PNL/001280-01








4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001280-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), para instar a la Junta a adoptar las medidas que se le solicitan en relación con la puesta en marcha de la Tarifa Social y soluciones a las situaciones de pobreza energética, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de febrero de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/001277 a PNL/001280.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de febrero de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de IUCyL-Equo Convergencia por Castilla y León, D. José Sarrión Andaluz, al amparo de lo establecido en el artículo 62 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

No existe el bienestar de las personas sin acceso a la energía y a los suministros vitales como el agua. La energía es necesaria para sustentar los servicios básicos de cualquier hogar, para iluminarlos, para la climatización, para conservar los alimentos, cocinar o tener agua caliente sanitaria. Todas las personas deberían tener cubiertas estas necesidades básicas si queremos hablar de una vida digna.

La combinación de crisis económica, paro, precariedad en el empleo y subida de precios de la energía, acompañada de una deficiente eficiencia energética de las viviendas, dan como consecuencia la existencia de hogares con graves limitaciones para el pago de los servicios mínimos para satisfacer sus necesidades básicas.

No es tolerable una situación en la que un hogar tenga que dedicar más del 10 % de sus ingresos para el gasto de suministros básicos.

La electricidad en el Estado español es la cuarta más cara de toda Europa, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. El precio de la luz sigue subiendo más, de media, en España que en Europa, según los datos de Eurostat. El incremento desde el segundo semestre de 2013 hasta la segunda mitad de 2014 ha sido de 4,1 frente a un incremento en la UE del 2,9 % y del 2,7 % en la zona euro.

Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es más del 100 %, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables.

Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro. Lo cierto es que a los servicios sociales llegan cada vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78 % frente al 2,62 % de las europeas, y aun así ordenan el corte de suministro por deudas irrisorias.

El Estado y la Junta de Castilla y León siguen careciendo de una política específica dirigida a atacar esta situación que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, pero no tan solo son insuficientes, sino que a menudo provocan que quien más lo necesita se quede fuera.

El Estado debería actualizar el bono social, para que este sea posible y acorde a la legalidad que debería, además, tener en cuenta las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que incorporar el establecimiento de un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países.

Existen experiencias a nivel europeo donde, además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y la eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es decir, aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia.

Esta situación tiene infinidad de efectos como:

Los efectos sobre la salud. Existe un mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades respiratorias o cardiovasculares o el agravamiento de otras como la artritis o el reumatismo incluso la mayor incidencia en el aumento de la mortalidad adicional durante el invierno. Estos problemas se dan, fundamentalmente, en los colectivos más vulnerables como personas mayores y menores de edad.

Los efectos para los consumidores más vulnerables. Afecta especialmente a los colectivos que son incapaces de hacer frente al pago de la factura energética lo que produce la interrupción del suministro de los servicios energéticos de gas o electricidad. Siendo las personas más vulnerables las que se ven desprovistas de estos servicios hasta poder realizar el pago de los gastos atrasados y, en muchos casos, de una tasa de reconexión, con efecto perverso del empeoramiento de la ya precaria situación de las familias más vulnerables, incrementando el riesgo de exclusión social.

Los efectos sobre la calidad de vida y el bienestar. También implica un exceso de gasto energético en relación con la renta familiar e incrementa los gastos en vivienda cuando ésta es energéticamente ineficiente. Obliga a gastar más dinero en el abono de la factura energética y esto conlleva una reducción equivalente de su capacidad de gasto en otros bienes y servicios básicos como son la alimentación, el transporte o la educación.

Los efectos sobre el medio ambiente. Los hogares con una ineficiencia térmica generan un sobrecoste añadido que tiene consecuencias económicas y sociales, y tremendamente nocivos para el medio ambiente. Este sobreconsumo de energía en los hogares es responsable de un 33 % de las emisiones de efecto invernadero, en el sector doméstico. Es imprescindible la rehabilitación del parque de vivienda y la generación de ayudas institucionales para quienes no son capaces de realizarlas por sus bajos ingresos. La necesidad de realizar obras de mejora y adecuación de la vivienda con el fin de incrementar el ahorro y la eficiencia energética constituye un importante obstáculo a la hora de atribuir ciertas viviendas a personas o familias cuya renta disponible no es suficiente para cubrir los costes necesarios para llevar a cabo la rehabilitación.

La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la dificultad de acceso a la energía y suministros básicos.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Instar al Gobierno del Estado

1.- Instar al Gobierno del Estado a tomar las medidas necesarias para que se ponga en marcha la Tarifa Social (electricidad, gas, agua) y esta medida se aplique a todas las personas que la necesiten.

2.- Instar al Gobierno del Estado a la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que primen el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. Dicha Ley incluirá la prohibición del corte de suministros en vivienda habitual.

Igualmente en la citada Ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura así como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se creará el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias.

3.- Instar a la Junta de Castilla y León a la elaboración de un plan urgente para garantizar los suministros vitales básicos, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a éstos, y que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas, sin seguir gastando el insuficiente presupuesto de ayudas de emergencia social en seguir subvencionando a las grandes empresas que suministran energías a los hogares de Castilla y León.

4.- Instar al Gobierno del Estado a modificar la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico, atendiendo al carácter de bien básico de los mismos para el bienestar y la salud.

5.- Instar a la Junta de Castilla y León a generar un plan específico y con dotación presupuestaria anual para la regeneración de vivienda en cuanto a eficiencia energética, priorizando las zonas degradadas económicamente con el fin de paliar las situaciones de vulnerabilidad energética.

6.- Instar a la Junta de Castilla y León a encargar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa pública de distribución como paso indispensable para el avance de la soberanía energética y hacia la democratización de la producción y consumo de energía para el conjunto de la ciudadanía sin dependencia de las grandes multinacionales del sector.

Valladolid, 1 de febrero de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Sarrión Andaluz


PNL/001280-01

CVE="BOCCL-09-014351"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 25794-25797
BOCCL nº 231/9 del 9/2/2017
CVE: BOCCL-09-014351

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001280-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), para instar a la Junta a adoptar las medidas que se le solicitan en relación con la puesta en marcha de la Tarifa Social y soluciones a las situaciones de pobreza energética, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de febrero de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/001277 a PNL/001280.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de febrero de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de IUCyL-Equo Convergencia por Castilla y León, D. José Sarrión Andaluz, al amparo de lo establecido en el artículo 62 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

No existe el bienestar de las personas sin acceso a la energía y a los suministros vitales como el agua. La energía es necesaria para sustentar los servicios básicos de cualquier hogar, para iluminarlos, para la climatización, para conservar los alimentos, cocinar o tener agua caliente sanitaria. Todas las personas deberían tener cubiertas estas necesidades básicas si queremos hablar de una vida digna.

La combinación de crisis económica, paro, precariedad en el empleo y subida de precios de la energía, acompañada de una deficiente eficiencia energética de las viviendas, dan como consecuencia la existencia de hogares con graves limitaciones para el pago de los servicios mínimos para satisfacer sus necesidades básicas.

No es tolerable una situación en la que un hogar tenga que dedicar más del 10 % de sus ingresos para el gasto de suministros básicos.

La electricidad en el Estado español es la cuarta más cara de toda Europa, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. El precio de la luz sigue subiendo más, de media, en España que en Europa, según los datos de Eurostat. El incremento desde el segundo semestre de 2013 hasta la segunda mitad de 2014 ha sido de 4,1 frente a un incremento en la UE del 2,9 % y del 2,7 % en la zona euro.

Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida es más del 100 %, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables.

Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro. Lo cierto es que a los servicios sociales llegan cada vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78 % frente al 2,62 % de las europeas, y aun así ordenan el corte de suministro por deudas irrisorias.

El Estado y la Junta de Castilla y León siguen careciendo de una política específica dirigida a atacar esta situación que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las compañías suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más desfavorecidas, pero no tan solo son insuficientes, sino que a menudo provocan que quien más lo necesita se quede fuera.

El Estado debería actualizar el bono social, para que este sea posible y acorde a la legalidad que debería, además, tener en cuenta las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que incorporar el establecimiento de un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países.

Existen experiencias a nivel europeo donde, además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y la eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es decir, aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia.

Esta situación tiene infinidad de efectos como:

Los efectos sobre la salud. Existe un mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades respiratorias o cardiovasculares o el agravamiento de otras como la artritis o el reumatismo incluso la mayor incidencia en el aumento de la mortalidad adicional durante el invierno. Estos problemas se dan, fundamentalmente, en los colectivos más vulnerables como personas mayores y menores de edad.

Los efectos para los consumidores más vulnerables. Afecta especialmente a los colectivos que son incapaces de hacer frente al pago de la factura energética lo que produce la interrupción del suministro de los servicios energéticos de gas o electricidad. Siendo las personas más vulnerables las que se ven desprovistas de estos servicios hasta poder realizar el pago de los gastos atrasados y, en muchos casos, de una tasa de reconexión, con efecto perverso del empeoramiento de la ya precaria situación de las familias más vulnerables, incrementando el riesgo de exclusión social.

Los efectos sobre la calidad de vida y el bienestar. También implica un exceso de gasto energético en relación con la renta familiar e incrementa los gastos en vivienda cuando ésta es energéticamente ineficiente. Obliga a gastar más dinero en el abono de la factura energética y esto conlleva una reducción equivalente de su capacidad de gasto en otros bienes y servicios básicos como son la alimentación, el transporte o la educación.

Los efectos sobre el medio ambiente. Los hogares con una ineficiencia térmica generan un sobrecoste añadido que tiene consecuencias económicas y sociales, y tremendamente nocivos para el medio ambiente. Este sobreconsumo de energía en los hogares es responsable de un 33 % de las emisiones de efecto invernadero, en el sector doméstico. Es imprescindible la rehabilitación del parque de vivienda y la generación de ayudas institucionales para quienes no son capaces de realizarlas por sus bajos ingresos. La necesidad de realizar obras de mejora y adecuación de la vivienda con el fin de incrementar el ahorro y la eficiencia energética constituye un importante obstáculo a la hora de atribuir ciertas viviendas a personas o familias cuya renta disponible no es suficiente para cubrir los costes necesarios para llevar a cabo la rehabilitación.

La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la dificultad de acceso a la energía y suministros básicos.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Instar al Gobierno del Estado

1.- Instar al Gobierno del Estado a tomar las medidas necesarias para que se ponga en marcha la Tarifa Social (electricidad, gas, agua) y esta medida se aplique a todas las personas que la necesiten.

2.- Instar al Gobierno del Estado a la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que primen el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. Dicha Ley incluirá la prohibición del corte de suministros en vivienda habitual.

Igualmente en la citada Ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura así como disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se creará el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias.

3.- Instar a la Junta de Castilla y León a la elaboración de un plan urgente para garantizar los suministros vitales básicos, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a éstos, y que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas, sin seguir gastando el insuficiente presupuesto de ayudas de emergencia social en seguir subvencionando a las grandes empresas que suministran energías a los hogares de Castilla y León.

4.- Instar al Gobierno del Estado a modificar la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico, atendiendo al carácter de bien básico de los mismos para el bienestar y la salud.

5.- Instar a la Junta de Castilla y León a generar un plan específico y con dotación presupuestaria anual para la regeneración de vivienda en cuanto a eficiencia energética, priorizando las zonas degradadas económicamente con el fin de paliar las situaciones de vulnerabilidad energética.

6.- Instar a la Junta de Castilla y León a encargar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa pública de distribución como paso indispensable para el avance de la soberanía energética y hacia la democratización de la producción y consumo de energía para el conjunto de la ciudadanía sin dependencia de las grandes multinacionales del sector.

Valladolid, 1 de febrero de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Sarrión Andaluz


PNL/001280-01

CVE="BOCCL-09-014351"



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