PNL/001370-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001370-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de la Nación a promover la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de marzo de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001363 a PNL/001384.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de marzo de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario PODEMOS CyL, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ANTECEDENTES

La igualdad es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, consagrado en la Constitución, reconocido como principio rector en el que se basa el resto del ordenamiento jurídico español de menor nivel. Estipula que ninguna persona puede sufrir discriminación por ninguna circunstancia personal, en particular por sexo, y que los poderes públicos tienen la responsabilidad de promover las condiciones para ello, eliminando todos los obstáculos que lo dificulten.

Casi 40 años después de la promulgación de la Carta Magna, la mitad de la población experimenta, por razón de su sexo, discriminaciones y exclusiones en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las mujeres, en el ámbito laboral, en particular, tienen una tasa de actividad un 12 % inferior, un 9 % menos de ocupación laboral, un 3 % más de paro y cobran un 24 % menos que los varones; acumulan el 75 % del empleo a tiempo parcial, más precario, y están excluidas de los puestos directivos, a pesar de que en la etapa académica obtengan el 59 % de las titulaciones y, además, con mejores calificaciones. Una situación histórica agravada por la crisis cuyas peores consecuencias sufren las mujeres: desde 2008 el paro femenino ha aumentado el doble que el masculino y la brecha salarial ha crecido 3 puntos. Esta expulsión del mercado laboral implica una pérdida de la independencia económica que hace que muchas mujeres pasen a depender de sus parejas, algo de graves consecuencias, más cuando se dan situaciones de violencia machista, dificultando a las víctimas salir de la situación de maltrato. Cuando no existe pareja de la que depender no es raro acabar en situación de pobreza, como es el caso del 50 % de ese millón y medio de madres monoparentales que existen en nuestro país (y de sus hijos e hijas).

Esta situación responde, en gran parte, a un reparto desigual de las labores de cuidados. Es de las mujeres de quienes se espera que se encarguen de toda una serie de tareas, desde cuidar a los hijos e hijas o familiares dependientes, hasta hacer, para toda la familia, la comida, la compra, limpiar la casa, etc., por lo que les queda menos tiempo (a veces, ninguno) para el empleo remunerado. Las mujeres dejan sus trabajos para cuidar gratis, unas labores de cuidados cuyo valor llega a superar a todo el PIB producido por el empleo remunerado, como se comprobó en Andalucía, región donde se contabilizó tal valor (mientras que en el resto de Comunidades no se ha realizado). El encarecimiento, recorte, privatización o cierre de los centros públicos de cuidados a niños y niñas o dependientes durante la crisis fomenta esta cultura, devolviendo a trabajadoras cualificadas y experimentadas al hogar y haciéndonos retroceder, con ello, décadas de lucha social, progreso y avance.

Un problema que hunde sus raíces en la cultura y la tradición se desarrolla en múltiples ámbitos y por ello exige diferentes abordajes. El principal transmisor de la cultura es la educación, junto con los medios de comunicación. Por ello, además de desarrollar políticas y medidas de impacto inmediato es imprescindible que velemos porque las generaciones más jóvenes reciban una educación acorde con valores igualitarios y que prevenga las desigualdades contra las que tan difícil es actuar una vez instaladas.

El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dedicado a los principios y valores del sistema educativo, estipula una serie de medidas para la consecución de un sistema educativo que fomente la igualdad de género. También lo hace el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Las medidas previstas en ambos artículos no están siendo aplicadas ni desarrolladas en la legislación de la mayoría de Comunidades Autónomas, lo que suscita que se siga condenando a las nuevas generaciones de mujeres a vivir las mismas situaciones de desigualdad a las que nos enfrentamos hoy.

Por todo ello, presentamos la siguiente,

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que exhorte al Gobierno de España a iniciar los trámites parlamentarios necesarios para la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para incluir un desarrollo reglamentario de su artículo 4 que establezca un adecuado sistema de sanciones para el caso de incumplimiento.

2. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que exhorte al Gobierno de España a iniciar los trámites parlamentarios necesarios para la modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, para incluir un desarrollo reglamentario de su artículo 24 que establezca un adecuado sistema de sanciones para el caso de incumplimiento.

3. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla a León a realizar, en el marco de sus competencias, el desarrollo normativo necesario para garantizar el cumplimiento en Castilla y León del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, referido a la integración del principio de igualdad en la política de educación.

Valladolid, 8 de marzo de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


PNL/001370-01

CVE="BOCCL-09-015549"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 28050-28052
BOCCL nº 250/9 del 27/3/2017
CVE: BOCCL-09-015549

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001370-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de la Nación a promover la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de marzo de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001363 a PNL/001384.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de marzo de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario PODEMOS CyL, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ANTECEDENTES

La igualdad es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, consagrado en la Constitución, reconocido como principio rector en el que se basa el resto del ordenamiento jurídico español de menor nivel. Estipula que ninguna persona puede sufrir discriminación por ninguna circunstancia personal, en particular por sexo, y que los poderes públicos tienen la responsabilidad de promover las condiciones para ello, eliminando todos los obstáculos que lo dificulten.

Casi 40 años después de la promulgación de la Carta Magna, la mitad de la población experimenta, por razón de su sexo, discriminaciones y exclusiones en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las mujeres, en el ámbito laboral, en particular, tienen una tasa de actividad un 12 % inferior, un 9 % menos de ocupación laboral, un 3 % más de paro y cobran un 24 % menos que los varones; acumulan el 75 % del empleo a tiempo parcial, más precario, y están excluidas de los puestos directivos, a pesar de que en la etapa académica obtengan el 59 % de las titulaciones y, además, con mejores calificaciones. Una situación histórica agravada por la crisis cuyas peores consecuencias sufren las mujeres: desde 2008 el paro femenino ha aumentado el doble que el masculino y la brecha salarial ha crecido 3 puntos. Esta expulsión del mercado laboral implica una pérdida de la independencia económica que hace que muchas mujeres pasen a depender de sus parejas, algo de graves consecuencias, más cuando se dan situaciones de violencia machista, dificultando a las víctimas salir de la situación de maltrato. Cuando no existe pareja de la que depender no es raro acabar en situación de pobreza, como es el caso del 50 % de ese millón y medio de madres monoparentales que existen en nuestro país (y de sus hijos e hijas).

Esta situación responde, en gran parte, a un reparto desigual de las labores de cuidados. Es de las mujeres de quienes se espera que se encarguen de toda una serie de tareas, desde cuidar a los hijos e hijas o familiares dependientes, hasta hacer, para toda la familia, la comida, la compra, limpiar la casa, etc., por lo que les queda menos tiempo (a veces, ninguno) para el empleo remunerado. Las mujeres dejan sus trabajos para cuidar gratis, unas labores de cuidados cuyo valor llega a superar a todo el PIB producido por el empleo remunerado, como se comprobó en Andalucía, región donde se contabilizó tal valor (mientras que en el resto de Comunidades no se ha realizado). El encarecimiento, recorte, privatización o cierre de los centros públicos de cuidados a niños y niñas o dependientes durante la crisis fomenta esta cultura, devolviendo a trabajadoras cualificadas y experimentadas al hogar y haciéndonos retroceder, con ello, décadas de lucha social, progreso y avance.

Un problema que hunde sus raíces en la cultura y la tradición se desarrolla en múltiples ámbitos y por ello exige diferentes abordajes. El principal transmisor de la cultura es la educación, junto con los medios de comunicación. Por ello, además de desarrollar políticas y medidas de impacto inmediato es imprescindible que velemos porque las generaciones más jóvenes reciban una educación acorde con valores igualitarios y que prevenga las desigualdades contra las que tan difícil es actuar una vez instaladas.

El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, dedicado a los principios y valores del sistema educativo, estipula una serie de medidas para la consecución de un sistema educativo que fomente la igualdad de género. También lo hace el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Las medidas previstas en ambos artículos no están siendo aplicadas ni desarrolladas en la legislación de la mayoría de Comunidades Autónomas, lo que suscita que se siga condenando a las nuevas generaciones de mujeres a vivir las mismas situaciones de desigualdad a las que nos enfrentamos hoy.

Por todo ello, presentamos la siguiente,

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que exhorte al Gobierno de España a iniciar los trámites parlamentarios necesarios para la modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para incluir un desarrollo reglamentario de su artículo 4 que establezca un adecuado sistema de sanciones para el caso de incumplimiento.

2. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que exhorte al Gobierno de España a iniciar los trámites parlamentarios necesarios para la modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, para incluir un desarrollo reglamentario de su artículo 24 que establezca un adecuado sistema de sanciones para el caso de incumplimiento.

3. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla a León a realizar, en el marco de sus competencias, el desarrollo normativo necesario para garantizar el cumplimiento en Castilla y León del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, referido a la integración del principio de igualdad en la política de educación.

Valladolid, 8 de marzo de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos


PNL/001370-01

CVE="BOCCL-09-015549"



Sede de las Cortes de Castilla y León