4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001510-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de junio de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001508 a PNL/001530.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de junio de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, M.ª Belén Rosado Diago, David Castaño Sequeros, José Ignacio Delgado Palacios y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:
La crisis económica ha afectado a los profesionales sanitarios de manera directa. Los altos niveles de temporalidad, previamente existentes, se han visto incrementados; los salarios, ya de por sí bajos en comparación con sus homólogos europeos, se han visto reducidos aún más; se han perdido derechos laborales adquiridos de manera previa como exenciones de guardias y turnos nocturnos, así como un deterioro significativo del ambiente laboral al aumentar la carga asistencial por la falta de cobertura en los traslados efectuados en los centros sanitarios.
Sin embargo, nuestro sistema sanitario ha seguido dando una respuesta aceptable a las necesidades de los ciudadanos gracias a la gran capacidad y dedicación de nuestros profesionales. Desde las administraciones públicas debemos ser conscientes de ello.
Esta calidad de nuestros profesionales sanitarios viene en parte dada por la formación y capacitación que nuestros profesionales poseen. Una formación que, según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, se establece como un derecho y deber de los profesionales sanitarios, siendo las instituciones, centros sanitarios y administraciones quienes deberán facilitar esta formación continuada. Sin embargo, el desarrollo de la formación de los profesionales sanitarios ha quedado olvidado por parte de las administraciones públicas y son los profesionales quienes, a costa de sus ahorros, costean los cursos y formación precisa a fin de adecuar sus conocimientos a las necesidades del sistema sanitario y a los avances científicos y técnicos.
La industria farmacéutica también ha jugado un papel relevante en la formación de nuestros profesionales. Dadas las deficiencias del sistema público a la hora de formar a nuestros profesionales, los laboratorios, a través de Farmaindustria, han promocionado y facilitado congresos, cursos y reuniones técnico-científicas organizadas por sociedades científicas y organizaciones profesionales a todo tipo de personal sanitario a fin de que pudieran acceder a conocimientos y técnicas innovadoras. Si bien, recientemente han existido casos en los que se han comprobado actividades poco éticas, y contrarias a los códigos de buenas prácticas acordados por el sector, por parte de directivos de alguna farmacéutica, la industria ha avanzado, aún más, en lo que a transparencia se refiere para poder prevenir y detectar este tipo de sucesos publicitando todos los pagos a profesionales sanitarios. Sin embargo, pese a las irregularidades detectadas, a día de hoy las administraciones no han mostrado factible ningún otro tipo de sistema de formación para nuestros profesionales sanitarios.
Al desentendimiento de las administraciones nacionales y autonómicas para garantizar la formación de nuestros profesionales, ahora debemos añadir las trabas económicas que desde la Agencia Tributaria se piensan interponer para garantizar esta formación continua. A principios del mes de mayo, la Agencia Tributaria emitió un informe sobre la tributación, por parte del personal sanitario, de los gastos abonados por las compañías farmacéuticas para la asistencia a los congresos y conferencias que organiza y a los que asiste dicho personal.
Según el informe emitido por la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria, los profesionales sanitarios tienen la obligación de tributar y pagar los correspondientes impuestos por las transferencias de valor, ya sean dietas, alojamiento, viajes o becas de inscripción, que reciban de compañías farmacéuticas para asistir a congresos o conferencias médicas, señalando el dicho informe que estas transferencias de valor no tributarían: "Para que la asistencia a congresos no tenga la consideración de rendimiento del trabajo en especie han de concurrir los siguientes requisitos: que los estudios sean dispuestos por los propios empleadores; la financiación total de los estudios por tales empleadores (no cabe parcial); y que la finalidad perseguida sea la actualización, capacitación o reciclaje del personal, siempre que los estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo". Una exigencia de condiciones que, a día de hoy, parece imposible de suceder.
En base al conflicto generado por la tributación de las transferencias de valor, el pasado 23 de febrero de 2017, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley sobre la tributación de las transferencias de valor de la industria farmacéutica y de productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud. En esta iniciativa se instaba al Gobierno a:
1. Seguir considerando exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, teniéndose por tales los pagos de las inscripciones a cursos, congresos o cualesquiera actividades formativas para las que hayan obtenido previa autorización del centro sanitario en el que presten sus servicios, así como los gastos de traslado y alojamiento que se deriven de la asistencia a las mismas, excepto los de manutención.
2. El resto de transferencias de valor realizadas por la industria farmacéutica, de instrumental médico o cualquier otra estará sujeta a la tributación habitual.
Una solicitud que ha sido desoída por el Gobierno en contra de las Cortes Generales y los profesionales sanitarios.
Ante esta situación, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que solo queda una opción para garantizar de forma real el acceso a la formación continua de nuestros profesionales sanitarios y que no repercuta de manera directa sobre ellos, e indirecta sobre los pacientes: que las administraciones públicas se responsabilicen y cumplan su mandato legal a la hora de ofrecer una formación continua, innovadora y de calidad, para que nuestros profesionales sanitarios puedan adecuar sus conocimientos a las necesidades del sistema sanitario y a los avances científicos y técnicos, según establece la ley.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a pedir al Gobierno de la Nación que traslade al Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud una propuesta de financiación, desde las administraciones públicas y servicios de salud, de la formación de nuestros profesionales sanitarios, en idénticas condiciones a las que se venían realizando en los últimos cinco años, a fin de que se consideren aptos para financiarse por la administración aquellos cursos (estancias, congresos, jornadas o cualesquiera otra actividad formativa, y sus respectivos desplazamientos, alojamientos e inscripciones, aprobados por las respectivas direcciones de los centros), así como aquellos cursos que los profesionales consideren de interés y tengan el beneplácito de los responsables de servicio o centro a fin de garantizar los criterios y normas que se venían aplicando.
En Valladolid, a 30 de mayo de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,
María Belén Rosado Diago,
David Castaño Sequeros y
José Ignacio Delgado Palacios
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
PNL/001510-01
CVE="BOCCL-09-018100"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 35572-35574
BOCCL nº 288/9 del 15/6/2017
CVE: BOCCL-09-018100
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001510-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez, Dña. María Belén Rosado Diago, D. David Castaño Sequeros, D. José Ignacio Delgado Palacios y D. Luis Fuentes Rodríguez, relativa a formación de los profesionales sanitarios de Castilla y León, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 9 de junio de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001508 a PNL/001530.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 9 de junio de 2017.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Manuel Mitadiel Martínez, M.ª Belén Rosado Diago, David Castaño Sequeros, José Ignacio Delgado Palacios y Luis Fuentes Rodríguez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:
La crisis económica ha afectado a los profesionales sanitarios de manera directa. Los altos niveles de temporalidad, previamente existentes, se han visto incrementados; los salarios, ya de por sí bajos en comparación con sus homólogos europeos, se han visto reducidos aún más; se han perdido derechos laborales adquiridos de manera previa como exenciones de guardias y turnos nocturnos, así como un deterioro significativo del ambiente laboral al aumentar la carga asistencial por la falta de cobertura en los traslados efectuados en los centros sanitarios.
Sin embargo, nuestro sistema sanitario ha seguido dando una respuesta aceptable a las necesidades de los ciudadanos gracias a la gran capacidad y dedicación de nuestros profesionales. Desde las administraciones públicas debemos ser conscientes de ello.
Esta calidad de nuestros profesionales sanitarios viene en parte dada por la formación y capacitación que nuestros profesionales poseen. Una formación que, según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, se establece como un derecho y deber de los profesionales sanitarios, siendo las instituciones, centros sanitarios y administraciones quienes deberán facilitar esta formación continuada. Sin embargo, el desarrollo de la formación de los profesionales sanitarios ha quedado olvidado por parte de las administraciones públicas y son los profesionales quienes, a costa de sus ahorros, costean los cursos y formación precisa a fin de adecuar sus conocimientos a las necesidades del sistema sanitario y a los avances científicos y técnicos.
La industria farmacéutica también ha jugado un papel relevante en la formación de nuestros profesionales. Dadas las deficiencias del sistema público a la hora de formar a nuestros profesionales, los laboratorios, a través de Farmaindustria, han promocionado y facilitado congresos, cursos y reuniones técnico-científicas organizadas por sociedades científicas y organizaciones profesionales a todo tipo de personal sanitario a fin de que pudieran acceder a conocimientos y técnicas innovadoras. Si bien, recientemente han existido casos en los que se han comprobado actividades poco éticas, y contrarias a los códigos de buenas prácticas acordados por el sector, por parte de directivos de alguna farmacéutica, la industria ha avanzado, aún más, en lo que a transparencia se refiere para poder prevenir y detectar este tipo de sucesos publicitando todos los pagos a profesionales sanitarios. Sin embargo, pese a las irregularidades detectadas, a día de hoy las administraciones no han mostrado factible ningún otro tipo de sistema de formación para nuestros profesionales sanitarios.
Al desentendimiento de las administraciones nacionales y autonómicas para garantizar la formación de nuestros profesionales, ahora debemos añadir las trabas económicas que desde la Agencia Tributaria se piensan interponer para garantizar esta formación continua. A principios del mes de mayo, la Agencia Tributaria emitió un informe sobre la tributación, por parte del personal sanitario, de los gastos abonados por las compañías farmacéuticas para la asistencia a los congresos y conferencias que organiza y a los que asiste dicho personal.
Según el informe emitido por la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria, los profesionales sanitarios tienen la obligación de tributar y pagar los correspondientes impuestos por las transferencias de valor, ya sean dietas, alojamiento, viajes o becas de inscripción, que reciban de compañías farmacéuticas para asistir a congresos o conferencias médicas, señalando el dicho informe que estas transferencias de valor no tributarían: "Para que la asistencia a congresos no tenga la consideración de rendimiento del trabajo en especie han de concurrir los siguientes requisitos: que los estudios sean dispuestos por los propios empleadores; la financiación total de los estudios por tales empleadores (no cabe parcial); y que la finalidad perseguida sea la actualización, capacitación o reciclaje del personal, siempre que los estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo". Una exigencia de condiciones que, a día de hoy, parece imposible de suceder.
En base al conflicto generado por la tributación de las transferencias de valor, el pasado 23 de febrero de 2017, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley sobre la tributación de las transferencias de valor de la industria farmacéutica y de productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud. En esta iniciativa se instaba al Gobierno a:
1. Seguir considerando exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, teniéndose por tales los pagos de las inscripciones a cursos, congresos o cualesquiera actividades formativas para las que hayan obtenido previa autorización del centro sanitario en el que presten sus servicios, así como los gastos de traslado y alojamiento que se deriven de la asistencia a las mismas, excepto los de manutención.
2. El resto de transferencias de valor realizadas por la industria farmacéutica, de instrumental médico o cualquier otra estará sujeta a la tributación habitual.
Una solicitud que ha sido desoída por el Gobierno en contra de las Cortes Generales y los profesionales sanitarios.
Ante esta situación, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que solo queda una opción para garantizar de forma real el acceso a la formación continua de nuestros profesionales sanitarios y que no repercuta de manera directa sobre ellos, e indirecta sobre los pacientes: que las administraciones públicas se responsabilicen y cumplan su mandato legal a la hora de ofrecer una formación continua, innovadora y de calidad, para que nuestros profesionales sanitarios puedan adecuar sus conocimientos a las necesidades del sistema sanitario y a los avances científicos y técnicos, según establece la ley.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a pedir al Gobierno de la Nación que traslade al Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud una propuesta de financiación, desde las administraciones públicas y servicios de salud, de la formación de nuestros profesionales sanitarios, en idénticas condiciones a las que se venían realizando en los últimos cinco años, a fin de que se consideren aptos para financiarse por la administración aquellos cursos (estancias, congresos, jornadas o cualesquiera otra actividad formativa, y sus respectivos desplazamientos, alojamientos e inscripciones, aprobados por las respectivas direcciones de los centros), así como aquellos cursos que los profesionales consideren de interés y tengan el beneplácito de los responsables de servicio o centro a fin de garantizar los criterios y normas que se venían aplicando.
En Valladolid, a 30 de mayo de 2017.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,
María Belén Rosado Diago,
David Castaño Sequeros y
José Ignacio Delgado Palacios
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
PNL/001510-01
CVE="BOCCL-09-018100"
