PNL/002361-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002356 a PNL/002363.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de empleo.

ANTECEDENTES

La creciente presencia en las industrias cárnicas de falsas cooperativas, falsos autónomos y trabajadores de ETT dispara la precariedad y tira por los suelos las condiciones laborales, los salarios y todos los derechos de los trabajadores afectados, desde las vacaciones a las prestaciones por jubilación, siniestralidad laboral, desempleo o representación sindical.

En un primer momento, los Convenios Colectivos de las empresas de las industrias cárnicas y de los mataderos de conejos y aves recogían la exigencia de reducir lo máximo posible el empleo de trabajadores y trabajadoras de Cooperativas de trabajo asociado.

Más adelante se incorporó al Convenio Colectivo sectorial de las industrias cárnicas la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la oposición al dumping social entre las empresas.

La creación de falsas cooperativas de trabajo asociado en el sector cárnico son un fraude a la seguridad social y, por tanto, una ilegalidad que hay que denunciar y combatir. Porque como tal fraude, son un factor de competencia desleal entre las empresas del sector, al no respetar las condiciones mínimas pactadas en el Convenio Colectivo. Ello tiene como consecuencia directa condiciones precarias para los trabajadores y trabajadoras del sector.

En la actualidad la empresa cárnica arrienda a una subcontrata toda o parte de su actividad (sacrificio, despiece, elaboración y envasado de productos), mediante la forma jurídica de cooperativa de trabajo asociado.

Dicha empresa cárnica realiza un "acuerdo mercantil" por el que a partir de ese momento la empresa cárnica paga a la cooperativa en función de las piezas o kilos producidos.

Los órganos de decisión de la cooperativa deciden que el trabajo que van a realizar sus personas asociadas se realice mediante el régimen de autónomos, según lo establece la Ley de Cooperativas. Con solo dos pasos, y de forma muy sencilla, se produce un trasvase de empleo asalariado a autónomo, precario y sin derechos.

El fraude radica en que la cooperativa no funciona como tal ya que se trata de una herramienta de la propia empresa cárnica para abaratar costes, disponer de flexibilidad sin límites y desprenderse de los deberes y responsabilidades que tendría con sus trabajadores y trabajadoras. Son personas que, a pesar de estar en las propias instalaciones de la fábrica bajo los requisitos de un asalariado (ajenidad, dependencia y retribución), ven cómo pasan a ser "propietarios" de una cooperativa, cuando realmente son falsos autónomos y autónomas, al ser víctimas de un engaño o fraude laboral.

La crisis económica y un ordenamiento laboral débil en la defensa de las personas trabajadoras ha favorecido la proliferación de este fraude, que afecta a un 30 % del sector cárnico y a miles de personas, muchas de ellas inmigrantes que son explotadas a diario. Mientras, los consumidores y consumidoras, también personas trabajadoras, compran sin saberlo productos manchados de precariedad, fraude y explotación laboral.

Recientemente hemos conocido la decisión los trabajadores y trabajadoras de Embutidos Rodríguez de ir a la huelga desde el día 16 de enero al considerar que "la empresa comete fraude, competencia desleal y mantiene más de 400 trabajadores y trabajadoras en situación de falsos autónomos, ya que tan solo reconoce como trabajadores propios a 23 personas".

Se hace necesario recordar que tras el incendio que sufrió esta empresa en mayo de 2016 recibió numeras ayudas públicas de la Junta de Castilla y León para la reconstrucción de sus instalaciones. Se observa como por parte de la Junta hay una ausencia total de supervisión para que parte de esas ayudas revertieran también en una mejora de las condiciones de los "obligados" cooperativistas.

Para acabar con la precarización de las condiciones de trabajo y seguridad social de los trabajadores y trabajadoras es imprescindible hacer frente a las políticas empresariales que reducen sus costes económicos.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Instar al Gobierno de España a impulsar las reformas legislativas necesarias para que los socios y socias trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y los trabajadores y trabajadoras de las empresas multiservicios que presten servicios para otras empresas estén, a todos los efectos de su relación de trabajo, dentro del campo de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y del Convenio Colectivo aplicable a la empresa en la que presten sus servicios. En consecuencia, derechos como el de sindicación y representación o el derecho a huelga en ningún caso pueden ser negados.

2. Instar al Gobierno de España a impulsar las reformas legislativas necesarias para que los socios y socias trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que presten servicios para otras empresas deban encuadrarse en el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Instar al Gobierno de España a poner en marcha todos los instrumentos a su alcance para que la autoridad laboral, a través de la Inspección de trabajo y Seguridad Social, impulse una campaña de control del cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social en las industrias cárnicas y en los mataderos de conejos y aves.

4. Garantizar en la concesión de subvenciones a las empresas la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de las mismas.

En Valladolid, a 7 de febrero de 2019.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Sarrión Andaluz