DS(C) nº 223/2 del 21/2/1990

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Entendemos que es una Enmienda técnica que, bueno, se podrá incorporar al texto del Proyecto de Ley, si bien mi Grupo ya anuncia el voto en contra por las razones que al final de la Comisión, en nuestro turno de explicación de voto, argumentaremos. No es el fondo lo que estamos... no es esta Enmienda lo que vamos a debatir, no es lo que vamos a criticar, sino el conjunto del Proyecto de Ley lo que votamos en contra, para lo cual no nos queda más remedio que ir votando en contra artículo por artículo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ CALVO): Para el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Mixto.

SANCHEZ IÑIGO

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO: Gracias... no, renuncio a tomar la palabra.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ CALVO): Tiene la palabra, pues, el Portavoz del Grupo Popular.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Mi Grupo votará a favor de la Enmienda.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ CALVO): Se va a someter, entonces, a votación la Enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

(-p.4941-)

Queda, pues, aprobada la Enmienda por diez votos a favor, cero en contra, siete abstenciones.

A continuación vamos a votar el artículo. ¿Votos a favor?...

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Señor Presidente, cuestión de orden. Si no quedan más Enmiendas, me atrevo a sugerir que se haga una votación conjunta de todo el resto de la Ley.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ CALVO): Pero el artículo, parece ser que hay que votarlo, este artículo hay que votarlo.

Entonces, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo por diez votos a favor, siete en contra, ninguna abstención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): No habiendo mas Enmiendas pendientes, se procede a realizar la votación conjunta de los Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Disposición Final, Exposición de Motivos y Título de la Ley. Votación de estos artículos, Disposición Final, Exposición de Motivos y Título de la Ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con diez votos a favor, siete en contra y ninguna abstención.

¿Algún Grupo quiere consumir un turno de intervención para explicación del voto? Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, señor Lorenzo.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Gracias, señor Presidente. Brevemente, quisiera hacer constar en esta Comisión la posición del Grupo Socialista, posición que, como ha quedado reflejada en el conjunto de la votación, ha sido unánimemente en contra a todos sus artículos, no tanto por entrar en el análisis de cada uno de ellos, sino como el rechazo frontal que tenemos al conjunto del proyecto de Ley que en estos momentos estamos debatiendo a nivel de Comisión. No voy a entrar, como ya dijimos, en la Enmienda a la Totalidad que se debatió en el Pleno de las Cortes sobre la posible competencia o no competencia de la Comunidad Autónoma para legislar en materia de seguridad industrial, que eso, en su caso, no correspondería al Grupo Parlamentario Socialista, ni probablemente correspondería a estas Cortes analizarlo, sino en lo que entendemos que es, pues, una cierta falacia que se pretende transmitir a la opinión pública.

En primer lugar, llama poderosamente la atención que una Comunidad Autónoma que no es, precisamente, muy avanzada en cuanto a su capacidad de legislación -no lo fue en su momento, no lo es ahora; no hay más que repasar el conjunto de Proyectos de Ley que han pasado por estas Cortes-, curiosamente sea una avanzadilla en esta materia. Recuerdo a Sus Señorías que sólo la Comunidad Autónoma Catalana tiene aprobado un Proyecto de Ley similar. En otras palabras, este Proyecto de Ley que estamos debatiendo en estos momentos es una copia fotográfica de lo que fue el Proyecto de Ley o la Ley catalana aprobada ya hace algún tiempo; no deja de resultar curioso que precisamente sea Castilla y León la segunda Comunidad Autónoma del conjunto del Estado Español, de las diecisiete Comunidades Autónomas, la segunda más avanzada. Probablemente nos querrá decir luego los Grupos de Gobierno, que apoyan al Gobierno, que será porque somos muy avanzados en esto. yo intentaré demostrar que precisamente es que somos muy avanzados en lo que es destrozar la Administración, destruir la Administración de una forma, pues, yo creo que lamentable, como se hace con estE Proyecto de Ley.

No quiero pensar que sea... la tramitación de ese Proyecto de Ley sea por razones exclusivamente de buscar una confrontación con el Estado, en el supuesto de que esta Comunidad Autónoma no tuviera competencias legislativas en materia de industria. A la luz del Estatuto de Autonomía no da la impresión que exista esa competencia, porque en el Estatuto se dice claramente la competencia en materia de desarrollo, en materia ejecutiva, en materia de desarrollo normativo de las competencias legislativas del Estado.

(-p.4942-)

Aquí sí que me gustaría, independientemente de eso, hacer una reflexión sobre lo que entendemos que en esos momentos suponen la elaboración de un Proyecto de Ley de estas características, que, en cierto modo, puede llegar a vulnerar la política que en esta materia se pueda estar desarrollando a nivel europeo, a nivel comunitario. Probablemente... me consta, como puede constar a la mayoría de Sus Señorías y, desde luego, como consta al Gobierno que ha presentado este Proyecto de Ley, que se está elaborando lo más consensuadamente posible, y a la luz de la normativa comunitaria para no erosionar ninguna de las directivas que en esta materia existe, algo tan técnico y tan complicado como es poder homologar los criterios que en materia de seguridad industrial existan en los países que en estos momentos estamos contribuyendo a la creación de un gran proyecto que se llama Europa, pues me consta, como digo, que, por parte del Estado Español, se está consensuando con Bruselas -al decir Bruselas me refiero al resto de los países de la CEE- un Proyecto de Ley de Seguridad Industrial que pudiera afectar a todas las Comunidades Autónomas, donde precisamente son las Comunidades Autónomas las que tienen la competencia, como el sentido común dice, como el sentido común reclama, de vigilar y ejecutar esas directrices legales que, a luz y emanando de la coordinación con el resto de los países de la CEE, puedaN elaborar las Cortes Generales del Estado. Yo creo que es algo, probablemente, de sentido común el que sean precisamente las Comunidades Autónomas y también los Ayuntamientos en determinados aspectos en materia de seguridad los que tengan la competencia ejecutiva de control y desarrollo de una normativa legal, que emana necesariamente del Estado, pero que, en sus raíces más profundas, emana del conjunto de los países miembros de la Comunidad Económica Europea.

Y el Proyecto de Seguridad Industrial, que, desde luego, tenemos que reconocer que tiene un nombre extraordinariamente pomposo y que podría dar a entender a cualquier ciudadano que no lo hubiese leído, que, precisamente, lo que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Derechas que soporta esta Comunidad Autónoma -me refiero soporta, en el sentido de que tiene esta Comunidad Autónoma- está preocupado, precisamente, por un tema que es extraordinariamente sensible, que es fácil de hacer cierta demagogia; y que, precisamente, ese Gobierno, tan preocupado por el bienestar de sus ciudadanos que administra, pues, eleva al Parlamento un Proyecto de Ley de Seguridad Industrial. Y claro, ahí está, yo diría que el gran fallo que tiene el Proyecto de Ley, porque no regula, prácticamente no regula absolutamente nada en materia de seguridad industrial. Porque cuando pretende referirse a lo que es propiamente la seguridad industrial, en el sentido etimológico, se remite a lo único que se puede remitir, que son a las correspondientes reglamentaciones específicas en vigor, reglamentaciones específicas que prácticamente están regulando cada uno de los aspectos industriales que conforman la vida de un país, en materia de baja tensión, de alta tensión, de centros de transformación, de instalaciones frigoríficas, de aparatos elevadores... De todo eso -y pongo un etcétera, etcétera, etcétera-, de todo eso existen reglamentaciones específicas.

El Proyecto de Ley de Seguridad Industrial -de tan pomposo nombre- en Castilla y León no regula que los aparatos elevadores tengan que tener determinadas condiciones de seguridad nuevas; no, no dice nada de eso. Dice: "Las condiciones técnicas de los aparatos elevadores -de los ascensores- en Castilla y León son las que dice la reglamentación", cosa que me parece razonablemente bien. Luego, ya no es un Proyecto de Ley de Seguridad Industrial; en su caso, puede ser un Proyecto de Ley -como dice el texto del mismo- de Organización de la propia Administración de la Comunidad Autónoma en materia de inspección de seguridad. Entonces, Organización de la Administración. Para eso, probablemente, un Gobierno con un poco más de sentido común no haría un Proyecto de Ley de Seguridad Industrial, sino, simplemente, haría organizar la Administración; y organizar la Administración elaborando programas de trabajo para que los funcionarios los pudieran ejecutar. Para que la Administración se organice, no hace falta un Ley; ya ahí tenemos la Ley de la Administración. Hace falta hacer funcionar la Administración, que es, en definitiva, elaborar programas para que los funcionarios, como decía anteriormente, los ejecuten.

Por tanto, si no es la seguridad industrial lo que regula esta Ley -a pesar de su engañoso nombre-, ni tampoco regula la Administración, a la luz del Proyecto de Ley, porque la Administración se regula, normalmente, en primer lugar, por la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma y, luego, por los Decretos de Desarrollo de cada una de las Consejerías, y, luego, por los Programas de actuación, que tienen su correspondiente partida presupuestaria, que elabora cada Consejería, entonces, ¿qué es lo que está regulando esa Ley? ¿qué es lo que está regulando esa Ley? Pues, aquí vamos a lo que es el Fondo de la Ley, que el PP y el CDS se cubren de gloria para presentar a los ciudadanos de Castilla y León, que es, ni más ni menos -como no podía ser menos, también- poner en manos de alguna o algunas empresas privadas -que yo no sé nombres, pero que a lo mejor se pudieran hasta sacar encima de la mesa cuáles pudieran ser las posibles-, alguna o algunas ENICREs puedan hacer la labor que realiza, que es competencia de la Administración, que es la materia inspectora.

Aquí sí que me gustaría hacer una reflexión sobre cómo funcionan las ENICREs y qué normativa las ampara, en estos momentos, en el conjunto del Estado Español. Las ENICREs, que, en definitiva, Entidades de Inspección y Control Reglamentario, están reguladas por el Real Decreto 1407/87, de trece de Noviembre. Y, en definitiva, es un Real Decreto, en cierto modo, similar al que existe en otros países, que permite que, en ausencia de la Administración, conscientes de que la Administración no puede llegar a cubrir todos los flancos que un mundo tan complejo y tan dinámico como el actual puede necesitar en materia de control de la seguridad, regula cuál debe ser el funcionamiento de estas entidades privadas colaboradoras de la Administración, para lo cual, lo único que hace es crear un Registro poniendo una serie de condiciones mínimas para inscribirse en este registro, de forma tal, que cualquiera de las Empresas privadas ENICREs que reúna esas condiciones y se inscriba podrá actuar a demanda de las correspondientes empresas en el ámbito del conjunto del territorio español. Bien es cierto que el propio Real Decreto lo que dice es que cada Comunidad Autónoma puede poner, incluso a partir de ahí, mayores condiciones. Pero lo que no pone es... lo que no puede o no obliga es que una empresa necesariamente se tenga que dirigir a una ENICRE en concreto, en tanto que tenga el monopolio, la concesión administrativa, la concesión administrativa de algo que es propio de la Administración.

(-p.4943-)

Y entonces, el Proyecto de Ley éste, que es el fondo del Proyecto de Ley, que, en definitiva, podríamos cambiar hasta de nombre. Proyecto de Ley de Seguridad Industrial, no; Proyecto de Ley por el cual se establecen las condiciones de la concesión administrativa a favor de una o varias ENICREs de la Seguridad Industrial de Castilla y León; Proyecto de Ley de privatización de la inspección en materia de seguridad industrial. Podemos darle muchísimos nombres; nunca el de la Seguridad Industrial, pues, el objetivo, el único objetivo que regula el Proyecto de Ley que hoy se somete a consideración de esta Comisión, no es otro que poner en manos de alguna o algunas empresas privadas, mediante la concesión administrativa, algo que ya está regulado a nivel nacional, algo que funciona a nivel europeo, algo que está consensuado y que, por sentido lógico, ha hecho que ninguna otra Comunidad Autónoma, excepto Cataluña -y hace ya tres años-, haya regulado, porque es algo que funcionaba... funciona bien y que en Castilla y León va a empezar a funcionar de distinta forma al resto de las Comunidades Autónoma.

Por tanto, ése es, y no otro, el auténtico objetivo, el auténtico fin de este Proyecto de Ley, que hoy se somete a consideración de la Comisión, que es, ni más ni menos, como he dicho anteriormente, poner en manos de alguna o algunas empresas algo que en estos momentos está exclusivamente en manos de la Administración y que difiere no sólo en su filosofía, sino en su funcionamiento, a lo que es el Real Decreto que regula las ENICREs. Es, ni más ni menos, que privatizar una parte más de la Administración.

Por tanto, esperemos que este Proyecto de Ley no vaya muy lejos. Vemos -eso sí que es cierto-, en el supuesto de que hubiera reclamaciones por parte de las Asociaciones de ENICREs, por parte de cualquier ciudadano que se sintiese, de alguna forma, perjudicado en sus intereses, que, al final, la Comunidad Autónoma podría tener que llegar a pagar cuantiosas cantidades de dinero si se produjera el fenómeno de la concesión ya a alguna empresa y que hubiera que rescindirle con posterioridad. Porque nos vamos a encontrar con situaciones prácticamente anormales: que las ENICRES más prestigiosas del mundo, que son... o de Europa, en concreto, pues, podíamos citar alguna o algunas de las inglesas más... de las ENICREs inglesas más prestigiosas, que no pudieran actuar en Castilla y León, porque en Castilla y León sólo actuase, pues, no sé qué empresilla de funcionamiento localito; no deja de ser curioso. Desde luego, no es ningún signo de modernidad, no es ningún signo de transparencia. En definitiva, es ni más ni menos que un paso más en la destrucción de la Administración de Castilla y León.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, señor Lorenzo. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bosque Hita.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Sí, señor Presidente. Muchas gracias.

Exclusivamente, voy a tratar de ser muy rápido; no quiero rebasar tiempos excesivamente, en algo que no hace falta tampoco utilizar tanto tiempo. Para decir que nuestro voto va a ser favorable al texto del... el texto del Proyecto de Ley, tal y como se encuentra en estos momentos. Y va a ser favorable a él, porque entendemos que es absolutamente necesario para nuestra Comunidad Autónoma. Entendemos que es perfectamente positiva la redacción y la utilización que del mismo va a hacerse. Y entendemos, por otro lado, que el hecho de aparecer, quizá, como la segunda Comunidad más avanzada en regulación en España no nos parece que sea nada negativo, sino, por el contrario, nos parece que es positivo.

Sabemos perfectamente que no es copia fotográfica, ni mucho menos, de la Ley Catalana, pero sí es verdad que la Ley Catalana nos ha ayudado a concretar situaciones, sobre todo cuando el Portavoz del Grupo Socialista nos ha hecho constar el buen funcionamiento de esta Ley en Cataluña. Nos parece, por lo tanto, que merece la pena ser considerada.

Negamos rotundamente que con ella se vaya a destruir ninguna clase de Administración. Precisamente, el Estado, la única regulación que ha hecho sobre él particular es un Real Decreto, en el que más del noventa por ciento del mismo se refiere, concretamente, a cómo ha de hacerse ésto a través de entidades privadas. Y nos parece, por lo tanto, que hemos entrado, porque nos ha parecido que el Partido Socialista en el Gobierno Central, pues, había dado un paso que era inteligente y que era serio, y que, en último término, era de obligado cumplimiento; por eso, el desarrollo de este Real Decreto con esta Ley es perfectamente congruente con las intenciones del propio Gobierno socialista Central.

Por supuesto, el hecho de que haya sido regulado por el Estado no nos sorprende en absoluto, sobre todo cuando hace muy pocas fechas hemos conocido que no es que determinadas clases de funciones técnicas se puedan hacer por entidades privadas, reguladas y controladas por las Administraciones Públicas, sino que, incluso, entidades tradicionalmente en manos exclusiva de la Administración del Estado, creadas por la Administración del Estado y que prestan servicios públicos exclusivamente, sin ninguna clase de relación con ninguna otra clase de entidades privadas, como es, por ejemplo, Correos, en estos momentos, el Partido Socialista en el Gobierno está planteándose la privatización del Servicio de Correos en este país. Como también se está planteando, y de hecho ya ha dado entrada a caudales privados, en compañías tan importantes como Iberia, que era de bandera, eran, exclusivamente, compañías de carácter absolutamente público.

(-p.4944-)

Por lo tanto, no cabe la menor duda que si nosotros hubiéramos escuchado unos argumentos de un Partido que no tuviera nada que ver con ninguna clase de tentación de poder en este país, podíamos pensar que, efectivamente, los argumentos, por lo menos, merecían consideración. Pero cuando sí que detenta poder de manera importante, y no solamente en situaciones de tipo regional, sino que es a nivel nacional y durante tanto años, con una política tan marcadamente orientada hacia la cesión a entidades privadas y a empresas privadas de materias que jamás lo fueron, ni siquiera con Gobiernos no de izquierdas, pues, vemos perfectamente que el Proyecto de Ley está por el buen camino.

Que puede entrar en contradicción con alguna clase de regulación vigente en estos momentos en Europa. Pues, no es cierto, en absoluto, y lo saben perfectamente quienes han argumentado en este aspecto. En todo caso, pueden referirse porque tengan informaciones privilegiadas, a través del hecho concreto de que pertenecen al Partido que sostiene al Gobierno Central, de que pueda ser que haya alguna clase de negociación a nivel europeo sobre este problema de seguridad industrial.

Pero yo me atrevo a asegurar a Sus Señorías que, si paralizásemos todos los Parlamentos Nacionales, tanto los Autonómicos como los de carácter Nacional, a la espera de que cualquier materia objeto de regulación, primero veamos lo que resuelve Europa, cualquiera que sea el tiempo que tarda para resolverlo, estaríamos absolutamente paralizados.

De todas formas, imaginando que en el futuro -no sabemos cuándo- pudiera regularse a nivel europeo esta materia, de manera que hubiera alguna clase de contradicción con el texto de este Proyecto de Ley, todos sabemos que Leyes de carácter nacional, leyes aprobadas por el Parlamento Nacional tienen que acomodarse a regulación europea, en razón de que es una obligación contraída en el mismo momento que nosotros entramos en la Comunidad Económica Europea. ¿Que puede ser inconstitucional? Hombre, yo agradezco que el Portavoz del Grupo Socialista haya reconocido paladinamente que no les corresponde a ellos hacer esta valoración y que tampoco está en sus manos poder, de alguna manera, hacer frente a la posible derivación anticonstitucional o inconstitucional de este Proyecto de Ley.

Por lo tanto, como creemos que hay instrumentos y hay instituciones, y hay órganos que sí que puede tomar esta medida, como debe ser el Gobierno Central, pues, esperamos que, de darse ese caso, el Gobierno Central lleve este Proyecto de Ley ante el Tribunal Constitucional y que resuelva lo que corresponda sobre el particular.

Por todo eso es por lo que, repito, mi Grupo va a apoyar con su voto este Proyecto de Ley, con el texto presente.

Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SAN MARTIN RAMOS): Gracias, Señoría.

Queda concluido el Dictamen del Proyecto de Ley de Seguridad Industrial en Castilla y León.

Se levanta la sesión.