PNL/002373-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de marzo de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002372 a PNL/002375.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de marzo de 2019.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Las políticas públicas de igualdad son el instrumento para mejorar, no solo las vidas de las mujeres sino de toda la ciudadanía. Porque cuando avanzan las mujeres, avanza la sociedad y la democracia.

El PSOE está comprometido con el cambio social que impulsa el feminismo. No podrá haber verdadera transformación si no se cuenta de manera esencial con las mujeres, con su participación y contribución. Por ello y con la igualdad como pilar, hemos abanderado junto al movimiento feminista todas las conquistas para las mujeres en España.

El 8 de marzo de 2018 supuso un hito histórico en nuestro país. Las mujeres, acompañadas de muchos hombres, alzaron su voz contra el machismo imperante. Demostraron su fuerza, sin posibilidad de vuelta atrás.

Desde el pasado mes de junio contamos con un Gobierno que, recogiendo ese espíritu del 8M, sitúa la igualdad como un asunto transversal en la agenda política. Un Gobierno que la defiende, afianzando los avances logrados, frente a aquellos posicionamientos políticos que pretenden eliminarlos. Y se reafirma en la necesidad de seguir desarrollando políticas feministas desde todos los Ministerios porque las mujeres son discriminadas en todos los ámbitos.

Entre ellos, es en el laboral donde se produce una de las mayores desigualdades que viven las mujeres. Sin independencia económica no hay libertad posible. Para luchar contra la brecha salarial, la precariedad y la discriminación en el acceso al empleo y la promoción profesional, el Gobierno ha impulsado una proposición de Ley de Igualdad Laboral del PSOE que contribuirá a erradicarlas y ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación cuyo objetivo es eliminar la brecha salarial y garantizar el derecho de trabajadoras y trabajadores a la conciliación y a la corresponsabilidad.

En la desigualdad entre sexos está la raíz de la violencia de género que en nuestro país ha acabado con la vida de 984 mujeres desde 2003, cuando se comienzan a contabilizar los asesinatos machistas. Para acabar con ella son necesarios instrumentos específicos, como la Ley contra la Violencia de Género, que fue pionera en Europa. Intentar confundirla con la doméstica es devolverla al espacio privado, invisibilizando su carácter machista, en lugar de considerar la protección de las mujeres y sus hijos e hijas un asunto de toda la sociedad. Para el Gobierno la violencia de género es el principal problema de nuestro país. Por ello, la puesta en marcha del Pacto Contra la Violencia de Género ha sido una prioridad, que se plasmó en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes, aprobado el pasado 3 de agosto, que incluye importantes mejoras respecto a la situación de las víctimas y sus hijos e hijas.

Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad:

- El 12,5 % de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España.

- El 2,7 % de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año.

- El 64 % de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia.

- Pero solamente el 28,6 % presentó denuncia.

A pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo, entre ellos:

- El 77,6 % han conseguido salir de la violencia de género.

- El 45 % han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.

Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; como si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política.

El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas.

Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia machista, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Las mujeres también sufren otras violencias por el hecho de ser mujeres, como la sexual, cuya tipificación en la normativa española está revisando el Ministerio de Justicia, con el objetivo de establecer sin ambages que "Si una mujer no dice sí, todo lo demás es no". Además, se ha impulsado una ley para la formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos.

La prostitución y la explotación sexual también son violencia machista, que cosifica y mercantiliza a las mujeres. En nuestro país, las cifras son terribles. El Gobierno, lejos de mantenerse indiferente, trabaja en una ley que la aborde de manera integral, siguiendo el modelo abolicionista de países como Suecia.

Las mujeres tienen que elegir su maternidad libremente, por eso no permitiremos que se ponga en riesgo el derecho al aborto. Y por eso, el Gobierno ha devuelto a todas las mujeres el acceso a la reproducción asistida independientemente de su orientación sexual o su estado civil.

El Partido Socialista rechaza la gestación por sustitución, eufemismo de vientres de alquiler, porque socava los derechos de las mujeres, en especial de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. El Gobierno perseguirá a las agencias que ofrecen cada año a cientos de familias españolas esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país.

Avanzar hacia la igualdad es una responsabilidad que nos interpela individualmente y como sociedad. El PP está bloqueando la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género de nuestra Comunidad, registrada hace más de un año para blindar los derechos de los colectivos LGTBI+ en Castilla y León.

No podemos permitir que en nuestra sociedad se discrimine, invisibilice y haya actos de odio y violencia hacia lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales, y otras personas que forman parte de la diversidad sexual y de género. No podemos permitir esta desprotección jurídica. Es de justicia regular los principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y sus derechos mediante la prevención, corrección y eliminación de toda discriminación a la diversidad sexual y de género en todos los sectores públicos y privados de nuestra Comunidad en cualquier ámbito de la vida.

Porque a pesar de las conquistas, aún persisten discriminaciones que impiden participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, desde el Grupo Socialista, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto de Estado en materia de violencia de género, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y castellano leonesa, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.

2.- Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.

3.- Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas.

4.- Rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema.

5.- En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, comprometerse a impulsar la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la Ley 13/2010 contra la Violencia de Género en Castilla y León, en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales.

6.- Rechazar la gestación por sustitución, eufemismo de vientres de alquiler, porque socava los derechos de las mujeres, en especial de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas.

7.- Apoyar la aprobación de la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad de Castilla y León antes de que finalice la presente legislatura.

8.- Impulsar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que, teniendo en cuenta los Convenios Internacionales y las Directivas Europeas, regule los mecanismos para prevenir, detectar, proteger y asistir a las víctimas de trata que afecta fundamentalmente a mujeres, niñas y niños.

9.- Manifestar su apoyo al gobierno de España en cuanto al impulso y adopción de las siguientes medidas:

9.1.- Una Ley de Igualdad Laboral, que contribuya a erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional y la eliminación de la brecha salarial y garantizar el derecho de trabajadoras y trabajadores a la conciliación y a la corresponsabilidad.

9.2.- La ampliación a 16 semanas el permiso de paternidad para equiparar progresivamente a ambos progenitores de forma gradual en 2019 hasta las 8 semanas, en 2020 hasta las 12 semanas y en 2021 hasta las 16 semanas.

9.3.- La modificación del Estatuto de los Trabajadores para reforzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, sin discriminación, y el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, en línea con lo establecido en la Recomendación de 7 de marzo de 2014 de la Comisión Europea.

9.4.- La modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación a los planes de igualdad de las empresas.

9.5.- La recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores y cuidadoras no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.

Valladolid, 5 de marzo de 2019.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández