PE/001857-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2016, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/001709 a PE/001889.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida - Equo, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, aprobó el día 30 de octubre de 2015 unas nuevas Especificaciones Técnicas de Funcionamiento para la central atómica de Santa María de Garoña con generación de electricidad a partir de uranio. Esas especificaciones contemplan el funcionamiento de la central hasta que cumpla 60 años, 20 años más de la fecha límite para la que fue concebida y construida. Esta decisión ha sido tomada sin haber concluido el programa de trabajos con los que el propio CSN había decido estudiar la posible concesión de la prórroga solicitada.

La solicitud de la autorización para reactivar la central, que está cerrada, y prolongar la explotación, ha sido efectuada por Nuclenor, empresa formada por las compañías lberdrola y Endesa.

Si el Ministerio de Industria, de un gobierno en funciones, terminara autorizando la renovación de explotación solicitada estaríamos ante la primera vez que se facilita autorización por plazo superior a los 10 años, ya que en este caso se trataría de 17 años pues Endesa e lberdrola solicitan explotar la central hasta el año 2031.

El último gran accidente nuclear, el de Fukushima, en Japón, se produjo en una central atómica del mismo modelo que la de Santa María de Garoña, y sucedió en marzo de 2011, y hasta el momento el Gobierno Japonés ha tenido que aplicar 500.000 millones de euros para hacer frente a los daños provocados por dicha catástrofe.

Estamos ante una tecnología obsoleta, generadora de residuos radiactivos, que necesita un combustible caro y escaso y que ha demostrado su enorme falta de seguridad. En los accidentes de Chernóbil y de Fukushima perdieron la vida más de 200.000 personas.

PREGUNTAS

1. ¿Está la Junta de Castilla y León realizando las gestiones oportunas para que no se conceda un nuevo permiso de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña y se proceda a su desmantelamiento?

2. ¿Qué actuaciones ha emprendido la Junta de Castilla y León para impedir que un gobierno en funciones condicione la política energética de los próximos 17 años intentando reabrir una central atómica obsoleta, contaminante, de combustible caro y escaso, y, sobre todo, nada segura?

3. ¿Dispondría la Junta de Castilla y León, junto al Gobierno de España, de la cantidad de 500.000.000.000,00 euros, que el Gobierno de Japón ha gastado hasta ahora, a causa del accidente de Fukushima, siendo una cantidad que continua incrementándose, para hacer frente a los daños provocados por un posible accidente de la central nuclear de Santa María de Garoña?

4. ¿Ha analizado la Junta de Castilla y León, en extensión y profundidad, la política energética de Alemania, un gran Estado miembro de la Unión Europea, cuando ha decidido el cierre de todas las centrales nucleares instaladas en su territorio?

Valladolid, 25 de enero de 2016.

EL PROCURADOR,

Fdo.: José Sarrión Andaluz