DS(C) nº 269/2 del 16/10/1990

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. El próximo veinte de Noviembre se cumplirá un año de la sesión cuarenta y cuatro de las Naciones Unidas en las que se aprobaba la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha entrado en vigor recientemente el pasado dos de Septiembre. Estoy seguro de que Sus Señorías conocen también que el treinta de Septiembre del presente año más de setenta jefes de estado y de gobierno de todos los continentes se reunían en Nueva York en una cumbre mundial sobre la infancia, lo que algunos autores han llamado la primera cumbre social de la historia. En aquella reunión se adoptó un ambicioso y costoso programa de acción para salvar a decenas de millones de niños de todo el mundo, con los ojos puestos, como siempre, en el año dos mil.

Quizás a Sus Señorías les sorprenda este inicio de mi intervención, que a primera vista puede tener poco que ver con la situación del personal de los centros de menores de la Comunidad de Castilla y León; pero si he hecho esta referencia en el preámbulo a estos dos hitos históricos de la concienciación mundial con respecto a los derechos del niño es porque, de alguna forma, el espíritu que anima y que impregna las actuaciones de la Junta de Castilla y León en relación con los menores vienen precisamente determinadas por estas dos circunstancias a las que acabo de referirme.

Desde la Consejería de Cultura y Bienestar Social, venimos haciendo todos los esfuerzos posibles para que los programas y las medidas de actuación contempladas en los planes regionales sector infancia, juventud y familia se desarrollen y ejecuten conforme a las directrices y planteamientos de la Convención de los Derechos del Niño.

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Además, es necesario hacer mención también aquí, en este mismo contexto, a los principios rectores que se definen en el artículo 3 del Decreto 57/1988, de siete de Abril, por el que se dictan normas sobre protección de menores. Dichos principios pueden resumirse en los conceptos siguientes: normalización, integración, prevención y estimulación compensadora; todo lo cual está siendo realizado a través de dispositivos, recursos y servicios, unas veces propios, por gestión directa, otra vez mediante conciertos y otras fórmulas de colaboración con diferentes Administraciones y entidades públicas y privadas. En cualquier caso, los menores desamparados y en situación de crisis de marginación, sobre los cuales la Administración Autonómica de la Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva de tutela y protección, en el marco de la Ley 18/1988, creemos que deben disponer de unas condiciones de vida óptimas para garantizar sus derechos ciudadanos y disminuir así los factores de riesgo a que están expuestos muchas veces.

Consideramos, por tanto -y voy entrando en el tema objeto de la comparecencia-, que el personal destinado en los centros de menores tiene que poseer la titulación, las capacidades y la cualificación profesional idónea para desempeñar, de modo satisfactorio, las funciones y tareas que los menores internados necesitan en todos los aspectos educativos y asistenciales de la vida, ya que su permanencia en estos centros, siempre planteada como alternativa temporal, está motivada porque no lo pueden recibir de sus familiares, debiendo rodearles de un clima de afecto, comprensión y seguridad moral y material, tales que garanticen en todo momento el pleno y armónico desarrollo de su personalidad, capacitándoles para que puedan integrarse normalmente en la sociedad.

La dependencia del personal de estos centros de menores de la Comunidad de Castilla y León es una dependencia doble. Como ustedes conocen por la estructura orgánica de las Consejerías de la Junta de Castilla y León, la gestión de personal está encomendada en todas ellas a la Secretaría General de la Consejería correspondiente -y la nuestra no hace excepción-, de acuerdo con la Orden de veintinueve de Octubre de mil novecientos ochenta y siete. Y de otra parte, este mismo personal, y en cumplimiento de las facultades que por el Decreto 241/87, de veintinueve de Septiembre, se otorgan a la Dirección General de Servicios Sociales y Consumo, este personal, en cuanto hace referencia, digo, a su estructura organizativa y al funcionamiento de los centros de menores, dependen de esta Dirección General y deben ser concebidos con racionalidad respecto a las plantillas y con mesura en el gasto, sin dejar de obtener la mayor eficacia en las prestaciones y conseguir los objetivos pretendidos, anteriormente señalados, como principios rectores; gozando cada organización, al mismo tiempo, de la autonomía suficiente para adaptar el trabajo y ejecutar las programaciones y actividades según sean las especiales características de cada centro y la tipología de los menores en él acogidos y respetando escrupulosamente los derechos laborales reconocidos en la normativa que sea aplicable en cada caso al personal que en ellos trabaja.

Es por ello que esta Consejería elaboró en su momento un estatuto de centros de menores -que, dicho sea de paso, llevaba cinco años sin haberse elaborado-, y resultó un estatuto demasiado exhaustivo, en el que reconocimos -y hubo ocasión de debatirlo en esta misma sala- que se pormenorizaba en exceso y que además se trataba de incluir a todos los centros en unas circunstancias que no se adaptaban a la realidad de todos y cada uno de ellos. Y, por ello, hemos elaborado un nuevo proyecto de estatuto de centros y servicios de protección, atención y tratamiento de los menores en la Comunidad Autónoma, que fue sometido a información pública previa para que se puedan formular cuantas alegaciones tengan por conveniente los particulares y las entidades afectadas, periodo de información pública que concluyó justamente el día quince de los corrientes.

En este marco jurídico, se regulan los aspectos funcionales y técnicos importantes, así como los órganos de gobierno que deben regir los centros, siendo los propios trabajadores los que tendrán que elaborar y aprobar los instrumentos reguladores de su actividad y, en su caso, para elegir y representar al personal del propio centro. Este planteamiento, que regirá en los centros de menores, lleva implícito una nueva ordenación y distribución de las plantillas, variables en función de los parámetros siguientes: tipo o modalidad del centro, ratio módulo profesional menores y requisitos mínimos de atención y organización de las actividades necesarias para promocionar adecuadamente la vida integral de los destinatarios, en aras a cumplir con los fines específicos de su internamiento en los mismos.

En consecuencia, la Consejería tiene el propósito de impulsar una remodelación de los centros de menores sobre la base de racionalizar las plantillas, con el fin de lograr una mayor calidad en los servicios educativo-asistenciales prestados y minorar hasta donde sea posible los gastos de personal o imputados a los centros de menores, efectuándolo en un plazo de tiempo razonable, pero, en cualquier caso, sin perjudicar derechos laborales ni lesionar intereses de personas.

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Desde luego, tal y como están actualmente los centros de menores en cuanto a personal se refiere, entendemos que su situación no es objetivamente satisfactoria. Por cuanto, como queda dicho, perseguimos en todo momento el superior interés del menor -y aquí lo voy a dejar muy claro desde el primer momento-, los centros de menores, en su existencia, se justifican por la obligación que todos y cada uno tenemos con esos menores en situación de marginación, y todo lo que se haga en los centros de menores estará condicionado a prestar un adecuado servicio y atención a esos menores, que, insisto, es el eje alrededor del cual va a girar todo, incluida la situación del personal que en ellos trabaja y, desde luego, la política de la Junta en este tema.

Entonces, nuestra intención con el personal es hacer desde la Administración lo posible para que, con el colectivo de personal que trabaja en los centros de menores, prestemos el mejor servicio que debemos prestar a los menores en situación de marginación, de desamparo, de maltrato en la Comunidad de Castilla y León.

Por lo tanto, yo pediría, me atrevería a pedir a Sus Señorías que reflexionen sobre lo expuesto y que consideren que es prioritaria la situación de los menores con respecto a la situación del personal, que vamos a tratar de respetar, que estamos respetando en sus derechos, pero que en modo alguno pueden condicionar la situación, el tratamiento y el funcionamiento de los centros, que, insisto una vez más, gira en función del menor y no en función, ni de la Consejería, ni de la Dirección General, ni de los trabajadores que en aquellos centros prestan servicio.

Nosotros estudiaremos cuantas soluciones sean razonables y viables en relación con el objetivo prioritario: la atención del menor. Ese es el compromiso que adquirimos desde la Junta, desde la Consejería y desde la Dirección General de Servicios Sociales y Consumo de la Consejería de Cultura y Bienestar Social.

Si Sus Señorías lo estiman conveniente, no tengo ningún inconveniente en pasar revista a la situación pormenorizada del personal de todos y cada uno de los centros de menores, pero creo que eso sería una relación exhaustiva, y, quizás, de las aportaciones, de las sugerencias, de las preguntas que Sus Señorías hagan en sus intervenciones, podremos concluir en prestar un mejor servicio a los centros de menores, a los menores en ellos internados y, subsidiariamente, al personal que en ellos trabaja. Sin perjuicio de que, como me acompañan tanto el Secretario General de la Consejería, responsable del personal desde el punto de vista administrativo, cuanto la Directora General de Servicios Sociales y Consumo, responsable directa del funcionamiento de los centros, puedan intervenir, si la Presidencia lo estima conveniente, en aclarar las dudas que puedan surgir en el curso del debate.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Renunciando al tiempo de suspensión que nos marca el Reglamento, de acuerdo con los Portavoces de los Grupos, abrimos un turno para formulación de preguntas y observaciones por parte de los Grupos Parlamentarios. ¿El Grupo Mixto quiere intervenir? ¿El Grupo del CDS? Tampoco. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Agradecer, en primer lugar, la comparecencia del señor Consejero y de los altos cargos de la Consejería ante esta Comisión y su intervención, que yo creo que ha sido breve y concisa, aunque no nos ha aportado demasiadas novedades sobre lo que ya conocíamos de la política, o de la falta de política, tal vez, de la Consejería en el tema que nos ocupa. Y luego hacer alguna breve reflexión, siguiendo más o menos el hilo de la intervención del señor Consejero.

En primer lugar, partimos de un estatuto que aprueba el nuevo equipo de gobierno en sustitución de la normativa estatal, por la que se venían rigiendo los centros de menores de la Comunidad Autónoma, en Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, estatuto que es absolutamente contestado por los trabajadores de los centros y que es contestado por la mayoría de estas Cortes, que, en un acuerdo de la Comisión de Bienestar Social de Abril del año pasado, solicita de la Junta de Castilla y León su modificación en base a unas consideraciones que son aprobadas por la mayoría de los Grupos. Me alegra que el señor Consejero en esta sesión haya empezado por reconocer que el proyecto, vamos, que el estatuto que se aprobó en Diciembre del año ochenta y ocho podía ser demasiado intervencionista. Este reconocimiento, señor Consejero, es un reconocimiento tardío; no quiero hacer citas del debate de la Comisión de Bienestar Social del año ochenta y nueve, en esta Comisión. Pero, en aquella Comisión, el Grupo del cual usted es miembro, además de ser miembro de la Junta de Gobierno, no reconoció aquello. Es decir, han tardado ustedes, ha tardado usted, señor Consejero, dos años en reconocer los problemas de aquel Estatuto.

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La Resolución de la Comisión de Bienestar Social de las Cortes le pedía a usted una modificación urgente, y se lo pedía en Marzo de mil novecientos ochenta y nueve. En Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve usted me contesta a una pregunta parlamentaria, formulada por este Procurador, diciendo que se han abierto conversaciones, que se ha presentado un proyecto y que "en el plazo más breve posible se espera concluir la modificación definitiva del Estatuto" -repito literalmente-. Como usted viene de la Universidad, señor Consejero, me permitirá el utilizar un símil universitario: ha tardado usted cuatro convocatorias; estamos en Septiembre de mil novecientos noventa, cuando ha modificado usted un Estatuto cuya modificación era urgente en el año mil novecientos ochenta y nueve. Y esto ha producido una situación realmente seria y preocupante en los Centros de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma; hasta tal punto que los propios profesionales de esos centros dicen, en algunas intervenciones ante los medios de comunicación cuando solicitan la dimisión de la Directora General por considerar que su política es inadecuada, que el Estatuto está derogado, porque en esa convención han venido funcionando los centros de menores el último año y medio. El Estatuto de Diciembre del ochenta y ocho no está derogado, lo que sucede es que, pura y simplemente, no se ha cumplido, no se ha aplicado de la A a la Z. Ha sido un Estatuto que en todos los centros, realmente, no ha funcionado, y esto sí que ha generado una situación de vacío legal. Porque cuando los centros son transferidos por la Administración del Estado hay una normativa que, mal que bien, se cumplía, mal que bien, se cumplía. Pero ustedes, al haber promulgado una nueva normativa que sustituye a la anterior y, al no hacerla cumplir, han provocado una situación tal de indefinición que los propios profesionales encargados de cumplir esa normativa y de aplicarla piensan que está derogada, porque tardan ustedes un año y medio en cumplir la resolución de estas Cortes. Y, además, tardan ustedes un año y medio en darse cuenta de que lo que decía aquella Resolución de las Cortes que presentó el Grupo Socialista era razonable.

Ustedes han llegado a la Comisión de Menores, en donde están representados los Sindicatos del personal, diciendo que admitían el hecho de que el Director de los Centros tuviera funciones pedagógicas; que admitían que hubiera un Subdirector en cada centro con funciones gerenciales. Todo esto se decía en la Resolución de Abril; han tardado ustedes años y medio en admitirlo, pues, ¡bienvenido sea!, pero la verdad es que no son ustedes unos alumnos demasiado aplicados. Y tardan ustedes un año y medio en darse cuenta de que uno de los problemas fundamentales del funcionamiento de los centros es el Estatuto del Educador. Bueno, seguimos esperando a que venga un Estatuto del Educador, que aquella Resolución de las Cortes de hace año y medio demandaba con carácter urgente.

Y ante esto hay que hacer alguna consideración, porque nuestro Grupo ha intentado siempre ser muy responsable en la política de menores. Nosotros hemos conocido que ha habido problemas importantes en algunos centros, problemas, incluso, de orden público, en alguno de estos centros, y nunca hemos hecho de ese tema, porque nos parecía extraordinariamente delicado, cuestión de enfrentamiento entre los Grupos. Pero es que, en estos momentos, la situación de deterioro que se está percibiendo en los centros de menores, a quien está perjudicando realmente es, como usted decía en su intervención, al destinatario del servicio. Porque el caos administrativo en donde se traduce no es en que los funcionarios dejen de cobrar, o que los contratados laborales dejen de cobrar; cobran lo mismo, más, probablemente. El caos administrativo se traduce en que los centros funcionan peor y que los que sufren este peor funcionamiento de los centros son los menores.

Y, en este sentido, a mí me gustaría saber si la Consejería y la Dirección General tienen alguna política definida. Porque, de alguna de sus frases, de las frases de su intervención, yo sigo pensando que ustedes siguen navegando, sinceramente navegando, en las cuestiones de los centros de menores.

Usted ha dicho, señor Consejero, que el personal de los centros debía tener la titulación, capacidades y cualificación profesional adecuadas; nunca vamos a dejar de estar de acuerdo los Socialistas en esa cuestión, aun en contra, a lo mejor, de los intereses de algunos de los trabajadores de estos centros, nunca vamos a dejar de estar de acuerdo en esta cuestión. Pero es que ustedes han permitido -y han sido ustedes, no la Admnistración anterior- que, a través de pruebas de promoción interna, personas sin ninguna titulación ni cualificación profesional accedieran a plazas para las cuales ahora usted nos viene a decir que es necesaria esa titulación y capacidad profesional, y le podría poner ejemplos concretos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir permitiendo que la promoción profesional se haga sin tener en cuenta requisitos de titulación, o no? Y ambas dos soluciones tienen ventajas y tienen inconvenientes, pero tienen ustedes que optar, porque son ustedes los que gobiernan y no nosotros. Y nosotros, desde luego, les prestaremos nuestro apoyo si entendemos que su política es razonable. Pero no se puede estar permanentemente en misa y repicando; es decir, no se puede decir que el personal tiene que tener la titulación exigida, someter este criterio a las centrales sindicales, como una especie de freno o valladar para algunas de sus reivindicaciones, y luego, en la práctica, hacer concesiones parciales que invalidan la aplicación de ese criterio general. Y esto a mí me parece realmente serio.

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Usted, señor Consejero, ha dicho que hay que racionalizar las plantillas. Y mire usted, señor Consejero, el cambio en la política de internamiento de menores que se ha operado en España en los últimos años -yo creo que por consenso de todas las fuerzas políticas- está definiendo el internamiento de menores como adecuado a situaciones realmente conflictivas; en la medida en que el menor no parte de esa situación conflictiva de origen, se buscan otras soluciones. El internamiento es la última solución, y en la práctica se está modificando la composición de los internos de los centros de menores. La composición de los internos es mucho más problemática; son personas con problemas caracteriales, en algunos casos, en otros casos son personas que realmente son conflictivas en el propio núcleo familiar -no es el núcleo familiar el que es conflictivo en sí, sino la situación del menor en el núcleo-, y esto, ¿a qué nos obliga? Pues nos obliga a que los centros de menores, bueno, de alguna manera, al recibir un contingente humano de personas atendidas, que es más conflictivo y que tiene necesidades más amplias, pues sea superior, y la atención que se preste a estas personas tenga que ser mucho más especializada. Y, sin embargo, usted nos ha venido aquí a decir que van a remodelar las plantillas y van a reordenar las plantillas para disminuir el coste, para disminuir el coste. Y esto, además, tiene traducciones concretas en actuaciones también concretas de la Consejería: ustedes están sustituyendo contrataciones de personal de la Junta por conciertos con entidades privadas. De alguna manera, existe una reconversión del sector de menores hacia la minoración de costes, cuando, precisamente, la evolución de las personas atendidas en esos centros lo que haría necesario es un incremento, un incremento en el número de personas que atienden a cada niño de los internados.

Evidentemente, seguimos pensando que ustedes no saben a dónde quieren ir, no saben a dónde quieren ir. Probablemente fueran necesario que hubiera, a lo mejor, menos centros en la Comunidad Autónoma, pero cada uno de esos centros tendrá que tener un ratio mejor de personas por... de personas, de funcionarios, vamos..., perdón, de personas laboral, en cuanto al número de niños atendidos. Y, sin embargo, usted parece que va... nos anuncia una reconversión en una dirección contradictoria.

Tendríamos que hablar mucho tiempo del centro más conflictivo, que es el "Zambrana", porque también en este centro se están planteando situaciones realmente preocupantes, y ahí tenemos que ser claros. Nosotros vamos a seguir apoyando que la Comunidad Autónoma haga el uso más dirigente de sus competencias, y, en este sentido, no entendemos cómo es posible que en ese centro, por ejemplo, se estén internando chavales que provienen de otras Comunidades Autónomas, chavales extraordinariamente conflictivos, a los que se está planteando su alejamiento del entorno en el que vivían como una especie de solución terapéutica a sus problemas, y eso nunca ha sido una solución a nada. Bueno, tendremos que buscar entre todos una solución, y, desde luego, el Grupo Socialista le ofrece su colaboración a la Consejería. Pero el deterioro al que se está llegando en el centro "Zambrana", cuya situación, en estos momentos, sería contradictoria con muchos otros centros y que, realmente, es francamente preocupante, pues es también para discutirla en serio.

¿Qué es lo que va a pasar cuando el nuevo Estatuto sea informado, la Comisión de Menores de los Sindicatos con los representantes de la Administración -que, por cierto, son funcionarios, no altos cargos- llega a algunos acuerdos y se promulga definitivamente el nuevo Estatuto de Centros de Menores? Bueno, pues, a nuestro entender, existe riesgo, existe el riesgo de que, al ser el único foro de discusión que tiene en estos momentos abierta la Consejería, un foro de discusión eminentemente laboral, se aborden los problemas desde una perspectiva laboral. Y, por ejemplo, el Estatuto del Educador no tiene, precisamente, todas las connotaciones laborales, también tiene algunas connotaciones educativas interesantes, que precisamente son las que, de desarrollarse en serio, podrían permitir una solución razonable de los problemas que indicaba el señor Consejero. En este sentido, la Junta tiene que hacer frente a sus responsabilidades; tendrá que negociar con los sindicatos las cuestiones laborales de los centros, pero también tiene que tomar decisiones, que es lo que no ha hecho y lleva año y medio sin hacerlo, sobre qué tipo de personal quiere y qué tipo de personas necesita en cada uno de los centros. Y no puede seguir postergando mes tras mes, pues, cuestiones tan elementales como son las que se indicaban en la resolución que adoptó la Comisión de Bienestar Social hace ya más de un año y medio en esta Cámara.

Por resumir, señor Consejero, y por concluir esta primera intervención. Están ustedes reconvirtiendo los centros de menores hacia la privatización. Han permitido ustedes, sin yo creo que mover demasiados dedos, el cierre de centros de Diputaciones Provinciales. Están, de alguna manera -y usted nos lo ha anunciado aquí-, intentado disminuir las plantillas de los centros, sustituyendo contrataciones de personas que antes dependían directamente de la Junta por otro tipo de contratos que dan más autonomía al sector privado. Siguen sin tener una política clara de personal. Por un lado, dicen que el personal tiene que estar titulado; por otro lado, permiten la promoción interna de personal sin titulación; y luego, por otro, anuncian a los representantes sindicales que hay que discutir de qué manera se hace el reciclaje del personal no titulado, para que continúe haciendo las funciones que hacía, incluso le ofertan ustedes algunas mejoras laborales, que nosotros apoyamos, pero que no van en la línea de lo que usted nos ha indicado aquí, como es pasar a los maestros de taller de grupo tercero a grupo segundo, si mis informaciones no son equivocadas.

El Estatuto de Diciembre del ochenta y ocho no lo han podido aplicar, que era exactamente lo que nosotros dijimos cuando se aprobó. Han aprobado ustedes un nuevo Estatuto, en Septiembre del año ochenta y nueve, que cuando se apruebe definitivamente, con todas las sugerencias de las centrales sindicales, probablemente peque por defecto de lo que el anterior pecaba por exceso: el anterior era excesivamente ordenacista, tenía casi cien artículos; este tiene muchos menos. Pero, además, es que lo que tiene, lo que dice no es demasiado. En este sentido, puede suceder que en unos centros, ya acostumbrados durante este año y medio a incumplir la normativa en vigor, pues, encuentren en este nuevo Estatuto un nuevo pretexto para no cumplir ningún tipo de normativa.

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A nosotros nos preocupa la situación de los centros de menores en la misma línea de lo indicado por el señor Consejero; nos preocupa la situación de los menores. Pensamos, sinceramente, que, en buena medida, es el personal de los centros el que mejor garantiza un mejor servicio a estos menores. Y, en este sentido, al hacer nuestra petición de comparecencia, esperamos que la Junta de Castilla y León rectifique los muchos errores cometidos en política de personal, en los centros de menores, durante estos dos últimos años. Porque, desde luego, lo que sí hace suyo el Grupo Socialista es una afirmación de algunos colectivos de educadores -que yo sé que a usted se lo han transmitido directamente los propios interesados-, y es que a los trabajadores de los centros en estos momentos no les cansan los niños, lo que les aburre, fundamentalmente, es el mal funcionamiento de la Administración, de su Administración, señor Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Eguiagaray.

EGUIAGARAY MARTINEZ

EL SEÑOR EGUIAGARAY MARTINEZ: Gracias, Presidente.

Hoy, en primer lugar, como es natural, quiero agradecer al señor Consejero su presencia y las explicaciones que nos ha dado sobre este tema.

Y señalar, también, que yo ya estoy acostumbrado el ver cómo en esta Comisión se suscitan, con frecuencia, problemas o temas que tienen poco que ver con el enunciado de la convocatoria, que dice: "situación de personal de los centros de atención a menores de la Junta de Castilla y León", y, en cambio, se habla de cierre de centros de las Diputaciones, o se habla de menores de otras Comunidades..., cosas que tienen poco que ver con el tema que nos trae hoy aquí, a esta reunión. Es evidente que esos temas yo creo que son muy importantes y que merecerían, quizá, el que se trataran aquí mismo; pero, desde luego, no es el tema de nuestra convocatoria.

Y respecto a la intervención del señor Consejero, sólo le pediría una matización en una afirmación que ha hecho, que ha señalado como un axioma: que es prioritaria la situación de los menores sobre el personal. Eso, filosóficamente, pues, lo suscribimos plenamente, pero quizá habría que matizarlo. Porque, si bien considero que no es lícito que los funcionarios o el personal laboral de las instituciones que se dedican a la atención de menores pretendan señalar la política en este punto concreto, es verdad que habrá que escucharles, pero no basar... no deben ser ellos los que señalen la política, que la política debe señalarla la Junta y en unión de estas Cortes.

También es cierto que para que los centros funcionen bien es preciso que los funcionarios también, y el personal laboral, pues, tenga una situación clara y una situación de satisfacción, para que su funcionamiento sea lo más eficaz posible.

Y nada, repito mi agradecimiento al señor Consejero, y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Señor Consejero, tiene la palabra para formular las contestaciones.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente, sin perjuicio de que mis colaboradores intervengan en algunos puntos concretos, puesto que ellos han participado en las conversaciones a las que en reiteradas ocasiones se ha referido el Portavoz del Grupo Socialista.

Comienza, cómo no, su intervención el señor Granado diciendo que de lo que yo he dicho aquí, pues, que no hay nada nuevo, que no hay nada que no fuera conocido por él, cosa que, evidentemente, no me sorprende, porque ya estoy acostumbrado a que los papeles que yo traiga aquí los conozca con anterioridad el señor Granado. Luego, por lo tanto, es, una vez más, pues una referencia a algo que venimos constatando, pero que, por otra parte, tampoco nos preocupa en demasía.

Dice que hay una falta de política en el tema de menores. Evidentemente, ése es el prisma, respetable, del Portavoz del Grupo Socialista. Yo creo que hemos dicho que estamos racionalizando el funcionamiento de los centros de menores, que se ha reestructurado todo el funcionamiento de los menores en esta Comunidad Autónoma y que se está avanzando sensiblemente en el tema. ¿Que no estamos en el óptimo? Evidentemente. Ni nosotros, ni nadie estará en el óptimo de ese tema, porque el óptimo sería que pudieran desaparecer los centros de menores porque desaparecieran las circunstancias que obligan a mantenerlos. Pero creo que existe una política clara sobre lo que queremos hacer con los niños, sobre lo que queremos hacer con los centros y sobre lo que queremos hacer con el personal.

Ha hecho una referencia reconociendo en mi intervención el primer Estatuto de Centros, que fue, efectivamente, exhaustivo, y a mí no me han dolido prendas en decirlo. No he dicho en ningún momento que fuera un mal Estatuto de Centro; lo que he dicho es que no se podía aplicar en todos los centros de la Comunidad Autónoma, y, en cualquier caso, eso lo detectamos al poco tiempo de aprobarlo.

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Dice que con la entrada en vigor de ese nuevo Estatuto, tan exhaustivo, que sí lo era, habíamos derogado la legislación estatal que venía funcionando. Esto ya, esto ya es algo que, si no fuera por lo dramático del tema, haría sonreír a cualquiera. Porque, desde luego, yo puedo asegurarle al señor Granado que yo he recorrido bastantes de los centros en el momento de mi toma de posesión, y no había normativa ninguna, prácticamente, ni estatal ni de la Comunidad. O sea que, realmente, si el que hicimos nosotros era exhaustivo y no se cumplía, desde luego, la normativa estatal no se cumplió en ningún momento, y podemos demostrarlo cuando quiera.

Por lo tanto, el primer Estatuto de Centros que se aprobó no fue un mal Estatuto de Centros, sino demasiado exhaustivo, demasiado pormenorizado y, desde luego, no aplicable al 100% de los centros.

Y a continuación hace una referencia a que hemos tardado -y me remite a mi situación universitaria- cuatro convocatorias en aprobar esto. Mire, no es así. No han sido cuatro convocatorias. En cualquier caso, el Consejero que le habla, en toda su carrera universitaria no tuvo nunca necesidad de concurrir a segunda carrera universitaria, y tengo un buen bagaje de matrículas de honor en mi expediente, que le puedo enseñar a Su Señoría si lo tiene a bien. Pero si nosotros tardamos cuatro convocatorias invocando que vamos a tardar dos centros... o dos años, perdón, en aprobar el Estatuto de Centros, ocho convocatorias tuvieron Sus Señorías para tratar de poner un poco de orden en el tema.

Me sorprende que no haya hecho referencia a las condiciones en las que la competencia de menores se transfiere desde el Estado a la Comunidad Autónoma, para que nos hubiera preguntado, cuando con motivo de la Ley de noviembre se transfieren determinadas competencias a la Comunidad, que antes no tenía, cuál ha sido la dotación económica que el Ministerio de Justicia, o la Administración Central, dotación en material, en personal y en dinero nos ha dado para asumir esa nueva competencia. Cero personas, cero pesetas, cero locales. Esa es la realidad de las transferencias que nos hizo el Ministerio, o el Gobierno Central en relación con el tema de menores, por la modificación legal que nos hacía asumir aquellas competencias.

Así que, señor Granado, si hemos sido malos alumnos, aplíquese el cuento del "maestro ciruela", que, no sabiendo leer, puso escuela.

No sólo nos preocupa la situación del personal laboral, sino también el Estatuto del Educador, y estamos trabajando en el tema. Usted sabe que hay sentencias de la Magistratura, en algún centro, en el que se habla de la cualificación docente o no docente del educador; pero no es una sentencia aplicable, sensu estricto, a la totalidad del personal educador. Y lo que estamos debatiendo en este momento, cuáles son las misiones del personal educador, cuáles son los horarios y las funciones de este personal, porque, a lo mejor, resulta que para las misiones que tienen que realizar, o que puedan tener que realizar los educadores, nos sobran educadores y nos falta otro tipo de personal. Por eso estamos racionalizando las plantillas.

¿Que estamos navegando? Evidentemente. Estamos navegando, pero creo que con buen rumbo. No estamos anclados, que a lo mejor es lo que a Su Señoría le hubiera gustado. Estamos, desde luego, navegando, pero creo que con un rumbo positivo.

El tema de la titulación adecuada de los trabajadores para determinadas funciones, estamos hablando. Ahora le contestarán al tema de la promoción interna, cómo se ha hecho, por qué se ha hecho y para qué se ha hecho.

Porque hay un tema de discusión sobre cuidadores, educadores y personal docente, y usted sabe que no es fácil de delimitar y que las propias sentencias de la Magistratura no están absolutamente, o no son absolutamente clarificadoras al respecto.

Y si usted nos acusa a nosotros de entrar en contradicción, yo, justamente, tengo que decirle a Su Señoría lo mismo. Porque si en su primera intervención, o en la primera parte de su intervención, empieza Su Señoría -y estamos de acuerdo desde la Junta de Castilla y León- que el internamiento debe ser un recurso último, que hay que buscar recursos alternativos, eso es perfectamente coherente con que vayamos a una reestructuración de las plantillas. Porque no se trata de tener menos niños internados y más personal en los centros, sino hacer una adecuada ratio personal trabajador/menores alojados en el centro, y como los menores esperamos y deseamos todos -estoy seguro- que cada vez sean menos, pues habrá que replantearse qué hacemos con el personal si no tienen niños a los que educar o a los que cuidar. Luego, por lo tanto, no está ahí la contradicción.

Ha hecho una referencia que no me parece, cuando menos, yo le diría, no me parece muy socialista, respecto al internamiento de menores conflictivos de otras Comunidades Autónomas en el centro Zambrana. Usted sabe que los niños que van al Zambrana -el día que lo abramos definitivamente, ahora estamos en precario- son niños especialmente conflictivos, son menores especialmente conflictivos y que requieren una atención, un cuidado, una vigilancia, en resumen, especial. Y que estos niños, por desgracia, no son sólo privativos de nuestra Comunidad Autónoma, y, como desde nuestro Gobierno sí somos solidarios con el resto de las Comunidades Autónomas de España, entendemos que no es razonable que, teniendo un centro con muy baja ocupación en la Comunidad de Castilla y León, la Comunidad de la Rioja, o la Comunidad de Cantabria, o alguna otra Comunidad, con poca población, tenga que abrir un centro para tener esos menores. Eso se llama solidaridad interregional, señor Granado, y, desde luego, no nos avergonzamos de ello. Por supuesto que esas Comunidades satisfacen el costo de la plaza de esos menores que se alojan en nuestros centros.

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Estamos, pues, reconvirtiendo, no estamos yendo a una reprivatización. Ha ido a un tema referente a las Diputaciones, al que yo creo ya le ha contestado el Portavoz del Partido Popular. Nosotros no entramos en los temas de la Diputación cuando son de su exclusiva competencia, y concertamos con las Diputaciones. Parece que estamos reprivatizando todo. Pues no. Mire, las plazas que estamos concertando lo hacemos mayoritariamente con Diputaciones, precisamente para dar utilidad a esos centros que las Diputaciones deciden, en el libre ejercicio de su autonomía, proceder a cerrar.

Yo sé que al final, señor Granado, el Estatuto, salga como salga, no le va a gustar a Su Señoría; yo creo que sería la primera vez que algo que hagamos desde la Junta le guste. El primero le parecía excesivo; el que saquemos, y ya está haciendo un juicio de valor, porque, evidentemente, lo hemos sacado a información pública-, Su Señoría parece que ya sabe cuál son las alegaciones que vamos a incorporar y qué es lo que vamos a modificar cuando promulguemos el Decreto definitivamente, pero ya, a priori, empieza a decir que no le gusta tampoco. Quiero decir que aquí ha corrido usted demasiado y, de alguna forma, ha puesto las cartas boca arriba antes de tiempo: sea lo que sea el producto terminal del borrador de Estatuto que nosotros elaboramos y de las alegaciones que se nos hayan presentado, en cualquier caso el resultado será malo, será no utilizable y, además, no será de aplicación en los centros.

Evidentemente, señor Granado, con afirmaciones como esa, pues, yo creo que todas las demás observaciones hechas en su intervención, pues, son difícilmente sostenibles.

Que a los trabajadores no les cansan los niños. Evidentemente, en algunos centros donde hay muchos más trabajadores, muchísimos más que niños, ahí desde luego les cansan poco. Y lo que estamos haciendo -y ya casi con esto contesto al Portavoz del Grupo Popular-, cuando realizo la afirmación de que lo que nos preocupa prioritariamente es la situación de los niños frente a los trabajadores, no quiero decir que vayamos a deshacernos de trabajadores, ni a fusilarlos, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que, si en un centro hay pocos niños y muchos trabajadores, y en el centro de al lado hay pocos niños y..., o pocos niños-muchos trabajadores, muchos niños-pocos trabajadores, lógicamente, en una racionalización de plantillas, algún trabajador se verá perjudicado; pero se beneficiarán los niños que tendrán una ratio adecuada, y no estaremos, por otra parte, derrochando personal allí donde entendemos que lo hay en demasía. Esa es la referencia que yo he querido hacer. Pero, al mismo tiempo, he hecho yo creo que repetidas alusiones al respeto escrupuloso de los derechos de los trabajadores y de las situaciones personales. Pero, insisto, sin perjuicio a que en determinadas ocasiones, pues, haya que ir a esa reconversión, aumentando plantillas en unos centros y reduciéndolas en otros, en función, insisto una vez más, de la racionalización.

Y, ahora, si el Presidente lo tiene a bien, posiblemente desde la Secretaría General y desde la Dirección General matizarán algún detalle de conversaciones a las que, como puede entender el Portavoz del Grupo Socialista, no asiste regularmente el Consejero, sino que lo hacen los altos cargos de la Consejería y, en su caso, los técnicos de los propios servicios competentes en el tema.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): La Directora General de Servicios Sociales tiene la palabra.

MARTIN GONZALEZ

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CONSUMO (SEÑORA MARTIN GONZALEZ): Gracias, Presidente. Yo sólo quiero añadir algo más, con relación a lo que ha dicho el Consejero, que estoy totalmente de acuerdo, lógicamente. Algo referente a lo que se ha dicho de que no tenemos política en los centros de menores, que vamos un poco navegando, casi queriendo decir que a la deriva.

Yo quisiera recordar que en este mismo año se han presentado los planes regionales de acción social en las siete áreas que componen los servicios sociales, entre ellas, lógicamente, está el tema de menores, juventud y familia. Por lo tanto, ahí, en estos planes está exactamente toda la política que se va a hacer, o toda la filosofía que se tiene desde la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, en el tema de menores, juventud y familia. Por tanto, no se está haciendo algo puntual, sino algo muy lógico y muy seguido.

Si de algo -y permítame que lo diga en singular-, si de algo estoy satisfecha, o contenta, de lo que se está haciendo, no de lo que ya se ha hecho, sino de lo que se está haciendo -por tanto, estamos caminando y hasta el final del camino no podremos estar satisfechos de ello-, pero si de algo estoy contenta es exactamente de lo que se está haciendo en menores. Concretamente, es curioso pensar que, precisamente, se ha pedido mi dimisión en algo que se está, a mi juicio, caminando, por lo menos, con paso seguro. Lógicamente, todo cambio de estrategia tiene, pues, sus momentos de levantar ampollas, y es normal, y lo asumimos.

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Hay que reconocer que cuando llegamos a la Dirección General existían unas subvenciones puntuales que se hacían a centros de menores, subvenciones puntuales que en ningún caso se hacían cada año inferior al año anterior, y el criterio, pues, lógicamente, lo tendría la persona que estaba en la Dirección General, pero que, bueno, pues, a mí, como yo no heredé su criterio, porque el suyo era suyo y se lo llevó a su sitio de trabajo, pues, yo no tenía. Me pareció que era mucho más adecuado el hacer unos convenios con las distintas instituciones y así se lo comenté al Consejero, y el Consejero, lógicamente, estaba totalmente de acuerdo conmigo. En el sentido de, sobre todo, sobre todo, el pagar las estancias de los menores en lugar de dar ese tipo de subvenciones, que, lógicamente, pues, eran un poco discreccionales, o, a lo mejor, tenían un criterio fijo, pero que a mí se me escapaba, como digo, porque yo llegué sin conocerlo. Me parecía mucho más adecuado que nuestras competencias son la atención a los menores y, por tanto, indirectamente estábamos pagando a los centros, indirectamente estábamos pagando a los trabajadores, pero directamente estábamos... vamos a pagar las estancias de menores; y allí donde haya ocho niños se pagará como ocho y donde haya cuatro se pagará como cuatro. Independientemente de ello, por supuesto, se va a hacer un seguimiento exhaustivo de dónde va y cómo se está haciendo la gestión en esos centros. Por tanto, política existe, en cuanto existen unos planes que están a punto de publicarse y que han pasado por todas las vicisitudes y todos los pasos que han tenido que pasar.

Con relación a eso mismo, se ha hablado aquí de desinternamiento. Si en esos planes, si se ve, si se leen esos planes con atención, pues, desde luego, el desinternamiento es evidente: vamos hacia los acogimientos familiares, hacia... incluso, se firman unos convenios pilotos con tres distintas... para tres distintas actuaciones de atención directa a la familia donde están los menores de riesgo. Se van a firmar, o se han firmado ya, convenios con todas las Diputaciones... falta alguna, pero se van a firmar con todas las Diputaciones, primero, para niños de cero a cuatro años, y a continuación, y a lo largo de este trimestre, para niños de cuatro a dieciocho años. Así también con otras entidades, aunque no sean públicas, sino que son privadas, porque entendemos que los niños deben de estar fuera de los grandes centros, fuera de los macrocentros, porque la atención es mejor. Por eso es por lo que vamos hacia los hogares tutelados, hacia los acogimientos familiares y, como digo, la atención, sobre todo, a las familias con menores de riesgo, porque entendemos que es más importante el prevenir que muchas veces luego la actuación final.

El estatuto de centros, efectivamente, era exhaustivo. Y no tenga miedo Su Señoría si piensa que éste que se está... que ya está, pues, para que se informe públicamente en el Boletín de Castilla y León, cuyo plazo terminó ayer quince, pues, no tenga miedo de que sea demasiado corto, porque, a continuación de eso, se le va a exigir a cada centro que haga su reglamento interior, porque entendemos que ellos, cada centro tiene que hacer su reglamento de orden interior, que, por supuesto, van a enviar a la Consejería de Cultura y Bienestar Social y se les va a hacer las sugerencias de la misma forma que se nos han hecho a nosotros con relación al estatuto nuestro.

Como ve, creo que estamos caminando. El estar satisfecho de caminar no es suficiente, tendremos que llegar. Y, por supuesto, entendemos que se están levantando ampollas, porque nuestra atención principal, como ha dicho ya el Consejero y como todos ustedes creo que están de acuerdo, es la atención de los menores y en eso estamos; no sólo de cero a cuatro años, sino de cuatro a dieciocho años.

De todas maneras, es bueno puntualizar, quizá, que si no estamos haciendo algo, pues, aquí figuran las últimas actuaciones. Aparte de la elaboración, como digo, de los planes regionales, se ha aprobado un Decreto por el que se reglamenta la adopción; se ha elaborado también un manual para esta misma adopción. Se han firmado, como digo, los convenios con las distintas corporaciones locales y con las distintas instituciones privadas. Se ha firmado otro convenio de investigación para... investigación piloto con Guardo, Palencia, Riaza, Segovia y Barrio España (Valladolid), para familias de alto riesgo con menores efectivamente también de alto riesgo. Se han firmado convenios con Cruz Roja y Cáritas para estas mismas actuaciones. Se están, además, tramitando las subvenciones y las ayudas a guarderías infantiles y entidades sin ánimo de lucro, igual que se hacía hasta ahora, vamos, igual, me refiero que se siguen haciendo tramitaciones de subvenciones. Se ha puesto en funcionamiento el centro regional "Zambrana", aunque, efectivamente, en plan provisional, pero ya está funcionando. Y se ha abierto otro centro para menores asociales y desadaptados en el centro "La Inmaculada" de León. Estas son las últimas actuaciones que se han hecho en menores, y creo que es caminar, llegar; si el tiempo lo permite y Dios también, pues, llegaremos.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): El señor Secretario General de la Consejería tiene la palabra.

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EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ DE SANTIAGO): Sí. Yo voy a ser mucho más breve. Sólo quizá completar la información de la que siempre hace gala el señor Granado. Y es, en lo que a mí respecta, afirmar aquí. Ha habido en todo momento una gran fluidez en la negociación con las centrales sindicales para el tema laboral de los trabajadores de los centros. Eso es algo que, en un momento determinado, se podía haber puesto en tela de juicio, porque fue inmediatamente después del verano cuando surgieron esas manifestaciones y cuando yo retomé esa situación para ver qué había cambiado desde la última reunión, que había sido inmediatamente antes de marcharme yo de vacaciones, y la siguiente, que era principios de Septiembre, mediados de Septiembre, no recuerdo bien. En definitiva, no había cambiado nada. El tema estrictamente laboral se reconducía a un problema de noches, que seguro que conocen todos ustedes. Ese problema de noches está íntimamente vinculado al carácter docente, educativo, cuidador de los trabajadores, y es el que, de alguna manera, no ha tenido solución hasta este momento. Y yo quería anunciarle al señor Granado que en este momento ya le tiene. Después de muchísimas horas de negociación, resulta que el problema se ha conseguido solucionar con tres trabajadores de una nueva categoría profesional en tres centros concretos. Y hemos negociado casi un año. No existen, a mi juicio, otros problemas graves en materia, digo, estrictamente laboral, porque lo que cita él de la promoción del personal laboral, lo conoce el señor Granado, lo puede conocer la Comisión, es una política única en la Junta: no hay más política de promoción que aquella que dicta, de alguna manera, la Consejería de Presidencia, y con esos parámetros yo me negaría, sin saber a qué casos se refiere, a aceptar que ninguno de esos casos sea contrario a la legislación que existe para esa materia. Por tanto, yo no sé qué casos pueden ser, quizá en algún caso las propias centrales sindicales hayan querido reconocer -caso de celadores- que podía hacerse esa promoción. Si ése es el caso, señor Granado, es una tradición del anterior Gobierno que se hiciera así. Y gran parte del problema de las noches viene de la promoción o reclasificación que se hizo de un sinfin de celadores que pasaron a la categoría de educador. Con matices, pero yo creo que ahora no es el tema de debate.

Y, en definitiva, decir que sí existe y sigue existiendo -esta tarde yo espero celebrar la última reunión con la mesa sectorial en la que están representadas todas las centrales sindicales- una fluidez en esa negociación, que está llegando a buen puerto. Es bueno recordar que las consecuencias de que en ese aspecto laboral se llegue a acuerdos son inmediatamente vinculadas a lo que la Directora ha dicho aquí, porque no se puede dejar de ver que de una política educativa determinada surgen consecuencias necesariamente en los horarios, en el calendario y en lo demás. Y mientras se está negociando el estatuto, que está en plazo de alegaciones públicas, podría demagógicamente decirse que no se está negociando los horarios; pero sería demagógicamente, digo, porque se sabe perfectamente que hasta que no se llegue a un acuerdo en esa parcela, no es fácil llegar a acuerdos en materia de horarios, o de calendario. En todo ello estamos en este momento yo creo negociando con fluidez, y yo espero dar esta tarde por terminada la reunión que afecta al tema estrictamente laboral, porque creo que vamos a llegar a un acuerdo sobre la definición de la categoría de educador, que yo creo que es la clave.

Nada más. Era para completar la información.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para un turno de réplica, tiene la palabra don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Agradecer al Consejero y a los altos cargos de la Consejería las explicaciones y pasar a hacer algún comentario sobre las mismas.

Mi conocimiento de los problemas es una obligación de mi cargo, señor Consejero. O sea, no me diga usted siempre que yo hablo... que tengo informaciones oscuras o siniestras de lo que pasa en su Consejería; yo hablo con los funcionarios igual que probablemente habla usted y me cuentan lo que piensan. En este sentido, pues, lógicamente, no están demasiado satisfechos. Antes oía -y no he podido por menos de sonreirme- a la Directora General decir que ella está muy satisfecha de su política en el área de menores, a pesar de que le pidan la dimisión los funcionarios; ella entenderá también que yo preferiría que los que estuvieran satisfechos fueran los funcionarios y ella un poco menos; eso sería una solución más satisfactoria para mí; también saber que está ella satisfecha me complace, pero yo preferiría la otra cuestión.

(-p.5862-)

En segundo lugar, tampoco es justo que se diga que los socialista estamos aquí constantemente encontrando lo malo de manera superficial en todo lo que hace la Junta. El señor Consejero sabe que en esta misma área de política de menores el Grupo Socialista ha hecho alabanzas, y yo mismo personalmente he hecho alabanzas, por ejemplo del Decreto que en materia de adopción publicó la Consejería, publicó la Junta de Castilla y León, presentado por la Consejería, que me parece un buen Decreto y una buena norma; y lo digo sin ningún tipo de paliativos. De la misma manera que el primer estatuto me parecía un bodrio espantoso. Parece que en mi valoración del estatuto, pues, nos vamos acercando, por lo menos nos vamos acercando, parece que ya ustedes le ven algún defecto. Y el segundo me parece que también es profundamente insatisfactorio. En este sentido, constatar que es positivo que, por ejemplo, ahora, cuando se habla de la promulgación del nuevo estatuto de centros de menores, pues, se diga que se está negociando en paralelo a determinadas cuestiones laborales, lo que no se hizo con el primero, lo que no se hizo con el primero, que se publicó sin ningún tipo de negociación. Entonces, ahora estamos haciendo de la necesidad virtud. Una vez escarmentados, habiendo publicado un estatuto que no se ha cumplido y que los propios trabajadores piensa que, como no se cumplía, es que estaba derogado, porque lo dicen públicamente, pues, ahora resulta que descubrimos las virtudes de la negociación. Bien, bien está, toda rectificación es encomiable, pero, bueno, nosotros también, pues, lógicamente, tenemos que exigirles un poco más de diligencia. Ya señalamos, cuando publicaron el primer estatuto, que tenían ustedes que haber negociado con los trabajadores. En este sentido, señalar que el primer estatuto de centros, ustedes probablemente lo promulgaron con la idea de poner un poco de orden en el sector. Pero sinceramente, señor Consejero, en estos momentos, ese estatuto lo que ha provocado es mucho más desorden, hasta tal punto que ahora ya no sabemos qué es lo que ordena nada. O sea, hasta tal punto que ahora ya no sabemos qué es lo que debe cumplirse y lo que no, porque, a pesar de que está publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, se está incumpliendo sistemáticamente. Y usted mismo ha reconocido que no se podía cumplir en todos los centros. Y en esos centros en donde no se podía cumplir, ¿qué normativa se está aplicando? Porque estos problemas a usted le parecerán realmente, pues, parecidos a los que existían en la anterior etapa. Bueno, en la anterior etapa no hubo pronunciamientos públicos de los trabajadores pidiendo ceses de Directores Generales, ni hubo problemas de interpretación normativa que hicieran decir a los directores de algún centro o a los trabajadores de un centro que no se sabía qué normativa se estaba aplicando. Y esto ha sucedido con este estatuto y con los dos otros.

Vamos a hablar de la situación concreta del personal. Reestructuración de plantillas. Vamos a ver, señor Consejero y señora Directora General. Ustedes dicen que va a haber menos menores internados, en lo cual todos estamos de acuerdo, y que va a haber más menores acogidos, en otro tipo de fórmulas sustitutivas, para a continuación añadir que el acogimiento se realiza a través de convenios con instituciones privadas y que hay que reclasificar, reordenar, disminuir los costes de personal de los centros de menores. Conclusión clara: ustedes están privatizando el sector, clarísimamente, no están dando a los trabajadores de los centros la posibilidad de pasar a esos recursos alternativos y lo que van a hacer pura y simplemente es dejar en manos de entidades privadas, algunas de ellas que merecen nuestro homenaje y otras de ellas que no merecen tanto homenaje, un sector que es responsabilidad y competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. Y, bueno, esto es lo que están haciendo ustedes. Y se cierran centros públicos. Y, claro, cuando se dice que se ha abierto un centro en León, se ha abierto un centro en León en sustitución de otro que se cerró con anterioridad, por ejemplo; o cuando se dice que se firman convenios con determinadas instituciones privadas, a lo mejor resulta que esas instituciones privadas están cumpliendo una función que antes cumplían determinados servicios públicos de la Comunidad Autónoma. Y esto es lo que está sucediendo: un trasvase de recursos del sector público al sector privado.

En cuestiones de personal, es verdad que la política de promoción la dicta la Consejería de Presidencia, pero también es verdad que aquí ha habido personal laboral que ha obtenido la categoría de educador sin ningún tipo de titulación, en función de promoción interna; y yo conozco algún caso concreto: una limpiadora en Palencia, por ejemplo. Y es verdad que eso es la política general de la Junta de Castilla y León y que está negociada con los sindicatos. De la misma manera que yo creo que es incongruente con los principios que exponía el señor Consejero en su intervención de titulación, capacidad y cualificación profesional, necesarias para acceder al puesto de educador. Entonces, yo les digo que opten ustedes de una vez, que opten ustedes de una vez. Y si quieren ustedes nuestro consenso, estamos dispuestos a discutirlo con ustedes: si van a atenerse a esos principios de titulación y capacitación profesional, o van a atenerse a los principios que con carácter general está marcando la Junta de Castilla y León, pero no nos hagan ustedes un mixto de jamón y queso. No nos marquen los principios en las intervenciones en las Cortes, y luego apliquen en la práctica exactamente lo contrario de lo que dicen; porque esto ya no es del maestro ciruela, esto es una cosa que ya, realmente, es kafquiano.

En cuestiones de negociaciones con las centrales sindicales de nuevos puestos y nuevas categorías, etcétera. Bueno, es verdad que hemos llegado a un acuerdo, que han llegado ustedes, perdón, a un acuerdo, por el cual, pues, algunas personas van a asumir la nueva función de responsable de centro, que tiene, eminentemente, labores nocturnas y con funciones custodiales; es decir, es el responsable de que los niños no se escapen. Esto es un avance, esto es un avance; es que, como los niños se escapaban por la noche, pues es necesario que haya un responsable de centro para que no se escapen. Está bien, está bien, es un paso positivo; pero, de verdad, no lo vendan ustedes aquí, ante los medios de comunicación y ante esta Comisión, como la panacea, porque es que, realmente, es un paliativo a una situación de deterioro que está, desde mi punto de vista, agravándose. Y no quiero hacer demagogia con esta cuestión, porque yo no he traído aquí, ante esta Cámara, ni lo ha hecho ningún Procurador del Grupo Socialista, ninguno de los ejemplos que nos constan y que son extraordinariamente preocupantes, de situaciones que se están planteando día a día en los centros; situaciones de orden público, casi casi.

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Qué filosofía marcaríamos los Socialistas, si estuviéramos en el Gobierno -y las elecciones dirán quién tiene que estar en el Gobierno, en Mayo del año que viene-, en los centros de menores. Bueno, pues, en primer lugar, seguimos pensando que los centros de menores son de responsabilidad pública de la Comunidad Autónoma. Si hay que reclasificar y reordenar el personal de estos centros, esas personas tienen que incorporarse a los recursos alternativos, no por la vía de los convenios privados. Las personas, los niños que están en estos momentos en los centros de menores merecen una atención probablemente más complicada y mejor que la que se les está dando, y, probablemente, con toda seguridad, necesitan una atención suplementaria sobre la que se prestaba antes, en una anterior etapa, en la que había niños que estaban en centros de protección de menores simplemente por contingencias económicas. Hemos llegado a un consenso de que esos niños no tienen que estar internados. Pero es que ahora los niños que están internados, que son mucho más problemáticos, también merecen una atención esencialmente más especializada. Y para eso no hacen falta menos educadores, señor Consejero; hacen falta, probablemente, más, si realmente queremos hacer una política compensatoria y no una política de guardia y custodia. Históricamente, la protección de menores en España ha sido la guarda y custodia de los menores, que no tenían dinero, o que tenían problemas; y no había más, y no había más. Yo creo que ustedes están dando pasos positivos para solucionarlo, en la misma manera que se dieron en la anterior etapa; pero tenemos que seguir profundizando, y su vía de privatización no profundiza esa política compensatoria.

En cuanto al centro Zambrana, sí que merece también una consideración particularizada. Mire usted, señor Consejero, cuando yo estaba hablando de chavales de otras Comunidades Autónomas que han llegado al Zambrana, no me refería a chavales de Cantabria o Rioja, porque esto sería de todo punto razonable y, en efecto, es una prueba de solidaridad. Pero es que en el centro Zambrana, en estos momentos, hay chicos de Canarias, hay chicos de Canarias, señor Consejero. Entonces, eso ya no es solidaridad, porque, mire, o hacemos un centro de carácter nacional y abierto a todas las Comunidades Autónomas para chicos muy problemáticos, y ese centro necesita un personal extraordinariamente especializado y una definición extraordinariamente clara, o hacemos un centro regional para chavales de Castilla y León, que a lo mejor tienen un menor grado de problemas, o son menos, pero tenemos que atender. Y no podemos convertir el Zambrana, que ha sido un centro maldito en la historia de la Administración Española, porque han intentado, digamos, mejorar su situación sucesivas Administraciones, sin conseguirlo demasiado -y yo acepto la parte que nos pueda tocar a los socialistas en la etapa que hemos gobernado la Comunidad Autónoma-, no podemos seguir manteniendo al Zambrana en su actual estado de indefinición, porque, o es una cosa, o es otra; lo que no puede ser son las dos cosas a la vez, porque funcionará muy mal siendo esas dos cosas a la vez.

En cuanto al Estatuto de Centros, señor Consejero, yo no he dicho que no me vaya a gustar. Me gusta el Estatuto de Centros, el nuevo que han publicado ustedes en Septiembre, mucho más que el anterior, fundamentalmente porque reconoce varias cosas: en primer lugar, que el Director de los Centros tiene funciones pedagógicas, como nosotros dijimos en las Cortes; que tiene que haber su Subdirector encargado de funciones gerenciales, como nosotros dijimos en las Cortes; y que va a haber un Reglamento interno de cada centro, que va a ser el que va a definir cómo se va a aplicar concretamente el Estatuto, adaptado a las peculiaridades de cada centro de menores, como nosotros dijimos en las Cortes. Es decir, en aquello que ustedes nos han hecho caso, nos gusta mucho más. En lo que ustedes siguen sin hacernos caso, pues, nos gusta menos; entiéndalo usted, señor Consejero. En ese sentido, es mejor que el anterior. Yo creo que si ustedes cumplen la resolución que nosotros conseguimos que se aprobara por mayoría absoluta en la Comisión de Bienestar Social, pues, de manera más exhaustiva, pues, conseguirán que nos guste mucho más, y hasta pueden conseguir que lo aprobemos. Si no la cumplen, pues, evidentemente, en lo que no la cumplen contarán con nuestro desacuerdo.

A mí me gusta que los altos cargos de la Consejería hagan hincapié en la gran fluidez con la que se desarrollan las negociaciones con las centrales sindicales; desde luego es un paso positivo. Una vez que las centrales sindicales, a través de su comité intercentros, han pedido la dimisión de dos altos cargos de la Consejería por cómo aplicaban esa misma política, pues el hablar de la gran fluidez con que se desarrollan las conversaciones significa que las cosas han ido por buen cauce. El Secretario General ha dicho que ha retomado las negociaciones. Yo no sé quién las llevaba antes. Parece ser que ha sido esa fluidez..., vamos, ese retomar las negociaciones el Secretario Regional lo que ha permitido esa gran fluidez. En cualquier caso, yo creo que estos son problemas internos de la Consejería, que no nos debieran ocupar. Yo espero que, cuando culminen positivamente, las centrales sindicales, pues, estén de acuerdo con su posición.

En cualquier caso, este Grupo no va a sumir, por principio, la posición de las centrales sindicales. Porque puede entender que, aun llegando ustedes a un acuerdo con las centrales sindicales, el acuerdo pueda tener aspectos negativos para el sector. Y las centrales sindicales plantean cosas con las que estamos de acuerdo y otras cosas con las que no.

Pero, desde luego, a nosotros lo que sí que nos parece es que, de alguna manera, de alguna manera, tienen ustedes que ser capaces de tener un mayor grado de definición política. Ustedes han hablado, tanto el Consejero como la Directora General, de los Planes Regionales de Acción Social. Permítame que les diga que me han metido los dedos en la boca, porque yo no he querido hablar de los Planes Regionales de Acción Social, entre otras cosas, porque no existen. El Plan Regional de Menores, según dice la Ley de Acción Social, es un Decreto de la Junta, que cuando sea publicado será presentado ante esta Comisión. Lo que existe es un proyecto, y es un proyecto que no se ha llevado al Boletín Oficial del Estado, porque, de haberse llevado, se hubiera observado que los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año mil novecientos noventa y uno incumplían el Plan; y entonces, se ha esperado a presentar los presupuestos, para luego presentar el plan y decir: ya sabemos que los presupuestos del noventa y uno no cumplen el plan, pero, como el plan se ha publicado con posterioridad a la presentación del Proyecto de Presupuestos, pues, así no damos esa baza política a la Oposición.

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Con todas nuestras observaciones y nuestras discrepancias con los planes regionales, nos hubiera gustado que esa exigencia de nuevos recursos que plantean se hubiera explicitado en el Boletín Oficial antes de la aprobación de los presupuestos, porque con eso contaríamos, evidentemente, con algo sobre lo que opinar, y ahora nos vamos a encontrar conque los planes todavía no están aprobados.

Esa política, la política del Plan Regional de Acción Social, que prevé nuevos equipamientos, tiene que permitir que los funcionarios a los que haya que reclasificar pasen a esos nuevos equipamientos. Si los nuevos equipamientos están concertados con el sector privado, nos sobrará personal; pero eso no será debido a ninguna necesidad objetiva, sino debido a su política de privatización del sector. Si ustedes siguen empeñados en disminuir categorías profesionales, sobre las cuales se basa la protección de menores, como es la categoría profesional del educador, pues tendrán consecuencias negativas en la prestación del servicios. Y si ustedes siguen empeñados en reducir los problemas de la situación profesional de los trabajadores a una negociación laboral, también van a plantear problemas al servicio que se viene prestando a los niños, porque no es esta la única dimensión. Existe una dimensión laboral, que ustedes tienen que negociar con las centrales sindicales; pero también existe otra dimensión, que es la de un Estatuto de funciones pedagógicas, educativas, etcétera, que es su responsabilidad, al margen de la -digamos- posible negociación laboral con las centrales sindicales, porque, tienen ustedes que definir categorías para el servicio que se preste, definir funciones de los funcionarios o del personal laboral para el servicio que se preste. Y en eso van mucho más detrás, porque como no tienen a nadie que les pinche, como en este caso eran las centrales sindicales para las cuestiones laborales, pues van ustedes mucho más retrasados.

En resumen. Pues, a este Grupo Parlamentario le gustaría que el señor Consejero, además de sus matrículas de honor en su carrera profesional, pues, también tuviera matrícula de honor en la protección de menores. Y, lamentablemente, tal y como están las cosas, pues no podemos por menos de darle un suspenso.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para un turno de réplica, tiene la palabra don José Eguiagaray.

EGUIAGARAY MARTINEZ

EL SEÑOR EGUIAGARAY MARTINEZ: Muy brevemente. Gracias, Presidente.

Tengo que hacer una cosa que no sé si es exactamente parlamentaria, pero me voy dirigir directamente al señor Granado, mi buen amigo. Porque yo no sé si en la próxima Legislatura el señor Granado estará aquí, y yo no sé tampoco, lo dudo mucho, que esté yo aquí. Y, si no estamos ninguno de los dos, lo voy a sentir, porque, realmente, yo paso muy buenos ratos con las intervenciones del señor Granado y, a veces, con nuestras pequeñas disputas. Pero, además, considerando que estamos en los dos polos opuestos... estamos en los dos polos, cronológicamente hablando, porque yo soy, como se demostró en la primera sesión, el menos joven de esta Cámara, y él es el menos viejo, a pesar de lo cual he aprendido de él muchas cosas, y he aprendido de él, sobre todo, a cómo maneja el énfasis, cómo dosifica el énfasis, y cómo hace afirmaciones rotundas de decir "que opten ustedes de una vez", para luego añadir "toda rectificación es encomiable". Y como el señor Granado -y eso lo ha dicho con gran énfasis- es muy sutil, yo no sé si al hacer esta última afirmación de "toda rectificación es encomiable", lo que está haciendo es un elogio desmedido y, efectivamente, intenso de su propio Partido.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente.

Mire, señor Granado, yo no le he cuestionado a que usted se ocupe, se preocupe y conozca los problemas del personal de la Junta; no he dicho eso. He referido de determinados documentos, que es cosa bien distinta. Y está en su perfecto derecho el funcionario laboral que a los representantes de los ciudadanos les transmite sus problemas, y está incumpliendo su deber el funcionario o el laboral que le facilita los documentos a los que tiene acceso, en función del trabajo que desempeña en una Administración, que son cosas bien distintas.

Ha hablado de la satisfacción que mostraba la Directora por cómo funcionaban los temas de menores, y usted dice que le gustaría más que estuvieran satisfechos los trabajadores. Pues mire, aunque no le guste a la Directora, no me preocupa ni la satisfacción de la Directora ni la de los trabajadores; a mí me gusta la satisfacción de los menores y de los ciudadanos que ven cómo están tratando los menores, por encima de las satisfacciones personales de los altos cargos o de los propios trabajadores de la Junta. A mí, desde luego, son los que más me preocupan.

Y, como usted bien ha dicho, pues, dentro de unos meses tendremos oportunidad de ver si los ciudadanos de Castilla y León están satisfechos de cómo se están gestionando las cosas desde la Junta, o no.

Que el primer Estatuto no le satisfizo, ya lo ha dicho y lo sabemos, porque se ha reiterado sobradamente. Yo tengo que decirle que el propio Director General, que en su día lo confeccionó, al poco tiempo me mostró su preocupación, porque, efectivamente, veía que no se podía aplicar en todos los centros, y desde ese momento se empezó a trabajar ya en plantear un nuevo Estatuto.

(-p.5865-)

Ha hecho una referencia a la intervención del Secretario General y al talante negociador. Mire, podrá acusarse a esta Consejería de muchas cosas; no, desde luego, de no tener talante negociador. Y yo podría sentar aquí, con usted, a las centrales sindicales, a todas -no algunas que decían que me gustaban a mí o me dejaban de gustar-, a todas las que intervienen en las negociaciones de la Consejería, y verá usted cómo, habitualmente, en los temas que hemos negociado con ellos, se ha llegado, si no a un consenso unánime, muy mayoritario, prácticamente siempre. No siempre, porque ahí sí estoy de acuerdo con Su Señoría: no todo lo que piden las centrales sindicales es de recibo por parte de la Administración, sea quien sea la central que lo pida y sea quien sea quien asume la representación de la Administración. A veces se da el caso peregrino de que quien hace unos años defendía los intereses de la Administración en un lado de la mesa -y nos ha pasado este año, como usted seguro bien conoce- este año defienden los intereses justamente opuestos, desde el otro lado de la mesa. Pero eso son contingencias que las elecciones nos van a deparar cada cuatro años.

El Estatuto lo sacamos, el primitivo Estatuto, con idea de poner en orden, no de poner más desorden, porque era imposible poner más desorden en lo que ya existía. Efectivamente, no conseguimos poner todo el orden que queríamos, pero, en cualquier caso, había una referencia al respecto. Usted dice categóricamente que nunca se han pedido ceses de altos cargos en la Legislatura anterior. Hombre, si quiere tiramos de hemeroteca y vemos los ceses que se han pedido de altos cargos, con más o menos razón en unos casos o en otros; pero no crea usted que la dimisión que se ha pedido de la Directora General es la primera dimisión de alto cargo que se pide en esta Comunidad Autónoma; refresque la memoria y seguro que tendrá que ver que se han pedido otras muchas dimisiones, y no sólo de Directores Generales, con anterioridad.

Bueno, yo sé que, desde una filosofía socialista, a ustedes les gustaría socializar todo, y que todo fueran empresas públicas y Administración Pública; esa es... Sin embargo, eso que está en la teoría del socialismo, pues resulta que cuando se tiene la oportunidad de aplicarlo no se aplica, y mire usted lo que se hace a nivel nacional, lo que hace el Gobierno Central, y vea usted la política de reprivatizaciones de muchas empresas que antes eran empresas públicas. Entonces, no es que estemos privatizando la Administración, es que hay en muchos temas, hay en muchos aspectos en el que funciona mejor la empresa privada que la empresa pública, y esto no lo decimos desde un Gobierno de centro derecha, sino que se hace desde un Gobierno que se dice de izquierdas en la Administración Central.

Y, en cualquier caso, estamos requiriendo la colaboración, fundamentalmente, de lo que usted sabe se llaman las Organizaciones no Gubernamentales, las ONG, son fundamentalmente asociaciones sin ánimo de lucro, y estamos muy satisfechos de la colaboración que nos están prestando. Y no debe ser algo privativo de esta Comunidad Autónoma; vea usted lo que se ha hecho desde el Ministerio de Asuntos Sociales con el reparto de determinadas subvenciones, y verá que hay muchas subvenciones que van a entidades privadas, y algunas no tan acreditadas y tan reconocidas en su solvencia y experiencia como pueda ser Cáritas Española, de cuya colaboración con nosotros, desde luego, estamos mucho más satisfechos, a lo que se ve, de lo que está el Ministerio de Asuntos Sociales, al ver cómo lo trata.

Por lo tanto, no vamos a privatizar la Junta, pero estamos en colaboración con entidades privadas, insisto, la mayoría sin ánimo de lucro, y, desde luego, en el tema de menores, con quien fundamentalmente estamos concertando es con las Diputaciones Provinciales, que, que yo sepa, todavía no son entidades privadas.

El Estatuto actual es mejor... o el proyecto de estatuto actual, que es mejor que el anterior en aquello que les hacemos caso, y es peor en aquello que no les hacemos caso. Lógicamente, eso es lo que Su Señoría tiene que decir. Pero a mí no me han dolido prendas de repetir una y otra vez en esa sala que, como nos creemos en posesión de la verdad, cuando alguien nos hace una sugerencia que parece aceptable, la incorporamos, porque, justamente, eso es lo que caracteriza a un gobierno de centro derecha frente a un gobierno mayoritario de izquierdas, que pasa el rodillo independientemente de los argumentos que se den desde el otro lado. Aquí, sin necesidad, porque los votos hoy por hoy nos permiten haber despreciado todas las iniciativas que ustedes presentan, estamos asumiendo muchas de las iniciativas que ustedes hacen porque a priori no nos parecen malas. No todo lo que surge del Grupo Socialista esta mal; lo está la mayoría, pero, mire, no todo, y aquello que no está mal lo incorporamos a nuestros propios criterios, y estamos muy satisfechos, y les agradecemos el Secretario, la Directora y yo las aportaciones que en este sentido nos hayan hecho y las que nos acaba de ofertar el señor Granado para lo sucesivo.

Ya le he dicho que las relaciones con las centrales sindicales afortunadamente son bastante fluidas desde nuestra Consejería, independientemente de que haya problemas concretos en temas concretos, y que en algunos, por supuesto, no vamos a ceder.

Y, finalmente, pues, en el tema del Estatuto del Educador, ya le ha dicho el propio Secretario General en su intervención que está en estos momentos hablando de definir la figura del educador para ver qué es lo que es el educador y ponernos todos de acuerdo para evitar luego interpretaciones e, incluso, intervenciones de la Magistratura para delimitar estos temas.

(-p.5866-)

Ha hecho una referencia casi final a los planes sectoriales. Bueno, usted sabe que hubo que aprobar la Ley, que después hubo que elaborar los planes, y que los planes han pasado con aprobación mayoritaria, y alguno de ellos creo recordar que unánime, por todos los pasos que la Ley marca para la aprobación de estos planes, y que los planes -lo dice la misma palabra-, señalan un camino en el que ese está trabajando, en el que se va a seguir trabajando, pero que, evidentemente, no están culminados ni lo estarán de forma inmediata.

Y puedo tranquilizarle: no me preocupa, no me preocupa que Su Señoría me suspenda. Tendría que admitir la cualificación del Tribunal, que niego a priori; quien niega la mayor, no le preocupa lo demás. Por lo tanto, evidentemente, insisto, no me preocupa que me suspenda Su Señoría; me preocuparía que me suspenda el electorado en las próximas elecciones, y yo estoy seguro que voy a aprobar y con nota. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): ¿Algún Portavoz de la Comisión quiere formular alguna pregunta al señor Consejero?

(Se interrumpe la sesión a las trece horas, y se reanuda a las trece horas veinticinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Se reanuda la sesión. Por parte de la Vicepresidenta de la Comisión, procédase a dar lectura a la segunda parte de la comparecencia del señor Consejero.

LA SEÑORA VICEPRESIDENTA (SEÑORA URZAY URQUIZA): Segundo punto del primer punto del Orden del Día: "Convenios de la Junta de Castilla y León con Corporaciones Locales para el mantenimiento de centros de acción social y el desarrollo de prestaciones y funciones básicas en materia de servicios sociales".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): El señor Consejero tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Muy brevemente, para hacer un desarrollo, una exposición secuencial de la situación de los convenios con Corporaciones Locales para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales.

Como Sus Señorías conocen, la Orden de quince de Marzo de mil novecientos noventa establecía la financiación del sistema de acción social para el año en curso, que, de acuerdo con lo prescrito en la Ley de Acción Social, debía realizarse en sus aspectos básicos a través de las Corporaciones Locales, y en aquella Orden de la Consejería se preveían dos formas de financiación: bien a través de concierto, bien a través de subvención, y se dejaba a la voluntad de la otra parte el que se acogiera a una u otra de las modalidades.

En el artículo 6 de dicha Orden se condiciona la firma de convenios a la resolución de la convocatoria -no podía ser de otra forma-, por lo que los convenios se realizaron con posterioridad al quince de Junio de mil novecientos noventa, fecha en la que se resolvió la convocatoria.

La redacción del texto del convenio siguió los siguientes avatares. Se envió a las Corporaciones Locales en Mayo de mil novecientos noventa. Se recibió con las propuestas de modificación en la Consejería en Junio del mismo año. Se envió para informe preceptivo de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General en Junio del mismo mes... perdón, del mismo año. Y la Junta de Gobierno de esta Comunidad Autónoma, en sesión celebrada el doce de Julio de mil novecientos noventa, autorizó al Consejero para la firma de dichos convenios. Estos convenios fueron publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad el veintidós de Agosto, y el veintitrés de Agosto, es decir, tres días después de la publicación, se remitió a la Intervención Delegada todos los convenios con los anexos correspondientes para proceder a su fiscalización. Una vez intervenidos por los órganos competentes de la Junta, se procedió a su envío a las Corporaciones Locales, una vez que yo mismo les había firmado, en fecha cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa. Y en los días subsiguiente se procedió a la tramitación de todos los documentos contables y de pago, de acuerdo con lo que está establecido por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma.

La financiación del convenio para el año en curso establece que la Comunidad financiará el cien por cien del personal, el noventa por ciento de los programas de ayuda a domicilio y de reinserción social, y un 65% en programas de asociacionismo, voluntariado, prevención primaria, prestaciones económicas, etcétera. La duración de los diferentes convenios tiene validez de un año, que se prorroga tácitamente, salvo denuncia de una de las partes, permitiendo así un desarrollo armónico y una estabilidad en las relaciones con las Corporaciones Locales, evitándose los plazos en la financiación y la incertidumbre de si se va a renovar, o se va a obtener subvención en años sucesivos. En cualquier caso, los convenios tienen una cláusula de salvaguarda por la que se aseguran los costos de los servicios básicos en años sucesivos, así como la subida del índice del coste de la vida.

Los criterios seguidos para la financiación de los servicios básicos a través de convenio se han realizado como sigue.

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En materia de personal, de acuerdo con los servicios ya cubiertos en mil novecientos ochenta y nueve, con un ajuste, un porcentaje de pesetas por habitante, y con ajuste, lógicamente, a las disposiciones, o disponibilidades presupuestarias, porque no podíamos llegar más allá del dinero que teníamos consignado en la partida correspondiente de los presupuestos.

En cuanto a las ayudas individuales y ayudas a domicilio, manteniendo rigurosamente los servicios realizados en el ochenta y nueve, utilizando un criterio de población.

Y en cuanto a las prestaciones básicas y de animación comunitaria, examinando las solicitudes presentadas en los distintos programas, el número de centros de acción social funcionando en cada una de las corporaciones y la existencia o no de aulas de la tercera edad transferidas a las mismas Corporaciones.

Ha habido problemas con un Ayuntamiento concreto, que, afortunadamente, después de las últimas reuniones creo que están prácticamente resueltas; estamos a la espera de la recepción de una documentación definitiva, y yo creo que hemos entrado en una vía ya que va a evitar sobresaltos, puesto que los convenios, desde luego, no es la intención de la Consejería denunciarlos, y esperamos y deseamos que no sean denunciados tampoco por las Corporaciones Locales. A disposición de Sus Señorías tengo sobre la mesa el convenio, que es un convenio tipo para todas las Corporaciones Locales, y todos los anexos aprobados con cada una de las Corporaciones, Ayuntamientos y Diputaciones que han tenido a bien firmarlo hasta el día de la fecha. Es cuanto en esta primera intervención tengo que manifestar. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Gracias, señor Consejero. Pasamos a un turno de formulación de preguntas u observaciones por parte de los Portavoces de los Grupos. El señor Portavoz del Grupo Socialista, don Octavio Granado, tiene la palabra.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Agradecer una vez más al señor Consejero sus explicaciones, y hacer algunas consideraciones sobre la situación de los convenios.

Bueno, en principio, evidentemente, la fórmula de financiación de los servicios de las Corporaciones Locales mediante convenio es la que estaba prevista en la Ley de Acción Social, es una fórmula mucho más satisfactoria que la resolución de convocatorias de subvenciones año tras año, y era la que nosotros habíamos solicitado desde el primer momento de la aprobación de la Ley que se pusiera en marcha, y, en este sentido, pues, lógicamente, congratularnos de que la Junta de Castilla y León la haya puesto en marcha definitivamente. Esto como primera consideración.

Como segunda consideración, sorprende que en el texto de los convenios no haya referencias más explícitas, probablemente porque no sean... se considere que son innecesarias, al cumplimiento de las funciones, y objetivos, y organización del personal que la Ley de acción social prevé para estos centros de Acción Social. Y en este sentido hay una pregunta que el Grupo Socialista sí quiere formular al Consejero en esta sesión, y es la de que si la Junta de Castilla y León se compromete a garantizar el estricto cumplimiento, porque no puede ser de otra manera, de las previsiones de la Ley de Acción Social en cuanto al funcionamiento de los centros.

(-p.5868-)

Y me explico. El Ayuntamiento que no ha firmado hasta ahora, hasta la fecha, creo que es el único, los convenios en cuestión, que es el Ayuntamiento de Burgos, se ha venido negando reiteradamente en esta Legislatura al cumplimiento de la Ley de Acción Social. La Ley no prevé solamente un personal y unas funciones para los centros, también prevé un sistema de organización del trabajo; prevé que el personal que forme parte de los centros de acción social constituya equipos, equipos de acción social que tengan una dinámica de trabajo propia, propia del trabajo en equipo en el trabajo social, que es un coordinador que sea funcionario o personal contratado laboral del equipo que lógicamente realice las funciones de dirección, la elaboración de unos programas, la elaboración de unas memorias y la elaboración de unas, lógicamente, de unos programas de intervención en la zona de acción social a la que el centro presta sus servicios. En este sentido, no sólo para el Ayuntamiento de Burgos, que es el que explícitamente se ha venido negando, sino para otras muchas Corporaciones Locales, la Junta de Castilla y león tiene la obligación de hacer cumplir la Ley; esto es, de hacer cumplir el que los equipos se constituyen, que se constituyen los Consejos de Acción Social que la propia Ley preveía, con participación de asociaciones de vecinos, de asociaciones culturales, de asociaciones recreativas, de asociaciones sindicales, también, de organizaciones sindicales, en cada una de las Zonas de Acción Social, de la elaboración de unos programas que cumplan lo que son las funciones y necesidades a las que tienen que dar satisfacción los Centros de Acción Social; y todo esto está, con un criterio yo quiero pensar que, simplemente porque se considere innecesario repetir la Ley, todo esto está excluido, en principio, del texto de los convenios. La Junta tiene que hacerlo cumplir. ¿Lo va a hacer cumplir en todos los casos, en todos los casos? Es decir, ¿se va a garantizar, por ejemplo, en el caso que nos ocupa especialmente, al personal que forme parte del Ayuntamiento de Burgos la posibilidad de trabajar, de los Centros de Acción Social del Ayuntamiento de Burgos, la posibilidad de trabajar, siguiendo lo que dice la Ley? ¿Se va a exigir ese grado de profesionalidad, que es uno de los principios rectores de la prestación de servicios sociales, según establece la Ley de Acción Social de Castilla y León? ¿El coordinador de los equipos va a existir? ¿Va a ser personal laboral o funcionario de cada Corporación Local? Todo eso nos queda en dudas, en dudas.

Yo me alegro mucho de que el Consejero piense que, tras las últimas negociaciones, el tema está cerrado. Más bien, nosotros podríamos decir que la situación, en la práctica, de muchos de estos Centros de Acción Social en la Región sigue siendo bastante indefinida. Los trabajadores de los Centros no saben muy bien qué funciones tienen que realizar; en la práctica, los programas previstos por la Ley no se desarrollan, e incluso, bueno, pues, en documentos de la propia Consejería, que se han hecho públicos, o sea, no de los documentos secretos, se ha reconocido, por parte del Inspector de Servicios de la Consejería, que los programas que se realizan en muchos de los equipos, pues, son difícilmente evaluables, porque no son homologables a... bueno, pues, a lo que eran las prescripciones de la Ley.

En ese sentido, ésa es la garantía que queremos pedirle los socialistas, lógicamente, al Consejero, que, por otro lado, tampoco es nada extraño, porque es, evidentemente, una de sus misiones.

En tercer lugar, la tercera consideración es la de conocer cuáles son las razones de que los convenios se hayan firmado antes con algunos Ayuntamientos y con algunas Diputaciones que con otros. Porque, inicialmente, de los Ayuntamientos y Diputaciones que no firman en una primera, digamos, línea o en un primer momento los convenios, pues, hay algunos Ayuntamientos que están -concretamente el de Ponferrada, el de Miranda de Ebro, la Diputación de Segovia- gobernados por el Partido Socialista. Y a los Procuradores Socialistas nos ha llegado información de nuestros compañeros en estas Corporaciones Locales en el sentido de que los convenios se han firmado cuando les han sido remitidos. O sea, que no ha sido un problema de negociación conflictiva -que sí ha habido en algún caso-, sino un problema de remisión en dos tandas -digámoslo así-, con unas Corporaciones Locales y con otras, del texto de los convenios.

En cuarto lugar, la cuarta consideración sería conocer si la Junta de Castilla y León va a seguir aplicando mecánicamente los criterios que ha aplicado para la firma de estos convenios en ejercicios sucesivos, porque hay cuestiones que son difícilmente justificables y en las que... y voy a dar por bueno, de antemano, que no haya habido matiz político en la asignación de los Fondos. Es decir, que no es un problema de que se haya primado a unas opciones políticas sobre otras, sino cuestiones que, realmente, no obedecen, en principio, a una distribución racional de los recursos. O sea, hay Diputaciones Provinciales que atienden menos población que otras y que reciben más dinero para personal técnico. ¿En función de la dispersión de la población? Pues, podría ser, pero tampoco encaja demasiado. O sea, podría citar algún ejemplo concreto, de una Diputación, por ejemplo, pues, que tiene menos número de Municipios que otra y menos número de núcleos de población que otra, y que, sin embargo, recibe más dinero que otra. Y estoy refiriéndome a Diputaciones, pues, que en un caso, por ejemplo, puede ser del PP y en otro caso del CDS. Es decir, que no veo matiz político en la distinción. Es decir, es un problema, pura y simplemente, de asignación de los recursos, no se ha seguido un criterio de asignación de recursos que tenga en cuenta, pues, básicamente, esta situación. Tampoco, exactamente, los Fondos se corresponden con el número de Zonas de Acción Social que existen en cada una de las provincias. O sea, tampoco parece, en principio, por la lectura que nosotros hemos hecho de los convenios y del Mapa de Acción Social publicado por la Junta, vamos, la distribución de Zonas de Acción Social publicadas por la Junta, tampoco parece que ése sea el índice rector de la distribución de los Fondos.

Entonces, de alguna manera, la prórroga tácita de los convenios, que es una cosa muy beneficiosa para las propias Corporaciones, porque les permite saber de antemano con qué fondos van a contar el año que viene, también puede perpetuar una situación que, a lo mejor, tiene que ser corregida.

Yo creo que esto sería una cuestión a considerar por parte de la Consejería de Bienestar Social.

En resumen, pues, por no extenderme mucho, la cuestión sería: ¿por qué se han firmado en dos períodos de tiempo los convenios? ¿Está en disposición la Junta de Castilla y León de garantizar el cumplimiento de la Ley de Acción Social en todos sus preceptos, por lo menos en lo que se refiere al funcionamiento de los Centros de Acción Social? No pedimos que se cumpla aquello que no se puede cumplir, razonablemente, sino, en las cuestiones de organización que la Ley describe, ¿vamos a garantizarlo? Porque, si es así, estamos todos de enhorabuena. Ya ha habido rectificaciones importantes en el comportamiento de alguna Corporación; si no es así, estamos transigiendo con algo con lo que no podemos transigir, es con lo que dice nuestra Ley. ¿Los repartos de fondos van a corregirse? ¿En el futuro va a haber índices correctores o se van a perpetuar? Porque, de ser así, habría algunos pequeños agravios comparativos, y habría que corregirlos, también, por la vía de Enmiendas presupuestarias o por la vía de, simplemente, de negociaciones de las Diputaciones afectadas por la propia Consejería.

(-p.5869-)

Y, de alguna manera, recoger que, con todos estos convenios, pues, se ha dado un paso adelante, que es muy positivo, pero que, no obstante, los convenios siguen siendo, evidentemente, un instrumento insuficiente. Y, lógicamente, tanto en el Presupuesto de la Junta de Castilla y León, como en la parte que corresponde del plan concertado del Presupuesto del Estado, tienen que seguir aplicándose más fondos a la gestión de los servicios sociales.

Antes, el señor Consejero decía -y decía verdad- que cuando se produce la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción... del Código Civil -perdón- en materia de adopción, se imponen a las Comunidades Autónomas unas nuevas competencias sin que haya habido transferencia de fondos aplicados a esa nueva competencia. Pero es que eso es exactamente lo mismo que ha hecho la Junta de Castilla y León cuando ha aprobado el Decreto sobre salario social, subsidio mínimo de reinserción, y ha impuesto a los Ayuntamientos y a las Diputaciones Provinciales nuevas obligaciones para el personal de los centros, sin, lógicamente, prever un incremento de personal, que es necesario para poder seguir manteniendo los programas que desarrollaban con anterioridad y, al mismo tiempo, las nuevas funciones que los Ayuntamientos y las Diputaciones tienen que prestar a través de los CEAS.

En este sentido, es evidente que el Decreto de la Junta que regula las funciones de los Centros de Acción Social -Decreto que, por cierto, ha sido recurrido y que esperemos que los Tribunales de Justicia se pronuncien pronto sobre la cuestión- impone a los Centros de Acción Social, por encima, incluso, de lo que decía nuestra Ley, obligaciones muy diversas, obligaciones extraordinariamente diversas. Y es evidente que, con el personal que tienen en estos momentos los Centros, muchos de los programas y muchas de las funciones que debían prestar son programas y funciones que no van a poder prestar. La relación entre costes de personal y programas, que establecen los convenios, que es una relación, en la Corporación Local mejor tratada, de tres a uno, de dos y medio a uno, es una relación que nos hace temer que el personal de estos servicios únicamente pueda, en la práctica, prestar ayudas de información y orientación. Sería necesario, por un lado, que tuvieran más dinero para programas y, por otro lado y contradictoriamente -y ésa es la paradoja-, sería necesario más personal para poder desarrollar esos programas.

Por lo tanto, estimamos que los convenios son un paso positivo, estimamos que deben corregirse problemas de aplicaciones presupuestarias, que realmente no se corresponden con las necesidades sociales en términos de proporción que existen y que tiene que atender cada Corporación Local. Estimamos que es importante que se haga cumplir la Ley, en la medida en que ello sea posible. Y, de alguna manera, pues, creo que estamos en condiciones de, entre todos -la Junta con su labor de gobierno y nosotros, lógicamente, con nuestro incentivo e impulso a esa labor de gobierno-, pues, ir mejorando la situación de los servicios sociales en nuestra Comunidad Autónoma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para contestar las observaciones del Portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Consejero.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Ya sabía yo que, al final, terminábamos, como de costumbre, en el Ayuntamiento de Burgos.

Primero, quiero agradecer al señor Granado que haya mostrado su satisfacción por el nuevo sistema que hemos implantado, pero que no lo hemos implantado "manu militari", sino que hemos dado opción a las Corporaciones, para ver si lo aceptaban, como nosotros presumíamos, pero, precisamente, para que no se nos acusara de que habíamos implantado un sistema sin oír a la otra parte. Cuando uno consulta, le acusan de consultar, y cuando no, de lo contrario.

Pero hay una primera pregunta, que no puede tener más respuesta que "sí". La Junta se compromete a garantizar el estricto cumplimiento de la Ley, como viene haciendo. Sabe Su Señoría que no es la primera vez que a algún Ayuntamiento, y concretamente al de Burgos -por qué no decirlo-, se le han retenido partidas en las asignaciones previstas, hace ya año y pico o dos años, quizás, en la primera ocasión. Y voy a explicarle cuál es, al día de la fecha, la situación del Ayuntamiento de Burgos y de la prestación de sus servicios sociales, tal como se ve desde la Consejería.

El sistema de Burgos, como Su Señoría bien conoce, tiene un sistema, digamos, peculiar de funcionamiento de los servicios básicos, que nos obligaron en su momento a congelar la firma del convenio con dicha Corporación y a proceder a enviar una inspección a los servicios básicos que el Ayuntamiento decía estaban funcionando allí. Como consecuencia de aquella inspección, se realizó una información general sobre el funcionamiento de los servicios sociales, comprobando si se ajustaban o no a lo señalado en la vigente Ley en nuestra Comunidad Autónoma, entendiendo que no se ajustaban estrictamente a lo dispuesto en la Ley; y se procedió a hacer una llamada al Ayuntamiento de Burgos, haciéndole ver que no se le iban librar los fondos, puesto que entendíamos que no se ajustaba, en una buena parte, a lo dispuesto en la Ley y que urgíamos una reunión inmediata para buscar una solución al tema.

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Exactamente el día diecisiete de Noviembre de los corrientes, la Directora General de Servicios Sociales, el Concejal Presidente de la Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de Burgos y la Concejala responsable de los Servicios Sociales de aquella Corporación se desplazaron hacia la Consejería, se estuvo haciendo un análisis exhaustivo durante bastante tiempo de cuál era la situación, de cuáles eran las prescripciones, dónde nosotros entendíamos que cumplían y dónde entendíamos que no cumplían lo señalado en la Ley; y, como consecuencia de aquella reunión, se concluyó que el Ayuntamiento de Burgos se comprometerá a respetar escrupulosamente la normativa legal y a llevar a cabo los servicios sociales con personal del Ayuntamiento. Y estamos a la espera, porque el convenio seguimos sin firmarlo, estamos a la espera de que se nos presenten en la Consejería las copias de los contratos de trabajo del personal que hace falta que el Ayuntamiento de Burgos contrate para realizar la misión que tiene que hacer, a través de sus Centros de Acción Social, e incluso a la fijación en el tiempo y en el espacio de los Centros de Acción Social, que no están funcionando todos, como Su Señoría conoce perfectamente.

Sí es cierto que los Consejos de Acción Social -y no sólo en Burgos- van retrasados. Pero, Señoría, tiene que convenir conmigo que es algo absolutamente nuevo y que no es fácil poner en marcha; incluso, Señoría, alguna vez comentó que nos habíamos fijado un plazo muy corto para muchas cosas, y que a lo mejor hubiera sido prudente fijar un plazo más largo.

Desde luego, estamos en la idea de impulsar la puesta en marcha de los Consejos Sociales, porque pensamos que es un instrumento muy válido para el propio funcionamiento de los Centros e, incluso, para colaborar con los propios técnicos que, en opinión de Su Señoría, están muy sobrecargados de trabajo. Bueno, hay Centros más sobrecargados y Centros menos sobrecargados de trabajo, y entendemos que la tramitación del salario social -tema que introduce Su Señoría, de pasada, en el debate- puede y debe realizarse perfectamente bien desde los Centros de Acción Social. La Consejería se comprometió en su día a contratar un determinado personal o a subvencionar el pago de nóminas de determinado personal, cosa que venimos haciendo escrupulosamente y en el cien por cien, y Su Señoría debe recordar -estoy seguro- que cuando este Consejero llegó al Gobierno de esta Comunidad Autónoma funcionaban treinta y siete Centros de Acción Social y al año de haber tomado posesión estaban funcionando ciento veintitantos, con lo cual el esfuerzo económico que se viene haciendo es muy notable. Sin duda ninguna, ni el que Su Señoría ni el que yo quisiéramos, pero, desde luego, yo creo que bastante importante el montante de dinero que se ha incrementado en el capítulo de Servicios Sociales para el desarrollo de la Ley.

No se ha dado ninguna instrucción desde la Consejería, y ahora le aclarará la Directora General por qué a unas Corporaciones se les ha enviado el convenio antes que a otras. Me imagino que habrá sido un tema de evaluación de programas. Pero, desde luego, y conoce Su Señoría el talante del Consejero, en ningún caso desde la Consejería se han dado instrucciones para que se cursen antes los convenios a Corporaciones de un signo político o de otro. No sé exactamente las que han ido en el primer paquete o en el segundo, ahora nos lo aclararán, pero tenga por seguro que ésa no ha sido una norma, y yo me imagino que tampoco ha sido un problema perfectamente premeditado desde la Dirección General, sino que habrá razones puramente objetivas que hayan condicionado el por qué se han enviado en una fecha o en otra.

Ha hecho también otra referencia en los anexos del convenio a la financiación de unas y otras Corporaciones Locales. En principio, nuestra idea es mantener, pero, lógicamente, mantener corrigiendo aquellos desvíos que se detecten. Y desde aquí le invito a Su Señoría, como al resto de los miembros de esta Comisión, a que nos hagan las sugerencias que estimen oportunas en el sentido de por qué a una Diputación o a un Ayuntamiento se le da más o menos. Yo sé que todas las Diputaciones y Ayuntamientos quieren mucho más de lo que les damos, pero también el Consejero de Cultura quiere mucho más de lo que le da el Consejero de Economía o lo que le da la Junta cuando se reparten los Presupuestos. Entonces, usted ha dicho muy bien, es muy difícil de evaluar los programas y los criterios y en una primera aproximación no pensamos estar en la perfección, pero estamos, téngalo por seguro, conscientes o intentamos hacer las cosas con la mayor equidad posible. No obstante, nada hay inamovible -para algunos sólo las tablas de la ley, pero para otros ni eso-, nada hay inamovible y, desde luego, los porcentajes asignados en esta primera convocatoria se modificarán si del estudio objetivo de la realidad en cada una de las Diputaciones y Ayuntamientos y del desarrollo de los programas en los mismos entendemos que así debe hacerse.

¿Que debía haber más fondos en la Comunidad Autónoma y en el Estado? Estamos absolutamente de acuerdo, y justamente ese es un mensaje que en el plazo de cuatro o seis horas, de cuatro horas, intentaré transmitir a la responsable en el Gobierno de la Nación en una entrevista que espero mantener con ella, si la sesión no se prolonga en demasía, a las seis y cuarto de la tarde en el Ministerio de Asuntos Sociales en Madrid.

Por lo tanto, estamos mejorando el sistema de funcionamiento. No hemos llegado a la perfección, ni llegaremos, ni nosotros ni quienes nos sucedan en este cometido, y estamos actuando con la máxima objetividad. Por supuesto, sometidos a riesgos de error, porque de humanos es errar, pero, desde luego, sin hacer sectarismo ninguno, ni tratamiento discriminatorio a ninguna Corporación en función del grupo político que la sustente. Y lo digo muy alto, porque a lo mejor no todos podemos decir lo mismo en los criterios de distribución de subvenciones a unas Comunidades Autónomas y a otras, o a unas organizaciones y otras.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para un turno de réplica, tiene la palabra... ¿La señora Directora General quiere hacer alguna aclaración? Pues, tiene la palabra la señora Directora General.

MARTIN GONZALEZ

(-p.5871-)

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y CONSUMO (SEÑORA MARTIN GONZALEZ): Gracias. Se ha preguntado sobre las razones de por qué se han firmado unos convenios antes que otros. Las razones no son imputables en ningún caso ni a la Consejería ni a la Dirección General, sino que se ha ido llamando a las personas responsables de cada Corporación y por turnos, lógicamente. Entonces, eso ha llevado su tiempo. Y en muchos casos, después de que le tocaba el turno, lo han pospuesto al final por razones de vacaciones del propio personal o de la persona que tuviera que venir a la Dirección General, y eso es lo que ha motivado. O sea, no hay otra motivación, ni de tipo político, ni de tipo... interés ninguno en ninguna cuestión; simplemente el ritmo que han querido ir dándole las propias Corporaciones Locales. La citación se hizo para que durara durante veintiún días, lógicamente, porque son veintiuna las Corporaciones Locales. Esto aclarado.

Quiero también hacer otra aclaración a los criterios que se han tenido para que en unos sitios, pues, parece ser que el dinero es más abundante que en otros, en algunas Corporaciones que en otras. Entre los criterios que ha leído el Consejero, que ha dicho el Consejero, existe uno, que es el de ajuste de tanto por ciento de pesetas/habitantes. Hay que tener en cuenta que los centros de acción social no han ido creándose en todos los sitios a la par, me refiero con el mismo ritmo. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que está conseguido del ochenta y nueve no va a ser mermado en el noventa. Entonces, ha habido este año un ajuste y así seguiremos ajustando, efectivamente, para minimizar esa diferencia que, a juicio de Su Señoría, pues, existe. Intentaremos que no sea así.

Con relación a otras partidas, en programas, hay en algunas Corporaciones Locales, por ejemplo se me ocurre pensar en el Ayuntamiento de Valladolid, donde no se ha hecho ninguna petición, o sea, no se ha hecho ninguna programación; por tanto, pues... ahí le corresponderían 9.000.000 más y, sin embargo, pues, no han presentado programas, por tanto, no se ha podido dar ese dinero. A lo mejor, en ese sentido, pues, la suma total lógicamente es menor, la suma total de dinero.

Con relación a lo que decía Su Señoría de los coordinadores, sí existen. Si quiere luego, incluso, le puedo dar una relación de todos los centros de acción social que hay en toda la Comunidad, y a la cabeza de todos ellos existe un coordinador y un equipo técnico; en el de Burgos también, lógicamente, está previsto, está previsto que así sea. De hecho, ahora, con relación a lo del salario social, a los ingresos mínimos de inserción, se ha citado a los coordinadores de cada Corporación Local para explicarles un poco la filosofía de estos salarios sociales. Por lo tanto, ahí queda claro que existen, y no sólo existen, sino que con nombres y apellidos.

Y no tengo más. Si quieren ustedes preguntar algo más...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): El señor Granado tiene la palabra.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí. Agradecer las explicaciones. Entiendo de lo manifestado por el Consejero y la Directora General que la cláusula de salvaguarda que implica la renovación del convenio con el incremento de precios al consumo no va a ser aplicable en esas situaciones en las que se ha detectado cierta divergencia. Lo digo porque... Voy a citar un ejemplo concreto para que se me entienda lo que quiero decir. La Diputación de Zamora tiene menos dinero que la de Avila, cuando en teoría tiene más centros de acción social y más habitantes bajo su ámbito territorial, por ejemplo. Entiendo que, lógicamente, el que este año tenga menos dinero no va a ser una situación que se va a prolongar en el futuro, si se ponen en marcha todos los centros que están previstos, sino que se va a corregir. Y en ese sentido, pues, también habrá que ajustar un poco la letra del texto de los convenios, porque más bien cabía deducirse de la misma que se iban a prorrogar automáticamente para el futuro. Y, evidentemente, era un poco... alguna de las desviaciones a las que aludíamos nosotros.

Y, en segundo lugar, pues, agradecer el ofrecimiento de la Directora General de que puede entregar al Grupo Parlamentario Socialista la copia de quiénes son los coordinadores de los equipos de acción social en la Comunidad Autónoma. Lo digo porque, bueno, yo estoy absolutamente encantado -lo digo francamente, casi casi a título personal- de que el Consejero haya sido rotundo en garantizar el cumplimiento de la Ley de Acción Social en todas sus prescripciones. A mí me consta que el Ayuntamiento de Burgos tiene firmado un convenio con una empresa privada, convenio que ha sido prolongado, prorrogado para el ejercicio que estamos... del que estamos hablando, de mil novecientos noventa, y entre las cláusulas del convenio está que la coordinación de la acción social y de los servicios sociales que preste el ayuntamiento burgalés lo realizará la empresa a través de la persona en quien delegue, que, lógicamente, es la presidente del consejo de administración de la empresa y su alma máter, por utilizar una terminología que no sea peyorativa. En ese sentido, pues, evidentemente, de las manifestaciones del señor Consejero cabe esperar que ese convenio sea modificado por el Ayuntamiento de Burgos y que, lógicamente, la coordinación de los centros de acción social del Ayuntamiento burgalés sea realizada por personas con cualificación profesional suficiente y que sean trabajadores, bien en régimen laboral o bien en régimen de funcionario, del propio Ayuntamiento de Burgos.

Ha merecido la pena tantos años de peleas, si esto es así. Si esto no es así, pues, evidentemente, tiempo tendremos de seguir discutiéndolo. Esperamos, en todo caso, que después de Mayo de mil novecientos noventa y uno las cosas cambien.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): El señor Consejero tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muy brevemente, para decir que, efectivamente, esa es nuestra intención y los contratos que a título, no sé si privado o público, el Ayuntamiento tenga con alguna empresa serán su problema. Y a lo mejor resulta que hay dos coordinadores: uno que nosotros aceptamos como válido, que es el que marca la Ley, y otro con el que pueda despachar el señor Alcalde de Burgos.

Y en cuanto a los temas de financiación, pues, en algunos casos a lo mejor resulta que hay menos dinero de lo previsto, porque algún Ayuntamiento -y tengo que lamentar que el de Valladolid, por ejemplo, incurra en ese fallo- no acudió en su tiempo a alguna de las convocatorias y por ese motivo dejó de perder en uno de los programas, por ejemplo, 9.000.000 de pesetas.

Muchas gracias.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, es que se me había olvidado hacer una matización y yo creo que tiene interés, no por salir en defensa del Ayuntamiento de Valladolid, que no necesita de mi defensa, que harto bien sabe defenderse, sino para señalar el que también es cierto que una de las cuestiones que pueden ser objeto de mejora -y lo hago en ánimo de una sugerencia constructiva en el texto del convenio- es en cuanto a la formulación del concepto de prestaciones básicas, a las que hacen referencia en las letras a), b) y d) del artículo 6 de la Ley de Acción Social de la Comunidad Autónoma. Lo digo porque no es solamente el Ayuntamiento de Valladolid, sino muchos ayuntamientos de la Región y alguna Diputación Provincial los que no se han acogido; pero, cuando nosotros hemos hablado con los responsables municipales de esas Corporaciones, independientemente del color político, parece que existían problemas en cuanto a la interpretación de qué programas podían acogerse a esa formulación concreta, lo cual ha forzado a esas Corporaciones Locales, vamos, ha forzado, ha ocasionado el que esas Corporaciones Locales, pues, a lo mejor por falta de aclaración o por no solicitarlas, pues, se ha encontrado con que no han podido acogerse a ese programa. Porque esa situación, pues, no solamente se da en el Ayuntamiento de Valladolid, se da en el de Avila, se da en la Diputación de Soria, que tiene una cantidad muy exigua, se da en el Ayuntamiento de Soria... En fin, quiero decir que se da en varios Ayuntamientos y Diputaciones y no me parecería correcto que pareciera desprenderse de las intervenciones el que ese problema es privativo del Ayuntamiento de Valladolid.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): ¿Quiere hacer alguna aclaración el señor Consejero?

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Sí. Mire, en una convocatoria de este calibre es que entramos en contradicción con lo que se defendía anteriormente en el otro punto de la comparecencia. No podemos hacer una relación exhaustiva de todos los programas, con nombre y apellido, que pueden incluirse en ese... o que actuaciones en ese programa concreto de servicios básicos, porque siempre nos dejaríamos alguno fuera del tema. Lo que ocurre que hay Ayuntamientos que, porque no querían hacer esos programas, no han concurrido a ese tema y hay algún Ayuntamiento que -a reconocimiento de culpa, ¿verdad?-, en algún Ayuntamiento se ha reconocido que es que no se enteraron y por eso no lo pidieron.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): ¿Algún miembro de la Comisión quiere formular alguna pregunta al señor Consejero?

Se levanta la sesión.