PE/006057-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006057-01


Sumario:

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a existencia de controles en la Comunidad Autónoma sobre los cursos de formación profesional para el empleo dirigidos prioritariamente a desempleados.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El lunes 17 de abril en la revista Interviú aparecía en su portada el titular "Cursos de Formación. El fraude de los sueldos falsos".

El primer párrafo dice textualmente "Es una práctica generalizada e impune en toda España. Las subvenciones para cursos de formación... se justifican en falso. Los profesores declaran a Hacienda mucho más de lo que realmente cobran, pues las academias privadas les exigen que les devuelvan un 60 por ciento del salario que oficialmente les han pagado".

Cuando en noviembre del 2016 IU-Equo decidimos abordar el tema de "las acciones de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a desempleados", conocidos normalmente como cursos FOD y OFI, no éramos conscientes de la repercusión que iba a tener, ni de la cantidad de personas relacionadas con estas acciones que se han dirigido a nuestro grupo político para explicar la problemática que viven.

Uno de estos colectivos que se han dirigido a IU-Equo ha sido el del profesorado que precisamente nos transmitían esta denuncia. El gran problema que se nos planteaba es que ninguna de estas personas estaba dispuesta a denunciarlo públicamente puesto que saben que si lo hacen no volverán a trabajar en el sector nunca más y no quieren que sus nombres aparezcan públicamente.

En dichas conversaciones siempre el profesorado nos ha planteado que quien tiene obligación de denunciar e investigar este presunto fraude es el personal técnico del ECYL de formación, quienes tienen como función velar por la correcta impartición de las acciones formativas y de su correcta justificación económica.

Estamos hablando de un dinero que en nuestra Comunidad sale de los impuestos de las castellanas/os y leonesas/es.

PREGUNTAS

1. ¿Existen suficientes controles en Castilla y León para determinar que a los docentes se les está abonando la cantidad mínima que contempla la ley? "Estos gastos representarán un mínimo del 30 % de la subvención a liquidar con un coste bruto máximo por hora de 80 euros".

2. ¿Conocía la Junta de Castilla y León que existen indicios de que en nuestra Comunidad algunas academias o entes que imparten cursos subvencionados por la Junta de Castilla y León estén obligando a su profesorado a que les devuelvan una parte del salario que perciben?

3. En caso afirmativo, ¿qué medidas están tomando para que esto no vuelva a ocurrir?

4. En ese caso de que se conociera la posible existencia de esta práctica, ¿de qué cuantía podríamos estar hablando en Castilla y León?

5. En caso de que la Junta de Castilla y León desconociera que esto pueda estar ocurriendo en nuestra Comunidad, ahora que es consciente de ello, ¿qué medidas va a tomar para verificar o desmentir dicha práctica?

6. En caso de verificarlo, ¿qué medidas va a tomar para que esto no vuelva a ocurrir?

Valladolid, 20 de abril de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Sarrión Andaluz


PE/006057-01

CVE="BOCCL-09-017335"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 32942-32943
BOCCL nº 275/9 del 18/5/2017
CVE: BOCCL-09-017335

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/006057-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a existencia de controles en la Comunidad Autónoma sobre los cursos de formación profesional para el empleo dirigidos prioritariamente a desempleados.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de mayo de 2017, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/005950 a PE/006111.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de mayo de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

El lunes 17 de abril en la revista Interviú aparecía en su portada el titular "Cursos de Formación. El fraude de los sueldos falsos".

El primer párrafo dice textualmente "Es una práctica generalizada e impune en toda España. Las subvenciones para cursos de formación... se justifican en falso. Los profesores declaran a Hacienda mucho más de lo que realmente cobran, pues las academias privadas les exigen que les devuelvan un 60 por ciento del salario que oficialmente les han pagado".

Cuando en noviembre del 2016 IU-Equo decidimos abordar el tema de "las acciones de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a desempleados", conocidos normalmente como cursos FOD y OFI, no éramos conscientes de la repercusión que iba a tener, ni de la cantidad de personas relacionadas con estas acciones que se han dirigido a nuestro grupo político para explicar la problemática que viven.

Uno de estos colectivos que se han dirigido a IU-Equo ha sido el del profesorado que precisamente nos transmitían esta denuncia. El gran problema que se nos planteaba es que ninguna de estas personas estaba dispuesta a denunciarlo públicamente puesto que saben que si lo hacen no volverán a trabajar en el sector nunca más y no quieren que sus nombres aparezcan públicamente.

En dichas conversaciones siempre el profesorado nos ha planteado que quien tiene obligación de denunciar e investigar este presunto fraude es el personal técnico del ECYL de formación, quienes tienen como función velar por la correcta impartición de las acciones formativas y de su correcta justificación económica.

Estamos hablando de un dinero que en nuestra Comunidad sale de los impuestos de las castellanas/os y leonesas/es.

PREGUNTAS

1. ¿Existen suficientes controles en Castilla y León para determinar que a los docentes se les está abonando la cantidad mínima que contempla la ley? "Estos gastos representarán un mínimo del 30 % de la subvención a liquidar con un coste bruto máximo por hora de 80 euros".

2. ¿Conocía la Junta de Castilla y León que existen indicios de que en nuestra Comunidad algunas academias o entes que imparten cursos subvencionados por la Junta de Castilla y León estén obligando a su profesorado a que les devuelvan una parte del salario que perciben?

3. En caso afirmativo, ¿qué medidas están tomando para que esto no vuelva a ocurrir?

4. En ese caso de que se conociera la posible existencia de esta práctica, ¿de qué cuantía podríamos estar hablando en Castilla y León?

5. En caso de que la Junta de Castilla y León desconociera que esto pueda estar ocurriendo en nuestra Comunidad, ahora que es consciente de ello, ¿qué medidas va a tomar para verificar o desmentir dicha práctica?

6. En caso de verificarlo, ¿qué medidas va a tomar para que esto no vuelva a ocurrir?

Valladolid, 20 de abril de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Sarrión Andaluz


PE/006057-01

CVE="BOCCL-09-017335"



Sede de las Cortes de Castilla y León