PNL/002025-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de abril de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002018 a PNL/002027.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de abril de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Laura Domínguez Arroyo, don Félix Díez Romero y doña María Josefa Rodríguez Tobal, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ANTECEDENTES

La atención residencial en nuestra Comunidad Autónoma, sin ser uno de los servicios más demandados (como sí lo son los servicios profesionales en el hogar) sí es uno de los más esenciales, al dar cobertura durante 24 horas a las personas mayores, tanto dependientes como no dependientes y atendiendo así sus necesidades sociales, sanitarias y de ocio en un único servicio. Sin embargo, es más que evidente que la Junta de Castilla y León no realiza esfuerzos por mantener este servicio con calidad, presupuesto y medios materiales y humanos, teniendo como consecuencia un alto número de plazas residenciales privadas, seguida de concertadas y por último de carácter público. Tal es así, que en nuestra Comunidad existen el doble de plazas residenciales privadas que públicas, obligando a las familias a que recurran a los servicios privados, por ser inmediatos aunque mucho más caros y, en general, de peor calidad.

Privatizar un servicio esencial como es el residencial en una Comunidad Autónoma como la nuestra, donde un 23 % de la población tiene más de 65 años, repercute directamente en la asistencia que se da a los usuarios y usuarias así como en las condiciones laborales de las personas que se dedican a los cuidados de nuestra tercera edad.

En la provincia de Soria existen dos residencias para la tercera edad dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, la residencia mixta "Los Royales" en Soria capital y la residencia de personas mayores "Virgen del Rivero" en San Esteban de Gormaz. Un número de plazas residenciales claramente insuficiente para una provincia sobreenvejecida donde sólo en la residencia "Los Royales" hay en torno a 60 personas en lista de espera de forma permanente.

Aparte del problema de la insuficiencia de plazas, la residencia de San Esteban de Gormaz plantea un problema claro de gestión y funcionamiento. Es una residencia de personas asistidas prácticamente en su totalidad, con muchos casos de dependencias profundas Grado III, por lo que la necesidad asistencial es enorme y no siempre las ratios normativas son suficientes para una atención adecuada. Cuenta con 90 plazas, de las cuales actualmente 31 corresponden a Unidades de Convivencia (modelo "En mi casa").

Hasta 2008, aunque la residencia pertenecía a la Junta de Castilla y León, era la Diputación de Soria quién mantenía económica y funcionalmente dicha residencia, asumiendo la Junta los gastos de mantenimiento de la misma, pero el resto asumido por la Diputación en una gestión 100 % pública. Finalmente, la residencia pasó íntegramente a manos de la Junta, que la privatizó desde el primer momento sin análisis ninguno sobre las consecuencias y en un año donde aún no se habían producido los grandes recortes en servicios públicos y las arcas públicas no contaban con los sobrevenidos problemas posteriores.

De esta manera, desde el 1 de enero de 2008 la residencia pasó a estar gestionada por la empresa Aralia a través de un contrato con diez años de duración que este mismo año, al vencer el anterior, se ha renovado por otros diez.

No tenemos conocimiento del grado de supervisión que sobre dicha residencia ha tenido la Gerencia durante estos diez años, ni si se han dado sanciones sobre dicha empresa por incumplimiento de contrato, lo que sí es cierto es que el servicio desde que fue dejado de gestionar por la Diputación de Soria ha mermado considerablemente tal y como denuncian usuarios y usuarias, familiares y la propia plantilla.

El cumplimiento de ratios de personal no es el adecuado para el servicio a grandes dependencias que debe darse, las dos unidades de convivencia implantadas no se han realizado con el personal ni los medios suficientes, el personal técnico requerido no se encuentra disponible en horario de jornada completa, así como otras insuficiencias que provocan un peor servicio y una carga de trabajo sobre los y las profesionales que son quienes deben sacar la residencia adelante sin que la Gerencia supervise ni controle a la empresa contratada y sin que la propia empresa palíe las deficiencias en aras de su propio beneficio empresarial. Es evidente la falta de personal y de medios materiales, no se cubren las bajas y vacaciones y no se gestionan bien los turnos de personal.

En conclusión, la empresa no da el servicio adecuado que se espera de una residencia que pertenece a la Gerencia de Servicios Sociales, que a su vez está haciendo dejación de funciones en su labor de control y supervisión del contrato. Entendemos que dicha empresa no está en condiciones de seguir gestionando este servicio y que la Gerencia debe asumirlo de forma directa para conseguir el nivel de calidad que se espera de un servicio público esencial.

Todo ello sin que vaya en detrimento del personal que actualmente se encuentra en la plantilla, que han sostenido con una carga de trabajo aumentada el servicio a pesar de la mala gestión y la falta de medios y que deben ser mantenidos a través de los mecanismos de contratación oportunos para que pasen a ser personal dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales para que sigan realizando su labor. La recuperación de la gestión pública debe servir para mejorar las condiciones laborales del personal ya existente y ampliar la generación de empleo en una población donde esta residencia es de las mayores empleadoras y supone la fijación de población en una provincia donde la despoblación es un elemento a combatir.

Por todo lo expuesto presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Recuperar la gestión pública de la residencia "Virgen del Rivero" de San Esteban de Gormaz a través de una rescisión del contrato con la empresa concesionaria por la no prestación de un servicio de calidad con recursos materiales y humanos suficientes, realizando el oportuno control para la aplicación de las posibles sanciones por incumplimiento del contrato.

2. Mantener al personal actual contratado en la residencia, implementando las medidas oportunas para que pase a ser personal dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales a través de un acuerdo de gestión de recursos humanos.

3. Aumentar la plantilla para atender las necesidades asistenciales que no están cubiertas actualmente y aumentar los medios materiales y presupuestarios para la prestación desde lo público de un servicio de calidad".

Valladolid, 16 de abril de 2018.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo,

Félix Díez Romero y

María Josefa Rodríguez Tobal

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos