PNL/001275-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de febrero de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/001275 y PNL/001276.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de febrero de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El incremento de la tarifa regulada de la electricidad ha sido constante en los últimos nueve meses.

La nueva metodología establecida por el Ministerio de Energía para calcular el margen de comercialización de la tarifa regulada de la luz está suponiendo que las facturas eléctricas batan record de subida todos los meses, lo que está generando un quebranto a las familias en el pago de sus facturas eléctricas.

Los precios de la electricidad al por mayor se han venido incrementando de forma mantenida con subidas que han supuesto un 79 % durante los 13 primeros días del mes enero, respecto al precio de hace un año. En diferentes días del mes de enero ha llegado a pasar de los 96 € megavatio/hora, superando el precio más alto que se alcanzó en diciembre de 2013 y que fue de 93 €.

Los factores que inciden en esta subida son aleatorios e inestables, como meteorológicos, por la ausencia de lluvia y viento, el encarecimiento del precio del petróleo o la paralización de centrales nucleares en Francia, etcétera.

El precio de la electricidad está compuesto por dos elementos. Por un lado la parte fija reglada o regulada, parte que supone el 40 % de la factura, es determinada por el Gobierno, y responde a los peajes eléctricos, que cubren los costes correspondientes al transporte, la distribución o la amortización del déficit de tarifa, entre otros factores.

Por otro lado la parte variable, el componente liberalizado que supone la energía consumida y los impuestos, el precio responde a elementos de mercado en base al coste de producción de energía eléctrica, "que se determinará con base en el precio horario de los mercados diario e intradiario durante el período al que corresponda la facturación, los costes de los servicios de ajuste del sistema y, en su caso, otros costes asociados al suministro", tal y como establece el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.

Esta es la parte cuyo incremento ha llegado a niveles inadmisibles que ponen en riesgo el bienestar de muchas familias, en particular las más desfavorecidas, que ven como al mismo tiempo que el precio de la luz sube cada vez más, el bono social se encuentra paralizado.

Las especiales características orográficas, climatológicas y poblacionales de Castilla y León hacen que sus ciudadanos sufran en mayor medida aún este incremento de las tarifas eléctricas.

El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que la factura de la luz para un hogar medio, con dos hijos, aumentará en 100 euros más este año, importante impacto para muchas familias de escasos recursos.

Las causas aducidas para justificar este incremento no parecen del todo claras y por ello la propia fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación por la anómala subida del precio de la electricidad que se ha producido.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando las razones y los factores que provocan la fuerte subida del precio de generación de la electricidad en España.

Ante esta situación es necesario que desde el Gobierno se adopten medidas que puedan paliar la misma y evitar que se produzca nuevamente subidas tan desmesuradas.

Apoyar formas de producción energética que no estén tan sujetas a variables climatológicas y oscilaciones de mercado, como sería el uso del carbón autóctono, que disminuiría parte de los costes de producción de energía eléctrica, repercutiendo su rebaja directamente a los consumidores en sus facturas de luz al moderarse los precios.

Hasta el momento la regulación del sector eléctrico no ha protegido los intereses de los consumidores, tampoco un marco adecuado que impulse las inversiones para la transición energética hacia un modelo de energías renovables cada vez más competitivo y eficiente.

Es necesario revisar el sistema de fijación de tarifas de la parte "liberalizada" de manera que se ajusten en mayor medida a la realidad y permita conocer con transparencia los costes integrados en la tarifa energética que abonan los consumidores, que como establece la normativa comunitaria sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la competente para, con transparencia, fijar y aprobar los peajes de transporte y distribución o las metodologías para su cálculo.

Es urgente articular medidas normativas firmes y contundentes contra la pobreza energética, normas que garanticen a los consumidores vulnerables el consumo energético necesario en sus viviendas, que se consideren como derechos sociales básicos el suministro energético prohibiéndose su corte a quienes no pueden afrontar su pago.

Son necesarias medidas normativas que den estabilidad y seguridad jurídica a los consumidores vulnerables, que no tengan que depender de si su CC. AA. de residencia o su Ayuntamiento tienen aprobada algún tipo de medida paliativa o de ayuda.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Requerir al Gobierno de España que promueva un Pacto de Estado de la Energía que pueda dotar a la política energética de estabilidad.

2. Requerir al Gobierno de España a que impulse la elaboración de una auditoría independiente sobre costes integrados en la tarifa energética que permita conocer el coste real de producción de energía eléctrica. A su vez, realizará una auditoría específica sobre el déficit de tarifa.

3. Requerir al Gobierno de España a que, con la finalidad de acabar con los abusos en los precios de la energía, aborde la reforma del mercado eléctrico y la revisión del sistema de fijación de precios de la energía eléctrica de forma que su cuantía responda a los costes reales de producción, evitando posibles operaciones especulativas, considerando el coste de producción de cada fuente de energía de forma separada y ponderada a la producción y teniendo en cuenta para la fijación de los precios periodos lo suficientemente amplios para que los picos más caros no estén sobreponderados, realizando a estos efectos una auditoría en profundidad.

4. Requerir al Gobierno de España a que en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea devuelva y adecue las competencias de la CNMC en materia energética.

5. Elaborar un informe de evaluación relativo al cumplimiento de las medidas adoptadas contra la pobreza energética y a la eficacia de las mismas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y requerir al Gobierno de España a realizar idéntico informe con respecto a las medidas adoptadas por el mismo.

6. Requerir al Gobierno de España a que, considerando la energía como un bien público y común, promueva las medidas legislativas y económicas precisas a fin de que, en la condición de derecho social básico que tiene el suministro energético, se establezcan garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales, prohibiéndose la interrupción del suministro por impago en casos de hogares vulnerables. A estos efectos las compañías energéticas deberán dirigirse a los servicios sociales competentes para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos.

7. Requerir al Gobierno de España a que exija a las compañías energéticas la publicación, con periodicidad trimestral, del número de hogares que no pueden abonar la factura eléctrica y la factura del gas, así como el número de hogares que se ven afectados por la interrupción del suministro.

8. Requerir al Gobierno de España a impulsar los mecanismos legislativos necesarios para aprobar una tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta a la que puedan acogerse todos los hogares en situación de vulnerabilidad, y que sea sufragada por las compañías energéticas.

9. Requerir al Gobierno de España a acometer la liquidación definitiva de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), que la Comisión Nacional de Energía estima en más de 3.500 millones de euros.

10. Requerir al Gobierno de España a que impulse e incentive la producción de energía eléctrica con carbón autóctono, lo que permitiría la reducción de costes de producción eléctricos y repercutiría directamente en la rebaja de la factura que abonan los consumidores.

11. Requerir al Gobierno de España a que promueva la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la aplicación de tipos reducidos a electricidad, gas y agua, como bienes de primera necesidad para la ciudadanía, informando a la Comisión Europea, en aplicación del artículo 102 de la Directiva 2006/112/CE.

12. Requerir al Gobierno de España a exigir a las compañías energéticas una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en las facturas (los servicios energéticos contratados, cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales o información sobre el derecho al bono social) de manera que los consumidores puedan evaluar y comparar estas ofertas con las de otros competidores con información veraz, transparente, completa y sencilla.

13. Requerir al Gobierno de España a colaborar activamente con las Comunidades Autónomas en las actuaciones de lucha contra la "pobreza energética" que ejercen en el ejercicio de sus competencias, desarrollando actuaciones coordinadas para impulsar la mejora de la eficiencia energética y el comportamiento térmico de los edificios e incorporando servicios energéticos avanzados dirigidos a los consumidores vulnerables en el marco de los planes de rehabilitación.

Valladolid, 1 de febrero de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández