PNL/000132-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000132, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, para: 1.- Instar a la Junta a que declare a nuestra Comunidad Autónoma como opuesta al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). 2.- Instar a la Junta a que solicite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su apoyo a mantener el carácter público de los servicios sociales útiles. 3.- Instar a la Junta a que solicite al Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos similares, al objeto de conseguir diversos fines.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de septiembre de 2015.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) para su debate en el Pleno de las Cortes:

JUSTIFICACIÓN

En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estadios Unidos (EE. UU.) el Acuerdo Transatlántico de Comercio y de la Inversión (ATCI, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés), también conocido como Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio (TAFTA), presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EE. UU., reduciendo las barreras no arancelarias, con el objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.

Desde entonces, la UE y EE. UU. están negociando de espaldas a la ciudadanía a través de sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeos) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general. La negociación de dicho acuerdo está contando con la participación directa e indirecta de las ETN y sus representantes correspondientes. Sin embargo, la información relativa al desarrollo de las negociaciones del Tratado con la que cuenta el Parlamento Europeo mantiene un acceso restringido para los propios europarlamentarios y las negociaciones apenas están contando con representantes de la Sociedad Civil.

Los Gobiernos sub-nacionales de la UE, en nuestro país, en concreto, los Gobiernos autonómicos, tienen el derecho a ser informados sobre el desarrollo de las negociaciones, y los cambios legislativos que pueden ser acordados a nivel europeo para posicionarse sobre ellos, ya que el resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones muy importantes sobre las competencias autonómicas. Este derecho ha sido obviado hasta la fecha.

EE. UU. y la UE intentan incluir en el TTIP medidas de protección de los inversores que impactan directamente contra el principio de soberanía nacional, imponiendo modelos de arbitraje y resolución de conflictos que equipara al Estado y sus Administraciones con las Empresas Trasnacionales (ETN). La comisión de arbitraje será quien se encargue de resolverlos, la denominada "Investor-to-State Dispute Sefflement" (ISDS). Esta comisión tendría competencia para establecer compensaciones económicas de las diferentes administraciones implicadas a los inversores cuando estos puedan demostrar que la aplicación y desarrollo de ciertas medidas o políticas concretas afectan a sus intereses privados o pueden reducir los beneficios futuros de una compañía. El Estado, en este caso, puede recurrir judicialmente la decisión y le pueden dar la razón, pero le va a suponer unos costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas, situándose así a un nivel superior a la legislación nacional. La producción normativa presente o futura sobre cuestiones tan importantes para Castilla y León como son el control del fracking, el control de precios y acceso a los medicamentos, la protección de trabajadores y consumidores o la seguridad alimentaria, pueden ser demandadas por las ETN a través de este organismo.

Uno de los objetivos básicos del TTIP es la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas. Esto pone en peligro todos los servicios públicos y las contrataciones públicas, en todos los niveles administrativos, así como la capacidad y el margen de maniobra real de los representantes públicos democráticamente elegidos para administrar las entidades y desarrollar las políticas locales de acuerdo al interés general.

En lo que se refiere a la contratación pública, el objetivo que se pretende con el TTIP es mantener el Acuerdo de Contratación Pública (GPA) de la Organización Mundial del Comercio (WTO) hasta crear un nuevo acuerdo que mejore las condiciones para las ETN. Mientras, el GPA está siendo utilizado por la Comisión Europea como justificación para reducir las garantías en la ley de la contratación pública. En este sentido, entendemos que todo nuevo acuerdo referente a la contratación pública debe ir dirigido a aumentar las garantías y no a reducirlas: cualquier negociación de un nuevo acuerdo no debe poner en peligro los aspectos progresivos de la ley de contratación pública de la UE.

Sin embargo, los intereses estratégicos de las ETN y sus intereses comerciales no deberían ser los únicos criterios para determinar acuerdos comerciales como el TTIP, ni se deben imponer por encima de cualquier otra consideración económica, social o sanitaria ignorando cualquier legislación comunitaria, nacional, autonómica o municipal. Asimismo, los aspectos relacionados con la protección de los trabajadores, consumidores, seguridad alimentaria y del medio ambiente tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta a declarar nuestra Comunidad Autónoma como opuesta a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), que no acepta ni sus principios ni objetivos, y comprometida en la defensa de los servicios públicos básicos para mantener la cohesión y redistribución social.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta que solicite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios sociales útiles.

3. - Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta que solicite al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de conseguir:

- Que mecanismos como el ISDS (Investor-to-State Dispute Settlement) no sean incluidos en éste ni ningún otro Tratado.

- Defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados, de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente; y defender el principio básico democrático de soberanía e independencia nacional, salvaguardando todas las competencias de un Estado soberano y de su voluntad popular.

- Que el Tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y ambientales.

- Que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.

- Que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público y democrático en España y en el conjunto de la UE y sus respectivos Parlamentos nacionales; y, puesto que los postulados del TTIP afectarán directamente a cuestiones vitales de la población, se someta el TTIP a un referéndum vinculante en todo el territorio del Estado.

En Valladolid, a 15 de septiembre de 2015.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos