PNL/001304-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001304-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, instando a la Junta de Castilla y León a exhortar al Gobierno de España a restablecer la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar, a garantizar sus derechos y a que se revisen los criterios para las prestaciones económicas de los cuidados en este entorno, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001292 a PNL/001318.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ANTECEDENTES

Con la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Dependencia, las personas dependientes y sus cuidadoras (en más del 80 % de los casos son mujeres) vieron reconocidos una serie de derechos. Concretamente, el artículo 18 de la Ley reconocía como una parte de las prestaciones o servicios los recibidos en el entorno familiar:

Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares.

2. Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones de acceso a esta prestación, en función del grado reconocido a la persona en situación de dependencia y de su capacidad económica.

3. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que se determinen reglamentariamente.

4. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso.

En la práctica, y dependiendo del grado de dependencia, las personas cuidadoras tenían derecho a la cotización a la seguridad social, a los descansos y a una serie de prestaciones, desde la formación hasta una prestación económica. Cierto es que esto no brindaba al 100 % los derechos laborales que a cualquier persona en el estado español le corresponden, pero vino a ser la visibilización de un colectivo que lleva siglos haciendo esto en la privacidad de su casa sin un reconocimiento público y mucho menos sin protección legislativa y sin atención a sus derechos.

Sin embargo, con el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las prestaciones más denostadas fueron las referentes al cuidado en el entorno familiar. Estas fueron especialmente graves en Castilla y León, donde al 15 % de reducción establecido por el Gobierno se le sumó hasta un 40 % en cuidados a menores y hasta un 90 % en cuidados a mayores. La Junta de Castilla y León promovió las prestaciones de servicios y prestaciones vinculadas para paliar esa situación que, sin embargo, no es la elegida por todas las familias y que no contempla la diversidad de dependencias, las dependencias de personas menores y la diversidad de situaciones familiares.

De esta manera, no sólo las cuidadoras perdieron su derecho a la cotización en la Seguridad Social, sino que los pasos realizados en cuanto a consecución de derechos laborales quedaron finalmente retirados por completo; además de establecer unos criterios en cuanto a financiación de las prestaciones que no se ajusta a la realidad de todos los hogares.

Por todo esto, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que exhorte al Gobierno de España a restablecer la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

2. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que exhorte al Gobierno de España a garantizar los derechos de las cuidadoras en el entorno familiar blindando normativamente el acceso a las prestaciones necesarias que les aseguren capacidad adquisitiva, descansos y accesibilidad parcial al empleo.

3. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se revisen los criterios para las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar que supusieron un porcentaje mucho mayor al establecido por el RD 20/2012, de 13 de julio.

Valladolid, 7 de febrero de 2017.

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

María Josefa Rodríguez Tobal

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


PNL/001304-01

CVE="BOCCL-09-014542"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 26624-26626
BOCCL nº 237/9 del 23/2/2017
CVE: BOCCL-09-014542

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001304-01
Proposición No de Ley presentada por las Procuradoras Dña. Laura Domínguez Arroyo y Dña. María Josefa Rodríguez Tobal, instando a la Junta de Castilla y León a exhortar al Gobierno de España a restablecer la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar, a garantizar sus derechos y a que se revisen los criterios para las prestaciones económicas de los cuidados en este entorno, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001292 a PNL/001318.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Laura Domínguez Arroyo y María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ANTECEDENTES

Con la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Dependencia, las personas dependientes y sus cuidadoras (en más del 80 % de los casos son mujeres) vieron reconocidos una serie de derechos. Concretamente, el artículo 18 de la Ley reconocía como una parte de las prestaciones o servicios los recibidos en el entorno familiar:

Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares.

2. Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones de acceso a esta prestación, en función del grado reconocido a la persona en situación de dependencia y de su capacidad económica.

3. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que se determinen reglamentariamente.

4. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso.

En la práctica, y dependiendo del grado de dependencia, las personas cuidadoras tenían derecho a la cotización a la seguridad social, a los descansos y a una serie de prestaciones, desde la formación hasta una prestación económica. Cierto es que esto no brindaba al 100 % los derechos laborales que a cualquier persona en el estado español le corresponden, pero vino a ser la visibilización de un colectivo que lleva siglos haciendo esto en la privacidad de su casa sin un reconocimiento público y mucho menos sin protección legislativa y sin atención a sus derechos.

Sin embargo, con el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las prestaciones más denostadas fueron las referentes al cuidado en el entorno familiar. Estas fueron especialmente graves en Castilla y León, donde al 15 % de reducción establecido por el Gobierno se le sumó hasta un 40 % en cuidados a menores y hasta un 90 % en cuidados a mayores. La Junta de Castilla y León promovió las prestaciones de servicios y prestaciones vinculadas para paliar esa situación que, sin embargo, no es la elegida por todas las familias y que no contempla la diversidad de dependencias, las dependencias de personas menores y la diversidad de situaciones familiares.

De esta manera, no sólo las cuidadoras perdieron su derecho a la cotización en la Seguridad Social, sino que los pasos realizados en cuanto a consecución de derechos laborales quedaron finalmente retirados por completo; además de establecer unos criterios en cuanto a financiación de las prestaciones que no se ajusta a la realidad de todos los hogares.

Por todo esto, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que exhorte al Gobierno de España a restablecer la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

2. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León que exhorte al Gobierno de España a garantizar los derechos de las cuidadoras en el entorno familiar blindando normativamente el acceso a las prestaciones necesarias que les aseguren capacidad adquisitiva, descansos y accesibilidad parcial al empleo.

3. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se revisen los criterios para las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar que supusieron un porcentaje mucho mayor al establecido por el RD 20/2012, de 13 de julio.

Valladolid, 7 de febrero de 2017.

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo y

María Josefa Rodríguez Tobal

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


PNL/001304-01

CVE="BOCCL-09-014542"



Sede de las Cortes de Castilla y León