PNL/000336-01








4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/000336-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León para que inste al Gobierno a desarrollar una normativa para proteger a los funcionarios que divulguen casos de corrupción y a desarrollar en el plazo máximo de un año una normativa autonómica con el mismo objeto en el seno de la Administración Pública, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de noviembre de 2015, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000333 a PNL/000336.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2015.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

Durante los últimos años, hemos conocido numerosos casos de corrupción política en los diferentes niveles de la administración (municipal, provincial, autonómico y nacional), gracias tanto al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como a las investigaciones tanto judiciales como periodísticas.

En la mayoría de estos casos, desvelar tramas de corrupción en el seno de la Administración ha sido posible gracias a la valentía de los funcionarios y empleados públicos que denuncian las irregularidades que se cometen en el entorno laboral en el que desarrollan su trabajo.

Sin embargo, es conocido por todos que en muchas ocasiones las coacciones y el miedo a la represalia pueden funcionar como elemento inhibidor de la voluntad de los funcionarios y empleados públicos a la hora de desvelar las supuestas irregularidades.

Son numerosos los países en los que se han puesto en marcha iniciativas y programas de protección para los profesionales que revelen casos de corrupción en el seno de la Administración Pública. Se trata de una práctica anglosajona, que recibe el nombre de "Whistleblowing", que se incluye en el ordenamiento jurídico de muchos Estados.

Reino Unido establece en la Ley de Declaración de Interés Público un marco de protección jurídica para los profesionales que divulguen informaciones sobre posibles delitos y malas prácticas de los cargos políticos y gestores públicos.

En Estados Unidos la normativa establece el imperativo legal de investigar los casos denunciados así como de proteger al empleado público tras la denuncia de episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.

Si bien es cierto que ya hay algunos países en la Unión Europea que han avanzado en esta materia, sigue siendo en España una tarea pendiente la de construir espacios de protección de la confidencialidad del denunciante, por lo que son reales los reparos de los funcionarios y empleados públicos a denunciar irregularidades ante la perspectiva de tener que continuar desarrollando su labor ante los superiores que pudiesen haber sido implicados en la denuncia, sin un sistema garantista de protección de sus condiciones laborales.

Los diferentes agentes y Grupos Políticos debiéramos coincidir en asumir que los funcionarios y empleados públicos son los mejores aliados, a través de su conocimiento de la realidad diaria, a la hora de destapar, desvelar y combatir episodios de corrupción política que han tenido, tienen, y, lamentablemente, seguirán teniendo lugar en el seno de los diferentes niveles de la Administración Pública en España.

Además, tenemos la oportunidad desde Castilla y León de liderar lo que puede suponer una apuesta decidida por la transparencia y la lucha contra la corrupción en nuestro país.

Por todo lo expuesto, formulamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

a) Instar a la Junta de Castilla y León para que solicite al Gobierno de España que desarrolle lo antes posible una normativa legal que establezca un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que divulguen información sobre episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.

b) Instar a la Junta de Castilla y León a que desarrolle en un plazo máximo de seis meses una normativa legal de alcance autonómico innovadora en España que establezca un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que divulguen información sobre episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.

Valladolid, 25 de noviembre de 2015.

EL PROCURADOR Y PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


PNL/000336-01

CVE="BOCCL-09-002989"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 7825-7826
BOCCL nº 59/9 del 1/12/2015
CVE: BOCCL-09-002989

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000336-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León para que inste al Gobierno a desarrollar una normativa para proteger a los funcionarios que divulguen casos de corrupción y a desarrollar en el plazo máximo de un año una normativa autonómica con el mismo objeto en el seno de la Administración Pública, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 27 de noviembre de 2015, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/000333 a PNL/000336.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2015.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

Durante los últimos años, hemos conocido numerosos casos de corrupción política en los diferentes niveles de la administración (municipal, provincial, autonómico y nacional), gracias tanto al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como a las investigaciones tanto judiciales como periodísticas.

En la mayoría de estos casos, desvelar tramas de corrupción en el seno de la Administración ha sido posible gracias a la valentía de los funcionarios y empleados públicos que denuncian las irregularidades que se cometen en el entorno laboral en el que desarrollan su trabajo.

Sin embargo, es conocido por todos que en muchas ocasiones las coacciones y el miedo a la represalia pueden funcionar como elemento inhibidor de la voluntad de los funcionarios y empleados públicos a la hora de desvelar las supuestas irregularidades.

Son numerosos los países en los que se han puesto en marcha iniciativas y programas de protección para los profesionales que revelen casos de corrupción en el seno de la Administración Pública. Se trata de una práctica anglosajona, que recibe el nombre de "Whistleblowing", que se incluye en el ordenamiento jurídico de muchos Estados.

Reino Unido establece en la Ley de Declaración de Interés Público un marco de protección jurídica para los profesionales que divulguen informaciones sobre posibles delitos y malas prácticas de los cargos políticos y gestores públicos.

En Estados Unidos la normativa establece el imperativo legal de investigar los casos denunciados así como de proteger al empleado público tras la denuncia de episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.

Si bien es cierto que ya hay algunos países en la Unión Europea que han avanzado en esta materia, sigue siendo en España una tarea pendiente la de construir espacios de protección de la confidencialidad del denunciante, por lo que son reales los reparos de los funcionarios y empleados públicos a denunciar irregularidades ante la perspectiva de tener que continuar desarrollando su labor ante los superiores que pudiesen haber sido implicados en la denuncia, sin un sistema garantista de protección de sus condiciones laborales.

Los diferentes agentes y Grupos Políticos debiéramos coincidir en asumir que los funcionarios y empleados públicos son los mejores aliados, a través de su conocimiento de la realidad diaria, a la hora de destapar, desvelar y combatir episodios de corrupción política que han tenido, tienen, y, lamentablemente, seguirán teniendo lugar en el seno de los diferentes niveles de la Administración Pública en España.

Además, tenemos la oportunidad desde Castilla y León de liderar lo que puede suponer una apuesta decidida por la transparencia y la lucha contra la corrupción en nuestro país.

Por todo lo expuesto, formulamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

a) Instar a la Junta de Castilla y León para que solicite al Gobierno de España que desarrolle lo antes posible una normativa legal que establezca un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que divulguen información sobre episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.

b) Instar a la Junta de Castilla y León a que desarrolle en un plazo máximo de seis meses una normativa legal de alcance autonómico innovadora en España que establezca un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos que divulguen información sobre episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.

Valladolid, 25 de noviembre de 2015.

EL PROCURADOR Y PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


PNL/000336-01

CVE="BOCCL-09-002989"



Sede de las Cortes de Castilla y León