informe sobre los resultados de la vigente ordenación de enseñanzas universitarias oficiales, a promover en los órganos competentes la creación de una Comisión Mixta para que elabore un informe sobre la financiación de la enseñanza universitaria y sus efectos sobre la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo y, previa recomendación del Consejo de Universidades, presente una reforma de la ordenación de las enseñanzas universitarias.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de marzo de 2015.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado.

Con este RD 43/2015 el Gobierno abre paso a una reforma en profundidad de las estructuras de las titulaciones y, en consecuencia, del propio Sistema Universitario Español. El aspecto de mayor preocupación en el seno de la comunidad universitaria es la posible devaluación de los Títulos de Grado por la diferente duración de un mismo Título, el recorte de la financiación pública y el aumento de los precios de matrícula que la reforma entrañaría.

Estos cambios que afectan directamente la estabilidad en la regulación de las enseñanzas y la inexistencia de estudios y consultas a las propias universidades en las que sustentar la decisión del Gobierno a este respecto, han generado preocupación y alarma en el seno de la comunidad universitaria. Esta misma preocupación sobre la incoherencia entre los objetivos declarados y las medidas aprobadas, así como la inexistencia de un diagnóstico riguroso que avale las pretensiones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con esta reforma, han alarmado también a órganos consultivos como el Consejo de Estado en su Informe sobre dicho Decreto. El dictamen emitido por el supremo órgano consultivo del Gobierno de España viene a realizar observaciones que en buena parte reiteran las que ya habían sido formuladas por los Rectores en el Consejo de Universidades.

Tal es así que respondiendo a un clima de preocupación y alarma en el seno de las universidades, de mutuo acuerdo, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ha acordado en su asamblea la paralización de dicho decreto hasta 2017, permitiendo así garantizar una proceso ordenado y coherente con el que quede asegurada la calidad y la igualdad de oportunidades en el proceso de ordenación del titulaciones universitarias.

Consideramos que esta reforma no solo carece del rigor exigible, diálogo necesario con la comunidad universitaria y de los estudios previos sobre su conveniencia, sino que poco o nada tiene que ver con mejorar la calidad de los estudios superiores, y que sus consecuencias afectarán claramente a la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes universitarios.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a requerir al Gobierno de España a:

1. Derogar el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, ya que ahonda la brecha social de las desigualdades en España, deteriora la calidad de la enseñanza superior y degrada el Título de Grado, dificultando con ello el acceso al empleo de los estudiantes y perjudicando los intereses del profesorado.

2. Promover en el seno del Consejo de Universidades la elaboración de un informe sobre los resultados de la vigente ordenación de las Enseñanzas Universitarias oficiales, que incluya un conjunto de indicadores relevantes para su valoración en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

3. Promover en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria, del Consejo de Universidades y del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, el establecimiento de una Comisión Mixta que tenga por cometido elaborar un informe sobre los efectos en la financiación pública y privada de las Universidades, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo de los Titulados universitarios de la reforma promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

4. Una vez se disponga de los citados informes, y si así lo recomiendan el Consejo de Universidades y la Comisión Mixta, presentar una nueva reforma de la ordenación de las Enseñanzas Universitarias oficiales que incorpore, en todo caso, el conjunto de modificaciones que se desprenden de las observaciones realizadas por el Consejo de Estado en su Dictamen, así como aquellas que resulten de los trabajos antes señalados.

Valladolid, 20 de febrero de 2015.

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Ana María Carmen Redondo García