DS(C) nº 152/2 del 3/5/1989

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Presidencia rogando silencio, por favor. Hay una sustitución en el Grupo Parlamentario Socialista, donde don Jaime González González sustituye a don Juan José Laborda. Y sin más pasamos a que el señor Secretario dé lectura al único punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR MARTIN DE MARCO):

Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial para informar a la Comisión sobre todos los aspectos relacionados con el concurso que se refiere a las R.P.T. de las Consejerías, fechas de convocatoria, plazas que saldrán en el mismo, forma de realizarse, etcétera".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. No cabe ninguna duda de que en un proceso de ordenación de la Función Pública, que es el título que la propia Ley tiene, y el objetivo al que debe tender la acción del Gobierno en relación con su Administración, quedaba -y sigue quedando por el momento pendiente- un gran paso, un paso decisivo, como sería la celebración de un concurso general de funcionarios. ¿Por qué? Pues, porque, indudablemente, a partir de la Ley 30, y a partir de su posterior modificación, la Ley 23, se sigue configurando y se consolida el concurso como sistema normal, insisto en la palabra normal, de provisión de los puestos de trabajo que permita el ejercicio de los restantes derechos de los funcionarios, esto es, su consolidación de carácter profesional, o al menos económica, por la vía del grado, y su posibilidad, lógicamente, de promoción interna o de carrera profesional. Y digo que es, sin duda, motivo de reflexión que lo que debía ser el sistema normal, y especialmente el sistema que debiera haber aplicado quienes lo configuran como concepto, los autores sustanciales de la Ley 30 del año ochenta y cuatro, de su posterior modificación en la Ley 23 del ochenta y ocho, e incluso los más sustanciales, no absolutos, pero sí más sustanciales redactores de la Ley de la Función Pública de Castilla y León no han utilizado.

No se trata de hacer ningún tipo de reproche. Pero sí que se trata de sentar como base la dificultad y la complejidad de este proceso. Insisto que lo que debía ser el método normal ha sido un método, vamos a llamarlo, excepcional, y de hecho va a ser la Comunidad Autónoma de Castilla y León una de las pioneras, con los riesgos que ello comporta puesto que sería muy deseable poder contar con precedentes, tanto en la escala nacional como en otras Comunidades Autónomas, y no olvidemos que este proceso tiene ya base y debía haber sido agilizado desde la propia publicación de la Ley 30, nos estamos refiriendo al año ochenta y cuatro. Insisto que no se trata de efectuar ningún tipo de reproches, pero sí de sentar unas bases de dificultad y de complejidad que creo que son las que pueden explicar un retraso en el que, por fin, en el que por fin, insisto, va a poder superarse.

Tras esta situación, al margen de lo que sea el estricto cumplimiento de la legalidad, se ha utilizado -como bien saben Sus Señorías- con excesiva profusión, la libre designación, afortunadamente no es éste el caso de nuestra Comunidad Autónoma, pero se ha utilizado con auténtica profusión el sistema de libre designación en la Administración Central y en otras Administraciones. Al margen de esas consideraciones de carácter legal, insisto, no podemos obviar lo que hay detrás, y detrás hay situaciones difíciles para los funcionarios, situaciones difíciles en todos los órdenes: en el orden profesional, en el orden familiar, y en lo que podríamos denominar la frustración de unas expectativas que se generan con la emisión de los textos legales a los que ya he hecho referencia.

Entiendo, en consecuencia, que el concurso puede ser -y va a ser- un gran paso en esta pequeña gran historia de la Función Pública de nuestra Comunidad. Técnicamente, y como ustedes saben, para poder celebrar un concurso es necesaria la persistencia de una relación de puestos de trabajo. También en este aspecto ha habido motivos de indudable complejidad; las relaciones de puestos de trabajo han debido ser revisadas como consecuencia de la entrada en funcionamiento de un nuevo esquema organizativo en la Junta de Castilla y León. En consecuencia, y tal y como dice la Ley, por cada ejercicio, si se producen modificaciones, deberán revisarse las relaciones de puestos de trabajo. Esa base, ese catálogo de puestos... discrimino en el sentido estricto de la palabra catálogo, puesto que la palabra catálogo ya fue utilizada -y creo que indebidamente- en la anterior fase de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero era necesario ese elemento sustantivo, una relación de puestos de trabajo que diese lugar a un posible concurso. Para evitar demoras, se ha partido de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al año ochenta y ocho que, como ustedes saben, están recogidas en Decretos, distintos Decretos, van fundamentalmente del número 127 al 136 de los emitidos por la Junta de Castilla y León, y fundamentalmente se concentran en torno al mes de Junio. Estos documentos tienen una gran virtualidad o una gran eficacia, son documentos ya aceptados, o estas relaciones son, de alguna forma, posiciones ya aceptadas por la Administración y, en buena medida, en buena medida por las Centrales Sindicales.

En consecuencia, se ha querido optar por un criterio de rapidez. Podía haberse esperado a que existiesen las definitivas, o las que entendemos más aproximadas a la realidad funcional como son las del ochenta y nueve, pero sin duda se hubiese introducido una nueva demora; y una nueva demora creemos que es peligrosa cuando, ya digo, desde el año ochenta y cuatro se creaba esta expectativa, esta importante expectativa de consolidación del grado, y esta importante expectativa de inicio real de una carrera profesional. En consecuencia, ¿qué base se ha tomado?, Se ha tomado las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al ejercicio ochenta y ocho, con la única peculiaridad explicable desde el volumen importantísimo de funcionarios que maneja, y explicable desde el momento en que es la que materiales más homogéneos maneja, que es Agricultura, de la cual hemos podido disponer hace escasamente unas semanas. Insisto que la explicación de por qué esta relación de puestos de trabajo ha sido la última vendría dada, fundamentalmente, no ya tan sólo por el número de personas que lo comportan, de puestos de trabajo que lo configuran, sino, además, por la absoluta heterogeneidad de los materiales que han dado lugar a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes. Podemos obviar que multitud de organismos autónomos, y multitud de organismos que existían o preexistían a la transferencia realizada a la Junta de Castilla y León han debido ser los que ha habido que ensamblar y que armonizar para poder configurar esta relación de puestos de trabajo.

Ya tuve ocasión, en la anterior comparecencia, de explicarles los aspectos fundamentales del Decreto que sienta las bases del concurso que ahora va a afrontarse, el Decreto 222 del año ochenta y ocho, en concreto de uno de Diciembre, por el cual se aprobaban las bases que habían de regir los concursos para la provisión de puestos de trabajo. Este Decreto, salvo que ustedes deseen alguna precisión más, creo que fue en su momento convenientemente explicado y debatido ante esta misma Comisión; no obstante quedaría también en él sujeto a las preguntas o cuestiones que Sus Señorías deseen formularme.

Sí que me gustaría decir que dicho Decreto ha cumplido también, por supuesto como es preceptivo, con el informe del Consejo de la Función Pública de Castilla y León.

¿Qué se ha hecho posteriormente a este Decreto? Bien. Durante el mes de Enero parecía absolutamente imprescindible llegar ya a ese estudio pormenorizado de las situaciones administrativas de todos y cada uno de los funcionarios que estaban previsible y presumiblemente afectados por este Decreto. Y tengan ustedes en cuenta el orden de las cifras, que se trata de estudiar pormenorizadamente y con pleno detalle un volumen de funcionarios inicial de más de dos mil ochocientos; dicho de otra forma, hay que estudiar detalladamente para poder respetar en su integridad los derechos de los funcionarios, de más de dos mil ochocientas personas. En esa fase se movió el tiempo y se movió el reloj durante el mes de Enero de este año.

En el mes de Febrero les fue comunicada -como parecía lógico también- en defensa y en salvaguardia de los intereses de los propios funcionarios, fue comunicada la situación de partida del concurso que podían tener cada una de las personas que trabajan dentro del régimen estatutario de la Función Pública de Castilla y León, y, como parecía lógico, se les dio un plazo de quince días para que pudieran formular su disconformidad o su discrepancia respecto a la situación que desde la Junta de Castilla y León se entendía que era su situación de partida ante el concurso.

A lo largo del mes de Marzo, se ha tratado de establecer ya, una vez conocida la posición de los funcionarios y una vez realizado aquel primer estudio, una aproximación definitiva -no olvidemos que el concurso ha de contemplar una cifra final-, y se trata también de conocer esos pormenores, de conocer esas peculiaridades, de todos y cada uno de los puestos. Y, por otra parte, se ha utilizado también el mes de Marzo para que las Centrales Sindicales pudieran conocer estos criterios, conocer estas cifras y formular también, por su parte, las objeciones o las discrepancias que entendiesen oportunas. Se podrían haber, quizás, abreviado alguno de estos plazos, pero entendíamos que las duraciones que se han establecido son las mínimas para poder garantizar los principios de transparencia en la actuación y de conocimiento por parte, no ya de los funcionarios individualmente, sino incluso de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública de Castilla y León. Con lo cual la situación en la que nos encontraríamos a -vamos a decir prácticamente a fecha de hoy, o en este caso a treinta de Abril-, es que ya se han podido fijar definitivamente las vacantes de los Grupos A, y un segundo grupo -que como ustedes saben pueden ser de doble cobertura- grupos A y B vacantes que corresponderían a los Grupos A y a los Grupos A-B, indistintamente, en la reunión celebrada el día veinticinco de Abril conjuntamente por la Administración y las Centrales Sindicales.

Ayer, a lo largo del día de ayer, se hizo una reunión de carácter análogo entre la Administración y las Centrales Sindicales, para la fijación de las vacantes de los Grupos restantes, no sólo los Grupos B, C, D y E, sino también los intermedios, aquellos puestos que pueden ser indistintamente cubiertos por Grupos B o C, C o D, y D y E.

Simultáneamente y en paralelo, las Consejerías están confeccionando anexos para... en orden a la publicación de la orden de convocatoria, anexos que contemplen individualizadamente y para cada puesto de trabajo -y volvemos a hablar de un volumen de cifras de dos mil ochenta personas- los méritos específicos, que creemos que esta fase, este estudio, podrá estar concluido en torno al veinte de Mayo, salvo, ya digo, que existan verdaderas dificultades. Y no les oculto a ustedes que en el capítulo de incidencias estamos viendo todas, quiero decir, al propio Consejero, el propio Consejero se ha quedado sorprendido de ver la multiplicidad de situaciones administrativas que se dan en los funcionarios de Castilla y León, quizás -ya digo- más que nada por la heterogeneidad en las procedencias, por la heterogeneidad en su acceso, incluso por los distintos regímenes aplicables, incluso algunos de carácter transitorio, entre la anterior legislación aplicable y la nueva. Es decir, estamos ante un auténtico universo de situaciones y de posibilidades funcionariales.

Se ha creído oportuno, y dado que no es un criterio caprichoso, sino un criterio lógico, que... se ha creído oportuno que el personal sanitario, ese personal para el cual ya se contempla un régimen estatutario específico, del cual, por cierto, no disponemos... y sí que introduzco como elemento de reflexión que también sería deseable a la hora de afrontar estas tareas, de disponer del prometido Estatuto de la Función Pública que la Constitución Española exige, o el Estatuto de la Función Pública específicamente sanitario que también parece derivarse, si no en un primer grado sí en un segundo inmediato de la propia Constitución. Digo que careciendo de estos documentos, sí que se consideraba oportuno exceptuar del régimen del concurso al personal sanitario, no ya por su volumen, sino por su auténtica especificidad o su auténtica peculiaridad. Supongo que, como ustedes conocen, los intentos no significa que les haya marginado de la necesidad del concurso, de hecho se han intentado ya previos concursos en el tema de veterinarios, buscando un concurso de acoplamiento previo a la resolución del concurso general, y razones estrictamente jurídicas, y pienso que en algún momento de interés particular de algún funcionario, han impedido poderlas llevar a cabo. Quiero decir con ello que no es que estén ajenos ni olvidados al interés de la Comunidad Autónoma, sino que se ha preferido, precisamente en su propio beneficio, la segregación para evitar una mayor complejidad.

Les decía que parece lógico a la hora de ordenar, y habiendo seguido ya este primer criterio de horizontalidad por grupos, inter-Consejerías o entre las Consejerías, Grupos A, Grupos B, Grupos mixtos C, D, y así sucesivamente, también se considera oportuno hacer dos grandes bloques, o dos grandes fases en este concurso. El primer gran bloque o fase sería el que afectaría a los Grupos A y B y al Grupo intermedio A-B, que, de alguna forma, representan -y no es por ningún afán discriminatorio, sino de orden- a los titulados, tanto de grado medio como de grado superior, de la Administración de Castilla y León. En tanto que se acumularían en la segunda fase los Grupos B, C, D y E, y sus escalones intermedios. ¿Con qué finalidad? Pues, con la obvia finalidad de segregar, ya digo, y sin ningún afán de discriminación, los que pueden ser casos mucho más peculiares, más específicos, como ustedes conocen. En el caso de los técnicos existe una multiplicidad también de situaciones y eso, quizás, de peculiaridades, y pueden considerarse más homogéneos los grupos restantes, los grupos de carácter administrativo y auxiliar, y personal subalterno.

Bueno, simultáneamente, y para que todo este proceso pueda estar muy pronto en marcha, se está elaborando ya un..., y ya está sometido a informe de la asesoría jurídica, un Decreto que configure lo que entendemos que es el órgano arbitral y el órgano de vigilancia y supervisión de todo este proceso, con participación de las centrales sindicales y de la Administración, como es la Comisión de Valoración del Concurso. Creemos que puede estar en fechas muy próximas sometido a la deliberación de la Junta de Castilla y León e inmediatamente publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Es un órgano importante, puesto que es un órgano de participación conjunta de la Administración y de las centrales sindicales, y que permitirá constituirse en esa instancia de carácter objetivo y participativo de los propios funcionarios en el desarrollo y resolución del mismo.

Y por supuesto será sometido, a la máxima brevedad posible, al dictamen del Consejo de la Función Pública de Castilla y León, entendemos que en la fecha inmediata, estando prevista la convocatoria para el día nueve de Mayo, que será conocido por dicho Consejo.

Sólo faltaría, en consecuencia, dentro de lo que son los pasos y mecanismos lógicos que han de darse para poder alcanzar esta deseable situación de concurso, una orden de convocatoria, que también está, por supuesto, redactada, y en poder en este momento de la Consejería, a expensas del informe que emita la Asesoría Jurídica General y de su conocimiento también por parte de los órganos de representación que proceda, y que creemos que podría estar en condiciones, entendemos que a lo largo del mes de Junio, y yo espero que en los primeros días del mes de Junio, con lo cual, en ese tradicional ritmo de antes o después del verano, que es una de las grandes pausas que siempre se introduce en la vida pública, política y administrativa, nuestro objetivo es que, por supuesto, antes del verano, el concurso pueda estar realmente en marcha. Esto es, desarrollados todos y cada uno de los aspectos que quedaban por desarrollar del Decreto 222 y formulada y convocada la Orden de convocatoria. Ese es nuestro deseo, salvo contingencias o situaciones ajenas a la voluntad de la propia Junta de Castilla y León.

Bien. Sí que, desde luego, me veo obligado a hacer una serie de consideraciones, por completar lo que eran las cifras que se pedían, cifras concretas. Vuelvo a insistir que se trata de movilizar a más de dos mil ochocientos funcionarios. En principio, las cifras en las que nos movemos son dos mil ochocientos treinta y siete funcionarios, que, en su distribución por Consejerías, serían del siguiente orden: noventa y nueve en la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, en la Sección primera, trescientos ocho en la segunda Sección, Economía y Hacienda, mil cuatrocientos setenta y siete en Agricultura, Ganadería y Montes, doscientos setenta y siete en Fomento y seiscientos setenta y seis en Cultura y Bienestar Social, en el bien entendido de que se ha exceptuado el personal sanitario, como dije anteriormente.

Si tienen ustedes en cuenta la cifra total de funcionarios de la Junta de Castilla y León, comprenderán que se trata de una operación importante en su dimensión, en la que se afronta un riesgo, que es que durante unos meses quede mermada la capacidad y la eficacia administrativa de la Junta, pero creemos que es de justicia, por aplicación de las leyes que otros quizá no hayan aplicado, aunque sí elaborado, es de justicia que pueda llevarse a cabo. Esa es, quizás, la reflexión final en el conflicto de intereses que siempre ha de suscitarse entre lo que son los criterios funcionariales y los criterios funcionales. Creemos que debía lograrse y creemos que debe lograrse el punto de equilibrio. Y quizás el punto de equilibrio se plasma en estas cifras, se plasma en este calendario, y quizás también, si estamos asumiendo riesgos, es porque carecemos de los precedentes que deberían estar ya sobre la mesa y a nuestra disposición.

No obstante, estoy seguro de que, con la colaboración de todos ustedes, en su calidad de representantes de las fuerzas políticas y garantes de este proceso, y en colaboración con los propios representantes de los funcionarios, puede llevarse a buen puerto y puede llevarse a buen término este proceso que, insisto, es necesario, como pieza clave del proceso de ordenación de la función pública de Castilla y León.

Sin perjuicio de otras preguntas o consideraciones que ustedes deseen hacer, creo haber dado respuesta, en esta primera fase, al contenido estricto de la comparecencia solicitada. No obstante, lógicamente, quedo a su disposición para ampliar cualquier punto que consideren necesario. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor Consejero. Si..., ¿qué tiempo parece oportuno, veinte minutos, o media hora? ¿Media hora?

Se suspende la sesión hasta las doce y cuarto, doce y diez.

(Se suspendió la sesión a las once horas cuarenta minutos).

(Se reanudó la sesión a las doce horas quince minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Se reanuda la sesión. Antes, comunicar que se produce en el Grupo Parlamentario Socialista, también, la sustitución de don José Nalda por don Antonio de Meer.

Para fijación de turno de posiciones, intervenciones de los Grupos Parlamentarios... -rogaría silencio, por favor-, tiene la palabra el señor Durán, por el Grupo de Centro Democrático y Social.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Sí. Gracias, señor Presidente. Como no podía ser menos, nuestro Grupo Parlamentario ha seguido con suma atención e interés -y me atrevería a decir, incluso, que con notable expectativa- la presentación del señor Consejero de Presidencia y Vicepresidente de la Junta. Porque -lo hemos dicho aquí, lo reiteramos y lo seguiremos diciendo siempre que sea así y haya base suficiente para ello- la situación real de nuestra función pública, de la función pública de nuestra Comunidad Autónoma es una situación calificable, cuando menos, de harto conflictiva.

No estoy diciendo nada nuevo. Lo hemos dicho y, de alguna manera, el señor Consejero, en su intervención de hoy y en sus intervenciones del pasado mes de Febrero, también lo reconocía.

Bueno, ¿qué ocurre?, ¿por qué se ha llegado a esta situación?, ¿por qué a este nivel de descontento, de conflictividad latente en el funcionariado, de -yo me atrevería a decir- unos ciertos grados de ineficacia en el propio funcionamiento de la Administración? Se ha llegado por un conjunto acumulado de circunstancias...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Señor Durán, un momento. Por favor, rogaría silencio, que retumban en exceso las palabras y no se oye casi, prácticamente, al interviniente. Señor Durán, puede continuar.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Decía que se ha llegado a esta situación por un conjunto de circunstancias, entre las cuales no es la única ni la menor la legislación de que se dispone para la ordenación de toda la función pública. Esa legislación, que tiene su base en la Ley 30, como todos sabemos, no ha culminado el proceso derivado del mandato constitucional contenido en la propia Ley 30, de llegar a la promulgación del Estatuto de la Función Pública, que, de alguna forma, hubiera podido -esperamos que así sea- reordenar todo este maremágnum existente en este momento en la función pública general en toda España, en la Administración del Estado, en las Administraciones Locales, en las Administraciones de las Comunidades Autónomas y, de modo muy claro, en la nuestra.

Yo he dicho aquí, y creo que es cierto, que un primer intento de racionalización de la función pública lo realiza el Gobierno anterior, con la presentación en esta Cámara y aprobación por la Cámara de la Ley de la Función Pública actualmente en vigor. Pero también he dicho -y tengo que reiterarlo, desde la perspectiva de nuestro Grupo Parlamentario- que los pasos sucesivos que se han dado sobre aquella base legal han sido unos pasos balbuceantes, poco firmes, lentos, sobre todo lentos, especialmente lentos, en parte porque la dificultad del proceso obligaba a una cierta lentitud, pero en parte -y tenemos que decirlo y tenemos que lamentarlo- porque creemos que la propia Administración se ha dormido, o no ha sido, por lo menos, todo lo diligente que debiera haber sido en el avance en cuanto al desarrollo de la normativa y más aún en cuanto a la aplicación concreta de los mecanismos ordenadores de esa función pública.

Y llegamos al día de hoy, día tres de Mayo, día tres de Mayo en que, una vez más, la Comisión de Presidencia -creo que es la quinta o la sexta vez dentro de esta Legislatura- se reúne para hablar del esperado, deseado y urgentemente necesario concurso de provisión de puestos de trabajo entre los funcionarios.

Nuestro Grupo Parlamentario, señor Consejero, Señorías, parte de la consideración de que ya lo único que puede ordenar o establecer mínimamente unas bases de ordenamiento futuro de la función pública de la Comunidad Autónoma es que el concurso de traslados se convoque, se resuelva, con la mayor celeridad posible.

Mire usted, voy a atreverme a hacer una cierta aseveración, que, de alguna manera, que de alguna manera puede resultar chocante. En el sentir del funcionariado que yo detecto, ya no preocupa tanto la, digamos, rigurosidad del concurso de traslados, en cuanto a sujeción a criterios perfectamente definidos, perfectamente orientados, perfectamente estudiados, como el que, de una vez, haya un concurso de traslados, que ponga ese mínimo orden necesario en la organización de la función pública, a partir del cual, a partir del cual se pueda reordenar, con perspectiva de futuro, esa función pública.

Desde nuestra perspectiva, el concurso de traslados no es un fin. Va a ser el medio, la plataforma, no la deseable, pero sí la posible, en este momento, para que, a partir de ahí, y con los mecanismos subsiguientes de rectificación de las relaciones de puestos de trabajo anuales, de convocatorias de nuevos concursos, etcétera, etcétera, pueda establecerse un programa sólido de ordenación de nuestra función pública.

Quiero decirle, al respecto, que el concurso de traslados que usted nos ha anunciado, y cuyas características generales nos ha dado, y que, de alguna manera, ya estaban pergeñadas en sus intervenciones anteriores, es urgente, necesario, pero no para pasado mañana sino para ya; es decir, mejor mañana que pasado y mejor pasado que el siguiente. Y que esto es ya de tal extrema urgencia que cada día que pasa se complica más, cada día que pasa se confunde más el status de nuestra propia función pública.

Por eso, tienen ustedes la responsabilidad -y creo que, de alguna manera, tendrán que responder de ella- de la lentitud con que todo este proceso ha sido llevado, por parte de la Consejería de Presidencia, desde el treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho, en que se publicó la relación de puestos de trabajo. Porque, fíjese usted, resulta que tenemos una relación de puestos de trabajo, aprobada y publicada el treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho, de la que debió derivarse el concurso de traslados correspondiente. No se ha realizado ese concurso de traslados.

Resulta que, según mis noticias -y usted, de alguna manera, lo ha confirmado-, existe ya, prácticamente, en última fase, la relación de puestos de trabajo del ochenta y nueve; prácticamente, se va a solapar el concurso que corresponde a la relación de puestos de trabajo del ochenta y ocho con el concurso que corresponde a la rectificación de esa relación de puestos de trabajo, con la del ochenta y nueve. Hasta el extremo de que yo no sé si ya lo conveniente sería -digo que no lo sé, usted lo sabrá mejor que yo-, si ya lo conveniente no sería publicar el concurso con la relación de puestos de trabajo actualizada en el ochenta y nueve. Mire, sinceramente, no lo sé. Dentro de una lógica, parece que lo oportuno sería que la relación de puestos de trabajo del ochenta y nueve se aprobara ya -ustedes parece que la tienen ultimada, totalmente ultimada-, y prácticamente el mismo día se publicara el concurso, se convocara el concurso, ya con la relación de puestos de trabajo definitiva en cuanto a plazos, en función de las posibles negociaciones o conocimiento que deban tener las centrales sindicales, el dictamen correspondiente que debe emitir el Consejo de la Función Pública, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si los plazos demorarían mucho esta posible solución que yo me permito ofrecer, pero someto a su consideración, cuando menos, el estudio de, si es posible en función del tiempo, que publiquen ustedes ya el concurso con la relación de puestos de trabajo actualizada. Si la publicación del concurso con la relación de puestos de trabajo actualizada tuviera que demorarse más de un mes, en función de esos mecanismos de plazos, de consultas que hay que evacuar, entonces desdigo lo dicho y, señor Consejero, publiquen ustedes ya el concurso, porque es el único medio que va a permitir una base de partida medianamente estable y consolidada para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad, para, a partir de ahí, intentar en el futuro, año a año, en los plazos debidos, con el tiempo debido, hacer las cosas bien y llegar a la necesaria y urgente ordenación consolidada de la Función Pública de Castilla y León.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor Durán. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor González tiene la palabra.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, Señorías.

En primer lugar, hacer una alusión concreta al artículo 17 apartado 4 del Reglamento de la Cámara, en el que dice que "todo miembro de las Cortes que tenga interés directo en una cuestión que es objeto de debate en el Pleno, o en una Comisión, lo manifestará con anterioridad".

Yo soy funcionario de esta Comunidad Autónoma, por tanto el tema que se debate hoy aquí me interesa como tal funcionario e, inevitablemente, quiero hacer esa advertencia previa. Y entiéndase, a partir de este momento, mi intervención con el carácter de generalidad que quiero darle, aunque, a lo largo del mismo, haremos o haré alguna referencia concreta -dado que, además, la intervención del señor Consejero me ha dado pie para ello- a la relación... a la Consejería de Agricultura y yo creo que su influencia más o menos decisiva -yo diría que muy decisiva- en el retraso que en estos momentos tiene el concurso general de traslados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pero, repito, entiéndase mi intervención con el carácter de generalidad que yo quiero darle, haciendo abstracción de mi condición de funcionario, cosa que, por otro lado, no puedo evitar.

Dicho eso, una breve referencia simplemente a la intervención del Portavoz del Centro Democrático y Social, que ha manifestado el asistir con notable expectativa -yo creo que ha sido esa la palabra o la frase exacta- a la intervención del señor Consejero. La verdad es que siempre dice lo mismo; hoy no ha dicho, en cambio, lo del escrupuloso respeto a la capacidad de autoorganización administrativa...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Señor González, le agradecería que no entraran en diálogos que den motivo a diálogos cruzados entre Grupos, por favor.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Espero, señor Presidente, que cuando el Portavoz del Grupo que me preceda en el uso de la palabra aluda, como reiteradamente se hace en todas las Comisiones, a la intervención del anterior Portavoz y no a la intervención del señor Consejero, mantenga usted el mismo rigor -que yo acepto, por supuesto- que en estos momentos; porque, si no, yo me veré obligado a manifestarle, señor Presidente, que aplica a distintos raseros; siento decírselo.

Dicho eso, suspendo mi alusión, además sin ningún espíritu, por supuesto, de entrar en polémica con el Portavoz del Centro Democrático y Social, e inicio el fondo de la cuestión.

Voy a decir, primero, más bien en lo que yo estoy de acuerdo con lo que el señor Consejero ha dicho, que son en bastantes cosas. Yo creo que el concurso general de traslados de los funcionarios de esta Comunidad Autónoma es el final de un proceso de reestructuración de la Función Pública de Castilla y León. Por lo tanto, antes de llegar a este concurso, al que todavía no hemos llegado, como él mismo ha dicho, pues, se han dado una serie de pasos que evidentemente eran necesarios. En primer lugar se hizo una reestructuración orgánica -vamos a decir- de la estructura no sólo central, sino periférica o territorial de la Comunidad Autónoma, creando nuevas estructuras orgánicas de todas las Consejerías. Es más, yo recuerdo intervenciones de algunos de los Consejeros entonces, concretamente, porque mantengo una relación, por supuesto, más frecuente con él, del Consejero de Agricultura, en el que decía que había sido capaz de publicar una nueva estructura orgánica en un brevísimo plazo de tiempo, y que nosotros habíamos tardado -el anterior Gobierno Regional, me refiero- mucho más tiempo en publicarlo. Y yo le he dicho en sucesivas intervenciones que no debería haberse dado tanta prisa y que la debería haber meditado más, porque resulta que por haber publicado una estructura orgánica, que la verdad es que no estaba ni él mismo muy seguro de que fuera la definitiva, ha tenido que modificarla, sustancial y sucesivamente, y nos ha metido en esta dinámica, de la cual sufrimos todos, de retraso en hacer el concurso.

Es más. Los Decretos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo del año ochenta y ocho, que si no me equivoco llevan los números 127, 129, 131, 133 y 135, de veintinueve de Junio del ochenta y ocho..., bueno, daban la relación de puestos de trabajo de todas las Consejerías, adaptadas a las estructuras orgánicas que en aquel momento se consideraba eran las definitivas. Y, como consecuencia de aquello, el entonces Consejero de Presidencia -no sé qué hará el nuevo, si es que hay nuevo alguna vez-, pues dictaba una Orden del seis de Julio de mil novecientos ochenta y ocho, en el cual decía textualmente: "La Consejería de Presidecia y Administración Territorial, por la que se dictan instrucciones en desarrollo de lo dispuesto en los Decretos 127, 129... -etcétera, etcétera- de Junio del ochenta y ocho, para realizar las adscripciones definitivas o provisionales de funcionarios a aquellas relaciones de puestos de trabajo y servir de base al nuevo concurso". Porque, no sólo es necesario tener una estructura orgánica y una relación de puestos de trabajo, sino que es necesario integrar a los funcionarios en esa nueva estructura orgánica, en esa nueva relación de puestos de trabajo, para determinar así lo más importante, tal vez, o la más importante de las bases de un concurso de traslados, que es aquello a lo que hay que concursar; y aquello a lo que hay que concursar son, fundamentalmente, las plazas que por estar en régimen vacantes o por estar en posesión de funcionarios que no la ocupan definitivamente tienen que salir a concurso. Aquella Orden de la Consejería de Presidencia daba, precisamente, instrucciones concretas a las diversas Consejerías para hacer las adscripciones de funcionarios.

Bueno, yo creo que se podría haber hecho con aquellos criterios una adscripción, provisional o definitiva, de cada funcionario en su puesto de trabajo mucho más rápida de lo que se ha hecho. Estoy de acuerdo con el señor Durán -por lo tanto, al estar de acuerdo, no es ningún intento de entrar en discusión- en que se podía haber empezado a trabajar sobre lo que se está trabajando ahora a raíz de Junio, posiblemente, del año ochenta y ocho. ¿Por qué no se ha hecho? Yo creo, sinceramente, porque en Septiembre del año ochenta y ocho se firma un acuerdo..., la Junta, concretamente un representante de la Consejería de Presidencia, con las Centrales Sindicales, en el que dice que bien, que las relaciones de puestos de trabajo están bien, menos la de la Consejería de Agricultura, que se ha hecho fuera de los criterios generales de la Junta, que no se adapta a los mismos criterios generales y que tiene que ser objeto de una profunda reestructuración, no sólo la relación de puestos de trabajo, sino la estructura orgánica de la propia Consejería.

Yo creo que es entonces cuando aparecen las sucesivas estructuras orgánicas de Agricultura a finales del ochenta y ocho, y, por fin, aparece una nueva relación de puestos de trabajo de Agricultura, publicada recientemente, recientemente -no recuerdo exactamente la fecha-, yo creo que alrededor del veintisiete de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve, la cual, en la parte expositiva del Decreto, no en lo que es la propia y estricta relación de puestos de trabajo, se dicen cosas curiosas, como, por ejemplo, que entra en vigor al día siguiente de su publicación, salvo en los efectos económicos, en lo cual estará en vigor la del ochenta y ocho. Yo creo que ésta que se publica el veintisiete de Marzo es la del ochenta y ocho, de la Consejería de Agricultura, no es lo del ochenta y nueve, porque, si no, se podría producir una situación absolutamente... yo creo que poco deseable. Y es que hay una serie de Consejerías que sacan su relación de puestos de trabajo del ochenta y ocho, por la cual, según el Consejero ha dicho, se va a hacer por razones de agilidad el concurso y, sin embargo, la de Agricultura se va a hacer en la del ochenta y nueve, salvo -repito- que del texto del Decreto se deduzca que la del ochenta y nueve es exactamente la del ochenta y ocho, y que la del ochenta y nueve de Agricultura no está publicada. Pero lo que sí es cierto que, al entrar en vigor al día siguiente de su publicación, en estos momentos, en Agricultura -y lamento centrarme alguna vez más en Agricultura, porque yo creo que es un poco el resumen de los errores posibles que haya en todo este proceso-, en estos momentos hay una estructura orgánica en funcionamiento, con una relación de puestos de trabajo aprobada, que sin embargo no existe en la realidad. Y se siguen dictando y firmando actos administrativos desde puestos que no existen, como, por ejemplo, Secciones que han desaparecido, etcétera, etcétera, y que van a producir y de hecho están produciendo en aquellos avispados recurrentes, recursos, en el sentido de nulidad de pleno derecho de Disposiciones que se están dictando en estos momentos, porque está en vigor una relación de puestos de trabajo y una estructura orgánica que no está cubierta. Y se siguen dictando Ordenes y se siguen dictando Disposiciones con firma de estructura orgánica del ochenta y ocho que, según el propio Decreto, está derogada salvo a efectos económicos.

Por lo tanto, yo creo que eso resume un poco la situación, yo creo que en estos momentos ciertamente caótica, de la Administración Regional, centrándonos en un problema que va a crear problemas con responsabilidades incluso, por inexistencia de órganos que a su vez dictan resoluciones y, a su vez, por la inexistencia del órgano que las dicta, yo creo que son absolutamente nulas.

Dicho todo eso, yo creo que... estamos en principios de Mayo del ochenta y nueve y tampoco yo veo razón para que no estén publicadas las relaciones de puestos de trabajo del ochenta y nueve, que, obviamente y en muchas de las Consejerías, y no habiendo dudas sobre cuál es la estructura orgánica definitiva que va a existir, obviamente podrían ser muy similares a las del ochenta y ocho. Y realizar el concurso de traslados, no sólo por el ochenta y ocho, no por las relaciones de puestos de trabajo del ochenta y ocho, sino por las definitivas durante un año del ochenta y nueve. Pero yo entiendo que las relaciones de puestos de trabajo llegan a un grado de madurez que a lo largo de los años pueden llegar a una estabilización casi total.

Por lo tanto, yo creo que el proceso ha sido lento; podía estar iniciado desde el año ochenta y ocho, a raíz de las publicaciones de relaciones de puestos de trabajo, y si no está hecho, a mi juicio, es porque ha habido un área que en este tema ha demostrado una ineficacia que nos ha llevado a un retraso de nueve meses en una cuestión que afecta, no sólo a los funcinarios de agricultura, sino a los funcionarios de la Comunidad Autónoma. Y, como tal y en representación de todos, se pidió la comparecencia del Consejero de Presidencia.

Por lo tanto, esas creo yo que son las razones de fondo del retraso en la cuestión.

Bueno, como yo esta Orden del seis de Julio del ochenta y ocho -y es una pregunta que aprovecho la exposición para formularle para que me responda después-, de seis de Julio del ochenta y ocho, que afectaba a los Decretos 127, 29, 33 y 35, y yo no conozco ninguna Orden similar que haya afectado o que sirva de criterios para el Decreto de veintisiete de Marzo, concretamente el 30/1989, de Agricultura, damos por supuesto que el concurso... la determinación de las vacantes y la determinación de plazas a concursar de la Consejería de Agricultura se regirá por algo parecido, en el fondo, a esto, aunque exactamente no sea esto, porque no me explico cómo dos normas, una anterior en el tiempo puede afectar a una posterior. Pero, vamos, suponemos que el espíritu sería el mismo y, por lo tanto, editar una sería exactamente igual.

Pues, tengo que decir que los funcionarios de esta Comunidad Autónoma han recibido, no en Febrero, como el señor Consejero ha dicho -debe estar mal informado-, sino alguno que lo habrá recibido en Febrero, posiblemente otros antes y otros después, otros, incluso, pues, el veintitantos de Marzo, pues, una comunicación, una extraña comunicación de los Jefes de Servicio de asuntos generales de cada una de las Secretarías Generales de las Consejerías, en las que se les comunica que, a efectos del concurso que se les avecina -no dice que se les avecina, eso lo digo yo-, que se convoque, pues, le comunican su situación funcionarial a esos efectos.

Bien, ahí es donde entran en juego estos criterios. Todas las Consejerías debían haber utilizado estos criterios para hacer esas adscripciones definitivas o provisionales y determinar la base del concurso más importante, que es qué plazas salen al concurso, que, en definitiva, es lo que a los funcionarios de esta Comunidad Autónoma les interesa saber.

Bueno, pues, de eso, nada. Los criterios han sido dispares, unas Consejerías los han seguido de una manera, otras Consejerías los han seguido de otra. Yo creo que los criterios estaban bastante claros; luego, lo que ha habido es no sé qué: una descoordinación que, bueno, yo creo que puede afectar gravemente al futuro del concurso, porque, inevitablemente, va a originar, en defensa de situaciones particulares a las que antes ha aludido el señor Consejero referentes a otra situación, yo creo que los veterinarios, como achacándole la culpa de que un interés particular haya paralizado un proceso global... Yo creo que en los concursos de traslado cada funcionario tiene sus intereses particulares legítimos, que defiende por las vías que corresponde. Si un interés particular detiene un proceso de estas características, posiblemente, es que el proceso está mal hecho, posiblemente es que el proceso está mal hecho.

Dicho eso, digo que se dan circunstancias absolutamente peregrinas. Me van a perdonar que vuelva a insistir en agricultura; pero en este caso es exactamente igual que en las demás. Por ejemplo: nueva estructura orgánica de agricultura. Y por ejemplo, a nivel periférico, a nivel territorial -para que nos entendamos todos, porque yo creo que así nos entendemos mejor-, el antiguo IRYDA se transforma en cuatro IRYDAs, cuatro secciones territoriales; una sección se va a encargar... Antes el IRYDA en el momento de la transferencia se encargaba de todo lo que se refería a las estructuras agrarias: concentración parcelaria, obras y servicios y auxilios económicos. Por lo tanto, un funcionario del IRYDA transferido, entre sus diversos cometidos, pues, tenía el hacer concentración parcelaria, si tenía mala suerte, pero también llevaba obras, pero también llevaba auxilios económicos y también visitaba una explotación de un agricultor y también decidía si una ayuda se le daba o no se le daba, en función de las características técnicas de la ayuda.

Bueno. Pues, sin embargo, el Secretario General, el Jefe del Servicio de Asuntos Generales, para ser más exactos, de la Consejería de Agricultura ha hecho adscripciones definitivas, con carácter definitivo, a los funcionarios transferidos del antiguo IRYDA a las nuevas secciones, por supuesto sin preguntarles su opinión, y, por supuesto, pues, no sé por qué criterios -posiblemente, como diría un cristiano, inescrutables-, pues, ha decidido que un funcionario, el que sea, se le adscribe a concentración parcelaria, con lo cual ya no puede hacer ni obras ni auxilios; o a otro se le adscribe a obras, con lo cual, podría ser un enamorado de la concentración parcelaria y ya no la va a poder hacer; o se le adscribe a auxilios económicos, con lo cual ya no va a poder hacer ni obras ni concentración parcelaria. Con lo cual, un funcionario que fue transferido en unas circunstancias y de una manera concreta, pues, resulta que por una adscripción con carácter definitivo, decidida, al parecer, por un Secretario General, lo cual comunica un Jefe de Servicio, bueno, pues, se encuentra limitado en el mejor de los casos a la tercera parte, y, además, en el peor de los casos a la tercera parte que no le gustaba, que no le gustaba, de sus funciones originarias en el momento de la transferencia.

Pero no sólo es en IRYDA. Es en el antiguo ICONA y es en todas las secciones que han sufrido desdoblamientos.

Y podemos ir más arriba. Por ejemplo, un funcionario que fuera transferido como Jefe de Sección -ya que hemos cogido el IRYDA, pues, sigamos con el IRYDA- del IRYDA, entre las funciones de su sección estaba también la de ser Jefe de la Sección de Concentración Parcelaria, de Obras y Mejoras Territoriales y de Auxilios Económicos. Porque todas esas funciones estaban dentro de esa Sección. Ahora han sido adscritos, también con carácter definitivo, a una de esas tres partes, con lo cual es un Jefe de Sección al tercio -que yo llamo-; o sea, sólo podrá dedicarse a la concentración parcelaria si ha tenido mala suerte, repito; o sólo podrá dedicarse a las obras y mejoras territoriales, o sólo podrá dedicarse a los auxilios económicos; eso sí, coordinado por un coordinador que no figura en la estructura orgánica, puesto... no sé lo que es eso, no sé qué es un puesto no de estructura, pero sí en la relación de puestos de trabajo y que tienen funciones de coordinación, y que podría ser el equivalente a los antiguos o transferidos Jefes de Sección.

Bueno, pues, como esto, en Agricultura y en otras Consejerías, en muchas, hay muchos casos. Lo cual, a mi juicio y a juicio de mi Grupo, incurre en una cuestión, y es que no cumple un principio que a nosotros nos parece que debía ser general en el concurso, y es que toda plaza de nueva creación, y puede ser de nueva creación porque se llame de distinta manera -cosa que no tendría importancia si las funciones fueran las mismas-, pero, más bien, porque tenga distintas funciones que la anterior, debe o debería salir a concurso. Porque si no, se pueden dar situaciones de esas características; es más, podría suceder que uno de esos adscritos definitivamente no concurse porque se encuentre a gusto en esa adscripción definitiva que se le ha hecho, por supuesto -repito- con esos criterios más abstrusos, y esa plaza que ocupa ese funcionario, que sin embargo es nueva y que sin embargo le podía interesar a otro, no salga a concurso porque está ocupada definitivamente. Y eso puede afectar no sólo al funcionario que ha sido adscrito definitivamente a esa plaza, sino a cualquier otro que no puede optar a esa plaza porque el adscrito definitivo, pues, se encuentra a gusto.

Repito, los que han sido adscritos a plazas que no les gusten, ésos van a concursar seguro; seguro, si entre las dos mil ochocientas plazas que van a salir a concurso están las que a él le interesa concursar, que a lo mejor están cubiertas, a su vez, por otros definitivos, que sólo saldrá a resultas, etcétera, etcétera.

Con lo cual, al final, pues, como casi todos los definitivos van a concursar a alguna de las dos mil ochocientas plazas que van a salir, según la cifra que nos ha dado el señor Consejero, pues, posiblemente, casi todos los dos mil ochocientos que tuvieran obligación de concursar porque están en situación de obligación de concursar, pues, se van a encontrar con que estarán a resultas de lo que... van a encontrarse con que no van a poder optar a muchas de sus plazas, a las que hubieran preferido.

Yo creo que ese proceso es un proceso que debería de replantearse seriamente, y es que, como criterio general, toda plaza de nueva creación tenga que salir a concurso. Porque no hay otra forma de cubrirla, no hay otra forma de cubrirla. Se puede cubrir por adscripción provisional, pero, evidentemente, la adscripción provisional daría lugar a que salga a concurso. Por lo tanto, todas las plazas de nueva creación -y son plazas de nueva creación aquéllas cuyas funciones sean distintas, sustancialmente distintas, diría yo, a las que figuraban en los Decretos de Transferencias o aquéllas en las que fueron transferidos los funcionarios- tienen o deberían tener que salir a concurso.

Eso lo único que pasaría, el único problema que tiene eso es que en lugar de salir dos mil ochocientas plazas van a salir seis mil, no más. Pero es muy sencillo, no tiene mayores problemas. Y eso está dando lugar a un aluvión de recursos contra esas notificaciones; lo cual esos quince días que dan, pues, van a alargarse porque va a haber que resolver los recursos, y estamos otra vez inmersos en los nuevos retrasos, y yo creo que, a veces, los retrasos, cuando son muy grandes, señor Consejero, no es sólo porque los funcionarios defiendan intereses más o menos legítimos o no, sino porque -repito- las bases del concurso están mal hechas.

Eso es, un poco, el problema de la concentración parcelaria. Cuando las cosas se hacen mal, la concentración sale mal. Porque si donde ponía "primera" es "tercera", y donde ponía "tercera" es "quinta", pues, al que se le dé tercera como quinta y primera como tercera, o tercera como primera, pues, no le gusta. Bueno, pues, ése es el problema que puede surgir con este concurso, a nuestro juicio, a nuestro juicio. Y todavía estamos perfectamente... en un momento de subsanar esa posible deficiencia.

El otro tema que preocupa a nuestro Grupo es el de las adscripciones provisionales que en estos momentos existen. Existe una Moción, aprobada ya por la Cámara, en la que dice que las adscripciones provisionales que signifiquen diferencias de nivel entre puesto de origen y el punto de destino no son valorables a efectos de concurso.

Posiblemente, habría, a nuestro juicio -y en ese sentido hemos tomado una iniciativa-, que ampliar la no validez a efectos de concurso, no sólo a las adscripciones provisionales cuando existe diferencia de punto de nivel entre origen y destino, sino en todos los casos, en todos los casos.

La verdad es que en ese tema nos gustaría hacer un seguimiento meticuloso y nos gustaría, incluso, que el Consejero ampliara una de las informaciones que ha dado, sobre la que ha pasado un poco de puntillas, y es avanzarnos, si es posible -y yo creo que sí sería posible-, un poco el contenido del Decreto que se está preparando sobre la Comisión de Seguimiento del Concurso; Comisión que, como todos sabemos, está formada por un número de miembros de la Administración... Yo creo que, si no recuerdo mal, su Presidente era el Director General de la Función Pública; tenía un número de Vocales que estaban nombrados... uno por Consejería, nombrados por el Secretario General; y después había cuatro representantes de las Centrales Sindicales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Señor González, le agradecería fuera terminando.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Sí, señor Presidente. Lo que pasa es que el tema es un tema extraordinariamente importante, que afecta a catorce mil funcionarios de esta Comunidad Autónoma, no sólo a los dos mil ochocientos; y, por tanto, dada la importancia de la cuestión, le agradecería, señor Presidente, que fuera condescendiente con la longitud de mi exposición. Pero voy a acabar enseguida.

Repito, nos preocupa extraordinariamente las adscripciones provisionales y nos preocupa extraordinariamente el carácter de ese órgano de decisión, puesto que va a decidir la valoración de los méritos de los concursantes; y ahí, a mi juicio -y eso, desde luego, está reñido con la transparencia a la que el señor Consejero hacía alusión antes- es una Comisión dominada por representantes de la Administración Autónoma, y, además, no existen -y a lo mejor existen en ese Decreto que el señor Consejero nos puede avanzar- criterios objetivos para que los representantes de la Administración estén decididos también con criterios objetivos y no con criterios de que cada Secretario General nombre a la persona que le guste más, le apetezca más o le parezca mejor.

Esos son los tres puntos -repito- en los que nosotros vamos a hacer especial hincapié a lo largo de los próximos meses. De cualquier manera -y el punto previo es, tal vez, el más conflictivo-, se están haciendo adscripciones con carácter definitivo a puestos nuevos en las estructuras orgánicas, lo cual, a mi juicio... -y, posiblemente, bueno, los recursos que contra esa cuestión se planteen van a tener éxito-, posiblemente, repito, fuera mejor tomar -y en eso tiene la Junta toda nuestra colaboración- el toro por los cuernos y sacar a concurso todas aquellas plazas que, realmente, sean plazas de nueva creación en las relaciones de puestos de trabajo que en estos momentos están en vigor.

Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor González. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mañueco.

EL SEÑOR MAÑUECO ALONSO:

Gracias, señor Presidente. Nosotros queremos agradecer al señor Consejero su comparecencia para este importante informe que ha hecho en la mañana de hoy.

Y decir que, bueno, pues, en la situación que se encontraba el funcionariado de esta Comunidad y la urgente necesidad que teníamos de organizarlo y reorganizarlo de una forma definitiva, al servicio de la Comunidad y no los Gobiernos de la Comunidad, llevaba todos estos estudios y todos estos planteamientos. Y que además también entendemos que las presiones y las peticiones de urgencia, pues, muchas veces están motivadas para que... se evite la eficacia, de la ocupación del tiempo necesario para hacer las cosas bien.

Estamos yo creo que en el final de esa estructuración, y que, lógicamente, respetando y entendiendo cuantos recursos en defensa de los derechos y de los intereses de cada uno de los funcionarios que se plantean, creemos que hay un asentimiento y un conocimiento suficiente de cómo va a quedar. Que también el que se permitan todo ese tipo de recursos en base a los derechos y las posibilidades, es positivo no haberlo hecho de una forma en la que se hubiera tratado de imponer un criterio suficiente en cuanto a la adscripción de funcionarios que hubiera evitado esa posibilidad de movilidad en beneficio del mejor funcionamiento de la Administración.

Llegado a este momento, y con este gran trabajo desarrollado, yo creo que lo importante es que se sigan haciendo las cosas bien, y que se sigan haciendo las cosas con rigor, porque si es cierto que ha habido manifestaciones por parte de sectores y de funcionarios adscritos a distintas Consejerías, que ya no sería tan importante la rigurosidad como el tiempo que se iba a consumir en ello, eso creo que es signo positivo y de agradecer al Consejero, porque es una muestra de confianza de que las cosas se están haciendo bien. Si no se hubieran estado haciendo con ese rigor, lógicamente, se pediría primero la rigurosidad para evitar agravios comparativos, y después el menor espacio de tiempo posible.

Nosotros creemos que con la publicación de este concurso de traslado y las posibilidades que en él tienen, de que cada uno de los funcionarios puedan optar a aquello en lo que creen que pueden ser más rentables a la Administración, dentro de su escala correspondiente, pues, también ha de redundar en beneficio del mejor funcionamiento de esta nuestra Administración Regional.

Que entendemos y compartimos las urgencias que se manifiestan, no solamente por determinados funcionarios, sino también por los Grupos de la Oposición, porque, lógicamente, en ello está el ver la capacidad de reacción y de acción del Gobierno. Pero que no importa demasiado el tiempo empleado y lo que queda por emplear, entendiendo que son los márgenes bastante normales, si con ello lo que se consigue es crear una situación estable y definitiva para que cada uno de los funcionarios -esté al frente de la Administración quien esté- sepa cuáles son sus posibilidades y cuáles son las posibilidades de ese organigrama administrativo.

Nos agrada el que se hagan exposiciones, por los compañeros de otros Grupos, con la claridad y la suficiencia de datos tan importante que se dan, a la vez que lamentamos el que todos esos conocimientos y esos hechos positivos no se hubieran puesto a disposición de la Cámara en ocasiones anteriores, para haber podido encontrar de una forma más asentada y más definitiva, con menos situaciones de eventualidad, muchos de los departamentos, secciones, que existen en la Consejería y que tuvo que tratar de resolver o afrontar el Gobierno Popular.

Por consiguiente, decirle que esperamos que se siga en la misma línea de trabajo, que mientras se vaya en esta línea de trabajo de eficacia, de rigurosidad, y de ocupación del menor tiempo posible, lógicamente, el Grupo Popular compartirá y apoyará las directrices que se lleven a cabo desde esta Consejería y desde el resto de las Consejerías que forman el Gobierno.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor Mañueco. El señor Consejero tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ):

Gracias, señor Presidente.

Bien, en relación con la primera de las intervenciones producidas, la del señor Durán -como Portavoz del Grupo del CDS-, lo primero que tengo que decirle es que, por supuesto, he calificado la situación de conflictiva, lo reconocía en anteriores comparecencias, y creo que es obligado reconocerlo. Y para mí el conflicto básico, no hay ninguna duda, es el que se crea entre los intereses legítimos de funcionarios y los intereses de, en este caso, no ya del Gobierno, sino de la propia Administración y de, al final, los ciudadanos que soportan o soportamos todo el aparato de gobierno y todo el aparato administrativo.

Creo que son fundamentalmente los conflictos que pueden plantearse y que yo definía como esos criterios funcionales, o esos criterios funcionariales.

Insisto en que a nosotros nos hubiese gustado encontrar una situación de partida distinta, bajo cualquier punto de vista. Haber podido encontrar unas relaciones de puestos de trabajo ya confeccionadas, o, sencillamente, más asequible, que se hubiese producido algún modelo de concurso por parte de alguna administración. Y creo que aquí se puede hablar de la responsabilidad de las Administraciones que definieron... y tanto en la Ley 23, como en su posterior revisión de la Ley 4, como la Ley 23, se dice, se insiste, que el concurso es el sistema normal de previsión de puestos. ¿Cuáles son las realidades? Lo saben ustedes como yo: treinta y cinco mil libres designaciones, a escala nacional. Hombre, ¿qué significa eso? Pues, significa, como usted bien sabe, que son treinta y cinco mil situaciones de precariedad, puesto que la libre designación también comporta una mayor facilidad de remoción, una mayor inestabilidad. Podía haber sido ése nuestro criterio, sencillamente diciendo: ¡hombre!, otros lo hacen, adelante.

Yo lo que quiero, insisto, y he tratado de expresar, es que lo normal sea lo normal. Y nos hubiese encantado guiarnos, pues, por precedentes, ya digo, de índole autonómica. Como bien sabe el representante, el Portavoz del CDS, este proceso en otras Comunidades Autónomas aún no se ha iniciado; yo no quiero presumir de lo que estemos haciendo bien, pero en otras Comunidades Autónomas, en las que sin duda también ustedes comparten responsabilidades, tienen la principal responsabilidad, no se ha iniciado. Es un tema difícil. Y es un tema en el que se acude -y creo que no puede ser de otra forma- a la buena voluntad de todos los que pueden y deben opinar sobre ello: funcionarios, grupos políticos y el criterio de la propia Administración. Por eso se acude a ellos, porque es un tema realmente complejo, por dimensión y por base legal.

Usted sabe, señor González, que hay multitud de aspectos que debían de haber sido desarrollados reglamentariamente, porque así lo preveían las leyes marco, leyes básicas por las que hemos de regirnos, que no se ha producido dicha reglamentación. Que vamos a correr riesgos, evidentemente, evidentemente; vamos a correr riesgos. Le insisto: la falta de precedentes se hace especialmente acusada en esa materia.

Pero sí que coincidimos en la cuestión que usted no ha querido entrar, en la cuestión de fondo: es necesario o no es necesario, es urgente o no es urgente la celebración un concurso de funcionarios. Yo comprendo que a usted, quizás por su gran conocimiento técnico, los árboles no le han dejado ver el bosque; usted se ha centrado en la anécdota agraria, o en la anécdota forestal, y no ha querido decirnos si, efectivamente, está de acuerdo en la cuestión final. Y no nos ha querido decir si está de acuerdo o no en colaborar a que este proceso pueda llevarse a buen término. Que, insisto, la cuestión de fondo es si es necesario, si es urgente celebrar ese primer concurso que dote de estabilidad a los funcionarios de Castilla y León. Esa es la cuestión de fondo que yo he creído entender, y por la cual comparezco gustosamente ante la Cámara.

El concurso, evidentemente, no puede hacerse -y con eso creo dar respuesta a los anteriores, a los que han intervenido- ni al margen ni en contra de los funcionarios, pero tampoco puede hacerse sólo para el particular interés, supongo que legítimo interés, y entiendo legítimo interés, de los funcionarios.

Cuando se han centrado las cuestiones de qué supondría el actuar, no sobre la relación de puestos de trabajo del año ochenta y ocho con la adaptación que ha supuesto en el caso de agricultura la recientemente incorporada, sino sobre la nueva del ochenta y nueve, puedo asegurarle que si se dan todos los pasos ordenadamente, esto es, si se mantiene el necesario nivel y extensión de diálogo con las organizaciones sindicales, y se van cumpliendo los pasos que ya le he comentado, información pormenorizada a los funcionarios, estudio detallado de los méritos afectos a cada puesto, estaríamos en un retraso superior en cualquier caso a seis u ocho meses. Creo que eso es lo que se tuvo en cuenta en aquel momento para poder, realmente, decidir por qué se trabajaba sobre esta otra base.

No es mi ánimo ciertamente debatir lo que ya ha sido debatido en esta misma Cámara, aunque en otra Comisión, como entiendo que ha sido debatida suficientemente, deduzco de sus palabras, en la Comisión de Agricultura. Decía que podía haber habido criterios inescrutables. Pues, no, no ha habido criterios inescrutables. Son los criterios, creo, más claros los derivados de la jurisprudencia existente. Cuando un funcionario fue transferido afecto a un puesto y dicho puesto se entiende que no ha tenido modificaciones sustanciales, sino, a lo sumo, modificaciones parciales en su propia denominación, se entiende, se entiende que sigue siendo para ese funcionario un derecho el ejercer ese puesto con el cual o para el cual fue trasferido. Eso no es inescrutable. Eso es bastante simple, al menos en la opinión de la mayor parte de los jueces que han tenido que dirimir esta cuestión. Ese es el criterio que se ha seguido.

Entonces, ¿que se ha anticipado para evitar que hubiese una situación de directamente conflictividad, que a lo mejor son las que interesan si el objetivo es retrasar el concurso? Se ha optado por seguir lo que ya existía. Cuando ..... existe una multiplicidad de criterios coincidentes; si el puesto transferido no ha sido sustancialmente modificado, debe entenderse ocupado de forma definitiva, puesto que ya estaba provisto de forma definitiva en la Administración Central. No creo que eso sea inescrutable, yo al menos no me atrevería a calificarlo de inescrutable.

Yo sí que tengo que hacer una reflexión, si todo esto es tan sencillo, como en algún momento usted ha querido insinuar, pues, ¿por qué no se ha hecho? Creo que ha habido margen. Creo que ha habido un margen importante. Ha habido margen para poder elaborar las relaciones de puestos de trabajo, ha habido margen porque se han elaborado precisamente las normas de carácter básico que afectan esta cuestión, esas normas, pues, ¿por qué no se ha hecho? ....Si es la gran reflexión. Yo estoy hablándole de la dificultad que encuentro. Yo sí que tengo que hablar de la dificultad, y tengo que reconocer que es un tema que debe afrontarse, ya digo, ni al margen ni contra lo funcionarios, en colaboración, en diálogo. Que luego que se ha aplicado y que se ha retrasado, usted sabe que uno de los motivos fundamentales de que las relaciones de puesto de trabajo hayan podido retrasarse es que sí que se ha querido dar participación a los representantes de los funcionarios. Podían haberse hecho de otra forma, podían haberse hecho de otra forma. Lo que no se puede pedir simultáneamente es una gran cantidad e intensidad de diálogo y una gran celeridad; eso son dos cuestiones absolutamente incompatibles.

¿Dónde estamos? A la búsqueda de ese punto de equilibrio necesario para resolver la cuestión, que no perdamos nunca de vista, que es la cuestión de fondo, la necesidad de un concurso que estabilice profesionalmente a nuestra Administración y que permita dotarla de una mayor eficacia y de una mayor capacidad de trabajo a los ciudadanos. En ese punto es en el que nos movemos.

Respecto a la Comisión de Valoración, las principales claves usted las ha incluido: hay representación de las organizaciones sindicales, hay representación de la Administración. Y sí que quisiera decirle una cosa, que quizás usted ha hecho un planteamiento en el que espero que no le haya traicionado el subconsciente, ¿usted cómo... si se va a hacer esto de otra forma? Se va a hacer, insisto, garantizando la participación. Pero cuando uno lee el artículo 103 de nuestra Constitución, descubre que la Administración no está al servicio exclusivo de nadie. Yo cuando digo exclusivo es ni del Gobierno, ni de los funcionarios, sino de la sociedad. Y, en este caso, usted sabe que de esa lectura se desprenden criterios muy claros para poder elaborar esta u otras comisiones análogas en las que debe dirimirse y debe arbitrarse esa situación de conflicto a la que hacía alusión en el punto anterior.

En relación con otro aspecto concreto, sí que se ha contemplado en los documentos que trabajamos la posibilidad de los concursos de resultas. Y sí que se va a flexibilizar, le anticipo, una norma, de las pocas que no es básica, que es el apartado f) del artículo 20, de las pocas que impide la participación en concurso en el plazo de dos años. Nosotros somos conscientes de que este concurso, que es el primero, que es excepcional bajo cualquier punto de vista, pueda dar lugar a un problema. No queremos crear situaciones irreversibles a ningún funcionario y, en consecuencia, estamos dispuestos a flexibilizar la participación en un segundo concurso. Usted entenderá que parece lógico. Y, ya digo, en uno de los escasos márgenes que nos dejan ciertas normativas magníficas sobre el papel y que ni sus propios autores han sido capaces de afrontarlo. Aquí se está afrontando ese riesgo y ese reto.

Y, nuevamente, creo que una de las claves para que pueda esto llegar a buen puerto, es una colaboración abierta, es la que nosotros pedimos al resto de los Grupos, y, por supuesto, a los representantes de los funcionarios de nuestra Comunidad Autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR DE MIGUEL HUERTA):

Gracias, señor Consejero. Terminado el turno de Portavoces, se procede a la apertura del turno de formulación de preguntas de los señores Procuradores. Para ello, el señor Portavoz del CDS.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Presidente. Yo no sé si es habitual... disculpas... (por lo menos en otras Comisiones lo es, yo a la de Presidencia asisto poco) el que haya un turno de réplica a la intervención del señor Consejero. En otras Comisiones es habitual y además entiendo que en un debate de estas características podía haber un turno de réplica antes de entrar en el turno de preguntas concretas.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Sí. Señor Presidente, mi Grupo Parlamentario estima que no ha empezado todavía el turno de preguntas de los Portavoces... de los Procuradores de la Comisión, sino que estamos en el turno de réplica por parte de los Portavoces.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR DE MIGUEL HUERTA):

De acuerdo. Pero yo había hecho uso del papelito que me había dejado aquí la Asesoría Jurídica y por ello lo había hecho. Perdonen. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Sí. Lamento la ausencia, pero he tenido que ir a hacer una llamada telefónica. La norma habitual en esta Comisión, por lo menos, es que haya siempre un turno de réplica.

Esta en el uso de la palabra el señor Durán.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Bien. Señor Presidente, en el turno de réplica al señor Consejero, que no va a ser por nuestra parte de réplica "sensu stricto", sino, pues, de completar de alguna manera exposiciones anteriores intentando recoger el guante que el señor Consejero nos ha echado en el sentido de buscar la colaboración. Creo sinceramente que el tema de la Función Pública exige un gran esfuerzo de colaboración por parte de todos los en ellos implicados: la Administración, las centrales sindicales, los funcionarios en ella representados y los grupos políticos. Tenga la seguridad de que la colaboración de nuestro Grupo Parlamentario no le va a faltar y creo que no le ha faltado nunca. Hemos expuesto reiteradamente lo que podían constituir nuestras opiniones al respecto con el mejor espíritu de seriedad, de rigor y de colaboración constructiva a la ordenación de una Función Pública que nos debe ser común.

Usted, acertadamente, ha dicho algo que se viene diciendo desde los tiempos del Estatuto de Bravo Murillo, que es que la Función Pública es tal que los funcionarios están al servicio de la Función Pública y no la Función Pública al servicio de los funcionarios. Y es cierto. Este es un principio elemental, éste es un principio básico que ha de regir a la Función Pública. Pero en las relaciones de la Administración con los funcionarios ha de regir el principio del derecho sobre la arbitrariedad; de alguna manera, de alguna manera, buena parte de los lodos que recogemos hoy son los barros anteriores en que la arbitrariedad primó en la ordenación de la Función Pública sobre el principio elemental del derecho.

Bueno. Dicho esto, y reiterándole, como lo he dicho en alguna ocasión, que tiene usted nuestra simpatía y la comprensión hacia el difícil problema que tiene encima, como la tienen y la han tenido los Consejeros de Presidencia anteriores y, por supuesto, lo tendrán también los futuros, si es que los hay, dicho esto, yo sí quisiera que usted considerara lo que, no sé si acertadamente, expuse en mi intervención anterior y que luego don Jaime González, de alguna manera, ratificó sumándose a ello, y es que estudien la posible conveniencia, si es posible, es decir, yo lo hago con todas las matizaciones del tiempo, forma y lugar, que no ignoro que hay unos plazos, que no ignoro que existen unos trámites para poder realizar lo que les solicito que considere, que es el de acumular en un único concurso la relación de puestos de trabajo anterior con la relación de puestos de trabajo que ya está, según nuestras referencias, prácticamente ultimada y elaborada, a falta, según nuestras referencias, de trámites cortos y breves. Si eso fuera así... Es decir, mire usted, por citar fechas concretas: si fuera posible que en el mes de Mayo tuvieran ustedes actualizada la relación de puestos de trabajo, nuestro Grupo Parlamentario se inclinaría porque, simultáneamente -que es algo que puede hacerse-, o prácticamente simultáneamente se realizara el concurso definitivo... no definitivo, claro, definitivo en este proceso. Si eso no es posible, es decir, si, digamos por cuestión de plazos y de trámites la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo conllevara un tiempo superior a un mes, nuestra posición de colaboración, y a pesar de todas las deficiencias que tiene la relación de puestos de trabajo del ochenta y ocho, que se han señalado aquí, a pesar de todas las deficiencias que, desde nuestro punto de vista, tiene el Decreto que regula el concurso que deba convocarse, a pesar de todo ello, creemos que debe ser urgente su convocatoria como paso previo para establecer esa base mínima, esa plataforma mínima de consolidación de puestos de trabajo que permita en un futuro inmediato, es decir, en la próxima relación de puestos de trabajo y en el próximo concurso, hacer las cosas mejor, de alguna manera, obviando los pintorescos ejemplos que el señor González nos ha expuesto -digo pintorescos en el sentido de situaciones por demás atípicas, extrañas-, referidas de manera muy concreta a la Consejería de Agricultura y que no debieran haberse producido. Es decir, yo he entendido perfectamente la argumentación del señor González y soy coincidente con ella, pero, de alguna manera, creo que ya todas estas situaciones y otras muchas que citaríamos en multitud de Consejerías, sin entrar en el personal sanitario, que también tiene una problemática muy compleja y muy complicada, pueden encontrar su plataforma mínima de solución -lo reiteramos una vez más y en eso somos coincidentes creo que los tres Grupos Parlamentarios aquí representados con la posición oficial de la Consejería de Presidencia- en la publicación y resolución urgente del concurso de provisión de puestos de trabajo.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor Durán. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor González, tiene la palabra.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, Señorías, muchas gracias. Mi intervención, que sí va a tener un sentido de contestación a la intervención del señor Consejero "sensu stricto" (yo creo que ese es el turno que nos corresponde en estos momentos y no otro), pues, incluso por alusiones, una referencia al Portavoz del CDS muy breve. Y es que ha calificado de pintorescas, no mi intervención, por supuesto, yo le he entendido, sino las situaciones que se dan. Yo le comunico que esas inactuaciones de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes son y tienen el carácter de generalizadas en la Consejería. Por lo tanto, eso afecta no a tres o cuatro, lo cual sería pintoresco, sino a mil o mil quinientos, lo cual deja de ser pintoresco para transformarse en una arbitrariedad.

Y como usted mismo dice que ha entendido perfectamente mi intervención en el sentido de que se limita a los funcionarios, se les asigna a lugares donde no fueron transferidos en ... nuevas, etcétera, etcétera, obvio, no merece la pena seguir insistiendo. Unicamente le aclaro que la actuación tiene el carácter de general, de general, en la Consejería.

Podía citar ejemplos concretos, incluso de miembros de esta Cámara que no soy yo, que no soy yo.

Dicho eso, sí quiero decir alguna cuestión sobre la intervención del señor Consejero que me preocupa.

Primero, esa contraposición que hace entre funcionario y ciudadano. Señor Consejero, no es bueno enfrentar al ciudadano contra el ciudadano, contra el funcionario. Los funcionarios son ciudadanos y, en el uso legítimo de sus derechos como trabajadores, reivindican, pugnan y pelean, en cada caso, con la Administración correspondiente. Véanse los ejemplos del 14-D, vean los ejemplos del 14-M, por cierto, desigualmente -pero eso hablaremos otro día- tratados por esta Administración, por esta Administración. Y hablaremos, y soy un funcionario, en este caso, directamente afectado. Por tanto, yo hablo de funcionario como trabajador que a su vez es ciudadano. Y, desde luego, la Administración está al servicio de los ciudadanos, incluidos los funcionarios, que son ciudadanos. Y, desde luego, ninguna Administración, ninguna empresa, y en este caso es una empresa, puede transgredir los derechos de los trabajadores como se está haciendo, en estos momentos, con carácter general en la Consejería de Agricultura y, según el señor Durán ha reconocido, en otras Consejerías.

Por tanto, no intento hacer prevalecer los intereses de los funcionarios, sino intento que se respete los derechos de los trabajadores, sin más. Yo supongo que el señor Consejero quiere lo mismo, casi seguro.

Después el señor Consejero tiene otra tendencia escapista, vamos a decirlo así, a hacer constantes referencias a lo que hacen mal otras Administraciones, por ejemplo, las libres designaciones a escala nacional, cita incluso la cifra exacta. Yo no voy a hacer un ejercicio de fe y no me lo voy a creer.

De cualquier manera, yo creo que eso tiene su foro, donde además está representado su Grupo, y allí lo debatirán claramente. Yo vengo aquí a debatir la situación de la Función Pública en esta Comunidad en este momento y, en concreto, del concurso general de funcionarios, que yo creo que es una cuestión importante.

Y después él ha dicho textualmente que comparece gustoso ante esta Cámara y me pide a mí y a mi Grupo otro ejercicio de fe. Yo no sé si comparece gustoso. Yo la verdad es que hubiera interpretado que comparecía gustoso si hubiera pedido él la comparecencia, o si la hubiera pedido hace seis meses, o hace dos meses o hace un mes, no recuerdo exactamente la fecha de su toma de posesión, justo inmediatamente después; incluso nos hubiera pedido esa colaboración en el concurso. No parece que sea el sistema adecuado para pedir colaboración el que tengamos que ser nosotros los que pidamos que venga usted a comparecer aquí para este tema y además tengamos que hacer gestiones para que una comparecencia que se estaba retrasando se agilice, que esas gestiones están hechas ante la Mesa de esta Cámara. No sé si lo sabía el señor Consejero; a lo mejor no lo sabía.

Dicho eso, me ha pedido como Portavoz del Grupo Socialista una declaración sobre el fondo de la cuestión, que es que si creemos o no que es necesario hacer un concurso. Voy a repetirla ...., porque yo creo que algún Procurador no se ha enterado: que si creemos o no el Grupo Socialista que es necesario hacer un concurso de funcionarios. Yo le voy a meter un adjetivo entre dos palabras de esa frase: el Grupo Socialista cree que es absolutamente necesario, imprescindible y urgente hacer un buen concurso de funcionarios. Por lo tanto, añadiendo esa palabra -que no dudo que será aceptada por el señor Consejero-, ahí tiene nuestra declaración: es necesario, urgente y ofrecemos nuestra colaboración para la realización de un buen concurso de funcionarios.

Usted se lo puede creer o no, señor Consejero, pero los criterios de adscripciones que se han seguido en algunas Consejerías son inescrutables. ¿Por qué se ha decidido que determinados funcionarios vayan a una, otra sección de una antigua sección transferida limitando sus funciones? No ha habido esos criterios, y es que no los hay además, es que no puede haberlos, salvo el concurso, y eso no se ha hecho así. Y yo le he puesto el ejemplo del antiguo IRYDA, pero le pongo el ejemplo, en la misma Consejería de Agricultura, del antiguo ICONA, que era una sección y ahora son cuatro, y un funcionario de esa sección, un técnico de esa sección antes hacía repoblaciones, tratamientos selvícolas, caza, pesca, etcétera. Y hoy día, como esa sección se ha dividido en cuatro, se ha condenado a los funcionarios, arbitrariamente, sin pedir ningún tipo de consulta, sin sacar las plazas a concurso, a hacer o repoblaciones, o caza, o tratamientos selvícolas, o mejora del medio natural; pero no las cuatro cosas, que es lo que hacían los funcionarios cuando fueron transferidos. Y no quiero decir ya el jefe de sección del ICONA, cuando transferido como tal, que hacía esas cuatro cosas y era el jefe de esas cuatro secciones; ahora se le ha adscrito definitivamente a una de esas cuatro, casi siempre a la que menos les gusta, que es la de repoblaciones; caso curioso. Por tanto, yo, como veo que esto avanza, como veo que el concurso sigue sus pasos, como nos metemos en una maraña administrativa que complica el asunto, hago la advertencia formal de que ese tipo de arbitrariedades se están cometiendo, se han cometido; y que nosotros apoyamos un buen concurso, no un concurso donde se hayan hurtado a ese concurso un número importante de plazas por el sistema, que es idénticamente igual pero peor, de adscripciones definitivas, que no de libres designaciones. Porque es evidente que cuando un Gobierno hace una adscripción definitiva a una plaza es mucho peor que hacer un concurso con resolución de libre designación, y con publicidad, y con concurso.

Por lo tanto, podría plantear muchos casos más de situaciones que realmente... realmente me preocupan, como por ejemplo adscripciones provisionales a puestos de superior rango al de la transferencia del funcionario en cuestión; y puedo decir nombre concretos, situaciones concretas y adscripciones políticas concretas; y en León, por no ir más lejos; y en agricultura también, por no ir también más lejos. Todo eso, señor Consejero, es lo que me hace pensar que su Consejería debería revisar, como garante de la Junta de que esas situaciones no se produzcan, esas adscripciones, definitivas o provisionales, que se han hecho por los Jefes de Servicio, además, de las distintas Consejerías, por lo menos en Agricultura, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, porque ahí sí hay problemas.

Yo no quiero nada más que reiterar nuestro deseo de que el concurso se celebre, de que el concurso se celebre de la mejor manera posible para los funcionarios como trabajadores, porque yo creo que eso va a redundar, en definitiva, en beneficio del conjunto de la sociedad, y que se sienten las bases del concurso de una manera adecuada. Porque si las bases del concurso están sentadas de una manera adecuada, el concurso no tendrá problemas; y si, en cambio, las bases del concurso están sentadas de una manera inadecuada, el concurso tendrá problemas. Y además esos problemas van a afectar a personas que son funcionarios, que son a su vez ciudadanos, y que pueden verse condenados a desempeñar puestos de trabajo que no quieren, sin haber tenido ningún otro tipo de oportunidad a elegir entre las múltiples plazas que hay en estos momentos. Porque Su Señoría dijo antes un dato que a mí me interesó: dió la relación de los dos mil ochocientos puestos por... evidentemente, dos mil ochocientos... suponer que hay dos mil ochocientos puestos de trabajo, entre catorce mil, que o están vacantes, o por estar cubiertos por una adscripción provisional tienen que salir a concurso, a mí me parece extraordinariamente optimista después de un proceso de reestructuración administrativa tan intenso como se ha llevado.

Ese es el sentido de nuestra intervención y desde aquí decimos nuestro apoyo a un buen concurso, incluso colaborando en sentar las bases del mismo; y agradeciendo que por parte del señor Consejero se hubiera recabado esa colaboración y esa declaración sobre el fondo de la cuestión, incluso hace ya tiempo, no sólo él, como yo entiendo que las decisiones del Gobierno son colegiadas, esté el Consejero que esté en cada momento, podía, incluso, haber hecho el Consejero anterior un llamamiento de esas características. Hubiera obtenido la misma respuesta: sí necesario y urgente un buen concurso de funcionarios que estabilice a los mismos dentro de sus trabajos, y eso redunde en beneficio de todos los ciudadanos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor González. Por el Grupo Popular, el señor Mañueco, tiene la palabra.

EL SEÑOR MAÑUECO ALONSO:

Sí, muchas gracias, Presidente. Dos palabras nada más para agradecer las contestaciones que ha dado el señor Consejero, mostrarle nuevamente nuestra colaboración, y pedirle y exigirle ese rigor en el trabajo que se está llevando a cabo por el asentamiento definitivo de la Función Pública, tratando de profesionalizar, como se ha hecho, aquellos puestos que, en definitiva, son los que marcarán la pauta del funcionamiento de la Administración, y que, evitándo en sus nombramientos las connotaciones políticas, redundará en el beneficio de todos los ciudadanos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor Mañueco. El señor Consejero tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, no voy a dar una especial opinión sobre el valor que concedo al Estatuto "Bravo Murillo", pero sí que voy a decir que, ciertamente, la historia de la Función Pública tiene dos tiempos: hasta mil novecientos ochenta y cuatro y después de mil novecientos ochenta y cuatro. Con ello no voy a dar la razón a quienes opinan que la Administración se inventa en mil novecientos ochenta y cuatro, que es una tesis que sí que he tenido en muchas ocasiones que escuchar de boca de afamados representantes del Gobierno de la Nación y del Gobierno regional. La Administración surge mucho antes. Una Administración, ciertamente, distinta y en la cual se introducen unos cambios que se califican como urgentes y necesarios. Pues bien, vuelvo a pedir que quienes introducen conceptos básicos como es que se utilice el concurso como sistema normal sean los primeros en aplicarlo. Nosotros asumimos la legalidad en todos sus extremos, y sobre todo en sus orígenes. Insisto que no me guía otro criterio a la hora de entender los posibles conflictos de intereses entre los funcionarios y los ciudadanos no funcionarios que el de la propia Constitución, y es la propia Constitución quien concede un Estatuto especial a la Función Pública. Y no es una discriminación negativa. Es, sencillamente, una precisión que se establece. Que son ciudadanos, lo sabe usted, lo sé yo, y como tal actúo. Me sorprende, indudablemente, me llega a sorprender que se me pretendan dar clases de cómo debe conducirse el diálogo social; eso sí que excede de mi capacidad de sorpresa.

En cuanto a lo de comparecer gustoso, indudablemente, comparezco gustoso siempre ante esta Cámara, y lo voy a seguir haciendo, sea a petición propia en los momentos en los que yo mismo entiendo que es necesaria mi presencia, y así lo hice tan pronto como tuve ocasión de tomar posesión, como cuando lo requieran para cuestiones Sus Señorías, y eso no significa que la cuestión no sea importante, o no significa que haya una mala disposición del Consejero. Significa que cada uno está en el libre ejercicio, en el libre derecho de fijar lo que entiende que son las prioridades, ustedes las suyas y el Gobierno Regional las que entienda propias. Pero no creo que eso sea un dato de especial relevancia, ni creo que eso vaya a conducir ese diálogo a ningún punto positivo para la mejor administración de nuestra Comunidad. Lo que sí que sorprende es ese interés por intentar poner las vendas antes que las heridas; supongo que entra dentro de lo que debe considerarse celo parlamentario, y que aplaudo. Pero, insisto, a veces también desconcierta esa celeridad por poner vendas en heridas que no se han producido.

Nada que opinar en lo que han sido gestiones ante la Mesa de esta Cámara, puesto que si soberana es la misma, también es soberana la Mesa de ella. En consecuencia, si la Mesa toma decisiones o no, acúdase al Reglamento, que también contempla las discrepancias, pero no se pretendan trasladar esas cuestiones al Consejero de Presidencia ni al Vicepresidente de la Junta, porque difícilmente podrá entenderlas, y difícilmente se podría interpretar su conducta.

Es fácil decir que lo que se pretende es un buen concurso de funcionarios. Bueno pues, por supuesto, vamos a coincidir al cien por cien. Nosotros queremos un buen concurso de funcionarios, y queremos un primer buen concurso de funcionarios, y queremos un primer buen transparente concurso de funcionarios, y si usted introduce un adjetivo yo podría introducir, probablemente, cinco o seis que ampliasen lo que todos queremos que sea un concurso de funcionarios, y a lo mejor tendríamos muchas menos dudas si ya hubiésemos dispuesto de precedentes, lo que le decía. Si yo conociese lo que para usted es un buen concurso de funcionarios; no tengo esa suerte, y lo que tengo que soportar, amablemente y gustosamente, son sus críticas hacia mi proyecto, nuestro proyecto en este caso, de concurso de funcionarios. Pues bien, está usted en el libre ejercicio de su derecho político, y a dicho ejercicio intento corresponder mediante esta comparecencia. Creo que usted podría habernos proporcionado, y pienso que sería muy positivo, usted conoce bien esta Administración... Entiendo que hubiésemos dispuesto de un ejemplo real, de una posibilidad práctica; no disponemos; pues ni lo valoro bien ni lo valoro mal, lo anoto por circunstancias de las que, ciertamente, no facilita la consecución de un buen concurso de funcionarios.

Tras la primera intervención que usted tuvo al comienzo de su primera intervención, pues, entiendo por qué se produjo esa intervención. Porque luego, efectivamente, se ha hablado con profusión y abundancia de las situaciones de Agricultura y de León. Bueno, cuadra el dato; cuadra el dato de que haya habido ese deseo de expresar que no se trataba de analizar casos más afectos a su persona, o más afectos; cuadra perfectamente.

Y que usted me dice que es preferible en algunos casos la libre designación. ¡Hombre!, ya conocemos su predilección por la libre designación, y la conocemos a través del Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial de Castilla y León. En esto creo que poco comentario puede hacer.

No lo hice en la primera parte de mi intervención, lo haré ahora, agradecer la intervención del señor Mañueco en nombre del Grupo Popular, desde la confianza que me brinda, desde el apoyo que me brinda, y desde el ánimo de no defraudar los deseos expresados por este Grupo en distintas ocasiones ante la Cámara, y expresados por el propio Presidente de la Junta. Desde ese ánimo de no defraudar a un proyecto que creo que se está resolviendo, si no con plena satisfacción sí con un importante grado de consecuciones, de realizaciones objetivas -en esta Comunidad se han podido hacer también el primer concurso también de personal laboral-, creo que vamos a poder afrontar en un plazo breve, y contesto así también... no quisiera, en absoluto, que el Portavoz del Grupo del CDS se sintiese molesto, sinceramente, introduciríamos un retraso en el caso de tomar como base la relación de puestos de trabajo del año ochenta y nueve, y dado que entraríamos nuevamente en un campo sujeto no sólo a la voluntad de la propia Junta de Castilla y León, sino de terceros legítimos, como son las Centrales Sindicales, como son las organizaciones en ese campo le garantizo que el retraso estimado sería de más de seis meses, que significaría trasladarnos al año noventa, y nuevamente entraríamos en esa dinámica que ha venido produciéndose indeseablemente en esta Comunidad Autónoma, que es que los ejercicios desbordan las bases. Me explico, en el ochenta y nueve no es deseable estar trabajando sobre la base de R.P.T. del ochenta y ocho, pero tampoco sería deseable, probablemente, estar trabajando ya en el año noventa sobre bases del año ochenta y nueve. Creo que esta situación ha de normalizarse. Es el primer paso, insisto, es el primer paso en un normalización de la provisión de puestos de trabajo de esta Comunidad Autónoma. Y, como tal, vuelvo a insistir, para su buen desarrollo y para lograr los fines que nos hemos propuesto, no nos humilla en absoluto, ni nos molesta en absoluto decir que rogamos la colaboración de todos los Grupos, y rogamos la colaboración de todos aquellos que tienen algo que decir, que opinar, o que participar en este proceso. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, con permiso. Quisiera hacer una matización a una alusión a mi primera intervención y advertencia, que debería ser generalizada en esta Cámara, cuando se tomaran la palabra por cuestiones que afecten a uno como tal, y que no es desgraciadamente, y que parece ser que el señor Consejero ha dicho una cosa, la verdad es que quisiera matizar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Señor González, tiene usted un minuto.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, muchas gracias. He advertido al principio de mi intervención que iba a hacerlo en mi condición de Procurador, cosa que el señor Vicepresidente de la Junta no me va a quitar, y en mi condición de funcionario, cosa -la que dije- que no podía evitar y que tampoco quiero evitar, porque siendo Consejero me transferí a esta Comunidad Autónoma, y estoy feliz de haberlo hecho.

En segundo lugar, señor Consejero, podía usted haberse evitado alusiones a las situaciones a Agricultura y a León, porque hice una advertencia de que no se entendieran mis intervenciones futuras sino con el carácter de generalidad que las mismas iban a tener. Y exclusivamente por razones de mejor conocimiento he hablado de Agricultura. Cosas que le voy a decir esta tarde al señor Consejero de Agricultura, porque va a comparecer, a petición propia, en este caso sí, para explicar su relación de puestos de trabajo.

Por lo tanto, yo le pido al señor Consejero que sea más prudente en sus alusiones en ese tema, porque, si no, me veré obligado a tomar algún otro tipo de iniciativa. Y espero leer el Diario de Sesiones de esta Comisión, para llegar al entresijo profundo de qué ha querido decir cuando yo he actuado, especialmente en Agricultura, especialmente en León, y el tono de la misma. No quisiera tener que interpretarlo de manera poco correcta. Yo creo que mi actuación como Procurador ha sido absoluta y totalmente correcta, lo mismo que siempre. Y desde luego, si la Junta no quiere tener funcionarios Procuradores, en sus manos está, perfectamente claro además.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor González.

(Intervención sin micrófono)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Sí, sí señor... El señor Consejero tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ):

Espero que el Diario de Sesiones reproduzca con fidelidad los términos utilizados. Le he dicho que cuadra perfectamente. Nada más que añadir. La explicación dada con el tono de su intervención. Podrá leerlo en el Diario de Sesiones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor Consejero. Acabado el turno de Portavoces, si algún Procurador de la Comisión quiere intervenir... Señor Nieto, tiene usted la palabra.

EL SEÑOR NIETO NOYA: A

A mí me han suscitado algunas dudas algunas manifestaciones que se han hecho en esta sesión, y quisiera alguna precisión. Porque, por una parte, el señor Consejero nos dice que el concurso va a afectar, según los datos de que hoy dispone, a dos mil ochocientos treinta y siete funcionarios. Y se ha mencionado, en un par de ocasiones al menos, la cifra de catorce mil funcionarios, de entre los que podían ser afectados por el concurso. Yo no he manejado datos antes de venir a esta comparecencia, pero creo recordar que los funcionarios andan por los diez mil, diez, once mil. Y el resto del personal es personal laboral y no está afectado por el concurso. Quisiera que, si el señor Consejero me pudiera precisar, cuántos son los funcionarios incluidos dentro de la denominación genérica de "personal sanitario", que quedan desglosados de este colectivo, con lo cual, a lo mejor llegábamos a la conclusión de que dos mil ochocientos treinta y siete puestos, que se sacan a provisión por concurso, son una cifra muy importante de los puestos que, en cualquier supuesto, se pudieran sacar a provisión.

Yo, personalmente, reitero lo que se ha dicho varias veces de la necesidad y de la urgencia del concurso de traslado. Manifiesto mi opinión personal del inmenso grado de complejidad que hay en el problema y, por tanto, no se puede abordar el problema del primer concurso general de traslados en la Comunidad Autónoma desde una perspectiva de perfeccionismo tal que lo haga inviable, pero sí me gustaría que el señor Consejero nos dijera qué grado de consenso hay en torno a esta cifra de los dos mil ochocientos puestos, en las conversaciones previas o negociaciones que haya tenido con las centrales sindicales. Porque, en relación con otras consideraciones que se han hecho -que yo no quisiera juzgar en este momento, en términos absolutos- sobre las adscripciones definitivas a puestos modificados, que pudiera ser oportuno considerar en algún determinado momento, yo he creído entender que se han considerado como adscripciones definitivas, o como destinos definitivos, todos los que han sido transferidos y en los términos en que han sido transferidos. Y esto a mí me suscita profundas dudas, porque de mi experiencia personal creo poder afirmar que la inmensa mayoría de los puestos que han sido transferidos no han sido provistos por un sistema público de concurso. Entonces, entraríamos en una dinámica de tal naturaleza que haría inviable, realmente, la convocatoria del concurso.

En la Comunidad Autónoma, parece que se han producido adscripciones definitivas a puestos concretos de nueva creación, que han experimentado alguna modificación, pero me gustaría saber si en los seis años de funcionamiento de la Comunidad Autónoma se ha destinado con carácter definitivo, fuera de esta situación, a algún funcionario, por algún procedimiento legítimo y viable. Porque no se puede pretender resolver en un solo concurso problemas que han venido acumulados en la Administración Central, con carácter previo a la constitución de la Comunidad Autónoma, y problemas que se han acumulado dentro de la Comunidad Autónoma, con adscripciones provisionales permanentes.

Con estas dos consideraciones, yo termino mi intervención. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor Nieto. El señor Consejero tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ):

Bien. En relación con el primer dato, efectivamente, una vez desagregados el personal sanitario, la cifra de funcionarios, "sensu stricto", que manejaríamos como base, se situaría en diez mil novecientos dieciséis. Sobre ellos ha de proyectarse el colectivo de dos mil ochocientos treinta y siete. Insisto en que el criterio..., eso en lo que se refiere a desagregar, por situar, efectivamente, que es un volumen importante. Estaríamos siempre pensando en torno a un tercio, o, en cualquier caso, más de un veinticinco por ciento el que sería susceptible de movilidad.

Todo ello, tal y como se señalaba, aunque sea contemplado sin perjuicios de los concursos de resultas, como consecuencia de esta reasignación de efectivos humanos dentro de la función pública de la Comunidad.

El grado de consenso, realmente, voy a decirlo, ha sido bajo. Por un motivo, porque tampoco los representantes de las organizaciones sindicales que actúan en el ámbito de la función pública de Castilla y León, tampoco esa posición es unánime; existen importantes disparidades, y hubiese sido muy difícil, incluso una labor, ya digo, casi casi imposible, el producir o provocar una primera posición unitaria en los representantes de las organizaciones sindicales.

No obstante, había que tomar decisiones, porque entendíamos que esa disparidad no podía conducir a una inhibición, y se ha tratado de llevar las posiciones, o de consensuar las posiciones con los que ostentan en este momento mayor representatividad dentro de la función pública de Castilla y León, y creo que, en ese sentido, se ha avanzado muy positivamente.

En relación con el último dato que señalaba, sí que hay que decir que, efectivamente -lo decía al principio-, el material con el que ha debido configurarse la función pública de Castilla y León es un material enormemente heterogéneo. Heterogéneo en todos los sentidos, incluyendo la forma en la que muchos funcionarios accedían, y el puesto al cual venían afectos, si había sido cubierto de una forma que se entendiese que legitimaba o consolidaba su posición de origen. El criterio que se ha seguido es que en todos aquellos casos en los que podía entenderse que sí, que ese puesto estaba legítimamente adquirido en propiedad, ha de ser respetado. Sobre todo cuando las denominaciones iban a ser..., perdón, las alteraciones del puesto iban a ser mínimas, porque en muchos casos sólo afectaban, realmente, a la denominación o a aspectos que hemos entendido nunca sustanciales del contenido de sus funciones.

En cuanto a las otras fórmulas previstas por la Ley, precisamente por la Ley 23 y la Ley 30, que habla de que también podrán hacerse asignaciones definitivas de puestos mediante la superación de determinadas pruebas selectivas o concursos, como bien sabe el Procurador en este caso que pregunta, no se ha hecho uso de este mecanismo, que, desde luego, entendíamos que podía prestarse a una indudable arbitrariedad. Y no cabe tampoco ninguna duda de que el mecanismo de libre designación ha sido utilizado con enorme restricción y con enorme prudencia, ateniéndose a lo que dice estrictamente la Ley, que sólo serán susceptibles de ejercicio aquellos puestos que, por su naturaleza específica, así lo requieran. Ese ha sido uno de los objetivos, frente a otras utilizaciones, que, insisto -y no es por afán de crear polémica ni de reabrir ningún debate-, frente a otros criterios de utilización de la provisión de vacante por libre designación. Frente a ése, nosotros hemos querido ser máximamente restrictivos y, efectivamente, sólo aplicarlos a aquellos puestos cuya naturaleza así lo indique y así lo aconseje. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor Consejero. No habiendo más..., ¡ah!, no le había visto. Señor González, tiene la palabra.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Para formular preguntas concretas, en mi turno de Procurador.

Yo quisiera que nos precisara el señor Consejero, si estima oportuno, cuáles han sido, o cuáles son en estos momentos las principales discrepancias que existen con las centrales sindicales con respecto al concurso.

En segundo lugar -y por formular todas las preguntas, yo creo que de una manera correlativa-, hasta qué grado llega la distinción entre puesto sensiblemente igual al transferido; dónde está el criterio de diferenciación entre un puesto nuevo y un puesto exactamente igual al transferido. Y, por último, si aun siendo iguales las funciones entre un puesto transferido o un puesto actual, una variación de nivel al alza..., poniendo un ejemplo concreto: un auxiliar administrativo, cuyo nivel..., un puesto de auxiliar administrativo, cuyo nivel se haya elevado en la RPT -algunos han sido así-, esos puestos con mayor nivel, ¿se consideran nuevos y por tanto van a salir a concurso, o se consideran que prácticamente son iguales que los anteriores, en cuyo caso hay adscripciones definitivas a esos puestos de mayor nivel dentro de un grupo?

EL SEÑOR MAÑUECO ALONSO:

Señor Presidente, me gustaría....

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias. Sí, señor Mañueco.

EL SEÑOR MAÑUECO ALONSO:

Creo que, con absoluto respeto al Procurador del Grupo Socialista, que como Portavoz ha hecho sus manifestaciones y como Procurador..., y que son el resto de los Procuradores los que intervienen en este turno y no los Portavoces.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Señor Mañueco. Todos los Procuradores presentes pueden ejercer su turno también como Procuradores integrantes de la Comisión para hacer preguntas, independientemente de su intervención genérica como Portavoz. Lo que no se debería hacer era utilizar el turno de preguntas para hacer una nueva exposición sobre su opinión o valoración. Simplemente, para realizar preguntas. Tal y como lo dice, se pueden utilizar los dos términos. Si no es así, yo creo que el señor Letrado nos lo podría..., con una interpretación... Entonces, el señor Consejero...

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, un segundo. Yo pertenezco a cuatro Comisiones -con el mayor respeto al señor Mañueco- y, desde luego, en todas ellas, todos los Portavoces, no sólo el del Grupo Socialista, pueden intervenir en su turno de Procuradores, siempre que se limiten -y yo creo que lo he hecho- a no hacer una intervención de fondo y hacer estrictamente preguntas concretas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Bien. Aclarado este tema, el señor Consejero tiene la palabra para responder.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ):

Gracias, señor Presidente. Bueno, discrepancias básicas, que puedan calificarse como tales -y estamos en la eterna ambigüedad de los términos-, sin duda una: las centrales sindicales planteaban, en su momento, un mayor grado de movilidad, muy superior -hay que decirlo-, y en muchos casos, y en nuestra opinión, excediendo de estos criterios ya asentados por base jurisprudencial o por base práctica en situaciones análogas de otras Comunidades Autónomas. No es ya el miedo a la posibilidad de un colapso, vamos a decir, administrativo, si efectivamente toda la función pública de Castilla y León quedase sujeta al concurso, sino que entendemos que debían aplicarse estos otros criterios, los que ya procedían, sin duda ninguna, de situaciones resueltas jurídicamente, o los que podían entenderse de una lectura inmediata de la legislación aplicable. Esa es la discrepancia básica: el deseo de ampliar mucho más la base de concurso.

En cuanto a los puestos transferidos -y prefiero hablar, como usted bien sabe, del puesto, que es la clave de la reforma que genera la Ley 30-, hombre, si no había habido un cambio sustancial de las funciones, aunque pudieran reducirse, pero sustancialmente siguen siendo las mismas funciones las que venía desempeñando, es aplicable el criterio de que ese puesto, a lo mejor, sólo ha sido alterada su denominación; pero si el grueso de sus funciones son coincidentes con las funciones que venía desempeñando -si no en su totalidad, sí en la mayor parte-, ese puesto se ha considerado como puesto ya de una forma existente, y en consecuencia no sujeto al proceso de concurso.

Y en las diferencias de nivelación, creo que el criterio ha sido, prácticamente..., quiero decir, si pensamos siempre en el puesto y no en las condiciones económicas que comporte, que es la filosofía que se desprende de la normativa básica, en muchos casos no será la clave la nivelación económica que conlleve, sino el puesto, con las funciones y los requisitos de acceso al mismo, lo que explique que haya sido incluido o no en el concurso, no su retribución económica.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO):

Gracias, señor Consejero. Sin más intervenciones, se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las trece horas cincuenta minutos).