PE/007022-2

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/006618, PE/006619, PE/006677, PE/006695, PE/006750, PE/006751, PE/006839, PE/006865, PE/006866, PE/006874, PE/006875, PE/006879, PE/006885, PE/006912, PE/006913, PE/006918, PE/006924 a PE/006927, PE/006929 a PE/006932, PE/006934 a PE/006950, PE/006960, PE/006964 a PE/006983, PE/006985, PE/006989, PE/006992, PE/007022, PE/007025 a PE/007031, PE/007036, PE/007038, PE/007042, PE/007043, PE/007045, PE/007046, PE/007050, PE/007052, PE/007053, PE/007055, PE/007058, PE/007061, PE/007066, PE/007068, PE/007069, PE/007072, PE/007074, PE/007081, PE/007082, PE/007084, PE/007086, PE/007087, PE/007090, PE/007092, PE/007098, PE/007102, PE/007103, PE/007108 a PE/007113, PE/007120, PE/007134, PE/007137 a PE/007139, PE/007142, PE/007148, PE/007152, PE/007155, PE/007158, PE/007160 a PE/007162, PE/007170 a PE/007176, PE/007179, PE/007180, PE/007184, PE/007188, PE/007199, PE/007200, PE/007203, PE/007226, PE/007227, PE/007229 a PE/007235, PE/007237 a PE/007240, PE/007243, PE/007246, PE/007251, PE/007254, PE/007255, PE/007259, PE/007268, PE/007273, PE/007278 a PE/007280, PE/007282, PE/007285, PE/007287, PE/007288, PE/007290 a PE/007292, PE/007321 a PE/007347, PE/007349, PE/007363 a PE/007365, PE/007368, PE/007370, PE/007373, PE/007386, PE/007393, PE/007399 a PE/007403, PE/007429, PE/007430 y PE/007473, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de enero de 2018.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./0907022, formulada por D. Luis Mariano Santos Reyero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla y León para ayudar a las Juntas Vecinales al cobro de los derechos reconocidos en su favor por la sentencia del Supremo que condena a las eléctricas a pagar por el uso del espacio público.

El compromiso asumido por la Junta de Castilla y León durante el debate de la Pregunta Oral ante Pleno 357 formulada el 21 de febrero del 2017 consistía en ayudar, si fuera necesario, a las Entidades Locales Menores, para poder hacer efectivos los derechos reconocidos por la sentencia del Tribunal Supremo en favor de las juntas vecinales.

En cumplimiento del mencionado compromiso, se convocó a una reunión a los diputados provinciales responsables de los servicios de asistencia y asesoramiento de municipios de las Diputaciones Provinciales de Burgos, León y Palencia, reunión que se celebró el día 5 de abril de 2017, y a la que asistieron por parte de la Junta de Castilla y León la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales y el Director de Ordenación del Territorio y Administración Local. El motivo de convocar inicialmente solo a estas tres Diputaciones no es otro que la existencia en estas tres provincias de la gran mayoría de las Entidades Locales Menores de Castilla y León (2.105 ELM, que representan el 95% del total), y que, estando afectadas por esta cuestión, pudieran estar más necesitadas de apoyo, todo ello sin perjuicio de extender las actuaciones a la totalidad de las entidades locales menores de la Comunidad Autónoma.

El propósito de esa reunión fue buscar la debida coordinación entre la Administración Autonómica y esas tres Diputaciones Provinciales, en relación con aquellas actuaciones o medidas que se pudieran acordar en el ámbito del asesoramiento a municipios y entidades locales menores respecto a esta cuestión, es decir, cómo asesorar y prestar asistencia técnica a éstas en el cobro de tasas a las compañías eléctricas por el uso de suelo y vuelo en el transporte de electricidad y gas.

En primer lugar, se puso de manifiesto la dificultad que entrañaba la cuestión, principalmente por la concurrencia de los siguientes elementos:

– La disparidad de criterios que se aprecia en las diferentes sentencias dictadas en la materia.

– El inevitable y elevado coste económico derivado de la necesidad de elaboración de un previo estudio técnico económico de mediciones, que es imprescindible para poder hacer efectiva y poner en funcionamiento la correspondiente tasa fiscal, coste que inevitablemente tendrá que asumir cada entidad local afectada.

– La necesidad de elaboración del inventario de los bienes que atraviesan las redes, tanto por el aire, como por el suelo y subsuelo, ya que únicamente se puede imponer la tasa en dominio público, coste que también tendrá que asumir cada entidad local afectada.

No obstante, y aun conociendo estas dificultades, se aceptaron las recomendaciones que ha realizado la FEMP, publicadas en su página web en el enlace http://femp.femp.es/CartaLocaI/Front/Noticias/CL_ContenidoDetalle/_sYcniRvuy5kWRlfMc-G7LXs4EiFylsPN2RHCcbVllJM, como pautas a seguir en este asunto, considerando que el cauce más adecuado para prestar la asistencia técnica sea a través de los correspondientes Servicios de Asistencia y Asesoramiento a municipios de las Diputaciones Provinciales.

Si una vez aplicadas las medidas anteriores, no fueran suficientes, se plateó como posibilidad de actuación la elaboración de un modelo tipo de ordenanza que fuera más o menos uniforme en todas las provincias, teniendo en cuenta los pronunciamientos de las sentencias.

Por último cabe informar que, con posterioridad a la mencionada reunión, se ha creado un Grupo de Trabajo con estas tres Diputaciones Provinciales vía telemática, para aportar cuanta documentación e información nueva pueda surgir y ser interesante en este asunto, de cara a ir implementando y ampliando las medidas más acertadas.

Valladolid, 20 de diciembre de 2017.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA,Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López