PNL/002355-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002354 y PNL/002355.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El miércoles 6 de febrero de 2019 la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, reconocía en rueda de prensa la aceptación de un mediador, bajo el título de "relator", en unas negociaciones con los partidos independentistas catalanes que apoyan al Gobierno de la Generalitat.

Pese a los múltiples eufemismos empleados por el Gobierno, tal aceptación supone la asunción de varios elementos que son del todo punto intolerables. A saber: 1) que la Comunidad Autónoma de Cataluña es una entidad jurídica y política equiparable al Estado de la Nación, 2) que existe un conflicto político entre esas dos entidades supuestamente similares y 3) que el Gobierno de la Nación renuncia a emplear las instituciones legítimas existentes para coordinar las relaciones entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. Esto hace evidente que no sólo estamos ante un insulto a la dignidad de la Nación, sino que el Gobierno tiene asumida una planificación impuesta por el secesionismo, que acabará desembocando en la ruptura de la soberanía nacional.

Una planificación que puede resumirse en las 21 exigencias que el presidente del Gobierno autonómico, Sr. Torra, presentó al presidente del Gobierno central, Sr. Sánchez, en la reunión que ambos mantuvieron, con el protocolo y despliegue logístico propio de las visitas de jefes de Estado, el pasado 20 de diciembre de 2018 en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Cabe señalar que dicho documento fue ocultado de manera deliberada por el Gobierno a los españoles y que, entre otras cosas, exige la ya concedida mediación, el reconocimiento del llamado derecho de autodeterminación o la quiebra del Estado de Derecho al imponer la impunidad jurídica a quienes están pendientes de juicio no por defender una determinada ideología, sino por perpetrar un ataque contra el Estado mediante la rebelión, la sedición y la malversación. Si son o no culpables, lo determinará la Justicia. Pero sólo la Justicia. Ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados, ni mucho menos los órganos internos de los partidos secesionistas.

El Gobierno ha dado muestras más que sobradas para no ser fiable en sus declaraciones. A menudo, éstas han sido justamente lo contrario a sus actos. Todos los españoles pudieron comprobar cómo, con la cooperación necesaria de la ministra de Justicia, el Gobierno cambió por completo la estrategia jurídica de la Abogacía del Estado, para imponer a ese cuerpo otra distinta, más beneficiosa para los políticos procesados por los sucesos del 1 de octubre. Y este es sólo un ejemplo de tantos. No, el Gobierno de Sánchez no es confiable. En seis meses de mandato, el presidente no ha dado ni una sola prueba a los españoles de que la unidad nacional y el Estado de Derecho en el que se sustenta nuestro sistema democrático no estén en riesgo mientras él esté presidiendo el Consejo de Ministros.

Además, aún resulta más indigna esta actuación cuando está motivada por una pulsión de poder. Porque todas estas cesiones no son fruto de una postura política, sino de una ansiedad desbocada del presidente del Gobierno por mantenerse en el poder. El presidente no duda un instante en traspasar todas las líneas que hacen de España una democracia sólida, con tal de mantenerse en el Palacio de la Moncloa.

Asumir la estrategia secesionista como propia es, de hecho, legitimar el ataque al Estado de Derecho como forma de funcionamiento y actuación en nuestro país. Es legitimar los comentarios y artículos racistas y supremacistas del Sr. Torra y que, como dice el secesionismo, el Sr. Puigdemont es un "preso político" y no un fugado. Esto ya es de por sí grave y sitúa al Gobierno del Sr. Sánchez, y a él especialmente, en las páginas más dignas de olvido de nuestra Historia democrática. Pero es que además, supone el desamparo y desprotección de millones de catalanes que cada día se ven acosados por el secesionismo radical. Es perfectamente contrastable cómo la presión y la asfixia a la que el secesionismo está sometiendo a los catalanes no nacionalistas no ha hecho más que aumentar ante la pasividad, rozando la connivencia por inacción, del Gobierno.

Esta presión está siendo especialmente virulenta contra aquellos ciudadanos que son percibidos como un obstáculo para la independencia de Cataluña. Así, los autodenominados Comités de Defensa de la República y otros grupos separatistas radicales están perpetrando acciones como coacciones a jueces y fiscales, agresiones físicas y amenazas a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ataques a sedes de partidos políticos, intentos de asalto a instituciones como el Parlamento autonómico, la ocupación del espacio y las instituciones públicas con simbología separatista y la ocupación de infraestructuras clave -como la autopista AP-7-, vulnerado derechos fundamentales y libertades, como la de circulación y movilidad de las personas.

Todos estos no son hechos aislados, ni tampoco son reacciones espontáneas. Son acciones que cuentan con el aliento de la Generalitat, cuyo presidente les anima a "seguir apretando", y que demuestran el fracaso de la política de apaciguamiento del actual Gobierno español.

Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de esta Cámara y a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León, instan a la Junta de Castilla y León a:

PRIMERO.- Solicitar al Gobierno de la Nación que no acepte la constitución de una Mesa Bilateral para una negociación entre el Estado y una Comunidad Autónoma en un plano de igualdad.

SEGUNDO.- Rechazar la figura de "mediador internacional" propuesta por Torra y aceptada por Sánchez, independientemente de la denominación que finalmente reciba.

TERCERO.- Exigir al Gobierno de la Nación que se oponga a cualquier diálogo que ponga en cuestión la soberanía Nacional o la unidad de España, sea este entre administraciones o entre partidos.

CUARTO.- Trasladar su apoyo a todos los catalanes que sufren el acoso y la coacción de los grupos radicales separatistas y exigir al Gobierno de la Nación que proteja los derechos y las libertades de todos los ciudadanos en Cataluña.

QUINTO.- Constatar la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales que devuelva la voz a todos los españoles ante la grave deslealtad del Gobierno y sus socios separatistas hacia el interés general de la Nación.

Valladolid, 8 de febrero de 2019.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano