4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001335-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001329 a PNL/001360.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Luis Briones Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:
ANTECEDENTES
En los últimos años se constata en las Administraciones Públicas y gobiernos la necesidad y la petición cada vez más insistente de la ciudadanía para participar de forma activa en los diferentes procesos de toma de decisiones públicas.
La participación ciudadana consiste en incorporar las opiniones de las personas, tanto individual como colectivamente, en las políticas y decisiones públicas, como modelo que complementa y enriquece nuestro sistema representativo.
La participación ciudadana puede canalizarse a través de diversos cauces, como los procesos de participación ciudadana, el Portal de participación, órganos estables de participación y otros instrumentos que permitan una escucha activa y un diálogo abierto, transparente y regular entre los ciudadanos y la administración.
Los efectos de la larga crisis económica global y sus ramificaciones en nuestro país y Comunidad Autónoma han servido como excusa para que la Junta de Castilla y León utilice como excusa la misma para asestar un duro golpe a la participación ciudadana en las decisiones políticas y debates que se producen en los órganos colegiados bajo su responsabilidad.
La publicación en el BOCyL del 3 de febrero de 2014, del ACUERDO 22/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, evidencia que la Junta quería envolver a la opinión pública en un mensaje de austeridad, eficiencia y eficacia en el ejercicio del gobierno y el ahorro económico, lo que en algunos aspectos significaba coartar el derecho de participación de la ciudadanía a través de sus representantes en los órganos colegiados de la Administración Autonómica.
Se comentaba por parte de la Junta que existían 95 órganos de participación de la sociedad en la Administración de la Comunidad. Que ese elevado número de órganos dificultaba la tramitación de asuntos que se querían someter a la participación de los ciudadanos y diluía la fuerza de esa intervención ciudadana a través de una multitud de pequeños órganos sectoriales.
Asimismo en las explicaciones se indicaba que se consideraba necesario agilizar la tramitación de asuntos sometidos a participación y reforzar la participación de la sociedad civil, mediante la racionalización y reducción de los órganos de participación.
El mandato era racionalizar y reducir los órganos de participación sectoriales en al menos un 50 % sobre el total de los existentes en dicho momento.
Después en cumplimiento de dicho Acuerdo de la Junta de Castilla y León se aprobó la LEY 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que ejecuta parte de lo indicado en dicho acuerdo del ejecutivo autonómico.
El Grupo Parlamentario Socialista defiende medias de racionalización, eficacia y eficiencia siempre que no repercuta negativamente en el servicio público a cumplir con la ciudadanía y sin que se merme la participación ciudadana, la de otras administraciones y la de la sociedad civil en los órganos de representación.
Ejemplos hay varios para demostrar que aprovechando la oportunidad de pregonar la eficacia y la eficiencia se ha eliminado la participación de representantes en la Federación Regional de Municipios y Provincias, de Organizaciones en defensa de la Naturaleza, de universidades públicas, etc. con respecto con los que anteriormente participaban.
Todo ello es mucho más sangrante cuando dicha decisión acarreó el cambio de algunos órganos colegiados con la entrada de más representantes de la administración autonómica y menos de la sociedad civil. Y además reconociendo que el gasto que tiene que aportar la Junta de Castilla y León para la participación de estos representantes de la ciudadanía es cero euros o prácticamente ridículo.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Realizar los cambios normativos oportunos en los reglamentos que corresponda para incluir en la composición de todos los órganos colegiados consultivos y de participación, correspondientes a las distintas áreas de la acción pública de la administración de la Comunidad de Castilla y León, al menos dos representantes de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y dos representantes de las centrales sindicales, cuando en su ámbito material se incluyesen materias que pudieran afectar directamente a los entes locales o a las organizaciones representativas de los trabajadores.
2. Realizar los cambios normativos oportunos en los reglamentos que corresponda, para incluir en la composición de todos los órganos colegiados consultivos y de participación, correspondientes a las distintas áreas de la acción pública de la administración de la Comunidad de Castilla y León, al menos dos representantes del ámbito profesional del órgano colegiado y dos representantes de las asociaciones cuyo ámbito de actuación se corresponda con ámbito sectorial del órgano de que se trate".
Valladolid, 9 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Luis Briones Martínez y
Virginia Barcones Sanz
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/001335-01
CVE="BOCCL-09-015186"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 27411-27413
BOCCL nº 243/9 del 14/3/2017
CVE: BOCCL-09-015186
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001335-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Luis Aceves Galindo, D. Luis Briones Martínez y Dña. Virginia Barcones Sanz, instando a la Junta de Castilla y León a realizar los cambios normativos oportunos en relación con la composición de los órganos colegiados consultivos y de participación con el fin de lograr una mayor participación ciudadana, la de otras administraciones y de la sociedad civil en los órganos de representación, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de marzo de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001329 a PNL/001360.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de marzo de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Luis Briones Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:
ANTECEDENTES
En los últimos años se constata en las Administraciones Públicas y gobiernos la necesidad y la petición cada vez más insistente de la ciudadanía para participar de forma activa en los diferentes procesos de toma de decisiones públicas.
La participación ciudadana consiste en incorporar las opiniones de las personas, tanto individual como colectivamente, en las políticas y decisiones públicas, como modelo que complementa y enriquece nuestro sistema representativo.
La participación ciudadana puede canalizarse a través de diversos cauces, como los procesos de participación ciudadana, el Portal de participación, órganos estables de participación y otros instrumentos que permitan una escucha activa y un diálogo abierto, transparente y regular entre los ciudadanos y la administración.
Los efectos de la larga crisis económica global y sus ramificaciones en nuestro país y Comunidad Autónoma han servido como excusa para que la Junta de Castilla y León utilice como excusa la misma para asestar un duro golpe a la participación ciudadana en las decisiones políticas y debates que se producen en los órganos colegiados bajo su responsabilidad.
La publicación en el BOCyL del 3 de febrero de 2014, del ACUERDO 22/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, evidencia que la Junta quería envolver a la opinión pública en un mensaje de austeridad, eficiencia y eficacia en el ejercicio del gobierno y el ahorro económico, lo que en algunos aspectos significaba coartar el derecho de participación de la ciudadanía a través de sus representantes en los órganos colegiados de la Administración Autonómica.
Se comentaba por parte de la Junta que existían 95 órganos de participación de la sociedad en la Administración de la Comunidad. Que ese elevado número de órganos dificultaba la tramitación de asuntos que se querían someter a la participación de los ciudadanos y diluía la fuerza de esa intervención ciudadana a través de una multitud de pequeños órganos sectoriales.
Asimismo en las explicaciones se indicaba que se consideraba necesario agilizar la tramitación de asuntos sometidos a participación y reforzar la participación de la sociedad civil, mediante la racionalización y reducción de los órganos de participación.
El mandato era racionalizar y reducir los órganos de participación sectoriales en al menos un 50 % sobre el total de los existentes en dicho momento.
Después en cumplimiento de dicho Acuerdo de la Junta de Castilla y León se aprobó la LEY 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que ejecuta parte de lo indicado en dicho acuerdo del ejecutivo autonómico.
El Grupo Parlamentario Socialista defiende medias de racionalización, eficacia y eficiencia siempre que no repercuta negativamente en el servicio público a cumplir con la ciudadanía y sin que se merme la participación ciudadana, la de otras administraciones y la de la sociedad civil en los órganos de representación.
Ejemplos hay varios para demostrar que aprovechando la oportunidad de pregonar la eficacia y la eficiencia se ha eliminado la participación de representantes en la Federación Regional de Municipios y Provincias, de Organizaciones en defensa de la Naturaleza, de universidades públicas, etc. con respecto con los que anteriormente participaban.
Todo ello es mucho más sangrante cuando dicha decisión acarreó el cambio de algunos órganos colegiados con la entrada de más representantes de la administración autonómica y menos de la sociedad civil. Y además reconociendo que el gasto que tiene que aportar la Junta de Castilla y León para la participación de estos representantes de la ciudadanía es cero euros o prácticamente ridículo.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Realizar los cambios normativos oportunos en los reglamentos que corresponda para incluir en la composición de todos los órganos colegiados consultivos y de participación, correspondientes a las distintas áreas de la acción pública de la administración de la Comunidad de Castilla y León, al menos dos representantes de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y dos representantes de las centrales sindicales, cuando en su ámbito material se incluyesen materias que pudieran afectar directamente a los entes locales o a las organizaciones representativas de los trabajadores.
2. Realizar los cambios normativos oportunos en los reglamentos que corresponda, para incluir en la composición de todos los órganos colegiados consultivos y de participación, correspondientes a las distintas áreas de la acción pública de la administración de la Comunidad de Castilla y León, al menos dos representantes del ámbito profesional del órgano colegiado y dos representantes de las asociaciones cuyo ámbito de actuación se corresponda con ámbito sectorial del órgano de que se trate".
Valladolid, 9 de febrero de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo,
Luis Briones Martínez y
Virginia Barcones Sanz
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/001335-01
CVE="BOCCL-09-015186"
