PNL/002309-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de diciembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002306 a PNL/002309.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de diciembre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

La caza es una actividad tradicional desarrollada en nuestra Comunidad Autónoma desde tiempos inmemoriales. Su concepción y consideración han cambiado en el tiempo como consecuencia de las variaciones producidas en la estructura de la sociedad, en las formas de vida, en los patrones culturales, políticos y administrativos. Pero también debido a los cambios en la estructura de nuestro paisaje rural, donde el abandono de muchas tierras de cultivo que han sido sustituidas por monte ha favorecido más a las especies de caza mayor, como el corzo, el ciervo o el jabalí, frente a algunas de nuestras especies de caza menor más clásicas como la perdiz.

Si bien en sus orígenes la caza se configuraba como una actividad de supervivencia abastecedora de alimentos, a lo largo de la historia esta finalidad ha ido perdiendo importancia y en la actualidad la caza se presenta como una actividad de ocio que debe ejercitarse de manera racional y ordenada, en definitiva, de forma sostenible, de tal manera que se garantice la existencia permanente del propio recurso y la estabilidad de los procesos y equilibrios naturales.

Por otra parte, en los últimos años la caza ha adquirido una nueva dimensión como actividad económica generadora de empleo y renta en el medio rural, dadas sus inmejorables condiciones para el desarrollo de la fauna cinegética y su situación geográfica. Y adicionalmente, es capital la importancia de la actividad cinegética como herramienta de gestión y control de las poblaciones de ungulados silvestres, de jabalíes, de lobos o de conejos, que permite reducir los daños ocasionados por esta fauna silvestre sobre los cultivos, la ganadería o los accidentes de tráfico.

En relación con lo que se refiere a la actividad cinegética, de la superficie total de Castilla y León más del 88 % son terrenos cinegéticos y la mayor parte de los mismos (algo más de 77.870 km2) están constituidos bajo la figura de cotos privados de caza. A nivel provincial, Burgos, León y Salamanca son las provincias con mayor superficie acotada, la cual supera ampliamente el millón de hectáreas en cada una de ellas.

En los terrenos cinegéticos destinados a finalidades de interés general, bien sea para la conservación, como las Reservas Regionales de Caza, para facilitar el acceso a todos los cazadores o para la regulación de las poblaciones cinegéticas, como es el caso de las Zonas de Caza Controlada, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como titular cinegético, es responsable de las labores de administración, gestión y vigilancia.

Las Reservas Regionales de Caza suman en Castilla y León una superficie de 547.271 hectáreas en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora, mientras que las Zonas de Caza Controlada suman 22.711 hectáreas en las provincias de Burgos, León, Salamanca, Soria y Segovia. En cuanto a los Cotos Regionales de Caza existen 4 en las provincias de Ávila y Valladolid, que suman una superficie de 6.519 hectáreas.

Es importante destacar también que en el caso de Castilla y León está más que constatado que la sobreabundancia de poblaciones de ungulados silvestres, fundamentalmente ciervo y jabalí, en los hábitats de especies catalogadas en peligro de extinción (como por ejemplo el urogallo cantábrico, o el oso pardo cantábrico) es negativa para estas dos últimas especies, por lo que la gestión de las poblaciones cinegéticas se impone como una medida fundamental para la conservación de las especies más amenazadas.

Existe un estudio de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2016, titulado "España. Impacto de la depredación sobre las poblaciones de urogallo cantábrico", constata que zorro (30,8 %), jabalí (5,1 %) y córvidos (2,6 %) son los responsables de la depredación de las puestas, que probablemente se mejoraría el éxito reproductor si se intensifica la caza regular de jabalíes y de zorros y que es conveniente realizar las cacerías habituales de jabalíes en el área donde el urogallo tiene densidades elevadas.

Por otra parte las cifras de siniestralidad que ocasiona la fauna silvestre cinegética constituyen un motivo de preocupación en todos los países de la Unión Europea. Las políticas públicas de seguridad vial exigen la reducción de los efectivos de poblaciones de ungulados en determinadas comarcas de forma prioritaria por parte de los poderes públicos y, para lograr esta medida, la herramienta más efectiva es la caza. El estudio de la Universidad Complutense de Madrid firmado por Antonio Sáenz-de-Santa-María, José L. Tellería, "Wildlife-vehicle collisions in Spain", European Journal of Wildlife Research, de junio de 2015 cifra en 105 millones de € al año el coste de los accidentes de fauna salvaje, concluyendo que los animales que más costes acarrean son los cinegéticos.

De hecho, en España, según los datos de la Dirección General de Tráfico, en el año 2016 se han un total 427 accidentes con VÍCTIMAS ocasionados por la fauna cinegética, ocasionando 4 muertos, 39 heridos hospitalizados y 515 heridos no hospitalizados. La tendencia al alza de la siniestralidad viaria ocasionada por una especie va inequívocamente ligada a la muy favorable situación poblacional de la misma, medida en términos de capturas realizadas.

De este modo vemos como el incremento de la población de dichas especies tiene una incidencia directa en el número de accidentes y víctimas en carretera. Así pues, es posible afirmar que la disminución o ausencia de actividad cinegética podría suponer un aumento de la siniestralidad vial causados por dicha fauna, con una agravación evidente del riesgo para las personas. Y a ello ha de añadirse que, sin el apoyo de la actividad cinegética, las Administraciones públicas carecen de medios para llevar un control poblacional que permita controlar esta circunstancia.

Por otro lado, el impacto económico en Castilla y León es muy relevante. Un total de 1.800 entidades locales (ayuntamientos, juntas vecinales y entidades locales administrativas) son titulares de cotos, de modo que sus presupuestos anuales de funcionamiento dependen en gran medida, en las rentas percibidas de los contratos de arrendamiento cinegéticos. Como es evidente, la mayoría de dichas entidades locales son de pequeña entidad y están situadas en un entorno rural. La reducción de la actividad cinegética produciría una importante merma en sus ingresos con importantes consecuencias en su Presupuesto Anual, de modo que los servicios esenciales que estas pequeñas administraciones locales prestan a la ciudadanía quedarían condicionados a la ausencia de dotación.

Debe indicarse que precisamente las comarcas rurales de Castilla y León, especialmente las menos industrializadas o pobladas, son las más vinculadas respecto de los ingresos derivados de la caza, hasta el punto de que tales ingresos constituyen, a día de hoy, la única renta en cuanto a recursos naturales renovables y que, indirectamente, la actividad cinegética prestada por el turismo de este tipo es capaz de dinamizar sectores hosteleros que durante la época invernal, donde si no es por este tipo de visitantes, deberían realizar una parada económica a la espera de un turismo más vinculado a la época estival. Es decir, es una actividad económica esencial en la economía local y contribuye, además, en gran medida, a evitar la despoblación de Castilla y León.

Existen estudios científicos como el de José Luis Garrido, del año 2012 "LA CAZA. SECTOR ECONÓMICO. Valoración por subsectores" y que ha cifrado el impacto económico anual generado por la caza en la Comunidad de Castilla y León en no menos de 506.000.000 € y en no menos de 8.000 empleos. Se cifra solamente el valor de arrendamiento de la hectárea de terreno cinegético en 15 € lo que, en términos de rentas cinegéticas para los propietarios de los terrenos que componen los cotos privados de caza de Castilla y León podría representar ingresos valorados en 117.000.000 €, solamente en concepto de rentas cinegéticas.

A ello ha de añadirse que, en el caso de las reservas regionales de caza, cuya titularidad cinegética es ostentada por la Junta de Castilla y León (artículo 20, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León), las rentas cinegéticas del aprovechamiento de estos terrenos son percibidas por los propietarios de los terrenos, en su mayoría entidades locales menores, juntas administrativas y ayuntamientos. Esto supone que las entidades locales situadas en las reservas regionales de caza perciben más de 3 millones de € al año. Estas cifran suponen que la caza en Castilla y León vendría a suponer cerca del 0,8 % del PIB de la Comunidad de Castilla y León.

En cuanto a los daños a la actividad agraria, resultan perfectamente acreditados los daños que especies como jabalí, ciervo, corzo, conejo, palomas, urraca, ganso ocasionan para la agricultura en cultivos agrícolas anuales y leñosos de gran valor: viñedos en denominación de origen, frutales, sector hortícola, cultivos extensivos, dado el eminente carácter herbívoro y frugívoro (que se alimenta de frutos) de las especies declaradas como cazables.

De hecho, según datos de la Entidad Estatal del Seguro Agrario (Agroseguro) durante 2016 se abonaron 499.540,68 € en concepto de indemnizaciones por daños a los cultivos ocasionados por especies de caza en Castilla y León. No obstante, esta cifra es posiblemente mucho mayor dado que los agricultores no están obligados a asegurar sus cosechas frente a este riesgo, y que Agroseguro solo indemniza bajo el cumplimiento de ciertas premisas: 20 % de pérdida de producción al final de la cosecha y que muchos siniestros no son declarados por el hecho de que las pólizas contemplan franquicia. Se evidencia el incremento de los importes indemnizados anualidad tras anualidad.

En los terrenos de titularidad de la Junta de Castilla y León bajo la figura de reservas regionales de caza, que representa el 6,5 % de la superficie cinegética regional, esta Administración abona en concepto de daños a los cultivos por especies de caza una cantidad anual de 850.000 €. Extrapolando esta cifra al resto de terrenos cinegéticos de la Comunidad, es decir, al 93,5 % de la superficie cinegética restante de la Comunidad, sus titulares abonarían aproximadamente 12.000.000 € anualmente por este concepto a los perjudicados por los daños para los cultivos.

Las autoridades internacionales y nacionales están cada vez más preocupadas por las repercusiones de las enfermedades transmisibles de los animales y de las medidas necesarias para controlar dichas enfermedades, las cuales pueden ser devastadoras para los animales individualmente y para las poblaciones de animales, los poseedores de animales y para la economía; dicha preocupación resulta también del hecho de que ha quedado demostrado en experiencias recientes que las enfermedades transmisibles de los animales también pueden tener repercusiones significativas en la salud pública y en la seguridad de los alimentos; las enfermedades que afectan a las poblaciones de animales silvestres pueden tener un efecto perjudicial en los sectores agropecuario y acuícola, en la salud pública, en el medio ambiente y en la biodiversidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez se dirija al Gobierno de España a fin de que por parte de ambas administraciones se apoye activamente y se reconozca el valor estratégico de la actividad cinegética en nuestra comunidad y en nuestro país, y ello porque la caza:

1. Garantiza el estado de conservación de las poblaciones sobre las que se practica.

2. Es una actividad tradicional en Castilla y León muy arraigada en nuestros pueblos.

3. Contribuye a la conservación sostenible de la biodiversidad por controlar los excesos de poblaciones que deterioran por sobrepastoreo, competencia o predación determinadas especies de la flora y fauna.

4. Es una actividad económica basada en el aprovechamiento sostenible de un recurso natural renovable que contribuye a la creación de empleo y la fijación de población en el mundo rural.

5. Contribuye a paliar los daños generados en la actividad agraria y ganadera cuando las poblaciones se encuentran por encima de sus óptimos.

6. Contribuye a combatir las enfermedades de la ganadería, donde las poblaciones de algunos ungulados y de jabalíes son transmisores y reservorios como es el caso de tuberculosis bovina y más recientemente la peste porcina.

7. Palía los daños producidos por accidentes en carreteras por colisión con esta fauna silvestre.

Del mismo modo, se insta a la Junta de Castilla y León para que a su vez se dirija al Gobierno de España a fin de que publique de forma urgente la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco de coordinación del aprovechamiento cinegético, convocando a las Comunidades Autónomas y a los sectores de referencia, a los efectos de impulsar y defender la práctica de la caza por su contribución al interés general. Asimismo, establecer un plan de investigación aplicado a la actividad cinegética, que contemple las líneas estratégicas relacionadas con la sostenibilidad económica, social y medioambiental de esta actividad".

Valladolid, 12 de diciembre de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano