M/000113-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de octubre de 2018, ha admitido a trámite la Moción, M/000113, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de violencia de género, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 25 de septiembre de 2018.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación 113 relativa a Política general en materia de violencia de género:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Impulsar la modificación de la Ley 13/2010 de 9 de diciembre Contra la Violencia de Género en Castilla y León adaptándola a lo aprobado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

2. Elaborar y aprobar el Reglamento Desarrollo de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, Contra la Violencia de Género en Castilla y León.

3. Adoptar las medidas necesarias para la inmediata regulación de la atención integral de las víctimas de violencia de género.

4. Reponer todos los recursos humanos y materiales recortados en políticas de lucha contra la violencia de género, con un aumento de las cuantías de al menos un 45 %.

5. Incrementar profesionales en la Dirección General y en las Secciones Provinciales de Mujer.

6. Determinar una planificación del área 6 de la Agenda para la igualdad de género 20/20 que se concreta en 4 objetivos de la Junta de Castilla y León contra la violencia de género, su compromiso con una calendarización y una financiación mayor de la existente en la actualidad para que se puedan cumplir los objetivos.

7. Garantizar la aplicación eficaz y efectiva del modelo de Atención integral a las víctimas de violencia de género "Objetivo Violencia Cero", adoptado por Acuerdo 30/2015, de 10 de septiembre, a través de una suficiente dotación de medios y recursos y de un seguimiento adecuado de las actuaciones.

8. Establecer un reglamento de funcionamiento del Consejo Territorial, revisando su composición con objeto de ampliar la participación y estableciendo obligatoriedad formal de convocarse de manera más habitual y continuada.

9. Reabrir de forma inmediata el Centro de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia de Género o Abandono Social que se ha cerrado en Salamanca y así dar servicio a las provincias de Zamora, Salamanca y Ávila principalmente.

10. Implantar una red de Centros de Día con financiación preferente gestionadas por las entidades locales.

11. Poner en marcha un programa específico de atención a víctimas potenciando los Centros de Día fomentando programas de autoprotección tanto de defensa personal como con perros adiestrados así como programas de restauración de daños psicológicos y autoestima con acceso gratis en cualquier fecha del año a programas de mantenimiento y mejora físicos, vacaciones colectivas, etc.

12. Aumentar los Puntos de Encuentro Familiar de titularidad de gestión pública a todos los municipios con más de 10.000 habitantes, incrementando de este modo la insuficiente red actual ya que sólo existen en las capitales de provincia quedando sin servicio el mundo rural, configurando de esta manera un servicio autonómico de Puntos de Encuentro Familiar.

13. Mejorar las condiciones de trabajo de todos y todas las profesionales de los centros de emergencia e incrementar la plantilla de agentes de igualdad y expertos y expertas en violencia de género en aquellas instancias en las que se requiera evitando que la atención a las víctimas de violencia de género esté en manos de instituciones u organizaciones sin formación específica.

14. Incrementar la financiación a los ayuntamientos y diputaciones para que en los CEAS se cuente al menos con un agente de igualdad y/o expertos en violencia de género, facilitando que el profesional de referencia tenga formación en género.

15. Incrementar los recursos para los equipos multiprofesionales de apoyo a la familia.

16. Aumentar el número de Equipos Psicosociales exclusivos, con al menos uno en cada provincia.

17. Elaborar y aprobar un Reglamento para las Casas de Acogida, impulsando una red pública de manera que cada capital de provincia pueda contar con una Casa de Acogida, con personal especializado y formación adecuada para la atención directa, presencial y acompañamiento de las víctimas de manera permanente.

18. Incrementar la transparencia en la concesión de ayudas para la financiación y gestión de las Casas de Acogida exigiendo formación específica en violencia de género a las personas trabajadoras de estos centros apostando por una gestión pública y laica de los mismos.

19. Potenciar el uso del teléfono 016 como servicio de alerta, información y asesoramiento a las víctimas de violencia de género y puesto que el teléfono 012 también atiende en Castilla y León los casos de violencia de género incrementar la atención del 012 para que ofrezca atención especializada durante las 24 horas del día, contando con profesionales expertos en violencia de género y resolviendo el problema de que la llamada deje rastro en la factura.

20. Reforzar los convenios de colaboración con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que están llevando a cabo la atención a las víctimas en nuestra Comunidad, incrementando la transparencia en la concesión de ayudas y subvenciones, evitando graves discriminaciones entre ellas por carencia de criterios objetivos y extendiendo una atención sin agravios entre unas provincias y otras.

21. Elaborar un catálogo de medidas específicas, suficientemente financiadas para atender a las mujeres en el medio rural, tendentes a evitar la desigualdad de trato en relación con el lugar en donde viven, poniendo en marcha medidas destinadas a la prevención y sensibilización con acuerdos con ayuntamientos y diputaciones creando una red de locales idóneos para terapias (cuando las víctimas no puedan desplazarse), que cubra todas las zonas rurales donde los profesionales carezcan de despacho y que exista una coordinación con los responsables de secciones de mujer, salud, casas de acogida, educación y Centros de Acción Social. Incrementando los medios de atención a las víctimas en las zonas rurales, por las diferencias que se dan en la actualidad en cuestiones tan graves como la accesibilidad a los CEAS, la presencia de abogado, psicólogo, los juicios rápidos, o el acceso a la red para las pulseras de protección.

22. Crear Servicios de Urgencia Social en todas las provincias que garanticen la atención integral de las víctimas de violencia para que una vez que la víctima presenta denuncia en las dependencias policiales o cuarteles de la guardia civil, pueda ser atendida por profesionales específicos expertos en violencia de género: abogada/o, psicóloga/o y trabajador/a social en menos de 30 minutos, independientemente del lugar donde resida y del horario en que se produzca la denuncia.

23. Desarrollar un programa específico impartido por personal especializado en violencia de género para la formación de profesionales sanitarios, de educación, de servicios sociales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ejerzan en el medio rural.

24. Articular mecanismos que permitan que las medidas de protección vinculadas a las nuevas tecnologías puedas ser utilizadas con garantías en las zonas rurales que no disponen de cobertura y acceso a las redes.

25. En relación con las ayudas económicas a las víctimas y los menores que los requisitos se adapten al Pacto de Estado y se produzca un incremento presupuestario para las ayudas económicas acorde con la realidad.

26. En relación con la Renta Garantizada de Ciudadanía establecer una serie de modificaciones en el caso de las víctimas de violencia de género para que pueda tramitarse de manera urgente todo el expediente reduciendo los plazos de tramitación y resolución, así como exigencias de requisitos y documentación referidos a la justificación de ingresos, unidades de convivencia, situación patrimonial, etc.

27. Incrementar la ayuda económica hasta 1.500 euros, incrementada en un 20 % por cada miembro de la unidad familiar que carezca de recursos, para las víctimas de violencia de género una vez superado el periodo de estancia en Casa de Acogida, con el objetivo de favorecer su autonomía. Ayuda que será resuelta en un plazo no superior a 20 días.

28. Llevar a cabo una línea de subvenciones y ayudas para las víctimas de violencia o en su caso sus hijos e hijas para: facilitar el acceso a un puesto de trabajo, la puesta en marcha de negocios para poder establecerse como trabajadoras autónomas; acceso preferente a la vivienda tanto en alquiler como en propiedad, priorizando las ayudas al alquiler en caso de necesidad; discriminación positiva en requisitos, plazos de solicitud, criterios de valoración y tasas (o precios públicos), para el acceso a escuelas infantiles, centros educativos de todos los niveles y especialidades (incluyendo las escuelas oficiales de idiomas y centros concertados), ayudas de libros o comedor, centros abiertos, actividades extraescolares, etc.

29. Ampliar el convenio con el Consejo de la abogacía de Castilla y León y con los Colegios de Abogados y que las actividades vayan más allá de la sensibilización y formación dotando al turno especializado de violencia de género que se presta desde los colegios de abogados un nuevo sistema que garantice la atención inmediata de las víctimas de violencia de género, así como su privacidad. Además que cuando las víctimas que los soliciten y tengan expediente abierto en las Secciones de Mujer pueda ser el mismo profesional de la abogacía y procuraduría con experiencia y cualificación quien ostente su defensa y representación en todos los procesos e instancias judiciales a fin de evitar los cambios de estos profesionales con cada nuevo proceso, que sean abogados o abogadas formados en violencia de género; que se incremente el número de profesionales para hacer frente a este servicio, que se mejoren las condiciones económicas de estos y que se garantice que existe un equipo interdisciplinar de profesionales expertos en violencia hacia las mujeres en todos los turnos de oficio especiales en toda la Comunidad. Así como elaborar un "Código de buenas prácticas" para todos los integrantes del turno de oficio especializado en violencia.

30. En materia de justicia instar al Gobierno de España a incrementar el número de letrados de guardia en los municipios y capitales de provincia de nuestra Comunidad por ser insuficientes al día de hoy y que cuenten con formación específica en violencia de género.

31. Campañas específicas de información, prevención y formación a los profesionales en el ámbito de la sanidad pública, especialmente en atención primaria y servicios de urgencias, para detectar el maltrato precoz. Ampliar la formación y recursos para que sea más eficaz y efectivo el Test de CRIBADO.

32. Modificar, mejorar y modernizar el protocolo de Castilla y León de agresiones sexuales.

33. Dar prioridad, sin permanecer en lista de espera, a las víctimas de violencia de género y agresiones sexuales en el servicio de Salud Mental del SACYL.

34. Impulsar campañas de formación permanente en igualdad y contra la violencia de género en los centros escolares de la Comunidad, con programas preventivos y formativos, planteando también programas y cursos obligatorios de formación específica en igualdad para los docentes.

35. Introducir en el currículo de todas las etapas educativas obligatorias y no obligatorias, incluida la Universidad, la educación para la igualdad y lucha contra la violencia de género.

36. Llevar a cabo actuaciones específicas de prevención, información y sensibilización para hacer frente a las nuevas formas de violencia desde las redes sociales y con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, con especial incidencia en los colegios, institutos y Universidades, así como nuevas estrategias para neutralizar el machismo en el deporte y en el ocio de la juventud.

37. Crear un sistema específico o protocolo para la coordinación entre todas las instituciones que actúan en el proceso de atención y protección a las víctimas. Garantizando una intervención, apoyo inmediato y urgente de los profesionales en psicología y asistencia legal inmediata a las víctimas desde el primer momento, resolviendo las trabas en relación a la asistencia psicológica a los menores, facilitando instalaciones con mayor privacidad para las mujeres, garantizando órdenes de protección si la víctima denuncia en un CEAS, medidas prioritarias de protección, etcétera.

38. Con objeto de empoderar y fortalecer a las mujeres víctimas incrementar el número de sesiones de apoyo psicológico y emocional a las mujeres evitando que los informes psicológicos realizados para la víctima se puedan utilizar con otros fines distintos (convenios reguladores de separaciones, valoración de lesiones, custodias de hijos, etc.).

39. Impulsar la adhesión de las policías locales al Sistema VIOGEN, siendo muy grave que hoy en día haya solamente 2 en Salamanca y 5 en Ávila.

40. Que se establezcan mecanismos de control y sanción cuando se incumplen los protocolos.

41. Fomentar el acceso a la educación y la formación para el empleo para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas y en el ámbito laboral.

42. Incorporación efectiva de las mujeres víctimas de violencia machista a los programas de formación e inserción laboral promovidos por los servicios públicos de empleo y en el marco de los Planes de Empleo autonómicos, locales y provinciales.

43. Adoptar medidas urgentes frente a la violencia económica como es la Brecha salarial.

44. Poner en marcha mecanismos y normativa específica para luchar contra el acoso sexual y las violencias de género que se produzcan en el ámbito del trabajo.

45. Intensificar las campañas y actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de prevención y lucha contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo en las empresas.

46. Articular ayudas para implantar Planes de Igualdad en las empresas, vigilando la inclusión de cláusulas de igualdad en los convenios colectivos y promoviendo protocolos de actuación en las empresas como medidas de información, sensibilización y prevención de violencia de género en el mundo laboral.

47. Instar a la elaboración de protocolos de actuación en las empresas ante casos de violencia de género.

48. Impulsar campañas específicas y permanentes en los medios de comunicación, vigilando que los mensajes publicitarios no sean sexistas, induzcan a la violencia o carezcan de criterios igualitarios, elaborando un código ético de obligado cumplimiento.

49. Establecer un compromiso con los medios de comunicación de ámbito regional para eliminar todo tipo de anuncio que atente contra la dignidad e integridad de las personas, fundamentalmente contra mujeres y niñas, como la prostitución, la esclavitud sexual o la trata.

50. Eliminar cualquier forma de financiación pública a través de subvenciones, contratación o publicidad, en los medios de comunicación que no suscriban el compromiso de no publicar anuncios de carácter sexual.

51. Impulsar una estadística en la Comunidad con el número de mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia machista, computando también el número de mujeres que presentan secuelas físicas o psíquicas consecuencia de las agresiones por violencia de género y/o agresiones sexuales.

52. Impulsar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que, teniendo en cuenta los Convenios Internacionales y las Directivas Europeas, regule los mecanismos para prevenir, detectar, proteger y asistir a las víctimas de trata que afecta fundamentalmente a mujeres, niñas y niños, así como mejorar la coordinación, cooperación e intervención a nivel nacional y en el ámbito internacional para luchar contra las mafias criminales y las redes internacionales de tráfico de seres humanos y permita, tal como recoge la Comisión Europea, una actuación más unificada y disuasoria ante la delincuencia transfronteriza relacionada con la Trata de Seres Humanos.

53. Instar al Gobierno de España a impulsar la inclusión en la Constitución española del blindaje de la igualdad entre mujeres y hombres y de la lucha contra la violencia de género, con la obligación de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para erradicar la violencia machista.

Valladolid, 1 de octubre de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández