M/000119-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de marzo de 2016, ha admitido a trámite la Moción, M/000119, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), relativa a política general en materia de educación inclusiva, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 15 de marzo de 2016.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de marzo de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de Izquierda Unida-Equo de Castilla y León, D. José Sarrión Andaluz, al amparo de lo establecido en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000119 relativa a política general de la Junta de Castilla y León en materia de educación inclusiva:

ANTECEDENTES

El II Plan de Atención a la Diversidad, puesto en marcha por la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, de la Consejería de Educación, manifiesta tener un objetivo: fomentar la inclusión del alumnado con necesidades especiales (NEE) en las aulas ordinarias. Su desarrollo completo, se afirma, no concluirá hasta el año 2020. El Plan se apoya en el principio básico de que todos los alumnos y alumnas deben tener las mismas oportunidades y esto no es posible sin una inclusión total del alumnado con NEE en los centros educativos. La directora general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León afirmaba, en este sentido, que «hay que pasar de la integración a la verdadera inclusión», aunque ya empezó a poner límites ideológicos y de recorte de recursos, cuando lo quiere aplicar a la práctica: «todo el alumnado puede aprender juntos, lo que no significa que en todo momento tengan que estudiar en la misma clase, por lo que también habrá horas de refuerzo y apoyo».

Por ello, la realidad efectiva en nuestra Comunidad Autónoma es que las prácticas inclusivas se quedan en declaraciones, puesto que los planes que se diseñan no se acompañan con ningún respaldo de recursos que los puedan desarrollar de forma efectiva.

Podemos hacer un repaso de todas las normativas de Castilla y León, relacionadas con la atención a la diversidad, y comprobaremos cómo en sus preámbulos hacen declaraciones de intenciones con una orientación claramente inclusiva: "una adecuada respuesta educativa se concibe a partir del concepto de inclusión, siendo la atención a la diversidad una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado" (Orden EDU/1152/2010, de 3 de agosto), por poner un ejemplo. Pero el problema son las prácticas reales y los recursos que las pueden desarrollar.

El Informe del Procurador del Común de Castilla y León, recogido en el Informe sobre la Situación del Sistema Educativo de Castilla y León, del Consejo Escolar de Castilla y León, denunciaba hace diez años la "escasez de oferta de plazas escolares adecuadas, insuficientes efectivos de personal especializado, deficiencias de las instalaciones, problemas de funcionamiento de los servicios complementarios, falta de atención de alumnado con discapacidad auditiva". Y reflejaba la insistencia de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en solucionar escolarizaciones del alumnado con necesidades educativas especiales con más dificultades internándolos en centros de educación especial o en unidades de educación especial en los centros. En la actualidad, esta es la solución para el 14,05 % de los casos, es decir, 1.280 escolares (Informe sobre la Situación del Sistema Educativo de Castilla y León 2013-2014).

Hoy la realidad inclusiva de nuestros centros educativos no parece haber mejorado, más bien parece haber empeorado sustancialmente con la política de recortes educativos y la legislación conservadora que los ha amparado y justificado, con el eufemismo demagogo de "reordenar y utilizar eficientemente". Hasta el propio Consejo Escolar de Castilla y León en su último informe "recomienda" el aumento del número de docentes, para atender mejor al alumnado con necesidades de compensación educativa (Informe sobre la Situación del Sistema Educativo de Castilla y León 2013-2014).

Porque la política de recortes, practicada en estos años por el Partido Popular, ha supuesto cerca de dos mil profesoras y profesores despedidos, las aulas repletas y la supresión de programas de compensación educativa y atención a la diversidad.

No podemos olvidar que Castilla y León ocupa el séptimo puesto en recortes de personal y es la tercera en recortes de presupuesto en el conjunto de las Comunidades Autónomas. Cómo van a articular la "plena inclusión del alumnado" con medidas reales destinadas a reducir el número de profesores/as por la vía del incremento de ratios, del aumento del horario de docencia y de jornada laboral dejando de cubrir sustituciones, la congelación y/o fuerte limitación de las ofertas de empleo, la reducción de unidades y enseñanzas, entre ellas las compensatorias, así como los tijeretazos en ayudas a las familias y al alumnado, en las partidas para gastos de funcionamiento, equipamiento e inversiones en centros públicos, que han ocasionado un retroceso presupuestario y laboral sin precedentes.

En 2015 Castilla y León ha sido la sexta Comunidad Autónoma que más ha recortado en atención a la diversidad (13,5 %). Mientras que hay otras Comunidades que han decidido no reducir sus partidas en este ámbito, tales como Cantabria (incremento del 101 %), Asturias (85 %) y Baleares (33 %). Esta es la realidad, lo demás son declaraciones y brindis al sol de cara a la galería y a los medios de comunicación.

Es cierto que este II Plan introduce ciertos objetivos como "un alumno: un tutor", "una familia: un orientador" y "un centro: un equipo". La pregunta que la comunidad educativa se hace es cómo se pueden llevar a cabo estos objetivos manteniendo el brutal recorte de profesorado, orientadores y equipos que ha aplicado el PP con sus políticas de ajuste de la educación para dar prioridad económica al rescate de los bancos.

Un plan de atención a la diversidad realmente inclusivo exige, en primer lugar, un balance del plan anterior, el I Plan de Atención a la Diversidad, realizando un análisis de los objetivos alcanzados, aspectos positivos, negativos y cuestiones a corregir y mejorar, para no volver a incurrir en los mismos errores y potenciar aquellos aspectos que se valoran por su especial adecuación y pertinencia.

Un plan de atención a la diversidad realmente inclusivo exige planificar un mapa de recursos personales y materiales en la Comunidad Autónoma que hagan efectivas las declaraciones y que muestre el compromiso real de la Consejería de Educación, destinando apoyos reales a los centros, así como planificar la formación del profesorado en lo que a atención a la diversidad inclusiva se refiere.

Un plan de atención a la diversidad realmente inclusivo exige una reducción efectiva del número de alumnado y por profesorado por aula, que permita metodologías que den cabida a la confluencia de las diferentes capacidades, actitudes y destrezas en proyectos comunes y la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje que se proclama como objetivo esencial: "un alumno: un tutor", "una familia: un orientador" y "un centro: un equipo".

Un plan de atención a la diversidad realmente inclusivo exige, en coherencia con todo ello, una financiación suficiente que garantice la viabilidad del plan. Pero este II Plan no asume ningún compromiso de incremento de recursos humanos ni de rebaja de ratios para desarrollarlo, utilizando los mismos eufemismos de siempre, con términos como "reorganización y optimización de los recursos", disfrazando de esta forma que se mantendrán los recortes en personal y, por ende, la estructura escolar.

Este es un Plan de Propaganda puesto que la Consejería de Educación lo desarrolla sin presupuesto, sin profesorado, sin medidas estructurales y asentado en el marco una Ley profundamente segregadora y, por tanto, contraria a la inclusión como es la LOMCE.

Porque, cómo es posible hablar de atención a la diversidad de forma inclusiva en Castilla y León, mientras se aplica la LOMCE, una ley que mantiene prácticas segregadoras y discriminatorias claves: las reválidas "tempranas" como única o prioritaria forma de detección de dificultades, las reválidas finales de etapa sancionadoras y que miden un nivel uniforme de contenidos, la existencia de programas curriculares únicos diseñados desde Madrid en más del 50 % del horario (condicionando en un alto grado el resto) y estructurados en cursos sin opciones de adaptación, la exageración en el grado de exigencia academicista desde que se introduce en la enseñanza infantil (en la que se da por supuesto ya un nivel mínimo de formación, de lectura, etc.), hasta la especialización de materias en Primaria y en el primer ciclo de Secundaria (como se da en las ciencias), contraria a la adquisición del conocimiento global propio de esas edades. No se pueden proponer metodologías "inclusivas" sin modificar el contexto, salvo que se haga por meros formalismos.

No se puede hablar de diversidad y de inclusividad manteniendo medidas estructurales como la del distrito único que relega a algunos centros a ser "guetos" para que otros sean de élite. No se puede aplicar una política de inclusividad cuando se da prioridad a la elección de centro escolar, que se establece por encima de la necesidad de estar vinculados el alumnado con su entorno y que es más una libertad de selección por parte de los centros más solicitados que de libertad de elección de las familias, la cual está pervertida en sí misma si da lugar a "guetos" o a no distribuir al alumnado de forma equilibrada, con una inclusión real y no sólo formal, entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Es decir, no basta con hablar de intención de trabajar con la diversidad del alumnado de forma inclusiva, sino que es necesario abordar la estructuración general del sistema educativo de Castilla y León para poder avanzar hacia la igualdad de oportunidades.

La línea que parece orientar de forma clara la política educativa de la Junta de Castilla y León es sustituir la educación inclusiva, real y efectiva, por acciones asistenciales y con externalización de recursos que pueden dar pie a una privatización de servicios de los centros públicos. De hecho en el II Plan de Atención a la Diversidad se habla de muchos convenios con entidades privadas (aun siendo sin ánimo de lucro, inicialmente o formalmente) que cubrirían, por ejemplo, servicios de apoyo al alumnado fuera del horario escolar, mientras que el Plan de la Junta sigue recortando los recursos imprescindibles para cubrir un servicio que se considera necesario para el alumnado, independientemente de que luego existan otras entidades que puedan ejercer esa labor externa complementaria de apoyo, como ya ocurre ahora, pero que en ningún caso pueden ser sustitutivos de los servicios educativos que se tienen que garantizar por las administraciones educativas y desarrollar en los centros educativos.

Por otra parte no se menciona en ningún momento a la escuela rural, que viene arrastrando una falta de recursos para la compensación educativa en las zonas donde se asientan y aboca a nuestro alumnado con dificultades a una situación muy grave de desigualdad. A favor de la escuela rural hay que manifestar que son un ejemplo de inclusividad las escuelas unitarias, donde el profesorado saca adelante en una misma aula alumnado de diferentes cursos académicos, mérito exclusivo de la Escuela Pública.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Garantizar el derecho a la educación y a obtener aprendizajes relevantes con éxito en la enseñanza obligatoria. Para ello se pondrán los medios necesarios en el momento que el alumnado presente cualquier dificultad, especialmente de forma preventiva en Educación Infantil y Primaria, al objeto de que todo el alumnado reciba los apoyos necesarios para progresar de acuerdo con su ritmo de maduración y aprendizaje, pudiendo obtener la titulación requerida para garantizar su inclusión en la sociedad y en el mundo laboral.

2. La diversidad del alumnado (cultural, funcional, étnica, lingüística, de género, socioeconómica) se entenderá como valor y motor de la educación. A tal fin la Junta de Castilla y León impulsará y apoyará cambios curriculares, metodológicos y organizativos que permitan dar respuesta en cada centro escolar a la diversidad de su alumnado, organizando y planificando toda respuesta educativa desde aquellos que tienen más dificultades, que les integre y les desarrolle plenamente y a la vez que beneficie a todo el alumnado en su conjunto, contribuyendo a hacer efectivo el derecho de todos y todas a aprender con éxito.

3. Garantizar que en todos los centros que impartan Enseñanza Secundaria se ofrezcan programas adaptados a la diversidad del alumnado sin establecer clasificaciones entre el alumnado ni itinerarios predeterminados, asegurando que, en ningún caso, los programas adaptados conduzcan a trayectorias de distinto valor.

4. Desarrollar Programas de compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso o abandono escolar, de cara a hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación. Estos programas de compensación supondrán, en todo caso, dotación de recursos humanos que apoyarán el proceso educativo, sin sacar al alumnado de su aula de referencia, y colaborarán en todo el proceso de inclusión social del alumnado con mayores dificultades.

5. Promover planes de acogida para atender a todo el alumnado nuevo que se incorpora, prestando atención especial al alumnado de minorías o de familias inmigrantes que pueda tener mayores dificultades en el manejo de la lengua en que se desarrolle la actividad escolar, o bien que tenga necesidades específicas de refuerzo o apoyo en determinadas áreas del currículo. Tales planes de acogida y de atención se planificarán con la ayuda del servicio de inspección y se llevarán a cabo en los propios centros de enseñanza, con el concurso de toda la comunidad educativa, contando con profesorado de apoyo con la formación adecuada, junto con educadores sociales y/o mediadores interculturales.

6. Establecer la atención tutorial como prioritaria en la educación obligatoria, otorgando carácter lectivo a la dedicación horaria correspondiente, a razón de tres horas semanales, una con todo el grupo, otra de atención individualizada, y destinando la tercera a la atención a las familias.

7. Dotar de departamentos de orientación a todos y cada uno de los centros públicos de Primaria y Secundaria, que integren profesionales de la pedagogía o psicopedagogía, del trabajo social y de la educación social, cuya función será apoyar al profesorado para una mejor atención a la diversidad del alumnado, y que también puedan desarrollar programas de orientación específicos para las familias del alumnado. La orientación académica y profesional y la acción tutorial son estratégicas y fundamentales para favorecer la permanencia del alumnado en el sistema y para revalorizar sus expectativas de éxito.

8. Extender los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo a todos los centros públicos, para apoyar al alumnado que lo necesite.

9. Velar porque no aparezcan ni se propicien centros educativos "gueto" en Castilla y León, exigiendo a todos los centros sostenidos con fondos públicos a tener y mantener un compromiso de inclusión, estando la elección de centro de las familias subordinada a evitar que se den situaciones de concentración de alumnado homogéneo en un centro. Todos los centros sostenidos con fondos públicos deben tener un alumnado heterogéneo acorde con el entorno donde está situado y no darse ningún tipo de discriminación.

En Valladolid, a 18 de marzo de 2016.

EL PROCURADOR,

Fdo.: José Sarrión Andaluz