PNL/001286-01








4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001286-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, para instar a la Junta a que inste al Gobierno para que impulse las medidas normativas para que, en el ámbito de pymes y micropymes, se cree una figura con las mismas funciones que un Delegado de Prevención y se aplique la prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad a aquellas empresas que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad en el trabajo o infracciones administrativas en materia social calificadas como muy graves, para su tramitación ante la Comisión de Empleo.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de febrero de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001281 a PNL/001290.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de febrero de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Óscar Álvarez Domínguez, Fernando Pablos Romo, Laura Pelegrina Cortijo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Empleo:

ANTECEDENTES

El número de accidentes de trabajo producidos en CyL hasta el mes de noviembre pasado fue de 10.047, casi la misma cifra que los producidos en todo el año 2015 que fue de 10.060; el número de fallecidos fue de 15, igual que el año anterior.

El año 2017 se inicia con dos fallecidos en el mes de enero, por accidentes de trabajo, el 15 de enero en Golmayo (Soria) y el 16 de enero en Soto de la Vega (León).

Según denuncia de los agentes sociales, detrás del incremento del número de accidentes de trabajo está la precariedad laboral existente, excesiva temporalidad, así como situar a los trabajadores en puestos sin estar formados previamente.

Tanto las empresas como las administraciones públicas, cada uno en el ámbito de su responsabilidad deben de ser conscientes que los trabajadores deben de regresar a sus casas en las mismas condiciones que fueron a sus puestos de trabajo.

Para corregir esta situación, se debe de dotar de más medios a la Inspección de Trabajo, exigir que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y derogar la Reforma Laboral.

Así mismo es necesario la puesta en marcha del Delegado de Prevención tanto en las pymes como en las micropymes, ya que los datos demuestran que en las empresas donde hay representantes de los trabajadores y por lo tanto Delegado de Prevención, se producen menos accidentes de trabajo. Se trataría de una figura nueva en cada provincia con capacidad para poder acceder a todas las empresas en las mismas condiciones que un delegado de prevención.

Igualmente aquellas empresas que incumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no deben de tener contrato alguno con las Administraciones Públicas. Así la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, impone prohibiciones para la contratación con la administración con empresas que incumplen la normativa en esta materia.

Igualmente, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece la prohibición de contratar con las empresas sancionadas "por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto".

Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, corresponde a la Comunidad la función ejecutiva en materia de prevención de riesgos laborales, "en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado".

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º- Instar al Gobierno de España a fin de que por el mismo se impulsen las modificaciones normativas oportunas a fin de que, con un ámbito de actuación referido a las pymes y a las micropymes, se cree una figura con capacidad suficiente para acceder a todas las empresas en las mismas condiciones y con las mismas funciones que un Delegado de Prevención.

2.º- Extremar las medidas de control a fin de que se aplique con todo rigor la prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de su sector público para aquellas empresas que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad en el trabajo o por la comisión de infracciones administrativas en materia social calificadas como muy graves.

Valladolid, 31 de enero de 2017.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Luis González Reglero,

Óscar Álvarez Domínguez,

Fernando Pablos Romo,

Laura Pelegrina Cortijo y

María Consolación Pablos Labajo

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández


PNL/001286-01

CVE="BOCCL-09-014357"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 25810-25812
BOCCL nº 231/9 del 9/2/2017
CVE: BOCCL-09-014357

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001286-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Pedro Luis González Reglero, D. Óscar Álvarez Domínguez, D. Fernando Pablos Romo, Dña. Laura Pelegrina Cortijo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, para instar a la Junta a que inste al Gobierno para que impulse las medidas normativas para que, en el ámbito de pymes y micropymes, se cree una figura con las mismas funciones que un Delegado de Prevención y se aplique la prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad a aquellas empresas que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad en el trabajo o infracciones administrativas en materia social calificadas como muy graves, para su tramitación ante la Comisión de Empleo.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de febrero de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001281 a PNL/001290.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de febrero de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Óscar Álvarez Domínguez, Fernando Pablos Romo, Laura Pelegrina Cortijo y Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Empleo:

ANTECEDENTES

El número de accidentes de trabajo producidos en CyL hasta el mes de noviembre pasado fue de 10.047, casi la misma cifra que los producidos en todo el año 2015 que fue de 10.060; el número de fallecidos fue de 15, igual que el año anterior.

El año 2017 se inicia con dos fallecidos en el mes de enero, por accidentes de trabajo, el 15 de enero en Golmayo (Soria) y el 16 de enero en Soto de la Vega (León).

Según denuncia de los agentes sociales, detrás del incremento del número de accidentes de trabajo está la precariedad laboral existente, excesiva temporalidad, así como situar a los trabajadores en puestos sin estar formados previamente.

Tanto las empresas como las administraciones públicas, cada uno en el ámbito de su responsabilidad deben de ser conscientes que los trabajadores deben de regresar a sus casas en las mismas condiciones que fueron a sus puestos de trabajo.

Para corregir esta situación, se debe de dotar de más medios a la Inspección de Trabajo, exigir que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y derogar la Reforma Laboral.

Así mismo es necesario la puesta en marcha del Delegado de Prevención tanto en las pymes como en las micropymes, ya que los datos demuestran que en las empresas donde hay representantes de los trabajadores y por lo tanto Delegado de Prevención, se producen menos accidentes de trabajo. Se trataría de una figura nueva en cada provincia con capacidad para poder acceder a todas las empresas en las mismas condiciones que un delegado de prevención.

Igualmente aquellas empresas que incumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no deben de tener contrato alguno con las Administraciones Públicas. Así la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, impone prohibiciones para la contratación con la administración con empresas que incumplen la normativa en esta materia.

Igualmente, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece la prohibición de contratar con las empresas sancionadas "por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto".

Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, corresponde a la Comunidad la función ejecutiva en materia de prevención de riesgos laborales, "en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en su desarrollo dicte el Estado".

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º- Instar al Gobierno de España a fin de que por el mismo se impulsen las modificaciones normativas oportunas a fin de que, con un ámbito de actuación referido a las pymes y a las micropymes, se cree una figura con capacidad suficiente para acceder a todas las empresas en las mismas condiciones y con las mismas funciones que un Delegado de Prevención.

2.º- Extremar las medidas de control a fin de que se aplique con todo rigor la prohibición de contratar con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de su sector público para aquellas empresas que hayan sido objeto de condena por delitos contra la seguridad en el trabajo o por la comisión de infracciones administrativas en materia social calificadas como muy graves.

Valladolid, 31 de enero de 2017.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Pedro Luis González Reglero,

Óscar Álvarez Domínguez,

Fernando Pablos Romo,

Laura Pelegrina Cortijo y

María Consolación Pablos Labajo

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández


PNL/001286-01

CVE="BOCCL-09-014357"



Sede de las Cortes de Castilla y León