DS(C) nº 193/2 del 8/11/1989

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Señorías, es esta mi primera comparecencia ante esta Comisión, ante la que pienso que tendré que comparecer con frecuencia. Y pienso que tendré que comparecer con frecuencia porque los intereses de los miembros de la Comisión, como los intereses de este Consejero y de la Junta en general, son los mismos, son los intereses de que tengamos una Administración Pública que funcione, una Administración Pública eficaz; y desde ese punto de vista, aún cuando los criterios que en ocasiones mantengamos sean distintos, el objetivo es el mismo, el objetivo es -como he dicho- tener una buena Administración Pública que cumpla con fidelidad el servicio que tiene encomendado, que es el de servir a los ciudadanos, el de servir a los administrados.

Es por eso por lo que yo, en esta primera comparecencia, quiero saludar a todos y cada uno de los miembros de esta Comisión, y quiero ofrecer mi colaboración, tanto en esta Cámara, tanto en esta Comisión, como fuera de ella, ponerme a disposición de todos ustedes... creo que ofrecer la colaboración para que las cosas vayan como todos deseamos.

Hecha esta primera introducción, paso al punto del Orden del Día, que es el dar cuenta de la razón de los traslados de dos funcionarios que, estando destinados en Valladolid, fueron trasladados a la ciudad de León.

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La razón fundamental de este traslado es que la Junta de Castilla y León hizo una reestructuración dentro de la Consejería de Economía y Hacienda,e04 del Servicio de Minas, y la razón fundamental de esta reestructuración es, como he dicho antes, la eficacia de este Servicio. No voy a entrar en razonar por qué y cuáles fueron las razones, porque es un tema que todo el mundo aceptó, es un tema que está... que es firme, y es el del traslado de este Servicio. Sobre esa base es sobre la que ha girado todo el tema del que hoy... por el que hoy comparezco para explicar la situación de estos traslados.

Como consecuencia del traslado de los órganos administrativos centrales del Servicio de Minas a León, dispuesto por el Real Decreto... por el Decreto 230/1987, de trece de Septiembre, la Secretaría General resolvió cesar a los funcionarios don Santos Antón Alfonso y don José Ramón Duque Hernández como Jefe del Servicio de Minas y Jefe de la Sección de Seguridad Minera, respectivamente, por entender que el traslado de aquella unidad administrativa a León suponía la supresión de los puestos de trabajo que hasta entonces venían ocupando en Valladolid. Todo ello con el deseo de evitar de este modo, y mientras ello no fuera posible, el traslado de dichos funcionarios a otro lugar de residencia.

Posteriormente, y ante la imposibilidad de cubrir dichas vacantes, fueron adscritos provisionalmente a los puestos de trabajo de Jefe de Servicio de Minas, con residencia en León, el señor Antón Alfonso, y de Jefe de la Sección de Coordinación e Investigación Minera, también en León, el señor Duque Hernández; realizada en su día la oportuna convocatoria para proveer definitivamente el puesto de trabajo del servicio de minas en León por el procedimiento de libre designación, fue nombrado por Orden de veintiuno de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 64, de cuatro de Abril de mil novecientos ochenta y nueve, el funcionario don Elías García Fernández, procediéndose por Resolución de cinco de Abril de mil novecientos ochenta y nueve a cesar como Jefe del Servicio de Minas a don Santos Antón Alfonso, y adscribirle al puesto de Jefe de la Sección de Ordenación Minera, situación que le fue notificada el tres de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve, por escrito del Jefe del Servicio de Asuntos Generales.

Encontrándose, por lo tanto, ambos funcionarios adscritos provisionalmente a dichos puestos de trabajo en León, puestos que requieren su presencia efectiva al frente de aquéllos -de aquellos servicios-, la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda instó a la Dirección General de Economía para que comunicase a los interesados la necesidad de incorporarse a sus puestos de trabajo inmediatamente, y ello por las razones siguientes: la imposibilidad de recurrir en aquellos momentos a Ingenieros Superiores de Minas con la experiencia y práctica necesaria en los temas de ordenación, coordinación e investigación minera, y por el hecho de que estos funcionarios, desde el traslado del Servicio de Minas a León, carecían de cometido en Valladolid, dándose por otra parte la circunstancia de que no existía en aquel momento -y digo no existía en aquel momento porque luego pondré de manifiesto alguno de los hechos ocurridos últimamente- puesto alguno vacante en la localidad de Valladolid al que pudiesen ser adscritos provisionalmente, de acuerdo con las prevenciones contenidas en los artículos 25.2 de la Ley 7 de la Función Pública de Castilla y León del año mi novecientos ochenta y cinco. Y, por último, y lo que es más importante, la necesidad apremiante de dotar de operatividad dichas plazas, debido a la carencia de personal en aquel Servicio y al volumen de trabajo que se ha ido produciendo en aquella unidad administrativa, lo que supone una sensible carga para la buena marcha de aquel servicio.

La Consejería consideró que se habían puesto en práctica todos los mecanismos legalmente posibles para evitar un traslado que podría comportar un serio trastorno para dichos funcionarios desde el punto de vista personal, e incluso desde el punto de vista familiar. Pero en aquel momento -en Mayo de mil novecientos ochenta y nueve- pensó que había llegado el momento, que, después de casi dos años de excepcionalidad, no era posible continuar o mantener la situación que sin duda empezaba a comprometer seriamente la buena marcha de un Servicio, éste cuya sede estaba en León y que gestiona los temas de un sector de tanta trascendencia económica para la Comunidad, como es el Servicio de Minas.

Con posterioridad a estos hechos, los funcionarios, a quienes comprendemos por su situación personal y por su situación familiar, han seguido realizando gestiones para tener su traslado en Valladolid. Parte de estas gestiones se han realizado a través de las organizaciones sindicales. Hubo en un momento determinado, por parte de la CSIF, la sustitución de uno de los miembros de la Junta como Delegado Sindical de la Comunidad Autónoma de Castilla y León -de los funcionarios de Castilla y León-, la sustitución de Jesús Muñoz Catelina por don Santos Antón Alfonso, ya que el otro de los funcionarios trasladados ya era miembro de esta Junta de Personal, era representante sindical. Y a partir de ese momento lo que se solicitó, casi prácticamente en el mismo día, puesto que esta sustitución se solicitó el día seis... el día nueve de Junio de mil novecientos ochenta y nueve, y con la misma fecha tuvo entrada -aunque en el escrito tiene fecha un día después-, tuvo entrada en la Dirección General de la Función Pública la petición de que se liberase desde esa fecha, desde el nueve de Junio, a estos funcionarios de la necesidad de asistir a sus puestos de trabajo, la libertad horaria para conseguir esa liberación. Lo cierto es que a esta solución se le puede dar respuesta, pero siempre y cuando esta cuota horaria sea aceptada por los Sindicatos y entre dentro del cupo que les corresponde.

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Quiero poner esto de manifiesto porque estos funcionarios, a quienes -como digo- comprendemos, han puesto de manifiesto, han hecho todo cuanto estaba en su mano para quedarse en Valladolid. Yo creo -tengo que decir-, creo que la Administración también ha colaborado en todo lo posible para ver si esto podría conseguirse, incluso yo creo que excediéndose en la buena voluntad para cumplir con esta misión. Lo cierto es que en este momento hay un hecho nuevo -desde mi punto de vista-, que es que el treinta y uno de Octubre del ochenta y nueve se ha comunicado a ambos funcionarios la posibilidad de algo que hasta ahora no existía, y es que ha quedado vacante el puesto de trabajo de Jefe de la Sección de Promoción Industrial en el Servicio Territorial de Economía en Valladolid, y que esta comunicación, este ofrecimiento se ha puesto en conocimiento... ofrecimiento hecho se ha puesto en conocimiento de ambos funcionarios,como de otros funcionarios,para que puedan optar al servicio al que hago referencia.

Como digo, estos son los hechos, en términos sintéticos, y contra esta Resolución, contra las Resoluciones que han dado lugar a esta situación se interpuso en su momento por ambos funcionarios Recurso de Reposición, Recurso Contencioso-Administrativo ordinario contra la Resolución que se dictó en su día, y también un recurso en base a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona;ambos están pendientes de Resolución y, por lo tanto, creo que,en cuanto al fondo del asunto,tendremos que estar a lo que los Tribunales de Justicia digan. Y en cuanto a las posibilidades de resolver el problema de ambos funcionarios, una vez que parece ser que existe esta posibilidad,y si no hubiera nadie que tuviera mejores derechos para conseguir esas plazas, pues efectivamente habría surgido algo que durante estos dos años anteriores no había surgido, que era la existencia de unas plazas en Valladolid a las que podrían acceder, y que,lógicamente, en virtud de la situación en la que se encuentran, tendrían un derecho preferente que en principio no se conoce que existan otros funcionarios con dicho derecho preferente. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Consejero. Creo que para este punto no hace falta hacer el parón reglamentario y podíamos pasar a las intervenciones de los Portavoces, si así parece. El representante del Grupo Mixto no quiere intervenir. El representante del CDS, señor García-Ochoa.

GARCIA GARCIA-OCHOA

EL SEÑOR GARCIA GARCIA-OCHOA: Yo creo que se debe dejar un espacio de tiempo para comentar todos estos datos y estas fechas que nos han dado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Bien. Entonces, ¿les parece un tiempo de diez minutos? Bien, pues a las doce menos veinte, con puntualidad. Se suspende la sesión.

(Se suspende la sesión a las once horas treinta minutos reanudándose a las once horas cuarenta y cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Se reanuda la sesión. Pasamos al turno de intervención de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios. Antes comunicando la sustitución en el Grupo Parlamentario Socialista de don Juan José Laborda, sustituido por don Miguel Valcuende.

Por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, el señor García-Ochoa tiene la palabra.

GARCIA GARCIA-OCHOA

EL SEÑOR GARCIA GARCIA-OCHOA: Buenos días. En primer lugar quiero agradecer la presencia del Consejero, felicitarle y desearle éxitos en su gestión, y, desde luego, bueno, decir que las palabras suyas las hemos oído con anterioridad, me parece que nos suena ese tema, y deseamos que, bueno, sea presidido por la eficacia que tanto ha hecho hincapié en su intervención.

Desde luego, lo que sí que tenemos que decir en relación con los hechos que nos traen a esta comparecencia pedida por el Partido Socialista es que no coinciden exactamente esos hechos con los antecedentes que obran en poder de nuestro partido. Y, concretamente, bueno, yo tengo aquí unas notas, que realmente los antecedentes son estos. Don Santos Antón Alfonso y don José Ramón Duque, ambos Ingenieros de Minas, venían prestando sus servicios en la Junta de Castilla y León, en la Consejería de Economía y Hacienda, desde el año ochenta y cuatro, el primero con la categoría de Jefe de Servicio, y el segundo como Jefe de Sección de Ordenación Minera.

En el mes de Octubre del ochenta y siete, a los dos meses de haber tomado posesión el Gobierno presidido por don José María Aznar, fueron cesados en sus puestos de trabajo, quedando en una situación un tanto especial, la de adscritos a la Dirección General de Economía. A finales de Mayo del ochenta y nueve se les comunica Orden del Director General de Economía para su traslado inmediato a León.

Por lo que se refiere a don Santos Antón Alfonso, la Orden de traslado se fundamentaba por la Dirección General en un certificado extendido por el Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda, haciendo constar que el día cuatro de Abril del ochenta y nueve había tomado posesión de un puesto en León. Tal toma de posesión no se produjo y, evidentemente, el firmante del certificado recurrió por... vamos, el firmante no, mejor dicho, Santos Antón recurrió por decir que aquello era una falsedad de un documento público.

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Por lo que se refiere a José Ramón Duque Hernández, la Orden de traslado no tenía un fundamentación concreta. Al recibir la Orden de traslado, los dos funcionarios presentaron escrito de alegaciones por estimar arbitrario el traslado. Al parecer, a los dos días se les llamó al despacho el Secretario General de la Consejería, que estaba acompañado del Director General de Economía y del Asesor Jurídico, y se le sugiere para que en el plazo de veinticuatro horas, día primero de Junio del ochenta y nueve, se presenten en sus puestos en León. Ante la actividad o la actitud de sus jefes, ambos funcionarios se asustan un poco y, para evitar problemas, se trasladan inmediatamente a León.

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Desde la citada fecha vienen desempeñando en el Servicio de Minas de León los puestos de Jefe de Sección de Ordenación Minera, Santos Antón; y de Jefe de Sección de Investigación Minera, José Ramón Duque. Pese a la importancia de ambos puestos de trabajo, a sus titulares no se les encomienda excesivos trabajos. Aquí se ha hablado hace un ratito por el señor Consejero de que la razón por la que se había hecho el traslado era la eficacia, y la verdad es que no vemos qué clase de eficacia pueden tener unos funcionarios en un lugar de trabajo cuando realmente parece que sus trabajos son mínimos. A mí me hubiera gustado que esta comparecencia, pues, como he dicho antes, hubiera asistido a esta comparecencia el Consejero de Economía y Hacienda -claro, no ha sido lo pedido por el Partido Socialista-, quien nos habría explicado con más lujo de detalles cuál es el tipo de trabajo que están realizando, cuántos expedientes en cuatro meses han resuelto (parece ser que dos o tres) y si realmente eso justifica un traslado. De todos modos, yo espero que el señor Consejero pueda a lo largo de esta comparecencia aclarar estos extremos, y, si no, pues que lo pueda explicar en otra ocasión, previa la consulta al que realmente es el autor o, digamos, el protagonista de estos hechos, que es el Consejero de Economía y Hacienda. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martín Puertas tiene la palabra.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente.

Bueno, quisiera, en primer lugar, saludar al Consejero de Presidencia, y desearle que su trabajo en esta Consejería sea todo lo bueno que desde esta Comisión, y desde nuestro Grupo en particular, deseáramos todos. Simplemente decir que, efectivamente, estoy de acuerdo con el desarrollo de los hechos que ha expuesto quien me ha antecedido en el uso de la palabra por el C.D.S.; únicamente aclarar que, efectivamente, que nosotros pedimos la comparecencia del Consejero de Presidencia, no la del Consejero de Economía y Hacienda, entre otras cosas porque pensábamos que debía ser el Consejero de Presidencia aquella persona que está encargada de ver cuál es el destino de cada uno de los funcionarios de esta Comunidad Autónoma, y que, en el tema particular del Consejero de Economía y Hacienda, la verdad es que me extraña que el C.D.S. haga esta pregunta ante estas Cortes, teniendo bastante más facilidad de acceso al Consejero de Economía y Hacienda que el que nosotros tenemos desde nuestro Grupo en la oposición, en estos momentos.

Decir aquí que yo creo que se ha tardado bastante tiempo en resolver el problema de estos dos funcionarios -si mal no recuerdo, aproximadamente llevan dos años, los dos últimos años con este mismo problema- y simplemente hacer una aclaración: yo creo que con las leyes no se negocia. Es decir, se han estado negociando temas administrativos entre estos dos funcionarios con la Consejería de Presidencia para ver en qué momento se podría ubicar a estos dos funcionarios en su último puesto de destino, y yo pienso que las leyes no están para negociarlas, creo que las leyes están para cumplirlas. Y en esto me refiero, por ejemplo, al artículo 56 de la Ley de la Función Pública, que en su apartado b) dice lo siguiente: "Cuando se suprima un puesto de trabajo -que es el caso que nos ocupa en ambos funcionarios-, su titular podrá ser destinado provisionalmente a otro de igual o diferente nivel en la misma localidad, dentro de los límites señalados por la Ley". Insisto, la propia Ley de la Función Pública ya incluye el que el puesto de trabajo, aún siendo de igual o parecido nivel, siempre deba ser en la misma localidad. En este caso concreto, al estar los funcionarios desempeñando sus labores en Valladolid, debería de haber sido en Valladolid. Pero, de cualquier manera, lo que sí que quiero dejar claro es que las leyes no se deben de negociar, las leyes se deben de hacer cumplir, y si estos dos funcionarios en este caso concreto estaban en Valladolid, y el artículo 56 apartado b) de la Ley de la Función Pública dice que deben residir en Valladolid, cúmplase. Y si, por el contrario, en esos momentos no existe ningún puesto vacante para poderlo cumplir, pues se les traslada a León y el problema está resuelto definitivamente.

Yo creo que, en el caso de ambos funcionarios, el problema debiera de haberse resuelto con bastante antelación a la petición de convocatoria de nuestro Grupo hacia el Consejero de Presidencia y Administración Territorial. El motivo por el que nuestro Grupo Parlamentario solicitó esa comparecencia no era otro que el de ver que esta era una de las fórmulas, una más, para tratar de agilizar la resolución de la situación en la que estos dos funcionarios se encontraban en la actualidad. Una vez resuelta -y me consta que parece ser que en estos momentos siguen desempeñando sus funciones en Valladolid y, por los últimos informes que tengo, parece ser que ese va a ser su último lugar de destino-, simplemente agradecerle al Consejero que se haya resuelto el tema favorablemente hacia los dos funcionarios, y rogarle que, en la medida de lo posible, en posibles problemas que se puedan plantear de una manera similar a la que en estos momentos hace que su comparecencia en estas Cortes sea para explicar la situación de ambos funcionarios, se deba de resolver sin la necesidad de que nuestro Grupo Parlamentario deba de solicitar la petición de comparecencia del Consejero de Presidencia. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Martín Puertas. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Nieto tiene la palabra.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Muchas gracias, señor Presidente. Yo me sumo a las palabras de los Portavoces que me han precedido en el saludo al señor Consejero de Presidencia, en esta su primera comparecencia ante la Comisión, y le deseo el mayor acierto y le aseguro el apoyo para que consiga, para que logre este acierto, el apoyo del Grupo Parlamentario que en este momento represento.

En cuanto al tema de la comparecencia, a nosotros nos parece suficiente y clara la información que nos ha suministrado el Consejero. Probablemente, en los términos en que se pronunciaba el Portavoz Socialista, los temas administrativos y el cumplimiento de las leyes no deba ser negociado; pero lo cierto es que, tratándose de una situación que se creaba a unas determinadas personas por el traslado a unos servicios de la Administración Central de la Comunidad desde Valladolid a otra localidad de esta Comunidad, también son perfectamente justificables las razones personales y morales de apoyo o de intento de encontrar alguna solución humana para las personas que resulten afectadas por ese traslado. Por tanto, nuestro apoyo a esta actitud que, al final, pese a que las cosas se han producido, en fin, con muchos movimientos y altibajos, al final se producen pienso que no por la solicitud de la comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista, sino por la acción directa y el interés que la propia Consejería ha tenido desde el primer momento en no crear ningún problema de naturaleza personal a unos funcionarios afectados por una decisión de un traslado de un servicio administrativo.

No es... no me parece correcta la aplicación del artículo 56 a este supuesto, porque no se trata de supresión de puestos de trabajo, sino de traslado de servicios, que, en principio, debiera llevar automáticamente el traslado de las personas, a no ser que quisieran pasar a una situación de excedencia forzosa. Por tanto, la actitud de comprensión que se ha manifestado por parte de la Administración Autonómica en relación con estas personas, me alegro que al final parece que tiene a la vista una solución que resulte satisfactoria para todos, pero no creo que se haya incurrido en graves incumplimientos de ningún naturaleza. En cualquier caso, de la misma forma que los temas... el cumplimiento de las leyes no deben ser negociados, tampoco los tratamientos administrativos deben de tener un tratamiento político más que en tanto en cuanto tengan repercusión política. Son problemas que están perfectamente regulados, los funcionarios tienen unos derechos y tienen sus vías jurídico-legales para defender estos derechos.

Y dicho esto, pues, en fin, expresar una vez más la satisfacción de que el tema haya llegado a una solución final, parece que satisfactoria para ambas partes. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Nieto. Para la contestación a los Portavoces tiene la palabra el señor Consejero.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente.

Quiero agradecer, en primer lugar, su bienvenida a esta Comisión, y reitero mi deseo de prestar una colaboración fluida y grata con la Comisión y con todos los miembros que la componen.

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Respecto al caso que nos ocupa, y por lo que respecta a las consideraciones puestas de manifiesto por el Grupo del C.D.S., quiero hacer constar que la coincidencia o no con los antecedentes que este Consejero ha puesto de manifiesto no tiene mayor importancia, puesto que son hechos concretos, son datos que constan en el expediente, son resoluciones, son fechas que hay y que no se puede... no podemos discutirlas. Concretamente, en relación con uno de los temas que se ha puesto de manifiesto que no se estaba de acuerdo, pues es ni más ni menos que la toma de posesión del señor Antón. El señor Antón tiene firmada una toma de posesión el cinco de Abril de mil novecientos ochenta y nueve -de cuya copia si quiere le daré luego copia, le daré una fotocopia al señor Procurador-, que él ha recibido el día veintisiete de Abril. Lo que quiere decir que la toma de posesión existía. No se ha recurrido contra esta toma de posesión, ni se recurrió en su día contra una orden o resolución del quince de Abril de mil novecientos ochenta y ocho, que es la que dado lugar a todos estos problemas, y que viene a resolver en parte la interpretación, desde el punto de vista jurídico, que en esta Comisión se ha hecho. Yo creo que esta Comisión no es una Comisión en la que deban de hacerse interpretaciones jurídicas, especialmente cuando el tema está planteado ante los Tribunales, y desde dos puntos de vista: uno, en un contencioso-ordinario, y otro en un contencioso-especial de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Entrar en esta Comisión ahora a debatir cuál debe ser la interpretación del artículo 56 b) o cuál debe ser la interpretación de todas y cada una de las normas que deben de aplicarse a los funcionarios, tanto las de carácter general, como las específicas de esta Comunidad Autónoma, parece que no nos llevaría a ningún lugar, entre otras cosas porque, como digo, este tema está pendiente de los Tribunales. Pero lo que sí que quiero dejar constancia es que el cinco de Abril tomó posesión el señor Antón, y él ha recibido esta toma de posesión y no la ha recurrido. Lo que ha recurrido, además, no es la Orden adscribiéndole provisionalmente a un puesto determinado, lo que ha recurrido no es su toma de posesión; lo que ha recurrido ha sido la Orden que se le da para que se incorpore a un puesto de trabajo para el que fue nombrado, para el que fue adscrito provisionalmente. Y en vista de recurrir esa Orden de incorporarse a un puesto de trabajo es de dónde la Consejería piensa, la Junta de Castilla y León piensa que debe cumplirse. Si ya está adscrito provisionalmente a un puesto de trabajo, las normas vigentes de la Ley de la Función Pública del año sesenta y cuatro obligan a la residencia, y únicamente por alguna razón especial, como es la que hubo, podría autorizársele a, provisionalmente, no tener su domicilio, no tener su residencia oficial en el lugar donde el servicio tenía su sede. Esta es la razón. Por lo tanto, hay un nombramiento provisional, hay una toma de posesión, hay una orden posterior para que se incorpore a su puesto de trabajo, y es eso lo que en estos momentos se está recurriendo.

Se dice que ha habido negociaciones en los despachos. Yo no sé si, efectivamente ha habido o no negociaciones en los despachos. Creo que eso no forma parte del expediente personal de cada uno de los funcionarios. Aun cuando todo el mundo sabe que, efectivamente, siempre hay conversaciones, efectivamente, cuando la Administración está tan descentralizada como puede ser una Comunidad Autónoma, pues, lógicamente, tiene que haber conversaciones, porque todo el mundo se ve con los funcionarios, no creo que el sistema de haber resuelto este problema, o de resolverlo, hayan sido precisamente las negociaciones, y, fundamentalmente, porque lo que hay planteado son recursos y, además, recursos ante los Tribunales.

¿Cuáles son los trabajos que ha de realizar? Yo creo que esta comparecencia no estaba destinada a determinar si el traslado de la sede era o no oportuno, porque yo lo doy por hecho que está trasladado, como Consejero de Presidencia. Yo no vengo aquí tampoco a comparecer para explicar si realmente se trabaja o no trabaja en ese centro de trabajo. Yo vengo a explicar cuáles han sido los motivos que, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista documental, han servido de base para que este trabajo se realizara y para que se les exigiera el cumplimiento de una obligación legal, de una obligación legal, que es la de la Presidencia oficial en su puesto de trabajo. Esto es, en definitiva, lo que yo quería poner de manifiesto.

Y quiero poner de manifiesto algo más. Yo creo que en mi intervención he debido de hacer una lectura rápida, o mejor dicho, una interpretación de algo que no es exacto. No he dicho que el problema de estos dos funcionarios esté resuelto. He dicho que, así como hasta ahora no había vacantes que pudieran permitirles lo que en una Resolución de quince de Abril de mil novecientos ochenta y ocho se decía que habría de hacerse en su día, que era adscribir, proceder a adscribir o adscribir a algún puesto, adscribir o proponer su adscripción a algún puesto de características similares al que ocupaba en la localidad de Valladolid, pues ahora es cuando ha surgido un puesto que es al que se le puede adscribir. Pero a ellos no se les ha hecho nada especial. Exactamente, el escrito que tengo ante mi vista y que voy a leer para evitar malas interpretaciones es que: "Habiendo quedado vacante el puesto de trabajo de Jefe de la Sección de Patrimonio Industrial, en el Servicio Territorial de Economía en Valladolid, y pudiendo ser adscritos provisionalmente al mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 7 del ochenta y cinco de la Función Pública de Castilla y León, tanto D. José Ramón Duque, como Santos Antón Alfonso, ambos funcionarios de esta Dirección General, adscritos provisionalmente en ese momento a la Jefaturas de Sección de Coordinación e Investigación Minera y de Ordenación Minera, respectivamente, en el Servicio de Minas de León"... y ahora -esto es lo que sí que creo que puede haber sido mal interpretado- dice el Secretario General, dice que: "Ruego haga llegar a dichos funcionarios tal circunstancia, a los efectos de su solicitud formal, que será atendida, si las necesidades del servicio lo permiten, de acuerdo con los méritos alegados por cada uno de ellos". No está resuelto el tema, por desgracia, !ojalá estuviera resuelto y así terminaríamos el asunto! A mí me gustaría que lo estuviera.

Por eso, creo que esta contestación sirve tanto para el Grupo del CDS, como para el Grupo Socialista, a quien a continuación paso a contestar.

Yo creo que lo que se ha hecho en este asunto es, precisamente, cumplir las leyes, no saltárselas a la torera ni negociarlas. Con las leyes claro que no se negocia, se cumplen. Y, precisamente, del cumplimiento de las leyes deriva la Orden del cinco de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve, por la que se les advierte que deben de incorporarse a su puesto de trabajo. Y, precisamente, esa Orden es la que ha dado lugar a los recursos presentados. Porque, mientras esta Orden no se les ha ordenado por escrito, pues, no ha dado lugar a otro tipo de... a ningún tipo de reclamaciones ni de resoluciones.

Es decir, que, precisamente, el cumplimiento de las leyes es lo que hace que este Consejero esté presente hoy aquí; si no hubiéramos cumplido las leyes, yo no estaría presente aquí, estaría tranquilamente en mi Consejería. Yo creo que no es cierto que no se cumplan las leyes.

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Por lo tanto, a mí sí que me gustaría que el Grupo Socialista pudiera decir: "hombre, hicimos una pregunta, pedimos una comparecencia y, como consecuencia de esa comparecencia, se ha resuelto". Porque eso supondría que tendríamos en nuestras manos la posibilidad de resolver los problemas que los funcionarios plantean; ya me gustaría que eso fuera cierto del todo. Lo cierto es que este problema puede estar en vías de resolución, pero no lo está. Y lo cierto es que estos funcionarios han hecho uso de todos los medios que tienen a su alcance, desde mi punto de vista, perfectamente, puesto que ellos pueden hacer todos los... los medios, pueden utilizar todos los medios legales que les competen para quedarse en Valladolid. ¿Cuál ha sido uno de ellos? Esta comparecencia puede haber sido una de ellas; la petición de que se les libere de la asistencia al trabajo puede ser otra de las comparecencias; el hecho de haber incumplido en un momento determinado la Orden puede ser otro.

Lo cierto es que la Junta ha tenido la suficiente, yo creo, la suficiente tolerancia... ni siquiera voy a decir tolerancia, la suficiente flexibilidad para que un problema que se creía que se iba a resolver en poco tiempo no se haya resuelto con tanta rapidez, y no, precisamente, porque la Junta no quiera cumplir las leyes, sino porque, cumpliendo las leyes, era difícil crear un puesto de trabajo que no existía.

Quiero hacer referencia también a las palabras del Grupo Popular, para agradecerle su intervención. E insistir -como lo ha hecho desde su punto de vista- que, efectivamente, estamos aquí para cumplir las leyes y que las leyes han sido cumplidas. Y que, como decía, estando este tema pendiente ante los Tribunales, sería absurdo que entabláramos aquí una discusión sobre temas jurídicos, puesto que nuestra interpretación de poco serviría; la interpretación, en definitiva, va a servir es la que el Tribunal oportuno dicte en cada caso, a la que, lógicamente, tendremos que someternos.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Consejero.

Si quieren un turno breve de réplica... Breve, por favor.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Sí, señor Consejero.

Con independencia de que pudiéramos discrepar sobre las expresiones que ha vertido, en el sentido de la facultad de interpretar o no interpretar las leyes, la facultad de interpretar las leyes la tiene la Administración, la tienen los ciudadanos, la tienen los Organos Legislativos y, por supuesto, en última instancia, los Tribunales. Es decir, que no nos impida usted, a los que tenemos una responsabilidad política, ejercer el derecho de interpretar las leyes, los Reglamentos, las normas de desarrollo de las mismas, etcétera, etcétera.

Bueno. No quisiera profundizar en este tema, que sería objeto de otra cuestión.

Lo que sí quisiera, señor Consejero, o sí quisiera nuestro Grupo Parlamentario, es algunas aclaraciones complementarias sobre este asunto -bastante confuso, por cierto-, en el que yo no sé si usted va a poder facilitarnos esas aclaraciones complementarias, porque parte nuestro Grupo Parlamentario de que el Grupo peticionario de esta comparecencia se ha equivocado de Consejero. Es decir, las competencias, de acuerdo con la Ley de la Función Pública en materia de personal, a estos efectos, a estos efectos concretos, las tiene la Consejería de Economía y Hacienda y no la Consejería de Presidencia. A mí me hubiera agradado aquí poder debatir esta cuestión con el Consejero de Economía y Hacienda y no con el Consejero de Presidencia. ¡Cuidado!, no es que me desagrade su comparecencia o no quiera que usted se halle presente; no, en absoluto. Es que creo que, por razón de la materia, sería competente el Consejero de Economía y Hacienda, y no el Consejero de Presidencia; por razón de esta materia concreta, es decir, de las facultades, competencias y atribuciones que en esta cuestión concreta le asisten a las distintas Consejerías y, en este caso, a la de Economía y Hacienda, y no a la de Presidencia.

Entonces hay una serie..., ¿cómo le diría yo a usted?, de fechas que no terminan de encajar, que son las que yo le rogaría que usted nos aclarara, si puede, y, si no puede en este momento, pues, nuestro Grupo solicitaría el que con el tiempo suficiente nos las haga llegar.

Primera cuestión: ¿en qué fecha y por qué documento administrativo y por qué autoridad se ordena a estos dos funcionarios su traslado a León? Y diré por qué le pido esta fecha. Porque, claro, cuando se traslada el Servicio, es decir, el Servicio de Minas y las unidades administrativas de él dependientes, a León es en el año mil novecientos ochenta y siete, y me ha parecido oír -a lo mejor no lo he entendido bien- que cuando se ordena el traslado de estos funcionarios a León, de manera formal, es en Abril de mil novecientos ochenta y nueve. Entonces, aquí hay un lapso de tiempo lo suficientemente amplio como para que la situación de estos funcionarios no estuviera regularizada administrativamente.

O sea, primera cuestión, entonces: ¿en qué fecha, por qué documento administrativo y por qué autoridad administrativa se ordena a estos dos funcionarios su traslado a León?

Segunda cuestión, o segunda aclaración que solicitamos: ¿en qué fecha, por qué documento administrativo y por qué autoridad administrativa se les ofrece a estos funcionarios la posibilidad de quedarse en Valladolid, en situación de adscripción provisional al puesto de trabajo que fuera, y a qué puesto de trabajo, en concreto, si es que se ha producido este ofrecimiento formal, o los interesados lo solicitaron?.

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Y, por último, pues al final no hemos terminado de saber claramente si la situación de estos funcionarios ha quedado resuelta o no ha quedado resuelta, la situación personal y la situación administrativa. En el caso de que haya quedado resuelta, ¿en qué situación concreta ha quedado resuelta esta situación? Es decir, estos funcionarios, ¿en qué puesto de trabajo se encuentran, en virtud de qué adscripción o asignación de puesto de trabajo se ha realizado y en dónde, en definitiva, se encuentran administrativamente en este momento esos funcionarios?.

Repito, y acabo ya con ello, señor Consejero, que si usted no se encontrara, en este momento, en condiciones de facilitarnos estos datos, lo comprenderíamos, porque entendemos que es una documentación muy específica e interna de la Consejería de Economía y Hacienda, y, en cuyo caso, le rogaríamos que, si tiene posibilidad de facilitarnos todos estos datos, nos los haga llegar a nuestro Grupo Parlamentario.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Durán.

Señor Martín Puertas, con brevedad, por favor.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Sí, gracias.

Bueno, en primer lugar aclarar al Portavoz del Grupo Parlamentario Popular que sí que se han suprimido esos dos puestos de trabajo; precisamente, se produce una remodelación de algunos puestos de trabajo, entre los que se encuentran los dos que en esos momentos ocupaban ambos funcionarios. Al ser suprimidos esos puestos de trabajo, por supuesto, y sigo insistiendo, que la Ley de la Función Pública, en su artículo 56, apartado b), desde luego, tiene toda la vigencia que en esos momentos se podía haber aplicado.

El hecho de que transcurriera tanto tiempo hasta -según palabras del Consejero- ver la posibilidad de resolver el problema de ambos funcionarios es lo que produce, precisamente, los contenciosos que a continuación se presentan. Si el tema se hubiera resuelto con anterioridad a la presentación de ambos contenciosos, probablemente ambos contenciosos no hubieran tenido ningún efecto.

El que haya negociaciones, insisto en ello: yo creo que la Ley está para aplicarla, no para negociar con ella, y los argumentos que el Consejero de Presidencia ha expuesto ante esta Comisión me hacen pensar que podría haber algún otro motivo de fondo, que no el de exclusivamente resolver la situación eventual en la que se encontraban ambos funcionarios (simplemente lo dejo caer); pienso que podría haber algún otro motivo por el que la Consejería de Economía y Hacienda y la Consejería de Presidencia se vean obligadas a negociar con ambos funcionarios la recolocación de los dos, o bien en Valladolid, o bien en León. El problema es de voluntad, el problema es que creo que la Consejería de Presidencia tenía que haber negociado anteriormente y tenía que haber resuelto con anterioridad el traslado de estos dos funcionarios, o la ubicación, en Valladolid, definitiva de ambos funcionarios, y yo creo que, al no haberse resuelto con la celeridad que exigía el tema, es por lo que ambos funcionarios, pues, empiezan a presentar recursos contra algunas de las decisiones que la Consejería de Presidencia toma en su momento.

Y nada más. Por último, decirle que, desde luego, no es interés de este Procurador, ni, por supuesto, del Grupo Parlamentario Socialista, el que el Consejero de Presidencia se encuentre -por utilizar sus mismas palabras- menos cómodo en las comparecencias ante la Comisión de Presidencia que en su propio despacho.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Martín Puertas.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente.

Y, brevemente, porque creo que poco más se ha añadido a lo que se dijo con anterioridad por los Grupos Parlamentarios intervinientes.

Yo quisiera dejar de manifiesto que, efectivamente, interpretar las leyes lo puede hacer todo el mundo; pero aplicar las leyes -en este caso se trata de la aplicación de una Ley- lo pueden hacer los Tribunales, y son los que han de hacerlo. Y, además, no solamente voluntariamente, sino que, a petición de cada uno de los ciudadanos, obligatoriamente tienen que dictar sentencias y los ciudadanos deben de cumplirlas, les guste o no les guste. Eso es lo que pasaría si nosotros interpretáramos aquí una Ley: que nuestra interpretación, en este caso concreto, una vez que se ha planteado el contencioso entre los Tribunales, nuestra interpretación en poco iba a ayudar, ni a los ciudadanos ni, concretamente, a estos dos funcionarios.

Por eso yo decía que esto está "sub índice", y que yo creo que el tema jurídico tiene escasa importancia la solución que nosotros le demos aquí, puesto que una persona o un Tribunal es quien debe decirlo.

Se han pedido unas fechas concretas. Algunas de las fechas, efectivamente, puedo hacer referencia a ellas.

Se preguntaba, concretamente, primero -voy a empezar al revés-: no ha quedado claro si el problema está resuelto o no está resuelto; yo creo que sí, que lo he dicho clarísimo. El problema no está resuelto. Lo que pasa que, mientras que en otros momentos no había posibilidad ninguna, ningún puesto en Valladolid, en la Consejería, donde estos señores pudieran optar, pudieran ser adscritos provisionalmente a través de los procedimientos que la Ley de la Función Pública establece, en este momento existe y se les comunica, para que, si quieren hacer uso de ese derecho, lo hagan. Pero el problema no está resuelto definitivamente. Esto es bien claro: mientras que antes no existía ninguna posibilidad, lo que sí que se ha abierto, en este momento, ha sido una posibilidad con la creación de esos puestos.

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Fechas que se piden, fecha y documento en que se ordena su traslado a León. La fecha y documento en que ordena su traslado, no su traslado, sino su incorporación a León, es una resolución, es una comunicación del Director General de Economía, de fecha veintinueve de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve, instando al señor Duque -y otra igual al señor Antón- a que se incorpore a su puesto de León, y le fue notificada el treinta de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve.

Fecha de la adscripción provisional. El historial de estos dos funcionarios es largo. Y yo, si el Portavoz del Grupo Socialista y el Grupo del CDS, Centro Democrático y Social, estiman oportuno, yo les daría una fotocopia de la relación de todos los datos que hay aquí y, si luego quisieran algunos de los documentos correspondientes a esa fotocopia, se los facilitaría con mucha facilidad.

Y creo que no hay ningún otro dato que me quede pendiente.

Respecto al Portavoz del Grupo Socialista, ¡hombre!, yo advierto una cierta contradicción en sus manifestaciones. En principio dice que no se puede negociar, porque las leyes hay que cumplirlas; y, luego, en su intervención sigue diciendo que, bueno, este problema es un problema de voluntad, que, si se hubiera negociado a tiempo, este problema estaría resuelto. Bien, o se puede negociar, y es lícito, o no se puede negociar, y es ilícito. Adoptemos una de las dos soluciones.

Yo creo que, efectivamente, no se puede negociar como tal negociación, pero sí se puede hablar y se debe de hablar. Y supongo que es lo que estará ocurriendo, pero quiero decir que de las conversaciones no queda constancia en los expedientes administrativos; en las conversaciones lo que ocurre es que se intenta buscar la solución para aquellos funcionarios, pues, que puedan tener algún problema. A veces esta solución se puede encontrar con arreglo a las leyes, y otras, con arreglo a las leyes no se puede encontrar.

Y yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que, con arreglo a la ley, difícilmente se le ha podido encontrar; y en este momento, pues, parece que hay una salida, parece que hay una salida que podría ser la solución.

Y por último, ha dejado caer una nota, que yo sí que quiero dejar bien clara. Dice: "¡Hombre!, dejo caer aquí que posiblemente el problema no sea un problema de personal, sino un motivo de fondo, un motivo de fondo de la Consejería de Economía. Bien, pues, yo quiero dejar constancia de que si ese motivo de fondo existía, existía de verdad, y era que los servicios de minas se prestan mejor, o se prestaban mejor -por lo que yo he visto en los antecedentes- desde León que desde Valladolid. Y si ese tema se acepta, y nadie lo ha discutido, y es una decisión y una resolución firme, ahí está el motivo de fondo que hacía que estos funcionarios hubieran de trasladarse a León y no a Valladolid. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Consejero. Acabado el turno de Portavoces, si algún Procurador miembro de la Comisión quiere intervenir... El Procurador no miembro de la Comisión presente ¿tampoco quiere intervenir? Entonces, saludamos al señor Consejero y le agradecemos su presencia.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Muchas gracias. Con su permiso, me ausento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Pasamos al segundo punto del Orden del Día, que dará lectura el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR MARTIN DE MARCO): Segundo punto del Orden del Día: "Adopción acuerdo solicitud de comparecencia ante la Comisión de Presidencia de una representación de cada una de las centrales sindicales con representación en el Consejo Superior de la Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a fin de que puedan manifestar su valoración sobre el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 7/87, actualmente en tramitación".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Secretario. Presentado escrito por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Secretario dará lectura a los dos párrafos que contiene el mismo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR MARTIN DE MARCO): "Solicitar la comparecencia ante la Comisión de Presidencia de una representación de cada una de las centrales sindicales con representación en el Consejo Superior de la Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a fin de que puedan manifestar su valoración sobre el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 7/87, actualmente en tramitación.

Asimismo, se solicita la ampliación del período de presentación de Enmiendas del Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 7/87, de veintisiete de Diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Castilla y León hasta que dicha comparecencia haya tenido lugar".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Secretario. Para la defensa del... por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

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EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente. Estando en trámites la reforma de la Ley de la Función Pública, nuestro Grupo pensaba que era conveniente que cualquier opinión que desde las centrales sindicales se pudiera verter ante esta Comisión de Presidencia, pudiera enriquecer la Resolución de dicha Ley de la Función Pública.

Este, y no otro, es el motivo por el que solicitábamos ante la Comisión de Presidencia el que se tomara en consideración la propuesta que hacíamos, que no era otra que la de que las cuatro centrales sindicales representadas en el Consejo de la Función Pública (CESIF, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y CEMSATSE) comparecieran ante esta Comisión para que nos dieran su opinión sobre cuáles debían de ser las reformas y, por lo tanto, las mejoras que podría sufrir dicha Ley. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Martín Puertas. ¿Algún Grupo quiere consumir un turno en contra? Entonces, para fijación de posiciones, por orden de Grupo... por el Grupo Mixto, el señor Sánchez Iñigo tiene la palabra.

SANCHEZ IÑIGO

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO: Gracias, señor Presidente. Estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por el Portavoz del Grupo Socialista.

Unicamente quería hacer una consideración: que a mí me hubiera gustado, si hubiera sido posible, haber tratado el punto 2 y el punto 3 conjuntamente, por la relación que mantienen entre sí. Yo no sé si en estos momentos será posible hacer eso. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Bien. La verdad es que en los escritos... vamos a tratar primero el punto segundo y, lógicamente, si este punto, que es el más amplio, se aprueba, decaería el punto tercero. Entonces, en principio vamos a debatir este punto, que es el punto segundo, que es el de más amplio acuerdo, y el punto tercero, que es una de las partes, en este caso el Sindicato Regional de la Administración de Castilla y León de Comisiones Obreras, lógicamente, si se aprueba el punto segundo, el tercero decaería. Por tanto, ésa es la razón por la que se debate primero el punto segundo.

Por el Grupo Parlamentario del CDS, el señor García García-Ochoa tiene la palabra.

GARCIA GARCIA-OCHOA

EL SEÑOR GARCIA GARCIA-OCHOA: Muchas gracias, señor Presidente. Para adherirnos a esta petición. Estamos totalmente de acuerdo. No solamente es deseable, sino que yo creo que es necesario la participación de las centrales sindicales, porque, como representantes de los trabajadores, precisamente es hacia donde va dirigida esa Ley. Es decir, que las leyes sectoriales nosotros entendemos que debe de participar en ellas, al menos oírlas; incluso nos van a dar, seguro, algunas opiniones muy sensatas con relación a la aplicación de esta Ley, de la que ellos van a ser destinatarios.

Por ello, nos mostramos en total acuerdo con la petición del Partido Socialista. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Nieto tiene la palabra.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Muchas gracias, señor Presidente. Nosotros aceptamos el planteamiento que hace el Grupo Socialista de la comparecencia de los Sindicatos que están presentes en la Comisión Superior de Personal... en el Consejo de la Función Pública -perdón-, ante esta Comisión, bueno, un poco remitiéndonos a antecedentes de otras comparecencias que ha habido sobre la misma materia, y en otros ámbitos que afectan a la vida parlamentaria, no sólo en el caso de la Función Pública.

Lo que sí quisiéramos es dejar constancia de que, desde nuestro punto de vista, no se trata de una participación de los Sindicatos en el proceso legislativo; las cosas debemos de tenerlas muy claras.

Segunda cuestión. La solicitud de comparecencia se hace por un Grupo Parlamentario a efectos puramente informativos, a efectos de conocimiento por parte de la Comisión de los puntos de vista de los Sindicatos, que podemos no darnos por satisfechos con la emisión de estos puntos de vista en su participación -y ahí sí la han tenido- en el proceso de elaboración del Proyecto de Ley, y que no haya llegado suficiente o adecuadamente al conocimiento de la Comisión.

Por lo tanto, nos parece bien escuchar el punto de vista de los sindicatos.

Pero, a este respecto, quisiera matizar que el escrito de petición añade algún matiz del que nosotros entendemos que esta Comisión debe huir. No se trata de que hagan una valoración del Proyecto de Ley, sino de que hagan una exposición ante la Comisión de aquello para lo que la Comisión los convoca, que es: "Informar de sus puntos de vista sobre sus posibles reivindicaciones o sobre los intereses sindicales que están comprometidos en la tramitación de este Proyecto de Ley".

Hecha esta matización, tiene una segunda parte, y es que no debemos de convertir las comparecencias de personas extrañas a las Cortes en motivo de debate o plataforma de lanzamiento de opiniones de grupos que no participan en el proceso legislativo. Con estas dos matizaciones, nosotros nos adherimos al planteamiento hecho por el Grupo Socialista.

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En cuanto a la segunda parte del escrito que nos ha leído la Mesa, esta segunda parte a nosotros nos parece que no es un escrito dirigido a la Comisión, que no procede que la Comisión se pronuncie sobre este tema, que no nos parecería bien que se retrasase la tramitación de la Ley de una forma imprevista, o imprevisible, por los problemas de fechas que pudieran generarse con este planteamiento; pero, en último término, creemos que la Comisión no tiene capacidad para pronunciarse sobre este segundo punto del escrito del Grupo Socialista.

Y ya, como deseo, sería, por mi parte, que los representantes del Partido Socialista en estas Cortes transmitan a sus colegas de otros ámbitos y de otras Cámaras Legislativas este deseo de dar participación a las organizaciones sindicales en las Cámaras Legislativas, que parece que no es coincidente, según los ámbitos en los que se trabaja.

Por mi parte, de momento, nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Nieto. Como Grupo proponente, el señor Martín Puertas tiene la palabra.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente. Estoy de acuerdo con todas las manifestaciones sobre cuál debe de ser el objeto de participación de las centrales sindicales ante la Comisión de Presidencia. Estoy totalmente de acuerdo.

En ningún caso esta Comisión iba a dejarse influir por las posible valoraciones que los miembros de las centrales sindicales allí representadas pudieran verter para la modificación o no modificación del Proyecto de Ley de la Función Pública.

Insisto en que, desde nuestro punto de vista, el Grupo Socialista entendía que era oportuno el escuchar a todas centrales sindicales, ver cuál era su punto de vista sobre esta Reforma de la Ley de la Función Pública. Y desde ese objetivo, y no desde ningún otro, nos movió a que presentáramos esta solicitud de comparecencia.

En cuanto a la segunda parte del escrito presentado por nuestro Grupo, sobre la solicitud de ampliación del período de presentación de Enmiendas, el único motivo que nos movía a hacer esta solicitud de ampliación era exclusivamente el del tiempo. Es decir, nos encontrábamos con que... Supongo que la Presidencia de esta Comisión valorará cuál es el momento oportuno para poder convocar a las centrales sindicales, y entendíamos que, posiblemente, la convocatoria de esas centrales sindicales, en el caso de sufrir algún tipo de demora, pudiera no coincidir con el período de plazo de presentación de Enmiendas del Proyecto de Ley. Exclusivamente era por eso por lo que, de alguna manera, insinuábamos a la Presidencia de la Comisión de Presidencia la posibilidad de recoger la ampliación del período de sesiones.

Totalmente de acuerdo en que no le corresponde, quizá, a la Presidencia el recogerlo, pero sí entendíamos que era el Portavoz apropiado para hacérselo transmitir así al Consejero de Presidencia.

Nada más. Agradecer a todos los Grupos presentes en esta Comisión que hayan aceptado la propuesta presentada por el Grupo Socialista, y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Martín Puertas. El señor Nieto... De todas las maneras, voy a explicar cómo queda la votación, si hace el favor.

Se va a proceder solamente a votar el primer párrafo, porque el segundo no es a esta Comisión; corresponde a la Mesa de las Cortes ampliar o no ampliar los plazos. En todo caso, como sugerencia, se le puede trasladar a la Mesa de las Cortes, pero sin más. Yo lo que sí que, como Presidencia, trataré de que sea la comparecencia lo más rápidamente posible; no fijaremos fechas tampoco aquí, porque tampoco depende de esta Presidencia.

Y entonces, a continuación pasamos a adoptar el acuerdo del primer párrafo, que creo que no hace falta leerlo, porque está recogido en el escrito de solicitud, y, entendiendo que por todos los Grupos se ha apoyado por unanimidad, lo pasaríamos a aprobar por asentimiento, teniendo también en cuenta que con esta aprobación de este párrafo decae la adopción del acuerdo del tercer punto, porque se halla incluido dentro de la aprobación de esta solicitud de comparecencia que hace el Grupo Parlamentario Socialista.

Con esta explicación... Sí. El señor Sánchez Iñigo.

SANCHEZ IÑIGO

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO: Si corresponde a la Comisión fijar el número de representantes, porque aquí únicamente dice una representación, pero no el número de representantes. Si corresponde a la Comisión o a la Mesa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Bueno, la fijación, yo recuerdo por otras comparecencias anteriores, no se ha fijado un número, se le traslada..., hombre, esperamos del buen juicio de los representantes sindicales, que no vengan aquí toda la Comisión Permanente y representativa. Quiero decir, que vendrá una representación, se entiende un número de uno o dos, porque luego los plazos de tiempo que se le van a dar para intervenir, pues, son exactamente los mismas. O sea que, no creo que..., en fin, esperemos que el buen juicio les haga venir la representación que ellos consideren adecuada.

Por lo tanto ¿se entiende aprobada por unanimidad la solicitud de comparecencia, el párrafo primero, del Grupo Parlamentario Socialista?

Bueno, pues, sin más, agradeciéndoles la presencia, se levanta la sesión.