4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000194-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000194, presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones Martínez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, instando a la Junta de Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias para el restablecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos dependientes de la Administración General de la Comunidad y sus Organismos Autónomos.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Luis Briones Martínez, Gloria María Acevedo Rodríguez, Virginia Barcones Sanz y Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:
ANTECEDENTES
El artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre (BOE sábado 31 de diciembre de 2011), de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, estableció que:
"A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos".
Este precepto estaba directamente dirigido al sector público estatal (tanto a funcionarios como a laborales) en el que, tal y como establece el artículo 2.1 de la Ley General Presupuestaria, no se encontraban comprendidas las entidades que integran la Administración Autonómica. No obstante, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a través de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, adoptó también la decisión de ampliar la jornada semanal de 35 a 37 horas y media a sus empleados públicos. Así, en la exposición de motivos de esta Ley, se recogía:
"En el ámbito de personal, las medidas que se incluyen son de naturaleza estructural y su implantación generará ahorro sin merma de la calidad en la prestación de los servicios públicos. La revisión de la jornada de trabajo en los distintos ámbitos de la Administración que, por sí misma, incrementará la productividad del personal a su servicio. El esfuerzo que a los empleados públicos demandará ésta y las demás medidas se entiende imprescindible para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas en una etapa en que la reducción de costes resulta obligada ante la caída de los ingresos. Las medidas afectan a todo el sector público, en cualquiera de sus ámbitos: administración general y servicios, educación y sanidad".
El artículo 65 de dicha Ley recogía la jornada máxima anual ordinaria.
"La jornada máxima anual y los días máximos de trabajo efectivo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, sea cual fuere la vinculación jurídica con la Administración, serán el resultado de descontar a los 365 días que tiene el año natural (366 en los años bisiestos), el total de sumar al número de domingos y sábados que concurran cada año, 14 festivos, 2 días por Navidad (24 y 31 de diciembre), 22, 23, 24, 25 o 26 días de vacaciones según los casos, y de multiplicar el resultado así obtenido por siete horas y treinta minutos de promedio diario de trabajo efectivo en lo que se refiere a la jornada ordinaria".
En febrero de 2012 la Junta de Castilla y León y varios representantes sindicales (CC.OO. y CSIF) llegaron a un acuerdo, mediante el cual la jornada volvería a las 35 horas semanales en cuanto la economía regional creciera por encima del 2,5 %.
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en su disposición adicional septuagésima primera estableció:
"A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual".
Dicha Ley determinó qué entes conformaban el sector público a estos efectos y resultaba de aplicación al conjunto de las Comunidades Autónomas.
El Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, recogió la jornada de treinta y siete horas y media con carácter general para la Administración de la Comunidad. En su exposición de motivos afirmaba que esas medidas se introducían "con carácter temporal hasta que el crecimiento económico supere el 2,5 % del producto interior bruto interanual de Castilla y León".
En el primer trimestre de 2015 la subida interanual del PIB creció el 2,6 % y en el segundo trimestre ha estado en torno al 3 %, según los datos oficiales, tal como ha recordado en comparecencia pública la Consejera de Hacienda. Es más, con estos datos, la Consejera ha proclamado que "la crisis se ha acabado" y que estamos en niveles de crecimiento a 2007. Así pues, ya no hay razones ni excusas para seguir manteniendo la jornada semanal de los empleados públicos dependientes de la Administración autonómica en las 37,5 horas semanales, por lo que procede el retorno a las 35 horas.
Por todo lo cual formulamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el restablecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos dependientes de la Administración General de la Comunidad y sus Organismos Autónomos. Dicho restablecimiento deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2015.
Valladolid, 25 de septiembre de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Luis Briones Martínez,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
Virginia Barcones Sanz y
Ana María Muñoz de la Peña González
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000194-01
CVE="BOCCL-09-001371"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 2706-2708
BOCCL nº 32/9 del 9/10/2015
CVE: BOCCL-09-001371
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000194-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones Martínez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, instando a la Junta de Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias para el restablecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos dependientes de la Administración General de la Comunidad y sus Organismos Autónomos, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000194, presentada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, D. Luis Briones Martínez, Dña. Gloria María Acevedo Rodríguez, Dña. Virginia Barcones Sanz y Dña. Ana María Muñoz de la Peña González, instando a la Junta de Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias para el restablecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos dependientes de la Administración General de la Comunidad y sus Organismos Autónomos.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Luis Briones Martínez, Gloria María Acevedo Rodríguez, Virginia Barcones Sanz y Ana María Muñoz de la Peña González, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:
ANTECEDENTES
El artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre (BOE sábado 31 de diciembre de 2011), de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, estableció que:
"A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos".
Este precepto estaba directamente dirigido al sector público estatal (tanto a funcionarios como a laborales) en el que, tal y como establece el artículo 2.1 de la Ley General Presupuestaria, no se encontraban comprendidas las entidades que integran la Administración Autonómica. No obstante, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a través de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, adoptó también la decisión de ampliar la jornada semanal de 35 a 37 horas y media a sus empleados públicos. Así, en la exposición de motivos de esta Ley, se recogía:
"En el ámbito de personal, las medidas que se incluyen son de naturaleza estructural y su implantación generará ahorro sin merma de la calidad en la prestación de los servicios públicos. La revisión de la jornada de trabajo en los distintos ámbitos de la Administración que, por sí misma, incrementará la productividad del personal a su servicio. El esfuerzo que a los empleados públicos demandará ésta y las demás medidas se entiende imprescindible para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas en una etapa en que la reducción de costes resulta obligada ante la caída de los ingresos. Las medidas afectan a todo el sector público, en cualquiera de sus ámbitos: administración general y servicios, educación y sanidad".
El artículo 65 de dicha Ley recogía la jornada máxima anual ordinaria.
"La jornada máxima anual y los días máximos de trabajo efectivo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, sea cual fuere la vinculación jurídica con la Administración, serán el resultado de descontar a los 365 días que tiene el año natural (366 en los años bisiestos), el total de sumar al número de domingos y sábados que concurran cada año, 14 festivos, 2 días por Navidad (24 y 31 de diciembre), 22, 23, 24, 25 o 26 días de vacaciones según los casos, y de multiplicar el resultado así obtenido por siete horas y treinta minutos de promedio diario de trabajo efectivo en lo que se refiere a la jornada ordinaria".
En febrero de 2012 la Junta de Castilla y León y varios representantes sindicales (CC.OO. y CSIF) llegaron a un acuerdo, mediante el cual la jornada volvería a las 35 horas semanales en cuanto la economía regional creciera por encima del 2,5 %.
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en su disposición adicional septuagésima primera estableció:
"A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual".
Dicha Ley determinó qué entes conformaban el sector público a estos efectos y resultaba de aplicación al conjunto de las Comunidades Autónomas.
El Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, recogió la jornada de treinta y siete horas y media con carácter general para la Administración de la Comunidad. En su exposición de motivos afirmaba que esas medidas se introducían "con carácter temporal hasta que el crecimiento económico supere el 2,5 % del producto interior bruto interanual de Castilla y León".
En el primer trimestre de 2015 la subida interanual del PIB creció el 2,6 % y en el segundo trimestre ha estado en torno al 3 %, según los datos oficiales, tal como ha recordado en comparecencia pública la Consejera de Hacienda. Es más, con estos datos, la Consejera ha proclamado que "la crisis se ha acabado" y que estamos en niveles de crecimiento a 2007. Así pues, ya no hay razones ni excusas para seguir manteniendo la jornada semanal de los empleados públicos dependientes de la Administración autonómica en las 37,5 horas semanales, por lo que procede el retorno a las 35 horas.
Por todo lo cual formulamos la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el restablecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos dependientes de la Administración General de la Comunidad y sus Organismos Autónomos. Dicho restablecimiento deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2015.
Valladolid, 25 de septiembre de 2015.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Luis Briones Martínez,
Gloria María Acevedo Rodríguez,
Virginia Barcones Sanz y
Ana María Muñoz de la Peña González
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000194-01
CVE="BOCCL-09-001371"
