DS(C) nº 71/2 del 8/6/1988

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Señor Presidente, Señorías.

Muy brevemente, porque yo creo que la cuestión, con el preámbulo, incluso, de la Proposición No de Ley, está suficientemente clara.

De todas maneras, sí convendría hacer una breve historia de los hechos sucedidos en León, y que han sido, evidentemente, los que han originado la citada Proposición.

La Unión de Consumidores y Usuarios "Lancia" tuvo conocimiento de que, por los Servicios Territoriales de Cultura y Bienestar Social de la ciudad de León, se cobraban tasas por aquellos usuarios..., pero no sólo usuarios individuales o consumidores individuales, sino Asociaciones de Consumidores, Oficinas de Consumo, Oficinas de Asesoramiento, etcétera; tasas por la presentación de quejas y reclamaciones por cualquier tipo de defectos en algún establecimiento público, etcétera, etcétera. Sorprendidos por el hecho, que era nuevo, inusual y, a nuestro parecer, poco justificado, solicitaron una entrevista con la Delegada Territorial de la Junta en León, y en esa misma entrevista les confirmó la Delegada que realmente no entendía o no estaba de acuerdo con que se cobraran las citadas tasas.

Dicho lo cual, esperaban..., y parecería lógico que, si la Delegada Territorial de una provincia no está de acuerdo con lo que hace uno de los Servicios de la Junta, hubiera producido la Orden correspondiente y las tasas se hubieran dejado de cobrar a esos consumidores, usuarios, Uniones, Oficinas de Asesoramiento al Consumidor, etcétera, etcétera.

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Pasa el tiempo; esa situación no se produce. Entonces, para verificar si, realmente, la voluntad era o no de cambiar esa norma de conducta, la misma Asociación presenta, primero, una queja y una reclamación contra un bar, por supuesta infracción en sus servicios sanitarios y carecedor de hojas de reclamaciones, etcétera, etcétera, y le es cobrada -y constan en expediente el recibo de lo mismo- la correspondiente... la no correspondiente -vamos a decirlo con propiedad- tasa, que asciende a 300 pesetas.

Contra el cobro de esa tasa, la Asociación de Consumidores y Usuarios "Lancia" presenta el correspondiente recurso de alzada, que no ha sido contestado; ha denunciado la mora, que no ha sido contestada, igualmente. Y además, en ese intervalo de tiempo se produce una nueva queja y una nueva reclamación contra otro establecimiento por supuestas infracciones, también en materia de servicios, etcétera, de un establecimiento de fuera de la capital, y cuál no será su sorpresa cuando ve que la tasa que se les cobra es distinta y mayor -en lugar de 300, 1.375 pesetas-, y además se les cobra el desplazamiento que tenga que hacer la persona encargada de la inspección, llegar al citado lugar, volver... a 14 pesetas kilómetro. Total: 3.715 pesetas a la Unión de Consumidores "Lancia", por el simple y la simple presentación de la citada queja.

Sorprendentemente, se produce un oficio del Jefe del Servicio Territorial de Cultura y Bienestar Social a la citada Unión de Consumidores Lancia, que dice textualmente: "Por error involuntario del funcionario liquidador de las tasas de este Servicio Territorial, se ha liquidado indebidamente, con el número.........., la correspondiente denuncia por usted presentada, contra presunta infracción en ........", etcétera, etcétera -obvio el nombre del establecimiento-, "motivo por el que se le comunica que no procede el ingreso de la misma, que asciende a 3.715 pesetas. Y en caso de haber sido ya ingresada por esa Asociación, les será devuelto dicho importe".

Bueno, eso arreglaría el problema si la medida fuera general, si se hiciera a todos; pero es que no es así. Y además, no sólo eso, sino que siguen cobrando las tasas de una forma habitual.

El objeto de la Proposición No de Ley, por lo tanto, yo creo que está claro.

Con esta situación se dan varias cuestiones que yo entiendo que son anómalas. En primer lugar: sólo se cobra en la ciudad de León; ningún otro Servicio Territorial de Cultura y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma cobra tasas a los consumidores o usuarios, o sus diversas Asociaciones, por esa cuestión.

Segundo: sólo se cobra desde hace dos meses, coincidiendo, precisamente, con un cese del antiguo Jefe de los Servicios Territoriales de Cultura y Bienestar Social y nombramiento del nuevo, lo cual indica un cambio de criterios a nivel de Servicio, que no a nivel de Delegada Territorial. Yo insisto que me sorprende extraordinariamente que no se aplique el refrán castellano que dice "donde hay patrón, no manda marinero".

La implantación de las tasas yo entiendo que es de dudosa legalidad, de dudosa legalidad. La Norma invocada es el Reglamento... la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda publicada en el Boletín Oficial de treinta y uno de Diciembre del ochenta y siete, en la cual, en el apartado 62 se le aplica la tasa 25.01; en sus apartados 63 y 64, que dicen textualmente: "Emisión de informes que requieran estudios o exámenes de Proyectos o Expedientes tramitados a petición de parte, no comprendidos en conceptos anteriores, excepto los referidos a productos farmacéuticos, devengarán honorarios convencionales con un mínimo cada uno de 1.335 pesetas".

"Certificados, visados, registros... " Y 64: "Certificados, visados, registros, expedición de documentos no comprometidos en otros conceptos, a instancias de parte, excepto la......", tal, tal..., "cada uno 265 pesetas".

Se liquidan las tasas mal. Como acabo de decir, la tasa primeramente aplicada es 265 pesetas; se aplican -no conocemos la razón- 300 pesetas, y exactamente igual para la segunda.

Se cobra, además, por el servicio encargado de defender a los consumidores, que es, precisamente, el Servicio de Consumo. Rompe, yo creo -y creemos nuestro Grupo-, con toda la política de fomento de Asociaciones de Consumidores, Usuarios, y da la impresión enteramente de que es una medida, bueno, unilateralmente tomada en una provincia de la Comunidad para disuadir a los consumidores y usuarios o sus Asociaciones de presentar quejas o reclamaciones. E incluso, rompe acuerdo intercomunitarios. Ha habido quejas tramitadas... presentadas fuera de la Comunidad, que se tenían que ........ aquí, y aquí se le han reclamado a esa persona los honorarios o las tasas correspondientes.

Realmente, todo este cúmulo de circunstancias hace que no parezca razonable a este Grupo que se siga con esa política de cobrar tasas a las personas o Asociaciones sin fines de lucro que presentan reclamaciones o quejas contra actos de la propia Administración, en algún caso, o por defectos en establecimientos, etcétera. Y lo que solicita la Proposición No de Ley es que sean gratuitas en su tramitación y que, además se dé conocimiento a los consumidores y usuarios del trámite y del procedimiento que esa reclamación o queja, en su momento, lleve.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para la fijación de posiciones, tiene la palabra el representante del Grupo Centro Democrático y Social, el señor Martín González.

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

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Estamos de acuerdo con lo expuesto, y creemos que el cobro de tasas, si no infringe la legalidad, está cerca de ello. Entre otras cosas, porque para pagar algo tienes que recibir una contraprestación de alguien, y, en este momento, el ayudar a la Administración con una información, no es recibir nada de la Asociación que lo hace o de la persona, sino todo lo contrario: es ayudar a la Administración a que puedan gestionar y funcionar mejor. Yo creo que tenía que ser agradecido.

Si esto hubiera pasado, incluso, es muy posible que el problema del aceite de colza y otros muchos problemas, pues, se hubieran solucionado antes de lo que se han solucionado. Por otro lado, yo creo que es, incluso, anticonstitucional, porque el artículo 51 dice que los ciudadanos tienen derecho a la seguridad, a la salud y a la defensa de sus legítimos intereses, en el artículo 1.

Por tanto, creemos que cobrar las tasas no es conveniente, y además, incluso, repercutiría en poco beneficio para la Administración, puesto que la gente se coartaría de ir a informar a la Administración; que, al fin y al cabo, es una información de que algo sucede mal.

Creo que no se deben cobrar las tasas, y no sólo a los ciudadanos, sino incluso a las Asociaciones, como se está haciendo.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para fijar, igualmente, posiciones, tiene la palabra el representante del Grupo Político de Alianza Popular.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Señor Presidente, si no tiene inconveniente, aclaro yo cuál es la postura de la Junta, y, por extensión sería la de mi propio Grupo.

Efectivamente, en el tema que se plantea en la Proposición No de Ley, entendemos que ha habido una actuación con arreglo a una interpretación del Reglamento y de la Ley de Tasas, por parte del Servicio Territorial de Bienestar Social en León, que, desde luego, personalmente no compartimos. Ya digo, en ningún momento se plantea como un tema de mala fe o de..., sino, simplemente de interpretación de Ley; y, de hecho, hay informes jurídicos controvertidos al respecto.

No obstante, nosotros entendemos que la tramitación de las quejas y reclamaciones formuladas ante la Administración, tanto por particulares como por Asociaciones de Defensa de los Consumidores, es una tramitación obligada: la Administración Pública tiene el deber ineludible de tramitar estas quejas, estas reclamaciones; y, por lo tanto, está en la Ley ya. Y yo me atrevo a decir que, si no hubiera sido por el incidente surgido en León, sería absolutamente superflua la Proposición No de Ley que se plantea.

Entendemos nosotros que ha sido una interpretación que se ha hecho desde el Servicio Territorial de León, con arreglo a un informe que la propia Asesoría Jurídica le proporcionó, pero que, desde luego, desde los Servicios Centrales no compartimos. Nosotros entendemos que la tramitación de estas quejas es obligada y debe ser gratuita y, por lo tanto, no tendríamos que hacer objeción a esa primera parte de la Proposición No de Ley.

Otra cosa es la segunda parte de la Proposición, en la que se vincula a la Administración a dar una información exhaustiva al reclamante sobre el curso. Eso, desde luego, la Administración no está obligada por la Ley a hacerlo. Entonces, en este sentido, digamos que el fijar esa obligatoriedad a la Administración a través de una Proposición No de Ley no parece el instrumento jurídico más adecuado.

En resumen, para concluir, aceptamos plenamente la primera parte de la Proposición No de Ley, en cuanto supone tramitación obligada y gratuita de las denuncias, y entendemos que no es el procedimiento idóneo una Proposición No de Ley para obligar a la Administración a dar ese tipo de información después. Al margen de que, en términos generales, la Administración deba informar a los administrados de cualquier procedimiento, cuando se hace con los criterios de claridad y transparencia, como los que se vienen haciendo desde esta Administración.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para cerrar el debate, tiene la palabra el Procurador Proponente, señor González.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Señor Presidente, Señorías.

Agradecer la intervención de los Grupos, concretamente la del CDS y la del Grupo Popular, en boca, en este caso, del Consejero de Cultura y Bienestar Social. Y únicamente, hacer una matización que no va a ser superflua, creo yo.

La Proposición No de Ley podría ser innecesaria si por los propios servicios o por la propia Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León se hubiera puesto orden en el Servicio Territorial de Cultura y Bienestar Social. Y ya lo he dicho antes: cuando, además, la propia Delegada comunicó verbalmente a la Asociación de Consumidores y Usuarios que no estaba de acuerdo con la medida. Se esperó el suficiente tiempo para que esa situación se hubiera producido. Eso, desde luego, hubiera hecho innecesaria la Proposición No de Ley, porque, además, yo he reconocido en la propia Exposición de Motivos que sólo se cobra en León y sólo desde hace dos meses.

Yo creo que la Administración tiene..., por supuesto, tiene obligación de hacer todo lo que está escrito en la Ley; pero puede hacer cosas que no están escritas en la Ley, y que no están en contradicción con las Leyes. Y, por lo tanto, ofrecer información al usuario, consumidor o asociación que haya presentado una queja o reclamación sobre la tramitación de la misma y el resultado de la misma, no está en contradicción con la ley; la Mesa de esta Cámara ha estimado que no hay contradicción y que es un procedimiento adecuado, y por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario, tiene, posiblemente, más razón o es más creíble para mí en este tema la Mesa que el señor Consejero.

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Y que la Proposición No de Ley no sea la vía jurídica, pues, no lo sé; yo creo que hacer una Proposición de Ley, por supuesto, parecía una cuestión absolutamente desorbitada y, por lo tanto, elegimos la vía que nos parecía más correcta. De cualquier manera, el Grupo popular ha tenido abierta la puerta, en la vía de tramitación de la Proposición No de Ley, de hacer una Enmienda de Sustitución o de Supresión del segundo párrafo de la Proposición No de Ley, y nosotros hubiéramos visto si hubiéramos aceptado o no. En estos momentos la Proposición No de Ley es una, es un cuerpo único y, por lo tanto, no podemos aceptar su troceado. Por lo tanto, sintiéndolo infinito, tendríamos que mantener, puesto que no se ha hecho uso parlamentario de la vía correcta, la Proposición No de Ley. Y posiblemente no hubiéramos tenido inconveniente en aceptar una Enmienda de Supresión, en aras a que la unanimidad fuera el final de la Comisión. Nada más, muchas gracias.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Simplemente para aclarar una cosa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO):Muy brevemente, señor Consejero.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muy breve. Que yo no he querido decir que sea contrario a la ley y que el criterio de la Mesa sea superior al mío, que, por supuesto, lo acepto. Lo que he dicho es que entendía que no es el procedimiento idóneo una Proposición No de Ley, porque el tratar de dar una información de este tipo, tan exhaustiva, yo le diría al señor Procurador que, si tengo que responder todavía de los seiscientos y pico expedientes de consumo que estaban parados cuando llegué a la Consejería, entonces tendría a los funcionarios permanentemente contestando a las reclamaciones y a las denuncias que había. Entonces, el dar este tipo de información, pues, lo que hay que hacer es, en lugar de preocuparse tanto -que me parece bien- de informar, es resolver los expedientes en lugar de dejarlos almacenados. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Muy brevemente, señor González.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Señor Presidente, Señorías. Como siempre, los miembros de la actual Junta se escudan o intentan hacerlo -algún día no les valdrá el recurso- en lo que teóricamente, o nos tendremos que creer lo que él dice: que son seiscientos; a lo mejor pueden ser seis mil o sesenta mil, o seis. Desde luego, repito, ni en aquello de la Proposición No de Ley, ni en esto, la palabra del Consejero para mí, desde luego, tiene más credibilidad que cualquier otra.

Repito, deje ya de escudarse la Junta en los hipotéticos fallos del Gobierno anterior o de otros, porque realmente yo creo que es un recurso extraordinariamente manido y que realmente ya empieza a producir cierto hastío en los Procuradores, no sólo en los que no han tenido nada que ver con la anterior Junta, sino, sobre todo, en los que teníamos o hemos tenido que ver con la anterior Junta.

En lo demás, yo no sé si es el procedimiento adecuado o no. Yo lo elegí, mi Grupo lo eligió y las Cortes lo han admitido. Luego, parece razonable pensar que es un procedimiento adecuado.

En cuanto a que la información que solicita sea exhaustiva, solamente se dice lo siguiente: de las actuaciones realizadas y del resultado de las mismas se da traslado por escrito, en cada caso, a la persona o asociación. Por lo tanto, lo único que obliga es a que del resultado del expediente se dé traslado a la asociación o persona que la plantee. Yo creo que no es una información brutal, ni tremenda, ni complicada. Esperemos que nos mejoren y sean capaces de hacerlo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.

El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, trece. A favor, siete. En contra, seis. Perdón. Abstenciones, seis. En contra, ninguno. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley.

La señora Vicepresidenta dará lectura al Primer Punto del Orden del Día, al tener que defender la Proposición No de Ley la señora Secretaria.

LA SEÑORA VICEPRESIDENTA (SEÑORA URZAY URQUIZA): Primer Punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 51-1, presentada por el Procurador don Lorenzo López Trigal, relativa a la dotación de actividad al centro "Mariano Andrés" de León, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes número 42, de dieciséis de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Tiene la palabra, en sustitución del señor López Trigal, la representante del Grupo Socialista, doña Matilde Fernández.

FERNANDEZ ESTEBANEZ

LA SEÑORA FERNANDEZ ESTEBANEZ: Buenos días. La Proposición No de Ley presentada por el Parlamentario López Trigal se refiere al centro social "Mariano Andrés", que se inauguró en Julio de mil novecientos ochenta y siete. Es un centro pensado para usos polivalentes. Tiene tres plantas, una terraza, un sótano y una zona verde. Su utilización sería muy importante para la ciudad de León, ya que podía cubrirse un espacio... un número de habitantes muy importante; como mínimo unos cuarenta mil habitantes.

El Consejero de Cultura y Bienestar Social, en el Pleno de las Cortes del diecinueve de Noviembre, a una Pregunta del mismo Procurador le contestó que en este centro seguían los mismos criterios que habían tenido cuando habían firmado el convenio con la Caja de Ahorros de León, que fue el que cedió los solares. Sería para prestación de servicios sanitarios, protección al consumidor, bienestar social y Consejo de Barrio.

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A pesar de haber pasado once meses, y conociendo el local, que es muy grande (unos mil quinientos metros, aproximadamente, edificados), con unos servicios de oficinas; en la tercera planta también tienen para poder hacer consultas, y unos locales, abajo, en la planta baja que, bueno, para que se hagan ustedes la idea, ahora mismo hay, aproximadamente, veinte tresillos en una de las partes. Existe también otro bar, con un local continuado que se puede hacer más o menos grande con unas puertas plegables. Y en la actualidad está completamente cerrado. Sólo se desarrollan allí las actividades de la asociación de vecinos "Mariano Andrés", que es el que está cuidando del centro y el que está dando alguna pequeña actividad; pero está muerto.

Creemos que es un lujo que no nos podemos permitir en esta Autonomía, tener un local de esas proporciones, tan bien dotado, que, a partir de la Pregunta, se amuebló. Antes no tenía ninguno, pero a partir de la Pregunta se acondicionó en plan de muebles, televisión y todos los elementos precisos para la cafetería, teniendo, además, la Junta en este momento unos locales alquilados, y nos parece un lujo excesivo. Se podían situar allí... Por ejemplo, la planificación familiar está en la calle General Sanjurjo. Es una de las cosas que no nos parece como muy presentable, y ante eso se propuso esta Propuesta de Resolución: "Que por la Junta de Castilla y León se proceda de inmediato a dar la actividad que corresponde al centro social "Mariano Andrés" de León, fundamentalmente de servicios sociales y a disposición de cualquier asociación pública que tenga interés en realizar actividades sociales y culturales dentro del recinto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para la fijación de posiciones tiene la palabra el representante del Grupo Político Centro Democrático y Social, señor Martín González.

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Parece ser cierto que existía un primitivo centro, un edificio antiguo y que intervenía la asociación de vecinos llamada "Mariano Andrés", el Ayuntamiento y, probablemente, la Caja de Ahorros, en la anterior. Tenía actividades de todo tipo: charlas, conferencias, escuelas infantiles, pensionistas, etcétera. Y en el actual centro, que está bien dotado y parece que ya está correctamente utillado, se pretende trasladar a él la actividad del viejo, con la asociación de vecinos de Lorenzo López Trigal, que ya la utiliza o la viene utilizando, de alguna manera. Pero no lleva, en realidad, a cabo actividad alguna en lo que se supone que debe ser su fin último, que son servicios sociales.

Sería interesante, por lo menos en nuestro punto, que se apoye la Proposición, para que este centro, que está utillado y que, verdaderamente, no tenemos necesidad de ello, sobre todo siendo una amplia zona de más de cuarenta mil habitantes, que tenga una utilidad; pero sobre todo que tenga la utilidad que se le debe de dar, que es la de servicios sociales, y no utilizarlo para otras cosas, porque sería pasar una parte a otra y no utilizarlo correctamente.

Estamos de acuerdo con la Proposición, entonces, que se utilice para servicios sociales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para fijar posiciones, en representación del Grupo Político de Alianza Popular, tiene la palabra el señor Eguiagaray.

EGUIAGARAY MARTINEZ

EL SEÑOR EGUIAGARAY MARTINEZ: Muchas gracias, Presidente. Yo, respecto a esta Proposición No de Ley, tengo que decir que, para poder enjuiciar la misma, hay que conocer bien cuáles son los antecedentes de este tema. Porque, claro, parece, según se desprende de la Proposición, que es que la Junta pues está con un cierto grado de pasividad a este respecto, y eso para nada corresponde a la realidad.

El diecinueve de Noviembre del ochenta y siete ya se hizo una pregunta al Consejero de Bienestar Social sobre la puesta en funcionamiento del centro social "Mariano Andrés". Es cierto que después de evacuada esa pregunta se hizo el amueblamiento del edificio, pero el expediente de adquisición se hizo con anterioridad. Y no hay que olvidar que la ley exige cumplir plazos, y eso en sí entraña cierta demora.

Pero la base fundamental de las dificultades que afectan a esta institución, ese centro de acción social..., en el que esa cifra de cuarenta mil personas, pues en fin, es una cifra realmente un tanto aleatoria. Si tenemos en cuenta que León tiene unos ciento veinte mil habitantes, pensar que el centro "Mariano Andrés" va a cubrir las necesidades de un tercio de la población es una afirmación exageradamente optimista.

Pero, en fin, en cualquier caso, el problema nace de dos hechos: primero, la conocida filosofía de la Junta respecto a estos temas de acción social, que, en fin, que está plasmada en los Proyectos de Ley que se presentaron recientemente y en las posiciones ya reiteradas del Consejero en diferentes comparecencias, de transferir a los Ayuntamientos estas competencias; Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes. Evidentemente, aquí esa condición se cumple con creces.

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Y lo que ha ocurrido hasta el presente es que el Ayuntamiento de León, sin duda, preocupado por otros temas, pues, ha dejado correr el tiempo y no se ha dedicado a estudiar este tema con profundidad, ni a tomar decisiones, ni a contestar a los múltiples requerimientos que se le han hecho a este respecto. Así, por ejemplo, el dieciséis de Mayo pasado el Jefe del Servicio Territorial de Bienestar Social manifiesta estar a la espera, desde hace dos meses, de contestación por parte del Ayuntamiento, respecto a la oferta que se le hizo sobre la utilización parcial del edificio. Con fecha quince de Mayo, el Alcalde manifiesta verbalmente la intención de hacerse cargo de todo el edificio, haciendo una valoración de alrededor de unos 50.000.000 de pesetas. El veinte de Mayo, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León indica no haber recibido respuesta formal, por lo que sugiere -una simple sugerencia- que una de las plantas del inmueble sea destinada al Centro de Planificación Familiar. Por fin, el veintitrés de Mayo, el Ayuntamiento contesta por escrito, comunicando su conformidad para ocupar incluso la totalidad del edificio con los servicios siguientes: en la planta baja propone colocar biblioteca, en la primera planta un equipo multiprofesional de atención a la población gitana, centro de Acción Social y ayuda domiciliaria; en la segunda, centro de drogodependencias, laboratorio municipal.

Y, con fecha veintiséis de Mayo, ante tal propuesta, la Dirección General de Servicios Sociales y Consumo establece contacto verbal con la Concejalía de los Servicios Sociales para confirmar dicho destino, acordándose entonces la siguiente distribución: en la planta baja, biblioteca, salón de usos múltiples y cafetería; en la primera planta, centro de Acción Social, sede del Consejo Social de Barrio, local de actuaciones de animación comunitaria, ubicación de servicios de atención de diversos sectores sociales: población gitana, ayuda a domicilio etcétera; en la segunda planta: Centro de Planificación Familiar del Servicio Territorial de Bienestar Social. Y, asimismo, se acordó -a partir de este contacto verbal- convocar una reunión con carácter urgente, a celebrar en el plazo de quince días, al objeto de valorar conjuntamente los costes de mantenimiento del centro, así como las pequeñas reparaciones precisas con vistas a la recepción definitiva de la obra, acciones estas previstas a su inmediata entrada en funcionamiento.

Como ven, el tema, por parte de la Consejería y de la Junta en general, está perfectamente clara cuál es su intención, y si esto no se ha producido antes ha sido, como digo, exclusivamente por la falta de respuesta, o la demora en la respuesta del Ayuntamiento de León.

En cualquier caso, parece que últimamente las cosas se han puesto en marcha y que la decisión de la Junta y .... del Ayuntamiento está ya tomada en el sentido que acabo de expresar, por lo cual creo que las previsiones o los deseos expresados en esa Proposición No de Ley están ya cumplidos y, por lo tanto, no hace falta insistir en ella. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para cerrar el debate tiene la palabra la señora Procuradora proponente, doña Matilde Fernández.

FERNANDEZ ESTEBANEZ

LA SEÑORA FERNANDEZ ESTEBANEZ: Muchas gracias. Yo no tengo por qué dudar de las palabras del Procurador de Alianza Popular, pero puesta en contacto con el Ayuntamiento de León -y una de las demoras de venir a la Comisión fue por ese contacto, uno de ellos- me dicen que ellos les han propuesto, a la Junta, el ocupar esos locales, pero que necesitan saber las condiciones, el espacio y las condiciones económicas, y que la Junta no les ha contestado. Ese es el motivo, el que creemos que en once meses era suficiente para echarlo a andar, puesto que no nos podemos permitir ese lujo de tenerlo cerrado. Y mantenemos nuestra Proposición No de Ley ante las diferencias de opiniones que ustedes nos dan, que han tenido contacto con el Ayuntamiento, y los datos que el Ayuntamiento nos da, que se lo han pedido pero que no le han contestado. Entonces, siendo así, quedando constancia de esta Proposición No de Ley para que se ejecute lo antes posible, creo que sería un impulso para que por las dos partes se pusiesen de acuerdo y le diésemos una utilidad y esos servicios que demandan.

Por otra parte, que cubrir cuarenta mil personas parece excesivo. Conociendo la ciudad de León, creo que no es excesivo. Si son ciento veinte mil los habitantes que tenemos, yo creo que casi podría llegar a los ciento veinte mil habitantes que precisaban esos servicios, porque es un edificio francamente bien hecho, que me congratula que la Junta anterior y la Caja de Ahorros se pusiesen de acuerdo para dotar esa zona de León de ellos, pero que se puede utilizar para todo León.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Fuera del debate propio de la Comisión y a efecto de aclaración, y puesto que se halla presente el Consejero, ha pedido un turno de palabra, y esta Presidencia estima oportuno, en aras, simplemente, de la aclaración al tema, concederle la palabra. Señor Consejero, tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para aclarar a la Proponente que el único texto procedente del Ayuntamiento de León tiene fecha veintitrés de Mayo y es al que ha hecho referencia el señor Portavoz de Alianza Popular, en el que se hacía una propuesta de utilización del edificio incluyendo, como él ha señalado muy bien, un centro de drogodependencias y el laboratorio municipal en el propio edificio, lo cual estimábamos que no era oportuno desde ningún punto de vista y le hicimos la contraoferta. Y que estamos pendientes, como se ha señalado, de una reunión para fijar la valoración del mantenimiento de este edificio entre el Ayuntamiento y la Junta. Que cualquier otra afirmación que se haga, a mí me gustaría que el Ayuntamiento le ratificara por escrito, le documentara por escrito, las afirmaciones verbales. Yo sí puedo documentar por escrito las que presento en estas Cortes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Muy breve.

FERNANDEZ ESTEBANEZ

LA SEÑORA FERNANDEZ ESTEBANEZ: Yo creo que los servicios que tiene el centro "Mariano Andrés" es más amplio que sólo estas dos cosas, estoy de acuerdo con el Consejero. Se debe de utilizar al máximo y dedicarle también a servicios sociales. De todas formas, ya pediremos al Ayuntamiento que nos dé la documentación por escrito y comprobar lo que nos dice el Consejero, que no dudo en que sea verdad, pero el hecho es que la información que nosotros tenemos es que hace un año, prácticamente, bueno, un poco menos, están en contacto con ustedes.

Muchas gracias.

(-p.-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Muy brevemente, señor Eguiagaray, para finalizar el debate. 1662

EGUIAGARAY MARTINEZ

EL SEÑOR EGUIAGARAY MARTINEZ: Bueno, yo no sé si la Procuradora del Grupo Socialista me ha oído bien. En la propuesta nuestra no va solamente el servicio de drogodependencias. Habla de centro de acción social, de sede del Consejo de Barrio, actuación de animación comunitaria, población gitana, ayuda a domicilio..., todo eso va incluido en el programa.

Entonces, yo, sencillamente para sintetizar mi pensamiento: pienso que esta Proposición No de Ley, si lo que pretende es espolear a la Junta, es ociosa, porque la Junta está ya en la línea de actuación. Esta Proposición No de Ley sería eficaz si pudiera alcanzar o tener alguna potestad sobre el Ayuntamiento de León, que es realmente el que está parado.

Muchas gracias.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, en aras a la....

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Señor Granado, para finalizar ya no... ningún Procurador tendrá la palabra.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí. Yo lo que quería decir es que, en función de este debate, yo creo que a la Junta de Castilla y León es principalmente a la que le interesa que salga aprobada la Proposición No de Ley, porque la Proposición No de Ley, al intentar que el centro "Mariano Andrés" tenga una utilidad fundamentalmente en el área de servicios sociales, también le sirve a la Junta para dar a entender que la posición de estas Cortes es favorable a esa utilidad y, por lo tanto, a negociar con el Ayuntamiento de León una utilidad del centro que esté orientado a esa función, y a dejar de lado otras posibles finalidades, como podían ser las de laboratorio municipal, que podían ser menos procedentes.

En ese sentido, pues, como expresaría una voluntad unánime de las Cortes de que el centro "Mariano Andrés" tuviera una utilidad de servicios sociales, bueno, sirve como ámbito, como base, como marco, para que la Junta y el Ayuntamiento de León se pongan de acuerdo, y nosotros pensamos que es una aportación constructiva.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Con la aclaración del señor Granado, y vistas las manifestaciones de los señores Procuradores, ¿puedo preguntar si por unanimidad aprobamos la Proposición No de Ley?.....

La señora Secretaria procederá a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNANDEZ ESTEBANEZ): Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la regulación de la autorización administrativa de los centros y servicios de asistencia a toxicómanos, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, número 44, de veintiséis de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Tiene la palabra el señor Procurador Proponente, señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente, con suma brevedad. En Marzo de este año se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la modificación del Código Penal en materia de represión del tráfico de drogas ilícitas, que adiciona al Código Penal un nuevo artículo, el 93 bis, que posibilita la aplicación de la remisión condicional de la pena a drogodependientes que hayan cometido actos delictivos por motivo de su situación de toxicomanía, y que tengan una condena inferior a dos años de duración. En este sentido, se solicita que para la aplicación de este beneficio, se realice en centro debidamente acreditado u homologado.

La Ley General de Sanidad, en sus artículos 29, puntos primero y segundo, regula cómo la acreditación de los centros es una potestad que ejercen las Administraciones competentes, dentro de las facultades generales de autorización administrativa. Y, en este sentido, la competencia para la autorización de centros está transferida a la Comunidad de Castilla y León por el Decreto 2.559/81, de diecinueve de Octubre, de traspaso de competencias, medios y servicios en materia de Sanidad.

La situación de la Comunidad de Castilla y León en materia de acreditación y autorización administrativa en centros de toxicómanos no es distinta a la del conjunto del territorio nacional. La mayoría de los centros específicamente dedicados al tratamiento y la .... de toxicómanos se han creado sin seguir las normas legales de autorización administrativa previa y, en este sentido, su funcionamiento no es regular, cabe decir que es irregular. Y podría decirse también que coexisten al lado de centros de servicios hospitalarios o de servicios del sistema sanitario que realizan tratamientos más o menos solventes; coexisten otros centros privados que desarrollan otros tratamientos, ya sin características profesionales, que también podría entenderse que realizan tratamientos con alguna acreditación o con alguna experiencia internacional, y otros centros que, por desgracia, plantean modelos de tratamiento que son muy discutibles.

En este sentido, tenemos, pues, una doble necesidad. En primer lugar, posibilitar, mediante la acreditación, la homologación. El que los condenados que hayan cometido los actos delictivos con motivo de toxicomanía puedan acogerse al beneficio de remisión condicional que se introduce en el Código Penal, lo cual exige que se conozcan los centros acreditados u homologados para la realización de tratamientos en Castilla y León, los centros o los servicios, también pueden ser servicios sanitarios.

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Por otro lado, tenemos la necesidad de que existan normas de autorización administrativa que regulen y regularicen, más bien, el funcionamiento de estos centros.

Y, por último, tendríamos la necesidad de que las Administraciones Públicas, en esta norma de autorización administrativa, acrediten los centros que según ellos, según las Administraciones desarrollan el modelo de tratamiento más solvente, para que sean éstos, y no todos en general, los que puedan acogerse a los beneficios de las subvenciones o de las ayudas de las Administraciones Públicas.

Por todo ello, nosotros, el Grupo Socialista, presenta esta Proposición No de Ley que pretende que la Junta de Castilla y León promulgue, en el plazo de cuarenta y cinco días desde la aprobación de la Proposición, una norma que regule la autorización administrativa de los centros y servicios que presten asistencia o tratamiento a toxicómanos en Castilla y León.

Que esta Orden regule todos los requisitos que deban cumplir estos centros para continuar abiertos y que tenga un periodo transitorio que permita a los centros existentes el poder acogerse a estos requisitos, el poder cumplir estos requisitos, y terminado este periodo transitorio, si no los cumplen, pues, evidentemente, dejar de funcionar como tales centros de asistencia a toxicómanos.

Que también se prevea cómo..., porque la autorización en el derecho español, la autorización administrativa es una autorización operativa, es una autorización para funcionar, y, en este sentido, los requisitos que se marcan para la apertura del centro no deben darse por terminados en el momento que se abre el centro, sino que deben continuar existiendo en el funcionamiento, que se prevea un plan de inspección que permita el garantizar que los requisitos que justificaron la apertura del centro o la autorización del funcionamiento del centro se siguen manteniendo.

Y, por último, que dentro de la citada norma o bien en una norma distinta se regule la acreditación de los centros autorizados, acreditación que supondría una especial cualificación, una especial solvencia del funcionamiento del centro, que permita a las Administraciones Públicas el otorgarle ayudas, y que permita lógicamente, puesto que eso es la terminología que utiliza la modificación del Código Penal, que sea en estos centros especialmente solventes, especialmente acreditados o cualificados, en donde pueda cumplirse el beneficio de la remisión condicional de la pena, que supone, lógicamente, sustituir la pena de cárcel por un periodo similar de internamiento o tratamiento ambulatorio en un centro cualificado.

Nosotros pensamos que en esta dirección está trabajando la Junta, nos imaginamos que los problemas de aplicación y de aprobación de esta Orden han sido problemas derivados de la complejidad de la situación a tratar. Y, por lo tanto, nuestra Proposición no tiene más que un sentido positivo y es el de marcar las grandes líneas en donde no debe moverse la Orden o la norma que debe promulgar la Junta de Castilla y León, y, eso sí, marcar la urgencia del tema, puesto que ya hay en estos momentos condenados en comunidades terapéuticas o en otro tipo de centros de asistencia a toxicómanos de la Comunidad de Castilla y León que podrían acogerse a la remisión condicional de su pena y que, sin embargo, no lo pueden hacer por la falta que existe en la Comunidad Autónoma de una norma de acreditación o de cualificación de centros.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para la fijación de posiciones, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, don Godofredo Martín González.

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Yo no sé si ha sido coincidencia, pero, indiscutiblemente, me parece que el quince o el dieciséis de Mayo entró en las Cortes la Proposición No de Ley del Grupo Socialista y salió el veintiséis de Mayo en el Boletín Oficial, y el tres de Junio ha salido una Orden de la Consejería que más o menos viene a decir lo mismo. Indiscutiblemente, era necesario para todos el regular estos centros, los centros de desintoxicación, y sobre todo acreditarles para poderse acoger los drogadictos a esta Ley, que estamos hablando, cuando las penas son menores de dos años.

Indiscutiblemente, hemos estudiado los dos, la Proposición de Ley y la Orden, con detenimiento y nos parece que lo evidente es que intentan regular la apertura de estos centros, de alguna forma, vigilar la gestión y también evaluar los resultados. Yo creo que en las dos se recoge esto y creo que era necesario que se regulara la apertura, porque se están abriendo excesivos centros y la Administración debía de intervenir para que esos centros tuvieran las mejores condiciones posibles. Se debe de vigilar la gestión, eso es indiscutible, porque si no no sabemos exactamente o no podemos saber lo que se está desarrollando allí y cómo vamos a poder utilizar nuestros recursos para ayudar a esta gente.

Y después algo que es fundamental, que es evaluar los resultados, porque todos sabemos que en este tipo de drogadicción los resultados desgraciadamente son bastante negativos; las últimas encuestas dan que de los que acaban el tratamiento de un año, año y medio, no es más del ochenta por ciento y de ese ochenta por ciento solamente el dieciséis, perdón, no es más que el veinte por ciento y de ese veinte por ciento solamente del dieciséis al dieciocho verdaderamente se puede decir que se han deshabituado.

Entonces, yo creo que es importante evaluar los resultados para después poder saber los centros que de verdad están haciendo un tratamiento adecuado o no lo están haciendo.

Lo único que pensamos es que quizá al intentar que reúna las condiciones mínimas de calidad y al poner todos los medios adecuados, o exigir que se pongan los medios adecuados, es posible que los costes se eleven bastante y que la gente que no tiene ayudas o que tiene... desgraciadamente tiene pocas ayudas le va a resultar gravoso el tratamiento de sus familiares o de estas personas.

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Yo he hablado bastante con... desgraciadamente, con gente que tiene hijos o familiares drogadictos y me decían que quizá la mejor forma no era la subvención a los centros, sino que era dar el dinero a la familia o al drogadicto y que el drogadicto eligiera el centro necesario, con lo cual, en un sistema de libre empresa, iban a quedar o iban a tener más drogadictos tratándose en los centros que fueran mejores.

De todas las formas, estamos de acuerdo en que se debe de regular la acreditación, estamos de acuerdo en que tenía que salir esta Orden o esta Ley, y vamos a esperar a oír a nuestro compañero de AP para tomar una decisión.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para fijar posiciones, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, señor Eguiagaray.

EGUIAGARAY MARTINEZ

EL SEÑOR EGUIAGARAY MARTINEZ: Muchas gracias, Presidente. Al escuchar al señor Granado, pues, experimenta unos sentimientos o sensaciones de distinto signo. Porque, en primer lugar, hay una sensación grata, que es el pensar que los problemas de la Comunidad son unos y que todos los Grupos Parlamentarios, de una u otra manera, pues, venimos a coincidir en la sensibilidad hacia esos problemas y además de una manera curiosa: que esa sensibilización se produce con una rara coincidencia en el tiempo.

Por consiguiente, esa Proposición No de Ley es algo que está en gran parte contestada por la Orden que ya ha mencionado el representante del CDS, que ya está en tramitación y está publicada, en la que ya se contempla y se tratan muchos de los problemas planteados en su exposición por el señor Granado.

Es un problema difícil éste de la drogodependencia, es un problema muy difícil, en el que habría que sopesar bien dos intereses encontrados: el interés humano evidente de los propios drogadictos, de sus familiares y de su entorno, y también el interés de la sociedad, porque es claro, y estadísticamente comprobado, que en el momento actual una enorme parte de la inseguridad ciudadana que padecemos nace precisamente de esa lacra de la drogodependencia.

Y ése es un problema tan serio, esa cualidad de problemas, que en el momento actual, con la reforma del Código Penal existente, pues los propios Ministros de Sanidad y de Justicia no se ponen de acuerdo, no son capaces de ponerse de acuerdo respecto a quién debe garantizar la seguridad derivada de esas normas y tampoco en quién debe hacerse cargo del coste económico.

Pero, en todo caso, lo que sí es cierto es que la Consejería, simultáneamente a la inquietud del Grupo Socialista, ha tenido también su inquietud, ha tenido también su preocupación por el tema y lo ha plasmado en una Orden.

Por consiguiente, la Proposición No de Ley tiene puntos que yo, desde luego, no me atrevería a suscribir; como tampoco me atrevería a suscribir la propuesta del representante del CDS de que los dineros se les entreguen a las familias de los drogadictos, porque, en fin, a mí los drogadictos... y los drogadictos hay de muchas clases, tipos, colores y maneras de ser y de pensar. Todos sabemos que hay familias de drogadictos que, sin rebozo, se preocupan fundamentalmente de pasarles la droga a los drogadictos que están en centros penitenciarios, con lo cual malamente colaboran con una deshabituación de estos muchachos o de estas personas. Entonces, eso podría tener serios peligros, porque, naturalmente, el controlar individualmente unos dineros dados a unas familias sería algo realmente difícil.

Yo, en este tema de hoy, en fin, me viene a la memoria unas palabras del propio Portavoz del Partido Socialista pronunciadas hace muy pocos días, en que decía, con una dureza que yo no quiero emplear hoy aquí, porque él tachaba de frivolidad, no, yo no voy a hacerlo, el empeñarse en justificar la paternidad de una iniciativa. Yo creo que ésta es una iniciativa que todos la sentimos, que todos la compartimos, aunque, naturalmente, haya diferencias en los matices o en los conceptos de algunos puntos concretos, pero que considero que, estando la Orden ahí, yo no veo la necesidad de que esto venga a estar corroborado o venga a estar apoyado por una Proposición No de Ley. Porque una Proposición No de Ley, yo, tal como la entiendo, parece ser que es como una llamada de atención ante algo que la Junta no está haciendo, y es una llamada de atención para algo que la Junta ya ha hecho; pues, realmente, la encuentro ociosa.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Tiene la palabra el señor Consejero.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente, para aclarar que es que en la justificación de la Proposición No de Ley yo creo que se mezclan dos cosas, que, evidentemente, tienen relación, pero a larga distancia, y es la modificación del Código Penal con la acreditación de los centros.

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Ha señalado el Portavoz de Alianza Popular que el problema que se plantea en la rehabilitación de la pena, de este tipo de penados en centros de rehabilitación de toxicómanos, no está regulado todavía a nivel central. Hay -y estoy seguro que Su Señoría lo sabe-, serios conflictos de competencias entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Justicia en cuanto a la seguridad que hay que mantener en esos centros, quién es el responsable, quién se hace cargo de los costos de esta deshabituación de estos penados. Y mientras eso no está resuelto, desde luego, nosotros no podremos hacer nada. Y, en este momento, que yo sepa, no se ha tomado todavía ninguna solución o, por lo menos, ni en la Comisión Nacional para la Droga, ni en el Consejo Interterritorial de Salud, ambas instituciones a las que yo represento, o las que yo acudo en representación de esta Comunidad, nos han comunicado absolutamente nada. Es cierto que los centros necesitan una regulación y es cierto, como Su Señoría ha indicado, que en ninguna Comunidad de España, en ninguna hasta el momento, se ha producido una orden semejante a la que hemos producido nosotros, publicándola hace unos días en el Boletín. Hay proyectos en marcha, hay regulaciones parciales, pero es que nosotros entendemos -y no es que lo entendamos nosotros, se entendía en la Comisión Nacional contra la Droga-, que a la hora de regular estos centros habría que elaborar unos mínimos que tuvieran validez en todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que muchas de las asociaciones que se dedican a la rehabilitación de drogadictos tienen actuación en todo el territorio de la Nación, y entonces no parecería procedente que regulemos a "El Patriarca" en nuestra Comunidad con unos mínimos que no se parezcan en nada a los que se regulen, sobre todo en cuanto a costos y alguno de los detalles concretos que aparecen en la Proposición, que se regule, digo, con unos criterios distintos a los que se hagan en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid o en Andalucía. Y por eso nosotros, en la Orden, hemos tratado aquellos temas que pensamos que son absolutamente aceptables en cualquier Comunidad, sin descender a detalles que pueden plantearnos conflictos sobre la actuación del proyecto-hombre o de "El Patriarca" o de "ADROGA" o de cualquiera de las múltiples asociaciones de rehabilitación en distintos territorios, porque luego sería difícilmente justificable el tener que modificar nuevamente la Orden.

En cuanto a la coincidencia de la Proposición No de Ley en el tiempo con la aparición de la Orden en el Boletín, yo lo más que puedo decir es que cuando la Proposición No de Ley tuvo entrada en estas Cortes el texto de la Orden estaba en la Asesoría Jurídica de la Consejería de Cultura y Bienestar Social para su informe, y que bien es verdad que a la vista de la Proposición No de Ley se hizo un retoque en un par de artículos que no estaban recogidos previamente, precisamente para aceptar, anticipándonos, lo que podría venir al debate en el día de hoy.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Procurador proponente, señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí. Bueno, ya..., yo nunca me voy a quejar de que la Junta de Castilla y León, a las proposiciones que presente el Grupo Socialista les de satisfacción antes de que se discutan en la Cámara, porque me parecería una posición muy extravagante. A mí me parece muy bien que cuando el Grupo Socialista presenta una propuesta pues encuentre que cuando se va a discutir en las Cortes ya hay alguna actuación del administrativo que se ha anticipado. Me parece que es un signo de tolerancia y, bueno, es una posición constructiva de la Junta, aceptando nuestras Proposiciones incluso antes de que las Cortes las aprueben.

No obstante, hay que hacer alguna matización sobre el contenido de la Proposición y el contenido de la Orden del día tres de Junio.

El primero sería el de la coincidencia en el tiempo. Bien, yo conozco, en función de mi pertenencia a otros foros, el hecho de que el Plan Nacional había mantenido reuniones con las Comunidades Autónomas para incitarles, a través de un protocolo de mínimos, a que cada una de ellas desarrollara lo que es precisamente el ejercicio de su compentecia: la autorización de los centros de asistencia a toxicómanos y de la rehabilitación de los toxicómanos. Y precisamente porque lo conocía, no había realizado esta Proposición hasta cuando la presentación de la misma ya era ineludible, puesto que, bueno, había salido ya la Ley, existía un compromiso verbal de las Comunidades Autónomas con el Plan Nacional de que antes de que saliera promulgada la modificación del Código Penal iban a existir ya normas en todas las Comunidades de acreditación de centros, y este compromiso no se había cumplido aquí; de la misma manera que no se había cumplido en otras Comunidades Autónomas, y me parece que el tema es suficientemente complejo como para explicar este relativo incumplimiento. Pero una vez promulgada la Ley en el Boletín Oficial del Estado, era ya ineludible el que la Comunidad Autónoma, ya digo, en el ejercicio de sus competencias, regulara la autorización y acreditación de centros, puesto que de lo contrario se estaría lesionando un derecho de los ciudadanos y es el derecho a acogerse a un beneficio, que es el de la remisión condicional. Esto en primer lugar.

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En segundo lugar, lo que ha hecho la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, a la hora de fijar un protocolo de mínimos, que ha sido... ni siquiera es un texto oficial, es un texto de carácter privado -digámoslo así-, que se ha repartido por las Comunidades Autónomas, es lo más que podía hacer el Ministerio de Sanidad, puesto que son las Comunidades Autónomas los órganos competentes para autorizar y acreditar centros. Y, en este sentido, yo suscribo el que todas las normas de autorización de acreditación tienen que tener un sustrato común, porque si no sería... produciría importantes distorsiones; pero ese sustrato común no debe hacernos abdicar de nuestras propias competencias como Comunidad Autónoma. En este sentido, también me parece que no llego a alcanzar cuál es el sentido de la posición de la Junta en estos momentos, porque, bueno, si la Comunidad Autónoma de Castilla y León es competente para autorizar y acreditar centros, a pesar de que tenga que existir unas normas generales de carácter nacional, en las que se basen todas las normas de autorización o acreditación, es evidente que es la Comunidad Autónoma la que lo tiene que hacer. Y, siendo la Junta de Castilla y León tan celosa en el ejercicio de sus competencias, me parece mal que renuncie a ellas, en beneficio de una homogeneidad nacional, que, además, podría no estar justificada, porque la situación no es exactamente la misma en todas las comunidades, e, incluso, los centros de las mismas redes asistenciales tampoco tienen las mismas características en diferentes Comunidades; no son iguales los centros de "El Patriarca" en Castilla y León a los que tiene la Comunidad Valenciana, ni a los que tenía en el País Vasco, ni puede ser igual la política sanitaria que desarrolla la Comunidad Autónoma Catalana o la Extremeña, como la política sanitaria que desarrolla la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En este sentido, las normas que nosotros dictemos deben estar en función de una determinada política sanitaria, que es la que dicta la Junta de Castilla y León y la que dictan las Cortes y que la Junta ejecuta, y no nos parece mal el que en esta Comunidad se marquen unos requisitos, o se marquen unas normas que sólo sean de aplicación aquí. Sobre todo, teniendo en cuenta que es nuestra competencia.

No es tampoco exactamente cierto que ninguna Comunidad Autónoma tenga normas similares. Yo aquí tengo una relación de ellas. Es decir, pues, no sé, la Comunidad Autónoma de Navarra lo tiene regulado desde Agosto del ochenta y siete; la Comunidad Autónoma de Extremadura desde Febrero del ochenta y seis; la Comunidad Autónoma de Madrid desde Febrero del ochenta y seis, asimismo; la Comunidad Autónoma Valenciana desde el catorce de Abril del ochenta y siete; y la Comunidad Autónoma Catalana lo ha regulado, lo tenía regulado ya antes, pero lo ha vuelto a regular en fechas relativamente recientes. Es decir, había ya bastantes Comunidades Autónomas que tenían regulada esta situación, y yo creo que lo que se ha hecho en Castilla y León, en este sentido, no es novedoso, sino que, únicamente, se suma a estas Comunidades Autónomas que ya lo habían realizado.

Y, bueno, el problema que se nos plantea aquí es si se puede dar por cumplida la Proposición del Grupo Socialista con la Orden de la Consejería. Yo creo que exactamente no; yo creo que la Proposición del Grupo socialista incluye aspectos que no regula la Orden de la Consejería. Entonces, en ese sentido, tampoco me parece mal el que se reconozca el trabajo que ha realizado la Consejería, y, si la Consejería se compromete -porque yo, en este tipo de cuestiones, yo sigo pensando que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y no tengo ninguna intención de intentar impedir que se llegue a acuerdos-, si la Consejería se compromete a tener en cuenta la Proposición del Grupo Socialista en el desarrollo de la Orden y a dar, de alguna manera, satisfacción a lo que entiende que razonablemente pueda darse dentro de la Orden; es decir, incluso en los aspectos que la propia Orden no toca, pero que, de alguna manera, la Proposición solicita, y la Consejería se compromete a ello, manifiesta la voluntad política de cumplir con estos aspectos, yo me daría por satisfecho, el Grupo Socialista podría darse por satisfecho, y, en este sentido, en base a ese compromiso político, retiraríamos la Proposición. De lo contrario, la mantendríamos, porque hay aspectos, ya digo -algunos sustanciales-, de la Proposición que no están contemplados en la Orden de la Consejería, y son aspectos que realmente pueden ser interesantes en nuestra Comunidad Autónoma. Es decir, ya no tiene demasiada justificación que en nuestra Comunidad Autónoma haya algunos centros de asistencia a toxicómanos que en otras Comunidades Autónomas han desaparecido; y han desaparecido, puesto que las Comunidades Autónomas han entendido -las que los han clausurado- que, realmente, la función asistencial o de recuperación de toxicómanos, como se estaba desarrollando en esos centros, era una función insuficiente, y, a veces, incluso negativa. Y nosotros tenemos que afrontar este hecho. Y, bueno, esto es un tema que a nosotros nos preocupa mucho; nos preocupa, especialmente, la cualificación que se dé a los centros.

La Consejería de Bienestar Social me ha contestado recientemente a una pregunta sobre convenios que había suscrito el año ochenta y siete, en función de los resultados de la..., vamos, en función de propuestas que ya estaban vigentes en el equipo anterior, en materia de asistencia a toxicómanos. El abanico de centros que han convenido con la Junta asistencia a toxicómanos es muy diverso; y, desde luego, debería someterse a esa evaluación de la que hablaba el Portavoz del Grupo Popular -y yo en eso estoy de acuerdo- cuáles son los resultados que se están consiguiendo en esos centros. Y yo creo que si tuviéramos una Orden, si tuviéramos una voluntad política de desarrollar esa Orden en el sentido de nuestra Proposición, sería positivo, puesto que incluso algunos centros de los que actualmente están convenidos con la Junta sería discutible que pudieran mantener el convenio, porque a lo mejor llegábamos todos a la conclusión de que la labor asistencial que están desarrollando no es suficiente, o incluso es negativa. y tampoco sería malo, puesto que también orientaríamos un poco a la iniciativa privada, en el sentido de, "si ustedes quieren asistir a toxicómanos, bueno, tienen que hacerlo con unas mínimas garantías"; tampoco esto es cuestión de andar aquí volviendo a suscitar, pues, no sé, algo así como los curanderos. Yo creo que en el tema de las toxicomanías, a veces, desde algunas redes asistenciales se está volviendo a relanzar la curandería, en contra de la ciencia médica, por ejemplo.

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Y, por último, los problemas que haya de aplicación de la remisión condicional del Código Penal van a ser problemas yo creo que estrictamente económicos. El problema final va a ser el de quién es el que paga el tratamiento; porque la seguridad de..., bueno, las condiciones en las que debe cumplirse el beneficio de la remisión condicional no solamente están en el Código Penal, sino están..., bueno, están en las potestades del Poder Judicial, y va a ser el juez de vigilancia el que va a tener que garantizar, el que va a tener que supervisar -otra cosa es que tenga, o no, los medios adecuados, que evidentemente es una discusión que no nos ocupa en estos momentos- el que la remisión condicional se realiza de acuerdo con lo que establece el Código Penal y con todas las condiciones que fija el Código Penal. Los problemas económicos van a existir; yo anticipo que la posición de nuestro Grupo siempre ha sido favorable a que el toxicómano, en su vertiente de enfermo, tiene derecho a la asistencia sanitaria, y, en este sentido, los tratamientos de la toxicomanía debería entenderse por los poderes públicos que deben ser, en la medida de lo posible, gratuitos, y que deben ser subvencionados de la forma que los propios poderes públicos determinen. En este sentido, pues es evidente que hay Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales que han creado redes de asistencia a toxicómanos, ubicándolas en los servicios de salud mental, ubicándolas en dependencias específicas. Lo han hecho, están prestando tratamiento gratuito y, en algunos casos, pues, ese tratamiento deriva en un internamiento en un centro especializado, y entonces lo que hace la Administración competente es becar ese tratamiento, o, en todo caso, subvencionarlo, en el caso de que se compruebe que la familia no puede aportar dinero. Eso va a ser, al final, a lo mejor, el problema. El problema va a ser que, si hay cien personas en Castilla y León, y cincuenta tienen que estar internadas en centros, pues, ¿quién va a pagar esos costes? Y, evidentemente, tampoco tendría que ser sólo la Comunidad Autónoma. Pero, en cualquier caso, yo creo que va a ser un problema más económico que de otro tipo, y no veo problemas de aplicación inmediata, en el plano jurídico o en el plano formal, al beneficio de la remisión condicional, tal y como ha quedado en el Código Penal.

Entonces, por resumir y por concretar, esta Proposición se ha presentado porque la Junta ha tenido unos meses en los que podía haber realizado esta Orden y no lo ha hecho hasta Junio de este año. Nos parece muy bien que lo haya hecho después de la presentación de la Proposición No de Ley; es evidente que tendría trabajos, antes de la presentación de la misma, que justificarían la redacción de la Orden. Nosotros creemos que la Orden es menos amplia que nuestra Proposición y que, en este sentido, la aprobación de la Proposición, de alguna manera, supone que las Cortes de Castilla y León marcan a la voluntad política su criterio de que desarrolle en la práctica la citada Orden en el sentido de la Proposición. Si la Junta se compromete a ello y asume este compromiso, nuestro Grupo no tendría ningún inconveniente en retirar la Proposición.

Si la Junta sigue teniendo problemas en algunos aspectos concretos de la Proposición para determinar si lo puede hacer o no, pues tendríamos que discutir qué problemas concretos son estos; es decir, qué aspectos de la Proposición a la Junta le parece que no son asumibles o que la Junta no se compromete a hacer; y en ese caso la mantendríamos, porque nosotros defendemos, uno por uno, todos los aspectos que contiene nuestra Proposición, porque nos parece que es lo que hay que hacer. Y vuelvo a señalar que, aún reconociendo el argumento de que sería muy conveniente que a nivel nacional existiera una normativa explícita, que a lo mejor solucionara el problema de las Comunidades Autónomas, esto no es posible, porque la autorización de centros es una competencia que, por Ley de Sanidad y por las transferencias a las Comunidades Autónomas, reside en las Comunidades Autónomas y nadie puede impedir que cada Comunidad Autónoma desarrolle sus competencias en la materia que lo crea conveniente. Nosotros lo que hemos incluido aquí en nuestra Proposición son los puntos que, precisamente, nos parece más interesante regular en los centros que conocemos en Castilla y León. No hemos metido otras cosas que han metido otras Comunidades Autónomas, porque a lo mejor en otras Comunidades Autónomas se han planteado problemas distintos y lo que han regulado, por lo tanto, son requisitos distintos.

Por lo tanto, pues yo estoy un poco a la espera de que el señor Consejero pues nos exprese un poco la voluntad de la Junta en esta materia. Y vuelvo a decir que, en el caso de que la Junta, pues, entienda que no debe asumir partes de nuestra Proposición, nosotros la mantendríamos y pediríamos a las Cortes que se aprobara, pediríamos a esta Comisión que se aprobara, porque nos parece importante el que el cuerpo entero de la Proposición salga adelante, bien en forma normativa, o bien en forma directa por la aplicación de la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Sí. El señor Consejero tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias. Yo señalaba antes que mi intención era que cerrara el debate el señor Granado, pero, evidentemente, hace planteamientos concretos a los que voy a tener que responder. No sin antes señalar que observo una cierta contradicción entre su intervención ahora y su primera intervención. En la primera decía que la Autonomía nos permite fijar la política que queramos en este tema, o que creamos oportuna en este tema, y ahora nos dice que aquí se mantienen centros que en otras Comunidades se han cerrado; justamente en función de esa autonomía, pues, hay Comunidades que evalúan de una forma una cosa y hay Comunidades que lo evalúan de otra. Entonces, o tenemos autonomía o no la tenemos; o tenemos criterios uniformes, o no los tenemos.

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Dicho esto, y aclarado también..., puesto que en su intervención parece que incide en que la Proposición, o la Orden, aparece en el Boletín como resultas de la Proposición No de Ley, cabe también hacer otra interpretación: el Grupo Socialista activa este tema cuando tiene acceso a un documento reservado de la Consejería -cosa, por otra parte, habitual en mi casa- y, entonces, en función de eso, se hace la Proposición No de Ley, ¿verdad? Tiene dos lecturas; que cada uno la lea como crea; pero es que, como esto se viene reiterando de forma manifiesta, como hemos tenido oportunidad de ver en la Ley de Acción Social, que discutiremos dentro de unos días en las Cortes, en las que aparece una Proposición de Ley Socialista que se parece más a nuestro Proyecto actual que al que el propio Grupo Socialista presentó en Mayo del ochenta y siete, pues, desde luego, no me sorprende lo más mínimo. Pero no iba por ahí mi intervención en este momento, sino que yo le planteo al señor Granado el sentido contrario: dígame qué aspectos concretos de la Proposición No de Ley cree que quedan absolutamente marginados en la Orden que hemos publicado nosotros, y sobre ésos me podré pronunciar si estamos dispuestos a llegar a un acuerdo.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, yo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): El señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, muchas gracias, señor Presidente. Yo no tengo aquí la Proposición, la Orden de la Junta, pero..., porque, además, es que la he perdido; entre otras cosas, porque me llegó el lunes de esta semana y, aunque la estuve subrayando con detenimiento, se me olvidó traerla aquí. Pero, vamos, en cualquier caso, sí que puedo hacer una referencia de algunos aspectos concretos.

Sí quiero empezar a decirle al señor Consejero que no tenga manía persecutoria. Yo le doy mi palabra de honor de que las Proposiciones que presenta el Grupo Socialista no tienen nada que ver con esos documentos a los que él hace referencia. Sobre la Proposición No de Ley de Acción Social, sí que le puedo decir que nuestro Grupo va a presentar noventa y tres Enmiendas parciales al texto de la Junta y una Enmienda a la totalidad, de lo cual se infiere que no es tanto el parecido; porque la Ley tiene escasamente cincuenta artículos, y, cuando hemos podido presentar noventa y tres Enmiendas, pues, evidentemente, no era tan parecido nuestro Proyecto al de la Junta; yo creo que era bastante distinto, y en este sentido tendremos oportunidad de discutirlo convenientemente.

En concreto, a mí me interesa, fundamentalmente, que la Junta de Castilla y León me dé algunas garantías sobre los siguientes aspectos: las Comunidades terapéuticas de Castilla y León, para funcionar, ¿van a tener un mínimo soporte -las comunidades terapéuticas de asistencia a toxicómanos-, van a tener, para funcionar, un mínimo soporte profesional? Es decir, ¿va a haber personas..., va a haber equipos profesionales que estén, de alguna manera, vinculados a las comunidades terapéuticas? Ese es un tema que me parece fundamental.

¿La Junta de Castilla y León va a regular los centros y servicios médicos que van a tratar a los toxicómanos, bien en régimen hospitalario, o bien en régimen ambulatorio? ¿Los va a regular, no solamente a los centros específicos, sino a los servicios hospitalarios? ¿Se va a, de alguna manera, establecer normativamente cuáles son los derechos del paciente en los centros de asistencia a toxicómanos? ¿Se va a hacer un desarrollo legislativo en esas condiciones? ¿Va a haber una mínima inspección del régimen de precios y de contabilidad de estos centros? Es decir, ¿va a tener la garantía un ciudadano de Castilla y León que envía a un familiar suyo a un centro de estas características de que no se producen abusos económicos? Y, en este sentido, esa regulación contable, esa inspección contable de los centros autorizados y de los centros..., especialmente de los centros acreditados, bueno, de alguna manera, ¿va a tener en cuenta para la acreditación cuál es el régimen de precios? ¿Podría acreditarse una comunidad terapéutica que cobrara 180.000 pesetas al mes, por ejemplo? El período transitorio de los centros para regular su situación, ¿cómo se va a aplicar? Es decir, ¿va a haber una aplicación estricta?, ¿la Junta se va a comprometer a que, terminado un período transitorio, los centros que no cumplan las condiciones de autorización van a ser cerrados, van a ser clausurados en tanto en cuanto no las cumplan? Y, bueno, ¿cuándo y de qué manera se va a hacer llegar al Poder Judicial de nuestra Comunidad y, fundamentalmente, a las Audiencias Provinciales y a las dos Audiencias Territoriales, o al Tribunal Superior de Justicia, a las Salas de Valladolid y Burgos, cuáles son los centros de nuestra Comunidad Autónoma que se entienden debidamente acreditados o debidamente homologados, a los efectos de que los reclusos de Castilla y León puedan acogerse a beneficios de la remisión condicional. ¿En qué condiciones va a hacerse esto?. Y si la Junta de Castilla y León va a considerar taxativamente la acreditación como un requisito para concertar o subvencionar a centros privados. Es decir, si lo va a hacer..., es decir, una vez dictada la norma de acreditación, ¿la Junta de Castilla y León va a ser rigurosa en su cumplimiento? Es decir, ¿solamente van a ser subvencionados, o solamente van ser concertados aquellos centros que la cumplan y los que no la cumplan no?

Si la Junta me da satisfacción en torno a estas cuestiones, que son, más bien, aplicación práctica de la norma que de la propia norma en sí, pues nuestro Grupo pues, evidentemente, no tendría ningún inconveniente en retirar esta Proposición; y, de lo contrario, la mantendríamos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Señor Consejero.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente.

El primer punto que plantea Su Señoría, el mínimo soporte profesional, creo que en la propia Orden queda ya..., claro que debe haber un mínimo soporte profesional que habrá que discutir. Hay que pensar que hay que dar audiencia a las propias Asociaciones de Drogadictos, en este tema; hay que escuchar a quien está llevando el tema, porque muchas veces nos ocurre que pensamos que todos sabemos de la droga; en este país todo el mundo sabe de droga y, cuando uno empieza a profundizar, se ve que no tiene más que una visión absolutamente parcial, unilateral, y que el tema es mucho más complejo que el puramente médico o el puramente social, sino que hay un montón de factores. Pero, desde luego, mínimo soporte profesional, sí nos comprometemos a que eso sea necesario.

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Regulación de centros y servicios médicos y servicios hospitalarios. Ahí entramos... Me pide Su Señoría algo en lo que yo no puedo comprometerme, porque, como Su Señoría sabe -y ayer en esta misma sala debatíamos el tema-, las competencias que tiene la Junta en el tema de servicios hospitalarios son mínimas. Y entonces, ahí pocas intervenciones podemos realizar, en el tema de servicios hospitalarios.

Hay hospitales, en Salamanca..., hay una serie de camas, me parece que son veinte camas en este momento, en esta Comunidad..., no recuerdo exactamente el número, pero creo que son veinte camas de servicios hospitalarios, que están concertados, pero que, realmente, la responsabilidad de esas camas corresponde a los hospitales, y ninguno de ellos son hospitales de la propia Comunidad; son hospitales del INSALUD, y, entonces, ahí la dificultad de compromiso de la Junta está en que yo no puedo comprometer algo sobre lo que no tengo competencia. Evidentemente, en la regulación de asistencias médicas, sanitarias, en estos centros, sí; pero no en el tema concreto de servicios hospitalarios, hasta que no tengamos competencia hospitalaria plena, porque, simplemente tenemos la de coordinación, aunque a veces se olvida.

Los derechos de los pacientes en estos centros. Hay que estudiar cuál son los propios Reglamentos de cada uno de los centros, y habrá que pedir a los centros que nos presenten la normativa y exigirles que en esa normativa estén recogidos los derechos de los pacientes; no habría ningún problema.

La mínima inspección, en cuanto a efectos de precios mínimos y de contabilidad y de seguimiento. En tanto en cuanto la Legislación nos lo permita, nosotros estamos dispuestos a controlarlo. Pero yo no sé si en estos momentos nosotros tenemos capacidad jurídica para exigir a una empresa privada que nos enseñe los libros de contabilidad. Otra cosa es si se les subvenciona y se exige, en la convocatoria para acudir al convenio de subvención, que se nos dé acceso. Pero si es una entidad absolutamente privada, yo dudo que sea esta Consejería quien tenga competencia para hacer ningún tipo de inspección contable o fiscal.

¿Si vamos a acreditar a determinados centros de rehabilitación, en función de que tengan una tarifa?. Bueno, la tarifa más o menos alta yo creo que será algo a considerar, más que para acreditar o no, para conceder subvención o no, o convenio específico a estos centros. Si hay centros de rehabilitación de drogadictos que estiman que deben cobrar 180.000 pesetas mes y resulta que reúnen absolutamente todas las condiciones que les pongamos, y hay quien paga esas 180.000 pesetas, yo no me voy a oponer a que se le acredite a ese centro. Otra cosa es que yo esté dispuesto a subvencionar ese tipo de centro.

El período transitorio. Bueno, Su Señoría sabe que los períodos transitorios, vamos a ser claros, pues la realidad es que nunca se cumplen al cien por cien. Será un período transitorio, y, quiérase o no -y yo estimo que Su Señoría me lo va a reconocer así-, al final, luego hay que hacer un segundo período transitorio, porque hay algunos que les falta alguna pequeña cosa; y, digamos, hay una cierta tolerancia en el final de los períodos transitorios, en esta Administración, en este tema, en otras Administraciones y con montones de temas. Según venía en el coche, yo venía leyendo "El Norte de Castilla" de hoy -no sé si Su Señoría lo ha leído-, en el que a partir del seis de Junio se iba a sancionar en Valladolid a los automóviles que contaminaban, y el Ayuntamiento ha estimado que va a demorarlo hasta Septiembre, cuando la Orden era muy anterior; porque, evidentemente, hay un período de adaptación que se estima administrativamente, pero que luego se tiene que ir prorrogando.

Entonces, nosotros trataremos de que los centros que no se hayan acreditado, o sea, que..., o que no se hayan acomodado a la normativa, lo hagan en el período que está señalado en la Orden; en su momento, si no lo han hecho, se hará un apercibimiento de cierre y estimo que habrá que darle un período breve para que lo adapte, y, en último término -y, desde luego, si yo me veo respaldado, como espero verlo, por todos los Grupos de estas Cortes y asumimos entre todos la responsabilidad-, cerrar los centros que haga falta. El tema tiene una trascendencia social importante; yo no tendría inconveniente.

Pero, insisto: sí al período transitorio, con una fecha tope; al finalizar esa fecha tope, analizar cuál es la situación real; ver cuáles son los que faltan de acreditar y en qué condiciones están. En aquellos que, efectivamente, se vea voluntad de reunir esas condiciones, se les puede dar un nuevo período transitorio, que podríamos negociar perfectamente. Y, en aquellos que esté claro que en el largo período transitorio no han hecho absolutamente nada, habrá que proceder a su clausura.

¿Cuándo vamos a enviar al Poder Judicial la relación de centros acreditados? Evidentemente, tan pronto como la tengamos, no antes; parece que es elemental. Y si hay unos plazos para acreditarla, pues, tan pronto como se vayan acreditando, nosotros no tenemos inconveniente en, centro que se acredita, dar conocimiento inmediato a la autoridad judicial.

Otro tema es -que su Señoría lo ve muy fácil, yo no lo veo tan sencillo- el tema de la redención de penas en este tipo de centros. Pero como no tenemos competencia en Instituciones Penitenciarias -ni la queremos-, entonces habrá de ser la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con el Ministerio de Justicia y, en su caso, con el de Sanidad, el que arbitre todo el resto del problema.

Y yo no sé si he contestado a todas o queda alguna en el tintero. Creo que he contestado prácticamente a todas, y creo que se desprende que, prácticamente todas, si no al cien por cien, se pueden asumir perfectamente.

GRANADO MARTINEZ

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EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, breve, por no eternizar el debate, porque la intervención del señor Consejero me suscita nuevas dudas y tampoco quiero convertir esta Comisión en un "Hamlet" colectivo. Yo, simplemente, lo que le pediría al señor Consejero es que -porque no se compromete a decirnos cuándo va a enviar al Poder Judicial la relación de centros acreditados u homologados-, que por lo menos se haga llegar a la Junta una relación de centros provisionalmente acreditados u homologados, en cuanto sea posible. Es decir, yo creo que es fácil, por ejemplo, a los centros que han concertado servicios en años anteriores con la Comunidad Autónoma, en centros que yo creo que reúnen unas condiciones genéricas de solvencia y que tienen un soporte profesional, o la acreditación de un tratamiento, pues, derivado del apoyo de la Iglesia Católica, o algunos centros más, que, por lo menos, en esos centros puedan empezar a cumplirse, ya, provisionalmente y hasta que se dicten definitivamente las normas de acreditación, las remisiones condicionales de condena. Porque hay gente que ya está en situación de no saber a qué centro puede ir. O sea, que en estos momentos ya en Castilla y León hay gente que podría acogerse a beneficios de la remisión condicional y que sólo está a la espera de que le digan en qué centro tiene que cumplirla. Y, bueno, ésa es la situación que no se puede prolongar mucho tiempo, porque, al final, esa gente, en cualquier momento un juez puede dictaminar su ingreso en prisión, y eso sería una barbaridad. O también podría ser una barbaridad que se dictaminara la suspensión de la ejecución de la pena sin ningún otro tipo de condicionamiento, porque, al final, esa persona podría recaer.

En ese sentido, pues, en fin, por no hacer y por no volver a suscitar discusiones sobre la materia, nos daríamos por satisfechos con las especificaciones del señor Consejero y retiraríamos la Proposición, con el ruego de que se haga llegar -ya digo- esa calificación provisional de centros acreditados u homologados, a efectos de la remisión condicional de la pena. Y, desde luego, anunciando que vamos a controlar y que vamos a exigir en los próximos meses, dando un período de tiempo prudencial -el que se marca en la propia Orden-, cuál es la aplicación concreta de la Orden. Porque entendemos que hay supuestos en los cuales la Comunidad Autónoma sí que tiene más competencias de las que el señor Consejero dice que tiene. Yo creo que la autorización, por ejemplo, que tiene que dictar la Junta para la apertura de nuevos hospitales también puede aplicarse a la apertura de nuevos servicios dentro de los hospitales. En este sentido, cuando se abre un nuevo servicio en un hospital -aunque sea un hospital del INSALUD-, ese nuevo servicio debe ser autorizado por la Junta de Castilla y León, sobre todo cuando es un servicio tan específico como es el tratamiento de toxicomanías.

En este sentido, desde luego, si el señor Consejero plantea un conflicto de competencias con el INSALUD por intentar regular el funcionamiento de los nuevos servicios de atención a toxicómanos que se creen en los hospitales del INSALUD, contará con mi apoyo, aunque sea a título estrictamente particular.

Y bueno, pues, en ese sentido, dar por retirada la Proposición, con el ruego expresado al Consejero de Bienestar Social, y, bueno, anunciando también que ejercitaremos las facultades de control, en meses sucesivos, que nos da el Reglamento de la Cámara.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Una vez retirada la Proposición No de Ley por parte del Grupo Proponente, el representante del Grupo político de Centro Democrático y Social ¿quiere hacer uso de la palabra o no? Por finalizar el debate ya.

MARTIN GONZALEZ

EL SEÑOR MARTIN GONZALEZ: Gracias. Muy breve, para contestar al Portavoz de AP, que quizá le hice un comentario y disgregué un poco el tema.

Yo sé que el tema se centraba en la homologación y el control de los centros y no en la bondad de la forma de subvención, si concierto a los centros o directo a las familias; ése es otro tema que nos llevaría mucho tiempo de discusión, y está abierto. Porque yo he hablado con varios centros, con muchos centros, con familiares, y no es un tema que ya esté cerrado. Pero no era el tema de hoy, y no quería entrar en ello.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AGUDO BENITO): Entonces, se da por retirada la Proposición No de Ley.

Se termina la sesión.