M/000070-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de abril de 2016, ha admitido a trámite la Moción, M/000070, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de desarrollo industrial, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 5 de abril de 2016.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de abril de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000070 relativa a "Política general de la Junta en materia de desarrollo industrial":

ANTECEDENTES

En desarrollo de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, la Junta de Castilla y León está elaborando el Plan Director de Promoción Industrial (PDPI) que, asimismo, tiene que dar respuesta al acuerdo suscrito por los cuatro grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara, el pasado 22 de julio, para negociar un pacto para la reindustrialización de la Comunidad Autónoma.

Compartimos un objetivo: que en el año 2020 el 20 % de nuestro VAB provenga de la industria manufacturera; sabemos que esto genera más y mejor empleo e induce la creación de empleo en otros sectores.

Con los datos de la contabilidad regional conocidos a finales de marzo, Castilla y León se sitúa en estos momentos en el 16,72 %, por debajo aún del valor máximo de este siglo, el del año 2003, situado en el 17,56 %, siendo el peor año de esta serie el 2013, el 15,86 %. Es decir, el objetivo del 20 % es tremendamente ambicioso y, vistas la serie y la coyuntura así como sus políticas industriales, seguramente requerirá hacer cosas nuevas y corregir errores.

Por otro lado, los cierres anunciados en Lauki, Dulciora y Printolid no son precisamente para vaticinar el cumplimiento de ese objetivo, lo que nos obliga a trabajar, no sólo en crecer sino en mantener lo que tenemos.

Más allá de que estemos mejor que la media nacional en VAB industrial, tenemos varios problemas de fondo, el primero: nuestro PIB se empequeñece año a año en relación con el total nacional y ahí está una de las causas de nuestra menor capacidad para generar riqueza y empleo. El PIB de Castilla y León era, en el año 2000, el 5,5 % del PIB nacional y, con crisis y sin crisis, ha ido pesando cada vez menos, siendo ahora el 5 %: una caída brutal, el 10 % del peso relativo en la economía española, que está en la causa de la fuga constante de población joven de nuestra tierra. Dicho de otro modo, si la riqueza total generada decrece, lo hará la industrial por mucho que ésta crezca relativamente.

Consideramos que, además de alcanzar el objetivo del 20 % del VAB en industria manufacturera, es necesario un incremento absoluto del PIB. El indicador cualitativo es insuficiente, es más, puede alcanzarse por hundimiento de otros sectores económicos, lo cual no es deseable. Por tanto, ha de crecer la industria, pero ha de crecer el total del PIB.

Como hemos señalado, nuestro VAB en industria manufacturera se acerca al 17 % del total, pero este indicador oculta otra triste realidad de Castilla y León: los grandes desequilibrios territoriales en su interior. Mientras algunas provincias, especialmente Burgos, se encuentran al nivel de las provincias con mayor VAB industrial del país, muy por encima del 20 %, tenemos cinco provincias que se mueven entre el 8 % y el 11 % de VAB en industria manufacturera (Ávila, León, Salamanca, Soria y Zamora), lo que pone de manifiesto problemas de cohesión territorial.

La contabilidad regional arroja otro dato preocupante en relación con la política laboral: casi 22 millones menos de horas trabajadas que en 2011, en la industria manufacturera, lo que supone en torno a 11.500 empleos a tiempo completo menos que entonces. En el conjunto de los sectores productivos, las cifras son 170 millones de horas menos, es decir, en torno a 72.000 empleos menos a tiempo completo, algo sorprendente cuando el paro registrado se ha reducido en 17.000 personas. Como dicen todos los sindicatos: la reforma laboral ha hecho que haya un mismo número de trabajadores trabajando millones de horas menos, hay reparto del trabajo con precariedad y pobreza laboral. Asimismo, entendemos que esa reforma laboral posibilita cierres de empresas que arrojan beneficios como Lauki o Dulciora, toda vez que la autoridad laboral se limita a recibir la comunicación del expediente de extinción de empleo, en tanto que antes podía no aprobarlo. Se trata de una política laboral desastrosa para la cohesión social.

En cuanto a suelo industrial, debe propiciarse suelo industrial asequible y bien dotado de infraestructuras, con nuevas fórmulas que ya se experimentan hace tiempo en otras Comunidades Autónomas (derecho de superficie, leasing...) pero, sobre todo, evitando la especulación urbanística y garantizando una oferta mínima en cada provincia, lo que ahora no ocurre en Salamanca. Asimismo, debe asumirse un compromiso de no favorecer la deslocalización de empresas con operaciones urbanísticas especulativas como ocurrió con Smurfit, Cartisa y Enertec.

En materia de financiación, se están pidiendo tres cosas fundamentalmente:

1.ª Financiación ágil y la asunción de cierto riesgo por parte de la administración para impulsar nuevos proyectos.

2.ª Financiación blanda para nuevos proyectos industriales en industrias consolidadas.

3.ª Financiación rápida para circulante, especialmente las PYME's.

En ese sentido, es inadmisible que ADE e ITACyL no hayan destinado a préstamos el 70 % de los 475 millones de que han dispuesto entre 2011 y 2015, desperdiciando una importante palanca de promoción para nuestra industria. Creemos que el modelo de la Lanzadera Financiera va a suponer más burocracia para obtener una financiación más cara, ya que las entidades financieras a las que sean capaces de hacer llegar los recursos del BEI querrán obtener un beneficio del que podría prescindir ADE. Asimismo, entendemos que hay que revisar los convenios con Iberaval para evitar que su financiación sea más cara en muchos casos que la de mercado y hacer que SODICAL cambie su mentalidad para, sin dar pérdidas, asumir más riesgo y ser una verdadera palanca de impulso empresarial.

Por eso, proponemos la creación de un Instituto Financiero de Castilla y León que englobe todos los instrumentos de gestión de la administración autonómica y, eliminando costes de gestión e intermediarios, pueda facilitar una financiación en condiciones más favorables.

Hace poco conocíamos otra estadística demoledora: en 2014 la inversión en I+D+i ha caído un 20 % desde el año 2010, 8 puntos más de retroceso que la media nacional. A eso le añadimos que para 2017 destinan en el presupuesto un 1,46 % del gasto no financiero de las Consejerías, muy lejos del 3 % comprometido por el Presidente Herrera.

Consideramos que, del 0,86 % del PIB dado a conocer en esa estadística, hay que alcanzar, entre inversión pública y privada el 3 % del PIB. Para ello, creemos que la mitad de la inversión pública ha de realizarla la Junta de Castilla y León, lo que supondría unos 350 millones de euros en el horizonte de 2020. A eso añádanle un Plan de Retorno del Talento Profesional y Científico, dotado con cinco millones cada año de vigencia del PDPI.

Otro de los aspectos relevantes es el necesario abaratamiento de los costes energéticos. Creemos que eso se hace mejor exigiendo la derogación del impuesto al sol en lugar de promover el fracking en Castilla y León como propicia el PDPI. La eliminación de ese peaje, permitiría a las empresas recuperar la inversión en instalaciones de autoconsumo asociadas a los edificios industriales en la mitad de tiempo.

Otra cuestión que nos parece prioritaria es propiciar que más centros de decisión se sitúen en Castilla y León, conseguir que más capital local se integre en las empresas para evitar el riesgo de decisiones que se toman a miles de kilómetros de aquí. Asimismo, han de incorporarse mecanismos que dificulten esas deslocalizaciones, propiciando la devolución de las ayudas públicas y evitando la especulación urbanística de los suelos en que se sitúen empresas que pretendan deslocalizarse.

En base a lo expuesto y a las propuestas trasladadas a la Junta de Castilla y León, se formula la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que:

1.º En el marco del Plan Director de Promoción Industrial:

a) Realice una evaluación de impacto de las políticas de promoción industrial previas.

b) Elabore un inventario de recursos de toda la Comunidad (suelo industrial, equipamiento, infraestructuras, conectividad y redes de transporte...).

c) Determine Planes Territoriales Específicos en zonas en las que concurran necesidades especiales de reindustrialización o se traten de zonas en declive con la participación de las administraciones locales de la Comunidad, con el objetivo de resolver los desequilibrios territoriales y recualificar áreas industriales con problemas.

d) Propiciar la conexión de los Planes Territoriales con la propuesta de Áreas de Inversión Territorial Integradas (ITI's) como instrumento para la captación de fondos europeos así como su coordinación con los proyectos que obtengan financiación dentro del Plan Juncker y del programa Conectar Europa.

e) Abandone la apuesta por el fracking, definida en el PDPI como exploración y explotación del gas natural no convencional.

f) Incluya las medidas de protección del sector del carbón de la Comunidad y de los proyectos para la captación de CO2 de la CIUDEN.

g) Establezca garantías para que las medidas de apoyo a la industria agroalimentaria vayan acompañadas de garantías para los productores y el pago de precios justos.

h) Ponga en marcha de un Plan de Retorno del Talento Profesional y Científico en colaboración con el resto de instituciones, universidades, organismos públicos de investigación y otros centros para incorporar con criterios de excelencia a, al menos, 1.000 investigadores y profesionales de alta cualificación en 4 años. Dicho Plan contará con una financiación de 5 millones de euros cada año.

i) Elabore un Plan estratégico para la atracción de empresas de base tecnológica y para el impulso de los parques tecnológicos de Valladolid y León y finalice el Parque Tecnológico de Burgos.

j) Propicie el incremento la inversión en I+D+i hasta alcanzar el objetivo del 3 % del PIB en el año 2020. El objetivo es que el 40 % de esa inversión sea pública y, de ella, la mitad proceda de la administración autonómica. Eso significaría incrementar la inversión de la Junta de Castilla y León en I+D+i hasta los 350 millones de euros anuales, triplicado la inversión actual.

k) Incorpore una memoria económica que presupueste todas las medidas incluidas en el Plan Director de Promoción Industrial, especificando para cada eje y actuación los recursos que van a disponerse y el origen de los mismos, identificando si provienen, entre otros, de Fondos Estructurales, Plan Juncker, BEI, Estado, administraciones locales... y cuáles del sector público de Castilla y León, diferenciando en estos los que sean para cofinanciar con los anteriores o los que financien íntegramente actuaciones...

l) Incluya nuevos indicadores para el seguimiento, evaluación y cumplimiento de las medidas y objetivos del Plan de forma anual, territorializados y con medidas correctoras para los desequilibrios territoriales que refuercen la cohesión de la Comunidad.

2.º Promover la creación de un Instituto Financiero de Castilla y León.

3.º Incorporar, en las convocatorias y resoluciones de concesión de subvenciones y ayudas, cláusulas que permitan su recuperación inmediata en aquellos casos en que se produzcan deslocalizaciones o cierres de centros de producción cuando éstos arrojen beneficios.

4.º Establecer, en la normativa urbanística, mecanismos que eviten la especulación urbanística con los terrenos, en aquellos casos en que se produzcan deslocalizaciones o cierres centros de producción cuando éstos arrojen beneficios.

5.º Instar al Gobierno de España a derogar el denominado "impuesto al sol", establecido en el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

6.º Instar al Gobierno de España a que derogue la reforma laboral del año 2012".

Valladolid, 8 de abril de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández