PNL/000778-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 12 de julio de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000778 a PNL/000780.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de julio de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Natalia del Barrio Jiménez y Félix Díez Romero, Procuradores del Grupo Parlamentario Podemos, de acuerdo con el artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Economía y Hacienda:

ANTECEDENTES

El artículo 4 de la Ley de Contratos del Sector Público excluye de su regulación "los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular las operaciones relativas a la gestión financiera del Estado, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería", indicando que los contratos excluidos "se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse".

Cabría esperar, por tanto, una regulación sobre los contratos bancarios de deuda pública y gestión de tesorería que siguiera los principios de la citada Ley, incluidos los artículos en los que se vela por una contratación pública socialmente responsable. Sin embargo, hasta ahora no se ha cumplido tal expectativa.

Esta falta de diligencia por parte del poder legislativo autonómico y estatal, unido a las características oligopólicas del mercado bancario, ha generado distorsiones y situaciones adversas en las relaciones entre Administraciones Públicas y entidades financieras.

Entre estas distorsiones y comportamientos no deseables, la elusión fiscal y el uso incívico de paraísos fiscales constituyen prácticas habituales por parte de importantes grupos bancarios. Y a la evasión fiscal hay que sumarle delitos como el de blanqueo de capitales por parte varias de las entidades financieras tenedoras de deuda pública de Castilla y León. Conductas que, más allá de sus consecuencias judiciales, deberían tener también reprobación social y comercial, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de la Administración de Castilla y León.

La indudable aportación que los impuestos de la ciudadanía hacen a las cuentas de resultados de las entidades financieras rara vez se plasman en un compromiso de dichas entidades con las personas consumidoras. La venta de deuda subordinada y participaciones preferentes ha supuesto el mayor caso de estafa colectiva de la Historia de España, con más de 30.000 millones de euros sustraídos y 700.000 personas afectadas, y ha dejado una profunda huella económica y social en nuestra Comunidad Autónoma.

Los desahucios han sido también una de las acciones más violentas que el Estado y el tejido financiero han ejecutado contra la ciudadanía que los sostiene y como posteriormente hemos conocido con un procedimiento absolutamente ilegal. Sólo en Castilla y León, y tomando como referencia las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, 744 familias fueron expulsadas de su vivienda en 2014 por no poder pagar su hipoteca bancaria.

Actualmente, se está disputando otro conflicto de extrema gravedad entre el sector bancario y la ciudadanía. La aplicación de cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios bancarios ha supuesto una estafa y un engaño a miles de familias y pequeñas empresas donde los tribunales también han tenido que empezar a aplicar la ley, ya que el Poder Ejecutivo no ha sido capaz de enfocar el problema desde las potestades que le otorgan la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

La precariedad del mercado laboral, el retroceso del poder adquisitivo, el alarmante crecimiento de la deuda pública y la difícil sostenibilidad en el largo plazo de la financiación de los presupuestos públicos contrasta con la opulencia y sobrerremuneración de beneficios y de directivos en las entidades financieras. Es curioso que el enorme deterioro de las cuentas públicas se deba en parte a empresas bancarias cuya cuenta de resultados se alimenta en gran medida de forma directa e indirecta de fondos públicos. En 2015, la suma de beneficios de BBVA, Santander, Bankia, Popular, Sabadell, Liberbank y Caixabank fue de 13.000 millones de euros, un 18 % más que en 2014, equivalente a un 32 % más que el presupuesto de Castilla y León para 2016. Unas plusvalías de su actividad que no se reparten de forma equitativa entre la ciudadanía que las produce, como sí se tuvieron que asumir por parte de todos los contribuyentes las pérdidas que se generaron gracias a las nefastas prácticas de gestión que aplicaron los sobrerremunerados Consejos de Administración de estas entidades. Sociedades mercantiles privadas y públicas que en su mayoría se beneficiaron de las distintas modalidades de rescate bancario (SIP, SAREB, FGDEC, FROB, etc.), cuya cifra a cargo de los fondos públicos alcanza los 235.521 millones de euros según el Banco de España.

Un rescate bancario que consumió una ingente cantidad de fondos públicos, equivalente al 21,8 % de PIB español y que, aplicado a sectores netamente productivos, hubiesen generado una recuperación económica que a través de actuaciones de rescate bancario no se ha producido. Por contra, se exhibe una falta de ética por parte de la gran mayoría de entidades financieras al mantener unos diferenciales desproporcionados en sus operaciones de crédito y unas remuneraciones de sus Consejos de Administración completamente ajenos a una posición de implicación con la ciudadanía que los rescató en los peores momentos.

Ninguna de las tropelías descritas anteriormente hubiese sido posible si los organismos fiscalizadores y el Poder Ejecutivo hubiesen realizado su trabajo con diligencia. Cabe preguntarse, por tanto, cuáles han sido las causas por las que gobiernos y órganos de control han exhibido tal nivel de dejación de funciones, cuando en otros casos como la aplicación de medidas judiciales y de control contra la morosidad hipotecaria en vivienda habitual o la acción sindical han incrementado su grado de severidad durante los peores años de la crisis e incluso actualmente. Es en este punto donde surge con gran fuerza la sombra de los conflictos de intereses derivados de la financiación bancaria de los partidos políticos y de las "puertas giratorias" por parte de los dirigentes de dichos partidos.

Castilla y León puede y debe, a través de una normativa justa y un Gobierno diligente, aplicar comportamientos que generen refuerzos positivos en el mercado bancario, de tal forma que las entidades financieras capten de forma inequívoca el mensaje que la ciudadanía tiene para ellas.

Por todo ello y para comenzar a construir una relación sana y sostenible entre la sociedad castellano y leonesa con uno de los sectores más importantes para la política económica de nuestra Comunidad Autónoma, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a exhortar al Gobierno de la Nación a:

1. Realizar un proyecto de ley en el que se contemplen las acciones necesarias para que se cree un Registro de Entidades Financieras con el objeto de que se cumplan ciertos requisitos de índole social; y cuyos resultados sean públicos de forma online, a través del cual las entidades financieras puedan acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. No haber desahuciado a personas que no tienen otra alternativa habitacional propia en los últimos 3 años.

b. Cumplimiento de las sentencias judiciales nacionales y comunitarias sobre cláusulas suelo, devolución de todas las cantidades cobradas por su aplicación desde la firma de cada operación de financiación, y ausencia de todas las cláusulas suelo de sus actuales contratos de préstamo.

c. No estar ubicada ni pertenecer a ningún grupo financiero con oficinas situadas en paraísos fiscales.

d. No haber sido condenada en firme por incumplir la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en los últimos 10 años.

e. Respetar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y fomentar políticas activas de conciliación de la vida laboral y familiar en toda su organización, sin que en ningún caso puedan tener sentencias contrarias en firme en los Juzgados de lo Social en los últimos 5 años.

f. No figurar entre los cinco bancos con más reclamaciones en las principales organizaciones de consumidores y usuarios.

g. Demostrar una remuneración razonable de sus directivos y sus Consejos de Administración, con un límite que en ningún caso pueda superar, en suma de todos los conceptos percibidos, los 20 SMI brutos al año por persona.

h. No financiar a partidos políticos ni a sus fundaciones o entidades vinculadas.

i. Adherirse al Sistema Arbitral de Consumo de las Comunidades Autónomas, con el fin de resolver todos los conflictos y reclamaciones de los usuarios de los servicios bancarios, por este procedimiento totalmente gratuito y con fuerza de cosa juzgada (laudo arbitral).

2. Introducir en el proyecto de ley que se puedan incorporar en todos los contratos con entidades financieras cláusulas que favorezcan la contratación con las entidades incorporadas a este registro. Al mismo tiempo, introducir en dichos contratos cláusulas sancionadoras que incorporen indemnizaciones especialmente severas en los casos en los que se haya producido engaño u ocultación de datos por parte de la entidad financiera a la hora de acreditar el cumplimiento de las condiciones de registro o renovación anual".

Valladolid, 15 de junio de 2016.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Natalia del Barrio Jiménez y

Félix Díez Romero

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos