DS(C) nº 256/2 del 14/6/1990

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO): ......

. damos comienzo a la Comisión. Y el señor Secretario tiene la palabra para leer el Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALTABLE VICARIO):

Gracias, señor Presidente. Primero y único punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Economía y Hacienda, a petición propia, para informar a la Comisión sobre: explicación relativa a incentivos regionales". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Sí. El señor Consejero tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente. Creo que es un deber de cortesía, puesto que es la primera vez que preside la Comisión, desearle toda clase de éxitos, la primera conmigo.

Buenas tardes, Señorías. Vamos, seguramente, a cambiar el orden de intervención al que tengo acostumbrados a Sus Señorías. Voy a exponer, simplemente, el problema en que se encuentra la política de incentivos regionales, haré unas simples conclusiones, y serán los Grupos Parlamentarios, como les corresponde, a los que, en definitiva, les deje la iniciativa.

Comenzaré por exponerles unos antecedentes y una pequeña filosofía de cómo se basa el principio de la política de incentivos regionales, para profundizar en los datos, que si Sus Señorías tienen a bien leer en los anexos de las carpetas que se les ha entregado, será fácil seguir mi pequeña explicación.

Como filosofía, decir que en las economías de dirección central, en la que el Estado organiza, programa, dirige y monopoliza la actividad industrial, se está observando en los últimos tiempos algo que por todos era conocido y predecible, y es la falta de solidez del sistema, en cuanto tiene que competir en calidad, productividad y estímulos con otro tipo, u otro sistema económico cualquiera.

Ello no quiere decir que se pueda enfocar el desarrollo económico de un país bajo el prisma del principio de laissez faire, laissez passer a ultranza, puesto que, en definitiva, no sólo pueden decidir única y exclusivamente las fuerzas del mercado, porque ello generaría disparidades de renta y riqueza, y ello sería condenar a determinadas regiones tradicionalmente desfavorecidas al abandono y al distanciamiento de sus niveles de bienestar con respecto a las del resto. Creo que todos, absolutamente todos, Señorías, coincidiremos en que la alternativa a ese libre juego del mercado es introducir las oportunas correcciones por parte de las Administraciones. En esta línea se inscribía, a mi juicio, la acción estimuladora de la inversión, la creación de mecanismos de apoyo a las iniciativas privadas incentivando, por vías de subvención en igualdad de condiciones, a aquellos proyectos que puedan implantarse en las regiones más deprimidas, por lo que dichos incentivos deberían de ser, precisamente, más importantes en aquellas zonas, concretamente, más desfavorecidas.

En este orden de ideas, la Constitución Española, en su artículo 40.1, establece que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para una distribución de la renta regional más equitativa.

Asimismo, el artículo 138.1 dice que para garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, el Estado velará por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

El logro de estos objetivos requiere la actuación de la Administración Central, encaminada a fomentar la actividad económica mediante la concesión de incentivos regionales en aquellas zonas geográficas menos favorecidas, y en aquellas otras que atraviesan especiales dificultades económicas.

Como Sus Señorías saben, la política de incentivos regionales no es más que una pequeña parcela de la política de desarrollo económico regional que aspira, al igual que toda la política, a reducir las diferencias territoriales de los niveles de renta, sin obstaculizar por ello el crecimiento del producto nacional.

La política de incentivos parte de la convicción de que el mecanismo del mercado por si sólo es insuficiente, como he dicho, para lograr una distribución territorial más equilibrada de las actividades económicas, y para poner en acción el potencial endógeno de las zonas desfavorecidas. Esto sólo será posible si además de poner en práctica una política de inversiones en infraestructura y equipamientos más redistributiva, se introducen mecanismos de compensación a la inversión productiva a través de los incentivos regionales, dirigidos a compensar las ventajas comparativas que encuentra la inversión privada en las regiones más desarrolladas. Se trata, en definitiva, de crear unas condiciones adecuadas en las zonas con problemas de desarrollo para que puedan competir con el resto del territorio, e incidir en las decisiones empresariales de la localización de inversiones. De ahí que la política de incentivos deba de formularse, y sobre todo ejecutarse, en estrecha coordinación con la de infraestructuras, y sin perder de vista la repercusión en la región de otro tipo de políticas económicas.

Es cierto, por ejemplo, que en los últimos años se ha realizado por todas las Administraciones Públicas un importante esfuerzo para mejorar la red de carreteras de nuestra Comunidad, por la gran incidencia que ello tiene como factor de atracción a la inversión industrial. Recuerdo a Sus Señorías el efecto polarizador de las inversiones públicas en la infraestructura de otras regiones, que creo será innecesario mencionar por estar en la mente de todos. Pero, aún así, la política de incentivos es indispensable, a nuestro juicio, para conseguir un desarrollo regional más justo, más equilibrado, más armónico y más eficaz.

La evolución cronológica reciente de la política de incentivos ha sido la siguiente:

En mil novecientos ochenta y uno, se inicia el proceso mediante el establecimiento del Gran Area de Expansión Industrial, que concedía una serie de beneficios a la inversión en Castilla y León, Real Decreto 1487, de mil novecientos ochenta y uno, de diecinueve de Junio. En el mismo se contemplaban, como Sus Señorías recordarán, subvenciones de hasta un treinta por ciento sobre la inversión prevista, el derecho a la expropiación forzosa de los terrenos que necesitaran, la preferencia en el acceso al crédito oficial, la reducción de la cuota de licencia fiscal de hasta el noventa y cinco por ciento, la reducción de los derechos arancelarios de hasta el noventa y cinco por ciento, la reducción en el ITE entonces vigente, y la reducción de arbitrios o tasas de Corporaciones Locales hasta el noventa y cinco por ciento, además de dar facilidades en la adquisición de suelo, que normalmente se trataba de condiciones preferentes.

La integración de España en las Comunidades Europeas exigió la adaptación de la legislación existente en materia de incentivos económicos a la política comunitaria en la materia, con la introducción de criterios esenciales en la misma, tales como coordinación, claridad, transparencia, no discriminación hacia otras zonas etcétera, etcétera. Es decir, entrábamos en la antigua discusión comunitaria, en definitiva, de la discriminación de origen o de destino.

Posteriormente a esta integración, Castilla y León, en el nuevo enfoque dado a los fondos estructurales, fue considerada nuestra Comunidad como zona asistida, desfavorida... desfavorecida, perdón, y superprioritaria, hecho que hago constar para poder llegar al entendimiento cabal del problema que trato de exponer a Sus Señorías. Actualmente, como saben Sus Señorías, somos zona objetivo uno.

En la actualidad, y como directa heredera del Gran Area de Expansión Industrial, la política de incentivos regionales se regula por las disposiciones siguientes:

Ley 50/1985, de veintisiete de Diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales.

El Real Decreto que la desarrolla, el 1535/1987, de once de Diciembre, que aprueba, precisamente, el Reglamento de la Ley comentada 50/85.

Y, por último, el Real Decreto 570/88, de tres de Junio, de delimitación de la zona de promoción económica de Castilla y León.

Las subvenciones que se pueden llegar a conceder como máximo en la zona de promoción económica de Castilla y León son, como Sus Señorías conocen, de hasta el cincuenta por ciento sobre la inversión prevista. Si esta se realiza en las provincias de León, Zamora, Salamanca, Avila y Soria, y de hasta el cuarenta por ciento sobre la inversión prevista, si esta se realiza en las restantes provincias, es decir, Valladolid, Burgos, Palencia y Segovia.

La Comunidad Económica Europea, consciente de los graves desequilibrios existentes en las diversas regiones de los países miembros entre los que España tiene importantes problemas, y dentro de España algunas de sus Comunidades Autónomas todavía más, ha autorizado, vuelvo a repetir, la Comunidad Económica Europea, ha autorizado la posibilidad de unas subvenciones que en Castilla y León podría alcanzar, en principio, hasta el setenta y cinco por ciento de la inversión en las provincias de Avila, Soria, León, Zamora y Salamanca, y de hasta un cuarenta y cinco por ciento en las provincias que son la zona tipo segundo. Esta decisión de la Comisión de la Comunidad Económica Europea es de veintisiete de Mayo de mil novecientos ochenta y siete, que es la que delimita, precisamente, las zonas para la aplicación de incentivos a la inversión, que conceden los Estados u otras Administraciones Públicas a las empresas.

Como Sus Señorías saben, en estas materias las competencias atribuidas a esta Comunidad son las de promoción, tramitación y gestión de los incentivos, pero la capacidad ejecutiva la ejerce el Ministerio de Economía y Hacienda a través de diversos organismos.

En definitiva, la Junta de Castilla y León hace la labor de captación, informa y tramita el expediente, y elabora una propuesta de subvención. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Hacienda es quien decide la procedencia o no de la subvención, y su cuantía. Este procedimiento se inicia, como Sus Señorías conocen también, con la solicitud del interesado junto con la documentación precisa, es decir, los proyectos, el Plan de Inversiones y Financiación, etcétera, etcétera. Y ésta está regulada por los Decretos 65/1988, de veinte de Abril, y 45/1989, de treinta de Marzo, que la Junta de Castilla y León publicó en su día, en la que se establece que las Comisiones Provinciales de promoción económica, que en cada provincia preside el respectivo Delegado Territorial, harán un dictamen sobre cada solicitud basado en datos técnicos y objetivos previamente estudiados, con una propuesta de valoración del importe de la subvención a conceder, que tendrá un carácter provisional para aquellas inversiones de más de 15.000.000 de pesetas. Las reuniones de las comisiones provinciales son mensuales, pero es deseo de la Consejería de Economía y Hacienda que en el futuro sean quincenales.

A continuación, el expediente es estudiado por el Comité de Inversiones Públicas de Castilla y León, que me honro en presidir, y que hace la propuesta de subvención definitiva por parte de la Comunidad. Dicho comité se reúne también con periodicidad mensual, aunque en algunas ocasiones, por la cantidad de expedientes que se acumulan, se haya llegado a hacer hasta semanalmente. Posteriormente, los expedientes son estudiados por un Grupo de trabajo en Madrid, presidido por el Director General de Incentivos Económicos Regionales del Ministerio de Economía y Hacienda, que se reunía antiguamente mensualmente para estudiar los expedientes de inversión, entre los 15 y 1.000.000.000 de inversión prevista, y en el cual está representada la Comunidad con la importante misión de defender los porcentajes de subvención a las inversiones previamente aprobadas en el Comité de Inversiones Públicas de la Junta de Castilla y León.

Estos grupos de trabajo actúan por delegación del Organo Superior encargado de coordinar y establecer los programas y actuaciones estatales, en materia de incentivos económicos regionales, que es, precisamente, el Consejo Rector que preside el Secretario de Estado de Economía, don Pedro Pérez.

Hasta la reciente modificación de los criterios de política de incentivos regionales, con el acta que hacían estos grupos de trabajo era suficiente para conocer qué porcentaje de subvención se concedía a cada empresa. Actualmente, esto ya tampoco es así y hay que esperar a que sea definitiva dicha propuesta, a través del Consejo Rector, que puede variarla libremente. Ello ocasiona retrasos en la tramitación, inseguridad sobre la concesión y sensación de que, cada vez más, los representantes de la Junta son menos "convidados de piedra". Dicho Consejo Rector es el que realiza las propuestas definitivas de porcentaje de subvención para inversiones inferiores a los 1.000.000.000 de pesetas, mientras que para las inversiones que supera dicha cifra decide la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos. Eso está legislado en la Ley 50, comentada anteriormente, y en el Decreto que la desarrolla, 1535.

Las reuniones de este Consejo Rector se celebran muy de tarde en tarde y sin calendario concreto. Por lo tanto, nos encontramos, en lo que se refiere a incentivos económicos regionales, con la estructura administrativa siguiente: primero, la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos; después, por rango, está el Consejo Rector; después está la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales; y, por último, la Administración Central, los Grupos de Trabajo. Ello, sin contar que, normalmente, tienen que ser aprobadas por el Consejo de Ministros, que tiene que haber una propuesta al Comité de Inversiones Públicas, una propuesta a la Comisión Provincial de Promoción Económica y un Informe de los Servicios Territoriales de Economía.

Y, por último, en el escalafón, se encuentra el pobre administrado, aportando todos los datos que a cada uno se nos ocurre pedir, y con ello estamos tramitando los expedientes actualmente.

Voy a referirme, concretamente, a la aplicación práctica de este organigrama que acabo de explicarles, y cómo entendemos que este sistema administrativo está obstruyendo la concesión de las subvenciones.

En tal sentido, el Consejo Rector dio instrucciones... recuerden Sus Señorías que he hablado de la posibilidad de este... de la Comunidad Económica Europea, de conceder subvenciones de hasta el 75 y el 45. Pues bien, el Consejo Rector, ya hace más de un año, dio instrucciones para no subvencionar en ningún caso más del 35% para los expedientes de la zona uno, es decir, para los que ya nos había limitado hasta el 50%, y en ningún caso superar la subvención del 30% para aquellos expedientes de la zona dos, es decir, para aquellos que habían calificado como de hasta el 40%. Paralelamente, se produjo un claro y gradual endurecimiento en la aplicación de los baremos establecidos por el propio Ministerio de Economía y Hacienda, para la obtención de los porcentajes subvencionables.

Esta actitud restrictiva ha llegado a generar situaciones tan tensas, que motivó, por ejemplo, que en su día se abandonara la reunión del grupo de trabajo, por parte del Director General de Economía, en total disconformidad por los criterios que se estaban aplicando en aquel grupo de trabajo. Asimismo, se empezaron a introducir una serie de trabas de todo tipo, tanto de índole administrativa como procedimental, que retrasaban enormemente el estudio y la resolución de los expedientes. Por ejemplo, hubo una temporada que a las personas físicas que tenían inversiones previstas se les sugería, por parte de la Administración Central, que, si quería obtener subvención, deberían de buscar una fórmula asociativa con personalidad jurídica. O, como alternativa, que presentasen fotocopia compulsada de las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta y Patrimonio de los tres últimos años, el certificado de una entidad financiera que acreditara la capacidad del solicitante de aportar el 30%, como recursos propios a la inversión, y que su nivel de endeudamiento fuese a su vez capaz de alcanzar hasta el 60% de la cuota previsible de mercado a alcanzar. Y, además, por si fuera poco, que el gasto previsto para los tres ejercicios siguientes fuese fácilmente soportable con la devolución de estos créditos que podían endeudarse.

En definitiva, llegó el momento que se empezó a marear al administrado y no resolver absolutamente ningún expediente.

Paralelamente con lo anterior, se produjo un intento del Ministerio de Economía de Hacienda, a través de una instrucción del Consejo Rector, de once de Julio de mil novecientos ochenta y nueve, para que dejaran de ser subvencionables las inversiones de menos de 75.000.000 de pesetas en nuevas instalaciones, y, correlativamente, de 150.000.000 para aquellas inversiones que consistían en modernización de las empresas existentes. La protesta, prácticamente unánime, de todas las Comunidades Autónomas, y los artículos de prensa -por qué no decirlo- negativos, hicieron dar marcha atrás al Consejo Rector en su línea claramente discriminatoria para las pequeñas empresas, y, de momento, esta instrucción parece ser que ha quedado en suspenso. Les acompaño aclaración de lo que les estoy comentando en el Anexo I que contienen sus carpetas.

El siguiente paso fue el de recabar del Consejo Rector el Dictamen de los Proyectos superiores a 1.000.000.000 de pesetas. Dado el criterio enormemente restrictivo de aplicación de las subvenciones, con una media entorno al 10%, la dilatada periodicidad de sus reuniones y el no estar representada esta Comunidad, como he dicho antes, en el Consejo Rector, hace que la nueva medida signifique que los proyectos de mayor importancia no podrán ser informados, ni verbalmente, por nuestra Comunidad, y mucho nos tememos que puedan quedar al libre arbitrio restrictivo y discriminatorio del propio Consejo Rector, sin posibilidades de defensa ni de argumentación por parte de ninguna Comunidad Autónoma, sobre todo, la nuestra.

En el mismo ámbito se incluye la última instrucción dada al grupo de trabajo para aplicar los mismos criterios de subvenciones que aplica el Consejo Rector. Es decir, ir a una media del 10% sobre la inversión, lo que significa, de hecho, reducir prácticamente a la mitad la subvención que esta Comunidad había venido obteniendo, hasta que empezó a complicársenos la vida, y que nuestra media se situaba entorno al 21% del volumen de inversiones proyectadas. Eso les queda explicado perfectamente a Sus Señorías en el Anexo número V que les acompaña.

La reunión del grupo de trabajo que iba a estudiar las subvenciones a la inversión en Castilla y León, convocada para el día veintiséis de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve, fue suspendida, sin razones convincentes, por la Dirección General de Incentivos Económicos y Regionales de Madrid. Posteriormente -como luego me referiré- a una reunión que nos hizo el Secretario de Estado a todos los Consejeros de Economía, se me explicó que nos la habían suspendido por haber abandonado la del grupo de trabajo de la fecha que les he comentado anteriormente.

En dicha reunión, que fue suspendida, estaba prevista la resolución de setenta y nueve expedientes correspondientes a Castilla y León, que suponía una inversión de 14.012.000.000 de pesetas y la creación de mil diez puestos de trabajo. Como digo, no se realizó.

Convocada una nueva reunión del grupo de trabajo para el día ocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, se hizo saber que le Consejo Rector había dado directrices para que los grupos de trabajo adoptaran un criterio de actuación similar a los que venía aplicando el mencionado, tantas veces ya, Consejo Rector, enormemente restrictivos al aplicar, como he dicho antes, una media de subvenciones de un 10% sobre la inversión.

Ante esta situación, el Director General de Economía, como representante en la Comunidad de Castilla y León en el grupo de trabajo, decidió abandonar nuevamente la reunión, dados los graves perjuicios que para los inversores en nuestra Comunidad se iban a producir si tal medida se llevaba a cabo. Sirva como ejemplo el primer expediente visto en ese mismo grupo de trabajo, al que posteriormente aludiré, y cuya propuesta de subvención quedó reducida, exactamente, al 50% de la informada favorablemente por la Junta, habiendo aplicado estrictamente los criterios objetivos, según les queda demostrado a Sus Señorías en el Anexo II de la carpeta que les acompaña, en aplicación, precisamente, de las instrucciones emanadas de la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales. Este planteamiento indujo a pensar que, por parte del Ministerio de Economía, existía un claro intento de desactivar la Ley de Incentivos Económicos Regionales, en contra no sólo de la propia normativa, sino de los criterios de la Comunidad Económica Europea, en lo relativo a la corrección de los..., perdón, de los desequilibrios económico regionales.

Hemos de recalcar, una vez más, que en el Consejo Rector no están representadas las Comunidades Autónomas, ni éstas son informadas de los trámites llevados a cabo en dicho Consejo Rector, el cual, hasta ahora, ha monopolizado, como he dicho, el Dictamen sobre los proyectos de instalación o ampliación en inversiones de más de 1.000.000.000 de pesetas, o los de modernización de empresas que no supongan creación de empleo.

La preocupación creada entre los empresarios ante el giro de los acontecimientos hizo que, el diecinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, el Presidente de la CEOE se dirigiera por escrito al Secretario de Estado de Economía para hacerle partícipe de dicha preocupación -Anexo que tienen Sus Señorías en la carpeta, como número III-.

Desde la iniciada fecha del ocho de Noviembre del ochenta y nueve, no volvió a convocarse a la Junta de Castilla y León a ninguna reunión del grupo de trabajo para tratar los expedientes de Castilla y León, estando, por tanto, paralizadas desde esa fecha toda la tramitación.

Como exponente más claro de la gravedad de esta situación, ahí están los trescientos noventa y un expedientes retenidos, a que se refiere el Anexo VI que Sus Señorías tienen en la carpeta, total de los expedientes pendientes de dictaminar hasta esta fecha, los cuales suponen unas inversiones retenidas de más de 219.612.000.000 de pesetas, y el retraso, por supuesto, en la creación de seis mil quinientos sesenta y nueve puestos de trabajo previstos.

De esta situación han dado cuenta a la opinión pública, en diferentes ocasiones, los medios de comunicación, de los que se recogen los artículos más importantes y declaraciones en el Anexo VII que Sus Señorías tienen en la carpeta amarilla. Todo ello ha movido a la Consejería de Economía y Hacienda a intentar desbloquear la situación por todos los medios posibles, ofreciendo a la Administración Central nuestra cooperación y la asunción, hasta donde sea posible, de la cuota de renuncia que a nuestra Comunidad corresponda ante la nueva política de incentivos y a la falta de recursos presupuestarios para atender a la misma. Porque, Señorías, es el momento de aclararles que el Consejero de Economía y Hacienda entiende que, evidentemente, con nuestros Presupuestos no podremos suplir, bajo ningún concepto, la falta de subvenciones que podamos recibir de este mecanismo creado por el Ministerio de Economía y Hacienda, y que les recuerdo a Sus Señorías tiene su base, en parte, de las ayudas FEDER, recibidas, precisamente, por las Comunidades calificadas como zona prioritarias, es decir, por nuestra Comunidad, entre otras.

En fecha veintitrés de Enero del noventa, el Secretario de Estado de Economía convocó pomposamente a todos los Consejeros de Economía de todas las Comunidades Autónomas beneficiarias potenciales de incentivos económicos regionales a la inversión.

En esta reunión se nos expuso la situación de la política de incentivos económicos regionales y la necesidad de realizar una mayor selectividad de proyectos, haciendo referencia a las posibilidades presupuestarias del Estado.

En este sentido, el Secretario de Estado de Economía expuso la idea de repartir la asignación presupuestada entre las Comunidades afectadas por la Ley 50/85, con unos criterios similares a los utilizados en la distribución del FCI, es decir, se nos daba una cuenta de cheques, del que íbamos disponiendo hasta que se acabara. Dicha cantidad, Señorías, se estimaba, dentro de los Presupuestos, probablemente, para mil novecientos noventa -le recuerdo que este año, por motivos que no vienen al caso, se retrasó la aprobación de los Presupuestos-, se estimaba entonces -repito- en 20.000.000.000 de pesetas, puesto que se decía que la partida inicial serían 17.000.000.000; como el 30% por el período de maduración se explicaba que, normalmente, al final no se invertía o por modificación de Presupuestos, al ser partida ampliable, ampliable en el concepto de, al no saber qué inversiones van a justificar, evidentemente, tiene que ser ampliable, por si tienen que pagar más dinero de la partida presupuestaria; pero que, en definitiva, iba a estar en torno a los 20.000.000.000 de pesetas y, por tanto, con esa cantidad, resultaba imposible poder atender a las necesidades de las Comunidades y los ritmos que había previsto hasta ese momento en los expedientes presentarlo.

Es necesario recordar que las subvenciones totales concedidas en concepto de incentivos regionales se aproximaban en esa fecha a los 242.615.000.000 de pesetas para inversiones a realizar en el período de maduración medio de dos a tres años. Es decir, para que se hagan una idea Sus Señorías, y tal como consta en el Anexo 5 de sus carpetas, pretendíamos, con una cantidad de 17.000.000.000 a 20.000.000.000 anuales, pagar ya -que estaba comprometida- una partida de 242.615.000.000 en dos o tres años. Lo máximo que podríamos pagar, según mis cálculos, eran 60.000.000.000; era tanto como decir que el sistema ya había quebrado.

Pero, por si fuera poco, con cargo a esta misma partida presupuestaria de este mismo Programa, se preveía hacer frente a las liquidaciones de los proyectos de inversión de la ya extinguida Gran Area de Expansión Industrial, y a los cuales se les concedía un plazo de cinco años para la realización de las mismas.

En escrito del Secretario de Estado de Economía de fecha seis de Febrero del noventa, se nos indicaba que la cantidad presupuestaria que le correspondía a la Comunidad Autónoma de Castilla y León era, Señorías, de 1.846.000.000 de pesetas para todo el año, en concepto, evidentemente, de las subvenciones a la inversión. Cantidad que aún puede ser menor, ya que en el Proyecto de Presupuestos no figuraba la cifra de la que partíamos anteriormente, de los 17.000.000.000 a 20.000.000.000, sino que se pensaba que fuera de 15.000.000.000 a 17.700.000.000, según tienen Sus Señorías en el Anexo 8 de la carpeta entregada.

No obstante este panorama, esta Consejería ha mantenido y mantiene en todo momento el principio de que los expedientes presentados y calificados de acuerdo con los criterios anteriores, y que correspondían a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, deben de valorarse según aquellos criterios, no sólo para no defraudar las expectativas creadas entre los empresarios, cuyos planes de financiación contemplaban entonces las subvenciones -digamos- "normales" -entrecomilladas- concedidas hasta entonces, sino porque entiendo que es de justicia, en función del principio de equidad que debe de regir en el funcionamiento de cualquier Administración Pública.

En tal sentido, mantuvimos conversaciones y se dirigieron escritos, tanto por el Excelentísimo Señor Presidente de la Junta de Castilla y León al Excelentísimo Señor Ministro de Administraciones Públicas, y del Consejero que les habla a los Excelentísimos Señores Ministro de Economía y Hacienda y Secretario de Estado de Economía y Hacienda, cuyas copias tienen Sus Señorías, como Anexo 9, en la misma carpeta amarilla que tienen delante de su mesa; además de las innumerables comunicaciones y contactos a nivel de las Direcciones Generales.

Finalmente, y con fecha veintisiete de Abril de mil novecientos noventa, se convocó a nuestra... a nuestra Comunidad -perdón- a una reunión del grupo de trabajo, reanudando así el estudio de los expedientes de incentivos a la inversión en Castilla y León. En esa reunión se han confirmado, desgraciadamente, todos nuestros temores y prevenciones sobre las instrucciones del Gobierno de desactivar la Ley de Incentivos Económicos Regionales, con claro perjuicio para las regiones más desamparadas, hecho que motiva, en última instancia, mi comparecencia hoy ante esta Comisión.

No se ha tenido en cuenta nuestra solicitud de revisar los expedientes retenidos desde Octubre, con los criterios que regían en aquellas fechas, sino que se aplican los nuevos criterios, con su máximo rigor, a todos los expedientes que tiene pendientes esta Comunidad Autónoma. Y no sólo ello, sino que, para regocijo de nuestros males, a esa cantidad de los mil ochocientos y pico millones que nos daban para todo el año pretenden cargarnos todas las subvenciones que se concedan de los expedientes desde el mes de Octubre -que les comento- del año anterior.

En la reunión que les comento, de fecha veintisiete de Abril del noventa, se hicieron calificaciones a los expedientes presentados por la Junta de Castilla y León de un 50% a un 70% inferiores a los que le correspondería, según el baremo aplicado objetivamente hasta entonces por la Administración Central, y en algunos casos se llegaron a denegar, sin más, no aportando justificación objetiva o legal alguna a tales denegaciones. Un ejemplo claro y que cité anteriormente, y que ustedes tienen en el Anexo número 2, es a la empresa........S.A, primero -como dije-, revisasen el grupo de trabajo, según el Orden del Día previsto, que motivó el abandono del grupo al que antes he explicado por parte de los representantes de esta Comunidad, al reducirse las subvenciones de un 32% al 16%, sin explicación alguna.

Pues bien, en esta última reunión, es decir, en la del veintisiete -repito- de Abril del noventa, se calificó a este expediente como perteneciente a un sector que no es incentivable a partir de ahora, y se ha propuesto la denegación pura y simple de todo tipo de subvención. Vuelvo a repetir, por si Sus Señorías no lo han entendido: este expediente le correspondía, con los criterios objetivos, el 32%; ha pasado todos los comités y demás de la Comunidad de Castilla y León; se envía para allí con anterioridad. En Octubre se ve como primer punto del Orden del Día este expediente; entonces, en vez el 32%, lo califican con el 16%. Entonces, decimos que, como no existen elementos de esos, que sigan ellos, que nosotros nos vamos. Entonces, dicen que, como hemos abandonado, que no queda aprobado; y cuando volvemos, el veintisiete de Abril, al grupo de trabajo se nos dice que ya no es subvencionable, porque resulta que es un sector que no es incentivable. Explicaciones que Sus Señorías pueden entender, creo, ya con toda la claridad.

En la misma reunión que estoy comentando se expusieron los nuevos criterios de valoración a aplicar a las subvenciones, que desconocíamos, y con ello se calificaron todos los expedientes del Orden del Día correspondientes a la Comunidad de Castilla y León, que estaban retenidos -como he dicho varias veces- desde Octubre del ochenta y nueve, y con dictámenes previos elaborados con los anteriores criterios de valoración.

Para facilitar el análisis a Sus Señorías, me he permitido acompañar, como Anexo número 10, la relación de los expedientes vistos en dicho día. Del estudio de los mismos se puede compara el dictamen de las Comisiones Provinciales de Promoción Económica, del Comité de Inversiones Públicas y, finalmente, el realizado por el grupo de trabajo.

En esa misma reunión se nos informó, además, de que se elevaba definitivamente el límite de inversión mínima incentivable a 75.000.000 de pesetas, es decir -vuelvo a repetir a Sus Señorías-, antes el límite eran los 15.000.000, ahora ya se implantó el sistema definitivo a los 75.000.000; por tanto, implantando el criterio anunciado meses antes, y que hasta ese momento había permanecido congelado. Anexo número 11, que Sus Señorías tienen en la carpeta.

Asimismo, y en forma totalmente discrecional, se excluían del derecho a la subvención a diversos sectores que hasta ese momento eran subvencionables. A partir de ahora, y porque así lo ha decidido el Ministerio de Economía y Hacienda, han dejado de ser subvencionables los sectores que figuran en el Anexo 11 que tienen Sus Señorías, evidentemente, al margen de lo contemplado en la propia Ley de Incentivos Económicos Regionales.

Entre los excluidos figuran sectores tales como el de la piedra natural o el de las aplicaciones de la madera, que tan esenciales son en Castilla y León, fundamentalmente en determinadas zonas en las que constituyen, prácticamente, el único recurso endógeno de la zona.

Todo este nuevo diseño implica para nuestra Comunidad el desglose de expedientes que he adjuntado como Anexos números 12, 13 y 14. El primero de ellos, Anexo 12, resume el total de expedientes con una inversión inferior a 75.000.000 de pesetas que quedan definitivamente excluidos al aplicar los nuevos criterios. En estos momentos son doscientos cuarenta y ocho expedientes, con una inversión de 7.665.000.000 de pesetas y una propuesta de subvención para nuestra Comunidad de 1.693.000.000.

En el siguiente Anexo, número 13, se recogen los expedientes cuya inversión se encuentra entre 75.000.000 y 1.000.000.000 de pesetas, para los cuales se verá reducida, prácticamente, nuestra propuesta de subvención en torno a la mitad.

Por último, en el Anexo 14 se resumen aquellos expedientes que proyectan una inversión superior a 1.000.000.000 de pesetas, los cuales serán analizados por el Consejo Rector.

Estos Anexos nos muestran una imagen clara y contundente de cómo va a afectarnos la nueva política de incentivos a la inversión.

No resulta aventurado decir que, si no se desbloquea la situación y se buscan vías de solución, a finales de este año podríamos encontrarnos con expedientes de inversión retenidos por un montante de 395.302.000.000 de pesetas, lo que podría suponer y afectar a unos once mil ochocientos puestos de trabajo.

No quiero extenderme en estas consideraciones, Señorías, y voy a entrar a lo que, yo entiendo, podrían ser las conclusiones, para que ustedes, como Grupos con representación en esta Cámara, adopten las iniciativas que crean convenientes.

Conclusiones para la Consejería de Economía y Hacienda. Las ideas básicas que se deducen de esta actuación, hasta el momento, son las siguientes: Primera. No se logrará el desarrollo potencial endógeno regional que se pretende, ni se potenciará un diferencial que estimule y favorezca las inversiones en las zonas más atrasadas, lo cual, por supuesto, contradice -a nuestro juicio- el espíritu y la letra de la Ley 50/85, de Incentivos Económicos Regionales, y los criterios adoptados por las Comunidades Europeas para los regímenes de ayudas de Estado. Más bien al contrario, con estas limitaciones, las Administraciones Regionales como la de Castilla y León va a asistir, totalmente indefensas, ante la tendencia de las inversiones a dirigirse hacia las Comunidades más desarrolladas, de autonomía plena y con presupuestos elevados, frente a las que no se podrá invocar ningún diferencial económico como estímulo para la ubicación de nuevas industrias.

Segundo. La vía de reclamar para sí, el Consejo rector, la decisión sobre las inversiones importantes lo único que hace es discriminar a la baja el porcentaje de dichas subvenciones, retrasar su tramitación y mantener constantemente desinformadas a las Comunidades Autónomas y a los propios interesados. Incluso existen casos de expedientes aprobados en los grupos de trabajo que, actuando por delegación del Consejo Rector, son luego denegados por el propio Consejo Rector.

Tercero. La eliminación de sectores subvencionables, hasta ahora, y el aumento de las inversiones subvencionables a 75.000.000 de pesetas mínimo es un ataque frontal, a nuestro juicio, a dichos sectores y a un importante, importantísimo, y amplio núcleo empresarial, la pequeña y la mediana industria, que aún se verá más discriminada frente a los grandes inversores.

Todo ello implica la desmoralización y el desánimo del empresario ante los alarmantes retrasos, la baja calificación de los expedientes y sus descoloridos porcentajes incentivadores, que además tienen su traducción en un costo real cuantificable en el desarrollo de los mismos.

Actuaciones de esta naturaleza tienen aún una incidencia más negativa en las Comunidades como las de Castilla y León, que padecen históricamente una grave marginación económica y social, y en la que se van a colapsar definitivamente los intentos de desarrollo industrial.

El salto económico y social que se había logrado en Castilla y León, con soporte esencial en la política incentivadora, ha sido espectacular en los últimos años, y tiene su indudable origen en la colaboración de las distintas Administraciones para el desarrollo de los objetivos establecidos en la Ley 50/85.

La política errática de restricciones en los incentivos a la inversión, adoptada en el último año por el Ministerio de Economía, tanto la directa como la indirecta -es decir, entiéndanme, trabas, obstáculos procedimentales administrativos, etcétera, etcétera-, ya ha dado sus brillantes resultados. Se han paralizado los expedientes de inversión en nuestra Comunidad desde octubre del ochenta y nueve, y ahora se pretende estudiarlos con unas reducciones en los porcentajes de subvención espectaculares, defraudando totalmente las expectativas de los inversores y creando una situación indiscutible de inseguridad jurídica. Y esto es grave. Pero lo es más aún el hecho de que esta política poco clara, obsoleta, carente de transparencia, que hemos venido denunciando a lo largo de mil novecientos ochenta y nueve, la han sufrido los inversores en su conjunto, no sólo los que padecieron la paralización de sus expedientes, sino también aquéllos que, teniendo concedidas subvenciones determinadas, han congelado sus inversiones hasta conocer la voluntad del cumplimiento de sus compromisos por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, ya que el pago efectivo de las mimas aparece condicionado por las disponibilidades presupuestarias de cada año. Y el cumplimiento parece, cuanto menos, dudoso, dada la irrelevancia de los 1.846.000.000 asignados a Castilla y León para mil novecientos noventa, y cuando podemos ver que las subvenciones a proyectos de los años anteriores alcanzaron volúmenes muy superiores a esta cifra.

Así, por ejemplo, y para que Sus Señorías se hagan una idea, para mil novecientos ochenta y nueve las subvenciones fueron 15.500.000.000, sólo para nuestra Comunidad, y esto, como Sus Señorías pueden comprender, es inexplicable. Para su mejor comprensión lo podrán observar en el anexo número quince de las carpetas amarillas.

Todo ello está haciendo que el inversor se retraiga, que desconfíe y, en definitiva, que paralice las inversiones que estaban previstas en mil novecientos ochenta y nueve, y, evidentemente, repercutirá en la marcha futura.

Paralelamente a esta política, vemos cómo la inversión pública se está concentrando en las regiones de Cataluña, Madrid y Andalucía. A todo esto hemos de añadir el progresivo encarecimiento del coste del dinero y las crecientes dificultades de las entidades de ahorro regionales para conceder créditos, dificultades a las que tampoco es ajeno el propio Ministerio de Economía y Hacienda, empeñado en una política desaceleradora sin precedentes, que se denomina "de enfriamiento", y ya nos vienen amenazando con recrudecerla, salvo que lleguen a entenderse en la última fase de la concertación social.

Si por la vía de generación de empleo, mediante el establecimiento de industrias, no vamos a poder continuar, ante la actitud de desincentivar, el mismo que se ha emprendido, y si el soporte económico de nuestra región va a seguir siendo nuestra maltratada agricultura, no será extraño que no logremos ponernos a la altura del resto de las regiones desarrolladas, sino al contrario: cada vez nos veamos más sumidos en nuestra tradicional pobreza, tendencia a la emigración y a nuestra consabida resignación.

Este estado de la situación es el que se expone ante esta Comisión, con toda su crudeza y aportándoles, Señorías, los datos concretos. Por nuestra parte, la Consejería de Economía y Hacienda ha luchado, consciente de que traslada el sentir, no sólo del Ejecutivo regional, sino también de todos los estamentos sociales de Castilla y León.

Estimamos que la situación es de tal gravedad que requiere una acción coordinada, o un respaldo de todos, absolutamente de todos los Grupos Parlamentarios, que deben de tener como objetivo fundamental velar por el interés y bienestar de la Comunidad, siendo necesaria la adopción de una actitud política unánime y consecuente con lo expuesto en este informe, y ajena a planteamientos de partido, a planteamientos políticos, ya que les recuerdo, Señorías, que estamos hablando de los intereses de los castellano-leoneses, y, por las vías y medios que sean de rigor, trasladarlo a la opinión pública, especialmente a los inversores potenciales y al gobierno de la nación.

Todos tenemos responsabilidades ante los castellano-leoneses, de lo que no podemos hacer dejación en ningún momento, y esta es una de las situaciones que exigen nuestra respuesta clara y contundente.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, creo, Señorías, que puedo concluir mi informe con la siguiente síntesis.

Dada la gravedad de la situación y conocida la misma por todos los Grupos Parlamentarios aquí representados, resultaría necesario promover e impulsar algún tipo de acción parlamentaria tendente a recabar del Gobierno de la nación el inmediato desbloqueo de la situación y la solución de los graves problemas derivados de la aplicación de su propia política de incentivos regionales.

Considero el posicionamiento de las Cortes de Castilla y León debería de instrumentarse en función de los tres siguientes puntos:

Primero: valoración, por razones de seguridad jurídica y de equidad, de los expedientes de subvención presentados antes del treinta de abril del noventa, con los mismos criterios que regían hasta dicha fecha, en las que se comunicaron los nuevos baremos de calificación y selectividad sectorial.

Segundo: el nuevo giro diseñado por la política de incentivación regional resulta inadecuado para regiones que, como Castilla y León, presentan problemas especialmente graves de crecimiento y modernización de su tejido productivo, por la disminución de incentivos y la exclusión de sectores, que puede afectar de forma muy seria a sus posibilidades de desarrollo. Con ello se están vulnerando los objetivos de corrección de desequilibrios interterritoriales, que la propia Ley 50/85 proclama como base y justificación de todo el sistema de incentivos regionales.

Tercero y último: es imprescindible dotar el programa de incentivos económicos regionales de un presupuesto suficiente para hacer frente al pago de los compromisos formalizados hasta la fecha, y coherente con el volumen actual de demandas de subvenciones a la inversión en las regiones más desarrolladas. Esto depende, Señorías, exclusivamente del Gobierno de la Nación, que debe de asumir que este mecanismo es vital para el desarrollo de nuestra Comunidad.

Por si queda alguna duda de lo que estoy diciendo y alguno de Sus Señorías quiere observarlo, en el libro que tuvo la amabilidad de enviarme el Director General de Planificación, don José Alberto Zaragoza Rameau, "Política Regional 1989", página 246, habla, en el capítulo 7.4 de algunas consideraciones respecto a la reciente evolución de los incentivos regionales. Ahí, Señorías, tienen en síntesis, en tres puntos, exactamente lo mismo que yo les he dicho. Dice: "Aunque, como se ha dicho, resulte prematuro efectuar una valoración del sistema de incentivos regionales de la Ley 50/85, pues se necesita un periodo de varios años para ello..." -bueno, habrá que saber si va a continuar, pues, si no, no lo vamos a tener nunca-, "sí pueden adelantarse algunos comentarios, a modo de conclusión de este Capítulo.

a) La credibilidad de los nuevos incentivos regionales se ha puesto de manifiesto por su buena acogida, en especial, en las Comunidades Autónomas menos desarrolladas, lo que parece indicar que el diseño del sistema puede ser considerado como eficaz para el cumplimiento de sus objetivos de corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales.

b) A la vista de los datos examinados, y aun considerando que mil novecientos ochenta y nueve fue un año dominado por un boom inversor generalizado, se puede prever, razonablemente, un impacto importante del sistema de incentivos regionales, en la medida en que el esfuerzo estatal sea constante, estable y coherente con la demanda. Si de alguna forma se quebrara o fluctuara la dotación destinada a incentivos regionales, la credibilidad del sistema se pondría en entredicho, y por los inversores, que perderían confianza en el mismo.

c) Los modernos incentivos regionales resultan necesarios para que muchas regiones afronten el reto del mercado único europeo. Se admite, aun con matices, que la eliminación de las barreras económicas de todo tipo tenderán a generar mayores desigualdades económicas regionales, lo que resulta trascendente para un país como España, con un nivel de desarrollo comparativamente bajo respecto de algunos países de la Comunidad Económica Europea y con fuertes desequilibrios interterritoriales. Las regiones deben de prepararse y desarrollar sus potencialidades endógenas, para reforzar así las bases económicas competitivas, cuyo desarrollo se enfrenta a menudo a deseconomías especiales de localización de las inversiones, que pueden superarse mediante una política eficaz de incentivación regional. De igual forma, por la cohesión económica y social, se convierte en un objetivo a nivel europeo e inspira la política de reforma de los fondos estructurales comunitarios, a nivel nacional debe de mantenerse una actuación estatal a un nivel equiparable, para evitar un acrecentamiento de las disparidades regionales respecto a otros países comunitarios, en los que desde hace varios años el gasto en incentivos regionales ha venido siendo entre dos y tres veces superior al español".

Páginas 246 y 247 de la "Política Regional en 1989", informe anual que ha emitido el Ministerio de Economía y Hacienda.

Por tanto, Señorías, es todo lo que tengo que comunicar. Gracias por su paciencia y perdón si me he excedido en algún comentario.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Finalizada la exposición del señor Consejero, suspendemos la sesión ¿por veinte minutos? Se suspende por veinte minutos la sesión.

(Se suspende la sesión a las dieciocho horas doce minutos reanudándose a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Si los señores Procuradores toman asiento, podemos reanudar la Comisión.

Reanudada la Comisión, para formular las preguntas u observaciones que consideren oportunas, procede el turno de Portavoces. Dado que el Procurador del Grupo Mixto no está, tiene la palabra, por el Grupo del CDS, el señor Juan Durán.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Sí. Gracias, señor Presidente. Vamos a ver. Nuestro Grupo Parlamentario quiere, en primer lugar, agradecer -creemos que debe hacerse, que es de justicia hacerlo- el informe presentado por el señor Consejero de Economía y Hacienda, a iniciativa propia, sobre el tema de incentivos regionales, y agradecer las explicaciones que nos ha ido dando en su informe, informe que, por otro lado, nos ha puesto, dicho en sentido coloquial, los pelos de punta por el dramatismo de las situaciones que el señor Consejero ha tenido a bien presentar, y que, además, hemos podido verificar en la somera lectura de la documentación que nos ha sido facilitada. A este respecto, sí creo, señor Consejero, se lo digo con el mejor ánimo, que hubiera sido conveniente que esta información se nos hubiera remitido con un poquito de anticipación para proceder a un estudio más detenido y exhaustivo del mismo.

De su informe extraemos una conclusión fundamental, quisiéramos realizar alguna sugerencias y pedir algunas informaciones complementarias.

La preocupación fundamental es el de que constatamos, de alguna manera, una falta de fluidez, una falta incluso de participación más activa de las Comunidades Autónomas con el Ministerio de Economía y Hacienda, en cuanto a esta cuestión concreta se refiere. Y, de modo muy particular, constatamos esa falta de fluidez de comunicación, de intereses, de necesidades, de propuestas, en definitiva, de participación en las decisiones que el Ministerio de Economía y Hacienda va adoptando sucesivamente en el desarrollo de la Ley 50/85. Esta preocupación, constatamos también, es decir, esta falta de participación y de comunicación, de fluidez, en definitiva, constatamos que, de alguna manera, no es imputable a las Comunidades Autónomas, sino que puede imputarse a una política probablemente más concebida como política de gabinete que como política de participación política por el Ministerio de Economía y Hacienda. De alguna forma, según parece desprenderse de este conjunto de documentos aquí existentes, el Ministerio de Economía y Hacienda adopta decisiones de carácter planificador y de carácter normativo con escasa intervención, o poca intervención por lo menos, de aquellas Administraciones que, por un lado, van a verse muy directamente afectadas por esas decisiones y que, por el otro, tienen que asumir una obligación de representación de los intereses de sus administrados.

En este orden de cosas, nuestra primera pregunta al Consejero de Economía y Hacienda iría en esta dirección: si, realmente, esta apreciación de nuestro Grupo Parlamentario, en el sentido de inexistencia de la adecuada fluidez, comunicación, de mecanismos, incluso, de participación más activa y con carácter más interviniente y decisorio, por parte de las Comunidades Autónomas, en el desarrollo y planificación de la política de incentivos regionales, concretamente, en cuanto a su aplicación práctica y a su desarrollo normativo, la comparte también con nosotros el señor Consejero.

Luego constatamos que buena parte de las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, buena parte de esas medidas, no tienen en cuenta el conjunto de peculiaridades específicas de lo que puede ser la urdimbre, o el tejido, o la estructura económica de Comunidades Autónomas como la nuestra. Vaya como botón de muestra la instrucción de la Secretaría de Estado de Economía, comunicada a la Consejería de Economía y Hacienda, en la cual se le comunica la existencia, tras algo más de un año y medio desde la puesta en vigor de la regulación de los incentivos regionales contemplados en la Ley, de un conjunto de modificaciones o de criterios que el propio Ministerio establece con carácter -y aquí viene lo que de alguna manera a nosotros nos llama la atención-, con carácter excluyente para determinados sectores económicos que, curiosamente, son sectores económicos de una importante repercusión o actividad en nuestra Comunidad Autónoma. Dice la comunicación del Secretario de Estado de Economía que quedan excluidos de los criterios de selectividad de los proyectos actividades como puedan ser las derivadas del mero almacenamiento de productos primarios: cereales, trigo, tubérculos, patatas, productos ganaderos, miel, carbón, pescado. Se excluyen la extracción y transformación de materiales y productos para la construcción en un largo listado, y que no voy a repetir porque Sus Señorías lo tienen encima de la mesa, y se excluyen algunas actividades fuertemente inducidas.

Bien. Hay unos argumentos y hay unos criterios que la Secretaría de Estado de Economía expone para proceder a estas exclusiones, que creo que es interesante dar lectura a las mismas porque son altamente ilustrativas. Dice que se debe evitar el apoyo mediante el sistema de incentivos regionales a aquellas actividades sectoriales que estén ya incluidas en otros programas de incentivación, ya que se trataría en este caso de subsidiar proyectos de inversión inducidos. Del mismo modo, se debe evitar también el apoyo a aquellos proyectos que, debido a otras acciones públicas, tengan también el carácter de inducidos. Es decir, este es un criterio, que podrá ser compartido o no podrá ser compartido. Es un criterio.

Con esta perspectiva se cree conveniente modificar alguno de los criterios de análisis, de tal manera que los recursos se dirijan hacia aquellas inversiones que, efectivamente, supongan este efecto económico dinamizador de la Región. Entonces, yo aquí aprecio una cierta contradicción entre el criterio anteriormente expuesto y el largo listado de actividades que dentro de nuestra Comunidad Autónoma, no es que tengan un carácter prioritario, no lo sé -esto lo sabrá usted mejor que yo-, pero que, desde luego, sí tienen una importante cuota de participación en la formación de nuestro producto interior bruto.

Continúa diciendo que el objetivo será evitar que se use la vía de los incentivos regionales para fomentar actuaciones sectoriales u horizontales que deban ser apoyadas por programas y fondos "ad hoc". Parece, en principio, un criterio correcto. Y dada la escasa repercusión de los proyectos con inversión inferior a 75.000.000, en el cumplimiento de los objetivos del sistema por su escaso carácter motriz, elevar la dimensión mínima, aun cuando se contemplen excepciones, desde los 15.000.000 hasta los 75.000.000. Sin embargo, y con posterioridad, en uno de los anexos que usted nos ha facilitado, y que no sé si lo encontraré con la celeridad adecuada, en el anexo diez y referido a los proyectos presentados hasta el veintisiete de Abril del noventa, comprobamos que la gran mayoría de los proyectos aquí contemplados no alcanzan la cifra de los 75.000.000, lo que hace prever, de los 75.000.000 de la inversión prevista, lo que hace prever de alguna manera que este ritmo de apoyo o esta necesidad de apoyo a inversiones inferiores a los 75.000.000 de pesetas va a quedar prácticamente fuera del sistema de incentivos regionales, porque el tamaño de nuestras empresas, la capacidad inversora de las mismas, etcétera, etcétera, se mueve dentro de unos parámetros microeconómicos, lo que no quiere decir que, por serlo como tales, no deban ser, desde nuestro punto de vista, igualmente apoyados, siempre que cumplan los objetivos generales que se persiguen con el plan de incentivos regionales.

Dicho todo esto, un poco, en cuanto sugerencias que se nos ocurren de manera muy rápida derivadas de su informe exhaustivo y, permítame que lo reitere, hasta francamente preocupante para nuestro Grupo Parlamentario, creo que también lo será en la misma medida para los restantes. Nos preocupa la falta de estabilidad del sistema en cuanto a sus mecanismos de aplicación, dado que la estabilidad de cualquier sistema constituye, de alguna forma, una garantía para el administrado que en todo momento, en sus difíciles relaciones con la Administración, tiene que tener claridad en los mecanismos y en los sistemas con arreglo a los cuales deba de regirse. Es decir, este cambio de criterios, si bien el Ministerio de Economía y Hacienda los va justificando por la propia dinámica de aplicación del sistema y de las rectificaciones que el propio sistema exige sobre la marcha, por otro lado, plantea una disfunción de cara al administrado que, de alguna manera, no sabe frecuentemente a qué carta quedarse por el cambio de aplicación de criterios. Buena prueba de ello es algo que usted ha citado, y que en la documentación facilitada queda perfectamente recogido, que es que el señor Director General de Economía y Hacienda se vio obligado a abandonar la reunión del grupo de trabajo por un cambio de criterios inesperado, no comunicado a su debido tiempo a las autoridades de nuestra Comunidad Autónoma. Yo quisiera que usted, si es posible, profundizara en esta cuestión y nos dijera si realmente estuvo justificado el abandono de esta reunión del Director General de Economía, porque, de alguna manera, y aun reconociendo que pudo tener razones para ello en la medida en que el Director General de Economía comparecía en un grupo de trabajo y allí se enteraba poco menos de lo que en ese grupo de trabajo tenía que hacer, si, de alguna manera, el abandono de esa reunión no pudo suponer la paralización de la resolución del conjunto de expedientes que estaban pendientes de evacuar o solventar en esa reunión. Máxime, teniendo en cuenta que a las dos cartas que usted dirige, tanto al Ministro de Economía como al Secretario de Estado, no parecen cartas muy puestas en razón, muy correctas, desde nuestro punto de vista, y muy firmes, pero que no sabemos si han tenido respuesta, y, si las han tenido, quisiéramos conocer el contenido de esa respuesta, porque cabe suponer que alguna justificación habrá dado el Ministerio de Economía y Hacienda a la actitud o a las actitudes que usted en sus cartas reprocha. Y si no ha dado ninguna respuesta, peor todavía, claro, por no haberla dado.

Bueno, como preguntas o como resumen un poco de este conjunto de cuestiones, yo creo que sí nos gustaría conocer el criterio de la Junta, de la Consejería de Economía y Hacienda y del Consejero que en este momento ostenta esa Consejería, sobre los sistemas que pudieran establecerse para hacer más fluida, participativa y directa la intervención de las Comunidades Autónomas, y de la nuestra en particular, en el ámbito de decisiones del Ministerio de Economía y Hacienda, tanto en la fase de dictar disposiciones de carácter normativo de desarrollo de la Ley y su aplicación a los casos concretos, como en el fase de resolución de los expedientes. Porque, de alguna manera, creemos que ahí es en donde radica buena parte del problema que existe. No sabemos bien por qué, y que creemos que no debiera existir.

Y recogiendo, un poco, su sugerencia final, nuestro Grupo Parlamentario apoyaría cualquier iniciativa del Gobierno de cualquier otro Grupo Parlamentario o cualquier iniciativa de los tres Grupos Parlamentarios, de los cuatro, representados en esta Cámara, que, de alguna manera, tendiera a facilitar esa no sólo comunicación, sino participación en lo que son decisiones del Estado sustantivas e importantes, de importante repercusión para nuestra Comunidad Autónoma.

Por último, creemos que la acción no debe quedarse ahí, y sugerimos -recogiendo, también, la iniciativa que usted ha planteado- que cuando en nuestra Comunidad Autónoma se presente una iniciativa inversora importante, con capacidad de generar un efecto en la creación de empleo o un efecto multiplicador sobre nuestra economía, si esta iniciativa no es atendida o no puede ser atendida por los medios ordinarios de financiación de nuestra Comunidad o por los medios de financiación y ayuda que el Estado prevé, que no vacile la Consejería de Economía y Hacienda en plantear a estas Cortes, a través de los mecanismos extraordinarios de financiación que la Ley de Hacienda prevé, los suplementos de crédito, ampliaciones de crédito, emisión -si preciso fuera- de recursos al crédito privado, para atender cualquier tipo de iniciativa, endógena o exógena, que pueda, de alguna manera, revitalizar con recursos propios, si no hay recursos ajenos, el potencial de nuestra economía, que es, en definitiva, el que, de alguna manera, por su incidencia en el sector social, creo que a todos los Grupos Parlamentarios aquí presentes nos preocupan. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Finalizada la intervención del Portavoz del Grupo del Centro Democrático y Social, y dado que el señor Consejero prefiere contestar globalmente a todos los Portavoces, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, don Javier Paniagua.

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ:

Gracias, señor Presidente. De hecho, la comparecencia del señor Consejero hoy aquí, si bien se puede señalar o se puede indicar -como lo ha hecho el Portavoz del CDS- que ha aportado una gran información a los Grupos, yo diría que, en todo caso, se la habrá aportado al Grupo que no gobierna, porque el CDS tiene que tener esa información, igual que el PP, porque se corresponsabilizan con el Gobierno de la Región. Punto primero. Y cuando se pide ayuda a los Grupos, se está pidiendo ayuda, de hecho, única y exclusivamente al Grupo Socialista. Puntualización, por lo tanto, primera.

Voy a hacer una serie de consideraciones, establecer algunas consideraciones, porque, si bien de la información ofrecida por el señor Consejero, dramática en el tono, que no tanto en el fondo -por lo que voy a explicar y diré-, porque también puedo yo completarla, puede mi Grupo completarla, por eso digo dramática en el tono, no creo que tanto en el fondo. Es una información, por lo tanto, sí cargada de esos tintes, pero también, a nuestro juicio, sesgada. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, no es cierto todo lo que hay; dice parte de lo que hay, parte de la verdad.

Me voy a permitir, Señorías, y posiblemente, si no es obvio el hecho de dar o la misma información que voy a proporcionales, hacer o complementar -si se quiere-, complementar la información ofrecida por el señor Consejero.

Primera cuestión. En cuanto al numero de expedientes, hasta el treinta y uno de Marzo de mil novecientos noventa, en relación con Castilla y León, han sido seiscientos cincuenta y seis los proyectos valorados en la zona de promoción económica de Castilla y León. De ellos, quinientos cincuenta y seis han obtenido una evaluación positiva, y cien negativa. El resto de solicitudes, hasta trescientas treinta y nueve, es decir, el 33,40% del total, se encuentra y se encontraba en esa fecha pendiente de valoración, treinta y uno de Marzo de mil novecientos noventa.

Hay que hacer notar que ello es así a pesar de que, aunque se exponga en términos positivos, nuestro Grupo considera altamente negativo para esta Comunidad el hecho de que estas situaciones así, a pesar de que los representantes de la Junta de Castilla y León se retiraron del grupo de trabajo celebrado el ocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, es, a nuestro juicio, una grave irresponsabilidad, por no estar de acuerdo con la política de incentivos regionales del Gobierno. Discútase, pero no se retiren; no es forma de negociar.

Segunda precisión. Hay que destacar que los proyectos con calificación positiva en Castilla y León han representado una inversión subvencionable de 109.213.000.000 de pesetas, a la fecha que me refiero, y cinco mil seiscientos puestos de trabajo a crear. La subvención propuesta para estos proyectos asciende a 21.857.000.000 de pesetas, de lo que se deduce una subvención media sobre la inversión del 20,2%. Para el conjunto de las zonas promocionables, trece, que no abarca, sin embargo, a toda la población de esas zonas promocionables... Dígase también que, por ejemplo, a Castilla y León abarca el 100%, y hay zonas promocionables a las que no abarca a toda la población de las mismas estas subvenciones. Para el conjunto de las zonas promocionables, la inversión subvencionable se sitúa en 662.000.000.000 de pesetas, y la subvención en 149.577.000.000 de pesetas, de lo que se obtiene una subvención media del 22%. De hecho, se puede decir y se puede señalar que hay un diferencial de dos puntos. Pero, ¡ojo!, no se puede decir que con relación a toda la subvención dada a todo el Estado, sino solamente a aquellas zonas que están en igual o peor situación que Castilla y León, en cuanto a renta per cápita y PIB, las zonas promocionables.

Por lo tanto, evidentemente, no tiene por qué sentirse agravada Castilla y León con el resto de España, porque con lo que hay que comparar esa dotación, esa subvención, es con la subvención de zonas subdesarrolladas y menos desarrolladas que Castilla y León, que, dentro de las subdesarrolladas, es de las que está de la media hacia arriba, gracias a Dios -como diría el señor Consejero-.

Hay que hacer notar que Castilla y León, en esta línea, se encuentra entre las cinco, de las trece Comunidades, con zonas promocionables cuyo PIB por habitante es superior a la media nacional. Es decir, comparativamente, menos desfavorecidas. Y hay, también, que tener en cuenta que el peso de su población, de la población de Castilla y León, en relación con la población a las que afecta las subvenciones, dentro de las zonas promocionables, dentro de las zonas promocionables -no de toda España-, es, la población de Castilla y León, del 11,84%, del total de la población -repito- incluida en las trece zonas promocionables, y no abarcan a toda la población -repito-. Más bajo, por tanto, esa población, que el de los expedientes aprobados, el 17,85 del total de las zonas promocionables o -y esto es lo que nos interesa- mucho más bajo, también, que el de la subvención obtenida, que es del 15,22%. Población de Castilla y León con respeto a la población que habita en territorio de las zonas promocionables, 11,8; subvención obtenida por Castilla y León en función de la subvención otorgada a las zonas promocionables, 15,22. Por lo tanto, hágase el análisis en términos comparativos, y, comparativamente, y, comparativamente, hasta hoy día, hasta hoy día, al menos, gracias, entre otros, al señor Consejero y a su esfuerzo, y a los esfuerzos de negociación, no a las retiradas de la negociación, pero sí al resto de esfuerzos, entre otros -digo-, gracias, entre otros, a la política de la Consejería, estamos en esta situación. Favorable, por lo tanto, a Castilla y León, en relación con el resto de la población de las zonas promocionables. Véase, si no, con las cifras en la mano.

Pero voy a dar algunos datos que, posiblemente, se tendría que discutir en las Cortes Generales del Estado, señor Consejero, en el Senado, posiblemente, cuando se debata el estado de las Autonomías, pero no aquí. Aquí podemos discutir, pero poco podemos concluir; le voy a decir por qué. Poco podemos decidir; sí se puede decidir en el Senado, y hoy acababa la Comisión; a eso me referiré. Se cerraban los trabajos de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Presupuestos para mil novecientos noventa; curiosamente, hoy se acababa, y hoy nos hacen las propuestas o se nos pide que hagamos propuestas. Y se sabía que se acababa hoy; de la misma forma que lo sé yo, lo tendría que saber, con mucho más motivo, el señor Consejero.

Si bien -repito- esta discusión, posiblemente, y esta aclaración se debería desarrollar allí, no obstante, ya que se han dado datos aquí, quisiera matizar, matizar, que no corregir, que no corregir, y ampliar algunos de esos datos. Mire, Señoría, la dotación presupuestaria del Estado -que es lo que nos va a interesar- prevista en los Presupuestos Generales del Estado en mil novecientos ochenta y ocho, en dos Capítulos diferentes, fue de 10.000.000.000 de pesetas; la subvención aprobada se amplió hasta 15.858.000.000 de pesetas. Pero ese 50% de incremento queda cortísimo cuando vemos lo siguiente, y por lo que diré: la subvención aprobada en los Presupuestos, en las dotaciones de los Presupuestos para Incentivos Regionales, Presupuestos Generales del Estado, en mil novecientos ochenta y nueve, fue de 14.500.000.000 de pesetas. ¿Cuál fue, sin embargo, la subvención real aprobada? Agárrense, Señorías: 95.149.000.000 de pesetas; 95.149, sin contar la General Eléctrica, de 100.000.000.000 que recibe de Murcia, sin contarlo, y sin contar los proyectos "Ad hoc" posiblemente; ya hablaré de ello.

Es decir, no es encajable lo presupuestado con lo que después se subvenciona en términos reales. Es decir, es necesario reconducir la política de subvenciones a lo que se aprueba realmente en los Presupuestos Generales del Estado -apruébese allí-, y reconducir, también, los criterios. Pero cuando digo esto, para mil novecientos noventa están previstos 20.000.000.000 de pesetas, es decir, se salta de 14.500 a 20.000; serán insuficientes, y le voy a decir por qué... De todas formas, hay que decir una cosa, señor Consejero: en el Proyecto de Presupuestos que ha informado el Senado, ya, en estos momentos, dentro del Anexo II, Créditos Ampliables, Créditos Ampliables, está explícitamente contemplado el crédito -no leo la numeración- "Subvención a Empresas localizadas en grandes áreas de expansión industrial y otras zonas -que son las zonas promocionables- acordadas por el Gobierno". Repito, Anexo II, punto 1, párrafo 3, letra i); eso hay que tenerlo en cuenta también.

Es decir, se da un margen ya, desde estos momentos, de flexibilidad en la aprobación del crédito, pero con una nueva técnica presupuestaria, porque ¿se va a poder ampliar el crédito? Sí; pero no por la vía tradicional -y así aparece en la propia Ley y así se lo han comunicado al señor Consejero-, incrementando el déficit, sino a través de una nueva técnica presupuestaria, nueva en relación con años anteriores, es decir, con transferencias de créditos de unas partidas a otras. Esta es la técnica, y lo tengo que decir; se puede criticar o no, pero es que hay que decirlo, y, como no se ha dicho, pues, lo voy a decir, y lo digo aquí, y lo digo yo, como, en este caso, Portavoz del Grupo Socialista.

Pero es que, además, esta flexibilidad es necesaria -fíjense-, porque responde a compromisos de pagos adquiridos anteriormente, hasta tal punto que pagos y compromisos de pagos adquiridos anteriormente con cargo a presupuesto de este año ya alcanzan 20.000.000.000 de pesetas, los que están presupuestados, fíjense; hay un grave problema presupuestario. Es decir, se podrán incrementar, por lo tanto, y se deberán incrementar estos créditos -por eso están así señalados-, aun cuando los incrementos serán sin incrementar el total del estado de gastos del presupuesto, y solamente a través, repito, de transferencias de créditos entre partidas.

Pero he de decir algo muy importante, muy importante; vamos a ver. Hay unos proyectos de inversión que se denominan "Ad hoc", que son aquellos proyectos de inversión que, en principio, superan la cifra de 5.000.000.000 de pesetas, creo -corríjame incluso ahora, señor Consejero, si me equivoco-. Estos proyectos de inversión "Ad hoc" no se van a regir... esto ya es muy importante, que son los que realmente nos interesan para mover la economía de una Comunidad retrasada y donde vamos a entrar en competencia, no con otras Comunidades, sino con otros Estados y otras Naciones. Estos proyectos "Ad hoc", tan importantes, no se van a regir -y eso se tenía que haber dicho aquí- por los criterios que se han acordado, porque son proyectos de interés nacional y de la Comunidad propia donde se ubique la inversión. Y, por lo tanto, y por lo tanto, van a entrar en competitividad y en competencia con otros Estados, porque se tratará de grandes proyectos, que interesa, primero, que vengan a España, primero, que vengan a España -y, por lo tanto, no han de regirse por este corsé de criterios para los otros proyectos-; y, en segundo lugar, que se ubiquen en las zonas promocionables y menos favorecidas. ¿Para qué? Para que puedan acceder a esas subvenciones que en estas zonas sí se las puede otorgar y que, como usted sabe, en casos excepcionales, en las zonas de tipo 1, puede llegar al 75%, excepcionalmente, y, en ese caso, esos proyectos puedan ser atraídos con mucha más facilidad por Castilla y León, que no por Cataluña, por ejemplo, y sin el corsé de estos criterios.

Estos son los proyectos que yo ruego y desde aquí pido -y no me cabe duda que se está haciendo- se incida por parte del Gobierno Regional para que sean, realmente, motrices de nuestro desarrollo. Esos son los proyectos que nos interesaría que de verdad vinieran aquí, ya, hoy y ahora. Y yo sé que esa política se está persiguiendo por su Consejería, señor Consejero; le felicito por ello. Pero esos proyectos no son y no entran dentro del marco de estos criterios. Y, por lo tanto, a estos verdaderos proyectos de inversión, que van a ser motrices para nuestro desarrollo, no se les puede achacar que están bajo el paraguas y el corsé de unos criterios que usted critica.

Finalmente, se habla de la necesidad, en relación con el resto de proyectos, los no "Ad hoc", de la necesidad, decía, de reconducir la política de subvenciones, poniéndonos todos a la mesa a dicutir todos -no ahora, antes, desde el principio- señalaré en qué. ¿Cuáles deben ser los criterios? Bueno, todos ustedes los tienen, porque se los ha comunicado el señor Consejero, pero es que son unos criterios que van a enmarcar una política que no ha existido hasta ahora; posiblemente tendríamos que criticar al Gobierno de la Nación por no haber establecido esos criterios con anterioridad. Por eso se han disparado las subvenciones de la forma que he dicho, porque, cuando llegaban a Madrid con el visto bueno de la Comunidad Autónoma correspondiente, antes de ser formalizados administrativamente y aprobados, ya se conocían en la prensa, ya se le decía al empresario que se le había concedido, que no se preocupara, y no había más remedio que firmar, prácticamente, en donde correspondía, esos proyectos. Por parte de todas las Comunidades Autónomas ¿eh?, por parte de todas. Esto no lo estoy achacando a una política de esta Comunidad: todas han querido arrimar el ascua a su sardina, es lógico. Pero, claro, al faltar un mecanismo de racionalización de criterios, es cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido. Por eso yo digo: bienvenidos sean esos criterios para proyectos pequeños, siempre que, además, la cantidad que se aplica sea ampliable, como ya se prevé. Pero, hagamos una reflexión, un paréntesis, un paréntesis -es lo que está pidiendo el Gobierno del Estado-, sentémonos a discutirlo y, sobre estos nuevos criterios, empecemos a trabajar.

Y, evidentemente, hasta ahora, señor Consejero, lo que se ha generado es un tipo de subvención indiscriminada, sin suficiente valoración ni suficiente selección. Y, como antes he dicho, eso nos ha llevado a que en mil novecientos noventa haya ya 20.000.000.000 de pesetas de compromisos, que genera problemas presupuestarios gravísimos. Con lo cual, estos criterios, que se pueden criticar, se deben de discutir; se pueden criticar, hay derecho a criticarles, pero se deben discutir y consensuar, en su caso. Y no me diga que, cuando una subvención no tiene carácter motor, motriz, para la economía regional, esa subvención, la inversión prevista, esa inversión se la debe subvencionar.

Y puedo contar anécdotas -lo haré en su momento, si es necesario- de qué subvenciones se han dado a qué inversiones, con qué carácter motriz de desarrollo regional. Posiblemente, en el debate del Estado de la Región, si hay lugar, algunos ejemplos vamos a dar; no sé si nos harán reír o llorar.

Y, a la vez, el criterio de que sin subvención no se pudiera desarrollar el proyecto que realmente se considera importante. Yo, me parece, son los dos elementos centrales. Tienen que estar ubicados también en una zona de promoción, válidos en sí mismos, que posibiliten la competencia internacional, etcétera, etcétera.

Bueno, todo eso es necesario, primero, para racionalizar la inversión, para ubicarla con criterios racionales, para no generar -fíjense ustedes- una inversión asociada, en estos momentos, asociada a las peticiones que hasta ahora ha habido, de 2,5 billones de pesetas. ¿Dónde cabe esa inversión? En toda España. En las zonas promocionables, en las trece, se ha generado esa política. Estamos hablando, por lo tanto, de política general, señor Consejero; de ahí que le diga que el debate se podía haber trasladado al Senado. Pero es que téngase eso en cuenta: dos billones y medio de inversión, en año y medio, desde que entran en vigor los Decretos de zonas promocionables, no desde que entra en vigor la Ley, que la Ley es del ochenta y cinco, que bien lo sé.

Bien. Yo creo que esto es lo central del discurso que mi Grupo debería realizar. Pero, fíjese, alguna pequeñísima... Bueno, no sé si estará de acuerdo o no que los criterios, por ejemplo, la puntuación que se otorga a los criterios es válida o no; eso es una cuestión que ustedes ahora nos dicen que apoyemos el cambio de criterios, nos dicen que apoyemos... A la Comunidad la vamos a apoyar siempre, pero nos lo digan en su momento, porque le voy algunas precisiones sobre el "tempus", el "timing". Una ya estaba indicada, y a nosotros nos causa perplejidad. ¿Por qué comparece hoy, hoy, el señor Consejero, cuando lo podría haber hecho cuando le comunicaron los primeros cambios en los criterios y nos podía haber pedido ayuda para que, desde aquí, nosotros instáramos al Gobierno y a las Cortes, y al Grupo Socialista en las Cortes Generales del Estado, a que se cambiaran los criterios en las partidas? ¿Por qué hoy, día catorce, cuando ha concluido sus trabajos la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, en relación con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos noventa? ¿Para qué? ¿Para que no podamos hacer nada? ¿Para que tengamos que ahora nosotros añadirnos al carro de la protesta, una protesta que va, en su caso, a ir añadida a la crítica al Gobierno Socialista, y a su vez su piden colaboración, cuando ya no hay tiempo? Se la daremos, pero en tiempo y forma, toda la que sea necesaria para el desarrollo de Castilla y León.

Y digo esto porque, fíjense, segunda perplejidad. Es que a mí, lo del victimismo, a mí me parece que como política de gestos, en un momento, sí tiene sentido. Pero, señor Consejero, le hago un recordatorio: el Real Decreto de Delimitación de Zona de Promoción Económica de Castilla y León, el Real Decreto se hizo de común acuerdo entre el Gobierno de esta Comunidad y el del Estado, y allí se establecieron los techos máximos de subvención neta equivalente. No me diga ahora que nos robaron el 50%, porque usted lo aceptó, ese Real Decreto.

Segundo. Allí se delimitaron las zonas. ¿Nos consultó algún Grupo? ¿Nos consultó algún Grupo? ¡Ah! Ahora se nos pide ayuda en relación con este Decreto o, mejor dicho, con el desarrollo posterior a relaciones conexas con este Decreto. ¿Nos consultó algún Grupo a los sectores, de no al Gobierno, promocionables? Tampoco. Es decir, sin consultar, se inició un camino. Y ahora, claro, los frutos son los que son.

Aparte que las funciones del Estado y de esta Comunidad en relación con el tema de los incentivos regionales están muy bien establecidos en el Real Decreto 1535, que es otro, o en el artículo 4.3 y 6, las Funciones de las Comunidades Autónomas, en relación con los incentivos regionales, en los artículos 4 y 6 de la Ley 50/85 de Incentivos Regionales. Y eso ahí está.

Pero es que tampoco hagamos victimismo solamente, y digamos que, ¡hombre!, gracias al trabajo, entre otros, del señor Consejero -entre otros-, pues, se ha podido incrementar de forma muy importante el FCI para Castilla y León este año en un 35%, y se han podido delimitar los dos tramos, cosa que tanto pedíamos ya hace mucho tiempo. ¡Menos mal! Dígase también eso, dígase que se ha aprobado la Operación Integrada de Desarrollo, que parece que el Gobierno Socialista no la inició; se haya aprobado como se haya aprobado. Quiero decir, ya analizaremos un día la Operación Integrada de Desarrollo.

Es algo más que se está aportando, y está en puertas, señor Consejero -usted lo sabe-, un posible programa transfronterizo hispano-portugués, también. Es decir, dígase todo, también, cuando se habla en términos victimistas de que qué mal está Castilla y León. Y dígase, porque luego se añade, se añade textualmente que la inversión pública se concentra, por ejemplo, en Barcelona y no en Castilla y León; pues, mire usted, la inversión pública -datos oficiales-, regionalizada -la otra, encuéntremela usted-, en mil novecientos noventa, prevista, prevista en mil novecientos noventa -si quiere le doy también la de mil novecientos ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho y ochenta y nueve- en Cataluña es de 62.000.000.000 de pesetas y en Castilla y León de 68.000.000.000 de pesetas... Perdón. Es decir, cuando la población de Castilla y León es el 40% de la población de Cataluña, seis millones de habitantes; cuarenta y uno; si quiere, matizo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Yo rogaría al señor Portavoz vaya finalizando su intervención.

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ:

Concluyo, concluyo, señor Presidente. Muchas gracias. Efectivamente, ha dado un salto, porque en mil novecientos ochenta y nueve fue de 47.000.000.000 en Cataluña y 68.000.000.000 en Castilla y León. Pero ese salto es ya... Perdón, esa cifra es definitiva, es definitiva, la del año pasado.

Bueno, quiero decir -y con esto ya termino, señor Consejero- que hay que, sí, felicitarle por los esfuerzos que hace en pro del desarrollo de esta Comunidad, pero que tenga la amabilidad de darnos la información al Grupo, realmente, al que usted se ha dirigido cuando le ha pedido que le apoyemos y apoyemos a su Gobierno, de darnos antes la información, de sentarse a debatir antes las cuestiones centrales y claves, que son las que nos van a permitir corresponsabilizarnos en temas que afectan a toda la Comunidad Autónoma, y que no es política de un solo Gobierno. Que estamos dispuestos a esa corresponsabilización. Que lo que le critico es la falta de oportunidad, es decir, mucho antes, mucho antes, y con más información y con más corresponsabilización, antes, no ahora sólo, aunque estaremos dispuestos a corresponsabilizarnos.

Y, efectivamente, yo no sé, señor Consejero, a mí me extraña, es una extrañeza, tanto celo que pone usted -aunque está muy bien, ¿eh?- en un tema que se discute y aprueba en las Cortes Generales del Estado, tan poco celo en haber pedido nuestra colaboración y participación en la determinación de las zonas y los sectores en su momento, y, posiblemente, no sé si... ¡ojalá! usted tenga también tanto celo, ya no en lo que se discute y decide en Madrid, sino en buscar los recursos, con el mismo celo que aquí ha puesto, por su parte, los recursos que se derivan de la responsabilidad que usted tiene en relación con la gestión de los tributos cedidos. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Gracias, señor Paniagua. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, don Manuel Estella.

EL SEÑOR ESTELLA HOYOS:

Gracias, Presidente. Hemos escuchado con atención el Informe del señor Consejero, denunciando las restricciones en materia de incentivos regionales, y hemos tomado buena nota de las matizaciones, que no correcciones, que ha hecho el Portavoz del Grupo Socialista. Y, en cualquier caso, tenemos que manifestar y mostrar nuestra preocupación por la decisión que la Administración Central, a partir del mes de Abril, y concretamente el Ministerio de Economía y Hacienda del Estado, con la decisión que digo se tomó, que para este año quedaba reducida la partida presupuestaria destinada a subvenciones de incentivos regionales.

Es evidente que, después de haber escuchado las intervenciones de ambos Grupos, no podemos por menos de dejar claro que las nuevas medidas del Gobierno Central en política de incentivos regionales han venido a plantear, sin duda, uno de los más graves problemas con los que actualmente se enfrentan las Comunidades Autónomas, sobre todo aquéllas, como la nuestra, menos desarrolladas, porque, con estas nuevas medidas, pueden ver paralizada toda su economía en nuestra Comunidad.

Los nuevos criterios de política en incentivos regionales por parte de la Administración Central hemos escuchado que vienen a excluir toda subvención a proyectos de inversiones que no superen los 75.000.000 de pesetas, con lo cual en nuestra Comunidad prácticamente el 70% de proyectos de inversiones no van a recibir subvenciones, puesto que no alcanzan ese mínimo de inversión exigido.

Por otra parte, se nos ha dicho que casi cuatrocientos ochenta proyectos están estancados o detenidos en Madrid, pendientes del Informe del Consejo Rector de Incentivos Regionales, con lo cual más de 220.000.000.000 de pesetas, que afectan a seis mil seiscientos puestos de trabajo en Castilla y León, están detenidos o estancados; y, lo que es más grave, hemos escuchado que, si seguimos así, a finales del año noventa esta cifra se puede elevar a más de 300.000.000.000 de pesetas de inversiones paralizadas en nuestra Comunidad, y que afectarían a más de once mil puestos de trabajo.

Por otra parte, la Administración Central también se ha dicho que concedió ayudas o subvenciones por valor de 15.000.000.000 de pesetas a proyectos de inversión durante el año ochenta y nueve. ¿Cómo es posible -me pregunto yo- que para el año noventa se prevean tan sólo 1.800.000.000? Si tenemos en cuenta que el Presupuesto o los Presupuestos Generales del Estado previstos para el año noventa alcanzan -si no estoy confundido- los diecisiete o dieciocho billones de pesetas, los 1.800.000.000 destinados a incentivos regionales representan, si las matemáticas no fallan, un uno por mil; de 1.000 pesetas, una se destina a incentivos regionales.

Ahora me explico yo que ayer el señor Boyer dijese en esta ciudad que estábamos atravesando -refiriéndose a la economía- en la década prodigiosa; prodigiosa no porque el Gobierno Socialista vaya a ser capaz de promocionar el desarrollo de la Región, el desarrollo económico; prodigiosa por los prodigios o milagros que se van a ver obligadas las Comunidades Autónomas a hacer, si no quieren desaparecer.

Estas subvenciones, que anteriormente alcanzaban el 50%, una media -lo ha reconocido el Portavoz del Grupo Socialista-, aquí, en Castilla y León, del veintiuno y pico por ciento, resulta que ahora solamente va a poder alcanzar una subvención media, los proyectos de inversiones, de un 10%. ¿Cómo es posible -por lo tanto- pensar que el Gobierno Socialista va a promocionar el desarrollo de nuestra Comunidad y de todas las Comunidades Autónomas?

Nosotros estaríamos de acuerdo en aceptar, cuando son necesarias, las medidas restrictivas para saneamiento de la economía. Lo que no podemos aceptar, de ningún modo, es lo que pretende el Gobierno Socialista del Gobierno Central, de que estos criterios restrictivos se apliquen con carácter retroactivo, con lo cual está situando en la indefensión más absoluta a los ciudadanos, que han establecido ya unas estructuras y han previsto unas inversiones. La Administración no puede crear falsas expectativas; no se puede impulsar, no se puede pedir a los ciudadanos que inviertan y, después, dejarles en la estacada, abandonarlos.

Finalmente, tengo que señalar que, después de lo que hemos escuchado, no ofrece la menor duda que la reducción presupuestaria va a implicar un déficit en la inversión pública en nuestra Comunidad Autónoma y que, por lo tanto, las nuevas medidas de política en incentivos regionales van a ir en contra del principio de solidaridad interterritorial. De tal suerte que, dejando a un lado intereses partidistas, creo que debe ser objetivo común de todos los Grupos Políticos aquí representados esta reivindicación económica, interesando del Gobierno de la Nación el aumento y la activación de las subvenciones por incentivos regionales.

Sabe el señor Consejero que para ello cuenta con el respaldo y con el apoyo de mi Grupo, apoyo que lo tendría en todo caso, porque, como bien dice el Portavoz del Grupo Socialista, por algo somos el Grupo o uno de los Grupos que sustenta al Gobierno; pero apoyo que hoy ofrecemos sinceramente, porque estamos pensando en el bienestar, en el bien común de nuestra Comunidad Autónoma, en el progreso de los ciudadanos castellanos y leoneses, a los que representamos y a los que nos debemos.

Hacemos nuestras, por lo tanto, las conclusiones que ha expuesto el señor Consejero al final de su intervención y, en nombre de mi Grupo, yo propongo a todos los demás presentes en esta Comisión y en esta Cámara que, una vez examinado el dossier que nos ha sido facilitado, por cierto, con una documentación completa y amplia -que yo agradezco-, una vez estudiada -digo- esta documentación, pero sin demoras, adoptemos alguna iniciativa parlamentaria aquí, en las Cortes de Castilla y León, independientemente del debate y de las conclusiones a las que se pueda llegar en otras Cámaras, como puede ser el Senado; aquí, en Castilla y León. Para lo cual, pienso que podríamos constituir un grupo de trabajo dentro de esta Comisión, con vistas a elaborar una posible Propuesta de Resolución, que tal vez podría ser aprobada en un próximo Pleno, que no descartamos, sobre el Debate del Estado de la Región.

Yo he oído al Portavoz del Grupo Socialista decir en esta Comisión que a la Comunidad de Castilla y León la van a apoyar siempre; le tomo por la palabra, y es cuestión de voluntad política. Vamos a dejar a un lado -repito- los intereses partidistas, en si estamos a tiempo o no estamos a tiempo. Es cuestión de voluntad y de decisión política. Y le vuelvo a repetir que le tomo por la palabra.

Del mismo modo, requiero también a los representantes del CDS y al Grupo Mixto para que, todos juntos -como decía-, elaboremos una posible Propuesta de Resolución en esta materia de incentivos regionales, que podría ser aprobada muy bien en el próximo Pleno, donde se debata el Estado sobre la Región. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Sí. Finalizado el turno de Portavoces, el primer turno, tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente. Gracias al Grupo Popular y al Grupo del CDS por ese apoyo que han ofrecido. Contestaré puntualmente a las preguntas que se me han evacuado por parte del CDS, pero me parece mucho más importante dar respuesta a la intervención del Portavoz del Grupo Socialista.

Señor Paniagua, en todas mis intervenciones, en todas, me parece que le he elogiado su ponderación y su conocimiento anterior de la Consejería. Va a ser... repito: va a ser la primera vez que tenga que explicar y demostrar que no ha sido objetivo, que no ha ofrecido apoyo a algo que demando, que está en tiempo y en forma, como a continuación le voy a explicar.

En tiempo porque hoy, hoy, que ha acabado la Comisión para el debate de los Presupuestos, no influye en absoluto, y no influye en absoluto porque usted, que es un buen teórico de la economía, sabe que cualquier proyecto de la inversión tiene un plazo o un período de maduración: desde que se aprueba un expediente hasta que se invierte y se justifique para cobrar la subvención, dije en mi exposición que tardaba como mínimo dos años a tres años. Luego no se preocupe usted de los presupuestos de este año, porque los expedientes que se aprueben este año, o digo... sí, bien digo, perdón, los presupuestos de este año, la cifra puede tener repercusión para la cantidad que vayan a pagar de los aprobados hace dos o tres años, no de los que se vayan a aprobar este año.

Segundo tema, le he dicho también, para que no hubiese duda, que es partida ampliable. Como Consejero de Economía que fue, sabrá el concepto que significa partida ampliable.

Eso en cuanto al momento de hoy que tanto ha dramatizado. En cuanto a su análisis, señor Paniagua, me ha dado pena, auténtica pena. Y me ha dado pena, le voy a explicar por qué. Porque si el análisis que hubiese hecho usted hubiese sido hasta el veintiocho de octubre, o, admitiéndole con tolerancia, hasta el treinta y uno de diciembre, yo no le hubiese contestado absolutamente nada, porque me parece que nadie de esta Cámara, ni ningún medio de comunicación, me ha oído quejar de por qué a Andalucía le sale de media una subvención del 21,8 a sus expedientes y por qué a Castilla y León el 19,6 -que no el veinte y pico que usted ha dicho-. Porque si se hubiese molestado en leer el anexo número 8, las cifras que usted ha dado las tiene reflejadas. Tiene reflejadas la inversión total referente al año ochenta y nueve de los 640.000.000.000; los puestos de trabajo, que son cuarenta y siete mil, la subvención total, que son 142.000, y la subvención media, que es el 22,3.

Pero, fíjese bien que no pensaba entrar en ese tema, ni en otros muchos que usted ha tocado. Porque cuando hablo de criterios, fíjese que cuando yo he expuesto, al hablar de la Ley 50/85, dije que el Decreto es el 1.535 del once de diciembre del ochenta y siete, es decir, dos años más tarde. Qué casualidad, cuando en la propia Ley 50 se habla de la premura del desarrollo.

Pero el Real Decreto 570 de 3 de junio, donde se delimitan las zonas, qué casualidad que es el del 3 de junio del ochenta y ocho.

Pues ni a eso he hecho mención. Ni a los criterios que se establecieron en eso, que he aceptado plenamente, y así hemos estado calificando, en las provincias, en los comités de inversiones públicas, y no he hecho ni una sola observación, ni me he quejado de que un expediente "Ad hoc" como el de General Eléctrica, barriera lo que quisieron, pues superaron los 5.000.000.000, para Murcia. Ni me he quejado que en Galicia, entonces gobernada por el Partido Socialista, la subvención media fuese muy superior a la nuestra. Ni me he quejado de que en Extremadura, porque empezaban, la subvención media fuera el 33%. Si usted no hubiese mencionado nada de lo anterior, yo de eso no hubiese dicho ni media palabra. Porque, como usted ha dicho, gracias al esfuerzo, a un sistema creado de complemento de subvenciones aquí, al sistema de crédito-anticipo que instrumentamos aquí en Castilla y León, gracias a eso, y pese a todo, fuimos la segunda Comunidad, la segunda, que obtuvo, hasta mil novecientos ochenta y nueve, subvenciones. No había dicho nada de eso. Me parece que había analizado el problema desde octubre y noviembre en adelante.

Me he quejado simplemente de que los criterios que han cambiado posteriormente me los quieren aplicar, en definitiva, a los expedientes que están presentados en el grupo de trabajo en octubre.

No he criticado tampoco el cambio de criterios en adelante, los comparta o no los comparta. Simplemente, al Consejero de Economía le extraña que cantando la bondad por el propio Ministerio, lleven una política absolutamente contraria.

Y, mire usted, señor Paniagua, no he querido tampoco entrar en la inversión pública de nuestra Comunidad con respecto a otras Comunidades. Porque tenía entendido que toda la Cámara conoce perfectamente la discriminación a la que está sometido todo el noroeste de la Península. Porque no se trata de lo que inviertan cada año; se trata del déficit que arrastramos de inversión pública, que no es lo mismo que Cataluña. Pero hay otro agravio mucho más comparativo. Y el agravio mucho más comparativo es que se ha olvidado usted, señor Paniagua, que parte de esas inversiones están cofinanciados por la Comunidad Económica Europea, es decir, por los fondos estructurales y por el FCI, en base precisamente a ese déficit, es decir, a ser regiones desfavorecidas, prioritarias para la inversión, más pobres, en definitiva, que la media nacional.

Se ha olvidado usted que tenemos nueve provincias, que somos la región más extensa, y se ha olvidado de tantas cosas, en su afán por defender lo indefendible, que no quiero ni criticarle. Porque a mí, si estuviese en su posición, me daría vergüenza ajena.

Porque no quiero tampoco recordar que estamos bajo el techo de la sede que cobija las Cortes de Castilla y León, y creía que aquí estábamos para defender los intereses de los castellanos y leoneses.

No he enjuiciado la política de mi Grupo Parlamentario en la discusión de presupuestos, que, para su tranquilidad, señor Paniagua, conoce todos estos datos; ha intentado introducir modificaciones a esa partida presupuestaria, pero todos los que estamos aquí también, y todos los castellanos y leoneses saben también cómo actúa el rodillo de los votos y qué es lo que se consigue en cada Comisión en los Presupuestos Generales del Estado.

Pero fíjese bien, usted analizó lo pasado a octubre del ochenta y nueve, que yo no había criticado, y enlazó con el cambio de criterios desde marzo en adelante, cosa que yo no había criticado. Se ha olvidado justamente en el medio de los temas que yo traía aquí, limitándose a observar que por qué mi Director General se levantó de un grupo de trabajo. Pues, se lo voy a explicar.

Mi Director General se levantó del grupo de trabajo porque hay un refrán castellano que dice que "un garbanzo no estropea un cocido", y cuando en un grupo de trabajo se está en minoría y hay mucha más mayoría, el hecho de que se vaya o no se vaya significa muy pocas cosas. Procuramos ir, porque tenemos el espíritu de trabajar coordinadamente con la Administración Central; pero, cuando el deseo de coordinación y el deseo de defender lo tuyo se ve frenado de sopetón con un cambio de criterios, no en la legislación, no en el espíritu de la Ley, sino en un papel que te dan de antemano y te dicen "esto son lentejas; si las quieres las tomas, y si no, las dejas", pues, evidentemente, aplaudo la postura de mi Director General, cosa que no había tenido oportunidad de decirle, porque el grupo de trabajo pudo seguir trabajando, porque abandone algún miembro, que es minoritario, no va a afectar a las resoluciones totales. Y abandonó porque dijo que él no quería ser partícipe, y, por tanto, responsable, de un engaño a los inversores con unas promesas de unos criterios objetivos, y que no podía hacerse responsable de la decisión de ese grupo de trabajo.

Pero sólo no he dicho eso. He dicho que, a pesar de eso, no se nos volvió a convocar. Se conoce que la Administración Central, cuando se enfada, se enfada más que la Autonómica, porque yo me he enfadado muchas veces, pero he seguido escribiendo. Y, fíjese, señor Paniagua, usted me ha criticado, por qué he comparecido hoy. Repasen, por favor, los medios de comunicación escritos, que me parece que he estado lo suficientemente comedido para que, a pesar de las declaraciones y del enfado de mi Director General, yo me haya manifestado muy pocas veces en tono agrio. Porque es tal el deseo que tiene el Consejero de Economía de conseguir inversiones para esta Comunidad, que es capaz -cosa harto difícil- de callarse y morderse la lengua. No he dicho prácticamente nada: "Se arreglará", "he escrito por buenas..." Sé, conozco las intenciones de la CEOE y de la CECALE y de las organizaciones empresariales para manifestarse, y he dicho: calma y tranquilidad, a ver si reconducimos este problema, porque es mucho más importante la creación de empleo que el protestar contra la política del Gobierno Central. Cosa que yo no estoy haciendo; yo estoy denunciando el gravísimo problema que representa para la región de Castilla y León el "té para todos". Fíjese que no lo he puesto ni en términos de agravio comparativo.

No he dicho que esa cifra global le resta a la Comunidad de Cataluña o la otra. Entiendo que estamos todas, con esa política presupuestaria, en este tema perjudicados. Pero, ¡ojo!, ¡ojo!, señor Paniagua. Esa política de "té para todos" significa que, en condiciones iguales, las inversiones que se tengan que hacer en España se harán donde más ventajas se obtengan, es decir, en las regiones más ricas, mejor comunicadas, con más experiencia europea y más experiencia de exportación. No en una región noroeste, en una Castilla y León aislada por montañas y, hasta ahora, por una frontera. Ahí no se le ocurre a nadie invertir, salvo que se le dé algo. Hasta ahora hemos dado muy poco con buenos resultados, hemos puesto todo el esfuerzo posible en la Consejería de Economía por obtener los mejores resultados, e igual que en la lucha con el FEDER y con todos los temas que usted ha comentado, y que le agradezco sus alabanzas.

Lo único que le quiero decir para terminar, porque podría extenderme en la crítica, señor Paniagua, analice lo que yo he traído, analice los datos. Y no suplico; pido, por favor, a los Procuradores del Partido Socialista, igual que a los del CDS, igual que a los de mi propio Partido y al Grupo Mixto, pido por favor que adopten la resolución que crean oportuna. Pero, por Dios, ayúdenme, porque, si no, estamos espantando la inversión, estamos cortando las expectativas, las pocas expectativas de crecimiento, y, en definitiva, estamos yendo en contra de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León y en contra de cualquier espíritu político. Es decir, creo que nuestra primera obligación es intentar que los ciudadanos de Castilla y León obtengan el mayor bienestar, y para obtener el mayor bienestar lo primero que hace falta es tener una renta per cápita, como mínimo, parecida o similar a la media nacional, y ojalá algún día tengamos la media parecida a la media europea.

Como dije, voy a contestar, sin más, a las preguntas y observaciones del Grupo que también sustenta el Gobierno, el CDS. Y procuraré no emocionarme con esto, porque, aunque usted dice que empleo tono, quisiera verle de verdad y conocer qué es lo piensa como teórico de la economía.

Si comparto el criterio de -que, en definitiva, es la preocupación fundamental- de la fluidez y que desaparezcan las trabas administrativas. Pues, evidentemente. He propuesto al propio Secretario de Estado don Pedro Pérez, desde que tengamos un representante en el Consejo Rector, con voz y sin voto, hasta que de alguna forma se me anunciase por anticipado qué tipo de proyectos se iban a analizar para poder hacerlo por escrito en apoyo de aquellos proyectos que consideramos interesantes. He estado llamando por teléfono al grupo de trabajo y al Consejo Rector, prácticamente todos los días. La Dirección General lo ha hecho asimismo, por mandato mío, prácticamente cada tres horas. Hemos empleado todo lo que se nos ha ocurrido, desde mantener a ultranza, como Jefe de Servicio, a un anterior colaborador y Director General con el Partido Socialista, don Ramón Bocos, con nombres y señales, hasta después nombrarlo yo coordinador para seguir insistiendo en los grupos de trabajo. En fin, a todo lo que se nos ha ocurrido, porque es mucho lo que nos estamos jugando.

En cuanto a los criterios excluyentes y que no coinciden algunas veces, pues, evidentemente, pero yo no estoy ni en disposición de discutir cuáles son excluyentes o no. Soy capaz de aceptar los que quieran de ahora en adelante, que yo eso no lo discuto. De ahora en adelante tenemos unas normas de juego; con esas normas de juego evaluamos si no tienen que entrar los menores de setenta y cinco. Yo expondré cuáles son las necesidades presupuestarias, si podemos hacer el esfuerzo con nuestros propios medios o no. Lo que yo no puedo hacer, ni creo que pueda hacer nadie en este mundo que haga números y planifique, es, pensando obtener unas subvenciones, que de las que obtenga se las rebajen a la mitad y que muchas de ellas la subvención sea 0000, sin saber por qué ni por qué no, porque eso no hay forma humana de poderlo evaluar a la hora de hacer unos presupuestos, ni hay forma humana de poder suplir con nuestros escasos recursos aquello que, de alguna forma, están obligados; porque por Ley, por los criterios que establecieron, por ese criterio de objetividad que usted ha planteado perfectamente, tenemos la obligación de respetar a los señores que, con arreglo a una normativa y con arreglo a unos criterios, se han ajustado en su petición a lo que, en definitiva, nosotros hemos ofertado, por acuerdo con la Administración Central.

En cuanto a que este sistema está falto de estabilidad o le falta estabilidad. ¿Cómo no le va a faltar, si no coincide el Director General de Planificación, que es el que planifica la política regional, y está escrito, con el criterio que emplea el Secretario de Estado, que, en definitiva, me ha reconocido personalmente que es que no le dan más presupuesto? Claro, ¿cómo le van a dar más presupuesto, si entre el "plan Felipe", "el plan de Alta Velocidad", que no sé a dónde va...? Que no he querido tampoco debatirle eso al señor Paniagua. Que no se trata de cuánto inviertan aquí, sino qué inversiones de las que hacen en Castilla y León colaboran al desarrollo de Castilla y León. Porque si pasa el tren de velocidad, como su nombre indica, a toda la velocidad por nuestra Región y no para, pueden invertir lo que quiera, que nuestro grado de desarrollo será igual, y además nos habrán privado de uno de los placeres, como he dicho varias veces, que es poner una moneda en la vía para ver cómo queda después de pasar el tren de no tan alta velocidad.

Y cuando hablo de inversiones públicas, he dicho muchas veces que si a un pueblo de Castilla y León, que no tiene ninguna calle asfaltada, le asfaltamos todas, lo dejamos más guapo y más cómodo, pero en el mismo estadium de desarrollo. Que no se trata de cuál es el volumen de inversión, sino en qué se invierte y en qué colabora al desarrollo, y de otra cuestión añadida: de quién lo invierte, que no es lo mismo, de los fondos estructurales europeos, que la Administración Central invierta el 70% y yo el 30, que a la viceversa; porque si yo invierto en los fondos estructurales el 70%, quizá no le pedía ayuda, porque con ese 70% de los fondos estructurales seguro que tenía cantidad para dotar presupuestariamente y hacer una política económica de incentivos absolutamente mucho más coherente, mucho más lógica y de mejores resultados que la Administración Central. Pero como no puedo hacer eso, ni tengo competencias en política fiscal, ni tengo competencias en política monetaria... Por cierto, muy coherente lo que está haciendo el Banco de España y el Ministro de Hacienda: subimos los intereses cuando los demás los bajan, y encima se nos amenaza con más subida; sigamos, porque se está olvidando la Administración Central -y usted como economista me parece que se ha olvidado también- que el reparto y la reasignación de las inversiones terminará el ritmo que lleva prácticamente en mil novecientos noventa y tres, y ello a pesar de que en muchas comparecencias lo he dicho públicamente: estamos en una nueva reasignación industrial, justo acabará cuando entremos plenamente en el mercado único, porque, evidentemente, aquellas empresas multinacionales cuyas producciones van destinadas fundamentalmente a la Comunidad Económica Europea para entonces habrán decidido su emplazamiento y lo que no se haya conseguido hasta entonces nos va a costar mucho más conseguirlo con el agravio de la deseconomía que va a producir el aplazamiento en el tiempo.

En cuanto a si he obtenido respuestas. Pues, mire usted, es triste decirlo: no, señor Procurador. Envié carta al señor Ministro, al Secretario de Estado, les he llamado ochenta veces, he hablado con la Directora General de Planificación, antes con el Director General, y qué casualidad que se cambió, cuando iban a cambiarse, el sistema y se cambió toda la estructura de esa Dirección General, y sabe por qué. A mí se me ha dicho personalmente que porque el Director General anterior no estaba dispuesto a aceptar lo que le imponían. Ahora ha entrado otra señora, que, a pesar de haberle pedido reuniones y grupos, me dice que el Secretario de Estado tiene que limitar esto. Pero fíjense bien, señores Procuradores: una vez se puede aceptar; dos, difícilmente. Una vez pudimos aceptarlo con el Gran Area de Expansión Industrial: se llegaron a no presentar ni un sólo expediente porque no íbamos a ninguna parte; ahora empezamos a vender lo mismo. Esta es la planificación, esta es la lógica y esto es lo coherente. Sígalo defendiendo usted, porque seguramente los ciudadanos de Castilla y León se lo premiarán eternamente. A mí sólo me resta decirle: estas políticas, estos planteamientos realmente sólo me producen pena.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Sí. Para turno de réplica, tiene la palabra el Portavoz del Grupo de Centro Democrático y Social.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Sí. Muy brevemente, Señorías, porque en la intervención del Portavoz del Grupo Socialista, que yo no puedo por menos que admirar, por la pasión, por la vehemencia que ha puesto en la defensa del Gobierno de la Nación, no tanto en la defensa de los intereses de la Comunidad de Castilla y León, desde nuestra perspectiva, se ha realizado una alusión, probablemente no medida en sus palabras, cuando ha afirmado que, como grupo político que apoya al Gobierno porque forma parte del Gobierno, teníamos que tener toda esta información; no así ustedes, que, como no son grupo político que apoya al Gobierno, no tenían que tenerla. Mire, señor Paniagua, permítame que discrepe de su afirmación. Los Grupos Parlamentarios donde reciben la información y donde deben recibirla es aquí y no fuera de aquí, porque los Grupos Parlamentarios están compuestos por individualidades de Procuradores, según la Ley, no sujetos a mandato imperativo alguno, que se agrupan dentro de un Grupo Parlamentario, y éste es el lugar en donde se recibe la información y además donde esa información se debate, tanto para los Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno como para los Grupos Parlamentarios que no apoyan al Gobierno. Entonces, permítame la discrepancia.

No obstante, he podido comprobar que a usted no le faltaba información. Otra cuestión distinta es el uso que de esa información se hace. Y el uso que de toda información se hace es siempre peligroso, porque la información, como dicen ustedes los economistas -yo no lo soy-, es, al igual que los bienes económicos, escasa y susceptible de usos alternativos. Y usted... creo que es una expresión muy de los economistas, que yo en los tiempos en que tuve que entrar en esa materia por razón de preparación de oposiciones aprendí, y es en ese uso de esa información en la que yo observo algunas discrepancias, en una tendencia que existe en intervenciones de su Grupo Parlamentario, e incluso de Procuradores de otros Grupos Parlamentarios extraordinariamente proclives a formular comparaciones, y usted ha realizado una comparación con Cataluña; casi siempre suelen realizar comparaciones con Cataluña, no sé muy bien por qué. Me sorprende, además. Pero yo aprendí también en algún sitio que, para poder comparar, los parámetros de comparación tenían que ser idénticos; si no, la comparación no salía. Y usted se ha limitado a hacer una comparación de porcentaje de población catalana y castellano-leonesa y, consiguientemente, de inversiones en relación a ese porcentaje de población que, desde luego, a nuestro Grupo Parlamentario, desde un punto de vista político, no nos sirve; no sé si desde un punto de vista económico servirá, pero desde un punto de vista político no sirve; porque, de alguna manera...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Señor Durán, me permite un segundo.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Sí. Me dirijo al señor Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Efectivamente. Creo que el problema no es que usted debata con el señor Paniagua, aunque puede hacer las matizaciones que crea oportunas de pasada, pero yo creo que el debate fundamental está orientado a otro sitio.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Señor Consejero, la comparación de nuestros datos con los datos de Cataluña yo creo que huelga en todo momento. No sé si usted compartirá mi criterio al respecto, o el criterio de nuestro Grupo, pero le rogaría que se pronunciara al respecto, porque nuestro Grupo entiende que, de alguna manera, la población no es el único elemento que puede servir a efectos comparativos, habida cuenta que la población se sitúa dentro de un territorio que tiene unos kilómetros cuadrados determinados, una orografía que lo limita en determinadas circunstancias, que parte de una infraestructura básica distinta. Es decir, que, de alguna forma, criterios comparativos, que son los que usted nos ha facilitado de conformidad con lo que, a su vez, el Ministerio de Economía y Hacienda le había facilitado, creemos que, de alguna manera, no son válidos ni aplicables. Y al respecto, quisiéramos que usted, si lo tiene a bien, se pronuncie sobre si estas comparaciones, en las que, de alguna manera, nuestra Comunidad Autónoma pudiera resultar beneficiada o no mal tratada, son criterios válidos.

Y, por último, dentro de las preguntas al señor Consejero, yo le rogaría que precisara más, si tiene opiniones al respecto, de cómo pudiera articularse la comunicación entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Economía y Hacienda, a efectos no solamente -y aquí permítame que discrepe con lo que usted ha dicho-, no solamente de aplicar los criterios que sirvan para la gestión de estos recursos, sino para formar la voluntad de esos criterios. Porque usted ha dicho: a mí no me importa los criterios... no voy a discutir los criterios -no ha dicho: no me importa-; no voy a discutir los criterios, lo que quiero criterios, que es para mí lo verdaderamente importante, criterios estables. Para nosotros, políticamente, lo importante es que haya una posibilidad de contribuir a la formalización o formulación de esos criterios, no simplemente a ejecutarlos, a conocerlos o a ejecutarlos en la medida que nos corresponda.

Finalizo ya mi intervención, acogiendo y sumándome a la propuesta realizada por el Portavoz del Grupo Popular, que, de alguna manera, también nuestro Grupo Parlamentario la había expuesto al comienzo de su intervención, en el sentido de creación de un grupo de trabajo dentro de esta Comisión, compuesto por todos los Grupos Parlamentarios y que pudiera llegar a la formalización de propuestas de resolución lo más consensuadas posibles con relación a toda la temática que hoy nos ha traído aquí, y agregar a esa propuesta del Grupo Popular, a la que nos sumamos gustosos, el que además este grupo de trabajo se constituya y se formalice con la máxima rapidez y urgencia posible.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Gracias, señor Portavoz. Tiene la palabra, para turno de réplica, el Portavoz del Grupo Socialista, don Javier Paniagua.

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ:

Gracias, señor Presidente. Me lo hace difícil, porque realmente tengo que responder; parece que quien hubiera comparecido aquí hubiera sido el Grupo Socialista por alusiones... y eso sí que... ruego, si me permite, porque ha habido alusiones, se me permita responder tanto al Portavoz del Grupo del CDS como del Grupo Popular y como al señor Consejero, a toda la Cámara aquí representada.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Señor Javier, don Javier, yo creo que, como decía mi predecesor en esta Presidencia, usted ha sido citado simplemente. Olvídese de ese tema y centremos el debate, porque yo creo que es conveniente.

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ:

Vamos, señor Presidente, a los argumentos, entonces. No citaré yo nombres.

Sobre la cuestión del tono. Sí citaré al señor Consejero. Yo defiendo las cuestiones con vehemencia, señor Consejero -unas veces con más, otras con menos-, pero lo que no suelo, lo que no suelo jamás decir -véase el Diario de Sesiones de todos estos años-, formular afirmaciones como: me daría vergüenza ajena, palabras textuales del señor Consejero a un Portavoz de un Grupo; el "Plan Felipe"; ¡ojo, señor Paniagua!. Hombre, ya parece... "ojo al dato", lo de aquel periodista famoso. De verdad, yo le ruego que, aunque el tono sea vehemente y puede ser vehemente, por favor, la forma no roce lo insultante. Cuestión de forma.

No voy a entrar en cuestiones teóricas, sobre si el Banco de España nos va a encarecer todavía más los créditos o no, no voy a entrar en eso, yo se lo discutiría en un foro universitario, y a lo mejor estoy de acuerdo, a lo mejor no estoy de acuerdo. Hombre, cuando se habla, por ejemplo, del recalentamiento económico en el Reino Unido y los analistas sugieren que podría decirse que los datos apuntan, precisamente por situaciones muy paralelas a las españolas, a la necesidad de un nuevo incremento de los tipos de interés en Gran Bretaña -y tanto le gusta a usted aquel modelo-, pues, a lo mejor tendría que repensárselo sin entrar en más disquisiciones.

Mi Grupo, en absoluto, va a negar apoyo. Lo que ocurre que mi Grupo ha puesto de relieve una serie de datos y de cifras que no eran conocidos y era necesario añadir... sí por el señor Consejero, no por la Cámara, añadir a lo que usted presentaba para completar el cuadro y el marco. Creo que es lo que he intentado hacer, independientemente de la vehemencia. Y ahí se puede discrepar o no discrepar, pero creo que difícilmente, porque son datos constatados y oficiales. Y podíamos discrepar sobre si es criterio positivo, pero no entraba el señor Consejero ni quería el que las inversiones de... decía que no quería entrar en los criterios, pero luego se ha criticado, por parte de AP, del representante, de que las inversiones de menos de 70.000.000 iban a, como no iban a entrar dentro de las posibilidades de subvención. Hombre, es algo criticable, efectivamente, pero yo pienso que para esas subvenciones, o esas subvenciones pueden salir de nuestro presupuesto tan bien dotado en el Capítulo VII de subvenciones, para esos pequeños proyectos. Es una opinión. No entro en discusiones.

Cuando se dice que cómo vamos con 20.000.000.000 presupuestados, que, como muy bien ha dicho el Consejero, ampliables, a hacer, a solucionar los problemas de necesidad de inversión de esta Comunidad, si atiende usted a lo presupuestado el año pasado encontrará que el año pasado se presupuestaron 14.500.000.000 de pesetas. Luego no juguemos con las cifras. Lo que ocurre que el procedimiento es a lo que hay que ir. Generó después que se ampliaran a, como he dicho, 95.000.000.000. Evitemos que se llegue a una cifra a través de procedimientos no seguros. ¡Ojo!, si llegamos a 95.000.000.000 o 100.000.000.000, puede, se puede, como se hizo el año pasado y el anterior. Lo que ocurre es que tenemos que tener criterios seguros que garanticen la racionalidad. Y ahí es donde discutiríamos. Yo creo que ahí es donde deberíamos de situar la discusión: en la racionalidad de los criterios, no en las cifras. Y posiblemente en otro sitio. No sé si están de acuerdo conmigo o no, porque a lo mejor podemos, podemos, sobre la racionalidad de los criterios, ponernos de acuerdo. Y sobre la presencia de la Comunidad Autónoma, por ejemplo, con observadores en el Consejo Rector, posiblemente también, pero siempre, señor Consejero, siempre, ya que me emplaza y nos emplaza, siempre que se haga y se formule de forma constructiva, porque lo que no va a hacer mi Grupo, ya se lo garantizo, es, amparándose en un análisis victimista, apoyar propuestas que en el fondo, que en el fondo, ataquen al Gobierno Socialista de la Nación; siempre que sean constructivas y que no lleven debajo de ellas ese ataque va a tener ese apoyo, porque nos corresponde y somos corresponsables de la política de la Comunidad también.

Yo lo de la política insolidaria, de verdad, ahí habría mucho que discutir. Y si se introducen los datos o no. Mire, si el año pasado las inversiones públicas del Estado, del Estado, en Castilla y León representaron el 10,9%, el 11%, el 11% de las inversiones públicas del Estado en toda España, bueno, tiene muchas lecturas, pero, desde luego, nuestra población es del 6,9, y si se introduce, por ejemplo, el factor correctivo -luego hablaré de ello- del PIB por habitante, modulado en función de la población afectada por los incentivos, pues, podía haber sido un 9, etcétera, etcétera, como, en estos momentos hablaremos de eso, se aplica porcentualmente para la distribución de los 20.000.000.000 de pesetas. Es decir, nuestro apoyo, pero nuestra discrepancia en el método.

Cuando me dice que hasta el ochenta y nueve, nunca lo había dicho, me parece que hasta el ochenta y nueve, corríjame, hemos sido la segunda Comunidad en recibir subvenciones, pues, ¿por qué no lo ha dicho? Y justamente ha sido una Comunidad que en el ochenta y ocho tenía Gobierno de AP. Entonces, será responsabilidad tanto de ese Gobierno como del Gobierno de la Nación. Dígase también lo bueno. Creo que ha dicho el 88, ha citado.

A mí su análisis, repito, señor Consejero, le digo... usted me dice que está bien en el tiempo, porque los plazos no influyen, etcétera, etcétera, etcétera, ¿pero no hubiera sido mejor hacerlo antes? Es la pregunta que yo le quería hacer. Y si me dice que todavía hay tiempo, hombre, pues, si todavía hay tiempo, vamos a ver cómo lo podemos hacer de forma constructiva, cómo podemos llegar a consensuar una materia como ésta de forma constructiva.

Y cuando me dice que es que este año hay que pagar los compromisos. Claro, si ya le he dicho. El año pasado incluso ya quedan pendientes 20.000.000.000 comprometidos que hay que pagar este año... de forma clara, porque se han invertido además y las inversiones se han realizado y se ha constatado que ya esa subvención, la parte que quedaba, hay que depositarla, perdón, hay que pagarla ya, ya prácticamente está en fase de pago, 20.000.000.000 ya. Y luego vendrán más, con lo cual fíjese. Efectivamente, pero ése no es el problema, porque entonces... el problema, mejor dicho, ése ha sido un problema que arrastramos, que arrastramos de antes por el hecho de haber dado vía libre a tantos proyectos. Esos proyectos realmente los vamos a analizar posiblemente, y le pediremos esa información de todos los proyectos que se han elevado, y yo creo, lo haremos por escrito, porque si se lo digo verbalmente se puede olvidar, para que analicemos proyecto por proyecto, de aquellos que se han solicitado subvención desde la Comunidad de Castilla y León, es decir, desde el Comité de Inversiones Públicas, proyecto por proyecto. Y vamos a analizarlos y entonces vamos a ver la racionalidad de esas solicitudes. Y entonces es cuando nos encontraremos, pues, con algunas cosas muy curiosas. Nada más. No los califico de otra forma. Con algunas cosas muy curiosas. Curiosas pueden ser en términos positivos.

Yo he hablado, perdón, y en esto le matizo también, y cuando he dado cifras las he dado hasta el treinta y uno de Marzo de mil novecientos noventa, lo dije así en mi exposición y así consta en el Diario de Sesiones.

Y, finalmente, como creo que prácticamente está todo dicho, señalar que se han establecido criterios de reparto de esos 20.000.000.000 o los que sean, si se amplía la cifra, criterios de reparto por primera vez. Es algo positivo, señor Consejero. Es decir, el reparto de los fondos va a ser conforme a la variable PIB por habitante y modulada en función de la población afectada por los incentivos económicos regionales. Algo que faltaba. ¿Faltaba o no? Yo creo que se puede discrepar con el criterio, pero lo que sí que era necesario es establecer algún tipo de racionalidad. Y de ahí que, por ejemplo, del total de las subvenciones del fondo primero que hay de 20.000.000.000 de pesetas correspondan a Castilla y León la participación de un 9,23%, los 1.846.000.000, un 9,23. Andalucía, 38,6. Aragón el 0,75, Aragón el 0,75; es que digo las dos cifras, porque es importante, yo no oculto, doy la mayor y doy la menor para que se vea todo, y nosotros tenemos la participación del 9,23. Pues tenemos la participación porcentual tercera, porque, curiosamente, primero Andalucía, después Galicia -Gobierno PP-, con el 12,96; no pasa nada, si es que son criterios objetivos independientemente del Gobierno; y en tercer lugar Castilla y León, en tercer lugar, la tercera Comunidad en participar en los porcentajes. Nuevos criterios que van a facilitar que luego, que luego los fondos para subvenciones de incentivos regionales no se repartan arbitrariamente, sino según criterios también de política regional, de política regional, máxime cuando solamente van a las zonas promocionables.

Yo no le voy a decir lo que opino de por qué muchos expedientes están pendientes de valoración. Yo podría pensar que lo están, debido a que en muchos casos... pero podría pensar, no tengo la información suficiente, la memoria, por ejemplo, que acompaña al proyecto no contiene todos los datos que en ella se solicitan, por eso vamos a pedir todo el proceso de los expedientes, y que permiten valorar esa memoria, tanto el interés del proyecto en sí como su adaptación a los requisitos legalmente exigibles. Y digo requisitos, porque los criterios, aparte de los señalados, que no quiero entrar en ellos, porque me parece lógico ahora, sin embargo, si hay unos que están establecidos y cuya observancia estricta es clave. Están establecidos, por una parte, en la política de incentivos regionales acorde con la política de la CEE, política de la CEE establecida claramente o trasladada, mejor dicho, al Real Decreto 1935, a ella se ajusta, y más tarde modificada a través de una comunicación del Consejo de la Comunidad Económica Europea publicada en el Boletín Oficial del doce de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho, y, a su vez, por el acta número 14.6 de la reunión del Consejo Rector. Esos son las precisiones que creo que cabía hacer para enriquecer lo que aquí se ha dicho y, como ve, señor Consejero, con un ánimo de colaboración. Yo creo que lo que estamos haciendo mi Grupo, en estos momentos, es participar en la discusión, que nadie nos puede quitar ese derecho de discrepar, pero con una participación que, a mi juicio, y yo no sé si merece calificativos, si puede merecer discrepancia, pero ha tenido y tiene ese y esa intención constructiva. Es nuestra oposición una oposición evidentemente firme, pero constructiva.

Y, finalmente, una anécdota. Mire, señor Consejero, le han hecho a usted la pregunta, le han hecho a usted la pregunta de si era conveniente realizar una comparación con Cataluña. Es que yo lo he hecho, he hecho la comparación con Cataluña, porque fue el señor Consejero quien señaló que las inversiones hoy día se estaban concentrando, creo que dijo en Madrid y Barcelona, o Madrid y Cataluña; tanto da, porque, en el fondo, el área metropolitana de Barcelona, prácticamente, tiene cuatro millones y medio, es decir, Cataluña. Por eso es por lo que yo quise dar esa cifra, no con otro propósito. Pero no inicié la comparación.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Gracias, don Javier. Tiene la palabra el señor Consejero, por renuncia del Grupo Popular al turno de réplica.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente.

Aclarar, simplemente, al señor Paniagua o Portavoz que, si en algo le he ofendido, ruego expresamente que se retire del Acta de esta sesión. Porque, quizá, en mi vehemencia, al defender algo tan flagrante como lo he estado defendiendo, he podido ofender la susceptibilidad del Grupo; no era mi intención. La observación que le hice al señor Paniagua, concretamente, fue: que es la primera vez que, de alguna forma, la primera vez que, de alguna forma, tenía que explicar lo inexplicable. Y, por tanto, cuando ha dicho que nos va a apoyar, aunque nos lo dice con cierta reticencia, pues, de alguna forma, me doy por satisfecho y le digo que de verdad nos apoye, sin tanta reticencia; examine todo lo que quiera, pero con la diligencia debida, no siendo que, cuando terminemos de analizar todos los expedientes, sea para el año noventa y uno, y vuelvo a repetirle un refrán castellano: "después de burro muerto, la cebada al rabo".

En cuanto a las inversiones, he dicho -y no lo digo yo sólo, lo dicen todas las Comunidades, todas, y todos los españoles- que las inversiones se concentran en Barcelona o Cataluña, como usted escoja, Madrid y Sevilla o Andalucía; escójalo como quiera. Pero que, para Castilla y León, con esos coeficientes, sabe igual que yo, y por lo tanto no lo tengo que explicar, que nuestra participación de los fondos estructurales, por nuestra situación objetiva, es superior que el coeficiente de inversión que se hace. Y eso es objetividad. Y, a pesar de todos esos millones que invierte la Administración Central, ustedes, su Portavoz en el Pleno siempre ha demostrado que la inversión por kilómetro cuadrado es inferior al resto de las Comunidades; evidentemente, porque tenemos muchos más kilómetros cuadrados que el resto de las otras Comunidades. Pero, gracias a esos kilómetros cuadrados, obtenemos mayor porcentaje a nivel nacional de nuestra participación FEDER. Y así podría analizarle fondo tras fondo.

Como creo que las preguntas concretas que se me han hecho parten del Portavoz del Grupo del CDS, decir que yo no creo que se pueda comparar Cataluña con Castilla y León, porque, evidentemente, para poder comparar -lo ha dicho usted-, tenemos que comparar parámetros o variables lo más, lo más -porque la igualdad no existe nunca-, lo más idénticas posibles. Hay muchos aspectos que no son iguales y, por tanto, cualquier comparación puede resultar sesgada.

En cuanto a los criterios para comunicarnos con el Ministerio de Economía y Hacienda, pues, mire, le voy a hacer una observación. Como dice su nombre, el Ministerio es de Economía y de Hacienda. Con Hacienda nos resulta relativamente fácil comunicarnos, aunque el Secretario de Estado de Hacienda, señor Borrell, no nos haga demasiado caso. Pero, concretamente, el lunes nos comunicamos todas las Comunidades Autónomas; hace poco estuvimos en Valencia, la reunión anterior en Madrid, la reunión anterior en La Toja, y, de vez en cuando, nos comunicamos. Con el Secretario de Estado de Economía, don Pedro Pérez, cuando me comunico es por teléfono, y una sola vez a petición propia, que fue para rendir cuenta de esas cifras que manejó el Portavoz Socialista en el mes de Febrero -me parece que lo dije en la comparecencia-, y, desde entonces, para comunicarme con él, aunque sólo sea por teléfono, me cuesta Dios y ayuda. Porque es imposible comunicarse entre dos partes, cuando una parte no quiere; ya no le digo si las dos partes no quieren. Yo le puedo asegurar que, en este caso concreto, no en otros, en este caso concreto yo sí quiero comunicarme, pero me resulta muy difícil.

Y para establecer los criterios, pues, fíjese, le hemos mandado todos los razonamientos habidos y por haber. Se han expuesto en los grupos de trabajo y constan en Acta -por cierto, Actas públicas- de los grupos de trabajo, y sabe perfectamente cuál es nuestro criterio; lo que pasa es que, a lo mejor, nuestros criterios, o no son compatibles con las necesidades presupuestarias que tiene, o, evidentemente, no evalúa el responsable de la política económica de verdad los resultados de esa postura que adopta. Y le vuelvo a repetir que lo que más me extraña es cómo en la Memoria que ellos hacen de la política regional, en mil novecientos ochenta y nueve, concluyen perfectamente -es un buen documento para analizarlo- y luego hacen todo lo contrario. Porque, la verdad es que hablar de política económica al Secretario de Estado de Economía, a mí me daba la impresión que era obligación, puesto que lo edita el Ministerio, que él lo conociese. Me da la impresión, o de que no lo conoce, o dice una cosa y practica la otra.

Los criterios se los puedo facilitar a Su Señoría por escrito, uno por uno. Y le puedo decir que las directrices de la Comunidad Económica Europea son las que estaban en la Ley, en la Ley de... en la Ley inicial del ochenta y cinco. Que lo que ha dicho el señor Paniagua, en esos cambios de criterios, procede de lo que en la Comunidad Económica Europea ha denominado "sectores sensibles" -verbigracia, el carbón, o verbigracia, la industria textil-; pero que de ninguna forma modifica los criterios iniciales. Donde estamos modificando los criterios de verdad es en nuestro Ministerio de Economía y Hacienda y, concretamente, en la Secretaría de Estado, de forma unilateral y a posteriori; eso es lo preocupante.

Creo que le he contestado a las dos preguntas. Y no quiero establecer polémica, porque, en definitiva, el objeto de mi comparecencia era solicitar ayuda a los Grupos. He escuchado contundentemente la ayuda de los dos Grupos que sustentan al Gobierno, tímidamente la del Grupo Socialista. Pero creo que, si de verdad hacen el grupo de trabajo y avanzan con ello, el Consejero de Economía y Hacienda se da hartamente por satisfecho.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Finalizado el turno de Portavoces, tienen la ocasión de formular preguntas cualquiera de los miembros de la Comisión.

Sí, don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Sí, con suma brevedad, señor Presidente.

Bueno, ha quedado establecido que el problema del que estamos hablando no es tanto un problema presupuestario -dado que el crédito es ampliable- como un problema de criterios. Y, en este sentido, la formulación del crédito era igual en el Presupuesto del año ochenta y nueve que en el noventa. Es decir, era un crédito que tenía una cuantificación estimativa y era ampliable, como es el del noventa, y parece que no hay mucho problema en eso, pero que el problema es de criterios.

En ese sentido, pues, aquí hemos hablado mucho sobre esos criterios, pero sin mencionarlos. A mí me gustaría que el señor Consejero nos entregara, evidentemente por escrito, su opinión sobre los criterios, y yo les voy a enumerar aquí, por lo menos, lo que a mí me interesa.

Se dice que los criterios, según la carta que envía Pedro Pérez al señor Consejero, se dice que los proyectos que puedan recibir ayudas por otra línea de incentivación queden excluidos de los incentivos regionales. ¿El señor Consejero piensa que eso está bien, o está mal?.

Que los proyectos a priorizar son aquellos que se sitúan entre los 75 y los 300.000.000 de pesetas. ¿Qué tramo piensa el señor Consejero que es el adecuado para priorizar? No tanto para decir, evidentemente, el mismo... La misma estimación dice que es con carácter estimativo, se preste especial atención a los proyectos entre 75 y 300.000.000, y luego era entre 15 y 75, con carácter excepcional.

Yo comparto con el señor Consejero la preocupación porque proyectos menores puedan dejarnos en peor posición, pero ¿qué tramo sería el conveniente, qué tramo concreto? Porque, evidentemente, alguna prioridad hay que establecer cuando tenemos solicitudes de subvención que ....... los 6.000.000.

Que se excluyan de los criterios de selectividad los sectores: el sector agrario, porque se entiende está vinculado a lo primero, se entendería que podría ser subvencionado por el FEOGA. ¿Qué piensa el señor Consejero de si ese sector hay que excluirle o no, en función de que pueda ser objeto de otras subvenciones?. Y luego otros dos sectores. El sector de la construcción. ¿Cree el señor Consejero que el sector de la construcción debe recibir subvenciones con cargo a la Ley de Incentivos Regionales? Yo, por ejemplo, pienso que es un sector que ya está suficientemente incentivado. Y el sector de los talleres de reparación. ¿Cree el señor Consejero que el sector de talleres de reparación debe recibir subvenciones con cargo a la Ley de Incentivos Regionales, independientemente de la cuantía de las mismas? Si le parece al señor Consejero que está bien esa exclusión o está mal.

Que se excluyan las subvenciones a la mera amortización. ¿Eso está bien o está mal?

Y luego, los criterios ponderados, los criterios de valoración. El primero es el empleo, con el 25%. El segundo, el efecto dinamizador, con el 20%; con la tecnología, también. El tercero, la zona prioritaria. Y el cuarto sería el valor añadido y los factores endógenos. ¿Esa lista de prioridades es conveniente, o hay una lista alternativa? Porque a nosotros nos gustaría saber si es que no tiene que haber ninguna lista, o si tiene que haber una lista alternativa.

Y luego, ya una pregunta. Evidentemente, esto no le pido al señor Consejero que me lo conteste ahora, pero como ha hecho el ofrecimiento de enviarlo por escrito... Yo creo que el señor Consejero, desde el veinte de Abril, ha tenido oportunidad de establecer una alternativa a estos criterios de prioridad y a nosotros nos gustaría conocerla, para discutir en términos razonables, para saber qué es lo que beneficia a nuestra Región y qué es lo que la perjudica; esa prioridad alternativa.

Y luego, dos preguntas muy concretas, que esas el señor Consejero seguro que me las va a poder contestar ahora, y otra cosa es que quiera contestarlas.

Una: ¿cree que el señor Consejero que está bien que, con cargo a la Ley de Incentivos Regionales, se soliciten subvenciones para funerarias?.

Y la segunda es si el señor Consejero está dispuesto a asumir el criterio de inversión por kilómetro cuadrado, como criterio predominante a la hora de determinar dónde tienen que hacerse las inversiones de la Junta de Castilla y León. Porque, cuando pedimos al Estado que lo haga, lógicamente, nosotros también debemos ser capaces de hacerlo. Y si el Estado no lo hace y está mal, pues, nosotros, si no lo hacemos, también estará mal; y, entonces, ese debe ser un criterio ordenador de la inversión de la Junta.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

El señor Consejero tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente.

Siento enormemente que, con sus ausencias, no se haya enterado de lo que estábamos debatiendo aquí. Porque usted ha afirmado que estábamos debatiendo sobre los criterios, y, fundamentalmente, lo que estábamos debatiendo aquí era que nos querían aplicar los criterios nuevos, en los que no he entrado a valorar, a los proyectos presentados desde Octubre, y el parón que estamos sufriendo y las repercusiones que pueda tener.

Porque, mire usted, señor Procurador, si aplicamos unos nuevos criterios perfectamente, pero seguimos en el estadio en que nos encontramos, nos va a dar igual aplicarlos que no, porque lo más fácil es que no se vuelva a producir ni una sola petición. Ese es el problema que estábamos debatiendo hoy aquí.

Dicha esa observación, duerma usted tranquilo, porque los criterios nuevos no sólo los comparto la mayoría, sino que lo he ido denunciado, y consta en Acta del Consejo Rector. Porque, cuando se habla, por ejemplo, del criterio de que, si se subvenciona la actividad principal, no se deben de subvencionar las inducidas, es lógico y normal. Si se hubiese establecido -y todavía espero que lo consigamos- la ........ Chrysler-Renault, el tratamiento de subvencionar la primera inversión no va a ser la misma que lo de aquellos proveedores que van a suministrar piezas, porque, si se establecen los proveedores, es porque les interesará. O verbigracia, la gravera; evidentemente hace la inversión aquel que tiene demanda, para evitar los gastos de transporte; se subvencione o no se subvencione, se va a establecer.

Voy a analizarle uno por uno, porque estoy en condiciones de contestarle, pero prefiero contestarle por escrito, remitiéndome a las actas del Consejo Rector.

Pero, mire usted, que me pregunte usted a mí si es subvencionable o no lo de las funerarias, por lo menos, me resulta altamente regocijante, porque ¿el bienestar social sólo es para los vivos, o también puede ser para los muertos?

Quiero decirle, para su tranquilidad, para su tranquilidad, que los servicios prácticamente están excluidos todos, y, por tanto, los de las funerarias estarán excluidos también.

Y la otra pregunta que me hizo de... -no la recuerdo ahora-, los kilómetros cuadrados, pues, no sólo por los kilómetros cuadrados, pero sí es un índice importante a ponderar, los kilómetros cuadrados.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Gracias, señor Consejero. Agradeciendo la presencia del señor Consejero y del Director General de Economía, que le ha acompañado, se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las veinte horas cuarenta minutos).