DS(C) nº 129/2 del 14/2/1989

URZAY URQUIZA

LA SEÑORA URZAY URQUIZA: Pilar Urzay sustituye a Miguel Angel Cortés.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): ¿Por parte del Grupo Parlamentario del CDS?

EL SEÑOR..................: No hay ninguna.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): ¿Por parte del Grupo Socialista? Don Antonio de Meer a don Juan José Laborda y don Miguel Valcuende a don José Nalda.

Y por parte del Grupo Popular, por si no ha quedado recogido en las cintas, doña Pilar Urzay a don Miguel Angel Cortés.

Y sin más preámbulos, y debido al pequeño retraso que ya llevamos, doy la palabra al señor Consejero para que proceda a explicar su comparecencia.

APARICIO PEREZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ): Muchas gracias, señor Presidente.

Que sean, lógicamente también, las primeras palabras de agradecimiento a los miembros de esta Comisión por su asistencia, con motivo de la comparecencia de presentación de lo que puede ser y debe ser el comportamiento de la Consejería en el área de Presidencia, puesto que ya tuve ocasión de hacerlo, en la pasada semana, respecto al área de Administración Territorial.

Quizás por esa experiencia, quiero también decir en esta primera intervención que no quisiera que se entendiese en ningún momento el tono que intento utilizar, buscando la mayor precisión posible en el lenguaje, como tono de dureza, puesto que mi objetivo sigue siendo el lograr, no ya el respeto, sino también el correcto entendimiento entre los Grupos de esta Cámara, en la medida que a ello pueda contribuir esta Consejería.

En consecuencia, pienso que podemos ya afrontar lo que a nuestro juicio es y debe ser la política que debe seguir la Consejería. No obstante, introduciría una primera reflexión, que creo que es importante, además, especialmente en un día como hoy, dado los acontecimientos políticos nacionales, que es, sin duda, un terreno de interés, supongo, para todos los Grupos que participan.

La Constitución lo define perfectamente y no hace falta que en ello reitere o reincida el Estatuto de Autonomía. Pero existe un papel que corresponde a los Sindicatos, existe un papel, digamos, que corresponde más extensamente a los agentes sociales, y un segundo papel que es competencia de los Partidos Políticos.

Introduzco esta reflexión con un único ánimo. El único ánimo de, sabiendo que en algún momento, sobre todo cuando hablemos de cuestiones de personal, vamos a tener que hacer referencias sistematizadas, o referencias abundantes al papel que están desempeñando en todo el proceso de diseño y de ajuste de la política de personal de la Consejería los Sindicatos, se entienda que el ánimo -al menos de este Consejero- es buscar esa misma precisión que la propia Constitución establece.

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En íntima conexión cabría hacer también una reflexión sobre dos conceptos que no por conexos entre sí son distintos: Gobierno y Administración. Porque, finalmente, cuando vamos a hablar -como a lo largo de la mañana tendremos ocasión- de la Administración y del modelo de Administración que queremos seguir en esta Comunidad Autónoma, no podemos olvidar la doble dependencia a la que está condicionada la Administración: la dependencia respecto al Gobierno y la dependencia respecto a la sociedad. Quizás a la búsqueda de la solución de este conflicto de intereses obedece el diseño de la Administración que hemos tratado de llevar a cabo y de poner en funcionamiento.

Sabemos que en alguna ocasión este conflicto puede haberse extendido también a otros campos; sería el campo de los criterios, que pudieran llamarse funcionales -criterios que para nosotros son básicos en una Administración que concebimos fundamentalmente como una Administración de servicios a la sociedad-, frente a otros modelos que, desde luego, no consideramos interesantes y que ya rechazamos en su día, como podrían ser modelos de control de la sociedad. Y no cabe duda que en algún momento esos criterios funcionales, esos criterios de servicio podrían entrar en colisión o pueden haber sido punto de colisión con los criterios que podríamos llamar funcionariales, los criterios del interés, legítimo interés profesional de los funcionarios.

Y hechas estas brevísimas reflexiones, que a lo mejor sitúan también en el contexto, incluso, del calendario la intervención que pretendo llevar a caso, sí que quisiera resaltar, como valor fundamental del trabajo ya realizado y del trabajo que ya asumo desde esta Consejería, el clima de falta, de ausencia de conflictividad que ha caracterizado las relaciones de la Administración con el Gobierno. Y lo digo especialmente en este mismo marco cotidiano, un marco del día que hoy vivimos. Ha sido importante, porque se ha pedido un esfuerzo a la Administración: el esfuerzo de ajustarse a una nueva forma de concebir el Gobierno de la Comunidad, de reducir, en algunos momentos, el número de órganos de decisión que existían en la misma. Y, si esto ha podido ser posible, no cabe duda de que en buena medida ha contribuido este clima de ausencia de conflictos, este clima, digamos, de tranquilidad dentro de la Administración, que yo me atrevo a resaltar como labor básica y como punto enormemente positivo, dentro de lo que corresponde asumir en esta línea, que también -como hacía hincapié en la anterior comparecencia- es una línea sustancialmente de continuidad.

Insisto, ha habido que llevar a cabo y se está desarrollando un proceso de reordenación, de mejor aprovechamiento de los recursos humanos, pero fundamentalmente de reordenación, como consecuencia de la reducción del número de Consejerías y del número de órganos de decisión.

Insisto en que, si algún objetivo nos guía, es el objetivo de concebir la Administración como una Administración al servicio de la sociedad de Castilla y León; no como una Administración dedicada a controlar, o incluso a interferir en la actividad social y económica.

Junto a estas líneas, que entiendo que son básicas y que quizás por conocidas no es menos necesario en este momento recordar, sí que quiero anunciar el objetivo de la desconcentración como objetivo del Gobierno, anunciado ya en la anterior comparecencia y anunciado, por supuesto, en el propio discurso de Investidura del Presidente de la Comunidad. Esa desconcentración, ese proceso está topando con algunas dificultades, que son de carácter objetivo y que no son de voluntad política ni de libre interpretación. Ya he tenido ocasión de decir ante esta Cámara que, de los distintos caminos por los que podría haberse optado, se optó por uno quizás más difícil, pero que entendíamos que evitaba peligrosos retrasos en el desarrollo de la política regional. No quisimos derogar la Ley de Relaciones de la Comunidad con las Diputaciones Provinciales y con los grandes Ayuntamientos, porque entendíamos que aquel proceso podía haber conducido a un tiempo muerto en política, indeseable para llevar a cabo este proceso.

Y también hemos topado con dificultades, de carácter objetivo, de encaje en la actual redacción de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, que merecerá un comentario más adelante, pero con cuyo articulado y con cuya redacción, en algunos momentos, vemos que no es posible perfeccionar o seguir avanzando a la velocidad deseable en este proceso de desconcentración.

Sí que se han dado pasos importantes. Me gustaría hacer aunque sea un pequeño balance de las realizaciones que a lo largo del año pasado fueron, al menos por nuestra parte, objeto de una valoración muy positiva. Se afrontó el proceso de elecciones sindicales, al amparo de la nueva Ley que lo regulaba, una Ley que ciertamente se hizo esperar, pero que ha podido ser desarrollada -al menos en lo que es competencia nuestra y en el ámbito de la Función Pública de Castilla y León-, pienso, con absoluta normalidad. Se han podido llevar a cabo y se está en proceso de producir el consecutivo... se hizo el concurso de traslados de personal laboral; ya fue resuelto en su momento, sin crear, no digo ningún conflicto, pero sí conflictos importantes.

Se ha seguido, y pienso que es interesante conceptualmente, un proceso de replanteamiento de la formación del funcionariado. Quizás la utilización, como hasta ahora venía haciéndose, de Institutos Autónomos conducía, en muchos casos, desgraciadamente, a una autonomía más entendida en el concepto de desconexión que en el concepto de incardinación con los planes formativos y con la nueva forma de concebir la formación desde la Junta de Castilla y León. Sé que esa decisión ha podido ser objeto de polémica en algún momento, e incluso ha sido de interés de esta Cámara, pero no merece para nosotros más que una valoración altamente positiva.

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Ha sido necesario también, como consecuencia de este esquema de reordenación, revisar las relaciones de puestos de trabajo. Y me permito hacer también sobre ello una breve consideración a Sus Señorías en el siguiente tono.

Los procesos -ya digo- de concentración de algunas de las Consejerías -y entiéndase concentración, no como antitética a la desconcentración que se pretende, sino sencillamente como reducción por, entendemos, ahorro de medios de algunas Consejerías- obligaba a la revisión de las relaciones de puestos de trabajo. En algunas áreas, este mismo trabajo venía de alguna forma condicionado por la necesidad de integrar organismos autónomos transferidos y, digamos, en cualquier caso, partes muy heterogéneas de la Administración. Se ha intentado que la revisión de puestos de trabajo facilitase el proceso de puesta en funcionamiento, de puesta a punto de la Administración. Y quiero hacer una consideración: pienso que sería un buen momento, el momento presupuestario en que vivimos -del cual también haré una especial mención-, sería un buen momento para, digamos, decelerar el proceso de revisión de puestos, para evitar mayor beligerancia de algunos grupos profesionales, que, supongo que guiados por su absolutamente legítima buena fe y absolutamente legítima reivindicación sindical, podrían seguir complicando indefinidamente el proceso de revisión de las mismas.

Se ha llevado a cabo el concurso de promoción interna del personal laboral. Y en relación con el concurso de provisión de puestos de trabajo de funcionarios, ya están publicadas las bases por las que pueden regirse o van a regirse estos concursos de provisión.

Se ha avanzado, indudablemente, en el área sanitaria, logrando las homologaciones de retribuciones básicas de médicos, veterinarios, matronas y otros colectivos. Sé que para muchos pensarán que son insuficientes, pero eran viejas asignaturas pendientes -en algunos casos- de anteriores Administraciones, y no ya autonómicas, sino de Administraciones Centrales.

Hechas estas breves notas, sí que me gustaría, en relación con los concursos -que puede ser uno de los temas de interés de Sus Señorías-, señalar lo siguiente. Hay dificultades que son absolutamente objetivas y ajenas a la política. A pesar de las fuertes inversiones realizadas por ésta y por la anterior Junta, no se están obteniendo los rendimientos deseables en las bases informáticas de tratamiento; a pesar del gran esfuerzo que la anterior Junta y esta han dedicado, tanto a la adquisición de los materiales de base, como de los programas informáticos que deben, de alguna forma, producir tanto los concursos como la cobertura de otras áreas administrativas. Y es preocupación de esta Consejería que los concursos produjesen un doble efecto indeseable. En primer lugar, el despilfarro -y no utilizo otra palabra- de la experiencia ya adquirida en el desempeño de puestos de trabajo. Todos somos conscientes de las dificultades que plantea la formación de los funcionarios, y pienso que es muy interesante que cuando ya hay funcionarios, muchos funcionarios que están desempeñando correctamente un puesto, en algún momento se desperdiciase -y esto ha de ser tenido en cuenta en los concursos-, insisto, se desperdiciase esa experiencia adquirida.

Pero es que, por otra parte, si se siguiese un criterio -que pienso que no es deseable- en relación con los concursos de remoción o conmoción masiva de la Administración, no sería ya tan preocupante el efecto de colapso que afectase, el efecto de colapso administrativo que pudiera afectar a la propia Junta, como el efecto de colapso que llegaría a producirse en relación con esos servicios que la sociedad demanda y a los cuales tiene pleno derecho la sociedad castellana y leonesa.

En consecuencia, todo parece indicar -y es criterio de esta Consejería- que los concursos, ya digo, no produzcan ese doble efecto indeseable de desperdiciar experiencias ya adquiridas y desempeños correctos de los puestos de trabajo y, sobre todo, que no creen un efecto de colapso, a partir de una dimensión que realmente produjese una gran conmoción, una gran revulsión de la Administración.

Comprendo que, una vez más, estamos hablando de un conflicto de intereses, en este caso los intereses que puedan plantear algunas centrales sindicales con los intereses que puede demandar la sociedad de su Administración.

Decía que iba a merecer una especial atención el posible Proyecto de Ley de la Función Pública de Castilla y León. La primera base, la base indiscutible de plantear esta revisión es la propia sentencia del Tribunal Constitucional. A partir de ella ya podrían entenderse, y deben entenderse, derogados o decaídos algunos de los preceptos que la conforman.

Pero, por otra parte, también hemos podido ver cómo se planteaban dificultades operativas en el ámbito de algunas Consejerías, que podrían ser resueltas, algunas de estas dificultades operativas, mediante sencillas modificaciones de la Ley de la Función Pública de Castilla y León. Y es más, también desde que se produjo dicha Ley se han producido revisiones a escala nacional, pero revisiones de la propia Ley Base, Ley Norma, que era la Ley 30/84, de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública.

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En esos tres argumentos, y conforme a esos tres argumentos, es deseo de esta Consejería remitir a la Cámara un Proyecto de Ley de la Función Pública, que acoja, por supuesto, las no ya recomendaciones, sino la Sentencia del Tribunal Constitucional, que plantee solución a algunas de las dificultades operativas de funcionamiento en materia también de concursos, también de traslados, y que recoja algunas de las revisiones modificadas, o de las ampliaciones modificadas que ha habido a escala nacional. Estoy sugiriendo capítulos tales como pudiera ser la representación sindical.

En cualquier caso, y por definir cuál puede ser la pauta a seguir por parte de la Consejería, la filosofía no sería otra que el mejor aprovechamiento de los medios humanos ya existentes. Pienso que lo que debe intentarse es una Administración mejor retribuida y mejor distribuida, más adecuada a ese modelo de servicio que pretendemos llevar a cabo.

En esta materia, a nadie se le oculta que se han intentado acometer viejos contenciosos, viejas reivindicaciones funcionariales, especialmente respecto a la discriminación que podía existir entre aquéllos que prestaban sus servicios en los puntos periféricos de la Comunidad, frente a los que los prestaban en los Servicios Centrales. Y la fórmula, que en principio es una fórmula aceptada por la mayor parte de las representaciones, ha sido una fórmula de extensión de la jornada, que, sin duda, permite y posibilita una mejor atención a los Servicios Periféricos.

Todo ello parece indicarnos, si además pensamos y tenemos la convicción de que no es necesaria una política altamente expansiva de una Administración expansiva por sí misma y por las funciones a desempeñar, sino que seguimos pensando en el modelo, que hemos citado un modelo fundamentalmente de servicio y un modelo con buena relación de eficacia -y utilicemos la palabra, aunque no sea la más adecuada-, con un costo adecuado para la sociedad de Castilla y León, en esta misma clave debemos plantearnos una posible Oferta Pública de Empleo para este Ejercicio, que creemos que no debe ser expansiva y que creemos que debe ser adecuada a la necesidad y que tenga en cuenta esta ampliación, ya efectiva, que ha habido de medios, por la propia extensión, en algunos casos, de las jornadas horarias y por una mejor distribución de esos efectivos humanos.

En consecuencia, y salvo anunciarles en algún caso las acciones que están previstas, algunas de ellas para este año -algunas de ellas creo que ya han quedado claras, o han podido quedar suficientemente insinuadas, al menos, en mi exposición-, creo que va a haber un gran avance en los próximos meses en materia de concursos, que se podrá traer un Anteproyecto para la nueva Ley de la Función Pública de Castilla y León, que pienso que en algunas materias no por menores sí más interesantes: registro de personal, completar, por fin, no ya el número, sino la historia, incluso, esa historia laboral de nuestros funcionarios; avanzar en materia de formación: alcanzar nuevos acuerdos con el Instituto Nacional de Administración Pública y con Entidades semejantes; desarrollar el Programa, que ya estaba previsto por el anterior Consejero, de Formación y Perfeccionamiento para Funcionarios y para Laborales en el año ochenta y nueve; seguir avanzando en dotar de más contenido y de más actividad a la propia Inspección General de Servicios; llevar a cabo tanto la Oferta Pública de Empleo, que ya anunciaba, como los concursos de promoción interna que correspondan a este Ejercicio; y, en fin, por no cansar a Sus Señorías, seguir con lo que hasta ahora entiendo que ha sido una actividad normal y positiva, en la que, vuelvo a recalcar, se ha podido alcanzar un clima de entendimiento, de ausencia de conflictos, hoy por hoy muy deseable en la sociedad española y especialmente en la Administración de Castilla y León; porque, sin duda, el reto era reajustar o reordenar los efectivos al nuevo proyecto político.

En consecuencia, y salvo que Sus Señorías en sus intervenciones posteriores quieran algún tipo de ampliación de datos, yo me remitiría, fundamentalmente o sustancialmente, a lo que han podido ser ya comparecencias del anterior Consejero y a estas pautas o reflexiones que, en algún momento, he tratado de introducir, que creo que van a marcar, o van a enmarcar, la actividad de la Consejería, al menos mientras ostente la responsabilidad de la misma.

Por mi parte, nada más. Y muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Consejero. Si los Portavoces están de acuerdo, ¿hacemos un receso de un cuarto de hora? Dentro de un cuarto de hora, a la una menos cinco, con puntualidad, empezamos.

(Se suspendió la sesión a las doce horas cuarenta minutos, reanudándose a las doce horas cincuenta y cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Se reanuda la sesión. Tiene la palabra, en el turno de Portavoces, el señor de las Heras por el Grupo Mixto.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Consejero, Señorías. Agradecer, como no podía ser menos, la información, la comparecencia a petición propia del Consejero en su vertiente del área de Presidencia, como él mismo ha definido.

Y empezar diciendo que este Procurador ha defendido y seguirá defendiendo la capacidad de autoorganización del Gobierno y de la Administración que tiene la Junta. Ello por razones, como ya hemos señalado reiteradamente, constitucionales y fundamentos estatutarios.

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Y por lo tanto, aunque nosotros, incluso, desde el Debate de Investidura discrepamos en cuanto a la organización del Gobierno y de la Administración de la Junta, en base a esa capacidad de autoorganización, pues, naturalmente, admitimos la posibilidad de que el Gobierno hiciera lo que creyera oportuno para que su Administración y su Gobierno fuera más eficaz.

Hay que decir, no obstante, que sería muy deseable, muy deseable, que en todas las modificaciones futuras se buscara el máximo consenso entre las fuerzas políticas en lo que se refiere a la organización del Gobierno y de la Administración, puesto que el Gobierno y la Administración de la Junta no deben estar al hecho de las circunstancias coyunturales de que gobierne una u otra fuerza política, sino que, efectivamente, debe ser una estructura perfectamente definida; ¡hombre!, que se ajuste, naturalmente, a la evolución razonable de lo que exijan las circunstancias y los nuevos tiempos, pero que el marco global y más importante quede muy definido y, por otra parte, que alcance una gran profesionalización.

La verdad es que el Gobierno hizo una doble reforma, por otra parte una estructuración de las Consejerías y de las Direcciones Generales, y ha pasado un tiempo razonable para que el Consejero, aprovechando, además, su nueva toma de contacto, nos hubiera hecho un balance de lo que a su juicio ha supuesto esa reforma del Gobierno en cuanto a la refundición y desaparición de dos Consejerías y las Direcciones Generales correspondientes.

Y en cuanto a la Administración Periférica, aunque este Procurador sigue insistiendo y creyendo que el mejor de los criterios es el que establece el propio Estatuto de Autonomía en su artículo 20 -pero, naturalmente, las fuerzas políticas más representativas de la Comunidad Autónoma parece que han seguido y siguen otros derroteros en cuanto a la Administración Periférica de la Junta, distinto al que se establece en el artículo 20 de nuestro Estatuto-, nosotros seguimos creyendo que ése sería el mejor camino, el hecho real es que también ha habido una reorganización que, fundamentalmente, se puede definir como la supresión de los Delegados Territoriales para la configuración de la Delegación Territorial Unica. Y, realmente, ahí yo tengo que afirmar que en esta primera etapa, al menos -y lo he dicho también en el Pleno-, hay un cierto desconcierto en cuanto a la reestructuración de esa Administración Periférica, hay un cierto agobio por parte de los Delegados Territoriales, que no pueden, realmente, estar en todos los sitios donde, realmente, por sus competencias, tienen que estar presentes. Yo veo cómo el Delegado Territorial de mi provincia, pues, es incapaz -por falta material de tiempo, no porque él no tenga capacidad personal, ni profesional, ni preparación- de poder, siquiera, estar presente en todas las Comisiones de las que, necesariamente, forma parte.

Y realmente, yo creo que en cuanto a la Administración Periférica no se ha conseguido la total eficacia deseada y propuesta.

Por otra parte, y acabamos de vivir de manera intensa el debate presupuestario, en el Ejercicio pasado hubo el criterio, en cuanto a la relación de puestos de trabajo y la dotación presupuestaria de las vacantes, de hacer una consignación presupuestaria de estas vacantes. En el Ejercicio de mil novecientos ochenta y nueve se ha variado sustancialmente ese criterio y en el trámite presupuestario en Comisión, en Ponencia y en Comisión, incluso, ha habido una gran diferencia de criterios en cuanto a la consignación económica de las vacantes de la Junta.

Realmente, a mí lo que me gustaría es que el Gobierno definiera, realmente, un criterio para que supiéramos todos a qué atenernos en cuanto a criterio de dotación de esas vacantes y de la Oferta Pública de Empleo y que, además, pudiéramos, año tras año, comparar homogéneamente los Presupuestos del año precedente con el Proyecto de Presupuestos que vamos a debatir; porque, si no, realmente, estamos confundiéndonos nosotros, se está confundiendo la Administración y estamos confundiendo a los ciudadanos, que les trasladamos unos criterios diferentes, puesto que la oposición generalmente dice que el Capítulo I ha crecido un veintitantos por ciento y el Gobierno dice que el Capítulo I ha crecido un seis por ciento, y es que, realmente, se están comparando situaciones que no son comparables, puesto que si un año se dotan las vacantes con mil pesetas y al año siguiente se les dota con el setenta y cinco por ciento, y al año siguiente se les dota con el cincuenta o con el treinta o con el veinte, estamos comparando situaciones que no son homogéneas y, por lo tanto, de ahí esa diferente interpretación de cómo evolucionan los gastos del Capítulo I, o qué número de funcionarios reales tiene la Junta, o qué número de vacantes reales tiene la Junta, o cómo crece o cuál es, realmente, la Oferta Pública de empleo, etcétera, etcétera.

Es decir, que, realmente, deberíamos de definir un marco claro y concreto e, incluso, que ese marco fuera el fruto del consenso de todas las fuerzas políticas, a ser posible.

Ha reconocido el Consejero la falta de rendimiento -yo he tomado nota- del esfuerzo que, en cuanto a la informatización y base de datos de los últimos Gobiernos se ha hecho y todavía la falta de rendimiento. No ha hecho nada más que esa autocrítica, que nos parece razonable, pero, realmente, no ha señalado a esa autocrítica razonable cuáles son los medios, los esfuerzos y los criterios y las actitudes del Gobierno frente a esa falta de rendimiento para conseguir un buen rendimiento de esas inversiones multimillonarias que hemos hecho en equipos informáticos.

(-p.2953-)

Por otra parte, otro de los grandes problemas, desde el punto de vista material, de la Administración es la situación del conjunto de los edificios de la propia Administración, tanto a nivel central como a nivel periférico; y no ha habido ninguna referencia a este respecto.

A este Procurador -lo he dicho muchas veces-, que va mucho por todos los despachos, por todas las Consejerías, Direcciones Generales y Servicios de la Junta, le cuesta todavía trabajo, realmente, el conocer dónde está situado todo esto. He vivido situaciones de los ciudadanos que, realmente, en una ventanilla de una de las Direcciones Generales, bueno, en un mostrador, mejor dicho, no era ventanilla, cómo unos jóvenes que venían preguntando sobre temas de empleo se cansaron de tal manera que dijeron: "Mire usted, no nos manden ustedes a otro sitio porque es el quinto departamento que venimos recorriendo ya para preguntar, sencillamente, cuáles son nuestras posibilidades o qué ayudas podemos tener para formar una pequeña cooperativa".

No se ha oído nada de esto, y parece que en los Presupuestos sí que hay una idea de organización ya de los edificios a nivel central; y a nivel periférico todavía hay unas cuantas provincias que tienen carencias sustanciales a ese respecto.

En relación con el Proyecto de la Función Pública, realmente no he entendido si lo que se va a hacer es, sencillamente, adecuar la Ley a la Sentencia; bueno, eso ya se ha producido, de hecho, porque una Ley del Tribunal Constitucional que afecta a una Ley como la nuestra de la Función Pública, lo que es inconstitucional de la ley, pues, ya de hecho ha desaparecido y, de facto, pues se produce una adecuación. Y, aparte de esa adecuación, no se han dado, por lo menos, las grandes líneas, los grandes trazos de las novedades que se pretenden introducir en esa anunciada nueva Ley de la Función Pública para Castilla y León.

Y, por último y para terminar, señalar, como hice en la comparecencia anterior, que, naturalmente, el Consejero cuenta con este Procurador, en la medida que podamos, para conseguir que el Gobierno y la Administración de la Junta funcione lo más eficazmente posible en beneficio de los ciudadanos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor de las Heras. Por el Grupo Parlamentario del CDS, el señor Durán tiene la palabra.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, Vicepresidente de la Junta y Consejero de Presidencia, creo que es obligado comenzar nuestra intervención dándole la bienvenida a esta Comisión, agradeciendo la premura que usted ha manifestado por comparecer ante la misma, aunque nos queda, a mi Grupo Parlamentario, una cierta sospecha -sólo cierta sospecha- de que esta premura en su comparecencia pudiera venir, de alguna manera, condicionada por la comparecencia que nuestro Grupo Parlamentario ha solicitado, o solicitó en su momento, y que ya está prevista para el próximo viernes. Y digo que una cierta sospecha pudiera venir por este lado porque hemos comprobado que buena parte de su intervención, como en una especie de mecanismo de previsión o de autodefensa, ha ido dirigida a los temas específicos y concretos que van a ser objeto de la comparecencia del próximo viernes, a petición de nuestro Grupo Parlamentario.

Bien, no obstante, y a pesar de ello, yo le reitero la bienvenida de nuestro Grupo y el agradecimiento, repito, por la premura que usted ha manifestado en comparecer ante la Comisión de Presidencia.

Tenga usted la seguridad, señor Consejero, que, por lo que al CDS respecta, nuestro tratamiento de los temas que le preocupan y le ocupan en su condición de Consejero de Presidencia y Vicepresidente de la Junta será el tratamiento que corresponde con una Oposición -que es lo que somos al Gobierno Regional- que tiene, y pretende tener, y así ha procurado que fuera, y así procurará que siga siendo, las características de Oposición seria, ajena, consecuentemente, a toda demagogia coyuntural, ajena a todo ataque no fundamentado: seria; rigurosa, en el sentido de que por obligación de nuestra posición política y por exigencia del bien común de nuestra Comunidad no podemos ni podremos -y procuraremos que no ocurra- la más mínima transigencia con los errores, fallos -por otro lado, en algunas ocasiones, incluso excusables-, que la Junta pueda cometer en el cumplimiento de los cometidos propios de Presidencia: rigurosa; lo será, lo ha sido y lo es en este momento en que este Procurador se expresa. Y constructiva, porque no faltará en ningún momento el apoyo a aquellas soluciones coherentes con nuestras posiciones en esta materia, necesarias para la Comunidad Autónoma, y ofreciendo, incluso, cuando así proceda, ideas para que, en una identificación de posiciones posible, y en una realización de acciones concretas, todos y de modo muy especial nuestra Comunidad Autónoma pueda salir beneficiada.

Bueno, hay una cosa de su intervención de carácter fundamental que, personalmente, me ha preocupado mucho, lo he comentado con los miembros de nuestro Grupo y también les ha preocupado notablemente. Y es que usted ha anunciado una política de continuidad con relación a su antecesor. Quizás ello no pueda ser de otro modo, desde la perspectiva que ustedes tienen del Gobierno Regional. Pero, señor Consejero, si usted va a seguir por una línea continuista, yo aventuro, con un cierto fundamento, que ésa va a ser una mala política.

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Porque si usted va a continuar, por ejemplo, en materia de Función Pública, con los pasos dados -o no dados- por su antecesor, mire, va a ser muy difícil que el problema de la Función Pública pueda arreglarse; por ejemplo, a lo largo de todo el año ochenta y ocho no se ha publicado el concurso de provisión de puestos de trabajo que debió derivarse de la relación de puestos de trabajo y del Decreto que lo regulaba.

Mire, si esta acción, o esta falta de acción, se va a producir en el año ochenta y nueve, pues esa continuidad, señor Consejero, de entrada, tenemos necesariamente que reprobarla. Si la relación de puestos de trabajo que ustedes están confeccionando en este momento para el año mil novecientos ochenta y nueve va a adolecer de los mismos defectos de los que ha adolecido la que se confeccionó en el año ochenta y ocho -alguno de ellos me permito apuntarlo aquí: puestos que trabajo de idéntico nivel, de idéntica carga de trabajo en sí misma, tienen distintos niveles retributivos y parecen en muchas ocasiones pensados más por la persona que los ocupa que por la objetividad propia del puesto de trabajo-, si van a continuar ustedes con idéntica concepción de la relación de puestos de trabajo, pues, esa continuidad es, cuando menos, preocupante.

No quiero entrar exhaustivamente en temas de Función Pública, porque tiempo habrá para tratarlos en profundidad, y necesitamos tratarlos en profundidad con extrema urgencia.

Pero si la continuidad en otras áreas, cual es la de la organización global de la Administración de Castilla y León, va a continuar en el mismo camino de desorden, desbarajuste e ineficacia, por haber seguido un procedimiento a la inversa al que debió haberse seguido en la reforma de su Administración Periférica sustancialmente, por haberse seguido un proceso a la inversa. si va a continuar por ese camino, que es público, palpable y notorio a nivel de ciudadanos, y que ya en parte a apuntado mi predecesor el señor de las Heras, en un apunte pues muy superficial y que requerirá en su momento una entrada en profundidad sobre el mismo, esa continuidad a nosotros nos resulta harto preocupante.

Mire, señor Consejero, cuando usted ha aludido a la ausencia de conflictividad en el tema de la Función Pública, creo que ha desconocido la realidad existente en este momento entre el funcionariado, que es una realidad tremendamente conflictiva, en el sentido de que no he conocido, personalmente, otra época en toda la historia de la Administración Pública española, que yo conozco, en la que los niveles de disgusto, de disconformidad dentro del funcionariado sean mayores, más latentes, más manifiestos, hasta el extremo de que se resiente fuertemente la eficacia en la gestión. El funcionario no está motivado, no está objetivamente bien tratado, a pesar de las promesas de profesionalización de la Función Pública que ha realizado el Presidente de nuestra Comunidad. Los agravios comparativos entre los distintos puestos de trabajo son una de las causas de este desagrado con carácter global, que usted puede apreciar fácilmente si habla con los funcionarios, con sus representantes (las Centrales Sindicales) y si se da una vuelta un poco extensa por los despachos, tanto de los Servicios Centrales como de los Servicios Periféricos.

Ahora bien, si por conflictividad se entiende el que el sufrido funcionario no ha entrado en un mecanismo de acciones reivindicativas por la vía de la huelga, o por la vía de otras acciones similares, ello sólo puede deberse, desde nuestra perspectiva, al alto grado de responsabilidad que los funcionarios individualmente tienen y que las organizaciones sindicales, por lo menos de esta Comunidad, también han manifestado.

Pero prueba de ese nivel de conflictividad lo tiene usted si repasa el número de recursos de reposición, previos a la vía contenciosa, y de contenciosos, ya en la vía jurisdiccional correspondiente, que tiene esta Comunidad Autónoma, y que es muy elevado. Baste recordar uno de ellos: contra las relaciones de puestos de trabajo existen ochocientos cincuenta recursos en vía administrativa en este momento. Hay muchos otros más. Yo puedo decirle que en su momento intenté llevar un listado de los recursos que se presentaban por los funcionarios afectados por distintas situaciones, y he renunciado a ello porque son tantos que me requeriría un exceso de tiempo el poder controlarlo. Luego, conflictividad, señor Consejero, existe. Y si su continuidad, política de continuidad, va a ir por ese camino, pues mire, nosotros nos sentimos francamente preocupados al respecto.

Bueno, no vamos a entrar en detalles más concretos de su intervención, porque serán objeto de la comparecencia del próximo viernes, pedida por nuestro Grupo, en la cual pretendemos que nos explique exhaustivamente los criterios que ha seguido la Junta para la elaboración del Decreto regulador de la provisión de puestos de trabajo y de concursos dentro de la misma; es uno de los puntos. Y el otro, para que nos aclare los criterios que ha seguido la Junta en materia de organización periférica, de su Administración Periférica, y del régimen de desconcentración que van estableciendo paulatinamente, que, sinceramente, y sólo por señalar un apunte aquí con relación a ellos, y al objeto de que usted pueda venir bien prevenido sobre esa cuestión, está generando, cuando menos, una notable perplejidad en buena parte de los administrados ante el régimen de recursos que regulan los Decretos de desconcentración, y que si bien de alguna manera vienen contemplados en el texto refundido de la Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, al ser absolutamente distintos al régimen de recursos operantes en las otras Administraciones Públicas, introducen, cuando menos, cuando menos, un factor de distorsión en las relaciones y el entendimiento del ciudadano con relación a la Administración.

(-p.2955-)

Estos serán temas que espero podamos tratarlos en profundidad el próximo viernes. Y mi Grupo Parlamentario, en mi intervención, se ha limitado exclusivamente, señor Consejero, a señalar unos apuntes de posibles discrepancias al inicio de su gestión, y a reiterarle nuestra preocupación si su gestión va a seguir una línea continuista con relación a la gestión anterior que estimamos no fue afortunada. Reiterándole, señor Consejero, nuestro agradecimiento por su comparecencia y la bienvenida a su Comisión, a esta Comisión, este Portavoz no le queda más que desearle, por el bien de todos, mucho éxito que comenzará por la rectificación, desde nuestro punto de vista por lo menos, en su gestión futura al frente de la Vicepresidencia y de la Consejería de Presidencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Durán. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Quijano tiene la palabra.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Sean igualmente mis primeras palabras de saludo y bienvenida a la Comisión al Consejero, creo que es la tercera vez que le saludo y le dio la bienvenida: la primera vez fue en su comparecencia en la Diputación Permanente, la segunda en la Comisión celebrada hace unos días, y hoy es la tercera; deduzca de esa insistencia el Consejero que mi deseo de éxito en su gestión es, efectivamente, cierto, es el único, creo, resultado posible de esa insistencia, por otro lado, obligada en la bienvenida.

Yo comprendo que hablar el último, me refiero al último de los que mantienen, en mi caso por convicción, posiciones discrepantes con la actual Junta de Castilla y León tiene algunos inconvenientes, porque uno se encuentra ya con el terreno un poco pisado, por así decirlo, y tiene también algunas ventajas, en la medida en que uno también puede señalar las coincidencias con más eficacia y con más claridad seguramente.

Yo creo que, en buena parte, éste es el caso. Por otro lado, nada extraño si se tiene en cuenta que las coincidencias se producen, entiendo, en torno a circunstancias perfectamente objetivas, que yo creo que están en la mente de todos, las digamos de una forma o de otra. Yo comprendo, por ejemplo, que el señor Durán tiene un reflejo, probablemente, mucho más cierto de esas coincidencias porque lo ve desde dentro, lo ve, incluso, desde un puesto de libre designación, que yo creo que siempre permite el tener una imagen mucho más real de lo que es la Administración por dentro que, efectivamente, yo no tengo; por eso decía que actúo más por convicción que por otro tipo de impresiones. Pero, en todo caso, las coincidencias son coincidencias, sobre todo si se dan sobre los hechos objetivos, como antes indicaba.

El Consejero empezó su intervención con algunas reflexiones generales que, efectivamente, provocan en mí también la necesidad de hacer algunas reflexiones generales sobre la situación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en este momento, máxime cuando el propio Consejero alega una línea de continuidad, supongo que sobre lo bien hecho anteriormente, y cuando ha transcurrido ya un plazo de tiempo razonable como para poder hacer alguna valoración sobre los resultados concretos de un modelo de organización administrativa que puede, efectivamente ya, ser objeto de crítica razonable como antes indicaba.

El señor Consejero partió de algunas consideraciones generales sobre la propia función de la Administración, yo creo que intentando contraponer, no sé a favor de quien ni en perjuicio de quien, una Administración de servicio frente a una Administración de control -me parece que son palabras textuales suyas-, una Administración no conflictiva. Yo creo que eso es... o por lo menos no sujeta a conflictos, yo creo que eso es un arma de doble filo, en el mismo sentido que lo decía el señor Durán, porque a veces la falta de conflictividad no es otra cosa que el escaso deseo de no solucionar los problemas reales, pero, en fin, el señor Consejero sabrá y podrá, en su caso, aclarar si de eso deduce una valoración positiva o no tanto, como es mi caso.

Y asimismo, hizo algunas consideraciones generales sobre el modelo de Administración, las cuestiones de reducción de órganos de decisión, ahorro, costo, eficacia, etcétera, etcétera, como también en materia de desconcentración administrativa, que luego tendré ocasión de puntualizar.

Yo entendí, y entiendo, y es lo que fundamentalmente quiero argumentar en esta primera parte de mi intervención, que el señor Consejero, probablemente por el poco tiempo que lleva todavía en la materia, pues, tenía la tendencia, porque entiendo que eso avalaría más la línea de continuidad que asume, pues, de dibujar una especie de panorama un tanto bucólico o pastoril, como el que había en aquellas novelas clásicas antiguas, y que sería el que uno se quisiera encontrar, si considera que todo lo que se ha hecho está bien hecho, pero probablemente no es el que se encuentra si desciende a la realidad.

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Seguramente no descubro nada -y aquí hago mis propias y primeras reflexiones particulares- si digo que la situación real de la Administración de la Comunidad Autónoma en este momento no tiene nada que ver con ese panorama bucólico al que me refería. Yo creo que la Administración actual de la Comunidad Autónoma es más cara, por un lado, y menos eficaz, por otro lado, lo cual entiendo que se contrapone con bastante claridad al modelo predicado. Yo siempre pensé, y lo dije en distintas actividades y en distintos momentos y también en distintas instancias parlamentarias, que el modelo de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma me parecía más un modelo caprichoso, en el sentido de un modelo poco pensado, que un modelo que resultara de una determinada experiencia. Yo aprecié siempre que ahí había un riesgo: el riesgo de que uno, pues, quedara excesivamente comprometido por la facilitad con que se dicen las cosas en este terreno en las campañas electorales, se viera obligado a aplicar ese modelo poco pensado y luego los resultados no fueran los queridos. Me parece que, efectivamente, eso es lo que ha ocurrido en este caso. Yo debo de recordar, por ejemplo, como, tomadas las primeras decisiones en materia de organización administrativa de la Comunidad Autónoma -sobre todo en el ámbito de la Administración periférica, de las Delegaciones Territoriales-, ese modelo ha estado prácticamente parado, en la práctica parado, durante ya más de un año, porque se crean esas Delegaciones Territoriales Unicas sin ningún contenido en cuanto a competencias administrativas a ejercitar, luego hay que hacer, yo creo que con una gran precipitación, una reforma de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma para permitir ese proceso de delegaciones y desconcentraciones sucesivas. Y luego hay que ir -y este es el momento actual-, pues, produciendo una serie de decretos de desarrollo de esa reforma de la Ley de Gobierno, que son los que -y esperemos a ver cómo resulta la experiencia al final- terminan ofreciendo alguna competencia concreta a esas Delegaciones Territoriales Unicas; deduzco entonces que han estado, como decía, más de un año sin tener funciones concretas, distribuidas administrativamente, que realizar. Y creo que al final el resultado no puede ser más paradójico, porque, si no me equivoco y el seguimiento que hago de estos temas en el Boletín Oficial de la Comunidad es prácticamente diario, el proceso de delegaciones, de desconcentraciones primero, de competencias de los Consejeros, Secretarios Generales, etcétera, en las Delegaciones Territoriales, y el siguiente proceso, ahora en marcha, de delegaciones sucesivas, terminan dando con las competencias en los jefes de servicio territoriales, porque el Delegado Territorial Unico que las recibe por desconcentración las termina reenviando a los jefes de servicio territoriales, que de esta manera se convierten en los auténticos Delegados Territoriales de la Junta, teniendo por encima, pues, esa especie de Gobernador Civil-bis, de quien alguien habló, que se dedica probablemente todo el día, en algún caso, a atender sus asuntos municipales prioritariamente creo, pero fundamentalmente se dedica todo el día, pues, a ir de un sitio para otro sin saber qué es en concreto lo que tiene que hacer, no sólo porque no tenga tiempo, sino porque probablemente no tiene competencias administrativas directas. De tal manera entonces que por esa vía indirecta se termina al final afirmando un modelo como el que se quiso sustituir, en el cual hay auténticos Delegados Territoriales, más de los que había antes, que se llaman ahora Jefes de Servicio Territorial, pero el cambio es puramente nominal y no tiene otro contenido.

Si se tiene en cuenta además -y avanzo en el desarrollo- que otro de los objetivos no sólo fue el de eliminar cargos y, realmente, como yo tengo por cierto, reduciendo instancias administrativas y demás, otro de los objetivos fue el de la profesionalización, etcétera, de la Administración Pública, pues, el panorama ahí me parece que no podría ser más desolador, o al menos sería igual de desolador que en el aspecto anterior. Esta Administración actual está llena por doquier de adscripciones provisionales, como el señor Consejero sabe, y no le he escuchado ninguna palabra en ese sentido. Luego me detendré también más en ello. Las libres designaciones se siguen utilizando prácticamente por doquier, en algunos casos, incluso, en las nuevas relaciones de puestos de trabajo aparecen libres designaciones atribuidas a niveles de administración que antes no existían; cómo, igualmente, y yo creo que por una especie de puerta de atrás, pues, otro de los mensajes que fue la supresión de los gabinetes sigue siendo igualmente desconocido. Yo le debo de recordar al Consejero que mantiene en vigor, que yo sepa -salvo que el decreto de derogación estuviera preparado-, un decreto de su antecesor que permitía, por una decisión personal, en este caso ya suya, adscribir al Gabinete del Presidente de la Junta todo tipo de funcionarios, vinieran de donde vinieran, de la propia Administración Autonómica sin ningún tipo de limitación y además permitiéndoles mantener la retribución en la Consejería de Presidencia. Espero que ese Decreto esté simplemente en el Boletín, como norma nominal, que no sea utilizado, porque si algún día fuera utilizado nos las veremos, en el sentido parlamentario del término, dado que, a mi juicio, eso supondría el desconocimiento de cualquier limitación. Yo prefiero, en ese sentido, que haya unos gabinetes perfectamente estructurados, limitados en el presupuesto, conocidos en su composición, y que no haya que tomar esta especie de decisiones, por la puerta de atrás, para conseguir en la práctica lo que se dice que se quiere evitar al menos en los mensajes electorales.

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Como reconozco también que hay, a mi juicio siempre, un cierto proceso de corporativización en la Administración de esta Comunidad del que seguramente serían muestras, a mi juicio, suficientes las asignaciones exclusivas a determinados niveles o tipos o clases de funcionarios que se van haciendo de forma progresiva. Seguramente, en ese sentido, la Consejería de Agricultura sería un modelo a no imitar, pero como ese es el modelo extremo prefiero referirme a algún otro ejemplo: acaba de salir hace pocos días un Decreto que reserva todos los puestos de asesoría jurídica en todas las Consejerías y sin ninguna distinción exclusivamente al cuerpo de letrados, a la escala de letrados de la Comunidad, lo cual me parece en ese sentido una asignación abusiva, y que además va a limitar las legítimas expectativas de otros cuerpos de funcionarios donde hay licenciados en Derecho que podrían cumplir perfectamente esa función en el ámbito de las Consejerías, aunque entiendo que alguna dirección de esos letrados, o de esos funcionarios, pudiera, efectivamente, estar encomendada de forma exclusiva a la escala de letrados, pero no absolutamente todos los puestos en materia de asesoría jurídica. Como también le recuerdo al Consejero, aunque ese supuesto estimo que en breve plazo va a ser resuelto por la propia Cámara, dado que la Junta no tomó ninguna iniciativa al respecto, que tiene una asignatura pendiente en materia de incompatibilidades de altos cargos de la Comunidad, en los cuales algún ejemplo, el caso del Delegado Territorial dedicado a resolver asuntos municipales preferentemente, lógicamente del municipio del que es Alcalde, y, por tanto, en flagrante conflicto de intereses de forma reiterada, me parece que sigue siendo, no el único, pero sí, a mi juicio, el ejemplo más válido.

Y en esa misma línea de reflexiones generales, me parece que el Consejero debiera de corregir, o por lo menos matizar, alguna afirmación que ha hecho. Me refiero a la confusión en que ha incurrido -a mi juicio de forma bastante palmaria- en materia de desconcentración y descentralización administrativa; el Consejero sabe que esos son dos procesos que nada tienen que ver el uno con el otro. La desconcentración administrativa es una cuestión de relación de la Comunidad Autónoma con sus propios funcionarios en niveles inferiores, de reatribución de competencias, por así decirlo; mientras que la cuestión de la descentralización lo es de la Comunidad Autónoma con las Entidades Locales -Diputaciones o Ayuntamientos-. Y creo, entonces, que mezclar esas dos cuestiones no tiene ningún sentido, salvo que el Consejero haya incurrido en un lapsus. Lo digo porque en algún momento de su intervención -y lo tengo recogido como expresión textual- hizo una indicación al respecto señalando, a propósito de la vigente Ley de Relaciones de la Comunidad Autónoma con los Entes Locales, que no quisimos derogarla. Yo le pediría, porque es una cuestión elemental de precisión, algún tipo de matización al respecto, porque yo no sé si a veces el no querer es el no poder, o el no considerarlo conveniente, al menos por utilizar el lenguaje con precisión. Le recuerdo al respecto que esa Ley vigente fue votada por, al menos, dos Grupos Parlamentarios que estaban en esta Cámara en la Legislatura anterior, que lo siguen estando, que supongo mantendrían posiciones idénticas a las que tuvieron en la Legislatura anterior, y que, en ese sentido, harían inviable la derogación, incluso en el caso de que la Junta quisiera derogarla; por eso, yo creo que el no querer, en este caso, es más bien no poder o no considerarlo conveniente. Porque, efectivamente, ya en el propio discurso de Investidura del Presidente de la Comunidad -al que supongo que el Consejero no tiene ninguna intención en contradecir en este punto-, lo dijo expresamente, que no tenía intención de derogar esa Ley, sino sólo de desarrollarla porque no consideraba conveniente su reforma.

Y con ello paso a una lista, mucho más breve ya, de cuestiones concretas, una vez que he pretendido dejar marcada inicialmente la intervención con estas reflexiones generales. Efectivamente, y desde el punto de vista de la continuidad que el Consejero alega, me parece que hay algunos asuntos pendientes, asignaturas pendientes preferiría decir yo, que el Consejero debe de abordar; algunas ha señalado en su intervención y yo le iré puntualizando en las que me parece que tienen algún interés específico el ser matizadas. Probablemente esa es la parte fundamental de la herencia recibida; si no toda la herencia, sí por lo menos un legado cuantioso que le viene de la situación anterior.

Yo ya le dije al Consejero que le deseaba éxito, pero le deseaba o le pedía también dedicación. Es decir, no le deseo que tenga los mismos obstáculos y riesgos que tuvo su antecesor, que por necesidades obvias de la situación interna en su propio partido político seguramente tuvo que dedicar más tiempo y más energía a resolver otros tipos de problemas que nada tienen que ver con la Administración de la Comunidad; espero que el actual Consejero no reincida en esa situación, espero que no lo haga y, desde luego, estoy seguro de que va a intentar no hacerlo. Por eso me limito a recordarle, siguiendo su propia enumeración, algunos asuntos que creo que necesitarían alguna puntualización.

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En primer lugar, el asunto de la reforma de la Ley de la Función Pública. Pues mire, ese proyecto de reforma fue anunciado por su antecesor -que yo recuerde- hace un año, quizá largo: desde que salió la sentencia y desde que supimos, y tuvimos el texto, que el Gobierno de la Nación procedía de inmediato, cosa que hizo ya hace casi seis o siete meses, a reformar la Ley 30 en la medida en que lo exigía esa sentencia del Tribunal Constitucional. No sólo eso, sino que, aprovechando esa reforma, ha entrado en otras cuestiones que a veces no son objeto de suficiente valoración, a pesar de la importancia que tienen. Pues bien, esa iniciativa que fue pedida reiteradamente y ofrecida por su antecesor, sigue, exactamente, en la misma situación. Por eso yo le preguntaría o le pediría al Consejero la puntualización de cuándo se va a proceder a esa reforma, a presentar el proyecto de reforma, porque, si no hubiera una fecha concreta, entendería que el tema no va muy en serio. Es decir, que es otra vez alguna de esas promesas, como las diez leyes de descentralización en materia de competencias, que se anunciaron en el discurso de Investidura para el primer año de Legislatura y de las cuales no hay todavía ninguna presentada. No las diez para el primer año; se dijo que en el transcurso del primer año se irían, por un orden de prioridades, presentando esas leyes, y no hay -que yo sepa, al menos- ninguna presentada. Por tanto, pues, le pediría alguna precisión en ese sentido, no sólo sobre el momento, etcétera, sino, incluso, sobre el alcance que ese proyecto de reforma pudiera tener; o sea, si se va a limitar a trasladar a la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma las reformas que exige la sentencia del Tribunal Constitucional, o, como hizo el Gobierno de la Nación, va a ir algo más lejos, intentando solventar algunas cuestiones traídas de la Ley 30 y que todo el mundo entendíamos que exigían algún tipo de mejora, muy concretamente en el tema de la limitación de las libres designaciones, cuestión no afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional, pero, efectivamente, del mayor interés por lo que antes indiqué.

Le pediría, igualmente, alguna puntualización en relación con el concurso de promoción interna de funcionarios. Lo digo porque también sus expresiones me han suscitado alguna duda. Usted ha puesto -he entendido yo al menos- algún inconveniente a ese concurso de promoción interna de funcionarios, derivado -y repito palabras textuales- "de la conveniencia de evitar colapsos, despilfarros y de la conveniencia de aprovechar experiencias adquiridas". Ahí es donde yo efectivamente veo el peligro, porque eso pudiera tener otra lectura distinta: lo que pudiera haber querido decir el Consejero, sin decirlo, es que, restringiendo esos concursos de promoción interna, lo que se produciría es la consolidación de algunas situaciones administrativas adquiridas por vía de adscripción provisional, o, en su caso, de libre designación; supongo que el Consejero no predica eso, y por eso quisiera escucharle expresamente que esos términos de despilfarro, colapso, aprovechar la experiencia adquirida, etcétera, no tienen nada que ver con esta finalidad a la que yo me refiero. Yo creo y parto de la base de que ese concurso de promoción interna -es otra parte de la herencia recibida- es perfectamente necesario y además urgente, es un tema que no puede esperar más; porque también el mantenimiento de situaciones de adscripción provisional generalizadas, como ocurre en este momento, aparte de que puede servir para primar determinadas cercanías en el afecto, en la ideología, etcétera, etcétera, tienen también a los funcionarios que ocupan esa responsabilidades en una situación asimismo provisional, y yo creo que no es la mejor situación para desarrollar una tarea administrativa eficaz.

En tercer lugar, en estas puntualizaciones concretas, se ha referido al tema de la Oferta Pública de Empleo, y yo creo que ha pretendido hacerlo en unos términos que yo creo poco precisos, pero seguramente anunciando una especie de decisión positiva por anticipado. Ha dicho literalmente que la Oferta de Empleo Público "no sería expansiva". Pues mire, ni expansiva ni restrictiva; la Oferta de Empleo Público, por un lado, está delimitada en los aspectos generales del crecimiento del personal por el Plan de Desarrollo Regional, que no es competencia efectiva de su ámbito de actuación en la Junta, y, por otro lado, la Oferta de Empleo Público anual debe de recoger, como establece la Legislación de la Comunidad, las vacantes en el Presupuesto. Ni expansiva ni restrictiva...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Señor Quijano, le agradecería fuera concluyendo su intervención.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Si, termino en cinco minutos. Ni expansiva... En menos de cinco minutos. Ni expansiva ni restrictiva: las vacantes que haya en el Presupuesto, que esta Cámara tiene recién aprobado y que supongo que, efectivamente, por el hecho de ser ya una Ley aprobada, el señor Consejero comparte.

E igualmente -y con eso termino esta lista de cuestiones a puntualizar- en el tema de la formación de funcionarios. Yo he creído detectar en su intervención un cierto lamento, probablemente ya irremediable, a la desaparición de aquel Instituto de Administración Pública que se aprobó por unanimidad en esta Cámara y, por tanto, que usted votó en su calidad de Procurador en la Legislatura anterior. Y lo digo porque ese, probablemente, hubiera sido el mecanismo idóneo para realizar estar tareas. Yo recibo con mucha frecuencia -y el señor Consejero en ese sentido me matizará- la impresión de buena parte de funcionarios, por lo menos los que se atreven a comentarlo, de la Comunidad Autónoma, que lamentan que esos cursos de formación, para quien los ofrece sobre todo, o para quienes intervienen en ellos, sean o puedan estar siendo un cierto coto cerrado. Se lo digo porque quisiera recibir algún tipo de puntualización en ese sentido. En el sentido de que no habría una identidad de acceso en la posibilidad de recibirlos o de impartirlos, que en ambos sentidos he recibido la impresión a que me refiero. Creo que si existiera un mecanismo participado, como era aquel Instituto de Administración Pública, por el conjunto de los Grupos Parlamentarios que pudiera actuar en pie de igualdad y en equivalencia, incluso por convenios con el Instituto Nacional de Administración Pública, el tema estaría resuelto; pero probablemente aquí hay, igualmente, algún otro compromiso precipitado que hay que mantener, incluso cuando ya se ha dejado de creer en él, o cuando la práctica ha demostrado que hubiera sido la fórmula más eficaz.

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Y termino. Hay, de todos modos, algunas lagunas en su intervención de las que quisiera algún tipo de precisión. Por ejemplo, nada ha indicado en materia de retribuciones de los funcionarios, concretamente del controvertido asunto del Fondo de Homologación que, en su caso, reservo para la réplica, para no consumir ya más tiempo ahora, y que es, como saben, un compromiso sindical en ese sentido. Nada ha indicado de algunas áreas particularmente delicadas de la Administración, en este caso entre comillas, de la Comunidad, y que están bajo su competencias como Consejero; me refiero, evidentemente, a la Oficina del Portavoz. Quisiera escucharle algún mensaje alentador al respecto, en el sentido de que bajo su mandato la Oficina del Portavoz va a servir para lo que tiene que servir y no para otras finalidades que Su Señoría seguramente conoce tan bien como yo y que, en todo caso, en la réplica tendremos ocasión de profundizar en eso. Otras áreas de su actuación administrativa, la Dirección General de Relaciones Institucionales, etcétera -simplemente se lo recuerdo-, tampoco han sido motivo de comentario por su parte, y, si hubiera alguna precisión que realizar, le ofrezco esa posibilidad, repito, sin perjuicio de que en la réplica podamos entrar más a fondo en estas cuestiones concretas que he resumido demasiado por no invertir más tiempo en mi intervención. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Quijano. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Mañueco tiene la palabra.

MAÑUECO ALONSO

EL SEÑOR MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Gracias también, nuevamente, señor Consejero por esta nueva comparecencia que por su voluntad se lleva a cabo y en la cual esta Comisión tiene la posibilidad de conocer cuál es el criterio y cuáles son los objetivos a seguir y el desarrollo del trabajo.

Antes se decía en este último turno de la oposición, y yo quiero que quede claro ante todos los señores Procuradores, que tanto en las Comisiones como en la Cámara no será la falta de interés, ni será el relajarnos de una forma excesiva, ni el desconocimiento de los problemas de nuestra Comunidad, lo que nos hagan al Grupo Popular llevar a cabo un apoyo incondicional del Gobierno, sino que nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con nuestra Región nos obligarán en las Comisiones y en los debates parlamentarios a decir cuantas cosas vayan en mejora del programa del Gobierno Regional.

Lo que tampoco se puede obviar es que la conjunción de ideas y de trabajos del Grupo que sustenta el Gobierno nos hace conocer y compartir cuáles son las coordenadas en las que se están moviendo cada una de las distintas Consejerías, que están llevando a cabo conjuntamente este trabajo.

Nosotros, señor Consejero, queremos decirle, en la misma línea que el día anterior, que contará con nuestro trabajo y que contará con el respaldo de nuestro Grupo, y que también contará con las observaciones, puntualizaciones y aportación de conocimientos que cada uno de nosotros tengamos en la mejora de su programa. Que nos encontramos hoy en el debate de algo trascendental para el funcionamiento de la máquina administrativa, y que, por consiguiente, estamos ante lo que puede posibilitar, con eficacia o no, la gestión y los servicios de los ciudadanos de nuestra Comunidad. Que es bueno, y que ha sido compartido y que seguimos defendiendo, el que se lleve a cabo ese programa de profesionalización de la Administración que ha de estar por encima de que determinadas personas deban estar o permanecer en determinados lugares. Creo que ha sido un ejemplo el que se ha venido dando de que, a pesar de los conocimientos de las vinculaciones ideológicas de determinadas personas, sigan desarrollando, con su capacidad de funcionarios -como muy bien se ha dicho-, la responsabilidad que tenían, porque el servicio que tienen con la Comunidad no es un servicio político, sino que es un servicio funcionarial. Y es de agradecer, también, que muchas de estas personas, de estos funcionarios se hayan puesto a disposición y sin condiciones al servicio de la Administración, no regateando su conocimiento ni su esfuerzo en el trabajo, a pesar de que los principios políticos que les mantienen no sean los mismos que están en la Junta.

Por consiguiente, en ese aspecto, nosotros, en cuanto a la profesionalización, la modernización y la adaptación, estamos totalmente de acuerdo en que se lleve a cabo bajo el programa establecido y con la calidad y el rigor que nuestro Grupo quiere y que sabemos que defiende el señor Consejero.

Es cierto que el tiempo avanza para todos, y que compromisos que se habían adquirido, si no en plazos determinados, sí en unos períodos legislativos de presentación de Proyectos -el de la Ley de la Función Pública, que es muy importante-, también somos conscientes de que, por las dimensiones y por la situación de nuestra Comunidad, hay que estudiarlo de tal forma que cuando el Proyecto venga a la Cámara, venga con materia y con claridad suficiente como para poder ser debatido, defendido, criticado por los distintos Grupos. Por consiguiente, aquí lo nuestro es decirle: cuanto antes, señor Consejero, en esa línea de responsabilidad y de compromiso que se viene trabajando.

Y decir también, para concluir mi corta intervención, porque ya digo que nuestro Grupo conoce, está comprometido y respalda la gestión que se lleva desde la Consejería, que existe, en este programa de descentralización en el que estamos trabajando, existe una Administración establecida, eficaz, que puede estar al servicio o como complemento de ese desarrollo descentralizador administrativo en el que estamos trabajando. Que sigamos sopesándolo en la misma forma que hemos venido haciéndolo y que le demos esas competencias de acción en la periferia de nuestra Comunidad, no solamente para reducir los gastos, sino para hacer eficaz el funcionamiento y la armonización de todas las Administraciones o, por lo menos, de las que puedan depender o tener cierta dependencia, a pesar de su autonomía, de este Gobierno Regional.

Y con esto, por nuestra parte, nada más. Agradecerle su presencia y decirle, nuevamente, que estamos a su disposición.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Mañueco. Para el turno de contestación, tiene la palabra el señor Consejero.

APARICIO PEREZ

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EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ): Bien. Gracias, señor Presidente.

Intentaré algo tan difícil como ser breve en la réplica a unas intervenciones que, en cualquier caso, pueden calificarse como extensas y, en algún caso, como exhaustivas.

Por comenzar por el orden que se produjeron las intervenciones, y en relación con lo ya dicho por el señor representante del Grupo Mixto, por supuesto que una de las claves ha sido esa capacidad de autoorganización de la que debe disponer una Administración; ésa ha sido una de las claves, uno de los objetivos, y hemos..., pienso que hemos sido capaces de responder a ese reto; pienso que hemos sido capaces de autoorganizarnos desde la Junta de Castilla y León.

Ya le anuncio también que -como tuve ocasión de hacerlo en la anterior comparecencia ante esta Cámara- vamos a intentar siempre el máximo grado de entendimiento y de consenso en cualquier elaboración normativa, sea del rango que fuera. Ya tuve también entonces ocasión de decir que la concepción, por parte de nuestro Grupo, de la gobernabilidad, no era como de un bien patrimonial, sino de una herramienta al servicio de la Comunidad Autónoma y de una mayor eficacia de la misma.

Tengo que hacer necesariamente un balance muy positivo de lo que ha sido el proceso de refundición, digamos, de supresión -como utilizaba antes- de órganos de decisión. Y en relación con el desarrollo del artículo 20 del Estatuto de Autonomía -y con esto ya anticipo lo que ha de ser argumento que demandaba el señor Quijano-, en el propio discurso de Investidura del Presidente de la Comunidad quedó claro que aceptábamos, previo posterior desarrollo y perfeccionamiento, el desarrollo que del artículo 20 había realizado ya la Ley de Relaciones de la Comunidad con las Entidades Locales.

Sí que quiero hacer hincapié en que, al menos, es deseo de este Consejero que no se acuñe el término de "Superdelegado". A nosotros..., y partiendo del máximo respeto -y pienso-, de la máxima consideración hacia personas que ya han demostrado una aprobada eficacia administrativa y política, preferimos concebir, en sus justos términos, Delegación Territorial, antes que hablar de esos otros términos que pienso que de alguna forma deforman y distorsionan su propia actuación.

En relación con lo que puede ser también cuestión común, suscitada por varios Grupos, por supuesto que la Oferta Pública de Empleo se va a atener al marco presupuestario. Y, por supuesto, que la acción de crecimiento económico y de retribuciones se va a atener al marco presupuestario; no podía ser de otras forma, ciertamente. Pero no olvide -porque también alguno de los representantes ha hecho hincapié en esta materia-, no se olvide nunca que están pendientes compromisos, algunos ya concretados económicamente con las centrales sindicales y otros que son simplemente compromisos de diálogo, porque también queremos que tengan conocimiento los representantes de nuestros funcionarios y nuestro personal laboral de las medidas que les afectan; y es otra de las líneas en las que también se ha trabajado.

Contestaciones muy concretas que voy a intentar a algunas cuestiones que se han suscitado.

En el tema de informática. A nadie se le oculta que la puesta en marcha de un proceso informático requiere, en principio, un doble esfuerzo: el de buen funcionamiento de dicha base informática y su contraste o su cotejo con los métodos, digamos, convencionales. Si alguien hubiese optado por la duplicación de la Administración para poder llevar a cabo este reto, hubiese cometido quizás un grave error de sobredimensión. Por eso, quizá nosotros lo que estamos haciendo en este momento es pedir un esfuerzo que reconocemos a los funcionarios, de la mayor y más rápida adaptación posible. Y ¿qué se ha hecho también? -y tendrán conocimiento Sus Señorías- Encargar un estudio a un organismo que entendemos de suficiente prestigio, para que nos dé también su propio criterio absolutamente profesional; y esta Compañía, cuyas auditorías pueden ser más relevantes o más conocidas las económicas, ha hecho un dictámen que trataremos de seguir para, cuanto antes, poder, efectivamente, resolver esta situación.

En relación con la política de edificios, al menos a este Grupo no le duele en prendas, en algún momento, en reconocer lo positivo de la acción de otras Juntas anteriores. Como consideramos que era positivo, podía entenderse positivo el proceso de concentración física, aun partiendo de la dificultad de haber asumido en las transferencias organismos absolutamente heterogéneos en su origen y en sus medios -tampoco a nadie se le oculta que era frecuente la transferencia, cada vez de un local, en distinto régimen, incluso, de arrendamiento de ocupación de vehículos y de otros medios absolutamente heterogéneos-, también en eso, en los edificios, estamos intentado concentrar en las medidas de las posibilidades presupuestarias. Y los Proyectos que considerábamos interesantes se siguen manteniendo y pienso que van a concluir pronto; distintos edificios de usos múltiples, creo que podrán tener entrada en funcionamiento a lo largo de este ejercicio.

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En relación con la Ley de la Función Pública, aclaro que cuando dije que no quería limitarme exclusivamente a lo que eran los aspectos de inconstitucionalidad de la misma, añadí otros dos motivos de reflexión y que van a ser tenidos en cuenta. Las dificultades reales operativas ya producidas en el normal desenvolvimiento de la vida de las Consejerías... yo citaría un caso -como bien conoce también, quizás, el señor Quijano y el resto de los representantes- se han podido suscitar en concursos de personal sanitario, en el tratamiento de contratados interinos..., en fin, distintas cuestiones que sería deseable estudiar -y supongo que en eso podremos contar con la buena voluntad de los distintos Grupos-, estudiar fórmulas que permitan salvar esas dificultades operativas, que no tienen por qué tener una mayor dimensión política, pero que sí que, en algún momento, han supuesto una auténtica dificultad de funcionamiento de la Administración.

En relación con las intervención del representante del Grupo del CDS -y, por supuesto, correspondiendo a su gratitud por mi presencia-, sí que debo decirle que, fundamentalmente, la línea va a ser de continuidad, y debo decirlo aprovechando la definición que hizo el representante del Grupo Socialista, sobre lo bien hecho -y añado-, que es mucho y que entendemos que es mucho.

Respecto a las sospechas, yo debo aclarar que soy una persona nada suspicaz; no actúo ni por sospechas, ni actúo por premuras, salvo las que entiendo que son de necesidad para la Comunidad Autónoma, ni actúo por otras presunciones que no sean las que indica la Constitución, de inocencia, y en este caso positivas. Ya le insisto, no soy nada suspicaz.

Creo que, en materia de concursos, presumo o puedo presumir su realización, al menos de los que digamos son mas perentorios a lo largo de este ejercicio. Presumo que se puedan cerrar las relaciones de puestos de trabajo en fecha muy próxima, y no olvidemos que es pieza clave para poder desarrollar las restantes, para poder definir cuáles son los puestos vacantes. Y presumo también que han de seguirse un adecuado equilibrio entre lo que son los criterios -que yo insisto- respetabilísimos de los funcionarios y los criterios respetabilísimos funcionales, para que la conjunción final sea una mejor Administración.

No discuto ni entro en que ustedes conozcan muy bien la historia de la Administración Pública española. Mi obligación es, en este momento, hacerme cargo del estado actual de la Administración de Castilla y León, pero no en ese ambiente que usted decía, probablemente ingrato, en el que han de vivirse muchos funcionarios. Yo sí que me atrevería a hacer dos grandes bloques de motivos de descontento: las causas que sean realmente específicas de esta Comunidad y las que sean causas externas; y nos movemos con una Ley de Bases que no es la que quisiéramos tener -y lo manifestamos distintos Grupos, el suyo y el mío, en algunos debates parlamentarios-; nos movemos también, con una serie de reformas en las cuales no han sido atendidas o, prácticamente, han sido desatendidas todas las indicaciones que su Grupo y el mío realizó en otras Cámaras. Y yo, en ese, digamos, en en ese origen de las crispaciones, sí que me atrevería, al menos, a distinguir las que sean auténticamente intrínsecas, propias de esta Comunidad, de aquéllas que nos vienen dadas y que, desgraciadamente o afortunadamente no podemos cuestionar, como sería el régimen básico de los funcionarios públicos.

Coincidimos en algo plenamente: en la alta estima que usted tiene hacia los funcionarios, coincide también este Consejero. Creo que disponemos de un material humano de absoluta primera calidad; en eso coincidimos plenamente. Y, por evidente cortesía, me permitirá que no le anticipe ese debate, que puede tener lugar este viernes, porque quizás entonces recibiese la amable recriminación de que pretendo deflactar dicho debate. En ese sentido, usted ya ha dado alguno de los argumentos; yo se los agradezco, serán tenidos en cuenta, pero permítame que no anticipe ese debate, porque, ya le digo, quizás incluso provocase alguna amable recriminación.

En relación con lo que ha expuesto, la amplia exposición del representante del Grupo Socialista, señor Quijano, por supuesto que me doy por suficientemente saludado a lo largo de esta semana. Por supuesto que he incurrido en algo que, bien, es lógico y es normal: la reiteración de argumentos que han sido utilizados, y, en consecuencia, pienso que de algunos me hará gracia de que vuelva a reiterarlos. Tampoco me atrevo a entrar en lo que he visto en algún momento que podría ser un asunto puramente bilateral.

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En relación con el concepto de conflictividad, sí que le digo que -y usted lo comprende perfectamente-, que, al menos, en esta Comunidad Autónoma, yo no digo que sea ningún paisaje bucólico, entre otras cosas no soy buen paisajista, ni pienso que esté hoy en esta Cámara en atención a mis cualidades paisajísticas. Yo lo que le digo es lo siguiente: no ha habido esas explosiones de conflictividad, indeseables explosiones de conflictividad que se han producido en otras Administraciones Públicas, y supongo que eso también permitirá utilizar sin que suponga el más mínimo menosprecio hacia las acciones de recursos en las vías ordinarias, al menos aquí no se ha recurrido a esa otra vía, que insisto que también puede ser lógica. Por cierto, en esa vía, en la que hoy aún no existe una normativa que permita armonizar los distintos intereses que pueden confluir en una huelga, admítame, señor Quijano, que quizás -y ésa ha sido una demanda que hemos, en distintas ocasiones, planteado- seguimos, en algunos..., y sigo hablando de causas internas y causas externas, con algunas carencias básicas -y la palabra la utilizo "sensu stricto", carencias básicas- para poder afrontar determinadas cuestiones de conflictividad. Pero, al menos, insisto, no ha habido esas explosiones indeseables -y las califico así- de conflictividad que pueden haberse producido en otras Administraciones.

Entiendo en clave de humor la indulgencia que me daba por mi breve..., aún breve permanencia en este puesto, porque inmediatamente usted ha pasado a enumerar un montón, un auténtico montón de cuestiones que considera de su interés y que yo intentaré no defraudar a sus pretensiones y a ss inquietudes.

En el proceso de desconcentración hacia las Delegaciones Territoriales, yo lo único que le rogaría es que lo conciba usted como un proceso dinámico, no un proceso estático, y se empeñe en traerme la foto de un determinado momento:el momento en que, por razones operativas, alguna pequeña parte de competencias sean trasladadas hacia los Jefes de Servicio, porque eso sería muy injusto, juzgar una película por una sola foto. Hubo que hacer algo que a usted no se le oculta, por supuesto: consideramos -y eso lo mantenemos- que había un exceso de Delegaciones Territoriales. Yo a los Delegados Territoriales que ocuparon aquellos puestos no me atrevo a calificarlescon la dureza que usted lo ha hecho, o escalafonarles en las distintas categorías de Gobernadores; no quiero entrar en comparación respecto a otro tipo de Delegados que también existían. Pero admítame que, desde luego, sería bastante injusto que el juicio a nuestra gestión de esta... vamos a llamarla serie de acciones sea por una instantánea administrativa, como ha podido ser el último Decreto producido.

En relación con las adscripciones provisionales, yo le explico lo que es mi criterio: cuando una persona ya está desempeñando, y desempeñando satisfactoriamente, un puesto ese desempeño debe tener una contrapartida económica; y con ese fin, y sólo con ese fin, sin otras presunciones -que también en esto debo decir que vuelvo a no ser suspicaz-, se han llevado a cabo las libres... las adscripciones provisionales.

Respecto a libres designaciones, usted conocerá mucho mejor que yo el tema, porque le podría dar cifras superiores en cuatro o cinco veces a los de funcionarios de la Comunidad Autónoma realizadas desde el Gobierno Central; luego, en eso, mayores especialistas que yo tiene que haber. En los dos últimos Ejercicios se han producido treinta y siete mil quinientas libres designaciones en España; y le aseguro que en esta Comunidad, digamos, la estadística no se alteraría por su cuantía.

En el tema de los Gabinetes, yo voy a decir nada más dos cosas. Por supuesto, la primera -y usted lo sabe-, que ese Decreto no ha sido utilizado, y eso lo sabe usted. Pero, en cualquier caso, si quiere utilizar una vara rígida de medir, utilice la vara presupuestaria de lo que pesan en el actual Presupuesto los Gabinetes y lo que pesaban en anteriores Presupuestos, que a lo mejor es la vara más, digamos, más ortodoxa para poder comparar el concepto de Gabinete.

En relación con un tema que veo que ustedes se interesan mucho -y es curioso, ya tuve ocasión de comentarlo en la comparecencia anterior sobre mi dedicación a este puesto como incompatible con la dedicación al Partido-, vuelvo a decirle lo que el otro día dije: para que las Instituciones funcionen bien en un sistema democrático es necesario que los Partidos funcionen bien; y para que los Partidos funcionen bien hacen falta personas que se responsabilicen de los mismos. Y le puede garantizar que estoy seguro que usted en ningún momento, en ningún momento pierde capacidad de trabajo y calidad parlamentaria, que, por cierto, en su caso es generosa, por el hecho de dedicarse también a su Partido, en la medida de las responsabilidades que usted tenga en su respectiva circunscripción. Y si quiere casos extraños, le vuelvo a recordar el caso más extraño que yo conozco en este momento: hay un Delegado Regional del Gobierno en Murcia que vive permanentemente en Argel. Si a usted le parece que éste es un tema interesante, yo me atrevería a citarle una cuestión semejante.

El término de "derogación" usted sabe que no lo podía hacer, no lo podía hacer de otra forma más que en los propios términos, y remitiéndome al discurso de Investidura que el Presidente de la Comunidad realizó en su momento. Como consecuencia, usted sabe que eran dos posibles líneas de trabajo, y la una fue la de la aceptación -le insisto-, que quizás, a diferencia de otros Grupos no nos duelen prendas en reconocer que si hay una base positiva, o si en cualquier caso se puede evitar un retraso y no encontrar excusas fáciles para la inoperancia, intentaremos optar por ese trabajo, aunque nos resulte incómodo.

En cuanto a la Reforma de la Ley de la Función Pública, usted mismo ha dado un argumento que es importante: la propia Sentencia del Tribunal Constitucional obliga a una revisión de la normativa nacional. En la revisión vuelven a aparecer puntos que se estiman como básicos, y que, en consecuencia, deben de ser tenidos en cuenta cuando haya que redactar la Ley de la Función Pública de Castilla y León. Luego, usted ya me ha dado una de las claves de por qué, prudentemente, no se ha traído el Proyecto a la Cámara; y yo le manifiesto mi confianza de poderlo hacer en el presente período de sesiones. Pero permítame, también, que hubiese sido sorprendente que el Proyecto llegase antes que el propio Consejero. También se me hubiese acusado, quizás, de descortesía.

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En relación con el concurso de promoción interna de funcionarios, y al margen de lo que usted intenta, que es una labor de exégesis, de interpretación de mis palabras, pues, me remito a mis palabras. Permítame, que es lo más cómodo y creo que lo que resultaría menos conflictivo o beligerante desde el punto de vista del debate.

Y en relación, como ya dije, con la Oferta Pública de Empleo, por supuesto que será la adecuada, y será la adecuada sin salirnos del marco. Yo soy plenamente consciente de que si hay un marco que no podemos rebasar, y es un marco en el que me gustaría contar con mayores grados de compromiso a la hora, por ejemplo, de hablar de las retribuciones de los funcionarios, es del marco presupuestario. Porque usted sabe como yo que hay determinadas partidas que ya no sabemos si interpretarlas, si son el mínimo o el máximo, como mínimo o como máximo respecto a alguno de los Fondos de Homologación. Y espero que en eso también usted, en esta lógica reciprocidad, me aclare si estamos hablando de mínimos o máximos, que será un dato de gran utilidad para afrontar la política de carácter retributivo de la Consejería.

Yo no lamento, sinceramente no lamento la desaparición del Instituto de Administración Pública. No lo lamento por un motivo: porque se ha demostrado que puede haber otras fórmulas igualmente eficaces, como puede ser la vía de los convenios, para resolver esta cuestión de mejorar la formación de los trabajadores al servicio de la Administración Pública de Castilla y León. Y como considero que es una vía que está funcionando correctamente y en la cual debe incidirse, para la cual ya están previstos nuevos convenios este año, realmente, no tengo motivo especial para lamentarme por la desaparición de esos Institutos, que pienso que son, muchas veces, más aparato que sustancia.

En relación con las retribuciones, una cosa le puedo garantizar: cualquier compromiso adquirido frente a las centrales sindicales, frente a la representación de los trabajadores, va a ser mantenido, por supuesto.

Y en relación con la Oficina del Portavoz, ya le... perdone, a lo mejor, la dureza de la expresión, pero sirve para lo que está sirviendo, y no hay otra cosa. Y creo que ustedes, también, si quieren utilizar vara de medir, utilicen vara de medir, vara de medir presupuestaria. Y me dicen: ¿está sirviendo para difundir la política de la Junta?; está sirviendo para difundir la política de la Junta. ¿Está sirviendo, en algún momento, para potenciar la imagen institucional de Castilla y León?; está sirviendo. ¿No les gusta esta forma institucional de......?; bueno, es lógico. Pero, ya digo, aplíquese, incluso, la vara presupuestaria. Y en cuanto al conocimiento, pues, me alegra que usted la conozca mejor que yo.

Y en relación con el área, vamos a llamarlo así, amablemente, de las relaciones institucionales de esta Consejería, sí que les voy a decir una cosa: que si no he hecho especial hincapié en ello es porque considero que está funcionando a plena satisfacción, al menos en relación con este Parlamento, por lo que me hizo saber en su día la propia Junta de Portavoces.

Y en relación con otras actividades, le anticipo, tanto en relaciones con Comunidades Europeas como con los Ayuntamientos, se está acudiendo y cumpliendo formal y normalmente sus compromisos, y pienso que actúa como un elemento dinamizador y un elemento muy positivo de relación de la Junta con otras Administraciones y con otras Instituciones.

Si desea alguna precisión, pues, por supuesto que me brindo a dársela, si es que existe un nuevo turno. Y en ese sentido poco más puedo añadir.

Por supuesto, en relación ya con la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular, decir que, al margen de agradecer las palabras que han podido ser, de alguna forma, de acogida en esta Cámara, mi confianza es no defraudar a este Grupo que, decididamente, está apoyando al Gobierno Regional. Y que, efectivamente, las claves de comprensión de lo que puede ser nuestra política, especialmente de Función Pública, no son otras que la coordinación y la mejora, la puesta a punto de esa máquina administrativa que se citaba.

Comparto plenamente la filosofía que se ha expuesto en su intervención, y trataremos de que este cambio producido en la Consejería sea un cambio de impulso y no un cambio de parada o de relentización. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Consejero. Para un turno de réplica, agradeciéndoles brevedad a todos en las intervenciones. Señor de las Heras.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Sí. Señor Consejero, el artículo 20 del Estatuto de Autonomía, como bien conoce el Consejero, tiene cuatro apartados. Y, efectivamente, hay uno de esos apartados que fue desarrollado por el anterior Gobierno y que se refiere a las relaciones de la Comunidad Autónoma con las Corporaciones Locales en los temas de interés general comunitario. Pero hay un mandato clarísimo en el apartado segundo, en cuanto a la organización periférica de la Administración, con un diseño muy concreto y que, efectivamente, ni el anterior Gobierno ni el actual han asumido. Y el actual Gobierno ha diseñado su propia Administración Periférica en base a un Delegado Territorial Unico.

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Yo no creo recordar que haya empleado la expresión "Super-Delegado"; me parece que me he referido a Delegado Territorial Unico, que, efectivamente, no tiene en estos momentos competencias propias, o muy pequeñas, y que, efectivamente, coordina la función de los Jefes de Servicio de las distintas áreas de la Administración Periférica; y que, en ese sentido, efectivamente, recuerda más a la figura del Gobernador Civil que, a su vez, era representante político del Gobierno en las provincias y, a su vez, coordinador de todos los Delegados Territoriales que tenía la Administración Central en cada una de las provincias.

Si se avanza, efectivamente, más, si no se queda realmente en lo que es, se desdibujará es figura más parecida al antiguo Gobernador Civil, pero en estos momentos hay que decir que, efectivamente, así es: es el representante político de la Comunidad en las provincias, y, por otra parte, está coordinando a los Jefes de Servicio. Y eso encaja muy mucho en la antigua figura del Gobernador.

Pero hay un apartado también cuarto, que es el de la transferencia y delegaciones en las Corporaciones Locales, del artículo 20. Y hay un compromiso del Presidente de la Junta en relación con una serie de leyes de acción pública, a través de las cuales se iba a conseguir este efecto de transferir o delegar en las Corporaciones Locales. Porque, mire, estamos administrando mucho y yo creo que estamos gobernando poco, porque tenemos que abarcar mucha Administración. Y el criterio de este Procurador, y lo ha repetido todas las veces que le ha sido posible -y son muchas, porque intervengo, prácticamente, en todo, desde la constitución de esta Legislatura-, pues, es que, realmente, por abarcar tanto desde el punto de vista administrativo no podemos desarrollar todas esas leyes sectoriales de la acción pública. ¿Por qué? Porque es muy grande esta Administración y esta Comunidad Autónoma, y tenemos que dedicar, y los Consejeros y el Presidente de la Junta tienen que dedicar mucho tiempo y mucha dedicación a administrar en vez de gobernar, y gobernar, fundamentalmente, es hacer el marco legal por el que se ha de regir la Administración y los ciudadanos. Y estamos muy dedicados a administrar y poco dedicados a gobernar.

¿Cómo vamos a conseguir gobernar más y administrar menos? Haciendo esto, porque asimismo su Grupo, este Procurador y otro Grupo más lo estamos demandando de la Administración Central en relación con su actuación con la Comunidad Autónoma. Estamos pidiendo que se cumpla el Estatuto de Autonomía en cuanto a competencias, que, pasados cinco años, queremos que radiquen en nuestro Estatuto y poderlas ejercer efectivamente.

Podría darle porcentajes de en qué medida el Gasto Público territorial de la Comunidad Autónoma es tremendamente diferenciador de lo que es en el mundo occidental; lo que gastan del Gasto Público las Corporaciones Locales, las Comunidades Autónomas, en los estados federados, o como en Alemania los landers, y la Administración Central. Y, efectivamente, lo que gasta la Administración Central y las Comunidades Autónomas se acerca muy mucho a lo que es el común denominador en los países de nuestro entorno, pero no así las Corporaciones Locales, que están muy por debajo del cincuenta por ciento, en el mejor de los casos, del Gasto Público.

Entonces, hagamos un gran esfuerzo en ese sentido y ya verán ustedes como pueden administrar mucho mejor, y ya verán ustedes como pueden dedicarse más a sacar adelante todos esos proyectos de acción pública de gobierno, que nos tenía anunciado el Presidente en su debate de Investidura. Porque ahora están un poco prisioneros de este gran instrumento administrativo. Son trece mil y pico funcionarios, una Comunidad muy extensa, etcétera, etcétera.

Y ése es nuestro criterio, eso es lo que nosotros queremos llevar al ánimo del Gobierno, eso es lo que venimos insistiendo, y en eso es en lo que, y en la medida que podamos, les ayudaremos, porque de otra forma nos parece que ustedes se equivocan, aunque les reconocemos y les apoyamos, en que tienen derecho a autoorganizarse e incluso derecho, también, a equivocarse; pero eso, al final, se lo van a demandar los ciudadanos si, realmente, como yo me temo, siguiendo por ese camino van ustedes por la dirección equivocada, y creo que es una forma de lealtad al apoyo que venimos dando desde este Grupo al Gobierno, el decir que nos parece que rectificar en ese sentido sería bueno. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor de las Heras. Señor Durán.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Sí. Muchas gracias, Presidente. Señor Consejero, pues mire, yo sí tengo sospechas, y además las sospechas me parecen buenas. De alguna manera las sospechas constituyen el fundamento en el cual se cimenta todo programa de investigación. Se parte de una sospecha. La tesis, que de alguna manera se sustenta en la hipótesis y que continúa con la antítesis para llegar a la síntesis, no deja de ser, en definitiva, dicho lisa y llanamente -con permiso de Sus Señorías- una sospecha cimentada en indicios racionales, que es lo que yo tengo.

Y cuando yo le decía a usted que tenía algunas sospechas fundadas, pues, estas sospechas fundadas sólo eran al hilo de su intervención, en la que se adelantaba, quizás lo he dicho así, como un medio de precaución, de prevención, ante el debate que sobre temas muy concretos y muy puntuales tendremos el próximo viernes, aunque la natural impaciencia del señor Quijano ya ha aventurado buena parte del mismo. Y me parece muy bien que lo haya hecho, porque no dejaba también de venir a cuento de su intervención de presentación.

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Pero es que, además, señor Consejero, mis sospechas, hipótesis que originarán tesis en su momento, tienen fundamento, en buena medida, en que es fácilmente contrastable y demostrable un alto grado de incumplimiento por parte de la Junta a lo largo de este año y medio, ya un poco más largo, de Legislatura, de buena parte de sus pronunciamientos sobre cuestiones muy concretas.

Permítame, señor Consejero, que no aproveche la oportunidad para hacer un repaso al discurso de Investidura del señor Aznar, que está escrito y consta en los Diarios de Sesiones, y del cual ustedes además hicieron una primorosa edición, una primorosa edición para mayor difusión pública del mismo -a cargo de una empresa vallisoletana, concretamente la empresa "S.M.2"-, y cuyo grado de cumplimiento es fácilmente contrastable y demostrable, sin entrar en este momento en mayores precisiones ni detalles, por lo menos hasta el momento presente. Han incumplido ustedes compromisos específicos adquiridos en el Pleno de la Cámara sobre cuestiones referidas a las adscripciones provisionales de funcionarios, que han seguido realizándose, a pesar de que su antecesor, hace ya ocho meses adquirió el compromiso formal de no realizarlas. Han adquirido ustedes el compromiso de sacar el concurso, el concurso de provisión de puestos de trabajo, dentro de la Comunidad, dentro del año ochenta y ocho, como consecuencia final de las relaciones de puestos de trabajo de laboriosísima, costosísima y larga confección. Cumplimiento de un compromiso que tenía que haberse realizado necesariamente, precisamente dentro del año pasado, y que no se ha realizado, y que ya no se va a poder realizar, porque, bueno, si están ustedes elaborando una nueva relación de puestos de trabajo no tendría ningún sentido hacerlo.

No quiero citarle, y en su momento lo vamos a hacer -también es otra advertencia-, el numerosísimo conjunto de resoluciones aprobadas, por mayoría en unos casos y por unanimidad en otros en esta Cámara, de resoluciones aprobadas como consecuencia de Proposiciones No de Ley o como consecuencia de interpelaciones y comunicaciones de la Junta, que no han sido hasta el momento cumplidas por el Gobierno regional; tenemos un largo listado al respecto que en su momento -le repito, señor Consejero- haremos público.

Incoherencia en multitud de acciones concretas que no se corresponden con promesas de gestión de Gobierno, como fueran la reducción del coste de los gastos consultivos que conlleva la Administración Regional, que puede demostrarse palpablemente en el vigente Presupuesto que no ha habido tal reducción de costes Reducción de órganos, que tampoco se ha producido. Porque, mire, reducción de órganos no es exclusivamente refundir ocho Consejerías en cinco, sino que de ahí se derivan, en la estructura piramidal con que está concebida la Administración, multitud de órganos de naturaleza inferior que no solamente no se han reducido, sino que además han aumentado de manera cuantiosa, en número y en coste de los mismos.

Incumplimiento de promesas, ya lo ha apuntado el señor Quijano, y yo quiero reiterarlo aquí, cual ha sido la de reforma de la Ley de la Función Pública, que se planteó en un debate parlamentario a comienzos del año pasado, como consecuencia de una Proposición No de Ley que presentó nuestro Grupo, y ante la cual el entonces Consejero de Presidencia adquirió el firme compromiso de presentar con carácter inmedianto, una vez fuera conocido la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley 30, adquirió el compromiso formal de presentar con carácter inmediato, inmediato, pues, una reforma de la Ley de la Función Pública de nuestra Comunidad Autónoma. Compromiso que no ha sido adquirido, y frente a cuyo incumplimiento yo puedo decirle que este Procurador, incluso, ha sentido la tentación de redactar una Proposición No de Ley y presentarla. Ha sentido la tentación, porque además es muy fácil, quiero decirle que es muy sencillo realizarlo, no supone ningún mérito, y he sentido, pues, a lo largo de siete u ocho meses la tentación de hacerlo, y no he querido hacerlo para respetar el compromiso que el Consejero de Presidencia había adquirido en este sentido, precisamente.

Bueno, no quiero continuar exponiendo más, porque haría muy larga y premiosa esta intervención.

Sí quiero también, señor Consejero, decirle que el principio de autorganización, al que el señor de las Heras ha aludido, fue un principio que mi Grupo Parlamentario sustentó desde el comienzo mismo de la Legislatura, cuando se planteó ante -quizás usted no lo conozca, porque no puedo seguir, probablemente con todo detalle las intervenciones que ha habido sobre estas cuestiones-, cuando se planteó la desaparición de tres organismos autónomos de nuestra Comunidad Autónoma, hasta entonces existentes, y, en franca discrepancia con las posiciones mantenidas por el Gobierno, nosotros nos abstuvimos en las leyes de desaparición de dichos organismos, sustentando el principio de que la capacidad autorganizativa debía ser de alguna manera respetada. Acabo, señor Presidente, porque veo que su mano está a punto de pulsar el botón correspondiente a la llamada de atención, que indudablemente merezco por la extensión de mis palabras.

Pero sí quiero decirle -y perdónenme, no me excederé en dos minutos- que la capacidad de autorganización que nosotros permitimos tiene el límite de la eficacia, y hasta el límite de la eficacia nosotros estaremos dispuestos a admitirlo. No somos Grupo que apoye al Gobierno. Somos Grupo que permite que este Gobierno, en función de unos resultados electorales, gobierne, siempre y cuando no se ponga en riesgo el bien común de nuestra Comunidad Autónoma.

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Y, para acabar ya, decirle, señor Consejero, que tiene usted la simpatía de nuestro Grupo -y mi personal simpatía-, asume usted una parcela compleja y difícil de gestión, cual es la parcela de la Administración Pública y de la Función Pública, difícil, excepcionalmente difícil, porque los mimbres con los que usted tiene que moverse, la legislación en vigor del Estado que condiciona fuertemente, es una legislación de dudosa eficacia. desde nuestra perspectiva. Requiere también a nivel de Estado su mejora. Sobre todo requiere, por ejemplo en el tema de la Función Pública, algo muy importante que la propia Ley 30 contempla desde el año mil novecientos ochenta y cuatro, y que no se ha llevado a la práctica, que es la promulgación del estatuto de la Función Pública. Y, bien, maneja usted, tiene usted que manejar unos instrumentos difíciles, complicados. De ahí que yo le manifieste la simpatía personal y de nuestro Grupo por la complejidad de la cuestión que a usted le toca emprender, pero que también le manifieste que los caminos, hasta el momento, seguidos por la Junta de Castilla y León, no sólo por su antecesor, sino por la Junta, que es solidaria toda ella, no han sido tampoco los más adecuados ni los más convenientes.

Nada más, y perdón por la extensión de mis palabras.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Durán. Señor Quijano, tiene la palabra.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Gracias, Presidente. Intentaré, efectivamente, ser ahora muy breve y limitarme a matizar o puntualizar, o comentar alguna de las cuestiones que, habiendo sido planteadas en mi intervención anterior, han sido, a su vez, puntualizadas o matizadas por el señor Consejero.

Ante todo, no sé si deduzco que, de la introducción en la parte que en su intervención ha dedicado a mi Grupo, había una cierta queja muy velada -por eso casi, casi imperceptible- por la impaciencia o por la exhaustividad; algo de eso he creído deducir. Las cosas son como son. El terreno de la continuidad lo ha elegido usted. Podía haber elegido el terreno del borrón y cuenta nueva; yo entiendo que no lo haya hecho, pero entonces. usted voluntariamente se subroga en la herencia le le toca, y, por tanto, legitima el que cualquiera pueda hacerle un recordatorio de esa herencia, que es lo que yo simplemente he tratado de hacer, por si, incluido en ese paisaje bucólico en el que se ha introducido -y yo tampoco soy pintor ni paisajista-, pues, tuviera usted una imagen un tanto deformada de cual es la situación en que se ha introducido. Yo me consideraba entonces en la obligación de recordarle cuáles son los temas pendientes y de, efectivamente, hacerle o pedirle una serie de puntualizaciones sobre ellos, que me parece que es la consecuencia práctica y directa, pues, de esa subrogación, repito, que voluntariamente usted ha elegido.

Y, entrando en esas puntualizaciones, empezaré por el asunto de la conflictividad. Yo creo que en su intervención ha podido haber alguna confusión entre Administración Pública-Empresas públicas, no sé, esa referencia a la normativa sobre huelga, exactamente dónde habría que situarla, pero, en todo caso, quiero dejar un criterio absolutamente claro y sentado.

Yo me alegro, yo me alegro por principio, de la falta de conflictividad en esta Comunidad Autónoma en ese tema, y supongo que la falta de conflictividad -esto tómelo ya como una suposición-, que la falta de conflictividad se deba a distintas actitudes por todas las partes, que no quiero entrar a valorar. Pero desearía que usted se alegrara de lo mismo y no de lo contrario, a la inversa. Primer punto.

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En segundo lugar, en el tema de las Delegaciones Territoriales, la desconcentración, etcétera, venía a decirme, con esa imagen de la foto y la película tan utilizada en los últimos tiempos, que yo me había limitado a hacer una foto del tema de la desconcentración tomando unos últimos Decretos de delegaciones, etcétera, digamos, como único material de trabajo; y no es verdad en absoluto. Yo lo que hago es un juicio al proceso en su conjunto. Y tómelo así. En el sentido siguiente: ¿qué es lo que da la película en su conjunto?, al margen de las secuencias más o menos bellas, como pudiera ser esa foto fija del último Decreto de delegaciones y desconcentraciones, los últimos, porque son varios. Pues, da lo que yo intenté reflejar; probablemente no me expliqué bien. Y lo que yo intenté reflejar es que ustedes -y ésta es una parte inevitable de la herencia, de la pesada carga que va a tener que llevar sobre los hombros-, ustedes tomaron una decisión sin ninguna cobertura jurídica. Yo recuerdo cuando discutimos el primer Decreto que creó las Delegaciones Territoriales Unicas, ésas que usted no quiere llamar Superdelegados, yo creo que en la práctica, efectivamente, lo son. Inmediatamente se anunció una reforma urgente y parcial de la Ley de Gobierno para abrir la puerta a delegaciones y desconcentraciones, lo cual ya venía a ser un reconocimiento de que se estaba poniendo primero el tejado, el cúmulo del edificio, y luego se iba a empezar a construir la vivienda. Pero, con enorme sorpresa, aquel primer proyecto, que Sus Señorías recordarán, fue retirado y se anuncia para bastante tiempo después una Ley, una reforma más a fondo de la Ley de Gobierno. De tal manera que la historia de ese proceso -y por eso hago el juicio del conjunto, de la serie, ya no sólo de la película, porque esta es una auténtica serie- es la historia de un intento cada vez mayor de dar cobertura jurídica a posteriori a decisiones tomadas precipitadamente. Y ese es el juicio de valor que yo hago en su conjunto. Le repito la expresión porque me parece que es la exacta: el intento de dar cobertura, siempre a posteriori, a decisiones de reorganización administrativa tomadas precipitadamente. Y eso me parece, efectivamente, arriesgado y, permítame decirlo, poco riguroso en el tratamiento de la Administración. Yo creo que todavía -y ocurrirá durante bastante tiempo- estamos pagando las consecuencias, en términos de mayor costo y de menor eficacia, de paralización administrativa durante mucho tiempo, estamos pagando las consecuencias de una primera decisión precipitada.

No compare en el tema de las libres designaciones, porque no es una comparación proporcionada, la de las libres designaciones en la Comunidad Autónoma, en la Administración de la Comunidad Autónoma y en la Administración del Estado; o, si la compara, haga también la proporción del conjunto de funcionarios que dependen de una y de otra, porque entonces acaso -yo no tengo los datos y por eso simplemente lo apunto-, pudiéramos llegar a resultados absolutamente distintos a los que usted quiere llegar, si proporcionamos sobre el conjunto de funcionarios en un sentido y en otro.

Lo mismo que en el tema de los gabinetes al que usted se ha referido remitiéndose a la vara presupuestaria. Es que la vara, de medir, presupuestaria no vale en absoluto cuando las cosas se hacen como se hacen, y es lo que yo pretendía demostrar. Si ustedes aprueban un decreto que permita ese trasvase ilimitado de funcionarios al Gabinete del Presidente, permitiéndoles que sigan cobrando en la Consejería de origen, en el Presupuesto esos funcionarios aparecen en la Consejería de origen. Por lo tanto, el problema es que, cuando se utilizan mecanismos absolutamente faltos de rigor, la vara de medir ya no vale. Cuando ustedes a los gabinetes les llaman pues coordinadores de no sé qué y asesores técnicos de no sé qué, que van proliferando cada vez más en las relaciones de puestos de trabajo de las distintas Consejerías, particularmente en Economía y en Agricultura, por citar casos concretos, la vara de medir presupuestaria no vale, porque entonces estamos utilizando categorías y denominaciones, estamos haciendo de todo ello un problema semántico, no un problema presupuestario. Si quiere hagamos, utilicemos la vara de medir en todo aquello que tiene esa finalidad y no en lo que aparezca con un nombre determinado.

Y asimismo otra puntualización en el tema de la dedicación, que veo que, efectivamente, por la reiteración en ese argumento, usted mismo también intenta reiteradamente salir al paso. Y quede clara otra vez una postura que yo ya manifesté en la propia comparecencia en la Diputación Permanente. Yo no comparto el criterio de la incompatibilidad, para que quede eso absolutamente fijo y seguro, sino todo lo contrario: no me parece mal que personas con cargos de responsabilidad en el ámbito de los partidos políticos lo compatibilicen -me parece que en ciertos niveles eso incluso es deseable- con los cargos de responsabilidad en la Administración. Lo que yo rechazo es la priorización de una cosa sobre la otra y lo que yo rechazo es la instrumentalización del cargo público en beneficio del cargo político. Entiéndalo, efectivamente, así. Y por eso no entiendo bien -y también la cita es expresa sobre el caso que usted ha indicado- la comparación con el asunto del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Murcia. Mire, ahí sí quisiera incluso ser, en cierto modo, contundente. Usted supongo que no lo sabe, yo tampoco, pero lo intuimos ambos, que esa persona está cumpliendo un servicio extraordinario del máximo interés para el conjunto del Estado. No sería yo, por tanto, quien utilizara el caso como ejemplo, porque supongo que desea igual que yo que los esfuerzos de esa persona tengan éxito por el bien de todos. Por tanto, supongo que ese no es el ejemplo que más viene a cuento, habida cuenta de esas circunstancias en las que, por razones obvias, no quiero entrar a comentar. Fíjese que distinto es, por ejemplo, que pocos días después de producirse el cese a petición propia y por razones conocidas de su antecesor en el cargo aparezcan correlativamente en el Boletín de la Comunidad Autónoma un acuerdo de cese del Consejero de Economía, en ese momento y a la sazón Vicepresidente de la Comisión de Transferencias, y un Decreto de nombramiento de su antecesor en el cargo en esa Comisión de Transferencias. No comento tampoco la finalidad que directamente tenga esa norma. Pero sí me sale de ojo el que, como consecuencia de esas dos normas de distinto rango, por cierto, al final la Junta se quede sin representación propia en la Comisión de Transferencias. Me parece que eso sí es preocupante y que eso, en todo caso, sí es una manifestación de la instrumentalización a que antes me refería.

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Y termino. En el asunto de la Oficina del Portavoz, pues estamos en las mismas. Tampoco me vale la vara de medir presupuestaria, porque ¿con qué lo compara usted?, ¿con la última estructura de información de la Junta que nosotros tuvimos en la última etapa?, ¿con la primera? Me vale cualquiera. Si aquí el problema no es que tenga muchos o pocos medios, si el problema es el de las actividades que desarrolla y el de la función objetiva que cumple. Mire, un ejemplo concreto: me consta -y tómelo, por tanto, como un dato perfectamente constatado por mí, sobre la base de los testimonios que he recibido al respecto- que hace pocos días, con ocasión del controvertido tema de las retribuciones en la Diputación de Zamora, se produjeron reiteradas llamadas personales del Portavoz de la Junta a los medios de comunicación para anunciar que el Presidente de la Comunidad -supongo que en calidad de Presidente Regional del Partido- iba a tomar esas decisiones. Las llamadas, lógicamente, iban en el sentido de: "sobre ese tema el Presidente va a hablar". A mí me recordaba un poco cuando me lo contaban los testigos presenciales lo del "arrepentíos" de ciertas etapas en la vida política española. Pero cuando uno constata eso, ¿qué tiene que pensar entonces sobre la función de este cargo político en la Junta, sobre cuáles son las prioridades a las que dedica su actividad? Yo tengo la contestación, pero quisiera entonces que por lo menos el Consejero, en la medida en que depende de su ámbito de competencia administrativa, ponga coto al respecto y llegue a la misma preocupación que yo.

Y en el tema, por último, de la Dirección General de Relaciones Institucionales, yo no tuve ninguna intención de hacer crítica -parece que así lo tomó- en ese sentido. Toda la crítica que hago en el caso de la Oficina del Portavoz es aquí indulgencia, indulgencia suma en este caso. Yo me refería a otro problema que veo que el Consejero no captó. Cuando se creó esa Dirección General de Relaciones Institucionales se suscitó un debate en la Cámara sobre cuáles serían sus funciones específicas, no la de relación con las Cortes, que es obvia, y creo incluso que es bien cumplida, sino en otros ámbitos, y como el Consejero ha incidido en ello por eso lo vuelvo a plantear. Aquel debate versó sobre el riesgo de solapamiento de competencias o de funciones entre dos Direcciones Generales que, en cierto modo, tienen alguna coincidencia o alguna confusión: la Dirección General de Relaciones Institucionales y la Dirección General de Administración Local o de Administración Territorial. Y usted mismo ha señalado que, efectivamente, también cumple a satisfacción -no lo dudo- la Dirección General de Relaciones Institucionales esta función de contactos con las Administraciones Locales. Y por eso le vuelvo a preguntar entonces que qué hace, entonces, la Dirección General de Administración Local, porque ése es el problema que entonces se suscitó y, por lo que veo, por la respuesta del Consejero, el problema sigue, en algún modo, vivo y vigente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Quijano. El señor Consejero tiene la palabra para contestar.

APARICIO PEREZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ): Bueno, vamos a intentar hacerlo también con la máxima precisión y con la máxima brevedad.

Desde luego comparto la preocupación del señor de las Heras, representante del Grupo Mixto, por lo que puede ser un más progresivo y profundo desarrollo del artículo 20 del Estatuto de Autonomía.

Creemos que, desde luego, hay que ir consolidando una serie de pasos antes de acometer o afrontar nuevas responsabilidades en esta materia, pero ciertamente nunca se ha renunciado a ellas.

En relación con lo que es el proceso de transferencias, digamos, en uno o en otro sentido, no quisiera en absoluto culpar de ello a algunos de nuestro problemas... no quisiera que fuese la única explicación a alguno de nuestros problemas, pero nadie a se le oculta efectivamente el estatismo, el grado alto de estatismo, de parálisis del conjunto del proceso autonómico en España, especialmente tras la crisis -se puede llamar- de pensamiento que origina la desaparición de la LOAPA. Que era un modelo que se demostró inacertado, que yo lamenté además que se mostrase inacertado, porque ha supuesto una pérdida de tiempo muy importante en todo lo que hubiese sido un proceso general y más profundo de descentralización en España.

Coincidimos plenamente en los planteamientos que usted ha hecho de reducción administrativa y de reducción del gasto público. Y, desde luego, nunca se ha renunciado desde esta Consejería ni desde la Vicepresidencia a lograrlo.

En relación con la intervención del representante del Grupo del CDS, me alegra, me alegra, que en alguna medida lo que eran sospechas pueda tomarlas ya como medidas cautelares en alguno de los casos. Y él mismo ha comprendido, entiendo que de su intervención se desprende, la concatenación de efectos que puede haber, sobre todo en relación con la producción de concursos de funcionarios, entre la revisión de las relaciones de puestos de trabajo y los propios concursos.

Veo que, ciertamente, la reducción de ciertos órganos, que entendíamos que eran organismos autónomos poco eficaces y poco deseables, pues pudo ser una reserva en aquel momento, pero yo pienso que se ha demostrado suficientemente eficaz y justificada su supresión. Otros lo lamentarán; ya dije que no será este Consejero quien lo haga.

Decirle amablemente y porque haya una última palabra que pueda tomar en tal tono, que haga lo que decía Bernard Shaw: "resista todo menos la tentación". Nosotros, cualquier iniciativa, desde cualquier Grupo Parlamentario, le puedo asegurar que será estudiada con el máximo interés y con el máximo afecto por parte de la Junta.

En relación con las palabras del señor Quijano. Mire, a mí no me importa que usted me recuerde la herencia. Pero, hombre, lo que no creo que sea mi pretensión es que usted sea el albacea. En consecuencia, no tengo ningún inconveniente en que se siga hablando de un término que, por otra parte, me resulta bastante fúnebre y no es del estilo, más bien positivo, de este Consejero. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Cuesta gobernar esta Comunidad Autónoma? Cuesta mucho. Las bases en las que nos movemos, asumidas, plenamente asumidas de lo ya realizado, ¿son las deseables? Le digo que no. ¿El marco normativo en que muchas veces nos vemos envueltos a nivel de Estado? Tampoco. Eso no exculpa, en absoluto, las responsabilidades que yo pueda tener, pero creo que sí que deben producir, o deben de llevar a la misma reflexión que este Consejero se plantea frecuentemente cuando ha de acometer estos problemas.

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Dije textualmente y lo mantengo, porque además, créame, señor Quijano, ésa es mi obsesión, he hablado de una indeseable explosión de conflictividad en España, porque entiendo que el clima de conflicto social no es un clima deseable, ni a la escala de Comunidad Autónoma, ni a la escala nacional. Y he dicho que me parece un efecto absolutamente indeseable. Y en el cual no sería malo seguir buscando... no digo responsables, pero sí responsabilidades.

Yo cuando hablaba usted del tema de esta figura, que no pretendía en absoluto acuñar, de la película, yo lo que voy a procurar es que el final de la película sea grato. Sabe que es una técnica más, la de intentar a lo mejor que de una serie... no voy a utilizar la síntesis, pero una introducción, un nudo y un desenlace a lo mejor me salva de entrar en la figura de lógica que ha hecho el señor Durán.

Intentaremos que la película sea cada vez más grata, y entendamos que no me gusta utilizar términos humorísticos cuando se está hablando de una cosa muy seria.

Y yo el tema de los Gabinetes no sé si le he entendido bien. Si lo que pretende es que cobren aparte, cobren más y, en consecuencia, carguen el gasto público los asesores; o si, de alguna forma, está dispuesto a admitir lo que nosotros hemos dicho como planteamiento, que es que se adecúe más la distribución correcta de los medios de los que ya dispone la Administración, que nos parece más sensato. Porque, además, a mí, si hay alguna palabra que no me gusta, es el personal de confianza; me parece que de confianza son todos. Y, entonces, entiendo que si hay funcionarios competentes que puedan desarrollar unas labores de asesoramiento específico para un trabajo concreto en el área de Presidencia, me parece perfecto que se utilice, y además me parece más perfecto porque no sobrecargan o no sobredimensionan el presupuesto. Ahora, si es bueno esto de que haya una partida presupuestaria, yo creo que no es, al menos desde la perspectiva que yo defiendo.

En cuanto a las prioridades, porque ya he visto que es su preocupación -que yo le agradezco que se preocupe por mí-, respecto a mis ocupaciones, todas ellas en el marco político, déjeme o permítame que sea yo el que priorice, porque además creo que es la obligación que corresponde a alguien que ocupa responsabilidades de Gobierno; una de las básicas es la de priorizar.

No voy a volver mucho a la figura que antes utilicé de un Delegado Regional, que está cumpliendo unas labores que son indudablemente responsables, importantísimas, para las cuales le deseo el mayor de los éxitos personales, porque es una cuestión de Estado. Pero sea usted por un momento pesimista y piense que, si eso no sale bien, ni se ha hecho bien eso, ni han tenido Delegado Regional en Murcia. Y mi deseo es clarísimo.

En el caso que usted citaba de por qué a una persona que pienso que ha servido espléndidamente a esta Comunidad se le mantiene en un organismo que debe entender de los problemas de esta Comunidad, como es la Comisión Mixta de Transferencias, le diré que el concepto ya lo utilicé antes: nunca deben desperdiciarse los activos de conocimiento, los activos de conocimiento de la problemática real de esta Comunidad, y, si existe una ocasión francamente importante y francamente interesante, como es que esta persona pueda acudir a las mesas de negociación de las nunca llegadas -y ojalá se abra o se reabra el campo de las transferencias-, nos parecerá -y al menos a este Consejero le parece- muy interesante la presencia del anterior Vicepresidente, que puede opinar con tanto o mayor juicio que el actual.

En relación con lo último que usted dijo de la multiplicidad de funciones que podían darse en relación con el área de relaciones institucionales, yo le recuerdo que aquí no tenemos Ministerio de Relaciones con las Cortes, Ministro Portavoz y, en fin, hemos optado por un modelo, quizá, más austero, pero que se ha demostrado bastante eficaz. Y le puedo asegurar una cosa, salvo que usted me diga lo contrario: yo no he podido ver que haya habido conflictos, casos de conflicto competencial. El Equipo de Dirección, el Consejo de Dirección de esta Consejería funciona perfectamente y nunca ha habido celos -ni los va a haber- entre distintos departamentos.... entre distintas Direcciones Generales. Me consta que funcionan en equipo, que creo que es como se debe funcionar, que se coordinan perfectamente y se van a saber coordinar, y que, desde luego, los problemas vendrán desde fuera, pero no desde dentro en relación con el trato o relación que se mantenga con las Administraciones Locales. Y, por mi parte, nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Consejero. Si hay algún Procurador que quiera hacer alguna pregunta.

Agradeciendo la presencia de todos, se levanta la sesión.