DS(C) nº 210/2 del 15/12/1989

HUIDOBRO DIEZ

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Señorías, no es ésta mi primera comparecencia ante esta Comisión, porque ya ha tenido lugar otra, con anterioridad, pero para un tema puntual. Es, sí, la primera comparecencia en la que de manera genérica voy a tratar de exponer cuáles son los objetivos que la Consejería tiene para lo que queda de Legislatura. Es un área muy importante para la Administración de Castilla y León, y a ella espero dedicar un gran esfuerzo, como esperan dedicarlo todos aquellos que colaboran en la Consejería con este Consejero.

La eficaz gestión de los intereses públicos de la Comunidad de Castilla y León es tarea que corresponde a la Administración Regional, que a tal efecto dispone de personal a su servicio, clasificado, según las normas vigentes, en funcionarios, personal eventual, personal interino y personal laboral. Realmente, las dos categorías principales son las de funcionarios y personal laboral. Las demás serían o deberían de ser excepcionales. El personal al servicio de la Administración Pública de Castilla y León depende orgánicamente de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, sin perjuicio de la dependencia funcional de cada Consejería. La selección, gestión y formación del personal al servicio de la Administración de la Comunidad constituye una de las tareas importantes de esta Consejería. Procurar a la Administración las personas con capacidad necesaria para asegurar esa eficaz gestión de los servicios es una muy importante tarea. Es el objetivo de mayor importancia, y los demás, aunque esenciales e irrenunciables desde otros puntos de vista, deben de considerarse complementarios del objetivo principal.

La Comunidad, que tiene competencias plenas para la creación y estructuración de los órganos y servicios de la Administración Regional que tengan por objeto servir al ejercicio de las competencias a ella atribuidas, ha de someterse a los principios y normas de organización y actuación de la Administración del Estado, hasta el punto de que el régimen de sus funcionarios se establecerá de acuerdo con dichos principios.

No puede la Comunidad establecer libremente su política de personal, porque el establecimiento de las bases del régimen jurídico de la Administración Pública y del régimen estatutario

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de sus funcionarios son competencia exclusiva del Estado, de acuerdo con la Constitución. A estos principios responde la Ley 30 de mil novecientos ochenta y cuatro, de dos de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y la Ley 7 de mil novecientos ochenta y cinco, de veintisiete de Diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración de Castilla y León.

La Ley de Medidas carece de un claro modelo de Función Pública, y se caracteriza por la amplísima discrecionalidad de que ha dotado a la Administración en todo lo concerniente al régimen de la Función Pública. Con esta Ley y con las que de ella han tomado modelo -necesariamente, además-, es difícil para el funcionario saber a qué atenerse en cuanto a expectativas de promoción y de carrera; casi todo depende, en último término, de la relación de puestos de trabajo.

La ausencia de regulación definitiva de las bases del régimen jurídico de la Administración Pública y del régimen estatutario de sus funcionarios es otro de los problemas que tenemos pendientes. Es más, noticias de prensa muy recientes anunciaban que la intención del Gobierno de la Nación era modificar el régimen retributivo de los funcionarios. Tampoco en otros aspectos, en cuanto a recursos humanos disponibles, la Junta de Castilla y León, como sucede en otras Autonomías, parte de cero. De los aproximadamente diez mil funcionarios que en la actualidad sirven a la Administración de Castilla y León, su procedencia y situación es de lo más variopinta. El número de laborales llega casi a cinco mil, y algunos trabajan en puestos que podrían considerarse funcionariales. Esta situación es compleja y es preocupante, pero es la situación que tenemos. Esa es la realidad, e ignorarla haría imposible ofrecer una respuesta adecuada a la cuestión que plantea. Sin embargo, hay que dejar bien claro que, en busca de esta respuesta, en busca de la respuesta adecuada, la Junta de Castilla y León ha recorrido ya un gran camino. No partimos de cero. Estamos en una etapa de una larga carrera que empezó hace mucho tiempo y que en este momento tiene una etapa o tiene un punto principal de partida.

La convocatoria del concurso de funcionarios que este Consejero tiene en marcha y el firme y decidido propósito de llevarlo a cabo en breve plazo tampoco es la meta definitiva. Mediante él se pretende poner las bases para avanzar en la consecución de un función pública profesionalizada y adecuada a la gestión de los servicios a prestar por esta Comunidad. Soy consciente de que la celebración de este primer concurso de esta naturaleza es una decisión política, necesaria y unánimemente reclamada por los funcionarios, sindicatos y fuerzas políticas. Así lo he podido advertir de la lectura de las actas de estas Cortes y de las visitas que durante estos últimos meses he realizado a todas las provincias, en constantes contactos con Juntas de Personal, e incluso con los Comités de Empresas en otros aspectos.

Pero esta decisión política es una decisión que hay que tomar, y yo creo que es una decisión valiente. No desconozco los múltiples y complejos problemas que su convocatoria plantea. En alguna ocasión me han dicho que he abierto el "portón de los sustos", para los que sean aficionados a los toros. Supone... No tendré que explicar que supone colocarse en el centro de la plaza y esperar que salga el toro, pedir que el toro sea bravo, pero que sea un toro leal; pero la posibilidad de saltar por los aires existe. No desconozco los riesgos que la convocatoria de este concurso tiene, pero sigo insistiendo en que es firme propósito de este Consejero seguir adelante con él y convocarlo lo antes posible. Y lo digo porque es unánimemente deseado. Y porque es unánimemente deseado, y a pesar de los problemas que plantea, y porque plantea problemas, yo pediría a todos los grupos representados en esta Cámara la ayuda y colaboración que estimen oportuna, porque les aseguro que toda la ayuda y toda la colaboración para la convocatoria y resolución de este concurso será poca. No es una tarea de un grupo político ni de un gobierno determinado. Es una tarea de todas las fuerzas políticas de la Región, y también de la colaboración y comprensión del personal que está al servicio de la Junta. Al mismo tiempo que ofrezco esta ayuda, que pido esta ayuda, pido también, y ofrezco, la colaboración y la transparencia, como creo que se está haciendo hasta este momento, de la marcha de este concurso. No olviden Sus Señorías que, si creemos que en un futuro próximo esta Administración Pública, que es la Administración Pública de los castellanos-leoneses, disponga de funcionarios que gocen de estabilidad en el empleo, del principio de inamovilidad, y que dispongan de expectativas de promoción, sólo puede conseguirse con la celebración de este concurso. La celebración del concurso, como decía hace un momento, no es el fin de la carrera, sólo es una etapa; llegamos y hay que prepararse para la salida de la próxima etapa, y preparar la estrategia para el día siguiente.

Y aquí entra en consideración, otro elemento importante: la inspección de servicios.

Celebrado el concurso y cada puesto de trabajo ocupado por el funcionario idóneo para desempeñarlo, es preciso realizar un serio trabajo, destinado a velar porque en la realización del trabajo se cumplan las normas legales y reglamentarias que lo ordenan, y es necesario realizar un examen y mejora de los procesos administrativos, tendiendo a su simplificación y racionalización. Esta tarea ocuparía una gran parte del trabajo de la inspección de servicios en los próximos tiempos.

Así pues, convocado y resuelto el concurso de funcionarios y examinada y evaluada la actuación administrativa, con esta nueva ordenación de los recursos humanos de que la Junta dispone, nos encontraríamos en situación de mejorar, año a año, la relación de puestos de trabajo, de forma que contribuya a la

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profesionalización de la Función Pública y al establecimiento de una carrera administrativa dentro de la Función Pública. Nos encontraríamos en situación de simplificar y racionalizar los numerosos y complejos procedimientos administrativos que en este momento ordenan la gestión de los servicios de esta Comunidad. Habríamos contribuido a hacer posible una correcta gestión de estos servicios, mediante la ordenación de la compleja y variada situación en la que la Función Pública de Castilla y León se encuentra. No me interesa tanto por qué se encuentra en esta situación, ni cómo hemos llegado a ella; lo único que quiero dejar patente es que ésta es la situación que tenemos. La situación que tenemos es un marco complejo y unos recursos humanos cuya procedencia y cuya situación ofrece grandes problemas y ofrece situaciones muy diversas. Pero he dicho que aproximadamente una tercera parte del personal al servicio de la Junta de Castilla y León es personal laboral, y que en muchos casos están desempeñando trabajos más propios de funcionarios que de laborales. Nos encontramos con una excesiva y a veces errónea laboralización de la Función Pública, motivo de conflictos, tensiones e insatisfacciones justificadas.

Este Gobierno se encontró con esta situación, y procuró -digo procuró- no acentuarla; pero es respetuosa con ella, porque las personas que de alguna manera han llegado a ocupar estos puestos tienen derecho a que su situación personal y laboral sea clara. Digo más: una de las preocupaciones de este Consejero -y porque soy consciente de que la solución no depende de mi sola voluntad, ni de la del Gobierno del que formo parte- es precisamente esta situación del personal laboral. La Administración del Estado tiene planteado este problema pienso que a mayor escala, y no lo ha resuelto, y no creo que pueda resolverse si no es a escala nacional. Ha de resolverse a escala de la Administración del Estado y del resto de las Comunidades Autónomas, con una norma, o con una base que sirva para resolver este problema en todas las Autonomías, con normas que afecten tanto a la Administración del Estado, a la Administración Central, como al resto de las Autonomías. Pero quiero que quede bien claro la sensibilidad de este Consejero por este problema, que creo que tal como está no tiene una solución a corto plazo, pero que había que hacer un programa a largo plazo para que a la larga, los principios establecidos en la Ley de la Función Pública, especialmente después de la Sentencia del Tribunal Constitucional y de la nueva redacción de la Ley 23 de mil novecientos ochenta y ocho, ochenta y siete, venga a regular este problema.

No obstante, quiero poner de manifiesto lo mucho que en este campo se ha avanzado. En este momento se está a punto de convocar la Oferta de Empleo Público de mil novecientos ochenta y siete, y aunque diga que esto es un avance, refiriéndome a mil novecientos ochenta y siete, sigo insistiendo en que es un gran avance. Se ha recorrido las tres etapas que toda convocatoria, o que toda ocupación o provisión de puestos de trabajo llevan consigo en la Administración: el camino previo de la promoción interna y del concurso de traslados, para llegar, en este momento, a la Oferta Pública de Empleo. Quedan pendientes las relaciones de puestos de trabajo de mil novecientos ochenta y ocho, con las vacantes correspondientes, y la de mil novecientos ochenta y nueve, que en fecha... que está ya informada por el Consejo de la Función Pública, y que en fecha muy próxima se publicará. Es intención de la Consejería hacer el trámite de estas dos relaciones de trabajo conjuntamente, y hacer el mismo recorrido que se hizo con la de mil novecientos ochenta y siete: promoción interna, concurso de traslados y oferta de empleo público.

Con estos dos problemas, con estas dos soluciones, con estos dos objetivos: el concurso y la conclusión de la oferta de empleo público para los años mil novecientos ochenta y siete, mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos ochenta y nueve, esperamos tener una base de partida que nos permita en el futuro tener una buena administración, una buena función pública; en esto es en lo que este Consejero piensa trabajar en el futuro. Para ello falta algo más: falta un programa de formación, un programa de formación, tanto de los funcionarios como del personal laboral; formación que, si durante algún tiempo ha estado paralizada, en parte, en los últimos tiempos, en los últimos meses, se debe, principalmente, porque, al ser precisamente los cursos de formación uno de los elementos que se tienen en cuenta como mérito en la relación o en la resolución de los concursos, habría sido difícil de explicar por qué a esos cursos de formación iban unos funcionarios u otros, que de alguna manera podrían conseguir una mejor situación para la provisión de esos puestos de trabajo que se encontraban vacantes. Estos cursos o este programa de formación, lógicamente, tiene que ser consensuado por los representantes de los funcionarios y tiene que ser un programa de formación amplio, y no simplemente limitado a un sector determinado; tiene que responder a las nuevas necesidades, a las nuevas peticiones que la sociedad hace a una Administración Pública moderna. Es necesario que la Función Pública responda a esas nuevas necesidades.

Es lógico que los funcionarios que ingresaron en la Administración hace poco tiempo, o hace mucho tiempo, no estén preparados en ocasiones para lo que hoy exige una moderna Administración. Hay que darles esta oportunidad, no solamente para responder, para que sea posible prestar un buen servicio público, sino también para algo más: para que el funcionario se sienta satisfecho, para que se sienta tranquilo en su puesto de trabajo, y que realmente está haciendo algo que es útil a la sociedad. Y para entender y para hacer posible que esa relación de puestos de trabajo, que año a año ha de renovarse, se renueve y haya personal suficiente para cubrir esos puestos nuevos que,

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lógicamente, han de aparecer, para dar satisfacción a esas nuevas necesidades que la formación..., que la prestación, la gestión de los servicios públicos y el interés general de los castellano-leoneses exige.

Este es, en términos generales -y luego, en la contestación responderé a otras preguntas concretas-, lo que este Consejero pretende durante el tiempo que falta de esta Legislatura: sentar las bases de la Función Pública, en base a los funcionarios y al personal laboral. Sé cuáles son los problemas con los que nos encontramos, sé cuáles son los problemas que se encontraron quienes me antecedieron en este cargo. Tengo que reconocer que se ha hecho un trabajo difícil; la construcción del Estado de las Autonomías es, quizá, el más importante... el más importante reto que tiene España en este momento. Pero no en este momento; ha surgido con anterioridad. Y uno de los sectores o segmentos más afectados por esta construcción del Estado de las Autonomías es la Función Pública. Yo creo que, con la ayuda de esta Cámara y con la comprensión que sé que se está teniendo por los funcionarios de la Comunidad, podremos conseguir que en este año que viene hayamos sentado unas bases firmes para que la Administración de Castilla y León tenga una buena función pública y para que los funcionarios se sientan satisfechos por la estabilidad en el empleo y por la posibilidad de hacer una carrera administrativa.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Consejero.

Se suspende la sesión durante quince minutos.

(Se suspende la sesión a las once horas cincuenta minutos, reanudándose las doce horas veinte minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Se reanuda la sesión. Para fijar posición en los Grupos Parlamentarios, estando ausente el Grupo Mixto, el señor Durán, por el Grupo Parlamentario del CDS, tiene la palabra.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Consejero, por su comparecencia.

Mi Grupo Parlamentario quiere manifestarle a usted, como ya le ha manifestado a los anteriores Consejeros de Presidencia, la comprensión y la simpatía por los problemas que tiene usted que afrontar en materia de Función Pública; comprensión y simpatía que reiteramos, como se la hemos expresado en los mismos términos a los dos Consejeros que le han precedido en esta Consejería en la presente Legislatura.

Nuestra Comunidad Autónoma, a lo largo de los seis años de vida que tiene -desde el año ochenta y tres-, ha tenido seis Consejeros de Presidencia, es decir, ha resultado a una media de Consejero de Presidencia por año, hasta el momento presente; difícilmente con esta movilidad puede conseguirse una estabilidad de objetivos y de las acciones tendentes a cumplirlos.

Expuesto esto como preámbulo de cortesía a su comparecencia, quiero decirle, señor Consejero, que, de alguna manera, nos sentimos un tanto defraudados; nos sentimos defraudados, porque una buena parte de su exposición se ha limitado a señalar, a exponer un conjunto de principios genéricos en materia de Función Pública, valiosos en sí mismos, en cuanto a principios: constituyen los fundamentos y la doctrina expresada por todos los estudiosos y tratadistas, y políticos, en esta cuestión; principios que todos los Consejeros de Presidencia han expuesto con idénticas palabras, que todos los Portavoces de los Grupos Parlamentarios han expuesto con idénticas palabras, porque son principios y fundamentos de común afectación. Eso de una función pública profesionalizada, eficaz, objetiva, neutral, apartidista, ilusionante, basada en principios de mérito y de capacidad...; bueno, de alguna manera, permítame, señor Consejero, que le diga que no son principios que no convenga reiterar de vez en cuando -y yo se lo agradezco que usted lo haya hecho, aunque sólo sea para recordatorio común-, pero que no aportan ninguna novedad, ninguna originalidad a los planteamientos en materia de función pública. Porque, claro, el verdadero problema radica en traducir esos principios generales, esos fundamentos, esos conceptos de función pública a acciones muy concretas y específicas, reflejadas en los textos legales, en los textos de desarrollo reglamentario y en las Disposiciones de aplicación a la Administración Pública. Y esto es, precisamente, lo que no se ha hecho.

Mire usted, yo le he dicho aquí, en alguna ocasión -y además, creo que se lo he dicho a usted personalmente, y de ahí se deriva nuestra comprensión y simpatía hacia los problemas que usted, como Consejero de Presidencia, pueda tener en esta materia-: "los mimbres con los que usted tiene que trabajar son unos pobres mimbres"; esta es una realidad. Esos mimbres se derivan de la Ley 30/84, de Ordenación de la Función Pública, y de la posterior Ley de Reforma, Ley 23/85, de Reforma de la Ley 30..., perdón, Ley 23/88... 87, perdón, de Reforma de la Ley 30 de la Función Pública, promulgada como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional, que presentó el Grupo Popular... del recurso de inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley 30, que presentó el Grupo Popular ante el Tribunal Constitucional.

Bien. Debo recordar que, en el Preámbulo, en la parte expositiva de la Ley 30 del Estado, se dice que esa es una Ley que tiene una provisionalidad, hasta tanto se promulgue el Estatuto de la Función Pública; o sea, que la Ley 30 del Estado

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es una Ley provisional, por su propia naturaleza y por su propia definición en la parte expositiva, "hasta tanto -dice la Exposición de Motivos de esta Ley- se promulgue el Estatuto de la Función Pública". Luego, aquí hay una parte de responsabilidad en la pobreza de esos mimbres con los que usted tiene que trabajar, una parte de responsabilidad en el Estado, como usted ha señalado en una parte de su exposición; es decir, el Estado no ha sido capaz todavía de promulgar, de someter a las Cortes Generales y de promulgar el Estatuto de la Función Pública y acabar con la provisionalidad normativa de la Ley 30.

Pero esta responsabilidad que tiene el Estado no exime a nuestra Comunidad Autónoma de determinadas responsabilidades, que sistemáticamente han venido siendo incumplidas, por la incapacidad de nuestros órganos gestores en aplicar determinados principios sustantivos de la Ley, tanto 30 del Estado, como de la parte del Ordenamiento legal de nuestra Función Pública, que es la Ley 7/85, de nuestra Comunidad Autónoma.

Y aquí, de alguna manera, yo sí tendría que destacar que, si entre la Ley 30/84, del Estado y la Ley 7/85, de Ordenación de la Función Pública de nuestra Comunidad, pasó un lapso de tiempo prudente -es decir, para ajustar nuestra propia legislación, o para crear nuestra propia legislación, ajustándola a los preceptos básicos que se contenían en la Ley 30 del Estado-, si pasó un tiempo prudente, sin embargo, la aplicación reglamentaria de la Ley 7/85, de Ordenación de la Función Pública de Castilla y León, todavía no se ha realizado más que en una mínima parte, y no en la parte más sustantiva del ordenamiento de la función pública. En la práctica, yo diría que solamente se ha desarrollado la parte de la Ley de nuestra Función Pública que hace referencia al Consejo de la Función Pública y a la aplicación de determinadas facultades y competencias, de tipo puramente mecánico en su desarrollo, por parte de los órganos gestores de la Función Pública. Pero la parte más sustantiva de la misma es una cuestión que constituye todavía la asignatura pendiente de la Consejería de Presidencia del presente Gobierno y del Gobierno anterior.

¿Cuál es esta parte realmente sustantiva? Pues, mire usted, la parte realmente sustantiva es el conjunto de procesos que tiendan a dar estabilidad al funcionario dentro de su puesto de trabajo, por los procedimientos y mecanismos que en la Ley se contemplan. Y ese conjunto de procesos -como usted ha señalado en su intervención- son, en primer lugar, las anuales ofertas públicas de empleo que deben publicarse; en segundo lugar, las anuales relaciones de puestos de trabajo que deben publicarse; y, en tercer lugar, los anuales concursos que deben publicarse y resolverse, claro está.

Bien. Yo tenía la esperanza, señor Consejero, que usted, hoy aquí, nos hubiera anunciado la fecha del ya famoso concurso de provisión de puestos de trabajo que tiene pendiente esta Comunidad desde el año mil novecientos ochenta y cinco, y que ha sido reiteradamente anunciado, ante esta Comisión y ante el Pleno de la Cámara, por todos los Consejeros de Presidencia que se han ido sucediendo en el cargo y que, al día de hoy, quince de Diciembre, lo único que tenemos es la promesa, una vez más, del señor Consejero compareciente, de que con una relativa brevedad se va a publicar el concurso de provisión de puestos de trabajo. No ignoramos, señor Consejero, no ignoramos, conocemos perfectamente, las dificultades que ustedes tienen para sacar adelante ese concurso. Es decir, desde el recurso del Decreto regulador de las bases del propio concurso, recurrido... Pero creo que el recurso está ya resuelto, no lo sé, últimamente; sinceramente, no lo sé. Creo que está resuelto el recurso, con lo cual, en principio, la Consejería de Presidencia no parece tener ninguna dificultad para publicar el Decreto regulador de las bases de todo concurso, para, a renglón seguido, como paso inmediato, publicar el concurso, es decir..., y proceder a su resolución.

Pero claro, fíjese usted que en este año mil novecientos noventa -inminente ya, a quince días-, se va a tropezar usted con los siguientes problemas. El problema, en primer lugar, de publicar la oferta pública de empleo; la oferta pública de empleo es la que se deriva de las vacantes existentes en las relaciones de puestos de trabajo. Es decir, la Oferta Pública de Empleo es el resultado de las vacantes existentes. Una Oferta Pública de Empleo dice "hay veintisiete vacantes de técnicos, por ejemplo, de Administración Civil, veintidós vacantes de Administrativos -por poner un ejemplo-, tres vacantes de cocineros -referido al personal laboral-...." Es decir, es una exposición numérica de las vacantes existentes. El paso siguiente, y, además, por precepto legal, tiene que ser en el primer trimestre del año, por precepto legal tiene que ser en el primer trimestre del año, tiene que publicarse el concurso de provisión de esas vacantes. El paso siguiente es que aquellas vacantes no provistas tienen que salir a oposición o a concurso-oposición, según los casos.

Es decir, que fíjese usted que toda la problemática derivada del incumplimiento de la Ley de nuestra Comunidad Autónoma en materia de Función Pública en el año ochenta y seis, en el año ochenta y siete y en el año ochenta y ocho se le va a acumular a usted en el año noventa.

Yo, con mis compañeros de Grupo, hace un momento ponía, con relación a todo este ejemplo... a todo este problema, un ejemplo relativamente gráfico: lo que en el año ochenta y seis era un problema del tamaño de una canica ha ido engordando de tal manera que en el año noventa va a ser una bola del tamaño de este

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Castillo. Y yo no sé si en el año noventa vamos a tener resuelto este conjunto de problemas, que son sucesivos el uno detrás del otro, es decir, que mientras no se resuelva el primero, no se van resolviendo los sucesivos; no lo sé. Y me permito, además, desconfiar -perdone usted que los años hayan convertido a este Procurador en un Procurador desconfiado-, me permito desconfiar, señor Consejero, porque el anuncio del concurso lo hemos... del concurso inminente, en breve, en fecha próxima, lo hemos oído a cuantos le han precedido a usted en ese difícil cargo de Consejero de la Presidencia.

Entonces, señor Consejero, nuestro Grupo Parlamentario quisiera saber, si usted está en condiciones de decirlo, la fecha en que su Consejería va, primero, a publicar el Decreto regulador de los concursos; en segundo lugar, cuándo se va a publicar el Decreto de Integración de Cuerpos y, en tercer lugar, cuándo se va a publicar el concurso al que aspiran -y yo creo que ya suspiran- la mayoría de los funcionarios de nuestra Comunidad. No vea usted en mis palabras ninguna dureza expositiva, más que aquélla que pudiera derivarse de unas circunstancias que están, francamente, complicadas, y que hasta el momento presente, y a pesar de los numerosos anuncios realizados por los Consejeros comparecientes, no han sido, en modo alguno, resueltos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Durán. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martín Puertas tiene la palabra.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, saludar al señor Consejero. Creo que ésta es su primera comparecencia a petición propia, comparecencia que, por otra parte, yo creo que se ha retrasado en exceso, puesto que me parece que es aquélla solicitada a raíz de su nombramiento. Digo que vaya por delante nuestro saludo.

La verdad es que, después de la intervención del Portavoz del Grupo Parlamentario del CDS, pocas cosas quedan a nuestro Grupo, Grupo en la oposición, para decir al señor Consejero. Pero, de cualquier manera, este Procurador ha echado en falta algunas ausencias en su intervención. Por ejemplo, hablar de algo previo al concurso, y vaya por delante que no quisiera en mi intervención salirme de lo que es el Orden del Día de esta convocatoria.

Decía que, en primer lugar, echo en falta el Decreto de Integración de Cuerpos y Escalas, considerado por nuestra parte como un paso previo fundamental para la convocatoria del concurso-oposición.

Refiriéndome ya directamente al concurso, el señor Consejero ha hecho supongo que algunas declaraciones de principio, que no se salen de la línea de las que este Procurador ya había leído en algunos periódicos de la prensa regional, como alguna intervención suya en rueda de prensa en Soria o, creo recordar, en Burgos, etcétera, en las que venía a decir exactamente lo mismo que usted ha dicho en esta comparecencia ante las Cortes: que tiene voluntad de sacar adelante el concurso de funcionarios lo antes posible.

Yo quisiera conceder el beneficio de la duda al señor Consejero, basta que ésta es su primera comparecencia ante estas Cámaras por petición propia, pero tengo las dudas que... las mismas dudas que el Portavoz del CDS, ante la posibilidad de que ese concurso se pueda sacar en las fechas que, en principio, usted tenía marcadas, es decir, antes de finalizar el año ochenta y nueve. Y digo que tengo mis dudas, en primer lugar, por el Decreto de Integración de Cuerpos y Escalas; tengo mis dudas por el recursos que hay presentado hacia el propio concurso; y tengo mis dudas, también, por la relación que en estos momentos existe con algunos de los sindicatos presentes en el Consejo de la Función Pública, y que, de alguna manera, no están muy de acuerdo con las bases de dicho concurso.

Hablaba el señor Consejero de que existía una excesiva laborización de la Función Pública. Quiero decir que estoy de acuerdo con usted. En lo que ya no estoy de acuerdo es en la segunda parte de su intervención: en que esto se debe, fundamentalmente, a la época en que gobernaba esta Comunidad el Partido Socialista. Y, además, tengo datos: en aquella época no hubo ni una sola denuncia sobre muchas de las bases que se han presentado para el personal laboral para ocupar puestos de trabajo fundamentalmente dedicados a los funcionarios, y, sin embargo, existen denuncias, alguna de ellas recientemente presentada por nuestro propio Grupo Parlamentario, en las que, entre otras cosas, se hacía ver que aquellas plazas fundamentalmente destinadas -creo recordar- a sociólogos, abogados, psicólogos y creo que habría algún otro cuerpo, y que salían a concurso a través de las plazas laborales y no, como lógicamente debiera de ser, a través de plazas para funcionarios.

Decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted en la preocupación sobre la formación de los funcionarios. Es un tema que no se ha resuelto en los dos años en los que anteriores Consejeros de Presidencia que le precedieron ocupaban ese lugar. Y también decirle que es muy difícil, por una parte, reconocer que hay una cierta preocupación sobre la formación de los funcionarios y, sin embargo, de alguna manera, suprimir aquel organismo que yo creo que era el cauce ideal, precisamente, para esa fundación de los funcionarios; me estoy refiriendo, en concreto, al Instituto de la Administración Pública de Castilla y León.

Insistir sobre el Programa que ha presentado el Consejero. Es un Programa lleno de buenas intenciones. Deseo, con

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toda sinceridad, que ese Programa sea cumplido, en beneficio de los propios funcionarios de la Comunidad, aunque, insisto, permítame que mantenga unas ciertas dudas sobre las posibilidades, por lo menos a muy corto plazo, de verse cumplido.

Y ya, simplemente -y en esto sí que me voy a salir del Orden del Día-, hacerle una pregunta, y es: estando ya en las Cortes el Proyecto de Modificación de la Ley de Función Pública, ¿qué opinión tiene el señor Consejero, si tiene a bien informarnos sobre ello, sobre algunas de las Enmiendas presentadas, fundamentalmente relativas a la participación sindical, tanto en la comparecencia que hubo por parte de los sindicatos ante la Comisión de Presidencia, que nuestro Grupo, en algunos aspectos, sí que recogió como modificación al Proyecto de Reforma de la Ley de Función Pública, como en aquellas Enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios presentes en esta Cámara? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Martín Puertas. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor San Segundo tiene la palabra.

SAN SEGUNDO NIETO

EL SEÑOR SAN SEGUNDO NIETO: Muchas gracias, señor Presidente. Yo, en primer lugar, quiero agradecer también al señor Consejero su comparecencia voluntaria ante esta Comisión y la información que nos ha facilitado sobre temas puntuales que afectan a su Consejería. Temas puntuales a los que se ha referido, y que compartimos su importancia, y que redundarán, sin duda alguna, en beneficio del funcionariado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de la Función Pública, también, de la Región.

A los dos temas que se ha referido el señor Consejero, concurso e inspección de servicios, los consideramos -repito- de suma importancia, y yo creo que ha sido lo suficientemente explícito y claro para decir cuál es la situación y cuál es el camino que ha tenido que recorrer la Junta de Castilla y León y, en concreto, la Consejería de Presidencia y Administración Territorial para llegar al momento presente.

Se ha reconocido por parte del Portavoz del Centro Democrático y Social que es un tema complejo, que es un tema difícil, y también se ha reconocido los mimbres de los que dispone el señor Consejero para resolver este problema que afecta a la Función Pública de nuestra Comunidad. Y ha dicho que los mimbres, efectivamente, se ha referido a la Ley 30/84, a la Ley 7/85, de Ordenación de la Función Pública de Castilla y León, y ha reconocido -insisto- la complejidad de este tema.

Efectivamente, el tema es complejo, el tema es difícil, y yo pienso que la Junta de Castilla y León y la Consejería de Presidencia y Administración Territorial ha ido dando pasos de una forma paulatina, sin pausas notorias, que han contribuido a llegar a esta situación y encontrarnos en unos momentos en que es posible ya la convocatoria del concurso, convocatoria de concurso deseada por los funcionarios -como ha dicho el señor Consejero-, deseada por las fuerzas políticas, deseada por las centrales sindicales, y que nosotros, lógicamente, también compartimos, y creemos que para llegar a ese momento ha sido necesario -repito e insisto- recorrer un camino difícil; ha habido que acomodar a cada funcionario al puesto de trabajo que desempeña, sin lesionar sus derechos y garantizando... y sin menoscabo del funcionamiento de la Función Pública; ha habido que confeccionar la Relación de Puestos de Trabajo; ha habido que regular las bases del concurso general, el Decreto 222, que, como Sus Señorías saben, fue impugnado por la vía contencioso-administrativa, y que ha sido necesario esperar su desestimación para que la Junta de Castilla y León tenga luz verde y pueda convocar este concurso que nos anuncia ahora el señor Consejero.

Es necesario, como fases previas para el concurso, determinar los puestos vacantes; es necesario determinar qué funcionarios deben concursar y quiénes no deben de concursar; y es necesario la integración de los funcionarios transferidos en los cuerpos y escalas de la Administración Autonómica. Tarea muy compleja, tarea muy difícil, y que, para nosotros, para nuestro Grupo Parlamentario, la Junta de Castilla y León lo ha llevado paso a paso, de forma paulatina -insisto-, sin pausas notorias, y nos encontramos en este momento deseado, en que nosotros no dudamos que la palabra del señor Consejero va a ser realidad en un futuro muy próximo, de que se convoque ese concurso, porque pensamos que, efectivamente, es la forma normal de proveer los puestos de trabajo, es la forma que garantiza al funcionario una estabilidad en sus puestos, y es la forma, también, que garantiza al funcionario la consolidación o la adquisición de la consolidación de su grado personal.

Por lo tanto, compartimos, en todos los términos, la exposición del señor Consejero; pensamos que la labor que ha desarrollado la actual Junta es una labor positiva y una labor que está redundando y va a redundar en la Función Pública de Castilla y León, y le animamos y le instamos a que, efectivamente, ese concurso que nos ha anunciado, y que estoy seguro que se va a cumplir de una forma inmediata, sea convocado lo antes posible, con el fin de garantizar a nuestros funcionarios esa estabilidad y garantizar una Función Pública lo más eficaz posible para nuestra Comunidad Autónoma.

Y un segundo tema al que se ha referido el señor Consejero, que es la inspección de servicios. Nosotros entendemos que, efectivamente, la inspección de servicios es importante, no solamente para velar por el cumplimiento de las normas, o para intervenir en los expedientes disciplinarios, también es

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importante porque puede aportar aspectos positivos para el funcionamiento de los servicios de nuestra Comunidad Autónoma.

Entre hacer aportación, puede hacer aportación a las mejoras del funcionamiento de los servicios, como es organización de trabajo, como es simplificando los trámites de procedimiento, y como es, en definitiva, poniendo a disposición de nuestra Administración para mejorar su eficacia. Pero somos conscientes de que esa inspección de servicios debe de contar con elementos humanos, con recursos humanos y recursos materiales con el fin de que cumpla esa misión que nosotros consideramos importante, y que junto con el concurso y junto con la inspección de servicios vayan mejorando día a día nuestra función pública de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, le reitero al señor Consejero, nuestro agradecimiento por su comparecencia. Le instamos a que efectivamente, siga en esa línea, que convoque lo antes posible ese concurso, con el fin de dar satisfacción a esa demanda de nuestros funcionarios, y dar satisfacción también a la función pública de nuestra Comunidad, para que día a día vaya consolidándose y vaya adquiriendo los niveles de eficacia que todos deseamos. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor San Segundo.

Para contestar a los diferentes Portavoces, el señor Consejero tiene la palabra.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente, Señorías. Uno de los elementos de los que me puedo sentir satisfecho en esta comparecencia es del tono de las intervenciones, del ánimo que en las mismas se encuentran, aun cuando no expresamente dicho, sí por lo menos implícitamente entendido, en colaborar en que este concurso, que yo creo que constituye el reto fundamental para la Consejería en este momento, llegue a buen término, e igualmente la comprensión que tienen para las dificultades en las que se encuentra la Consejería de Presidencia para la gestión, ordenación y formación de los casi quince mil personas que están al servicio de la Administración Pública de Castilla y León en este momento, en una situación, además, no claramente definida, que es la que crea una gran parte de las tensiones -y yo creo que no son muchas, por otra parte- dentro de este personal al servicio de la Administración.

En cuanto a los puntos concretos que se han planteado, e iniciando la contestación por el señor Durán -y creo que al tiempo que le conteste a él, iré contestando a muchas de las, a algunas de las inquietudes o preguntas planteadas por el resto de los Grupos-, quiero ponerle de manifiesto en primer lugar que efectivamente he hecho referencia a unos principios genéricos que desde mi punto de vista, y siempre dentro del marco legal, son los que deben de regir la actuación de cualquier Administración que pretenda poner orden en la función pública. Y si lo he hecho no ha sido por capricho y por ocupar una parte de mi intervención, lo he hecho porque entre la Exposición de Motivos de la Ley 30 del ochenta y cuatro y su articulado, existen claras discrepancias. Se pone de manifiesto el perseguir una función pública en base a la relación de puestos de trabajo, en base a la relación del puesto de trabajo, y a lo largo de su articulado difícilmente se puede escapar a esta mezcla entre una función pública basada en el puesto de trabajo, y una función pública basada en la carrera. Porque, lógicamente, teníamos una historia, una anterior al año mil novecientos sesenta y cuatro, que prácticamente era una función pública de carrera, en base al principio de la carrera profesional, una del año mil novecientos sesenta y cuatro en adelante, que es una función pública mixta, y la que existe a partir del año mil novecientos ochenta y cinco, porque en el ochenta y cuatro... la Ley es del treinta, y, prácticamente, es del ochenta y cinco en adelante, que todavía viene a complicar más o a no dejar muy claros cuáles son los principios que le inspira. Expresamente dicho es una función pública basada en el puesto de trabajo. Dentro del articulado se puede dar pie a todo aquello, a una función pública basada en el puesto de trabajo, y a una función pública basada en el principio de la carrera profesional.

Por eso he querido dejar bien claro que éste es el marco que tenemos, porque la Ley 7 de mil novecientos ochenta y cinco de la Comunidad Autónoma de Castilla y León está basada en los mismos principios, lógicamente, además, no hubo grandes contradicciones -no podía haberlas-, puesto que es una ley base de la que difícilmente se puede escapar ninguna Comunidad, aunque algunas otras Comunidades tienen pequeñas discrepancias.

¿Quién vino a poner orden un poco en esta Ley 30 del ochenta y cuatro? La sentencia del Tribunal Constitucional. ¿En qué aspecto, fundamentalmente? Precisamente por el camino de la no laboralización de la función pública. Era uno de los temas fundamentalmente tratados en esa sentencia del Tribunal Constitucional, que dio lugar luego a la Ley 23 del año mil novecientos ochenta y ocho.

Eso es lo que yo quería poner de manifiesto, que a pesar de que en las Exposiciones de Motivos y en las presentaciones de las Leyes se ha hecho mucho hincapié en la relación, el puesto de trabajo como base de la función pública no ha llegado a ser así del todo. Y esto es el gran problema que nos encontramos. Y, además, confieso que desde mi punto de vista, desde el punto de vista del partido al que pertenezco, nos parecía más oportuno una organización de la función pública desde

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otro punto de vista, no solamente desde la relación del puesto de trabajo, desde el puesto de trabajo, sino desde el punto de vista de la carrera profesional, con un servicio general, y luego con unos servicios que atendieran aquellas funciones específicas que la función pública tiene que hacer. Pero esto es pura historia y estos son puros deseos, puesto que, como decía hace unos días en la comparecencia en otra de las Comisiones, lo que tenemos para funcionar aquí, porque así nos lo han dado las Cámaras de esta región, porque así lo ha querido el pueblo castellano-leonés, es la Ley 7 de mil novecientos ochenta y cinco y la que luego se apruebe. Y con eso tenemos que jugar. Como tenemos que jugar con los funcionarios que tenemos, los diez mil aproximadamente funcionarios, en una situación especialísima, muchos de los cuales no saben ni de dónde vienen, ni dónde están, y con un gran número de laborales, algunos de los cuales están realizando funciones propiamente laborales. Y esto da lugar a algunos de los problemas que se han planteado en este momento. Dar respuesta a estas extrañas situaciones en la que algunos funcionarios, en que algunas personas al servicio de la Administración se encuentran. Las soluciones que a veces se les dan no son las más correctas, pero a veces son las que se piden y a las que hay que responder.

Por lo tanto, efectivamente, no ha habido un desarrollo reglamentario de la Ley 7 del año mil novecientos ochenta y cinco. Y menos mal que no ha habido un desarrollo reglamentario en la parte sustantiva, porque, lógicamente, la Ley de Medidas de la Reforma de la Función Pública tiene que ser sustituida, tiene que sustituirse por una ley definitiva en la que se recoja fundamentalmente el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y además el Estatuto de sus funcionarios. Esto habrá que hacerlo, y es tarde ya para que no se haya hecho.

El hacer un desarrollo que pudiera ir en contra de estas normas que son bases, pudieran ir en contra de esas normas, podría dar lugar a lo que nos encontramos con la situación del personal laboral, a pesar de lo que se pone de manifiesto por el Portavoz Socialista: hubo un gran número de contratados laborales porque la Ley 30 prácticamente lo permitía, y porque de la Ley 30 a la Ley 23 del ochenta y ocho transcurrió un gran lapsus de tiempo, y durante este tiempo se funcionó dentro de la legalidad ocupando puestos con personal laboral, puestos de todo tipo.

Como decía al principio, no estoy intentando buscar responsables de la situación en esta comparecencia, no es mi pretensión, sino poner de manifiesto cuál es, qué es lo que tenemos. Y partiendo de lo que tenemos qué es, dónde tenemos que ir. Para eso es necesario hacer referencia a principios generales, por ver si quiénes forman parte de esta Cámara, si los Grupos Políticos de esta Cámara están de acuerdo. Porque en tareas tan importantes como ésta, yo creo que es bueno que no haya una gran discrepancia, por lo menos en cuanto a los principios, y parece ser que no existe.

Por lo tanto, no existe ese desarrollo reglamentario.. ¿Es el trabajo que este Consejero cree prioritario? Pienso que no. Pienso que es mucho más importante poner orden en eso que tenemos. Y el poner orden es la resolución del concurso. Para mí es prioritaria la resolución de este concurso, al hacer un desarrollo reglamentario, o el hacer cualquier otro tipo de aportación que no sean las que ya están en marcha, que es la Ley, el Proyecto de Ley que está en esta Cámara y que responde lógicamente, a la sentencia del Tribunal Constitucional y a lo que dice la Ley 23 de mil novecientos ochenta y ocho.

Esa es la pretensión. Estos son los objetivos de este Consejero. Se podían haber pretendido otros, pero yo digo los que pretendo yo como Consejero, no los que se podían adoptar. Para mí, prioritario: la celebración del concurso para dar estabilidad y fijeza al personal que forma parte, o que está al servicio de esta Comunidad Autónoma. El concurso. Y con esto contesto, yo creo que a los tres Grupos.

No es que en las declaraciones a la prensa, en las distintas provincias, todas menos Burgos, que yo todavía no he recorrido como Consejero, ni Valladolid, que todavía no he recorrido, digo, las Delegaciones Territoriales, como Consejero, en todas, he puesto, no un anuncio de que en breve fecha se celebrará. Yo he dado una fecha: el veintisiete de diciembre. La complejidad del problema es posible que haga que el veintisiete de diciembre no se celebre; pero lo que yo sí que estoy completamente decidido, y además completamente seguro -dentro de la seguridades que se pueden tener- es que se va a celebrar en fechas muy cercanas al veintisiete de diciembre, a pesar de las dificultades que desde algunos puntos, desde algunos sectores se están poniendo. Porque, lógicamente, están defendiendo intereses que afectan a un número de funcionarios determinado. Si son alrededor de diez mil funcionarios, difícilmente no habrá quinientos o seiscientos funcionarios que se encuentren en situación tan compleja que la respuesta que se pueda dar a su situación, en los pasos que a continuación voy a exponer, sea muy variada, y que la respuesta que se dé a esa situación compleja, o bien va a disgustar al funcionario que le afecta, o va a disgustar al funcionario que se va a ver afectado por esa resolución. Con eso cuento. Y, como se decía por el Portavoz del CDS, señor Durán, a pesar de contar con eso, como sé que es unánimemente pedido y deseado por funcionarios y por las fuerzas políticas de la región, voy a seguir adelante con él.

¿Cómo se encuentra el concurso? El concurso se encuentra de la forma siguiente: está hecha la relación de vacantes, y, con arreglo a una promesa hecha a las juntas de personal de casi todas las provincias que he recorrido, se han

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mandando a cada una de las unidades territoriales, a cada una de las Delegaciones Territoriales, para que se tenga un conocimiento previo, porque los posibles errores, si lo hubiéramos publicado de principio, habría dado lugar a un número de recurso excesivos. Esperamos que con esta exposición informal se puedan corregir la mayor parte o la casi totalidad de los problemas que con la publicación informal de estas vacantes den lugar a ellas.

Esto está hecho ya hace unos días, se están recibiendo algunas alegaciones, no excesivas. Sabemos que los funcionarios han recibido, a veces, con disgusto esta relación de vacantes, sabemos que algunos están dispuestos, porque así lo han manifestado, a pesar de todo, a no interferir la labor, pero, lógicamente, algunos van a hacer sus alegaciones, que se estudiarán en conjunto.

Punto primero. Relación de vacantes que esperamos que cuando salga la relación definitiva, en fecha no muy lejana, se adapte bastante a la realidad.

Punto segundo. ¿En qué situación se encuentra cada funcionario respecto a la relación de puestos de trabajo de mil novecientos noventa, que es la que entra en vigor el día uno de enero? Todas Sus Señorías saben que los funcionarios que forman parte de esta Comunidad, muchos de los que estamos en esta Comisión somos funcionarios y sabemos cómo hemos hemos llegado, estamos en una situación complejísima, porque algunos no sabemos exactamente cómo llegamos, otros no saben exactamente dónde se encuentran, ya que estaban realizando unas funciones en la Administración Central, o en la Local y han pasado a esta Administración a cumplir, a veces, una función que se les ha pedido por favor que cumplan, no que se les ha trasferido porque ellos han querido; ha habido muchos funcionarios que han llegado a esta Comunidad que se les ha dicho: "usted que está preparado para esto, por favor, colóquese en ese puesto, para desempeñarlo y prestar una función a la Comunidad". Y, sin embargo, él no venía en ese puesto. ¿Cómo lo consideramos? ¿Adscrito definitivamente a ese puesto, al que está desempeñando, o a qué otro puesto? La Ley de la Función Pública, efectivamente, da una respuesta adecuada a este problema, pero no cabe duda que la respuesta que da la Ley de la Función Pública a la que, lógicamente, hemos de atenernos crea problemas y crea insatisfacciones. Y esto es lo que se pondrá de manifiesto con esa relación que también se ha mandado a cada uno se los funcionarios, de dónde está, qué funcionarios tienen una adscripción definitiva a un puesto determinado. Con el mismo proceso: una notificación personal que no tiene ningún valor más que el de la simple información, para que pongan de manifiesto si existen errores o no. Y, una vez recibidas las manifestaciones o alegaciones, o discrepancias que existan, sacar esa relación definitiva de adscripciones de funcionarios.

Con esto tenemos ya dos elementos fundamentales para el concurso, que, como digo, ya están hechos, ya se ha enviado a los funcionarios la relación de vacantes, ya se ha enviado a los funcionarios la relación de adscripciones de los que tienen una adscripción definitiva a un puesto de trabajo, y está en periodo de recibir las alegaciones, vamos a llamar, un periodo de alegaciones antes de sacar la relación definitiva. Lógicamente, esto no puede llevar mucho tiempo, porque el periodo de tiempo que se les dio para hacer estas alegaciones prácticamente está terminando. Tampoco, como no es un periodo de recursos, tampoco tiene por qué ser un plazo necesariamente rígido, sino que lo que llegue antes de hacerlo se tendrá en cuenta y se estudiará.

Tercer punto. Con esto son los elementos y, según puso de manifiesto una sentencia al Decreto correspondiente, que ya está resuelto y ya, porque está resuelto, podemos iniciar el concurso, sino no lo podríamos haber hecho, exige que cada uno de los funcionarios transferidos, que cada uno de los diez mil funcionarios sepan exactamente a qué Administración de esta Comunidad Autónoma pertenecen, si a la General o a la Especial. Y dentro de cada Administración, a qué cuerpo -cuerpo superior, al cuerpo de gestión, al cuerpo administrativo, cuerpo auxiliar o subalteerno- pertenecen, y dentro de cada uno de estos cuerpos, si tienen escalas, a qué escala pertenece. Esa labor exige, como se ha puesto de manifiesto por el Portavoz del Grupo Socialista, y yo me alegro mucho que se haya dicho que es necesario un Decreto... no recuerdo en este momento, un Decreto de integración... Sí señor, el Portavoz Socialista. Un Decreto de integración. Uno de los problemas que nos plantean las centrales sindicales -y creo que es la única discrepancia grave que existe- es que esta integración debiera de hacerse, estos criterios debieran de fijarse por Ley.

Creemos en la Consejería de Presidencia, se cree en la Función Pública que esto debe de hacerse por medio de un Decreto, porque la Ley ya existe y los posibles marcos de interpretación que pueda exigir esta Ley exigen la aprobación de un Decreto, porque así viene recogido, además, en la Ley de la Función Pública, en el artículo 10 apartado m). Esa es la base que tenemos para no aceptar esta petición de las organizaciones sindicales, con las que podrán decir que no estamos de acuerdo, pero no podrán decir en ningún momento que no hemos mantenido, durante muchos días, para el tiempo que estamos dedicando al concurso, muchos días, contactos continuos y a los que hemos tenido informados adecuadamente y hemos recogido, además, algunas de las insinuaciones que se nos han puesto de manifiesto para este Decreto de integración. En este momento, el Decreto de integración prácticamente está ya perfilado y terminado. Este Decreto de integración habrá que publicarlo, tendrá un plazo de recursos. Y contra éste, una vez tenidos estos criterios de integración, con la Ley y el Decreto que necesariamente ha de ajustarse a la Ley -y digo que el Decreto está ya prácticamente terminado- será necesario hacer una relación, una orden es el camino que tenemos preparado, una relación individualizada de

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todos los funcionarios a cada cuerpo o escala que pertenecen. Es más, no creemos que sea necesaria una notificación personal, pero tenemos prevista y preparada ya la máquina administrativa para hacer una notificación personal a cada uno de los funcionarios de su integración o clasificación dentro del cuerpo o escala a que corresponden, haciendo constar en esta notificación el plazo de recursos para que, digo, que no consideremos que sea necesaria esta notificación, pero para que ningún funcionario, por despiste, por dejadez o por cualquier otra razón, se olvide que hay un plazo que si se le pasa quedaría definitivamente incluido en un cuerpo o escala al que a lo mejor en un día querría protestar o no está de acuerdo con estar en él. Este es el proceso y este es el momento que está.

Los principios que este Consejero dio para que el concurso se llevara a cabo fueron: máxima transparencia -cosa que hasta ahora estamos haciendo, a través de las representaciones sindicales y a través de los propios sindicatos-, máxima publicidad y uno más, que comprendo que puede llegar a causar incluso problemas y que me ha causado problemas dentro de las propias personas en algunos momentos, no siempre, con personas que trabajan o con funcionarios con los que he hablado: máxima posibilidad o flexibilidad en la resolución de los problemas personales de algunos funcionarios concretos. Hay funcionarios cuya situación, la misma situación del funcionario que recurrió, la misma situación, no es una situación clara, no es una situación clarísima. Yo creo que se le podía haber dado -es una opinión personal, puesto que hay una sentencia-, se le podrían haber dado varias soluciones. Pienso que si se hubiera tenido la valentía de haber dado en un momento determinado la solución que a lo mejor hay que darle en este momento habríamos ganado tres, cuatro, cinco o seis meses en la convocatoria del concurso.

Así es como este Consejero tiene planteado el concurso. Esta es la situación en la que se encuentra. Yo creo que es suficientemente adelantado en relación con la fecha del veintisiete de Diciembre que yo he ido diciendo por cada una de las provincias en su momento. Sé que tiene muchos problemas, sé que los problemas van a empezar en este momento. Y que, lógicamente, habrá personas que tengan interés en que el concurso no se resuelva o no se convoque, porque su situación va a verse perjudicada. No me importa. No nos importa. Sabemos que el resto de los funcionarios lo están pidiendo y vamos a seguir adelante con el concurso. Quien quiera hacerse responsable de paralizarlo, que lo sea, pero, desde luego, no va a quedar por la voluntad que este Consejero ponga, por la voluntad que la Dirección General de la Función Pública está poniendo en resolver este problema, no va a quedar de que el concurso se convoque y además se resuelva, incluso respecto a un tema, que creo que en este momento no tiene importancia, pero que en otro momento podremos venir a exponer ante esta Cámara, como es el baremo para resolver el concurso, hay también acuerdos ya con los sindicatos a los que habrá que... a los que ya se escuchó en su día y cuyos criterios, lógicamente, pensamos tener en cuenta.

Esta es la situación del concurso que para mí es elemento imprescindible, mucho más importante que la elaboración de un reglamento, que la aprobación de unas nuevas normas. Este es el punto de partida fundamental para funcionarios. Porque mientras no hagamos esto no hay posibilidad de estar al día en la relación de puestos de trabajo y en los concursos, en la oferta de empleo público que cada relación anual de puestos de trabajo viene a convocar. Sin este concurso es imposible hacer eso. Si no hacemos el concurso de nada nos servirá las relaciones de puestos de trabajo más que para crear... para que esa bola, esa canica se convierta en una bola como es el Castillo de Fuensaldaña. Este es el problema. Por eso tanto interés tenemos en que esto se resuelva. Y yo creo que lo tiene todo el mundo.

Se nos decía también, y yo creo que con esto he contestado a la casi totalidad de los problemas planteados por el señor Durán, porque, efectivamente, en el año noventa y uno será mucho mayor el problema, pero será mayor el problema si no se resuelve el concurso; si se resuelve el concurso, no en el noventa, pero a partir del año mil novecientos noventa y uno, la oferta de empleo público para funcionarios podrá salir momento a momento, se podrá hacer en el primer trimestre de cada año. Si esto no se hace, no se podrá hacer esa oferta de empleo público y la situación de los funcionarios será de inestabilidad continua.

Me quedan pendientes... y creo que con esto he contestado una gran parte de los temas planteados también por el Grupo Socialista, el señor Martín Puertas. Porque hacía referencia a cuáles eran las relaciones que los sindicatos habían opuesto. He hecho referencia ya exactamente a cuáles eran. No había una promesa vaga de sacar el concurso, sino una fecha concreta, fecha que este Consejero puso de manifiesto aun sabiendo el riesgo que corría de que no fuera exactamente en esa fecha, pero yo creo que ha contribuido a que las cosas avancen con una mayor rapidez que de no haber fijado una fecha fuera hecho. Quiero poner de manifiesto en esta Cámara, quiero poner de manifiesto que el calendario que en la Función Pública, la Dirección General de la Función Pública se pactó, se fraguó, que muchos decían que era un compromiso que habíamos adquirido frente al exterior. Este era un calendario de trabajo interno, que el calendario se ha ido cumpliendo, en la mayor parte de los casos, con exactitud, por lo menos en cuanto a realización de trabajo se refiere. Y que yo creo que éste es uno de los elementos fundamentales y principales para que el concurso pueda salir a flote.

Personal laboral. Se hace referencia a que el Gobierno Socialista contrató menos o más, porque no había denuncias en

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aquel momento y ahora sí las hay. Yo no quiero hacer referencia si el Gobierno Socialista llevó mejor o peor gestión de la Función Pública que el Gobierno Popular o que ahora el Gobierno de coalición. Porque yo creo que en este momento, y sobre todo en un tema como en el que estamos tratando, no vendría a cuento que nos tiráramos los trapos sucios a la cara. Lo que sí que quiero dejar bien claro que el hecho que haya denuncias no significa que no hubiera más contratados laborales, y, además, es que si en aquel momento se hicieron es que había una base legal para hacerlo, porque la Ley 30 del ochenta y cuatro permitía hacer contrataciones que después de la Ley 23 del ochenta y ocho ha cerrado el camino, después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que sí que es cierto, lo ponía de manifiesto días pasados en otra Comisión, en la de Administraciones Públicas, es que situaciones podridas existen en la Administración tanto respecto, por ejemplo, a segregación de municipios, que hablaba el otro día, como la situación en la que se encuentran interinos de quince, o dieciocho, o veinte años de duración, contratados que llevan ocho o diez años realizando una función. Hay que darles una respuesta. Y que a veces esta respuesta no es la respuesta más correcta. Y a veces lo que ocurre en casos concretos, que pueden llamar la atención de manera excesiva, es que lo que se está dando es solución o respuesta a algo que lleva muchos años podrido y lo que habrá que hacer es quitarlo del cesto, o intentar quitar lo podrido y dejar el resto en el cesto. Esto puede ser la respuesta a si había denuncias, a si en este momento hay más o luego hay menos. A mí personalmente, y en este caso concreto, con independencia de los enfrentamientos en que entre adversarios políticos existen y que, lógicamente, en otros momentos yo sí que pondré de manifiesto, en materia del concurso y de la resolución de los problemas del personal al servicio de la Administración no tengo interés en averiguar quién ha hecho llegar la situación de la Administración al estado en que se encuentra. Eso es lo que tenemos y mi preocupación es que se arregle. Y lo que yo voy a hacer como Consejero es intentar, por todos los medios que estén de mi parte, sin averiguar de dónde venían los defectos ni quién causó mayor daño con anterioridad.

El Instituto de la Administración Pública de Castilla y León. La formación de los funcionarios y de los no funcionarios, y del personal laboral, ambos... algo que yo creo que es completamente necesario, sobre todo en una sociedad en la que las tecnologías son cambiantes y en las que, como dicen quienes andan con la informática y con las máquinas, todo se queda obsoleto rápidamente, no cabe duda ninguna que la formación de los funcionarios exige un constante reciclaje. Desde dos puntos de vista, porque así lo exige la Administración, si no no se podrían atender a una serie de demandas de la sociedad y, en segundo lugar, porque no cabe duda de que el funcionario, de que toda persona se siente mucho más satisfecho cuando se le pone al día para aquellos trabajos para los que está desempeñando. Esto lo hacen todas las empresas. Anoche mismo, cuando yo llegaba al sitio donde vivo, una serie de amigos míos procedentes de una entidad bancaria estaban realizando cursos para todo el personal de la entidad bancaria con la finalidad de enseñarles relaciones públicas. Bueno, esto habrá que hacerlo en la Administración. Habrá que hacerlo para que sepan que están sirviendo a unos ciudadanos que son a quienes están destinados a ser. Pero lo que ocurre es... Esto se puede hacer de muy diversas formas. Y ésa sí que es una opción política. El Partido Socialista pensaba que podía hacerse a través del Instituto de Administraciones Públicas de Castilla y León y el Grupo Popular piensa que se puede hacer mucho mejor a través de convenios con el mismo INAP o a través de la contratación de estos mismos servicios de las empresas privadas, que existen en la empresa privada y que ofrecen unos buenos servicios. Nosotros hemos optado por esta segunda solución y esto sí que es discutible. Esto es lo discutible. Pero lo cierto es que hemos hecho una opción, y nuestra opción no va en contra de la formación, sino en forma del medio que utilizamos para conseguir esa formación.

Las Enmiendas... En cuanto al Proyecto de Ley de la Función Pública ¿si podía entrar en la contestación? Pues confieso, sinceramente, he leído la comparecencia que los sindicatos hicieron ante esta Cámara. Voy a emplear un símil que uno de los miembros que compareció utilizó y que yo creo que lo utilizó porque está en la calle: "que cada bichito esté en su agujero", decía una de las comparecientes. Esa es la razón del concurso y ésa es, yo creo, lo que se puso de manifiesto allí, que se celebre el concurso para que cada bichito esté en su agujero. Muy bien, vamos a colocar a cada bichito en su agujero para que por lo menos se sienta seguro y para que desde ahí pueda volver a realizar o se pueda gestionar bien los servicios públicos. Confieso que he visto... he leído esa comparecencia, que he examinado muy por encima las enmiendas que se han presentado, porque son numerosas, muy numerosas, y que... y hablando del trabajo del Consejero, que ése es el trabajo que este Consejero, teniendo en cuenta como estaba este mes de Diciembre, con los Presupuestos, con las comparecencias y con otros trabajos, es el trabajo que este Consejero tiene preparado por alrededor de los Reyes, momento en que pienso entrar a estudiar y que, por lo tanto, no puedo dar una respuesta en este momento a cuál podría ser nuestra postura de cada una de las enmiendas.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Consejero. Para un turno breve de réplica el señor Durán tiene la palabra.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Sí. Procuraré exponerlo con la mayor brevedad posible. Yo tengo que agradecerle, señor

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Consejero, muy sinceramente, que en esta parte de su exposición, en esta segunda parte de su exposición, nos haya expuesto usted el método de trabajo, los pasos a seguir... que su Consejería va a ir dando en materia de clarificación, en primer lugar, y de ordenación, después, de la Función Pública de nuestra Comunidad. Ha expuesto usted un método, ha expuesto usted unos pasos a seguir. Tiene unas comunicaciones individualizadas a cada uno de los funcionarios. Con posterioridad, cuando se publique el Decreto de integración, una integración de oficio, comunicada individualmente a los funcionarios, para que a su vez puedan iniciar los trámites de recurso, etcétera, etcétera. Bueno, bien, es un método. Este Procurador discrepa de la bondad del método a elegir... elegido del conjunto de pasos que van ustedes a dar, y que usted ha expuesto y que yo agradezco que lo haya hecho. Este Procurador -observe, señor Consejero, que no digo este Grupo Parlamentario-, este Procurador discrepa de la bondad, de la eficacia y de la utilidad del método, aunque reconoce que es un método que intenta agotar al máximo posible la pureza del procedimiento. Y digo que discrepa -lo digo con la mejor intención y espíritu constructivo- porque es un método que va a sumir a la Administración en un maremágnum de recursos individualizados, que van a ir deteniendo sucesivamente los pasos absolutamente urgentes e imprescindibles de reglamentar con carácter general, con disposiciones de carácter general, a la Función Pública de nuestra Comunidad. Bien, pero es un método, señor Consejero. Hasta ahora, yo creo que puedo decir que no había escuchado en la exposición de ningún Consejero más que propósitos y no métodos aplicables. Reitero que con todas la reservas por mi parte, en cuanto a la eficacia del método elegido.

Bueno, dicho esto, yo quisiera, señor Consejero, recordarle a usted -y lo haré con la benevolencia del Presidente de la Comisión, en cuanto al tiempo, si él me lo permite-, quisiera recordarle que, fundamentalmente, nuestra Comunidad Autónoma está compuesta por un personal de las siguientes procedencias: en primer lugar, por el personal heredado del extinto Consejo General de Castilla y León, exactamente noventa y cuatro personas; a esas noventa y cuatro personas se agregan los procedentes de la mal llamada en su momento, por el Ministerio de la Presidencia, Oferta Pública de Empleo, al amparo de la cual vienen a nuestra Comunidad Autónoma, en virtud de lo que en realidad era un concurso de traslados, no una Oferta Pública de Empleo, de acuerdo con el concepto que la Ley da a la Oferta Pública de Empleo, vienen un conjunto de funcionarios de la Administración del Estado a un conjunto de puestos de trabajo de la primera estructura orgánica de la Junta de Castilla y León. Y que vienen, adquieren en propiedad, digamos, ese puesto de trabajo.

Un tercer sector de funcionarios son los que son transferidos por los reales... al amparo de los Reales Decretos de Transferencias de Competencias y Servicios a nuestra Comunidad Autónoma. Como usted no ignora, cada Real Decreto de Transferencias llevaba aparejado una referencia a las normas legales que regulaban la transferencia, a los recursos financieros para ejercerla y al personal y medios instrumentales de otra naturaleza que la servían. Tercer sector.

Cuarto grupo de funcionarios. Son los que acceden a la Comunidad Autónoma en virtud de los distintos mecanismos de acceso a la Función Pública, propia de la Comunidad, el concurso o el concurso-oposición según los casos.

Hay un sector de funcionarios, de personal, que se incorpora a la Comunidad, vía comisiones de servicio, procedente de otras administraciones públicas, y que, como tales comisiones de servicio, lo son a puestos de trabajo concretos y determinados.

Y, por último, hay un último sector de funcionarios que con carácter de provisionalidad, eventualidad, etcétera, se incorporan a la Comunidad Autónoma, que son los contratados laborales, al amparo de convenios con el INEM, o los interinos en virtud del procedimiento de provisión de puestos de trabajo por interinos en la circunstancia o ausencia de un concurso para cubrir esos puestos de trabajo, por el procedimiento ordinario. Evidentemente, es un maremágnum, complicado a su vez con el conjunto de cuerpos, escalas, etcétera, existentes en la Administración del Estado, que se incorporan a la Administración de nuestra Comunidad, en virtud de los procedimientos antes expuestos.

Bien, lo que debe observarse, en primer lugar, es que por parte de la Comunidad, de la Administración de la Comunidad, hay una flagrante vulneración de la legalidad vigente en materia de Función Pública en determinados aspectos. Y yo lo expongo aquí y, de alguna manera, lo denuncio aquí. Flagrante vulneración, ¿por qué? Buena parte de esta flagrante vulneración es la que está generando los problemas de difícil solución que en este momento tenemos todos y, de modo muy concreto, su Consejería.

En primer lugar, se vulnera el principio de que los interinos solamente podrán ser contratados por un período máximo de un año y hasta tanto se proceda... por un período máximo de un año, y hasta tanto se proceda a la provisión del puesto de trabajo del interino por el procedimiento de concurso entre funcionarios, con lo cual el interino cesa, debe cesar; y, en cualquier caso, debe cesar al término del período máximo de un año de contratación. Esto no se ha producido, y seguimos teniendo interinos, con los cuales se está generando un problema personal, porque no se respeta, no ha sido respetado el precepto legal que limita su tiempo máximo de contratación.

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En segundo lugar, se vulnera flagrantemente la legalidad, porque se sitúa, de hecho, a personal laboral en puestos de funcionario, con lo cual se origina un problema. Usted ha dicho antes, acertadamente, que uno de los puntos de la Sentencia del Tribunal Constitucional, que de alguna manera obliga a la modificación de la Ley 30 y a la promulgación de la Ley 23 es un mayor clarificación en la neta diferenciación de tipo jurídico que existe entre el personal laboral y el personal funcionario. Esta es una diferenciación importante. Hay una tendencia, en este momento, a unificar ambos conceptos y a considerar a unos y a otros como exclusivamente servidores públicos, sin entrar en la diferenciación conceptual que existe entre funcionario y personal laboral. Como usted no ignora -seguramente lo sabe mejor que yo-, funcionario es el que participa en el procedimiento administrativo ejerciendo parcelas de autoridad, mientras que el personal laboral realiza o desempeña funciones derivadas de la posesión, exclusivamente, de un título civil, de cualquier rango que sea este título civil, y como tal desempeña puestos de trabajo no relacionados con el ejercicio de la Función Pública, -entendida como parcela de autoridad- dentro del Ejecutivo, sino como desarrollo de tareas al servicio de la Función Pública, pero sin ser, en sentido estricto, Función Pública. Entonces, al ocupar el personal laboral parcelas específicas de funcionarios sin estar específicamente habilitado para tal, está de hecho ocupando unos puestos de trabajo, que generan un alto grado de conflictividad con relación a quienes debieran ocuparlo por otro lado y, a quiénes, de alguna manera, habrá que remover de sus puestos en virtud de los mecanismos correspondientes del concurso.

Bueno, he citado estos dos ejemplos, y no continúo con otros más, que pudiera poner, de lo que, de alguna manera, ha constituido flagrante vulneración de la legislación vigente en materia de Función Pública.

Como resumen de todo esto, señor Consejero, usted me va a permitir que yo diga una barbaridad, y la digo muy conscientemente. Se la digo a usted como Consejero de Presidencia, y me lo va a permitir, lo de la barbaridad, el resto de los componentes de la Comisión. Hemos llegado a un estado de la situación tan tremendamente confusa, que es mejor un mal concurso, pero un concurso en el cual cada cual esté en su sitio -y no quiero emplear el ejemplo del representante de aquella central sindical en la comparecencia: "cada mochuelo en su olivo"; preferiría decirlo, es igualmente gráfico-, es mejor un mal concurso, con el cual haya un alto porcentaje de personas en desacuerdo, e incluso contra el cual puedan recurrir; es mejor un mal concurso, ya en el estado en que estamos, que un excelente concurso bien perfilado, bien detallado, que dé satisfacción a todo el mundo -que por otro lado va a ser bastante difícil-, que un buen concurso que se demore un par de años más, señor Consejero, si se sigue el método de trabajo que usted ha expuesto, que se demore un par de años más y que contribuya a acrecentar el problema y convertir el tamaño de la bola a que yo antes aludía como ejemplo, no ya en el tamaño de este castillo, sino casi en el tamaño del planeta que en estos momentos nos soporta. Yo le ruego, pues, señor Consejero, que acelere usted, en la medida de lo posible, los pasos que quieren dar, que incluso suprima alguno y lo deje para después -yo en esta intervención quizá no lo haga, pero en otro momento, si usted tiene a bien admitírmelo, le sugeriría pasos más ágiles y más rápidos- y que de alguna manera publiquen ya, y lo resuelvan "a posteriori", el concurso por el que, como antes yo decía, todos los funcionarios aspiran y por el que todos suspiran. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Durán. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martín Puertas, tiene la palabra.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, muy brevemente. Bueno, en primer lugar, agradecer al Consejero el reconocimiento que ha hecho sobre el Instituto de la Administración de Castilla y León Por lo que yo he podido entender, el Instituto se suprimió en su día, no por causas económicas, no por causas de mal funcionamiento, sino porque, según se desprende de las palabras del Consejero, era otra forma de ver cómo se debía aplicar el funcionamiento sobre la formación de los funcionarios, y que exclusivamente se debía a un criterio político. Aclarado ese término, me doy por satisfecho.

Me vuelve otra vez a recordar, igual que al Portavoz del C.D.S., los recursos, los posibles recursos que se puedan plantear sobre la cobertura de vacantes y aquéllos que se puedan plantear, también, sobre las adscripciones definitivas. Es posible que se puedan plantear esos recursos; es muy posible que el día veintisiete, fecha anunciada por el Consejero, no se pueda sacar el concurso a la Oferta Pública, perdón, a la oferta de los funcionarios, y lo único decirle que... anunciar desde nuestro propio Grupo Parlamentario que, eso sí, sobre las adscripciones definitivas, fundamentalmente, el Grupo Parlamentario Socialista hará un seguimiento especial sobre cómo se concedan esas adscripciones definitivas. Permítame una licencia: si el día veintisiete no se puede convocar el concurso, no lo convoque usted el día veintiocho, no vaya a ser que los funcionarios, algunos de ellos se puedan sentir molestos.

Decirle que el Decreto de Integración -estoy totalmente de acuerdo con usted- debe de ser como Decreto. Yo no sé qué punto de vista tienen al respecto los sindicatos. Creo entender que es el que usted nos ha transmitido a la Cámara, pero, desde luego, nuestro Grupo sí que está dispuesto a apoyar que ese Decreto de integración se produzca en los términos en los que el propio Consejero ha expuesto.

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Y nada más. Simplemente, agradecerle su comparecencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Martín. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor San Segundo tiene la palabra.

SAN SEGUNDO NIETO

EL SEÑOR SAN SEGUNDO NIETO: Gracias, señor Presidente.

Yo también muy brevemente, para agradecer nuevamente al señor Consejero la ampliación de la información que hizo en su primera exposición.

Decirle que nos satisface plenamente el momento en que se encuentra el proceso del concurso y, cómo no, la fecha que señala del día veintisiete. Yo creo que, visto que han desaparecido o están en trance de desaparecer los obstáculos que impedían la convocatoria del concurso y la buena voluntad del señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial, porque estamos seguros que esos temas básicos y fundamentales a que se refería el señor Durán, en su primera intervención, de que los aspectos sustantivos de la Ley 7/85 no habían sido resueltos, como es la oferta anual del puesto de trabajo, la redacción anual de puestos de trabajos y los concursos anuales, desaparecidos, como digo, esos obstáculos, y la buena voluntad de la Consejería, estamos seguros que a partir de este momento van a tener la periodicidad que marca la Legislación vigente.

Simplemente, decir al señor Consejero que la colaboración que ha solicitado, estoy seguro que contará con la de todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, pero estoy seguro que la del Grupo Popular no le ha de faltar, para contribuir a todo aquello que ayude a resolver los difíciles y complejos problemas que tiene planteados su Consejería.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor San Segundo. Para contestar, tiene el señor Consejero la palabra.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, porque poco más se ha añadido a lo que se dijo con anterioridad respecto a mi exposición.

Siguiendo el orden de intervención, como hice con anterioridad, quiero dar las gracias al señor Durán por algo muy especial. Yo conocía esa historia, conocía también el número de funcionarios, lo que pasa que yo lo he resumido al final diciendo lo complejo y variopinto del personal al servicio de la Administración Pública de Castilla y León; le agradezco que me haya sustituido en la exposición, porque yo no me había atrevido a hacerlo por si resultaba demasiado largo. Ese es el resultado final de la historia que el señor Durán ha hecho, y ese es el momento en que nos encontramos.

El método no le satisface; yo estoy de acuerdo. Cada uno elige sus propios instrumentos para llevar a cabo los objetivos. En lo que yo pido el acuerdo no es en el método, sino en el objetivo final. ¿Por qué no le satisface el método? Porque dice que nos vamos a encontrar en el camino con una serie de reclamaciones y recursos, un maremagnum de recursos individualizados que ponga en peligro el concurso. Por mucha voluntad que tenga este Consejero -que la tiene- de sacar adelante el concurso, es lo suficientemente responsable como para no saltarse a la torera ninguna de las normas, ninguna de las formalidades que las leyes establecen y los Reglamentos establecen, en garantía de los derechos de los funcionarios. Eso nos obliga a hacer cosas o a hacer trámites, que, lógicamente, por otro camino podríamos saltarnos.

Yo conozco la posibilidad de esos recursos, contamos con ello. Pienso que, puesto que esto no es nuevo y ha habido otras notificaciones anteriores, no van a ser tantos como estamos diciendo, y no porque no haya errores en algunas ocasiones, sino porque los funcionarios, efectivamente, están deseando que se celebre el concurso. Pero si los recursos llegan habrá que estudiarlos y resolverlos; lo que nosotros intentaremos es intentar resolverlos con la mayor justicia y con la mayor celeridad para que el concurso no resulte viciado por ninguna... o retrasado por estos recursos. Lo que sí que quiero decir es que, por mucho que nos empeñáramos, hay que hacer una relación de vacantes, hay que hacer una adscripción definitiva a cada uno de los puestos que existen y hay que hacer la integración de los funcionarios, y no hay otro camino que hacerle que el camino que yo he expuesto; se podrá hacer saltándose alguno de los trámites, como esta exposición o notificación informal. Pero yo creo que esta notificación informal va a impedir que muchos de ese maremagnum de esos recursos individualizados lleguen a la época final; ahora no suponen más que unos días y luego pueden suponer muchos meses. A mí el método me gusta, por eso lo hemos elegido.

Y, en definitiva, que estamos... estoy satisfecho por la aceptación que en principio se ha hecho de esta exposición. Que espero, efectivamente, el apoyo; que si existen sugerencias, como la que ha ofrecido gustosamente, estoy a disposición del señor Procurador, para charlar con él detenidamente y que me las ponga de manifiesto.

Y únicamente hacerle dos precisiones. No estoy de acuerdo en la diferenciación que ha hecho de oferta pública de empleo y concurso de traslados; pero no tiene más importancia. Y tampoco estoy de acuerdo con el señor Procurador en que la

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diferenciación entre funcionario y personal laboral al servicio de la Administración sea exactamente la que ha puesto de manifiesto, precisamente, porque los criterios para diferenciar el personal laboral al servicio de la Administración del personal funcionario es muy variado, es, posiblemente, por lo que en la Ley 30 y por la que la Ley 7 no han hecho esta diferenciación con tanta claridad como sería deseable. No puede ser, efectivamente, por la función, no puede ser por el tipo de trabajos que realizan, no pueden ser por el origen, por la forma de ingreso en la Administración, en la doctrina y en las diversas... en el Derecho comparado existen muchas maneras de diferenciarlos; esa es una, pero hay muchas más. Son dos precisiones que simplemente quiero hacerlas.

Pero, en definitiva, lo que quiero poner de manifiesto es que acepto esa oferta que me ha hecho. Y que en un momento no muy lejano hablaremos del tema, porque toda aportación que se nos haga sobre este tema, yo creo que es sumamente importante.

Respecto al Grupo Socialista, yo quiero dejar bien clara una cosa. Yo he dicho que se puede elegir entre un Instituto Público de Administración de Castilla y León y otra forma de hacerlo, pero no sé exactamente cuáles fueron las razones de su supresión. Lo que sí que yo digo en este momento es que, si yo tuviera que elegir, yo seguiría eligiendo por el sistema que el Gobierno -del que yo no formé parte en aquel momento- adoptó: el de haber elegido la posibilidad de hacer convenios con el INAP, o hacer la oferta a las empresas privadas. Las razones por las que se suprimió no quiero entrar en ellas, porque no formaba parte de aquel Gobierno; es más, tampoco me preocupaba demasiado averiguar aquellas razones. Yo estaba en aquellos momentos en otras responsabilidades.

Los posibles recursos. Lógicamente que los posibles recursos vengan; con ellos, como digo, contamos, pero, ¡qué le vamos a hacer!. Veintisiete de Diciembre como fecha del concurso; yo lo he dicho y lo mantengo. Pero también he hecho antes una precisión: era nuestro calendario de trabajo, no era ninguna oferta a los funcionarios, ni tampoco a la ciudadanía. Y eso me encargué de dejarlo muy claro en todas las reuniones que he tenido con al Junta de Personal de cada una de las provincias a las que he visitado por cortesía, sin intentar suplantar los órganos que existen de comunicación entre las Centrales Sindicales y la Administración. Era una simple visita de cortesía a la Delegación Territorial, y yo partía de la base de que, en esa visita de cortesía, lo mismo que a los Jefes de Servicio había que visitar a los representantes de los funcionarios y a los representantes del personal laboral; era una simple información. Este era nuestro calendario de trabajo. Yo creo que nos vamos ajustando muy bien a este calendario, aunque, lógicamente, no será el veintisiete ni será el veintiocho de Diciembre, pero serán fechas muy cercanas, y de eso estoy completamente seguro.

Quiero darles las gracias por lo que me decían, de hacer un seguimiento de las adscripciones definitiva. Pero yo le pediría algo más: además del seguimiento, ¿por qué no nos avanzan los criterios con los que quieren hacer ese seguimiento? Eso sería para nosotros muy importante, para no tener que luego lamentar que en una comparecencia, en una interpelación, en una pregunta, a hechos o a toro pasado, no sirviera más que para que un Grupo Parlamentario apareciera en los periódicos, pero no sirviera para que el concurso se hiciera mejor.

Este Consejero le agradecería mucho que, puesto que van a hacer un seguimiento, me adelantaran cuáles serán los criterios en base a los cuales van a hacer ese seguimiento, porque podríamos tenerlos en cuenta antes de hacer las adscripciones definitivas, de sacar esta relación definitiva; esto sería muy importante. No obstante, muchas gracias por su intervención y por la comprensión que tienen hacia la difícil labor que a esta Consejería en este área le corresponde.

Quiero dar las gracias al Grupo Popular, que antes no lo hice, por su anterior intervención y por esta. Y que esté completamente seguro que todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que esté de nuestra parte, vamos a hacer lo posible porque ese calendario que nos fijamos, y cuya fecha terminaba el veintisiete de Diciembre, sea una realidad aproximativa. No quiero decir fecha de exactamente cuándo será, pero lo que yo sí que digo es que no nos vamos a apartar mucho del calendario de trabajo interno que teníamos para la resolución del concurso. Lo que pase con posterioridad..., incluso tenemos previsto la posibilidad de adelantarlo lo más posible. Cuál sean los caminos que tenemos previsto, me van a permitir que no se los cuente, porque alguien..., alguien que tenga interés en obstaculizar la celebración de ese concurso podría utilizarlo. Pero sepan que vamos a poner todos los medios que están a nuestro alcance, sin saltarnos -y lo siento, señor Durán-, sin saltarnos ni uno solo de los requisitos que las leyes y los Reglamentos nos exigen, para que el concurso se celebre lo antes posible y los derechos de los funcionarios sean respetados al máximo.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Con una brevedad absoluta, señor Martín.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente.

Decirle al señor Consejero que siento mucho no poder complacerle. Quizá, el explicar los criterios con los que nosotros vamos a hacer el seguimiento de las adscripciones definitivas nos trasladaría a una fecha no inferior a año y

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medio, en la que, posiblemente, nosotros aplicáramos esos criterios, pero que, evidentemente, aplazaría demasiado el concurso del que estamos hablando en esta comparecencia.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias. Señor Consejero.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Con la misma brevedad.

Está usted equivocado, señor Procurador; no sería año y medio, serían, por lo menos, seis años.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Bien.

¿Algún Procurador quiere intervenir en el turno de Procuradores?

Señor Quijano, tiene la palabra.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Desearía, efectivamente, hacer alguna pregunta concreta, en algún tema que he echado de menos en su exposición. Y vaya por delante -dada que ésta es la primera comparecencia del señor Consejero a petición propia, aunque sea un poco retrasada- también mi deseo particular de éxito en su gestión. Yo creo que, en su caso, desearle éxito es desearle estabilidad, a la vista de los antecedentes que lleva en esta Legislatura, pero lo que le deseo es que termine la Legislatura, no más allá del término de la Legislatura desearía su permanencia en la Consejería por razones obvias. Y le deseo, igualmente, dedicación también -yo creo que sabe a qué me refiero-, y se lo digo con toda claridad: yo creo que tiene usted la suerte de ser el primer Consejero de Presidencia en esta Legislatura que está nombrado para resolver los problemas de la Consejería de Presidencia y no para resolver otro tipo de problemas. Pero, siendo esa una suerte, creo que, en todo caso, necesitará la estabilidad a que antes me refería.

Las dos preguntas concretas que quiero hacerle son en relación con los siguientes temas. He echado de menos, en su exposición inicial, el que no haya hecho ninguna referencia particular a la cuestión de las Delegaciones Territoriales, dado que en el ámbito de su competencia está esa cuestión. Y lo echo de menos fundamentalmente porque ha sido ayer mismo cuando la Junta ha aprobado -según las informaciones de los medios de comunicación- el nuevo Decreto, que parece que aporta algunas novedades. Yo creo que usted ha debido, en su comparecencia, hacer, ante un lugar tan cualificado como es una Comisión Parlamentaria, una información al respecto. Le preguntaría, entonces, por cuáles son esas novedades; o, si quiere, y, lógicamente, admitirá que yo lo enfoque de esa manera, por poner nombres a las cosas, cuáles son las revisiones fundamentales que el Decreto "Posada" -por así decir- introduce sobre el Decreto "Aznar". En su caso, cuáles son las razones de esas revisiones y qué previsión hay de aplicación de su nuevo Decreto, es decir, en qué plazo, prudencialmente, estarán cubiertas las nuevas plazas o los nuevos puestos de trabajo -parece que en este caso ya de altos cargos, y no de funcionarios-.

La otra cuestión que le quisiera plantear tiene alguna relación con ésa. Existe en la Comunidad Autónoma -aprobada ya hace algún tiempo, publicada y, por tanto, en vigor, puesto que han pasado los plazos de contención que la propia Ley tenía- una Ley de Incompatibilidades de altos cargos. Me gustaría saber si hay, si tiene en este momento datos concretos sobre aplicación que haya podido tener esa Ley; se lo digo, porque hay un... -y no me resisto a citarlo individualizadamente-, un caso en el que yo creo que el señor Consejero está tolerando una situación que me atrevo a calificar de franca ilegalidad. Pasado el plazo del mes que la Ley daba para la declaración primera de incompatibilidad, hay algún caso en que situaciones flagrantes de incompatibilidad, que, como consecuencia de las elecciones generales, han incurrido en segunda incompatibilidad todavía, se siguen, al día de hoy, manteniendo. Y yo creo que esa es una situación que el señor Consejero no debiera de mantener.

Y asimismo, en esa Ley de Incompatibilidades hay un mecanismo de inhibición para ciertos supuestos. Me gustaría saber si ese mecanismo ha tenido alguna aplicación en algún expediente administrativo, puesto que está en vigor la Ley de Incompatibilidades, también en ese punto.

Esas son las cosas concretas para las que desearía una respuesta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Quijano. El señor Consejero...

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Señor Quijano, muchas gracias por la preocupación que siente por mi estabilidad en este puesto. Yo lo tenía entre mis amigos, pero acabo de comprobar que realmente es así, puesto que no desea que yo lo deje rápidamente.

Yo estoy plenamente convencido que, aun cuando lo dejara, el compañero de Partido que me sustituya, sea ahora o sea dentro de año y medio, voy a dejarle una situación que le va a permitir gestionar, seleccionar al personal y dedicarse a formarlo de manera íntegra; porque creo que le dejaré el camino preparado para que pueda realizar, para que pueda dar o terminar el trabajo que yo espero terminar en este año y medio.

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Efectivamente, no he hecho ninguna referencia al Decreto... al nuevo Decreto, aprobado ayer en el Consejo de Gobierno. Quizá fuera este el sitio oportuno, quizá porque ya tenía noticias de la existencia de alguna pregunta o de alguna interpelación en relación con estos temas, es por lo que lo he dejado para otro momento. Pero voy a hacer una breve referencia al mismo.

Las innovaciones fundamentales que se introducen en ese Decreto es el sistema de nombramiento, la calificación del mismo y el sistema de retribuciones. El sistema de nombramiento, por Decreto, a propuesta del Consejero de Presidencia; la calificación de alto cargo, la equiparación, en cuanto a remuneraciones, a la de Director General; una cláusula... una disposición, que hace que entre en vigor el Decreto el mismo día de su publicación; lo cual pone de manifiesto la intención -con esto respondo a otra de las preguntas- de proceder al nombramiento de los nuevos Delegados, que pueden ser los mismos, porque, en definitiva, se trata de cambiar el sistema de nombramiento y el tratamiento que a los mismos se les va a dar, en una fecha muy próxima; aquí sí que digo una fecha muy próxima, porque, como usted ha dicho, es el Decreto Posada y es un tema que se lleva a nivel de Presidencia y de esta Consejería. Y tiene también una cláusula especial para que no haya vacante en este intermedio, que es durante el período que se nombre mientras se nombran los nuevos Delegados, que continúen en funciones los Delegados nombrados con anterioridad.

Estos son los puntos fundamentales del Decreto, que, lógicamente, va a afectar a algo más; porque este Decreto tiene como finalidad fundamental que los Delegados Territoriales tengan en la provincia... puedan representar al Gobierno, a la Administración de la Comunidad y al Gobierno Autónomo al mismo nivel que lo estaban haciendo los representantes del resto de las Instituciones: Diputación Provincial, Ayuntamiento, Gobierno Central, que yo creo que era necesario, para que quede bien claro que la función fundamental del Delegado Territorial era la función de representación de la Junta y de dirección e impulsión de la política de la Junta en cada momento. Y ésa es la diferencia que existía con anterioridad.

Y esto, lógicamente, es el paso, el primer paso, dentro de algo más que hay que hacer. Esto exige una nueva... o por lo menos una estructuración de la Secretaría; una, a veces, nueva concepción de alguna... en parte, de la estructura de los servicios. Que en las nuevas Consejerías, como Medio Ambiente, ya se ha hecho, en alguna manera se ha tomado alguna medida, y que en los servicios de las Consejerías más antiguas es más difícil, porque hay que poner -porque así lo exige el Decreto 225, de acuerdo-... hay que hacer el consenso de todas las Consejerías con la de Presidencia para llevarlo a cabo.

Estos son los temas fundamentales; tema que también afectaba a la Intervención y a la Delegación Territorial. Proceso de reordenación, que está en marcha, entre otras cosas, porque había dudas si las normas que regulaban esta... la Secretaría y los Servicios, incluso la Intervención Delegada, estaban ahora en vigor.

Este es el Decreto aprobado, ésos son los proyectos para el futuro, respecto a la estructuración de las Delegaciones Territoriales, y creo que esto, en definitiva, es lo que vendría a poner o a informar, de manera muy sucinta, en este momento y en esta Comisión a éstos.

No ha sido mi intención -como digo- dejarla al margen, sino que lo que creía es que existían ya iniciativas parlamentarias en este sentido y creía que era allí donde, con más intensidad, se podría discutir.

Ley de Incompatibilidades. Efectivamente, existe un plazo; creo... yo tenía idea que eran dos meses, dos meses para poner en marcha el desarrollo de esta Ley. Hay que hacer unos desarrollos reglamentarios, que exigen, efectivamente, la creación de un registro de actividades, de un registro de bienes, de unos procesos, de unas normas especiales para llevar a cabo estas declaraciones, y eso está en marcha y está preparándose, y yo espero que en fecha muy breve lo tengamos publicado, para que se pueda llevar a cabo.

Me pregunta por casos concretos en algunos de estos cargos. Supongo -no ha dicho el nombre-, supongo las personas a las que se refiere. Yo pensaba que ese problema estaba resuelto, en cuanto a las incompatibilidades. Tengo la idea de que estaba resuelto, pero parece ser que no es así. Yo le prometo que me ocuparé personalmente de comprobar estas situaciones a las que creo que ha hecho referencia.

Y después hay un tema que no le he entendido muy bien. Hay una inhibición en algunos supuestos. No sé exactamente a qué se refiere y, por lo tanto, no le puedo contestar. De la inhibición a algunos supuestos... No he entendido la pregunta o no...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Sí. Señor Quijano, para aclarar.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: No tengo ningún inconveniente en aclarárselo, aunque yo creo que usted es el que tiene la competencia administrativa de vigilar sobre el cumplimiento de la Ley.

Se trata de un mecanismo, el deber de inhibición -así aparece expresamente en la Ley-, que impide a determinados Altos Cargos que hayan podido tener intereses durante un plazo previo a su toma de posesión como tales decidir sobre expedientes administrativos relacionados con esos intereses.

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No recuerdo el artículo, exactamente, donde está en la Ley, pero el contenido es, básicamente, ése.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Quijano. Señor Consejero, si quiere contestar.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Decirle, igual que con anterioridad, que mi promesa es de encargarme, de preocuparme de estos dos temas, de los que me ha hecho referencia, y que tendrá cumplida respuesta a los problemas que plantea.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Consejero. El señor Hernández Redero puede formular las preguntas.

HERNANDEZ REDERO

EL SEÑOR HERNANDEZ REDERO: Gracias, señor Presidente. Para hacerle una pregunta muy concreta, de un tema muy específico, al señor Consejero, en un tema que él ha tocado un poquitín de refilón. Y es que hay una serie... un amplio grupo de funcionarios de empleo interinos, que han sido transferidos en distintas fechas a esta Comunidad Autónoma, y que en estos momentos no están regulados por la Ley de la Función Pública de Castilla y León, la Ley 7/85; y digo que no están regulados por ella, pues, porque ni son funcionarios de carrera, ni son laborales, ni son personal eventual, ni son personal interino. Yo he dado en llamarlos los trabajadores desencuadrados de la Junta de Castilla y León.

Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo se encuadran o como se pueden encuadrar? ¿Mediante acceso libre, como desde la calle, aún en el caso de quince y veinte años de servicios prestados, por ejemplo, o bien pueden ser acogidos por el Decreto de Integración o por algún Decreto de Integración? Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Hernández. El señor Consejero tiene la palabra.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Señor Procurador, ese problema que a usted le preocupa, me preocupa también a mí. Incluso en mi exposición he hecho referencia a alguno de los supuestos contemplados.

Hay interinos en esta Administración, cuya solución habrá que buscarla. La solución en este momento, como muy bien ha puesto de manifiesto, no existe legalmente. Yo tengo mucho interés en solucionar estos problemas.

Lo que también pediría a los Grupos Parlamentarios es que, si para solucionar estos problemas es necesario acudir en algún momento a procedimientos en este momento no previstos, y además de no previstos -y por ello, a lo mejor- irregulares, tengan la comprensión adecuada. Lo que sí que les prometo es que, si a estos interinos se les solucionara la situación sabiendo quién son, se haría público y contaríamos con los representantes de los trabajadores, de los funcionarios, para poder dar solución a esta respuesta.

Créanme que me ha producido usted una gran alegría con hacerme esta pregunta, porque encima de mi mesa tengo no menos de ocho o diez casos haciéndome esta misma, planteándome este mismo problema. A mí también me parece absurdo que un funcionario que lleva quince años trabajando en la Administración, fuera de toda norma, porque un interino no puede tener estar fuera de un año, pero está quince años en una Administración, pueda desprenderse la Administración de él como si fuera un saco roto, sin dar solución a su problema; problema funcionarial y problema salarial, en muchos casos muy grave. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GARCIA CANTALEJO): Gracias, señor Consejero. Si alguno de los Procuradores no miembros de la Comisión quiere intervenir... Se levanta la sesión.