DS(C) nº 14/2 del 2/10/1987

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Buenos días a todos los aquí presentes. En principio, y en esta primera Comisión...reunión de la Comisión de Presidencia, quiero saludar a todos los presentes, miembros de esta Comisión;, yo creo que entre todos desearnos el más fructífero de los trabajos. Y sin más pasar al primer punto del Orden del Día, saludando al Consejero de Presidencia y Administración Territorial, y hacer mención a una sustitución que hay en el Grupo Parlamentario Socialista (por lo menos no se ha comunicado ninguna otra), de Don Laurentino Fernández Merino por Don Juan José Laborda Martín.

Sin más, pasamos a que el señor Secretario dé lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR MARTIN DE MARCO):

Punto primero: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial para informar a la Comisión: estructura orgánica de la Consejería, programas de actuaciones previsto para la misma".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Señor Consejero, tiene usted la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ):

Gracias, Presidente. Señorías. Tengo lógicamente que iniciar esta Intervención mostrando mi satisfacción, mi gratitud a la Cámara por tener oportunidad, por primera vez, (habiendo cesado de una Cámara hermana como era el Congreso de los Diputados) de intervenir ante la Cámara Autonómica con el fin de dar cuenta de los objetivos y de la estructura que la Consejería de Presidencia y Administración Territorial tiene planteados como inmediatos.

Como todos ustedes saben, el Decreto l56, de treinta de julio del ochenta y siete, reorganiza los órganos superiores centrales de las Consejerías, por lo que a Presidencia y Administración Territorial, al tiempo que suprime la Dirección General de Interior, crea la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales. Esta reorganización administrativa comporta una modificación en las atribuciones de funciones a los órganos de las Consejerías, así como la asunción de otras nuevas, todo lo cual hace necesario actualizar la estructura orgánica y funcional a tenor de la nueva situación.

En este sentido, la Consejería de Presidencia y Administración Territorial se estructura hoy en los siguientes órganos: una Secretaría General, una Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, una Dirección General de la Función Pública y una Dirección General de Administración Territorial.

Figuran adscritos a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial la Asesoría jurídica general (pese a un intento que hubo por parte de los Servicios Jurídicos de la propia Consejería de que fueran adscritos a Presidencia directamente; pienso que el lugar lógico es la propia Consejería de Presidencia y no el área del Presidente de la Junta), y la Inspección General de Servicios de la Administración de Castilla y León.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en cada provincia de la Comunidad se adscribe orgánicamente a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, rompiendo -pienso- una inercia de siglos respecto a la estructura periférica de los ministerios, que pasa, en ese sentido, a depender directamente de la Consejería de Presidencia, o a través de la Consejería de Presidencia, sin existir la figura de los Delegados de las respectivas Consejerías.

Presidido por el titular de la Consejería se crea, como ya estaba, un Consejo de Dirección, con carácter de órgano deliberante y de coordinación, del que serán miembros permanentes el Secretario General y los Directores generales, y miembros, a requerimiento concreto del Consejero, como en la práctica ocurre siempre, el titular de la Asesoría Jurídica General y el Inspector General de Servicios, así como los Delegados Territoriales.

La Secretaría General tiene las atribuciones que señalan los artículos 30 y 34 de la Ley 1/83 (la Ley de Gobierno y Administración de Castilla y León), así como desempeñar por delegación del Consejero, sin perjuicio tampoco de lo establecido en el artículo 35 de la precitada Ley, la jefatura superior de personal de la Consejería, resolviendo cuantos asuntos se refieran a la administración del mismo, salvo los expresamente reservados a la decisión del Consejero y de inspección de los centros, dependencias y unidades afectas a la Consejería.

En concreto, corresponden al Secretario General funciones como la gestión, control de los medios materiales adscritos al funcionamiento de los órganos de la Consejería y el régimen interno de los Servicios Generales de la misma; la preparación, el informe de las disposiciones relativas a materias propias de la Consejería; la administración de los créditos y promoción de los pagos que correspondan a la misma; la tramitación de las reclamaciones y recursos interpuestos contra las disposiciones y actos emanados de la Consejería, sin perjuicio de su resolución por el órgano competente; la tramitación de los expedientes de contratación en materias propias de la Consejería; la elaboración del anteproyecto del presupuesto, y también el seguimiento de su ejecución; la asistencia jurídica, puesto que la asesoría jurídica se estructura aquí, la asistencia jurídica y administrativa de la Consejería; la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones de la Consejería; y cualquier otra función que se atribuya normativamente en el ámbito de competencia.

La nueva Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales tiene como competencias, o corresponden al Director General las facultades y las funciones que con carácter general le atribuyen respecto a su centro directivo los artículos 31 y siguientes de la Ley de Gobierno y las funciones administrativas del Secretariado de la Junta de Consejeros; la canalización de las relaciones de Junta y su Presidente con las Cortes, así como las relaciones con las administraciones públicas y otras instituciones o entidades. Le compete también la promoción, la dirección y la realización, directa o indirecta, de los estudios (por eso depende también la unidad de estudios o el gabinete de estudios) y las investigaciones sociológicas de interés para la Junta de Gobierno de la Comunidad; así como el mantenimiento y desarrollo de los fondos bibliográficos y documentales, objetivo éste inmediato que tratamos de incentivar.

La Dirección General de la Función Pública, Dirección existente y con unas competencias que también señala el artículo 31 de la Ley, semejantes a las que tenía. Las podíamos especificar como la gestión del personal funcionario y contratado laboral, como la confección y actualización de las plantillas orgánicas; la articulación y gestión del registro de personal; la selección, formación y perfeccionamiento del personal funcionario y laboral de la Junta, sin perjuicio de las facultades que les correspondan a las distintas Consejerías, siempre entendiendo que las facultades entre funcionarios no es un campeonato entre la Dirección General de la Función Pública y las distintas Consejerías. Asimismo, le corresponde la elaboración de los proyectos, normativas y directrices en materia de organización y régimen de personal.

La Inspección General de Servicios de la Administración de Castilla y León (a la que luego haré referencia escueta en un apartado), como órgano especializado de la Inspección, sobre todo de los Servicios de la Administración de la Comunidad, figura adscrita también a la Dirección General de la Función Pública y es pretensión de esta Consejería que se convierta no sólo en lo que es, un órgano de inspección, sino un órgano también y fundamentalmente de asesoramiento.

La Dirección General de Administración Territorial, Dirección también configurada con estructura semejante a la anterior (artículos 31 y siguientes de la Ley de Gobierno), y le compete especialmente la promoción, ejecución y evaluación de la política de colaboración con las Administraciones Locales, y en particular, en cuanto al asesoramiento, cooperación y coordinación de las mismas. Compete a la Dirección General las funciones relativas al patrimonio de las entidades locales; el control de la legalidad mediante las impugnaciones de las actas de las mismas que constituyan infracción de las normas, todo ello en el marco de las competencias, lógicamente, transferida por la Administración del Estado, así como en materia de alteración de términos municipales. Se inserta, dentro de la Dirección General de Administración Territorial las funciones en materia de protección civil, funciones un tanto mermadas antes -y pienso que ahora- respecto a la dotación económica y presupuestaria para ese área, así como las policías locales y, lógicamente también, cualquiera otras que estén en los ámbitos de estas competencias.

No hago referencia a la Asesoría General por ser objeto de un tema específico, y sí a la Inspección General de Servicios, que de momento (en tanto se estructure, que es objetivo también de la Consejería) mantiene la estructura y funciones que le asignan el Decreto 97/86, de diecisiete de julio. Como también, o como ustedes saben, las Delegaciones Territoriales serán objeto de estructuración orgánica y competencial de conformidad con el artículo 2l6/87, del 20 de agosto, de su creación, delegación; pienso, o es objetivo por lo menos de la Consejería, el que sea inmediata su reestructuración.

Por no repetir, o por no... independiente de que las preguntas de los señores Procuradores enriquezcan el debate y, lógicamente, den pie a intervenir en... Direcciones Generales concretas, o en preguntas concretas o realidades específicas, indudablemente pienso que la duplicidad que existe de Comisiones en las Cortes de Castilla y León respecto a Presidencia y Administración Territorial es objetivo de este Consejero, sin perjuicio -insisto- de brindarme a las preguntas de una Dirección General que aquí prácticamente no voy a tocar, como es la Dirección General de Administración Territorial, por entender que el día trece a las cinco tendré oportunidad en esta misma Cámara de exponer la filosofía, de centrarme en las áreas o en las competencias de la función pública, objeto de especial atención por parte de la Cámara e incluso yo me atrevería a decir de los propios funcionarios y de la opinión pública en general; a juzgar por el número de preguntas que se ha presentado para su respuesta oral en Pleno, todo hace advertir que es la Función Pública, o las competencias de la Función Pública, uno de los temas de más atención.

Con carácter general, diría, dentro del segundo punto del Orden del Día, la actividad de la Dirección General de la Función Pública va a estar dirigida, obviamente, por mandato, al desarrollo de la Ley 7/85 de veintisiete de diciembre (Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León). Dentro de este desarrollo normativo existen cuestiones de capital importancia junto a otras ajenas a la propia Ley; todas ellas voy a tratar de recogerlas y van a constituir la preocupación inmediata de la Consejería en este ámbito.

Esquemáticamente, atenderé en primer lugar al desarrollo general de la Ley 7/85; en segundo lugar al tema de elecciones sindicales; en tercer lugar a la situación de la oferta de empleo para el año ochenta y siete; en cuarto lugar, el concurso de traslados; en quinto lugar, la relación de puestos de trabajo; en sexto lugar, la formación interna; en séptimo lugar, la inspección general de servicios, y en octavo lugar, los órganos colegiados.

Desarrollo de la Ley 7/85. Se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 31 de diciembre del 85, en su Disposición Final: "Se autoriza a la Junta de Castilla y León a dictar cuantas disposiciones sean precisas en desarrollo de la presente Ley". Pese al tiempo transcurrido existen aspectos importantes de la misma que -pienso- no han sido desarrollados aún por decreto de la Junta, e incluso hay áreas que no han sido objeto de ejercicio por la potestad reglamentaria. Pretende esta Consejería, en primer lugar, como objetivo, regular los criterios de coordinación y colaboración con otras Administraciones públicas. Segundo objetivo: se proyecta establecer las directrices respecto al ejercicio de competencias por los distintos órganos de la Administración Autonómica, ya que no se ha dado aún cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto de competencias. En tercer lugar, se proyecta establecer las programaciones sobre las necesidades de personal a medio y largo plazo. En quinto lugar, pretendemos establecer la integración de los funcionarios transferidos en los cuerpos y escalas creados en la Ley; por otra parte, mandato legal. En sexto lugar, pretendemos revisar la relación de puestos de trabajo, punto especialmente conflictivo y que haré objeto de una referencia específica a él, si bien yo advierto como..., o pienso como primera idea que es preferible un mal documento a la ausencia de documento.

Si bien se constituye el Consejo de la Función Pública en sesión celebrada el siete de Marzo del ochenta y seis, este órgano colegiado sólo ha celebrado la reunión indicada en esa fecha y la del dieciocho de Marzo del ochenta y siete. Me satisface, en ese sentido, el decir a los señores Consejeros que ayer, antes de ayer, concretamente, se normalizó las reuniones de este Consejo de la Función Pública.

La Consejería, también, como octavo lugar, tratará de cumplir lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley, sobre las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo.

En noveno lugar, se desarrollará mediante Decreto la coordinación del Registro de Personal de la Comunidad con el Registro Central de Personal, así como ese gran objetivo, parcialmente cubierto, de impulsar la informatización del Registro de Personal.

Por otra parte, en el área que estoy tocando, a grandes rasgos, como objetivos que se marca esta Consejería, es un objetivo también especial el de que no se han establecido reglamentariamente, según el artículo 48.6, los criterios para el cómputo a efectos de consolidación del grado personal del tiempo en que los funcionarios permanezcan en cada uno de los supuestos de la situación de los Servicios Especiales, ni se han determinado los intervalos que corresponden a cada Cuerpo o Escala.

Tampoco tratamos, en ese aspecto, de corregir el sistema retributivo, objetivo especialmente conflictivo y que se señala de manera..., si no inmediata, sí a medio plazo.

Segundo Punto. Elecciones Sindicales.

Las Elecciones Sindicales constituyen, como todos ustedes saben, un acontecimiento político, ya que por primera vez se van a celebrar un tipo de elecciones en este país.

La Ley 9/87, de doce de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, regula todos los aspectos de estas elecciones.

La Orden de veintitrés de Julio del ochenta y siete, del Ministerio para las Administraciones Públicas, convoca las elecciones en el ámbito de competencias de la Administración del Estado y en la Orden de veinte de Agosto del ochenta y siete, firmada ya por el equipo de gobierno actual, la Consejería de Presidencia y Administración Territorial convoca para los funcionarios de la Comunidad de Castilla y León dichas elecciones.

La Junta Electoral de la Comunidad de Castilla y León quedó constituida el once de Septiembre del presente año y ya han sido designados los representantes de la Administración Autonómica en las Juntas Electorales de zona, quienes a su vez están convocando a los representantes de las asociaciones sindicales para la primera sesión constitutiva de aquélla.

Tengo, en este sentido, que comunicar a los señores Procuradores que este Consejero ha tenido reunión previa, de conocimiento, -por otra parte deseable y vital, pienso, en una fructífera labor de personal-, con las centrales sindicales UGT, Comisiones y CESIF, fundamentalmente, que son las que tienen acceso legal a las Comisiones, y normalmente se han recibido también a otras organizaciones sindicales que han pedido conectar con el mundo administrativo y su deseo de participar en estas Elecciones Sindicales.

Las elecciones, de acuerdo con el calendario global aprobado por la Junta Electoral General, tendrán lugar entre el quince de Noviembre y el treinta y uno de Diciembre del año en curso.

La Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, que preside el Director General de la Función Pública, tiene el decidido propósito de que estas elecciones transcurran en un clima de total transparencia, de absoluta imparcialidad, sin discriminaciones de ningún tipo y de igualdad de oportunidades para todas, insisto, para todas las organizaciones sindicales constituidas legalmente y que participen y quieran participar en el proceso electoral.

Como documentación, que si la Presidencia lo estima oportuno se puede entregar a los señores Procuradores, tengo un cuadro en el que se hace referencia a la actual situación en su doble vertiente: de personal de los servicios sanitarios y de personal de los servicios generales.

En el número de electores subdivididos en funcionarios de carrera, contratados administrativos y representantes, yo diría que, sucintamente y como resumen, -a expensas, lógicamente, de lo que decida la Presidencia de entregar a los señores Procuradores el documento-, diría que el número de electores en el personal de servicios sanitarios, como funcionarios, son de dos mil trescientos cuarenta y seis; de interinos, mil cuatrocientos sesenta y dos; representando un total de tres mil ochocientos treinta y ocho. Los cuales generan, en el personal de servicios sanitarios, ciento once el número total de representantes. Las provincias con más representantes son, lógicamente, Burgos, León, Salamanca. El resto que tienen quince y el resto tienen once.

Respecto al personal de los Servicios Generales el número de funcionarios que van a participar en las elecciones es de seis mil doscientos sesenta y nueve (ya se han entregado las listas del censo a todas las organizaciones sindicales); el número de contratados administrativos es de doscientos quince, y el número de interinos es de ciento cuarenta y tres. Hacen, pues, un total, en el personal de Servicios Generales, de seis mil seiscientos veintisiete funcionarios, generando ciento cincuenta y ocho representantes. Las provincias que más representantes tienen son: Burgos, León y Servicios Centrales, con diecinueve, teniendo el resto de las provincias quince de número de representantes de Servicios Generales. Todo ello hace un número total de representantes de doscientos sesenta y nueve.

También tengo nominado, incluso específicamente, el nombre de las personas que, como representantes de la administración de las Juntas Electorales de Zona, pienso que -por la transparencia absoluta que perseguimos- es importante conocer por parte de los señores Procuradores, y, en ese sentido , digo que los representantes de Servicios Generales en Avila es el señor..., el funcionario señor Fernández Blanco, en Servicios Sanitarios el señor Germán Miguel; en Burgos, señor..., Doña Rosario Martín Burgos y Don Angel Nelia García; en León, Don Nicasio Miguélez Cerdeña y Doña Araceli Astearraga González; en Palencia, Don Francisco López Fando y Don Marcelo De Manuel Mortera; en Salamanca, Don Enrique Rodríguez Vicente y Doña Julia González Alonso; en Segovia, Don Javier Martínez García De La Varga y Don Felipe Aranguren; en Soria, Don Juan Ignacio Gracián Garchitorena y Don Gregorio Sánchez Domínguez; en Zamora, Don José Mariano Ramos y Don Valeriano Enríquez González; en Valladolid, Don Faustino Marcos Giraldo y Don Emilio López Martín; y en Servicios Centrales, Doña Eugenia Hortelano Díez, como referente a la Dirección General de la Función Pública.

Situación de la Oferta de Empleo Público.

Funcionarios. Totalmente terminada, a excepción de las convocatorias de Bienestar social correspondientes a Escala Sanitaria, Cuerpo Superior y Cuerpo Técnico de grado medio. Estas convocatorias quedaron paralizadas, como ustedes saben, al ser recurridas ante la Audiencia. Hubo una Sentencia de la Audiencia Territorial favorable a los recurrentes. Se interpuso, por parte de la Junta, -pienso que con acierto entonces-, recurso contra la Sentencia de la Audiencia y el Tribunal Supremo falló a su favor y parece, no obstante, pretensión o impresión personal de este Consejero que los recurrentes pretenden recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.

Laborales. Concluidas todas las convocatorias, a excepción de la convocada por Orden del doce de Diciembre del ochenta y seis, que se publicaron las listas y están paralizadas desde el diez de Junio y que corresponde a varios grupos de la Consejería de Bienestar Social.

Situación de la Oferta Pública de Empleo del año ochenta y siete. Funcionarios. Convocadas todas las plazas de Administración General y publicadas o en fase de publicación las listas de admitidos. Yo no sé si hoy, pero si no es hoy mañana, saldrían importantes listas de admitidos a los distintos Cuerpos de la Administración.

En la Administración Especial están sin convocar, únicamente, las correspondientes a Escala Sanitaria Facultativa Superior y Técnico de Grado Medio, que están a resultas de la Oferta del ochenta y seis y son las mismas plazas.

El resto de las plazas están convocadas y en fase de publicación de listas de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de Castilla y León, a excepción de Inspectores de Consumo y Asistentes Sociales de la Consejería de Cultura y Bienestar Social.

Las de Ingenieros Industriales y de Minas e Ingenieros Técnicos Industriales y de Minas las tiene preparadas para su publicación una vez revisadas.

En definitiva, de las veintiocho convocatorias faltan ocho por publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León las listas de admitidos y excluidos. Esta Consejería o este Consejero ha dado instrucciones escuetas porque pretende acelerar el proceso y dinamizarlo, a fin de que no se acumule con la Oferta Pública del ochenta y ocho.

Acompaño, y creo que sí debe de obtenerse fotocopias para los señores Procuradores, una documentación relativa al número de plazas y sobre todo el número de solicitudes, para que se vea la complejidad del proceso de selección que se inicia el próximo día once, domingo me parece que es, al igual que se ha hecho en otras ocasiones aprovechando grandes espacios docentes que no se usan durante ese día y que pretendemos hacer útiles, con el fin de que el número masivo que atrae las oposiciones, pues, sea en un lugar apto para el desarrollo de la misma. En ese sentido, yo diría que el Cuerpo Gestión, por ejemplo, dando idea, el Cuerpo de Gestión de la Administración, que se convocaron treinta y tres plazas, han concurrido o van a concurrir dos mil quinientos treinta y tres solicitudes y que se ha publicado ya la fecha, el veinte de abril se convocó la convocatoria.

Pero, por ejemplo, en el cuerpo Administrativo, que se convocan ciento seis plazas, el número de solicitudes asciende a ocho mil ochocientas... a ocho mil trescientas noventa y dos, número muy grande para que..., son aproximadamente ciento veinte personas por plaza.

El Cuerpo Auxiliar, con ciento ochenta y dos plazas, ha llevado a aspirar a las mismas diez mil doscientos ochenta y siete aspirantes, por lo cual el proceso selectivo, sobre todo en los primeros ejercicios donde la afluencia es mayor, se pretende que se realice por procesos informáticos y con absoluto secreto por parte del Tribunal. El Tribunal, en este sentido, ha acudido a las reprografías o a las imprentas donde se ha......... el ejercicio de manera colegiada y los ejercicios permanecen, hasta que se entreguen a los alumnos, no como único ejercicio sino como cinco ejercicios diferentes, y, a su vez, con el proceso de informatización, de manera que se conviertan en una transparencia absoluta, de manera que si la oposición personalmente estoy convencido de que no es..., no selecciona a la persona mejor preparada, pienso, no obstante, que es el menos malo de los sistemas o, si se quiere, el sistema más objetivo para el acceso a la Función Pública.

En el resto de los Cuerpos o Escalas de la Administración Especial, el número de plazas convocadas y el de solicitudes disminuye sensiblemente. Así, por ejemplo, a título de ejemplo, (puedo leer todos si los señores Procuradores lo piden), Ingenieros Agrónomos se convocan diecisiete y van ciento cuatro solicitudes. En Ingenieros de Montes, cinco plazas y treinta y cuatro solicitudes; en Arquitectos, trece plazas, cuarenta y cinco solicitudes; en Biólogos, tres plazas, ciento nueve solicitudes, etcétera. Algo parecido en Ingenieros Técnicos Agrícolas: veintiocho plazas, trescientas treinta solicitudes; Asistentes Sociales, siete plazas, trescientos dieciséis solicitudes; Inspectores de Consumo, veinticinco plazas, ciento cincuenta y ocho solicitudes, etcétera.

Concurso de Traslados. Conforme dispone al artículo... conforme a lo que dispone el artículo 28 de la Ley 7/85, las convocatorias para la provisión entre funcionarios de los puestos de trabajo vacantes se publicarán, al menos, una vez al año previamente a la Oferta de Empleo y en caso necesario después de la misma. Hasta la fecha sólo se ha convocado, por Orden de la Consejería de Presidencia y Administración territorial del quince del cinco del ochenta y siete, concurso de traslados para provisión de puestos de trabajo vacantes de nivel ocho, entre funcionarios de la Administración General del Grupo D, lo que popularmente se conoce como Auxiliares Administrativos, y que resolvió el equipo de gobierno actual; fue resuelto, concretamente, por Orden de 19 del 8 del 87.

No obstante, y con vulneración del citado precepto, se han aprobado ofertas de empleo para el ochenta y seis (Decreto 47/86, de veinte de marzo) y ochenta y siete (Decreto 36/87, de veinte de marzo), amparándose -pienso- la Administración en el inciso final del precepto que dice: "en caso necesario después de la misma".

La Dirección General de la Función Pública presentó a informe de la Comisión de Personal, en la sesión del veintiocho del cinco del ochenta y siete, un proyecto de Orden de convocatoria de concursos de traslados para provisión de puestos de trabajo vacantes entre funcionarios de Administración General del Grupo C, y la Comisión de Personal adoptó el acuerdo de informar que lo conveniente era dejar en suspenso la referida convocatoria y que un grupo de trabajo, constituido al efecto, presentara un informe en la próxima reunión sobre la conveniencia o no de que los concursos de traslados se efectúen por grupos separados. El grupo de trabajo no se constituyó y en consecuencia no se han convocado más concursos. Este tema -también hay que decirlo- ha sido objeto de estudio en el último pleno del Consejo de la Función Pública, celebrado el treinta del nueve del ochenta y siete -hace apenas dos días-, con un especial interés, pienso, de las Centrales Sindicales representadas en el Pleno del Consejo respecto a este tema. La Dirección General de la Función Pública ya ha recibido las instrucciones precisas para preparar las convocatorias de traslados, acelerando su tramitación de tal forma que estén finalizadas antes de que concluyan los procesos de oposiciones en marcha. Una vez resueltas estas convocatorias, las plazas vacantes se ofrecerán a quienes logren plaza en las respectivas oposiciones. De lo que se trata es de huir de las situaciones de interinidad, que generan situaciones jurídicas, pienso, poco claras y que existen no en ésta sino en todas las Administraciones respecto de funcionarios que desempeñan servicios y que después acceden a la Función Pública mediante la oposición, pero que venían desempeñando un nivel o un puesto de trabajo distinto al que sacan en la oposición, puesto que en la oposición en principio hay que pensar que se saca el nivel mínimo ¿no?, y desde ahí se hace la carrera administrativa, o se debe hacer.

Quinto punto: relaciones de puestos de trabajo. La Ley 7/85, de veintisiete de diciembre, prescribe la elaboración anual de las mismas por las distintas Consejerías y su remisión a Presidencia y Administración Territorial, que propondrá a la Junta su aprobación. La complejidad indudable que existe en esta y en todas las Administraciones, la complejidad, insisto, que entraña tal labor y la necesidad de su acomodación a las nuevas estructuras orgánicas de las Consejerías de la Junta aconsejan al Consejero que les habla, en primer lugar: la constitución de grupos de trabajo en las Consejerías respectivas y su coordinación desde la Presidencia de Administración Territorial, a fin de actuar con uniformidad de criterios. En segundo lugar: darse un plazo razonable de tiempo hasta su elaboración definitiva. En este sentido, parece incuestionable la interrelación existente entre las relaciones de puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria, por lo que a fin de desarrollar el título quinto -título de las retribuciones de la citada Ley 7/85- y cerrar este dilatado período de transitoriedad, debemos ensamblar los nuevos conceptos retributivos en las estructuras de personal plasmadas en dichas relaciones de puestos de trabajo. Esta tarea ingente, ingente tarea, requerirá de un período de tiempo no inferior a un año -yo pretendo que se desarrolle, desde luego, en el año ochenta y ocho-, por lo que podrá quedar resuelta y operar su virtualidad plenamente el uno de enero del ochenta y nueve. En tercer lugar, como objetivo, avalan los dos puntos anteriores la necesidad de dotar a la Administración Autonómica de una infraestructura racional, acorde con las necesidades de los servicios y que suponga, como dice la propia exposición de motivos de la Ley, el esquema administrativo adecuado para que sirva con eficacia a los intereses generales.

Sexto punto: formación interna, programa de formación. Entendemos la formación del funcionario como una tarea continua que le permita seguir su puesta a punto con respecto a las exigencias del trabajo de la Administración Autonómica. Por tanto, la profesionalización del funcionario debe pasar obligatoriamente por su actualización, readaptación y mejora profesional. Para ello, se pretende elaborar y realizar programas de formación y perfeccionamiento del personal, a base de una amplia gama de cursos, con especial incidencia en la capacitación para las modernas técnicas de gestión, huyendo de lo que se conoce satíricamente como "funcionario de manguitos" y prepararle para la dirección, ejecución y organización, que puede abarcar periódicamente la totalidad de los colectivos de la Junta de Castilla y León. La supresión del Instituto -lo de supresión sometido a la decisión última de los señores Procuradores que me escuchan-, la supresión, o el proyecto de supresión, mejor, del Instituto de la Administración Pública de Castilla y León no va a suponer un freno al programa de formación y perfeccionamiento de los funcionarios. Al contrario, frente a los cinco cursos que se van a impartir durante el ochenta y siete, está previsto por esta Consejería desarrollar cuarenta y seis a lo largo del ochenta y ocho. A fin de cumplir tales objetivos, la Dirección General de la Función Pública tiene previsto realizar:

Primero, Cursos de formación, dividido en dos grupos: cursos A y B, cuatro cursos individuales -dos para el grupo A, uno de régimen de internado, y dos para el grupo B con cuatro módulos-. Grupos C y D, tres cursos individuales, tres para cada grupo, uno de régimen de internado, cada uno con seis módulos.

En segundo lugar, cursos de perfeccionamiento. Para los grupos A y B, cinco cursos conjuntos, dos en régimen de internado, con quince módulos. Para los grupos B y C, cinco cursos conjuntos, dos en régimen de internado, trece módulos. Para los cursos C y D, ocho cursos conjuntos, tres en régimen de internado, ocho módulos.

Los cuarenta y seis módulos programados se evalúan en un coste de veinticinco millones de pesetas y participarán -o proyectamos que participen- más de novecientos funcionarios.

Séptimo punto: Inspección General de Servicios. Por disposición adicional segunda de la Ley 7/85, de veintisiete de diciembre, se adscribe la Inspección General de Servicios a la Dirección General de la Función Pública. Parece conveniente que la Administración de nuestra Comunidad Autónoma camine hacia una sola Inspección de Servicios, por un doble motivo. En primer lugar, de un lado, porque la dimensión de la organización así lo permite, y de otro porque es conveniente que la actuación inspectora se desarrolle por órganos ajenos a la propia Consejería controlada. Esquema que, por otra parte, funciona en todos los Ministerios -aunque lógicamente la dimensión no es paralela- y siempre con los matices de las Inspecciones de Servicios, muy cualificadas, como puedan ser áreas económicas en las que se exige una especial preparación o Inspectores de Servicio especialmente preparados.

Si bien la Inspección de Servicios ha estado más dirigida a una fiscalización rutinaria del cumplimiento de plazos, de resolución de expedientes o de probidad de los funcionarios, pretendemos realizar una auténtica actuación renovadora y es el momento éste en el que se pongan en funcionamiento a través de propuestas de modificación y mejora de los servicios inspeccionados.

Por todo ello, la labor debe concretarse ante todo en un estudio y control positivo del funcionamiento de la Administración -funcionarios que funcionen-, desarrollada por personas profesionalmente capacitadas y que conozcan profundamente las nuevas técnicas de inspección y organización y los métodos de aplicar las nuevas tecnologías.

De todo lo expuesto, parece conveniente que la Inspección General de Servicios no sólo debe dar cumplimiento a la Ley 53/84, sino hacer realidad su exposición de motivos en cuanto a la moralización de la vida pública, así como realizar los controles de legalidad y eficacia, vigilando que la actuación administrativa se ajuste a la normativa vigente y velando por la idoneidad y adecuación de medios humanos, materiales y organizativos elegidos para marcar los objetivos que le han sido asignados a la Administración Autonómica, pudiendo proponer, entre otras medidas, la reforma de los procedimientos controlados. Naturalmente, la Inspección de Servicios debe ir acompañado, no sólo de la actitud fiscalizadora precisa y demás, sino por una actitud de asesoramiento al órgano que se inspecciona. Corección.

Octavo punto: órganos colegiados. Esta Consejería de Presidencia y Administración Territorial tiene especial empeño en potenciar los órganos colegiados de personal, tanto funcionarios como laborales. La Comisión Paritaria de interpretación, vigilancia, conciliación y arbitraje para el convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Administración Pública de Castilla y León ya ha celebrado la primera reunión el pasado día diecisiete, después de renovarse, como es lógico, los representantes de la Administración. También el Consejo de la Función Pública, cuya composición se recoge en el artículo catorce de la Ley 7/85, de veintisiete de diciembre, celebró su primera reunión el día treinta del mes pasado, donde entre otros asuntos aprobó el reglamento de funcionamiento interno informado también anteriormente.

Noveno punto: Reorganización de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La reorganización de la estructura de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que se inicia en los decretos 152/87, y la experiencia adquirida desde la promulgación del decreto 71/85, del dieciocho de julio, de organización, funcionamiento y competencias de la Asesoría Jurídica General, hacen aconsejable la reorganización de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Es propósito de este Consejero, o de esta Consejería, lograr la más eficaz organización de dichos servicios, logrando la debida coordinación entre los órganos y la necesaria e imprescindible articulación de mecanismos que aseguren la unificación de criterios en materias, insisto, en materias que son de interés común para toda la Comunidad. No puede establecer una unidad de dirección distinta... o la unidad de dirección exige una unidad de criterio a la hora de plantear recursos por una o por otra Consejería. Concebimos, así, la Asesoría Jurídica General como centro superior consultivo y directivo de los asuntos consultivos y contenciosos de la administración de la Comunidad Autónoma, con capacidad de control sobre las asesorías de todas las distintas Consejerías. En los asuntos contenciosos, parece conveniente, por la propia naturaleza de la materia, que un órgano único dirija y coordine la labor de los letrados a los que se les encomienda el servicio. Esta labor de coordinación debe extenderse a los letrados adscritos a la Administración Periférica de la Comunidad Autónoma. También, para lograr la más completa profesionalización del servicio, estimamos aconsejable reservar los puestos de trabajo de las asesorías jurídicas a los funcionarios pertenecientes a la escala de los letrados de la Comunidad.

Servicio de Informática, décimo punto. Conscientes de la importancia capital que tiene para la gestión administrativa la disponibilidad de medios informáticos, estimamos de especial urgencia afrontar con decisión y seriedad la progresiva informatización de procesos administrativos, gestionando con mayor racionalidad las inversiones en este área y la explotación de los recursos disponibles. En este sentido, se aprecia la ausencia de una estructuración funcional que garantice la coordinación de planteamientos y esfuerzos a nivel de la Administración de la Junta, concebida como un todo orgánico, pues en la actualidad la fragmentación del servicio por Consejerías es manifiestamente excesiva y conlleva costo reducible y eficacia mejorable. Asimismo, la política de inversiones ha venido padeciendo en cuanto a racionalidad y control. Las consecuencias de esta fragmentación orgánica y descoordinación funcional hace que anunciemos aquí hoy, como objetivos a corto plazo de esta Consejería, los siguientes:

Primero, reforzar la autoridad de la Comisión Informática, Comisión -todo hay que decirlo- casi sistemáticamente ignorada a la hora de adquirir o de informar los procesos informáticos; reforzar la autoridad de la Comisión de Informática de Castilla y León creada por decreto 121/83, de quince de diciembre, haciendo que la condición de los miembros de la misma recaiga, si es posible, en altos cargos de la Consejería, o, lo que es lo mismo, en personas que tengan facultad resolutiva y no en simples funcionarios que actúan o pueden actuar -en algún caso han actuado- como hombres que trasladan el problema al respectivo jefe de la unidad.

En segundo lugar, como objetivo, tratamos de hacer realidad la eficacia de la Comisión Informática en operatividad, y de modo muy especial, respetando el carácter preceptivo de sus informes en todos los supuestos; insisto en esto porque es muy importante, el carácter preceptivo que señala el Decreto 121, y que en todos los supuestos no ha sido respetado. Hago aquí una especial mención al tema de las inversiones de los medios informáticos, que cuestan mucho dinero y que muchas veces la premura y no otro supuesto hace que no se respete ese informe preceptivo.

En tercer lugar, ir hacia el Centro de Proceso de Datos o Servicios Informáticos Centralizados para toda la Administración de la Junta de Castilla y León. Este Centro de Proceso de Datos, como objetivo yo me atrevo a calificar de a medio plazo, nos permitiría, en primer lugar, la máxima economía de gasto y esfuerzos, suprimiendo, tanto la inactividad o infrautilización temporal de recursos que se da -máquinas que trabajan muy poco tiempo-, que a veces se deriva de una coyuntura operativa de cada Consejería, como la duplicidad de programas o líneas de actuación desconexas que las Consejerías originan. Es decir, hay en las Consejerías, en el Servicio de Informática -y muchas veces por la propia idiosincrasia de los funcionarios respectivos- una especie de reino de Taifas que no se puede permitir en la correcta organización de una gestión administrativa. También, con estas acciones tratamos de posibilitar, así mismo, una mayor racionalización del aprovechamiento de los recursos humanos del área informática (no están correctamente distribuidos), estructurándolas y coordinándolas en el marco global de las necesidades y objetivos de la Junta y no en el sectorial autónomo de cada Consejería, defecto que yo he observado, no en el área de informática, sino con cierta insistencia en otras áreas, de entender que la Consejería es un ente autónomo; lo que permitiría, entre otras consecuencias favorables, llevar a cabo en mejores condiciones la elaboración propia de aplicaciones informáticas, evitando su más costosa aplicación a terceros. También, finalmente, tratamos con estas medidas de facilitar una mayor racionalización y un mejor control de las inversiones económicas en este área, teniendo presente la prioridad de necesidades y urgencias en el ámbito global de la Administración de la Junta y la selección de proveedores y sistemas de suministros. No hay que olvidar que el tema de la Junta, por tratarse de aspectos muy cualificados, exige un grado de conocimiento importante por el órgano que resuelve, que muchas veces supera a los propios órganos... altos cargos de la propia Junta, que tiene, lógicamente, que refugiarse en los informes que los analistas y los grandes sabedores de las áreas informáticas producen. Todo ello hace que la corrección y la racionalización exija que sean estos especialistas reunidos, con la dirección del responsable máximo del área informática, que es la Consejería de Presidencia -o que pretendo que sea la Consejería de Presidencia, mejor-, establezcan un procedimiento racional de adquisición y de compras de los Servicios Informáticos.

No pretendo tocar aspectos del... que van a ser objeto, insisto, de especial debate en las áreas... en la comparecencia que el próximo día trece a las cinco haré en este mismo salón ante la Comisión de Administración Territorial, y que tocarán todos los aspectos organizativos y la filosofía y objetivos de las relaciones de la Junta con las entidades locales -incluyendo dentro, lógicamente, las locales y las provinciales-, y de los aspectos presupuestarios que esto genera, sobre todo en aspectos tan novedosos como el Proyecto que recoge la Ley de Presupuestos, de los ochocientos millones para las Cajas de Cooperación o de la unificación de los fondos que había anteriormente dispersos en otras Consejerías.

Señor Presidente, señores Procuradores, quiero agradecer, y con esto doy paso a la intervención de las preguntas que se estimen oportunas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Sí. Muchas gracias, señor Consejero. Agradecerle la intervención y esa oferta de documentación, que, no sólo esta Presidencia, sino yo creo que todos los miembros de la Comisión, cuanta mayor documentación tengan para enriquecer los datos y el debate, yo creo que es oportuno. Si quiere lo paso a los servicios de la Cámara para que hagan las fotocopias correspondientes.

No sé si, tal y como fija... convendría suspender la Comisión por un tiempo mínimo de cuarenta y cinco minutos o... En algunos casos, si los Portavoces lo consideran oportuno, se ha reducido en algún caso el tiempo, el período de suspensión de la Comisión. No sé si nos podemos reunir un momento los Portavoces con la Mesa y decimos cuál es el tiempo de paro. Si hace el favor...

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Yo, yo me inclinaría por los cuarenta y cinco minutos.

EL SEÑOR ............. :

También, señor Presidente. Yo también.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

No, no. Con uno que se incline basta. Entonces, a la una menos diez, a ver si podemos ser puntuales, se reanuda la sesión.

(Se suspende la Sesión a las doce horas cinco minutos, y se reanuda a las doce horas cincuenta y cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Se reanuda la Sesión. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Mixto.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Como venimos haciendo ya en otras comparecencias de Consejeros de esta misma naturaleza, vamos a aceptar por buena la estructura orgánica que nos ha planteado el señor Consejero, en cuanto a la supresión de Direcciones Generales, en cuanto a la creación de nuevas Direcciones Generales, en cuanto a la adscripción de los distintos servicios a una u otra Dirección General, porque entendemos que el gobierno tiene esa capacidad de autoorganización, capacidad además avalada por la Ley de Gobierno e incluso por el propio Estatuto. Y, naturalmente, la bondad de esa nueva estructura orgánica de su Consejería vendrá dada más por los resultados que obtenga en la acción de gobierno, que por la composición de las distintas... o configuración de las distintas Direcciones Generales. Aunque sí después consumiremos un breve espacio de tiempo para comentar la organización, en cuanto a la estructura orgánica, la organización periférica de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial y de las Delegaciones Territoriales de la Junta en su conjunto.

Yo le agradezco al Consejero el que haya hecho, en cuanto a la función pública, una exposición técnicamente bien expuesta y desarrollada; y nos satisface, y lo voy a decir con toda rapidez, el que hayan sido convocadas las elecciones sindicales, el que se hayan publicado y convocado las plazas de la oferta pública de empleo, el que en esa oferta pública de empleo, y sobre todo en la selección, se estén buscando los procedimientos más asépticos para que el proceso de selección del personal pues no tenga ninguna duda en cuanto al procedimiento, que se hayan podido filtrar previamente exámenes, etcétera, y nos satisface la iniciación de los trabajos para la confección de la relación de puestos y de la plantilla presupuestaria. Pero yo aquí en este punto creo que el Consejero se ha quedado muy corto en cuanto a sus objetivos, porque simplemente su pretensión... Y a mí me da a entender que entonces en estos momentos no conocemos cuál es el número de los funcionarios que tiene la Junta, y de los contratados, cuál es el número en estos momentos de los puestos de trabajo que están vacantes de esa relación de puestos de trabajo de la Junta y cuáles realmente son los que están convocados en esa oferta pública de empleo y cuáles no, y qué es lo que queda aún por convocar; y, realmente, lo importante en este caso no es que se haga una relación sistemática de los puestos de trabajo. Hemos recibido transferencias de funcionarios con unos determinados niveles, con unos determinados trabajos, con unas determinadas adscripciones a distintas Consejerías, a distintas Direcciones Generales, a distintos servicios, pero yo creo que la Consejería lo que debía de buscar es hacer la relación óptima de puestos de trabajo de acuerdo con el nuevo trabajo que esta nueva administración tiene que hacer en todas y cada una de las Consejerías. Porque, naturalmente, se ha producido primero una transferencia de funciones de la Administración Central a la Administración Autónoma, que no se ha correspondido con el traspaso real de funcionarios, puesto que en la Administración Central se han traspasado bastante pocos funcionarios, o han quedado en la Administración Central muchos más funcionarios de los que realmente yo creo que la Administración Central necesita para las competencias que en determinados ministerios aún se han quedado; pero yo creo que el objetivo fundamental es que, de acuerdo con las tareas que todas y cada una de las Consejerías y todas y cada una de las Direcciones Generales y servicios tienen que acometer en esta Junta, nosotros, la Consejería, la Junta tiene que hacer su propia nueva relación de puestos de trabajo y acomodar a las tareas esa relación de puestos de trabajo, y yo ahí ese objetivo no le he visto que haya sido marcado por el Consejero, que ha dicho y ha expuesto como labor titánica simplemente la de hacer una relación de los puestos de trabajo de la Junta. A mí eso me parece un objetivo realmente insuficiente, aunque no cabe la menor duda que es un paso más, unido a la plantilla presupuestaria.

Nos satisface también las iniciativas en cuanto a la formación interna del personal y al reforzamiento en la Inspección General de Servicios de la capacidad propuesta para mejora de los procedimientos. Efectivamente, la inspección, si solamente se limita al control de legalidad y deficiencia, me parece poco, y, realmente, el ampliar su campo a la propuesta de que la administración se mejore en sus métodos me parece realmente importante.

Es también positivo el funcionamiento real -porque si estaban constituidos y no se reunían es realmente como si no lo estuvieran- del Consejo de la Función Pública y de la Comisión Paritaria de Personal, y así mismo nos satisface el funcionamiento efectivo de la Comisión Informática y la creación de un centro de Proceso de Datos.

Pero realmente, señor Consejero, estos objetivos, técnicamente bien expuestos y desarrollados como he dicho en el principio, digamos que serían objetivos comunes, y la novedad expuesta por el Gobierno de la Junta actual en cuanto a la estructura orgánica era fundamentalmente, en cuanto a la administración periférica, la creación de una delegación única y la supresión de los Delegados Territoriales de las distintas Consejerías. Y con eso se pretendían dos cosas: por una parte, disminuir el gasto, y por otra parte aumentar la eficacia en la gestión de esta administración periférica de la Junta. Hasta el momento presente, no sé si porque los mecanismos legales para poner en marcha todo este proceso no se han podido cubrir en el tiempo, cumplir en el tiempo, pero la realidad actual, que es lo que me preocupa en estos momentos, a este Procurador del D.P.P. le preocupa en este momento, es que se habrán suprimido unos meses de sueldo de unos delegados territoriales de la Junta, lo que a efectos de austeridad en el gasto es algo realmente poco importante, pero lo que sí se ha conseguido en estos momentos es que no haya en las Delegaciones Territoriales, en muchos casos, nadie que quiera comprometerse con su firma en determinados expedientes, y nos encontramos que para la autorización de un enganche de luz, o para la autorización de determinado procedimiento, en estos momentos se retrasan incluso bastantes días esas autorizaciones porque ningún funcionario de la respectiva Delegación se quiere comprometer en la firma de esas autorizaciones. Y realmente esto entonces no es austeridad, esto no es coordinación, esto no es eficacia, sino absolutamente todo lo contrario; hasta el momento presente lo que estamos consiguiendo es que la administración periférica no funcione. Y por otra parte, yo creo que el Consejero no ha explicado bien cuál va a ser esta organización periférica, cuáles van a ser las funciones de ese Delegado de Presidencia y Administración Territorial, qué capacidad jurídica tiene; no simplemente reuniendo en una mesa a los distintos jefes de los servicios que parece que se crea en sustitución de los Delegados Territoriales, sino la capacidad jurídica de ordenar toda esa coordinación, y yo creo que ahí el Consejero ha pasado en ese tema sobre ascuas, y realmente era una de las innovaciones más importantes que el Presidente de la Junta expuso en su programa de gobierno; y no vemos que... si simplemente esa revolución anunciada consiste en sustituir la figura del Delegado Territorial de la Consejería por un Jefe de Servicios, realmente creemos que es una reforma escasa en sus objetivos.

Por otra parte y aunque las intenciones del Consejero con todo ese proceso de elecciones, relación de empleo, trasparencia en el proceso, etcétera, etcétera, es elogiable, estamos viendo continuamente en los medios de comunicación social -y por lo tanto reflejo de lo que opinan hoy día, en este momento los ciudadanos- que a pesar de esas intenciones siguen denunciando los sindicatos, siguen denunciando las organizaciones y los colectivos que determinados procesos de selección se siguen haciendo digitalmente, que determinados procesos de ocupar puestos en la administración están dados previamente incluso al cumplimiento de las convocatorias preceptivas. Y, lógicamente, esto va en detrimento de la credibilidad, no solamente del gobierno, de la Junta, sino de la propia administración. Una administración que tiene escasez de credibilidad frente a los ciudadanos y que yo creo que debe de ser objetivo prioritario del gobierno el que precisamente esa administración, a la vez que se profesionaliza, adquiera una legitimidad frente a los ojos de los ciudadanos, que en esa administración tienen que ver garantizada todos sus derechos, que en esa administración tienen que ver garantizada la pureza total y aséptica en los procedimientos.

Y otro tema que planteó un cierto revuelo de opinión pública, y que por lo tanto yo creo que tiene interés, es que una de las primeras actuaciones anunciadas por la Junta fue la supresión de la tarjeta "Visa Oro" a los altos cargos de la administración. Yo entiendo que la administración anterior, que el gobierno anterior de la Junta había establecido un sistema, que supongo que consistiría en abrir unas cuentas personales a los Consejeros y altos cargos, y a los que se les librarían unas cantidades a justificar, porque me parece que no hay capacidad de poder mover jurídicamente, capacidad de poder mover, hacer movimiento de las cuentas de la propia administración personas que no están habilitadas para ello, tanto de orden político como de orden... de funcionarios, interventor, o depositarios, o cajeros, y creo que ése era el procedimiento establecido, y después esas cuentas naturalmente se justificaban. El actual gobierno ha suprimido eso con el criterio, decía, de ahorrar cuatrocientos millones de pesetas y de que hubiera una mayor trasparencia en la gestión; entonces, a mí me gustaría que el Consejero nos explicara de dónde van a salir esos cuatrocientos millones de pesetas de ahorro y por otra parte... Porque yo creo que los gastos de representación existían en el anterior gobierno y van a existir en el actual, porque necesariamente eso tiene que ser así, y el Consejero, si tiene un compromiso social de invitar a unos asistentes...Yo he participado de alguna comida invitado por distintos Consejeros del anterior gobierno, en mi condición de Presidente de la Diputación Provincial, y naturalmente el sistema de llevar dinero el Consejero, y sobre todo cuando se sale de viaje, pues no parece muy adecuado. Entonces, lo que me gustaría, primero, es cómo se contabilizan y de dónde van a salir esos cuatrocientos millones de pesetas, y qué sistema operativo va a habilitar la actual Junta de Gobierno, la actual Consejería de Presidencia y Administración Territorial, para resolver ese problema, porque -y aquí incidimos otra vez en cuanto al criterio y al pensamiento de los ciudadanos-, porque es malo que estemos creando en los ciudadanos conciencia de que tanto la administración como los políticos y representantes de ese pueblo... un hilo de desconfianza de los ciudadanos, y si se está diciendo que se ahorra es porque antes se puede haber despilfarrado, y si se está diciendo que el sistema no es trasparente, pues de alguna manera se está poniendo en entredicho la administración y la honorabilidad de las gentes y de los políticos, y yo creo que eso es malo. Yo creo que es bueno que consigamos entre todos que los ciudadanos tengan un buen criterio de su administración y que los ciudadanos tengan cada día un buen criterio de los políticos, y los políticos, naturalmente, con una acción de gobierno acertada y honesta es algo que debemos de ganarnos. Pero, indudablemente, con determinadas manifestaciones lo que se induce es a sembrar la duda en los ciudadanos, y a mí eso no sólo no me parece conveniente sino que realmente me parece mal.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Muchas gracias, señor de las Heras. El Portavoz del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social tiene la palabra.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Bueno. Yo, previo a la intervención, tengo que confesar, pues, una serie de sensaciones anímicas que me ha producido la exposición del señor Consejero de Presidencia, entre las cuales no sé cuál prima, si la perplejidad, la sorpresa, o simplemente un sentimiento de defraudación. Diré por qué: porque, bueno, desde nuestro punto de vista lo que usted ha hecho en su exposición ha sido limitarse a leernos de otra manera o de otra forma, con arreglo a otra metodología expositiva, lo que ya dice la Ley 30 de la Función Pública del Estado y la Ley 7 de la Ley de la Función Pública de Castilla y León. Para esa exposición nos bastaba con leer los correspondientes textos legales que, indudablemente, ya todos los conocemos.

Por otro lado, la primera parte de su intervención se ha quedado a medias, es decir, la parte que hace específica referencia a la estructura orgánica de su Consejería se ha quedado a medias, porque la estructura orgánica de una Consejería es la de sus Servicios Centrales y la de sus Servicios Periféricos. Mientras no se nos explique cuál va a ser la estructura de los Servicios Periféricos, difícilmente podemos tener un panorama general de cuál es la estructura orgánica de una Consejería. Y en el caso concreto, además, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, pues, con un doble motivo, porque, claro, si mucho no me equivoco, la figura de Delegado Territorial única, pues, es una figura de trascendental importancia que queda adscrita orgánicamente a la Consejería de Presidencia y, como mi predecesor en esta intervención ha señalado, mientras se desconozcan sus cometidos, funciones y estructura derivada de los mismos, difícilmente tendremos un panorama completo de lo que la Consejería de Presidencia pretende hacer.

Mire usted, señor Consejero, desde nuestra perspectiva su intervención se ha limitado a exponer un largo catálogo de problemas, y a exponer unos objetivos genéricos, sin decir cómo va a solucionar usted los problemas y cómo va a dar respuesta a los objetivos genéricos que su Consejería pretende. En este mundo, quizás, lo importante no es decir lo que se va a hacer, sino cómo se va a hacer. Ese cómo se va a hacer es lo que nosotros echamos en falta en su exposición y yo le agradecería, en la medida de las posibilidades que ustedes tengan, en la medida en que ustedes tengan ya bien perfilada una acción de su Consejería, nos lo expusiera con carácter general, comprendiendo que si todavía no lo tienen perfilado y no lo tienen absolutamente detallado, dado el poco tiempo transcurrido desde la toma de posesión del Presidente de Gobierno hasta el momento actual, pues, les excusaríamos, pero queremos que nos lo diga, en el sentido de decir: nuestros objetivos todavía no están perfectamente perfilados, nuestro programa electoral no era muy explícito en la materia y, consiguientemente, la gestión de gobierno, pues, tiene que improvisarse un poco sobre la marcha, o por el contrario: nuestro programa electoral era exhaustivo, detallado, completo y total, y, bueno, no puedo exponer aquí los objetivos por falta de tiempo o por cualquier otra razón que nosotros, con la mejor voluntad, sabremos entender.

Y ya voy a entrar en las preguntas muy concretas. Una pregunta, y permítame usted, por aquello de que "el que avisa no es traidor", que le diga que esta pregunta tiene trampa. Han creado ustedes una Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, creo que se llama así exactamente. Mi pregunta concreta es si el Director General asiste a las reuniones de la Junta. Pregunta muy concreta.

Pregunta muy concreta. Esa es: ¿la Consejería de Presidencia tiene conocimiento de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales varios artículos de la Ley 30 de la Función Pública?, y en algunos de esos artículos se produce una traslación, porque están copiados literalmente de los declarados inconstitucionales, ¿tiene conocimiento de esa sentencia?; y, en función de esa sentencia, ¿qué política, en materia de Función Pública, concreta y específica, va a adoptar la Consejería?. Y ruego benevolencia si me extiendo un poquitín en este aspecto de la cuestión, porque los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Constitucional, en líneas generales y referido a lo que a nuestra Función Pública pudiera afectarnos, señalan que, al no existir una definición precisa en la Ley de la Función Pública -tanto en la del Estado y, consiguientemente, en la de nuestra Comunidad Autónoma- de qué es ser funcionario público y de qué es ser personal laboral, difícilmente puede quedar al arbitrio de una regulación reglamentaria por parte del Gobierno algo tan importante como es la relación de puestos de trabajo, en el que debe, por imperativo legal, determinarse si dichos puestos de trabajo quedan reservados a funcionarios de carrera o quedan reservados a personal laboral. Ni en nuestra Ley de la Función Pública vigente, ni en la Ley de la Función Pública del Estado, se contempla esta definición y el Alto Tribunal se ha visto obligado, necesariamente, a declarar inconstitucionales estos artículos, porque, si no los declarara, quedaría al arbitrio de la regulación de los respectivos gobiernos aspecto tan importante cual es el definitorio de las relaciones de puestos de trabajo.

Tampoco nos ha expuesto usted, al menos yo no lo he entendido, qué política va a seguir la Consejería en aquellos aspectos que pueda regular de las relaciones de puestos de trabajo. Quiero decir que hay una relación de puestos de trabajo aprobada por la Junta, y esa relación, hoy por hoy, que yo sepa, está en vigor, que yo sepa, no ha sido derogada; me leo los Boletines Oficiales todos los días. Entonces, si el propósito de la Consejería de Presidencia es el de publicar con carácter inmediato los concursos correspondientes para la provisión de esos puestos de trabajo, esta publicación tendrá que hacerse con arreglo al Decreto actualmente en vigor o, por el contrario, tendrán ustedes que derogarlo o tendrán ustedes que sustituirlo por otro, y con una cierta rapidez, porque, bueno, el tiempo apremia, y el treinta y uno de Diciembre está a la vuelta de la esquina, y la publicación de unos concursos de provisión de puestos de trabajo lleva unos plazos de publicación, unos plazos para la presentación de solicitudes, unos plazos de resolución, unos plazos de reclamación, unos plazos de toma de posesión, etc., etc.. Es decir, todo el sistema de plazos que está contemplado en la regulación consiguiente, y para ello faltan ya escasamente tres meses. Entonces, debemos de entender que, al no haberse producido la derogación del actual..., de la actual relación de puestos de trabajo, y debemos de entender, si no es incorrecto que usted ha dicho que la confección de una nueva relación de puestos de trabajo va a llevar muchísimo tiempo, debemos de entender, por pura lógica, que es la actual relación de puestos de trabajo la que está en vigor. Yo le ruego a usted un pronunciamiento específico al respecto.

También le ruego una aclaración, porque en su exposición ha entremezclado usted determinados aspectos que, técnicamente, son distintos. Ha hablado usted de oferta pública de empleo, ha hablado de concursos y ha hablado de convocatorias de traslados. Yo le ruego que matice qué entiende la Consejería de Presidencia por oferta pública de empleo, por concursos de provisión de puestos de trabajo y por convocatorias de traslados, ha dicho usted textualmente.

Ha hablado también de que la gestión de formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración Pública la va a realizar la Consejería de Presidencia directamente y no por medio del instrumento que, tanto en la Ley de la Función Pública se contempla..., que se contempla en la Ley de la Función Pública, que es por el Instituto de Administración Pública. Mire, nuestro Grupo Parlamentario está convencido de que el primer derecho que debe de conferírsele a un gobierno es el de autoorganizarse. Nosotros no vamos a entrar en una discusión (personalmente me gustaría mucho, porque es un tema que me apasiona), no vamos a entrar en una discusión sobre si determinados cometidos o servicios de la Administración Pública se prestan mejor con sujeción a un régimen de Organismo Autónomo de carácter administrativo, con sujeción a un régimen de Organismo Autónomo de carácter industrial, comercial o financiero, perdón, según la Ley de Hacienda de la Comunidad con relación a un régimen de Organismo Autónomo de carácter industrial, agrario, comercial, industrial o financiero (ese "agrario" es una novedad de nuestra Ley de Hacienda de la Comunidad), o con sujeción a un mecanismo de empresa pública, o con sujeción al sistema de Administración centralizada. Nosotros no vamos a entrar. Elijan ustedes el modelo; por nuestra parte, no van a tener ustedes ningún tipo de inconveniente. Pensamos que si en otras administraciones públicas -desde la del Estado a la de las restantes Comunidades Autónomas- o en una organización comparada con países sujetos al régimen de administración continental, cual es el nuestro, existen organismos de esta naturaleza con status jurídico de organismos autónomos, no vemos por qué nosotros no tenemos que tenerlo; pero si ustedes consideran que es preferible el otro procedimiento, bueno, pues, es su problema. Lo que sí nosotros vamos a exigir es la gestión eficaz, positiva y económica del servicio que en este caso concreto se quiere prestar. Es por donde va a ir nuestra acción: en reconocimiento de la facultad que le corresponde al gobierno presente de autoorganizarse con los instrumentos que considere más apropiados para realizar una gestión eficaz, económica, en definitiva, una gestión positiva.

Yo quisiera decirle a usted que cuando se estudió -supongo que lo conocerá- la Ley de la Función Pública de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición de Ley que, curiosamente, no tiene nada que ver, ni en su fondo sustantivo ni en su contenido, con el criterio o los criterios de gestión en materia de Función Pública que usted ha expuesto aquí. No tiene absolutamente nada que ver. Yo pensaba que, al entrar un gobierno del signo actual, lo primero que haría sería derogar la Ley de la Función Pública de Castilla y León y proponer una nueva Ley en consonancia con lo que constituían sus criterios anteriores, plasmados en la correspondiente Proposición de Ley presentada en estas Cortes.

Bueno, la inspección de servicios. No es cierto, como usted ha afirmado o como yo he querido entender, que en los distintos Ministerios, los cuales usted ha puesto como ejemplo, no exista una inspección de servicios. Precisamente, en cada Ministerio existe una inspección de servicios, en cada Ministerio, con independencia de la inspección general de servicios del Ministerio de Presidencia, que tiene como competencia específica toda la acción en materia de función pública. En cada Ministerio existe su propia inspección de servicios; y esa inspección de servicios es necesaria, porque cada Ministerio tiene unas peculiaridades de gestión que, de alguna manera, lo diferencian de los restantes, aunque tengan el punto en común de que unos y otros tengan que sujetarse a idéntico procedimiento administrativo. Pero usted, precisamente, ha señalado que la inspección de servicios va a tener, además de la vigilancia específica del procedimiento administrativo en cuanto a corrección en los asientos en los libros de registro, en cuanto a corrección de la normativa administrativa de carácter general, usted mismo ha señalado que la inspección de servicios que, además, iba a tener una función de asesoramiento, iba a incidir sobre parcelas especializadas de los distintos ámbitos competenciales de las distintas Consejerías. Luego, nos parece lógico que exista una inspección de servicios dentro de la Consejería que usted representa.

Luego ha habido otro hecho, que también me ha producido una cierta sorpresa: al hablar de la Asesoría Jurídica General de la Junta usted ha dicho que los puestos de Asesores Jurídicos, tanto de la Junta como de las distintas Consejerías, iban a ser cubiertos en su totalidad por el cuerpo de Letrados de la Comunidad, y eso, de alguna manera, me sorprende, porque vulnera el principio consagrado en la Ley 30 de movilidad de los funcionarios de las distintas Administraciones. Yo no veo ningún inconveniente para que sea Letrado-Asesor Jurídico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes un abogado del Estado, o un Letrado del Estado como actualmente se llaman, o no veo inconveniente para que lo sea un Letrado de una Administración Local, -por poner un ejemplo-. Y, curiosamente, este es uno de los aspectos que en la Proposición de Ley de su Grupo se contemplaba de manera más destacada en la Legislatura anterior: el que se hiciera más permeable la intercomunicación entre los funcionarios de las distintas Administraciones Públicas. Así que me ha sorprendido un poco esa reserva de las funciones de Asesoría Jurídica exclusivamente para los Letrados de la Comunidad.

Acabo señor Presidente, y agradezco su benevolencia en el tiempo. Porque en aspecto tan importante cual es el de la política retributiva del personal, usted no nos ha dicho nada. No nos ha dicho si entienden que a igualdad de puesto de trabajo debe de haber igualdad de retribución, por poner un ejemplo; no nos ha explicado las líneas generales que en materia retributiva, con relación al personal, piensa seguir su Consejería, como tampoco nos ha explicado qué se va a hacer con el estudio, que usted debe de conocer, de la empresa privada HAY Ibérica, que fue contratado en su momento, que costó "equis" pesetas, -creo que del orden de los nueve millones de pesetas-, y que pretendía definir el catálogo de puestos de trabajo. Van ustedes a continuar con la misma política de contratar con empresas privadas la clasificación de los puestos de trabajo o, por lo tanto, va a reservarse la Administración el hecho concreto de realizarlo.

Bueno, por mi parte acabo esta intervención; se me quedan muchas cosas, pero observo que, con buen criterio, el señor Presidente de la Comisión me mira y antes de que me llame la atención prefiero interrumpir la larga exposición de asuntos que quedan pendientes en esta intervención del señor Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Sí, muchas gracias. El Portavoz del Grupo Socialista.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Gracias, señor Presidente. Yo deseo comenzar mi intervención no ocultando el hecho de que se trata de la primera comparecencia que produce el Consejero de Presidencia ante esta Comisión, a instancias de mi Grupo Parlamentario, -que todo hay que decirlo-, efectuándole un saludo cordial en nombre de mi Grupo y, en la medida de lo posible, salvada como es lógico la discrepancia que, indudablemente, -y luego lo iremos poniendo de manifiesto-, en muchas cosas y en muchos casos existirá, poniéndome también a su disposición en todo aquello que yo personalmente, y mi propio Grupo Parlamentario en este caso, utilizando específicamente una experiencia que Gobierno que ya tiene y, por tanto, conocedor como es de la complejidad y de las dificultades que muchas veces plantean estos temas, y particularmente los de Función Pública, repito, nos ponemos en ese sentido a su entera disposición.

Quiero también, inicialmente, felicitarle, y no me duele prendas el hacerlo, al señor Consejero por el hecho de que... y lo digo también con toda claridad, salvando un temor que mi Grupo albergaba, pues, haya roto con el precedente que se estableció en la anterior comparecencia, concretamente en la Comisión de Agricultura. Al menos, el señor Consejero hoy ha sido respetuoso con el Orden del Día; otra cosa es que estemos en mayor o menor grado de discrepancia sobre el contenido, pero al menos en la forma, repito, felicito al señor Consejero por haberse apartado de ese precedente, como, evidentemente, era el deseo del Grupo que solicitó la comparecencia, en este caso, mi Grupo Parlamentario.

Junto a esos reconocimientos iniciales, quisiera también, yo creo, agradecerle algunas cosas en el tono de su intervención. Agradecerle, en primer lugar, el que yo entiendo que de una forma lógica, bastante sistemática, por otra parte, en su exposición, pues, haya ido haciendo un reiterado reconocimiento de la complejidad. Casi siempre que el Consejero ha citado algunas de las cuestiones verdaderamente de fondo, en la política de su Consejería: el sistema retributivo de los funcionarios por ejemplo, la relación de puestos de trabajo, el proceso de informatización, etcétera..., haya hecho una apelación a la complejidad, a la necesidad de tiempo. Me alegra infinitamente oírlo, porque yo creo que de esa forma las cosas se ponen en sus justos términos. Y lo digo porque debo de recordar ahora, yo pertenecía a esta Comisión también en la Legislatura anterior, con qué insistencia se nos urgía, por parte del Grupo Parlamentario Popular, -entonces en la oposición-, a resolver todo este tipo de cuestiones. Yo recuerdo que fue interpelación constante el de la aplicación del sistema retributivo; el que se publicara la relación de puestos de trabajo casi inmediatamente después de haberse aprobado la Ley de la Función Pública, etcétera... Por eso, me alegra mucho saber que cuando se está en el Gobierno hay que desdecir algunas cosas y, en definitiva, hay que hacer un reconocimiento de la complejidad en aquello que efectivamente la tiene.

Asimismo, yo también debo de agradecerle, luego entraré de una forma más detallada en esos aspectos, debo también de agradecerle el que el tono general de su intervención y, así mismo, las especificaciones concretas que ha ido haciendo en los distintos aspectos en que se propone actuar, estén todos ellos presididos por un criterio de... yo me atrevería a decir de absoluta continuidad; matíceme luego si esa continuidad es hasta el cien por cien o hasta el noventa y cinco; creo que más abajo no.

Me alegra también, por eso, el que haya planteado así su intervención. Ciertamente, continuidad con una excepción, que me atrevería en ese sentido a destacarle al Consejero. Yo creo que sería oportuno que para posteriores comparecencias, sobre todo en comparecencias de este tipo en las que es imprescindible, aunque sólo sea en el tiempo de receso, manejar algún tipo de documentación o de información, ésta estuviera preparada de antemano. Esa era la costumbre habitual a lo largo de la Legislatura anterior y creo que también en eso debiera de haber una continuidad. No me parece justo ni lógico que sólo sea en eso, y prácticamente sólo sea en eso, donde se rompa la continuidad. Ya sé que eso exige un trabajo previo, probablemente es un trabajo que debiera de hacer un Gabinete si eso se mantuviera, pero, en definitiva, tengo para mí que tarde o temprano se arrepentirán, en ese sentido, de haber suprimido esa cuestión, porque entiendo que ahí no hay un planteamiento de fondo, ahí entiendo que no es una cuestión de existencia o no, sino de tamaño, y en el tamaño estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo en forma inmediata, pero, en fin, tiempo al tiempo y veremos lo que ocurre en ese sentido.

Creo, por otro lado, que esa afirmación en línea de continuidad, que usted ha hecho en reiteradas ocasiones, -luego iré entrando más puntualmente en esos temas-, tiene también un aspecto positivo, desde mi punto de vista, y que realmente quiero destacar también. Yo creo que a mi juicio eso supone que ha terminado la campaña electoral, -cosa que yo de verdad no me creía todavía-, porque, en definitiva, ¿cuál es la reflexión política en este momento y en relación con esto?. Pues, que, al final, todo aquel desafuero en materia de Función Pública, que reiteradamente fue siendo puesto de manifiesto, yo creo que casi siempre sin una mínima prueba, simplemente a título de gesto, en campaña electoral, pues, efectivamente, ha terminado. Ha terminado y, al final, todo aquel desafuero, pues, llega o ha llevado en este momento a respetar la legalidad vigente, -no he oído nada a propósito de modificaciones de fondo, luego entraré también en ese sentido-, y al final a establecer que el programa de trabajo es el cumplimiento de la Ley, el desarrollo de la Ley. Fíjese si hay diferencia de aquel planteamiento con esto. Yo creo que eso debiera de servirnos definitivamente de enseñanza política, es decir, que uno no tenga por qué arrepentirse, cuando tiene la responsabilidad de tomar decisiones, de aquello que ha venido diciendo a efectos de conseguir la posibilidad de tomar esas decisiones, y sabe perfectamente a qué me refiero.

Entiendo, por otro lado, y creo que en eso ya ha habido alguna intervención anterior en esa misma línea, que con esa perspectiva de continuidad, en la que usted se ha movido, pues, produce... -debo de decirlo también con toda claridad-, una cierta enmienda de la plana al planteamiento que había por parte de su Grupo Parlamentario en la Legislatura anterior. No sólo en ese aspecto de las urgencias, etcétera..., a que antes me refería y que luego iré destacando con cosas más concretas, sino en otras, efectivamente, más de fondo. Antes, el señor Durán ponía de manifiesto cómo existió una Proposición de Ley, -efectivamente usted dijo No de Ley, era una Proposición de Ley-, que luego fue utilizada, si la memoria no me falla, como Enmienda a la Totalidad del Proyecto de Ley que hoy es Ley de la Función Pública. Y ahí, efectivamente, había cosas curiosas; no sólo se entraba en temas de lo que podemos denominar régimen estatutario del funcionario, respecto de lo cual faltaba entonces todavía una Legislación del Estado, y respecto de lo cual no he escuchado nada en esta comparecencia, sino que allí se hacía también una referencia y se regulaba con bastante detalle y en forma positiva, -la prueba es que luego este aspecto fue aprobado creo que por unanimidad-, el propio Instituto de Administración Pública, detalle ciertamente curioso y que no pasará desapercibido a cualquier observador. Por tanto, planteadas así las cuestiones, yo entraré en algunos aspectos concretos que quiero destacar, consciente como soy de que al intervenir ya en tercer lugar, pues, muchas de las cosas que tenía anotadas han sido ya expuestas o interrogadas de antemano.

En relación con la estructura orgánica de la Consejería. Mire, yo ahí hecho de menos..., algunas otras ausencias ya se han destacado, echo de menos el que no haya hecho ninguna apreciación, creo que en este caso ninguna apreciación sobre temas que yo juzgo de una importancia transcendental. De su Consejería dependen orgánicamente lo que vamos a llamar el área de Presidencia, el área de Vicepresidencia funcionalmente también, la Oficina de Información, los aspectos de protocolo, etcétera, etcétera; algo de eso quisiéramos también conocer de su boca, es decir, que extienda su información no sólo a lo que es Consejería de Presidencia en sentido estricto, sino a todo aquello que depende funcional u orgánicamente de su Consejería, aunque no sea Consejería de Presidencia en sentido estricto.

Y, así mismo, en relación con algunas otras cuestiones, en materia de estructura orgánica, -ya se ha planteado pero yo también quiero reiterarlo-, quisiera alguna aclaración, -no entro en otro tipo de apreciaciones-, quisiera alguna aclaración sobre la competencia en concreto, el ámbito de competencia en concreto, de la nueva Dirección General de Relaciones Institucionales, y en un sentido bien concreto. Yo he leído el Decreto en el que se crea, lo he oído hoy en la propia comparecencia, y a esa Dirección General, pues, le vienen atribuidas cosas o competencias ciertamente amplias: la relación con la Administración Local, con otras Comunidades Autónomas, con las Cortes, con la Administración del Estado, etcétera. Si eso fuera así, y si no hay alguna clarificación ulterior sobre ese tema, pues, no sé muy bien que queda para el Director General de Administración Territorial, para el propio Presidente de la Junta o de la Comunidad Autónoma, sobre todo en materia de relaciones con el Estado, etcétera. Me parece que alguna clarificación sería conveniente ahí, no sea que tengamos que llegar a la conclusión de que a veces la austeridad en un sentido es generosidad en otro y cuando es generosidad resulta siendo duplicidad o duplicación. No creo que sea el caso y por eso le pido la aclaración.

Como creo que hay alguna otra cosa confusa en cuanto a estructura orgánica: por ejemplo, el caso de atribuir la competencia en materia de Protección Civil, la competencia que tiene la Comunidad Autónoma, a la Dirección General de Administración Territorial. Me parece que eso puede producir alguna confusión y quisiera también alguna aclaración. O, por ejemplo, ha dicho también que en el ámbito de actuación del Consejo de dirección se tratará el tema de plantillas orgánicas, que creo no existen ya, teniendo en cuenta que ese mecanismo de organización administrativa ha quedado sustituido por la Relación de Puestos de Trabajo.

Quisiera también alguna precisión; se ha dicho me parece, por los dos intervinientes anteriores en materia de estructura periférica, de delegaciones territoriales de la Comunidad Autónoma, en un doble sentido. Primero, en el sentido de saber algo respecto de la estructura de las delegaciones territoriales, de la estructura interna de las delegaciones territoriales únicas; si, efectivamente, la reorganización va a producir la creación de jefaturas de servicio en el ámbito territorial, en el ámbito periférico provincial; creo que si así fuera luego podemos discutir de ello, me parece que los números de los cálculos que han hecho quedarían considerablemente reducidos y al final pudiera ocurrir que el delegado territorial es ex novo si, efectivamente, -es decir, es una figura a mayores en relación con lo que había-, si, efectivamente, esa opción de las jefaturas de servicio es la que tienen in mente.

Creo, por otro lado, que en ese tema hay planteado, según ayer mismo he conocido por los medios de comunicación, un recurso de reposición, en este caso todavía, en relación con ciertos aspectos de la legalidad de esta figura. Me atrevería a decirle, por lo poco que yo, personalmente, había estudiado sobre el tema, me atrevería casi a aconsejarle que estime el recurso, que lo estime por la triple razón que en los medios de comunicación vi que se alega. Mire, yo no le voy a discutir su capacidad política a efectos de producir, como responsable de la Función Pública, una determinada estructura orgánica de la Comunidad Autónoma, o una determinada estructura administrativa. No le voy a discutir, por supuesto, su derecho a ser austero, si ése es el planteamiento de fondo como creo que se ha pretendido establecer en el tema. Sólo le aconsejo que todo eso lo haga dentro de la legalidad porque, si no, al final, estaremos en una discusión en la que no nos vamos a poder entender, y me parece que, efectivamente, en ese tema, creo, se ha rozado la legalidad. Repito, como hay un recurso establecido veremos en su día cuál es la resolución que se le da. ¡Ojalá! fuera en la vía de reposición, sin tener que llegar a la jurisdicción contencioso-administrativa, pero si eso llegara ya veremos cuál es la solución final que el tema tiene y, por tanto, no me extenderé más en esa cuestión.

Finalmente en relación con los planes de actuación en concreto, que ha ido estableciendo, reitero a título general lo que antes he dicho. He apreciado una continuidad extraordinaria y creo que, francamente, positiva, de tal manera que prácticamente podría haber reducido su intervención a tres, cuatro palabras, las que dicen: "mi programa de actuación es cumplir la legalidad vigente". En ese sentido, es que hay una obligación de cumplir la legalidad vigente; por tanto, yo rogaría que se matizara, simplemente a efectos de purificación del propio lenguaje. Es decir, que no se presenten como innovación cosas que simplemente suponen el cumplimiento de algún aspecto de la legalidad vigente en este momento, que fue en su momento aceptada por parte de su Grupo Parlamentario, y que me parece, efectivamente, positivo que así sea. Y eso es algo que usted ha ido reiterando en muchas ocasiones, planteaba cosas como si fuera un descubrimiento totalmente ex novo, como si fuera algo que no había ocurrido nunca, y, realmente, si nos paramos en el detalle más o menos resulta que en la mayoría de los casos lo que va a hacer es seguir haciendo las cosas como se venían haciendo, es decir, dentro de esa legalidad vigente que mientras no sea modificada le vincula a usted como Consejero, lo mismo que vinculó a la Junta anterior.

Diré, pues, en relación con los temas en que usted mismo estructuró su planteamiento, haciéndole alguna precisión o pregunta concreta en relación con cada uno. Habló de desarrollar la Ley de la Función Pública, cosa en la que estoy plenamente de acuerdo. Esa Ley está ya bastante desarrollada, algunos aspectos evidentemente faltaron, por falta de tiempo, y, por tanto, me alegro de que continúe en esa línea. Sí quisiera alguna aclaración en relación..., o alguna explicitación más, en relación con algún tema al que hizo referencia expresa. Habló de coordinación y colaboración con otras administraciones. No sé exactamente a qué se estaba refiriendo, pero en función de cómo lo entienda -por eso me reservo el pronunciamiento para luego- pudiera haber algún problema de falta de competencia ahí, si se estuvieran regulando aspectos de otras administraciones que tienen su propia autonomía y, por tanto, que sólo una legislación general del Estado en la materia podría afectar. Lo mismo que en el tema del cómputo del tiempo para el grado personal. Yo no sé si ése es un tema, -su opinión me dará el señor Consejero y luego podremos entrar más a fondo en ello-, yo no sé si ése es un tema en el que debe de producirse una homogeneización por ser un tema de competencia exclusiva del Estado. También el señor Consejero me dará su opinión al respecto.

Nada en relación con las elecciones sindicales. Me parece que las apelaciones de trasparencia cuando el tema está suficientemente reglado en la Ley no pueden plantearse como un objetivo a conseguir, sino, en todo caso, en la línea que antes indicaba como un estricto cumplimiento de la Ley.

En relación con las ofertas públicas de empleo. Sí hay una cosa en la que me interesaría una precisión básica. El ha hecho la referencia, el señor Consejero me refiero, a la sentencia del Tribunal Supremo al respecto, revocando una anterior de la Audiencia Territorial de Valladolid, en relación con uno de los concursos, con las circunstancias más en concreto, con los requisitos, la puntuación, etcétera, a aplicar en uno de los concursos. Simplemente me gustaría saber si en cumplimiento de esa sentencia del Tribunal Supremo va a reanudar el procedimiento en ese caso en concreto. Y lo digo porque creo recordar que a continuación dejó una salvedad: hay un rumor de que pudiera haber un replanteamiento en el tema ante el Tribunal Constitucional, y yo quisiera saber si el señor Consejero estima que ese rumor es suficiente como para volver a detener el asunto cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo efectiva y ejecutable, y no hay, que yo sepa, establecido -yo no puedo en ese sentido basarme por rumores-, no hay en ese sentido ninguna suspensión ulterior por parte del Tribunal Constitucional en la ejecución de esa sentencia. En todo caso, y permítame la licencia, probablemente, lo que yo no puedo dar más valor que el de rumor, por tanto sin mayor eficacia, pues para el Consejero, por la cercanía con el planteamiento del tema por parte de algún compañero de gabinete, pudiera ser más que un rumor y en ese caso, pues, quisiera también la precisión al respecto. Decía en ese mismo sentido que en el ámbito de las oposiciones, en el ámbito de los concursos públicos, se aplicarán procesos informáticos a fin de obtener mayor objetivación. Le preguntaría, efectivamente, lo mismo: si eso es algo nuevo o si eso es, en definitiva, continuar con lo que se venía haciendo, porque entonces me explicará, en ese caso, partiendo de la base de que quiero que lo reconozca, que eso es algo que se venía haciendo así, me explicará ciertas implicaciones, apelaciones, interpelaciones, etcétera, que en su momento se fueron haciendo sobre los propios sistemas de selección del personal.

Y así, por no alargarme más en otros aspectos concretos que han sido ya también objeto de consideración en otras intervenciones, reiteraría el tema de la relación de puestos de trabajo. Y es que usted, efectivamente, ha olvidado referirse, yo creo, a la única circunstancia cierta con que en este momento podemos movernos en ese tema: y es que hay una relación de puestos de trabajo publicada, aplicable por tanto, y que no ha sido aun modificada. Por tanto, yo creo que huelga el que haga planteamientos sobre cómo se plantearán en el futuro, será un plazo de un año, fíjese lo que antes le decía: aquí hubo una urgencia constante a que se hiciera la relación de puestos de trabajo, que era la primera, por tanto mucho más dificultosa que las que vengan a continuación, para hacer esa primera relación de puestos de trabajo tras aprobar la Ley de la Función Pública. Usted ahora plantea un año para modificarla; me alegro, en definitiva, de que estime esa complejidad por lo que eso supone políticamente. Pero mientras esa relación de puestos de trabajo esté en vigor, por tanto, mientras ese plazo, que usted se tomará a efectos de modificarla, no haya trascurrido, toda la temática que depende de la relación de puestos de trabajo vigente, atrévase a reconocer que la aplicará, porque eso es lo que no he escuchado en su intervención; por tanto, que las ofertas públicas, o que la provisión de vacantes, o que la promoción interna, etcétera se va a hacer teniendo en cuenta la relación de puestos de trabajo publicada y vigente hasta tanto no la modifique. Incluso, me parece que no habría ningún inconveniente en que el sistema retributivo que usted aplaza también, me ha parecido escuchar, a esa nueva relación de puestos de trabajo, dentro de un año o más o menos tiempo, pues, pueda hacerse sobre la relación de puestos de trabajo que hay, debe de hacerse sobre la relación de puestos de trabajo que hay, porque es la que está vigente en tanto no se modifique; por tanto, sí le pediría que ahí reconduzca el planteamiento, reconduzca el planteamiento, y parta de esa base: de que hay una relación vigente y aplicable y, por tanto, organice sus decisiones y su política al respecto desde lo que está vigente, mientras no se produzca la modificación, porque supongo que no tiene la intención de aplazar todas las cuestiones, convocatorias, ofertas, provisión de vacantes, etcétera, que dependen de la relación de puestos de trabajo hasta que haya trascurrido ese plazo, yo juzgo que suficientemente amplio, que se da para su modificación.....

EL SEÑOR PRESIDENTE ( SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Señor Quijano, le agradecería fuera terminando.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Sí, en dos minutos termino. Gracias, señor Presidente.

Una cuestión en relación con la formación interna del personal en la cual no voy a entrar a fondo, porque, efectivamente, hay un proyecto de Ley de supresión del Instituto de Administración Pública presentado y, por tanto, el debate que a esos efectos tendrá que producirse tiene ya previsiblemente su lugar y su momento establecido. Yo no sé si ha percibido, es la única cosa que le quería indicar en este momento, porque, repito, la argumentación de fondo vendrá en su momento, que también la propia legislación del Estado, -no sólo aquí la Legislación de la Comunidad Autónoma, la propia Ley del Instituto, la Ley de la Función Pública en lo que hace referencia a ello-, la propia legislación del Estado contiene un principio, en la línea que decía mi antecesor en el uso de la palabra, que ha sido respetado en otras Comunidades Autónomas ya: y es que el Instituto Nacional de Administración Pública, en función de su propia normativa y en aplicación de la Ley 30 de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública, se relaciona con sus homólogos en las Comunidades Autónomas. Yo creo que probablemente vamos a producir aquí una considerable disfunción si prosperara el proyecto de Ley que en este momento está presentado, pero, repito, todo eso será objeto del debate cuando ese momento llegue.

Una precisión le pediría también, en materia de las atribuciones o competencias de la Inspección General de Servicios. Habló, creo recordar, no sólo de cumplimiento de la legalidad, sino algo en relación con la moralidad o la moralización de la vida pública. Ya es una cuestión puramente personal, que se la planteo como jurista, y es si cree que en una sociedad moderna moralidad y legalidad a estos efectos, a estos efectos, no a otros, son algo distinto y, por tanto, si fueran algo distinto, en su opinión, cuál es el concepto de moralidad aplicable a estos casos, y, por tanto, hasta dónde llegan la conducta o las posibilidades de actuación, si hasta la inspección privada, etcétera, de la inspección general de servicios. Acláreme eso, repito, porque ahí tengo una inquietud básicamente profesional.

Finalmente, y con esto sí que termino, le felicito por una cosa que no sé si la dijo, conscientemente o no, al principio de su intervención. Parece, deduzco simplemente de lo que usted ha dicho, que se produjo algún intento de ubicar la asesoría jurídica general en el ámbito de la Presidencia, fuera del ámbito de la Consejería de Presidencia. Si, efectivamente, ha conseguido que eso sea así le felicito, repito, no me duelen prendas decirlo, porque creo que es donde debe de estar, pero tomo nota, en definitiva, de cuál es, en ese sentido, el ámbito de tensión que se haya podido producir, aunque eso no obste para que estime como positiva la decisión final que se ha adoptado.

Y la última cuestión en relación con el plan informático, las inversiones en materia de medios informáticos, etcétera. He oído también, con agradecimiento y con satisfacción, un reconocimiento por su parte a la necesidad de una cuantiosa inversión, me parece que han sido sus palabras. Seguramente, si se tomara la molestia de repasar enmiendas que su Grupo Parlamentario presentaba en la Legislatura anterior, en relación con las partidas destinadas a ese fin, o cambiaría de opinión o tendría que hacer una desautorización expresa al respecto. Me alegro, pues, de que haya reconocido eso y de que haya reconocido la complejidad en este tema; tanto es así que ha hecho algo o ha dicho algo con lo que estoy plenamente de acuerdo: que la Comisión Informática tenga autoridad, toda la autoridad necesaria para adoptar y hacer cumplir sus decisiones en la materia. Una duda me queda; me parece que ha venido a decir algo así como que esa Comisión Informática debe de estar más bien constituida por altos cargos de la Junta que por funcionarios, como era el caso. Yo no sé eso hasta dónde puede llegar, pero me parece que de ahí no tiene por qué derivarse un incremento de autoridad, -la autoridad de una Comisión de este tipo debe de venir de la racionalidad de sus planteamientos-, y que, de lo contrario, pudiera producirse ahí, en un terreno tan delicado como es éste -y permítame que no entre más a fondo en la cuestión ahora-, una cierta desprofesionalización en el tema, creo que no muy coherente con el planteamiento general que deben defender.

Le preguntaría, en último lugar, y termino, qué planteamiento tiene, en la medida en que ésa es una problemática dependiente del ámbito de su Consejería, con los planes de obra, adaptación, etcétera, en los Servicios Centrales de la Junta, puesto que éste también fue un tema ampliamente debatido en la legislatura anterior, respecto del cual hubo también una cierta línea continuada de oposición al respecto, respecto del cual había algunas partidas presupuestarias, quizá no excesivamente cuantiosas, previstas, y quisiera saber, en ese sentido, cuál es el planteamiento de futuro que tiene.

Ahora sí que termino, aunque me haya dejado en el tintero muchas otras cuestiones. Le agradezco la atención y espero la respuesta posterior.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Muchas gracias, señor Quijano. El Portavoz del Grupo Popular tiene la palabra.

EL SEÑOR CORTES MARTIN:

Señor Presidente, muchas gracias. Renuncio al turno.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Señor Consejero, tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ):

Gracias, Presidente. No sé si los grandes temas planteados por todos los Portavoces, fundamentalmente referidos a esas expectativas despertadas por la Delegación Territorial única, pueden o deben ser éste el momento oportuno, toda vez que yo he insistido en que la Delegación Territorial única sería, por entender que Administración Territorial es una Comisión de esta Cámara, de inmediata realización, que debía conocer con exhaustividad el tema de la Delegación. Indudablemente, el tema de la Delegación Territorial única es un tema novedoso, es un tema sugestivo, desde el punto de vista de organización administrativa, y en estos momentos únicamente tenemos definido, con un Decreto -por cierto, Decreto que es Decreto igual que el que aprueba las relaciones de trabajo y, por consiguiente, hay que entender que derogamos el posterior-. Digo que únicamente esta figura..., está reconocida la figura del Delegado y, efectivamente, nosotros vamos a tratar, y si es posible antes del trece, de tener definidos exactamente la composición por Servicios y la composición, si fuera posible, incluso las Ordenes Ministeriales, por Secciones y por Negociados.

Mi objetivo, mi pretensión en estos momentos -estoy hablando de algo aún no legislado- es la de que la estructura, tal vez, no deba corresponder, incluso, con unos criterios de absoluta igualdad en todas las provincias,; en el sentido de que el hecho de que haya provincias, como Valladolid, Burgos o León, cuantitativamente más importantes que otras, genera, pues, una estructura no exactamente igual en todos los sitios, pero, indudablemente, lleva razón el Portavoz -creo que ha sido- del Grupo del PDP, del Grupo Mixto, cuando dice que si realmente se va a hacer por sistema de Servicios; previsiblemente se hará por sistema de Servicios, los Servicios y los Negociados, y tal vez no haya los mismos Servicios en todas las... en todas las Consejerías, en todas las provincias. En cualquier caso, sí es importante decir que el avanzado..., el texto, tal como está avanzado en estos momentos, lleva consigo casi simultáneamente, y si no es simultáneamente casi de manera inmediata, la conexión de la figura del Delegado con las competencias que tiene. Naturalmente, para que esto no sea sólo cháchara, o sea filosofía, eso generaría el hecho de que las Delegaciones Territoriales cambiarían, puesto que en todas se exigiría la figura, al menos, de un asesor jurídico y de una intervención delegada, que en estos momentos es lo que se está estudiando en el orden organizativo para que salga el Decreto de Competencias del Delegado, suficientemente avalada en el orden técnico y en el Ordenamiento Jurídico.

Paso a contestar al Grupo Mixto, pues, agradeciéndole el reconocimiento a que el procedimiento de reserva de los puestos de trabajo, o que la organización de la inspección de servicios, o dar por buena la estructura, haya sido de satisfacción de su Grupo. ¿Qué esquema ideal quieren hacer ustedes de puesto de trabajo? Nosotros queremos hacer el esquema ajustado a las necesidades reales, a las necesidades que tiene la Administración Autónoma de Castilla y León. Lo que no hará nunca esta Administración, por ejemplo, es atribuir, en la relación de puestos de trabajo, un puesto veintiséis a una provincia como Salamanca para el Delegado Territorial de Administración Territorial y después dar un nivel veintiocho, desconociendo por qué, por ejemplo, a mi querida provincia de Soria, que cuantitativamente es menos importante. No hay ninguna razón, ni lógica ni administrativa, para hacer esto salvo, salvo, que la persona que se vaya a nombrar ahí Delegado no pueda acceder al nivel veintiocho, como así era. Quiero decir con esto que la relación de puestos de trabajo la vamos a hacer de manera que se ajuste realmente a las necesidades de la Administración.

Se ha hablado por todos los... los miembros, o todos los Portavoces, de los procesos de selección de personal y el Portavoz Socialista me apela a que reconozca que el proceso informático seguido no es novedoso; lo reconozco, lo hizo la Administración anterior. Ahora bien, señor Portavoz, yo no reconozco que el proceso fuera absolutamente puro. Quiero decir con esto que no estoy seguro que..., si hubo o no filtraciones de ejercicios.

En segundo lugar, la VISA ORO que ha planteado el Portavoz del Grupo del PDP. Es un tema también manido que yo, por manido, no le voy a tratar en estos momentos de asegurarle que se reducen cuatrocientos millones de pesetas. Es falso eso, o por lo menos no es verdad. Las VISAS OROS era un procedimiento de pago, incluso un procedimiento de pago legítimo, y en algunos casos, y en algunos Consejeros, absolutamente ortodoxo, pero no en todos. Entonces, de lo que se trata es un poco de purificar el sistema, de establecer un procedimiento igual, que es distinto, porque la VISA no es un procedimiento ilegal, es un medio de pago, un medio de pago legítimo. Naturalmente, cuando se ha hablado de esas cantidades, yo, únicamente, por decir una cantidad digo: la supresión de Gabinetes y la supresión de altos cargos ¿cuántos millones ha ahorrado? Se le voy a decir: doscientos veinte millones; esas dos figuras. Pero se cuantifican organizaciones de supresiones de otros... de otras cuantías; cuando alguien ha anunciado esa cifra de cuatrocientos millones, que yo no comparto en el sentido de que incluso una reciente intervención mía en un importante medio de difusión, pues, ratifica el que... el que esa cifra ha estado mal..., mal referida al tema de VISA ORO, porque sería... Bueno, en cualquier caso, sí que hay que decir una cosa: los gastos de representación que deben de tener todos los cargos públicos, que han existido y existirán, los gastos de representación, indudablemente, en el Proyecto de Presupuestos que se ha remitido a la soberanía de esta Cámara, los señores Procuradores saben -y si no lo saben lo anuncio, porque yo creo que habrán leído algo de esto- que están absolutamente congelados.

El CDS ha manifestado que pensaba que lo primero que haría el Gobierno es derogar la Ley de la Función Pública. Bueno, yo creo que es..., quizá no se ha expresado con exactitud; el Gobierno, naturalmente, no deroga la Ley de la Función Pública. El Gobierno, en todo caso, podría remitir un Proyecto de Ley en el que se apunte la supresión de la Ley de la Función Pública, y que el propio sentido del Procurador le advertirá que el juego o el equilibrio de fuerzas políticas determina que el Proyecto de Ley que se remite a las Cámaras, pues, estén... no sea o no esté determinado con el Gobierno, que significaría o la facilidad que supondría un Gobierno de mayoría absoluta.

Me dice que el Programa Electoral no era exhaustivo en la materia de organización de los Servicios Periféricos, ni lo será nunca. No creo que un Programa Electoral puede ir a las grandes ideas y a los grandes principios, o los grandes objetivos que persigue, y, lógicamente, mi expresión aquí es de que el Programa Electoral o los objetivos que yo he marcado, que no es, que no es -permítamelo, señor Procurador-, que no es una lectura de Decretos, porque luego ha hecho usted incluso otras referencias a las que hace relación como novedosas, como la movilidad de los asesores jurídicos, a la que luego me refiero................. que no se habla, lógicamente, en los Decretos, digo que el Programa Electoral no puede, ni nunca determinará una organización a nivel ni siquiera de Dirección General, sino que sólo se enmarcarían los grandes principios o las grandes líneas.

¿Qué actitud va a tomar la Consejería respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional? Cumplimiento, no hay más. La actitud es de que esta Administración va a ser exquisita cumplidora de la legalidad manifestada en una sentencia firme de un Tribunal.

Ha hecho unas alusiones a lo que es funcionario público y es personal laboral. Usted sabe perfectamente, perfectamente, que éste es uno de los primeros temas en todos los tratados de Derecho Administrativo respecto a la concepción o a la naturaleza jurídica del funcionario público, que creo que rompe un poco el..., lo que pueda decir este Consejero, sino que decir que nosotros iremos a unos criterios, también manifestados por el Portavoz Socialista, de homogeneizarlos en lo que es susceptible homogeneizarlos, en lo más, con la Administración Pública.

Creo que ha sido también el Portavoz del CDS quien ha manifestado si el Director General de Relaciones Institucionales asiste o no asiste a la Junta de Consejeros. Pues, mire usted, señor Procurador, asiste cuando se le llama, pero no es una arbitrariedad, es que lo dice la ley. El artículo..., el artículo 5, concretamente, dice: "podrán asistir a las reuniones de la Junta los funcionarios de la Administración Regional o expertos cuya asistencia utilice el Presidente de la Junta, a instancias del mismo o de un Consejero"; por consiguiente, no sólo el Consejero o no sólo el Director General, sino que ya le apunta a altos funcionarios de la Junta, que han asistido a las reuniones cuando lo ha estimado oportuno el propio Presidente o algún propio Consejero.

¿Qué va a pasar con la relación de puestos de trabajo? Es un tema, también... Yo coincido perfectamente en lo que ha manifestado el Portavoz Socialista con matices, es decir, la legalidad que hay es la que hay y, por consiguiente, se va a respetar en tanto no se modifique algún puesto de trabajo; eso es lógico. Pero hay que advertir, primero, que la relación de puestos de trabajo está aprobada por una Disposición que puede la Junta cambiarla y, en segundo lugar, que nosotros vamos a tratar de acelerar el proceso de .............. de puestos de trabajo, y no es otro el sentido de la convocatoria del Consejo de la Función Pública, en la que se seleccionaron, por parte de UGT, Comisiones y Administración, una Comisión para revisarlo. Un año, no es exactamente cierto, o por lo menos no me he referido con exactitud. Lo que sí es cierto es que de aquí a los... he señalado un plazo de un año, pero que posiblemente sea menos, para hacer no sólo la relación, sino algo que no ha hecho la Administración anterior, reconociendo el esfuerzo que ha hecho en la relación, que es el catálogo. Naturalmente, el establecimiento de conceptos retributivos nuevos, como es el coeficiente o el índice de productividad, o el... complemento específico, genera el refugio en informes, como el que ha señalado el señor Procurador, del informe HAY-IBERICA, hasta donde sea susceptible de aceptar. No es un dogma, ni es un documento que -pienso- tenga que pasar como... como intocable. Indudablemente es un documento técnico que cualquier administrador procurará, y nosotros lo vamos a hacer, sacar el máximo fruto administrativo, sin que se convierta en un dogma que nos haga intocables la referencia a otros puntos. Pero sí hay que decir a los señores Procuradores que en la relación de puestos de trabajo está señalada una Comisión con representaciones sindicales (concretamente CESIF, Comisiones y UGT), la cual intervendrá en el conocimiento de este proceso, de manera que el ajuste de las personas a los medios y de la estructura a las necesidades de la Administración Autónoma sea lo más rápido y lo más eficaz.

La Inspección de Servicios. No me compare ahora usted, señor Procurador del CDS, la Inspección de Servicios de un Ministerio como el de Trabajo a una Consejería de Administración Territorial, que indudablemente tiene una Inspección de Servicios que en estos momentos me parece que está constituida por un funcionario. Eso no es Inspección de Servicios; eso es otra cosa. Se podrá llamar el Inspector Jefe, hay un jefe de servicios y un funcionario; pero ni creo que tiene una estructura lógica de control y mucho menos de asesoramiento de las distintas organizaciones periféricas, ni puede tampoco tener, simplemente por limitaciones personales, una... o puede dar un cumplimiento a lo que es una verdadera Inspección de Servicios. Queremos hacer una Inspección de Servicios ágil y eficaz y que asesore. Naturalmente, mi pretensión, en una concepción cuantitativa de lo que es la Comunidad, pues, creo que se podría hacer una Inspección General de Servicios suficiente para controlar, sobre todo en determinadas áreas, en determinadas áreas, las propias Consejerías. Porque como usted mismo ha reconocido, la propia Presidencia del Gobierno tiene su propia Inspección de Servicios, que no sólo inspecciona los servicios de Presidencia, sino que también tiene determinadas competencias en otros ministerios.

Formación de personal. Todo lo que se haga de ello va a ser poco. Es pretensión también de la Junta conectar con el Instituto de la Administración Pública en lo que pueda ayudarnos. Creemos... queremos crear un servicio, no un marco instituto, o un pequeño instituto que no opere con la agilidad debida; queremos crear un servicio que, dentro del seno de la Dirección General de la Función Pública, dé respuesta a algo vital. He señalado incluso el número de cursos como objetivo señalados por esta Consejería durante el año ochenta y ocho, frente a los escasísimos cursos desarrollados en el año ochenta y siete (como objetivo), en que la selección va a comprender incluso, en algún momento, el internado de los funcionarios que acudan a ella. Pero, indudablemente, la formación del personal es algo vital para la agilización de la Función Pública, y, desde luego, como objetivo inmediato nuestro durante este, durante los próximos años.

La movilidad de los asesores jurídicos. De acuerdo. Todo el mundo puede concurrir a la Escala A, pero coincidirá conmigo que si la escala A puede todo el mundo ser permeable, coincidirá conmigo que en la propia Administración -no central, sino sobre todo autonómica- hay puestos que reservar a determinados colectivos, bien sea por la especialización, por la titulación... es decir, por mil condiciones se limita el poder cubrir ese puesto dado, sin merma del cumplimiento legal que existe de esa permeabilidad de poder acudir los niveles o de tener posibilidad de ir a un puesto de nivel semejante en otra administración. Pero todo eso también sin lo que podría suponer que un farmacéutico, pues, fuera de jefe de IRYDA, vamos, de jefe de un servicio de concentración parcelaria. Naturalmente, el hecho de que esto sea legalmente posible, la propia convocatoria, los propios concursos que sacan la Administración Central y Autónoma limitan en algunos casos específicos el acceso, o da la preferencia mejor -si quiere usted llamarlo-, da la preferencia a determinados funcionarios, que no sólo tienen esa categoría sino que tienen esa titulación o tienen determinados cursillos.

¿Quién va a hacer el catálogo de puestos de trabajo? Creo que lo he dicho. Van a participar las asociaciones sindicales, y nosotros prepararemos una comisión técnica en la que se refugiará o se tendrá en cuenta el informe HAY, porque -insisto- es un informe que elaboró la administración anterior a resultas de una consulta previa, y que será aprovechable en lo que sea aprovechable, pero que desde luego no vamos a pasar en lo que no sea aceptable para nosotros.

Al representante, o al portavoz del Partido Socialista quiero agradecerle, de verdad, el tono de la intervención. Tono que, por otra parte, tampoco me ha sorprendido puesto que me habían advertido de la propia condición del Procurador que intervenía en colaborar, dentro de la oposición, a hacer que esta Administración funcione, que a la postre es el objetivo que perseguimos todos. Quiero dejar constancia de ese agradecimiento y , bueno...

El planteamiento de la continuidad. Nosotros no queremos tampoco dejar, hacer tabla rasa en todos los temas. Naturalmente, la continuidad en los procesos, que no sólo sean legales, sino que consideramos, aun teniendo rango nosotros para poder modificar, que son susceptibles de continuar, lo continuamos. Por sistema no se deroga nada, o por lo menos nosotros no tratamos de derogar nada; tratamos de perfeccionar lo que había en la legislación anterior y establecer objetivos y líneas nuevas en lo que creemos que es más positivo para la administración.

La estructura orgánica del área del Presidente también es un tema que sabía, o presumía que se podría comentar. Efectivamente, no he hecho alusión a ella por entender un poco que, bueno, que era una materia más específica del Presidente. Funcionan en dos unidades que yo llamaría: la Jefatura del Gabinete, con una estructura, pues, parecida o semejante a la que tenía el anterior Presidente de la Junta, miembro -satisfactoriamente para todos- de esta Cámara y de esta Comisión. Y las funciones del Gabinete, pues, son las normales que el mismo tiene de asesoramiento y la gestión administrativa del Presidente.

En el primer apartado se mantiene el número del personal eventual que tenía el anterior Gabinete del Presidente, y en el segundo (que comprende Protocolo, correspondencia y asuntos económicos) se prevé la adscripción de algún funcionario más.

Los objetivos de este gabinete se reducen a la asistencia directa al Presidente, en las vertientes institucionales, de relaciones... en fin, algo que por otra parte es absolutamente normalizado.

En el Portavoz sí hay unas novedades que es necesario marcar aquí. Se ha hablaado... o pretendemos estructurar la Oficina de Información, y nos referíamos a la fusión de la oficina de los servicios de publicaciones y publicidad.

Las Consejerías de Cultura y de Bienestar Social, de Agricultura y de Fomento serán presumiblemente... eran presumiblemente las que más publicaciones tenían y las que más van a necesitar. Economía y Administración Territorial publicaba los documentos precisos (leyes y presupuestos). Y Presidencia se dedicaba a publicar las agendas que se...

Hemos pretendido, en esta Oficina de Información, aglutinar todos los esfuerzos de la Junta en materia de publicaciones y en materia informativa, de manera que se ha sustraído, como se verá en los presupuestos, de todas las Consejerías el capítulo correspondiente a publicaciones, de manera que las coordine este único funcionario.

Entendemos que hay que hacer buenos libros, y que la calidad técnica de los libros estará visada por las personas o por los autores correspondientes, pero la unificación de los mismos se va a tratar de hacer, en todo caso, en esa oficina de información, o del Portavoz.

Me ha presentado el señor Procurador del PSOE que la estructura periférica ha sido objeto de recurso. Es cierto. La estructura periférica, por defecto de forma, se ha entendido que el recurso... primero que modifica la... que no están esos niveles en la relación de puestos de trabajo, cosa que es cierta y que naturalmente entendemos que lo modifica o lo ha modificado el decreto, aun cuando el decreto no empieza en vigor hasta el quince de octubre del ochenta y siete, y naturalmente el decreto al que hago referencia establece esta vigencia. Pero entiende la Junta que los actos previos o preparatorios determinan esta aceleración, que es positiva, y también entendemos, sin duda, con las reservas legales que haya que tener y que haya que resolver en ese recurso, que no será una resolución arbitraria sino fundada, como es normal en cualquier resolución. Pues, yo creo que el formulismo o el formalismo conduce al formulismo y es malo para la administración, pero me parece muy bien que, en el ejercicio legítimo, los administrados, la propia sociedad y las propias centrales sindicales, especialmente una central sindical, con una sensibilidad, a atención especialísima hacia este gobierno de la Junta, pues, viene planteando casi todos los días. Yo... me dice usted: admita el recurso. Mire usted, yo ayer había aquí Pleno de las Cortes y cuando salía para las Cortes vi el recurso. Normalmente, como es habitual, el recurso se sometió a informe y lo resolveremos en el momento oportuno. No le puedo decir en estos momentos, porque ni mi ánimo está predispuesto a rechazarlo ni a admitirlo; será el sentido, el contenido, la legalidad y la propia voluntad del órgano decisor el que lo decida.

Pero yo sí quiero hacer aquí una anotación que me parece que también ha hecho referencia el PDP, respecto a los temas de la adscripción ya de algunos altos cargos, de niveles 29, en algunas provincias que están ya asignados. Yo, mire usted, -insisto-, existe una central sindical que tiene un... o está teniendo, y yo no tengo aquí una carta que me han dado esta mañana, pero que era muy curiosa y que les hubiera dado desde luego a los señores Procuradores, sobre este tema, en la que anuncia unas medidas. Que la carta no era para mí, iba dirigida a otro portavoz de esta Cámara, y no del Grupo Popular precisamente. Le voy a decir una cosa: el tema es tan confuso, está tan mal planteado, adolece de tal error, que, por ejemplo, por decir un ejemplo, ayer se denunció, ayer se denunció que se iba a nombrar formalmente por un sindicato (que es el mismo al que me estoy refiriendo todo constantemente), se iba a nombrar (me parece que era en Burgos) al anterior Presidente de la Diputación como Delegado de la Junta. Son cosas que causan estupor ¿no? A mí me gustaría que también tuvieran sensibilidad todas las fuerzas sociales para pensar que ese señor, no sólo no se le va a nombrar, es que ni lo ha solicitado. Y, es decir, y así está todo el seguimiento de todos los problemas que se plantean constantemente. Pero, en fin, es un tema que cada uno tiene que desempeñar el rol que le ha correspondido, y que a mí me parece muy bien que se plantee, y que se plantee y que se diga al final que un puesto se ha dado al amigo de no sé quien, que se va a decir, se haga lo que se haga. Pero, claro, que se diga que se va a dar un puesto de nivel 29, como Delegado Territorial de la Junta, a don Tomás Cortes, anterior Presidente de la Diputación, por los servicios prestados al equipo de Gobierno actual, cuando el señor Cortés no lo ha solicitado y por lo tanto no se puede nombrar, pues creo que queda... queda claro.

Austeridad y Legalidad. Entendemos que son términos compatibles.

Colaboración con otras administraciones. Entendemos que hay que colaborar. Aquí no existe un reino de Taifas en esta administración. Sería una mala gestión política y administrativa no hacerlo así, especialmente con las Diputaciones. Este Gobierno en los treinta días, señores, que lleva de Gobierno, porque ha habido otros treinta de vacaciones, en los treinta días de Gobierno ha tenido reuniones prácticamente con todas las organizaciones colegiadas, y ha reunido al Consejo de la Función Pública, y ha reunido también al llamado Consejo de Provincias. Consejo de provincias en el que están todos los Presidentes de Diputaciones y en el que se les ha dado audiencia respecto al tema presupuestario. Si algo nos interesa es las relaciones institucionales y las relaciones con otras administraciones, pero fundamentalmente, porque hay una presencia viva más importante, con la Administración Local, entendiendo por Administración Local no sólo la municipal sino también la provincial.

Homogeneización del grado personal. Es nuestra pretensión. ¿Qué criterios se van a usar? ¿Cuál es el plazo para computar? No tenemos una actitud predeterminada en estos momentos. Entendemos que habrá una situación de "in dubio pro reo", de favorecer al funcionario en lo que sea posible de favorecer. Pero, naturalmente, no pretendemos que el grado personal se consolide por unos plazos distintos, por ejemplo, a los que marca la propia legislación de la administración. ¿Es bastante la Sentencia del Tribunal Supremo para cumplir la Sentencia? Para nosotros es bastante. No necesitamos el recurso, que yo he hablado del Tribunal Constitucional como recurso de amparo, pues es una alusión a manifestaciones, iba a decir de pasillo, pero nunca a tener otro conocimiento distinto a ese. Desde luego, mi idea es que el Tribunal Supremo acaba la instancia ahí; es, como usted sabe perfectamente, la última instancia judicial. Entiendo que el Tribunal Constitucional es un Tribunal de Derechos Políticos y, por consiguiente, que no entra dentro del esquema exacto de la organización judicial y aunque, lógicamente, lo puede derogar, el Tribunal Constitucional para mí es suficiente con el cumplimiento..., vamos, con cumplir la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Formación del Personal, Instituto de la Función Pública. Queremos potenciarla, no queremos que el Instituto se relacione, puesto que nuestra idea es que se suprima, si la Cámara lo estima oportuno; si no, lógicamente, pues es algo que respetaremos. Pero nuestra idea es establecer relaciones inmediatas con el Instituto de la Función Pública de Madrid.

La Asesoría Jurídica es..., era un proyecto que tenía la anterior Junta y también con su intención de dependencia de...-el señor Nalda me imagino que lo sabrá perfectamente-, dependencia de la propia Presidencia, cuando yo entiendo que -y pienso que el portavoz así se ha manifestado-, que el lugar lógico de incardinación no es la de colocación de servicios a la Presidencia, sino a la organización de las propias..., de la propia Consejería de Presidencia y......... y el rango de Dirección General garantiza esa dependencia dentro de la estructura de la propia Administración.

Informática. Pues, mire usted, Informática es verdad que es un problema preocupante. A mí incluso diría que es uno de los más preocupantes la Informática. Yo únicamente he dicho, -independiente de que los procesos informáticos son caros y que los programas son complejos y que también exigen un personal cualificado-, quiero señalar dos puntos: en la Comisión de Personal informática debe haber personas cualificadas, pero,junto con esas personas cualificadas con conocimientos informáticos, debe haber también..., habrá personas con más capacidad de lo que es un funcionario, que, a juzgar por la información que yo tengo, era siempre una correa de transmisión al respectivo Director General o Consejero diciendo "han dicho esto"..., vamos, qué hay que hacer, con la falta de operatividad que genera eso.

En cualquier caso, hay que decir que en el tema de Informática no se han respetado los informes que se establecen como preceptivos por parte de la Comisión a la hora de adquirir medios materiales por parte de las distintas Consejerías. Como expresión "obras y sede de la Junta", queremos y está presupuestada una cantidad, que posiblemente sea insuficiente como casi siempre todas las cantidades son insuficientes a la hora de juzgar necesidades y dotaciones; pero, indudablemente, es nuestro criterio continuar las obras que, por otra parte, están a medio camino y que por lo tanto no se pueden paralizar. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Alguno de los Portavoces quieren.... Un turno de dos minutos para puntualizar.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Muy rápidamente, señor... El PDP es partidario de llegar a lo máximo en cuanto a la simplificación de la organización periférica, tanto de la Administración Central como de la Administración Autónoma, y, por lo tanto, aplaudimos, en principio, esa idea programática del actual Gobierno de la reestructuración de esta Administración Periférica con la supresión de determinados puestos. Pero constatamos ahora, hoy, en esta Comisión, como nos temíamos realmente, el que esa promesa programática realmente estaba prendida con alfileres, no era más que una idea detrás de la cual no había, realmente, un contenido profundo, el Gobierno no tenía... no conocía realmente, al final, qué es lo que iba a hacer en la reestructuración de las Delegaciones Territoriales y la figura del Delegado único de la Junta.

Por lo tanto, yo recomendaría y agradecería del actual gobierno el que se hiciera, a la mayor brevedad, composición de lugar de lo que pretende hacer en las provincias para evitar la paralización que en estos momentos está teniendo esa Administración Periférica, que es una paralización real y que afecta directamente a los problemas reales de los ciudadanos; y, por lo tanto, no es un caso de teorizar, es un caso de resolver, de ya, cuál va a ser, definitivamente, esa organización, para que pueda realmente funcionar.

Se le ha escapado, y yo creo que involuntariamente, porque no desearía que respondiera a lo que realmente piensa el Consejero, señalando provincias más importantes que otras y ha señalado nombres. Yo creo, señor Consejero, que todas las provincias de la Comunidad son igualmente importantes y que cuantitativamente podrán tener administrativamente más o menores asuntos, pero no me gustaría que eso quedara reflejado en la mente del Consejero, porque podría derivarse de que al calificarlas como más importantes, después se derivaran ventajas para esas provincias más importantes en detrimento de las que parece ser que son menos importantes y que coinciden con las más pequeñas, por la enumeración que ha hecho el Consejero, con las más deprimidas y, consecuentemente, creo yo, que al contrario con las más importantemente necesitadas de ayuda y de atención por parte del Gobierno de la Junta.

Yo creo que, efectivamente, se ha clarificado en este debate que no se trata de hacer una nueva relación de puestos de trabajo, sino que lo que..., para lo que el Consejero se ha dado plazo de un año es para hacer un nuevo catálogo de los puestos de trabajo. Es decir, un catálogo de los puestos de trabajo con descripción de lo que tienen que hacer en ese puesto o se va a hacer en ese puesto de trabajo, que va a venir, además, paralelamente a los conceptos retributivos y a la retribución correspondiente a la descripción de ese puesto de trabajo, que corresponde con las necesidades reales para resolver toda la Administración, todos los problemas de administración y gestión de la Junta, y que de ahí, después, va a haber una modificación de la actual relación de puestos de trabajo. Me parece que esa es la secuencia lógica y yo creo que hemos clarificado, realmente, ese tema que es de especial importancia.

Yo, señor Consejero, no me inventé el tema de la tarjeta Visa Oro -parece que se me achacaba a mí, por parte del Consejero, lo de los cuatrocientos millones y demás-, y si lo he traído aquí es con un único objeto, y es que de una vez por todas todos nos acostumbremos -y en especial el Gobierno, que por ser Gobierno tiene una mayor responsabilidad-, cuando se lanzan noticias de este tipo, que en principio se puede entender que tienen como objetivo desgastar al adversario político, sean conscientes de que, si no se responden a una realidad concreta y demostrable, lo único que están haciendo es desgastar y desprestigiar a la Institución en su conjunto y a la clase política también. Y que, por lo tanto, yo recomendaría la mayor prudencia a la hora de sacar estos temas a la luz pública, si realmente no corresponden a que se estén haciendo las cosas mal y que, por lo tanto, sea criticable, o que se estén haciendo con infracción de Ley, con lo que naturalmente habría que ir con el tema a los Tribunales.

Es legítimo buscar el desgaste político del adversario político, pero ese desgaste político hay que razonarle y hay que fundamentarle en cosas que realmente son reales. Y si, como el Consejero ha reconocido, no es real lo que se hablaba de ahorro de cuatrocientos millones de pesetas, que además el procedimiento es legal y transparente, realmente creo que al menos fue una indiscreción política seria el lanzar ese tema a la opinión pública. Porque, ya digo, me preocupa mucho el prestigio y el criterio que tienen los ciudadanos de las instituciones y de los representantes de ese pueblo en las instituciones.

Y, por otra parte, me alegra haberle dado la oportunidad, y, en este caso......., de que haya tenido el Consejero la posibilidad de desmentir el que determinadas informaciones públicas, en relación con designación de puestos de trabajo, no se corresponden a la realidad , hasta el extremo de que a quien se achaca que ya hay concedido un puesto ni siquiera lo ha pedido. Yo creo que con esa rotundidad es como poco a poco hay que ir, no moralizando la vida pública, como decía el representante del Grupo Socialista, que yo creo que no es necesario como objetivo esa moralización, sino ir encauzando las cosas como realmente son para que los ciudadanos tengan un reflejo real de lo que realmente es y no una visión distorsionada de cosas que realmente no se han producido. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Muchas gracias, señor De Las Heras. Señor Durán.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Sí. Brevísimamente, en aras a la común cortesía que nos debemos por el tiempo que llevamos aquí. Gracias, señor Consejero, por lo mesurado de sus respuestas, por lo mesurado de su intervención. Si la mesura es una cualidad estimable, también es una cualidad estimable la precisión y claridad que yo, usted perdóneme, no he apreciado en sus respuestas. Gracias por la mesura; lamento no coincidir en que su exposición haya sido clara y precisa. Porque, por ejemplo, yo le he advertido que le hacía una pregunta con trampa: la referente al Director General del Secretariado de la Junta y Relaciones con las Instituciones. Efectivamente, el titular de esa Dirección General puede asistir a las reuniones de la Junta, como pueden asistir otros funcionarios. Efectivamente, eso es verdad. Lo contempla la Ley de Gobierno y Administración de Castilla y León. Y también la Ley establece, taxativamente, que estarán obligados a guardar secreto de las deliberaciones que se hayan mantenido dentro de ese órgano que es la Junta de Castilla y León. Por ello, los señores Consejeros cuando prestan juramento o promesa en la toma de su cargo, además de la fórmula usual se les agrega el inciso específico "estando obligados a guardar secreto de las deliberaciones de la Junta". Aquí hay un ex Consejero que me rectificará si eso no es correcto, tal y como lo estoy diciendo. Idéntico juramento o promesa, a elección del interesado, debiera de haberse observado en la toma de posesión del Director General de esta Dirección General de la que nos ocupamos y de los restantes funcionarios o personal de la Junta en el caso de que se les invite a participar en las reuniones de la Junta, cosa que no se ha hecho. Simplemente por eso lo decía. Bueno.

En el tema de la Visa ahora no voy a entrar; es un tema manido, desde mi punto de vista. Pero aquí se ha hecho una afirmación tajante, por supuesto a mi Grupo Parlamentario no nos afecta porque no hemos sido Consejeros hasta ahora, -lo seremos previsiblemente en el futuro, hasta ahora no lo hemos sido-; se ha dicho que , bueno, que la Visa Oro era un instrumento de pago tan útil como cualquier otro y que dependía del uso que se hiciera de la misma; y, rectifíqueme si me equivoco, y me agradaría que me equivocara, usted ha dicho que en alguna Consejería, pues, no se ha hecho buen uso de la Visa Oro. Bueno, bien, habrá que decir en cuál, en concreto, en cuál o en cuáles, y no sólo habrá que decirlo; pienso yo que, además, habrá que demostrarlo, porque esa puede ser una afirmación de una cierta gravedad.

Respecto al tema de funcionarios y personal laboral, que deben de venir diferenciados conceptualmente, no retributivamente, que es otra cuestión distinta, dentro de las relaciones de puestos de trabajo, yo no he encontrado una respuesta en lo que yo le preguntaba, que es, precisamente, esa definición conceptual; yo sí la tengo. Es decir, yo sí creo tenerla, perdón; con humilde modestia, sí creo ser capaz de llegar a una definición clara que permita determinar qué puestos de trabajo deben de ser adscritos a funcionarios y qué puestos de trabajo deben de ser adscritos a personal laboral. Sí creo tener una definición conceptual que permitiría perfilar, más claramente todavía, unas futuras relaciones de puestos de trabajo

Respecto a la estructura de las delegaciones del Delegado Territorial único. Mire, da la coincidencia, y ya son muchas coincidencias, que en nuestro programa electoral nosotros contemplábamos esta figura, como muchas otras cosas que ustedes están aplicando. Son coincidencias meras, no quiero pensar que haya ningún tipo de plagio. Lo que pasa que nosotros establecíamos unos ritmos de configuración de esa figura y de puesta en funcionamiento de esa figura. Hay un principio elemental, elemental, que debe de ser el siguiente: primero son los objetivos, después de los objetivos son los instrumentos, y esos instrumentos están condicionados a los medios. Ustedes creo que han pasado al instrumento sin fijar previamente los objetivos. Es decir, han creado la figura y no han señalado los objetivos. La operación, desde mi punto de vista, debiera de haber sido a la inversa. Pero es que, además, y con independencia del famoso recurso que hay presentado sobre la cuestión, en el cual yo discrepo del Portavoz del Grupo Socialista... Podemos entrar en él, porque todavía no está en vía jurisdiccional, está en la vía de recurso de reposición, en pura vía administrativa; pero el señor Portavoz del Grupo Socialista ha sido muy respetuoso y ha dicho que, bueno, estando en vía administrativa él no quería pronunciarse sobre la cuestión, sino simplemente le rogaba que lo estimara positivamente. Bien, no está en vía jurisdiccional, podemos entrar y, es más, creo que debemos de entrar en él. Claro, hay un fundamento importante: existe, como antes hemos dicho y usted ha reconocido, un catalogo, una relación de puestos de trabajo en el cual no se contempla esa figura. Usted ha argumentado en el sentido de que, bueno, ese catálogo está aprobado por decreto y la figura del Delegado Territorial se aprueba por decreto; pero es que el catálogo de puestos de trabajo contempla más aspectos que el específico de la denominación o creación de un puesto de trabajo, contempla muchas cosas más. Contempla su régimen retributivo, y ustedes dentro del régimen retributivo, junto a las retribuciones básicas, crean una retribución complementaria que no está dotada presupuestariamente, y al no estar dotada presupuestariamente, no es que ustedes infrinjan un decreto de puestos de trabajo, es que ustedes, de alguna manera, están vulnerando... o por lo menos, que yo sepa, no han realizado las transferencias, la solicitud a las Cortes de las transferencias de crédito oportunas para dotar a esa figura con ese complemento con que la han dotado.

Respecto a la permeabilidad -y acabo con esto, acabo con esto-, respecto a la permeabilidad entre funcionarios y distintas Administraciones Públicas, está muy claro que un letrado de una Corporación Local -por poner un ejemplo- no va a ocupar una plaza de jefe de sección de carreteras; eso está muy claro. No es esa la permeabilidad de la que yo estoy hablando; la permeabilidad de la que estamos hablando es que, si en los puestos de trabajo se determina, junto al nivel, la retribución, se determinan también los requisitos de pertenencia a grupo de cuerpo, titulación y méritos preferentes para ocuparla, entonces, bueno, parece obvio y evidente que una plaza de ingeniero de montes sólo la puede ocupar un ingeniero de montes; ahora bien, si ese ingeniero de montes es de la Diputación, del Estado o de un cuerpo específico de la Comunidad Autónoma, eso es otra cuestión distinta y es ahí donde yo entiendo que debe de establecerse la adecuada permeabilidad. Yo no pretendo que un ingeniero de montes ocupe la plaza del letrado o que un letrado ocupe la plaza de ingeniero de montes, ni creo que ningún letrado ni ningún ingeniero de montes sería tan osado como para ocupar una plaza no acorde con la titulación civil que posea.

Acabo ya, señor Consejero. Yo le sugiero -porque quedan muchas cuestiones en el aire- que sin excesiva demora, dentro de su calendario de trabajo, dentro del tiempo que usted precise para completar los objetivos y la filosofía general de acción de su Consejería, se vuelva a convocar una comparecencia, o vuelva usted a solicitar la comparecencia ante esta Comisión, para que podamos terminar lo que hoy, por evidentes razones de tiempo, no nos permite completar. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Si, muchas gracias, señor Durán. Señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Sí. Gracias, señor Presidente. Espero que..., espero que sí, que en esta intervención seré más breve. La verdad es que quizá no debiera de serlo, porque yo creo que la mayoría de las cuestiones que planteé pues han ido... han ido creo que quedando sin contestación, sobre todo las que tenían un contenido más específico; pero yo creo que, en aras al respeto al conjunto de la Comisión y a la hora, efectivamente, voy a ser... voy a ser breve.

Hay algunas cosas que no me resisto a reiterar o comentar. Evidentemente que le agradezco al Consejero el elogio personalizado -me parece que así fue hecho- con que me obsequió al comienzo de su intervención. Yo le pediría que lo despersonalice, que lo haga extensivo al conjunto del Grupo. No aquí, al final, pues prácticamente uno no es nadie, no es nadie por sí; uno aquí opera en función de la representación de tiene. Yo creo que eso es algo que debiera de quedar suficientemente aclarado. Pero, por otro lado, quiero que le quede también suficientemente aclarado para el futuro el otro aspecto que creo que tenía la apreciación que él hizo. Yo no sé si él esperaba pues un estilo de intervención, de oposición con apelaciones caóticas o dramáticas, o con excesivas urgencias; quédele claro desde el principio que no va a ser así. Evidentemente, nosotros tenemos experiencias para contrastar en el sentido contrario suficientes y por supuesto que no va a ser esa nuestra línea de actuación. Quiero decirle por eso que entonces no juzgue mi intervención personal como una cosa puntual, sino como que responde a un determinado planteamiento razonable, gradual, colaborador en la medida de lo necesario, en la oposición.

Hay alguna cosa que yo creo que con una cierta formalidad debiéramos de dejar definitivamente sentada. Lo han dicho los anteriores Portavoces en relación con el... voy a llamar controvertido tema de las Visas Oro o tarjetas de Crédito. Creo que no es éste ni el momento ni la Comisión oportuna para suscitar ese tema, tiene sus otros lugares de planteamiento y a ellos me remito; pero sí quisiera -porque el planteamiento creo que es esencialmente el mismo- extenderlo a otra cosa en la que me parece que el señor Consejero ha incurrido en ese mismo vicio que se le denunciaba en relación con ese tema. Yo le hice alguna pregunta en torno a su reconocimiento de la objetividad de los procesos informatizados de selección de personal. Así lo reconoció -de lo cual me alegro-, pero dejó puesta la coletilla de la duda sobre la pureza -en la etapa anterior, evidentemente-.

Mire, yo creo que debiéramos de huir definitivamente de esa técnica. Si usted conoce, o le consta, -y es una apelación que le hago formalmente-, si usted conoce o le consta que algún miembro de un tribunal de selección ha efectuado la conducta que usted sugiere, adopte las decisiones oportunas, no ya sólo como Consejero, como ciudadano también. Y si no -como se dice en ciertas ceremonias religiosas- calle para siempre sobre el tema. Se lo digo con toda formalidad, porque me parece que es algo que si no va a estar latiendo continuamente. A lo largo de la Legislatura anterior hice esta misma apelación, en otros momentos y con otros motivos, a otros miembros del entonces Grupo en la oposición. No utilicen más esa técnica. Si de verdad tienen la posibilidad de demostrar el conocimiento exacto de que eso se ha producido, destinen una demanda judicial, cualquier otro medio jurídico de los que existen, y son perfectamente utilizables, contra el miembro del tribunal; repito, del tribunal de la oposición -y usted conoce cuál es la composición de esos tribunales- que haya tenido esa conducta, y si no, no deje caer esa especie de velada losa sobre el conjunto de una gestión, que no es razonable el planteamiento, que no es razonable el planteamiento.

Por eso decía que yo creo que las referencias o consideraciones que se hicieron en relación con otro tema valían, efectivamente, también para esto. Lo mismo que en otro cuestión en la que me gustaría llegar al acuerdo de que ésa no es la técnica respecto de la cual hay que confrontarse parlamentariamente. No sé si ha hecho una referencia hablando del recurso, en relación con el tema de los Delegados Territoriales únicos, a que dispone de una carta dirigida a otro Portavoz. Creo que esas han sido sus palabras textuales. Pues, mire, le reitero también un poco lo mismo en relación con ese tema. Por pura delicadeza, si dispone de esa carta -que no va dirigida a usted, según ha reconocido-, por lo menos no lo mencione públicamente; me parece que por pura delicadeza. Porque si no, ¿qué ocurre?. Que se está introduciendo alguna sospecha sobre alguien, en el ámbito de su Consejería, en el Sindicato al que presuntamente se refiere, o no sé donde; pero, efectivamente, plantee las cosas abiertamente pero, repito, no utilice ese tipo de datos porque me parece que no es esa exactamente la cuestión.

Y en relación con eso, otra cosa más le quería decir: respecto de esos rumores que cierto sindicato utiliza en relación con la presunta concesión por anticipado -y reitero lo de presunta concesión por anticipado- de puestos de Delegación Territorial única en ciertas provincias a ciertas personas; pues, mire, solamente le quiero decir una cosa al respecto. Esos rumores estaban en medios de comunicación hace bastante tiempo. Todos los hemos leído. No es la primera vez, en la referencia de prensa de ayer, que han aparecido. Me temo -y se lo digo en ese tono de sospecha-, me temo que la procedencia de esos rumores están mucho más cerca de usted que de mí, y permítame que no reitere nada más sobre el tema.

Finalmente, sólo alguna puntualización en relación con alguna de las cosas que ha ido diciendo a lo largo de su intervención. Por ejemplo: ha contestado, ciertamente en forma muy parca, a la pregunta que yo le hacía en el sentido de que extendiera su información también al área de Presidencia. Ha venido a decir que el personal eventual se mantiene, que en el ámbito del protocolo se incrementará, etcétera. Como vamos a tener ocasión con motivo del próximo debate presupuestario de valorar todo eso, allí me remito. Sí hay una cosa que no me resisto a significar, y es la concentración de toda la temática de publicaciones en el ámbito de la oficia de información, o de la Oficina del Portavoz. Simplemente le recordaré que cuantas veces esa Oficina del Portavoz, durante una etapa de la anterior Legislatura, aparecía por esta Cámara -fuera con presencia física fuera con presencia documentada a través del presupuesto, etcétera-, fue sistemáticamente tachada de oficina de propaganda política, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, unívocamente, fueron reiteradamente las cuatro ocasiones las enmiendas que se plantearon a los presupuestos. Yo no sé si la sospecha es compartida o no por el Consejero; si fuera compartida, pues juzgo un poco exagerado que, además de todo eso, se le encomiende centralizadamente todo el tema de las publicaciones. Quiero, pues, ahí también una precisión al respecto, sobre todo porque quede definitivamente clarificado el pasado y también el futuro en relación con esa cuestión.

Algunas otras precisiones de detalle podría hacer, pero, en aras a la brevedad y a finalizar la intervención, las dejo porque seguramente habrá otras ocasiones. Sólo a título de consejo, le pediría que revise un poco su concepción sobre el Tribunal Constitucional, porque me ha parecido oírle alguna cosa que no es totalmente exacta, en cuanto a la naturaleza de su jurisdicción. Tómelo como consejo en este caso más de amigo que de Procurador de la oposición, pero... pero hágalo, digo, a efectos de poder hablar sobre ciertos temas, pues, con una sólida fundamentación al respecto.

Y permítanme ya, para finalizar, una licencia en relación con la intervención del señor Durán. Como tal licencia, tómelo. Me ha parecido oír una cierta extrañeza de que hubiera alguna coincidencia. El excluía toda posibilidad de plagio entre algunos aspectos de su programa electoral y del Partido Político gobernante. No se extrañe; yo creo que se debiera de extrañar si hubiera ocurrido lo contrario, pero no de eso. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Muchas gracias, señor Quijano. El señor Consejero tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ):

Gracias, Presidente, señores Procuradores. Esquemáticamente voy a tratar de contestar a las preguntas presentadas por el orden señalado.

Paralización de la Administración, denuncia, en el orden periférico, el representante del PDP. Nunca se ha cesado a un Delegado, nunca, que no se haya nombrado un responsable de esa Delegación. Primer punto. Y segundo punto: los Delegados de esta Consejería de la que doy cuenta fueron cesados ayer, a petición propia, y en todos los casos se ha dejado un responsable; en algunos casos, incluso, el mismo que había, pero cesado como Delegado porque él entendía que debía de cesar. El que si había nueve o había ocho Delegados, me parece, porque había una acumulada, pues ha habido... ha sido a instancia de parte, si no en todas, en el noventa y nueve por ciento de las... Pero en ningún caso, en ningún caso, se ha dejado desasistida la Delegación Provincial de un responsable.

Segundo tema, anecdótico: provincias importantes. He citado deliberadamente la mía. Cuando hablo de provincias importantes, hablo de provincias importantes cuantitativamente. Naturalmente que ni en el orden afectivo ni en ningún otro orden la mía es la menos importante.

CDS. Juramento o promesa, juramento o promesa de todos los funcionarios. Quiere decir esto que no se puede exigir a todos los funcionarios que hagan un juramento o promesa hipotético de una asistencia al Pleno; pero se entiende que el deber funcionarial le hace guardar ese secreto, y tiene un grave incumplimiento de sus deberes de funcionario si no lo cumple.

Buen uso de la Visa Oro. En algunos casos sí y en otros no. ¿Qué casos? Yo creo que ya no tienen importancia. Mire usted, el tema de la Visa Oro es un tema que en estos momentos, frente a una eficacia de la Administración, me pasa absolutamente a segundo plano. Me interesa más que la Administración funcione que decir si un funcionario se fue o no se fue a tal sitio. Accesorio, en estos momentos, al menos para este Consejero que les habla. Quiero decir con esto: ¿qué gastos puede pagar o no? El sentido común del portador de la tarjeta hace que mida eso. Nadie se lo va a decir, ni existe una reglamentación, ni se puede medir, porque no se puede medir qué gasto es de representación y qué gasto es facultativo o de arbitrariedad.

No crean... no han creado la figura del Delegado... han creado la figura del Delegado y no han creado objetivo. Bueno, es una manifestación, se respeta, pero que, naturalmente, no comparto.

Dotación presupuestaria del Delegado. Si sólo se pudiera establecer el procedimiento mediante este sistema, no se podría funcionar en la Administración; existen procedimientos administrativos que el uso diario, mejor dicho, los servicos diarios de la Administración demandan y están perfectamente legalizados y establecidos sobre cambios en el presupuesto, dentro, insisto, de la legalidad y de respeto a la Cámara que los aprueba para, cuando es necesario por razones de servicio, que se cumpla.

La permeabilidad de los funcionarios. Le he entendido perfectamente. Tal vez no haya sido capaz de conocer su primera intervención respecto a que la permeabilidad, naturalmente, nosotros la mantenemos, pero la permeabilidad exigiría el hecho de que aquí no simplemente la condición de licenciado en Derecho y perteneciente al cuerpo del antiguo sociólogo del IRYDA le deja opción, aunque sea licenciado en Derecho, a..., o por lo menos no le de preferencia, a ocupar una plaza con un programa específico para ejercer las funciones contenciosas de la Administración, como es el de Letrados.

Pureza de los procesos de selección. Me reafirmo en lo dicho. Yo aseguro que la anterior Administración usó el proceso informático. Y digo: ¿puede usted asegurar eso en el...? Yo no puedo asegurar eso el resto, y nada más. ¿Que establezco una sombra de duda? No es cierto. Y es más, lo voy a decir: esa información, que es a título de rumor...., por cierto, rumor que después usted ha hecho un uso de él a título, también de velo, por aquí... (dice que no, que es que los rumores estaban cerca de la Consejería), relativo al nombramiento del Delegado Territorial..., es lo que usted critica, luego, lo usa. Quiero decir que la pureza de los procesos selectivos..., no acuso a ningún miembro del tribunal. Tenga usted en cuenta que los procesos selectivos son largos, tan largos que desde el momento que se concibe la pregunta hasta el momento que se redacta pasa por muchos sitios. No estoy hablando de ningún miembro del tribunal. Velar por esa pureza que, insisto, no es fruto de una mala fe de la Administración, sino fruto de la mala gestión del cumplimiento de la Orden, pues, por mil razones que existen en el camino y que, a lo mejor, el señor Nalda le puede dar información complementaria.

Los rumores que estaban cerca de la Consejería. Los rumores claro que estaban cerca de la Consejería, yo no lo había oído hasta hoy, sobre el tema del Delegado de la Consejería en Burgos. Naturalmente, únicamente digo que ese rumor era infundado, como demuestra el hecho que ha presentado, y que, además, por otra parte, todo esto entra dentro del juego, del juego puramente democrático; es decir: yo soy un Sindicato que vela por el cumplimiento de los derechos funcionariales, por consiguiente, participo en la censura y en la crítica a lo que creo que es negativo. Naturalmente, la Administración tiene sus propios recursos y los usará para estimar -estimar o desestimar- ese recurso con arreglo a Ley.

El Portavoz. El Portavoz ya sabe que es un órgano de comunicación de la Junta con el exterior. Usted dice que la anterior administración censuró que era un órgano político. Yo espero que esta Administración no tenga ningún motivo para censurar como órgano político al Portavoz.

Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Sí. Señor Consejero, muchas gracias. ¿Si algún miembro de la Comisión quiere intervenir para formular preguntas ? ¿Algún miembro de la Comisión, algún Procurador...? Bien, pues..... la amabilidad del tiempo en las intervenciones, y agradecerle y ofrecerle la colaboración, al señor Consejero, de todos los aquí presentes.

Gracias. Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión siendo las quince horas).