PNL/001851-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001849 a PNL/001859.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 constituyen una barrera económica que afecta a todo el noroeste de España y su comunicación con Madrid. Especialmente para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde el sur con las provincias de Segovia y Ávila tienen un hándicap para el desarrollo económico y social, dificultando que se genere empleo y riqueza, a pesar de estar situadas a escasos kilómetros de Madrid. Muestra de ello son los altos índices de desempleo y despoblación.

Estos peajes constituyen un ejemplo de desigualdad con respecto a otras provincias limítrofes con Madrid, y que se sitúan a la misma distancia, por tanto, afrontar este problema es un factor decisivo para el desarrollo económico en el territorio, ya que de esta forma se facilitaría que las empresas que busquen una ubicación en la periferia de Madrid se puedan instalar en estas provincias generando empleo directo. A lo que habría que añadir la subsistencia de las empresas ya establecidas, ya que en la actualidad el pequeño tejido empresarial se ve obligado a incrementar sus costes en el transporte y envío de mercancías, lo que supone una reducción excesiva de sus márgenes comerciales para poder ser más competitivos.

Por lo tanto, si las pequeñas y medianas empresas no son capaces de generar empleo en el territorio, la consecuencia directa es que la población tiene que salir a buscarlo a otros lugares.

Por otro lado, la existencia del peaje de la AP-6 provoca la total masificación de vehículos en la alternativa gratuita a la AP-6 que constituye la carretera N-VI. Una vía que según datos de la propia Dirección General de Tráfico contempla una media de 12.000 vehículos diarios, de los cuales 1.200 son vehículos pesados. Esta gran cantidad de tráfico transita por zonas protegidas como son la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar y los márgenes del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y también su paso por núcleos urbanos como es el caso de la localidad segoviana de San Rafael. Ello provoca una situación de gran inseguridad tanto ambiental pero sobre todo personal, que en caso de San Rafael ha derivado en numerosos accidentes y atropellos en su travesía, algunos de ellos con víctimas mortales. A raíz de ello, actualmente la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento han entablado negociaciones para proporcionar soluciones a esta problemática. Entre ellas la subvención del tráfico pesado por la AP-6 para liberar la N-VI. La eliminación del peaje en esta supondría una posible solución a la problemática en la Travesía de San Rafael y, por lo tanto, se pondría fin al grave problema de seguridad vial que vive el municipio.

En el año 1999 el Ministerio de Fomento concede a Iberpistas las obras de la AP-51, la AP-61, el túnel reversible y varios ramales de conexión. Además amplía la concesión del peaje del túnel de la AP-6 de 2018 hasta 2050. Esta decisión fue objeto de recurso ante la Comisión Europea.

En el año 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE/2010/111) dictaminó en sentencia firme la ilegalidad de la concesión del contrato de las obras y la ampliación del peaje para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), por lo que la Comisión Europea sancionó a España por vulnerar la normativa de contratación pública Europea.

En el año 2012 el Ministerio de Fomento modifica la concesión para cumplir la sentencia. Reduce la concesión a Iberpistas en 7 años y le indemniza con una cantidad que todavía no es pública. Tras esos 7 años volverán a salir a "concurso". El Real Decreto aprobado por Fomento (Real Decreto 488/2012, de 5 de marzo) establece que en noviembre de 2019, y en función del tráfico real del túnel y las autopistas desde 1999, el Ministerio decidirá si la concesión se prolonga hasta 2032 o hasta 2037.

A la sentencia del Tribunal Europeo hay que añadir la falta de gestión que ha tenido la concesionaria ante situaciones de crisis como se pudo ver el pasado fin de semana del 6 y 7 de enero de 2018 con un colapso, implicando a miles de conductores, por el temporal de frío y nieve, a pesar de haber sido anunciado por la AEMET.

Esta imprevisión por parte de la concesionaria hizo que miles de vehículos quedasen atrapados en esta vía durante más de 17 horas, con temperaturas bajo cero y con un temporal que, según se adentraba la noche, arreciaba con más virulencia. Desde las 20 horas del sábado 6, que se cerró la circulación, hasta las 14.30 horas del domingo 7, que se volvió a abrir. Situación que ya se había repetido en años anteriores como el 2009 y 2011, donde tuvieron que ser los servicios públicos (Guardia Civil, UME...) los que tuvieron que gestionar la mala planificación en la gestión de crisis de la AP-6.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España instándole a:

1) El cumplimiento estricto de la sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE/2010/111) donde se declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), informando sobre el cumplimiento de dicha Sentencia a este parlamento.

2) A que una vez se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje reseñadas no se volverán a prorrogar y no se sacará una nueva concesión, por lo que a partir de ese día los que circulen por ellas lo harán libre de peajes.

3) Aplicar fórmulas compensatorias viables técnica y económicamente para eliminar el agravio histórico que sufre la ciudadanía de Ávila y Segovia por el pago de peaje por utilizar vías de alta capacidad que les conectan con Madrid.

4) Hacer un seguimiento de cumplimiento del contrato por parte de las empresas concesionarias, garantizando que estos contratos son muy exigentes con las condiciones de seguridad que tiene que garantizar, evitando que se vivan episodios como el de las últimas nevadas de este mismo mes.

5) Poner en marcha las actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada la AP-6 libre de peajes como variante de la localidad de San Rafael (Segovia)".

Valladolid, 18 de enero de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández