PNL/001130-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de diciembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/001121 a PNL/001130.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El vigente texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, define las políticas activas de empleo como el conjunto de servicios y programas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

Sin embargo, lejos de sus objetivos, las políticas activas de empleo no se han mostrado hasta el momento en nuestro país como un instrumento eficaz para promover la inserción laboral de las personas desempleadas. Prueba de ello es que España la tasa de desempleo ha superado en su historia reciente hasta tres veces el 20 por ciento. A día de hoy, en un contexto de creación sostenida de empleo, no sólo el número de personas desempleadas todavía no ha logrado disminuir por debajo de ese umbral, sino que, además, este descenso se ha producido junto a un incremento paralelo del desempleo de larga duración, que ya padecen casi la mitad de los desempleados. En total, cerca de 2,5 millones de personas llevan más de 1 año en situación de desempleo, y en torno a 1 millón llevan casi 4 años en esa misma circunstancia.

El fracaso de nuestras políticas activas de empleo viene motivado fundamentalmente por tres factores. En primer lugar, a la falta de inversión. España apenas invierte el 1 % del PIB en políticas activas de empleo, una cuarta parte de lo que invierte en políticas pasivas -ayudas y prestaciones-, y una tercera parte de la inversión media de los países de nuestro entorno comunitario, pese a que España posee la tasa de desempleo más alta, sólo después de Grecia, de toda la Unión Europea.

En segundo lugar, a la falta de información fidedigna y actualizada sobre nuestro mercado de trabajo. De nada sirve incrementar los recursos disponibles si no existe información sobre dónde deben invertirse para que resulten eficaces. En España, sin embargo, a día de hoy ni siquiera conocemos cómo son nuestros parados. La información del Sistema Nacional de Empleo se encuentra fragmentada y su tratamiento sistemático por los servicios públicos de empleo es muy reducido, tanto que ni tan siquiera disponen de información que clasificar a las personas desempleadas en función de su grado de empleabilidad, ya sea en términos de salida del paro o de probabilidad de encontrar un empleo en una ocupación deseada. No es de extrañar, por tanto, que los servicios públicos de empleo intermedien en tan sólo un 2 % de todas las colocaciones.

En tercer lugar, a la falta de fiscalización y evaluación. Hasta hace apenas unos años, la financiación para políticas activas de empleo únicamente se condicionaba al cumplimiento de requisitos administrativos de justificación formal de ejecución. Tan sólo recientemente ha comenzado a sistematizarse la evaluación de resultados y a vincularse esta financiación al cumplimiento de indicadores de eficacia en términos de inserción formativa y laboral. Se trata de avances positivos pero que todavía se encuentran lejos de ser la norma, y que, por tanto, es preciso consolidar.

Son muchas las propuestas que se han esbozado hasta la fecha para tratar de abordar de manera decidida cada uno de los factores antes referidos y mejorar con ello nuestras políticas activas de empleo. Una de tales propuestas consiste en que los servicios públicos de empleo dispongan de una herramienta de perfilado estadístico de las personas demandantes de empleo, basada en sus características personales y en su historial formativo y laboral, que permitiría no sólo disponer de información sistematizada sobre nuestros desempleados, sino también disponer de estimaciones sobre sus posibilidades de colocación en diferentes sectores que permitan orientarlos de manera personalizada y formular propuestas de itinerarios individualizados.

Con este sistema, cuando un desempleado acudiese a una oficina de los servicios públicos de empleo se le asignaría una probabilidad de recolocarse a corto, medio y largo plazo, esto es, en tres, seis o 12 meses. En función de esas probabilidades de reincorporación al mercado laboral, cada desempleado recibiría un valor de empleabilidad a partir del cual podría calificársele en diferentes colectivos en función de sus dificultades de empleabilidad, susceptibles de distintos tratamientos y políticas. Este diagnóstico se realizará a partir de un registro actualizado que incluiría información anónima sobre todo lo sucedido con los distintos perfiles de personas desempleadas en los últimos años. A continuación, y en función de la empleabilidad estimada, los servicios de orientación dispondrían de información con la que valorar itinerarios individualizados para maximizar las posibilidades de que cada desempleado, atendiendo a su perfil, pueda encontrar trabajo con las herramientas y políticas de las que disponen los servicios públicos de empleo.

Este perfilado estadístico también desempeñaría un papel crucial en la formación para el empleo, al permitir detectar no sólo las lagunas formativas más relevantes de cada desempleado teniendo en cuenta la situación del mercado laboral, sino también en cada sector de ocupación. Todo ello permitiría a los servicios de orientación proponer y a los desempleados elegir los cursos de formación que más se adaptasen a sus necesidades, y a actualizar su oferta en función de la evolución de los cambios en la demanda del mercado de trabajo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en coordinación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), impulse las iniciativas que permitan la puesta a disposición del ECYL (Servicio Público de Empleo de Castilla y León) de un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y competencias profesionales de las personas desempleadas. Esta nueva herramienta contará con toda la información disponible en los registros del Sistema Nacional de Empleo y aportada por los portales de empleo privados, de modo que los orientadores laborales dispongan de datos actualizados sobre la evolución del mercado de trabajo, las competencias demandadas en diferentes ocupaciones y los indicadores de eficacia esperados de cada una de las políticas activas de empleo disponibles, a partir de los cuales, entre otras acciones, puedan formular propuestas de itinerarios formativos y laborales individualizados para cada demandante de empleo atendiendo a su probabilidad estimada de colocación.

En Valladolid, a 2 de diciembre de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez