PNL/001585-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001571 a PNL/001614.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate y votación en la Comisión de Presidencia.

ANTECEDENTES

La arquitectura es una disciplina con una presencia importante en todas las culturas y en todas las épocas. No solo da respuesta a cuestiones básicas como la del refugio, la protección o la de habitar, sino también la de expresar cómo es la sociedad en la que se desenvuelve y los anhelos que ella tiene.

En este sentido la responsabilidad de la administración pública como uno de los entes que gestiona el territorio, lo administra y lo planifica, además de ser el principal generador de empleo y de contratos con empresas de España, es de vital importancia para el desarrollo equilibrado, equitativo, eficiente y sostenible de nuestra sociedad.

Sin embargo, en ocasiones, una estructura interna demasiado opaca y sobredimensionada, al tiempo que escasa de recursos, así como una normativa que perjudica a la mediana y pequeña empresa, no facilita a menudo el movimiento económico y la calidad en los proyectos sino que lo dificulta. Así, en los últimos años y como consecuencia de la crisis económica vivida, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se ha producido en el sector de los arquitectos una situación de precariedad insostenible. En 2013, lo explicaba muy bien el estudio de la Unión General de los Trabajadores: un 71 por ciento de ellos se encontraba en paro o empleados en negro o con sueldos muy por debajo de los 1.000 euros, de hecho, uno de cada cinco no llegaba ni tan siquiera al salario mínimo interprofesional.

En este contexto algunos aspectos de la Ley de Contratos del Sector Público, como es el sistema de bajas que prima a la hora de puntuar los proyectos a concurso o las exigencias de solvencia técnica y económica hacen imposible, en la práctica, que la mayoría de los estudios de arquitectura de nuestra Comunidad, muchos de ellos con firmas de reconocido prestigio, puedan presentarse a día de hoy a la mayor parte de las licitaciones de la administración. Y es que el sistema de bajas raya a menudo lo temerario, con reducciones del presupuesto inicial de hasta un 40 por ciento, cuyo sentido (el de ahorrar) queda diluido en el peligro y la precariedad que conlleva bajar costes a cualquier precio. Por su parte, la cuestión técnica se refiere al hecho de haber construido obra pública en los últimos cinco años, lo cual expulsa de los concursos a buena parte de los arquitectos que, aunque tenga un buen y nutrido curriculum en este sentido, debido al parón de la construcción de los últimos años, no cuentan con trabajos tan recientes. Pero, además, el hecho de que se haya convertido casi en norma exigir seguros de responsabilidad por el mismo valor, o más alto, que el precio de la obra, ha hecho que también los más jóvenes, quienes no se pueden permitir unas pólizas tan sumamente elevadas, queden excluidos.

La consecuencia evidente es que, finalmente, son las grandes empresas, las mismas constructoras que a menudo alentaban la burbuja inmobiliaria, las que están haciéndose con la mayor parte de los contratos públicos de nueva obra.

Así que, uno de los mayores problemas que viene sufriendo Castilla y León, como es la despoblación, se ve agravado en el caso de los jóvenes, pues no solo no tienen menos oportunidades sino que, además, lo tienen imposible en el caso de los nuevos arquitectos. Solo en el año 2016 se marcharon de nuestra Comunidad 14.925 personas de entre 22 y 35 años. Jóvenes titulados y sobradamente preparados.

Este panorama apremia a que encontremos soluciones que combinen en cada ámbito social, económico y cultural una respuesta para evitar la despoblación, medidas para apoyar a los jóvenes y planteamientos concretos para reactivar el tejido empresarial de nuestra Comunidad.

Por todo presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Incluir como criterio de valoración en sus contrataciones públicas la constitución, por parte de los concursantes, de equipos intergeneracionales que incluyan profesionales de reconocido prestigio y jóvenes menores de 35 años y/o de aquellos cuyo tiempo trascurrido desde su licenciatura en arquitectura no sea mayor de cinco años.

Valladolid, 18 de julio de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos