PNL/001675-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001669 a PNL/001675.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Preservar los derechos del conjunto de la ciudadanía española constituye el objetivo esencial del trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Una labor que consolida la libertad del individuo en la sociedad, independientemente de su ideología, lugar de nacimiento o cualquier otra condición. Este contexto es el que permite sentar las bases del progreso social, político y económico, gracias al buen funcionamiento de las instituciones democráticas en un Estado Social y Democrático de Derecho.

La Constitución Española, en su artículo 104, reconoce a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la misión de: "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana". Asimismo, estos cuerpos encuentran su proyección legislativa a través del desarrollo de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, donde se pretende dotar a la sociedad española de una legislación que, en esta materia, responda a las necesidades de una sociedad libre, abierta y democrática a través de la actuación de los miembros de seguridad.

En dicho régimen jurídico, el Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil encuentran el amparo a su estructura, funciones y principios de actuación, bajo la indiscutible premisa de ser el órgano garante de mantener el orden público, la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos y libertades recogidos en el Ordenamiento Jurídico.

Los acontecimientos acaecidos en Cataluña en los últimos meses, con especial atención a los recientes sucesos vividos ante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, han generado un escenario en el que la convivencia democrática entre los ciudadanos se ha puesto en tela de juicio.

Precisamente, tras la orden del Tribunal Constitucional de impedir la celebración de este acto, que suponía la ruptura del principio constitucional de que la soberanía reside en el conjunto de la ciudadanía española, el Estado de Derecho, en aras de garantizar este mandato, ha puesto en marcha un operativo de seguridad destinado a cumplir con esta obligación.

Durante las últimas semanas del mes de septiembre, cientos de Policías Nacionales y Guardias Civiles con base en Andalucía, Extremadura, Castilla y León entre otras, han sido destinados a Cataluña, para garantizar las libertades de todos los catalanes y todos los españoles, ante este "golpe a la Democracia".

Sin embargo, el desafío al orden constitucional que desde la Generalitat se pretende imponer con carácter definitivo e irrevocable continúa situando a los dirigentes separatistas al margen de la legalidad Estatutaria y Constitucional en Cataluña.

Por desgracia, el clima de conflictividad e inestabilidad social, que en estas semanas se ha recrudecido en Cataluña, se ha hecho extensivo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes han visto en peligro su integridad por culpa de actos de coacción y amenazas por parte del sector más radical del movimiento independentista. Estos hechos injustificables se suman a los actos de boicot vividos en las sedes de algunos partidos constitucionalistas en Barcelona, así como los escraches ante la Jefatura de Policía de Cataluña o la Consejería de Hacienda.

Junto a estos, se han repetido decenas de situaciones de acoso a personas y familiares cercanos de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que han puesto en grave riesgo su actividad diaria y convivencia pacífica.

Ante este grave contexto, es necesario reconocer y acompañar a todos los miembros y familiares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han demostrado un inquebrantable compromiso con su labor como garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía española.

Junto a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, las Instituciones españolas, y las fuerzas constitucionalistas deben poner en valor el Estado de Derecho y la democracia como fórmulas que impidan que la ilegalidad se imponga sobre la ley. Nuestra respuesta ante este golpe insólito a la democracia ha de ser unánime.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Transmitir el compromiso de las Cortes de Castilla y León con el cumplimiento de la legalidad democrática en Cataluña y con la consiguiente labor que para ello están desarrollando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

2. Rechazar y condenar todas aquellas acciones que en los últimos días han supuesto ataques y actos vejatorios contra los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que están realizando su trabajo en Cataluña.

3. Transmitir el apoyo y el cariño de las Cortes de Castilla y León a los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que sirven con lealtad y entrega en sus funciones para preservar el respeto a la ley y la convivencia entre los españoles.

En Valladolid, a 10 de octubre de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez