DS(C) nº 129/4 del 5/9/1996

CALVO CASASOLA

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Por el Grupo Popular, don Juan Castaño sustituye a don Ernesto Argote, don Jesús Abad a don Francisco Vázquez y don Luis Cid a doña Isabel Jiménez.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias. ¿Hay alguna sustitución más?

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Doña Carmen Reina a don...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): ¿Doña Carmen Reina a don...?

LEÓN DE LA RIVA: A

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: A don José Carlos Rodríguez Monsalve.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias. ¿Alguna sustitución más? Muy bien. Pues comenzamos la sesión. El señor Secretario dará lectura al primer punto del Orden del Día.

(-p.3307-)

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALONSO RODRÍGUEZ): Primer punto del Orden del Día: "Adopción de acuerdo de comparecencia del señor Presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias y otros, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre la valoración del proceso de definición del modelo de organización administrativa y territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como de las líneas generales de éste. Número de registro 2990".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muy bien. Muchas gracias. Para consumir un turno a favor de su propuesta, tiene la palabra el Procurador señor Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Y, bueno, pues bienvenidos a todos los señores Procuradores, después del verano. No es mala cosa reunirnos en las Cortes tan pronto, y para hablar de estas cosas, de las que seguramente tendremos mucho que decir a lo largo del próximo período de sesiones, o por lo menos a eso han apuntado tanto las previsiones del Gobierno como los trabajos de los Grupos de Oposición.

En relación con este asunto, yo creo que aquí ante lo que estamos es ante un trámite reglamentario. La petición de comparecencia se refiere a alguien que no pertenece a la estructura de la Junta de Castilla y León, y, por lo tanto, lleva un procedimiento peculiar. Así fue informado en la Junta de Portavoces. Y de acuerdo con el Reglamento, pues, una vez que procedimentalmente tiene sentido, es procedente la petición que hace el Grupo Parlamentario Socialista, pues corresponde políticamente a la Comisión de Gobierno Interior y Administración Territorial decidir sobre la oportunidad política, o la no oportunidad política, de la comparecencia del señor Presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Nosotros creemos que es una comparecencia necesaria, que es una comparecencia interesante. Anunciamos también -y seguramente ya lo conocen el resto de los señores Procuradores- que también desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha comunicado a la Presidencia de las Cortes la oportunidad de que ante esta Comisión comparecieran Alcaldes, Presidentes de Diputación, etcétera; en definitiva, aquellos responsables políticos de las Instituciones Locales en Castilla y León que -como todos sabemos- van a verse afectados por lo que se supone que va a ser una nueva ordenación jurídica del régimen local en Castilla y León, y entendiendo que la trascendencia de estas materias, su repercusión en la vertebración de la Comunidad, su neta vinculación con la construcción de la propia Comunidad, la evolución histórica que el problema del régimen local en nuestra Comunidad ha ido experimentando, los problemas y las soluciones a esos problemas a los que debe hacer frente, las novedades que una nueva regulación, necesariamente, debe incorporar, etcétera, etcétera, pues hacen necesario que ellos, que, posteriormente a la elaboración de una norma, van a ser quienes deben aplicarla en sus provincias, en sus ayuntamientos, pues, con carácter previo, pudieran hacer oír su voz, emitiendo sus opiniones en el seno de esta Comisión. Entendiendo, además, o dando otro sentido a la Comisión de Gobierno Interior, que entendemos que es un sentido también, pues, de análisis y de reflexión; no exclusivamente de debate político, sino que creemos que esta Comisión de Gobierno Interior y Administración Territorial también podría servir como un órgano consultivo, de deliberación política y de análisis, a la hora de reflexionar sobre materias de esta trascendencia.

Qué duda cabe que la Federación Regional de Municipios y Provincias, por su propia definición, es un órgano interlocutor del poder local con la Administración Regional. A la misma pertenecen la inmensa mayoría de los Ayuntamientos y la totalidad de las Diputaciones provinciales de Castilla y León. Tiene una buena costumbre, esta Federación Regional, de conformar todos sus órganos de gobierno, todos sus órganos de dirección, con carácter proporcional a los resultados electorales, con lo cual... digamos que la pluralidad de esta Federación Regional de Municipios, la pluralidad de sus órganos de dirección está asegurada. Conocemos, además, que el Anteproyecto de Ley Municipal elaborado por la Junta de Castilla y León ha sido remitido a la Federación Regional de Municipios y Provincias a los efectos de que pueda hacer sus sugerencias, sus aportaciones. Tenemos constancia de que algunos Grupos políticos han hecho llegar a la Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios, pues, su opinión, su valoración, sobre el texto que ha presentado la Junta de Castilla y León. Y además, pues tenemos el gusto de conocer, a través de, fundamentalmente, los medios de comunicación, pues las opiniones que... no sabemos exactamente; en cualquier caso, es irrelevante si a título personal o en calidad de Presidente de la Federación Regional de Municipios, pues, don Atilano Soto ha ido emitiendo, a propósito de ese Anteproyecto de Ley Municipal o de ese Proyecto de Ley Municipal para Castilla y León.

Con todo ello, creemos que es adecuada la pretensión, que desde el punto de vista reglamentario tiene perfecta cabida, y que la comparecencia del señor Presidente de la Federación Regional de Municipios, pues, podía ser enriquecedora para los trabajos de estas Cortes. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias, señor Crespo. ¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir un turno en contra? Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Félix Calvo.

CALVO CASASOLA

(-p.3308-)

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Gracias, señor Presidente. Igualmente, yo, en nombre del Grupo Popular, quiero corresponder, también, a dar la bienvenida al resto de los Grupos y desear que hayan pasado unas vacaciones lo más felices posibles.

Pero, sin embargo, no debo estar en la misma sintonía que el Portavoz del Grupo Socialista para adoptar este acuerdo. ¿Por qué? (Muy brevemente.) Porque serían demasiados interlocutores -cuarenta y tantos por lo menos- los que tendrían que ir compareciendo a lo largo de esta Comisión; y yo creo que con... si acaso, a lo sumo -tampoco lo aseguraría-, con la representación que ostenta el Presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias sería más que suficiente; porque en último término, si no, estaríamos casi anulando la figura y la representación del Presidente de la Federación. Por eso, desde luego, nosotros nos oponemos a esta solicitud del Grupo Socialista.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Para consumir un turno de réplica.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Realmente, se hace difícil entender la oposición del Grupo Parlamentario Popular a una iniciativa de estas características. Yo creo que si estamos de acuerdo en la trascendencia de la futura norma que estas Cortes pretenden elaborar, si estamos de acuerdo en la complejidad que el régimen local en nuestra Comunidad Autónoma tiene, si estamos de acuerdo en los serios problemas a los que debe... cuya solución debe afrontarse con la mayor urgencia posible, si somos conscientes, además, del neto carácter provincial que tiene la composición de nuestra Comunidad Autónoma, si estamos de acuerdo en la diversidad existente entre los propios municipios y los grandes contrastes que se dan entre los municipios de Castilla y León, la complejidad que entrañan los problemas de las grandes ciudades y del entorno de las grandes ciudades, enfrentado o compaginado con la grave problemática que atraviesan los pequeños municipios, entidades locales menores, etcétera, de Castilla y León; si estamos de acuerdo en que corresponde redefinir un nuevo papel de coparticipación de las Diputaciones Provinciales a medida que la Comunidad Autónoma va asumiendo competencias y va profundizando en la ejecución de esas mismas competencias, no entiendo, no entiendo que nos parezca excesivo que algunas personas -se puede hablar de cuántas, si éstas, si más, si menos, en qué plazo, en qué tiempo, a través de qué mecanismos, si debe ser conjuntamente, si debe ser a través de comunicaciones, si debe ser a través de ponencias, si debe ser por escrito con colaboraciones, etcétera, etcétera-, de entrada, y sin más argumento que "eso nos puede dar mucho trabajo", el Grupo Parlamentario Popular se oponga.

Desde luego que nosotros no dudamos, en absoluto, en absoluto, ni de la legitimidad, ni de la representatividad del Presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, ni muchísimo menos. Y es más, mi intervención inicial ha ido dirigida, fundamentalmente, a valorar en sus justos términos la bondad de esa comparecencia. Pero, ¡hombre!, si se nos llena la boca de reclamar una reforma del Senado para que ese Senado se convierta en eso que se dice Cámara territorial, entendiendo que tanto las Comunidades Autónomas como el poder local deben tener organismos, no ya de representación, pero sí de participación, de reflexión y de análisis en la búsqueda de soluciones a sus problemas, si eso lo estamos reclamando para el Senado, no entiendo cómo una estancia más pegada al suelo, más conocedora de la realidad, más representativa de nuestra Comunidad Autónoma, que son las Cortes de Castilla y León, sienta que se va a ver superada, desbordada, o no sé cuántas cosas más, porque aquí se pretenda que los legítimos representantes de Ayuntamientos y Diputaciones -insisto- que con carácter indicativo se establecen en la petición del Grupo Parlamentario Socialista... Pero que incluso de eso se puede hablar, que no dice nada en cuanto a la forma de esa participación, y de esa presencia, y de esa capacidad de opinar en estas Cortes. Sin más, y de un plumazo, desde el Grupo Parlamentario Popular se rechace la oportunidad de hablar en estas Cortes a los alcaldes y a los presidentes de Diputación de Castilla y León. Eso dice muy mucho de cuál es la voluntad del Partido Popular a la hora de reconocer, respetar y valorar al poder local en nuestra Comunidad Autónoma.

Mal empezamos el período. Pero bueno, espero que, de su capacidad de reflexión y de rectificación, reconsideren este asunto. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias, señor Crespo. Para consumir un turno de dúplica, señor Calvo.

CALVO CASASOLA

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Muy brevemente. A mí me consta... Gracias, señor Presidente. A mí me consta que, a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, se están estudiando, y a través de las distintas Comisiones -y sobre todo la correspondiente de Gobierno y Administración Territorial-, la problemática de todos los municipios, y particularmente ésos tan afectados, y por los cuales yo, naturalmente, siento especial sensibilidad, que son los pequeños.

Y por eso digo que de allí, de aquel crisol, pues saldrán consecuencias, y me parece que las consecuencias podrá, incluso, canalizarlas, pues el Presidente de la Federación o la Comisión correspondiente; y será la que, en último término, pueda mandar consecuencias o conclusiones a estas Cortes, que, por supuesto, serían tenidas en cuenta o, al menos, serían estudiadas. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muy bien. Muchas gracias. Concluido el debate, y no habiendo lugar a turno de fijación de posiciones, procedemos a votar. ¿Votos a favor de esta Comparecencia? Cinco. ¿Votos en contra? Nueve... Diez.

(-p.3309-)

En consecuencia, queda rechazada la solicitud de dicha comparecencia.

Le ruego al señor Secretario que dé lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALONSO RODRÍGUEZ): Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador don José María Crespo Lorenzo, relativa a fijación de un catálogo y de un calendario de materias susceptibles de ser transferidas a las Corporaciones Locales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 58, de veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra don José María Crespo, por un tiempo de diez minutos.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. No agotaré, ni muchísimo menos, el tiempo que amablemente se me concede.

Yo creo que para empezar a andar en este período de sesiones, no estamos ante mala materia. De todas formas, esta iniciativa está directamente relacionada con la anterior y, sin duda, está directamente relacionada con algo que yo creo, espero o deseo que sea la esencia de los debates en las próximas convocatorias, inicialmente, de la Comisión de Gobierno Interior y Administración Territorial. Y me estoy refiriendo a que, efectivamente, cuando afrontamos los problemas del régimen local en nuestra Comunidad Autónoma, todos somos conscientes que... todos podemos llegar a la conclusión de que los mismos tienen una triple vertiente: una inicial, de problemas legislativos, de desfase legislativo, o de no aplicación o no adecuación de la legislación vigente a la problemática específica que nuestro régimen local tiene, el régimen local de Castilla y León, que tiene sus peculiaridades. De ahí que, si bien no hayamos avanzado demasiado en las soluciones que da... que aportar a la solución de ese problema, todos estemos de acuerdo en que urge dotar de un régimen jurídico adecuado y adaptado a la realidad del municipalismo en nuestra Comunidad Autónoma.

Un segundo problema que está entre los primeros lugares para que las Corporaciones Locales desempeñen convenientemente sus funciones, desempeñen convenientemente sus atribuciones, en definitiva, que desempeñen convenientemente las obligaciones, incluso, a las que por ley están obligadas, son los problemas de financiación que la prestación de servicios por parte de las Corporaciones Locales tiene. Y ésa es otra cuestión que algún día tendrán que afrontar tanto las Cortes de Castilla y León como, sobre todo, el Ejecutivo Regional: cómo se posibilita una mayor participación del régimen local en los recursos de la Comunidad Autónoma para que las Corporaciones Locales puedan hacer frente a las obligaciones a las que por ley están obligadas; o, en cualquier caso, contribuir a la prestación en condiciones de calidad de los servicios a sus conciudadanos.

Y un tercer problema, que adolece o que preocupa al poder local en nuestra Comunidad Autónoma, es el -digamos- el escaso volumen o el escaso nivel de confianza que la Administración regional ha depositado en las Corporaciones Locales de Castilla y León. Si el término de subsidiariedad se ha ido acuñando a la hora de definir las relaciones entre las Administraciones, el término de aproximación, o la condición de aproximación en la prestación de los servicios a los ciudadanos por parte de la Administración más próxima, es algo que está en la esencia de los mismos procesos de descentralización, yo creo que estaríamos ante una de las cuestiones que urge resolver. Por subsidiariedad, creo yo que estaremos de acuerdo en definir aquel concepto que consiste en adjudicar, en aplicar, en intentar que la Administración más próxima al ciudadano sea quien ejecute los servicios que afectan más cotidianamente al ciudadano y en aquellos casos en los que esa Administración, por las circunstancias que fuera, no acredita capacidad, solvencia, o medios suficientes para prestar esos servicios, entrarían en funcionamiento otras instancias como pueden ser las provinciales, como pueden ser las autonómicas o, en su caso, la Administración del Estado.

Realmente esto es algo novedoso, porque el proceso que hemos vivido en nuestro país y en cuya definición todavía estamos y que yo creo que está en la esencia, incluso, del propio Estado de las Autonomías ha sido invertir una tendencia, por la cual Administraciones -digamos- "de rango superior" -entre comillas-, la Administración del Estado posteriormente a partir de la Constitución, la administración de la Comunidad Autónoma son las receptoras de la inmensa mayoría de las competencias que afectan a las condiciones de vida de los ciudadanos. Y, escalonadamente, esas competencias, esas atribuciones se van transfiriendo o se van delegando en virtud, efectivamente, de ese principio de subsidiariedad y en virtud de ese principio de aproximación al ciudadano de la instancia que debe resolver los problemas.

(-p.3310-)

Esto, que se puede definir fácilmente, pues tiene paradojas, tiene contradicciones y tiene serias dificultades, a la vez que necesita, inevitablemente, pues un impulso político y una voluntad política efectiva de descentralización. Porque si el principio es asumible: aproximar la Administración a los ciudadanos, todos debemos ser conscientes que la aproximación de esos servicios, la prestación de esos servicios, cuando provienen de otra instancia, de otra Administración, deben venir acompañadas... acompañados de los medios, de los recursos económicos, humanos suficientes para que esos servicios se presten en condiciones de calidad, con garantías; en definitiva, mejorando la calidad del servicio a los ciudadanos.

Uno de los grandes debates a los que se asiste cuando se habla del proceso de transferencia, o quizá el debate clave, superada la voluntad política o combatida esa negativa política a descentralizar, está siempre, o generalmente, en la evaluación del coste de esos servicios, de esas transferencias, porque -con buen sentido- ningún responsable de ninguna Administración acepta una competencia, acepta un servicio, sin que el mismo venga acompañado de los medios necesarios.

Yo creo que de esto también tenemos... de esto también tenemos que hablar. Creo que llevamos un parón inquietante. Creo que el proceso de descentralización que se inició con la constitución, con la creación de las Comunidades Autónomas, y que lleva un ritmo -cuando menos- pactado, en favor de mayores competencias a favor de las Comunidades Autónomas, estarán de acuerdo conmigo en que no tiene el mismo ritmo cuando se trata de que esas competencias de las Comunidades Autónomas, o de que determinadas competencias de las Comunidades Autónomas se acerquen, se incorporen, se entreguen a los Ayuntamientos. Por eso, pues hay una expresión que se va acuñando y que yo creo que no es positiva para la definición de un estado moderno y descentralizado, que es decir que en Castilla y León se salió del centralismo madrileño para caer en el centralismo vallisoletano. Yo creo que eso es algo que no debiéramos permitirnos, cuando además consideramos que la gran mayoría de municipios de nuestra Comunidad Autónoma tienen plena capacidad, tienen plenos medios, tienen acreditada solvencia para prestar, seguramente en mejores condiciones, en mejores condiciones, determinados servicios a los ciudadanos, como tienen plena capacidad para definir, con autonomía y con mayoría de edad, cuáles son sus prioridades a la hora de destinar los recursos que los ciudadanos ponen en ellos.

Como en esto, pues, ha habido un parón importante, como en esto ustedes conocen que ha habido debates intensos que han impedido que un proceso efectivo de transferencias se haga de forma acompasada, porque son muchas las instituciones que han rechazado algunas funciones, algunos servicios que se transferían desde la Administración regional por distintas consideraciones, es por lo que nosotros sugerimos que sería conveniente, entendiendo de nuevo y respetando y considerando el papel de la Federación Regional de Municipios y Provincias, pues la elaboración de un catálogo que ya, por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, está elaborado, y que se conoce, y que fue pactado... o por lo menos elaborado con carácter reivindicativo por la Federación Española de Municipios y Provincias, y que, por lo tanto, con carácter indicativo, buscando su aplicación a nuestra Comunidad Autónoma, pues podría servir. Entonces, la pretensión de esta Proposición No de Ley es dar un impulso efectivo a una política real de descentralización de funciones, de servicios, de dotación de medios para la correcta financiación de los mismos, utilizando la interlocución de la Federación Regional de Municipios y Provincias y dando cuenta a estas Cortes, pues, de los trabajos elaborados al respecto. Se establece un plazo; en el primer caso, para la elaboración del catálogo, el plazo de un mes; y posteriormente, pues, el compromiso, por parte de la Junta de Castilla y León, para fijar un calendario de negociaciones para hacer efectivas esas transferencias. Los plazos, pues probablemente estén demasiado ajustados, obedecen a una voluntad política firme del Grupo Parlamentario Socialista de impulsar estas cuestiones; en relación con los plazos se podría hablar, si así lo estiman. Pero lo que yo creo que aquí procede es evidenciar la voluntad o no de descentralizar y de confiar en las Corporaciones Locales como Administraciones plenamente capaces de prestar buenos servicios a los ciudadanos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias. A esta Proposición No de Ley se ha presentado una Enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra don Javier León de la Riva.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Vaya por delante, señor Crespo, que nuestro Grupo comparte con el suyo la necesidad de acelerar el proceso de transferencia o delegación de competencias desde el Gobierno regional a las Corporaciones Locales. Dicho esto, lo que ocurre es que el mecanismo no es tan sencillo -y usted lo conoce muy bien- como para poder comprometernos a aceptar la Proposición No de Ley que presenta Su Señoría, dando plazos perentorios que serían de imposible cumplimiento, y usted tiene obligación de saberlo. Porque usted conoce que el proceso de transferencia de determinadas competencias exige la aprobación de una Ley por estas Cortes, y, por lo tanto, pues, sería absolutamente imposible asumir, en los plazos que Su Señoría propone, el que se presente un proyecto de ley, se someta al periodo de enmiendas, se discuta, se apruebe y se ponga en marcha. Por lo tanto, pues, parece que usted está haciendo propio aquel... aquel eslogan de los estudiantes anarquistas del sesenta y ocho, de "sé coherente, pide lo imposible", porque, evidentemente, la Proposición No de Ley que está usted proponiendo a esta Cámara es un imposible cierto.

(-p.3311-)

Es por ello por lo que, insisto, compartiendo la preocupación y la necesidad de que el principio de subsidiariedad deje de ser una declaración de la que se les llena las bocas a muchas gentes, como del principio de solidaridad, o como de tantos otros principios de los que hacemos gala, salvo cuando la subsidiariedad supone el que tenemos que dar algo nuestro a que lo gestionen otros, o la solidaridad a que ese problema de la droga o de los gitanos nos le coloquen al lado de casa, donde allí se nos acaba ya la solidaridad. Por eso es por lo que nosotros planteamos como alternativa el texto de la enmienda que se les ha facilitado a Sus Señorías.

Primero, porque ya hay un catálogo, porque ese catálogo está ya. Lo que pasa que hay que actualizarlo, porque ese catálogo tiene una gestación larga en la propia Consejería de Presidencia y en las distintas Consejerías del Gobierno, y desde que se elaboró el catálogo, al día de la fecha, es cierto que la Junta de Castilla y León ha asumido nuevas competencias en virtud del Pacto Autonómico. Pero mire, no hable de prisas y no nos diga que se han hecho transferencias rápidas desde el Estado a la Comunidad Autónoma. Soy testigo de excepción de esas velocidades; usted recuerda -sin duda ninguna- que yo era Vicepresidente de la Comisión Mixta de Transferencias, y desde el Pacto Autonómico del noventa y dos al día de la fecha todavía no se han cumplido todas las transferencias que estaban contempladas en el Pacto Autonómico del noventa y dos. Luego no me hable de velocidades; tres años y medio y todavía no se ha cumplido aquella materia. Y a mí no se me ocurrió, ni a mí ni a ninguno de los miembros de la Sección Castellano-Leonesa de la Comisión Mixta de Transferencias, exigir nunca a la Administración Central un calendario, porque sabíamos que las prisas no son buenas compañeras. Y lo que hace falta es negociar bien la condición de la transferencia, y -al menos en mi modesta opinión- es preferible tardar un poco más pero hacer una buena transferencia, que hacerla deprisa pero hacerla mal.

Es por ello por lo que nosotros -ya le digo- no podemos asumir el texto que usted propone, y proponemos como alternativa el que se inicie a la mayor urgencia las conversaciones con la FEMP, con la FEMP Regional -ahora hablaré de la FEMP Nacional, de la que también soy miembro-, de la FEMP Regional, para actualizar el catálogo, y a partir de ahí, iniciar las transferencias por los muy distintos mecanismos, que además usted conoce que existen; no se transfieren por la misma vía a los Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes que a las Diputaciones. Como no es cierto, tampoco, que haya un parón. Mire usted, yo estoy a punto de culminar un acuerdo ya con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para asumir competencias en el Ayuntamiento de Valladolid en materia de servicios sociales. Yo espero que lo cerraremos en el mes de octubre. Luego no hay tal parón. Los Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes negociamos directamente con la Junta; los de menos de veinte mil y las Diputaciones tienen un mecanismo bastante más complejo, luego el calendario tampoco sería válido, porque -insisto- los procedimientos son totalmente distintos.

Su Señoría ha hecho una referencia también a un catálogo de materias elaborado por la FEMP, por la Federación Nacional de Municipios y Provincias. Mire, en el mes de julio -si no recuerdo mal- a últimos de julio, allá por el día veinte o veintidós de julio, tuvimos una reunión en Madrid, en la sede de la FEMP, donde había un catálogo ya preparado de máximos; catálogo de máximos que no es el mejor sistema para tratar de conseguir nada desde la Administración Central. Yo creo que es más coherente ir a pedir lo posible, que no a pedir lo imposible, que es dar un pretexto para que el que esté al otro lado de la mesa nos diga que no absolutamente a todo lo que pedimos.

Por eso, yo le invito a que asuma la Enmienda alternativa a su texto que nosotros presentamos, comprometiéndonos -desde nuestro Grupo político- a instar a la propia Junta de Castilla y León, por un lado, y a la FEMP Regional, por el otro, a que efectivamente actualicen, a la mayor brevedad, esa lista de materias susceptibles de ser transferidas, para hacer de verdad esa Administración compartida que acerque la Administración al administrado, haciendo cierto ese principio de subsidiariedad. Pero no se hable de calendarios a plazo fijo porque, primero, serían de imposible cumplimiento -y usted lo sabe tan bien como yo- y, desde luego, sería muy difícil que nos pusiéramos de acuerdo, porque había que hacer un calendario tremendamente complejo, habida cuenta -insisto- de que los mecanismos son totalmente distintos en unas materias y en otras. Usted recuerda que la Ley 6/86 de esta Comunidad Autónoma regula determinados aspectos de ese tipo de transferencias, que exige incluso leyes sectoriales -algunas de las cuales no existen en esta Comunidad-, y finalmente, como muy bien ha señalado Su Señoría en su intervención, algunas de esas transferencias han sido ya ofrecidas a las Corporaciones Locales y han sido rechazadas, o porque no le interesa a la Corporación asumir la materia en cuestión, o porque no había forma de ponerse de acuerdo en el importe económico y humano, de material... o de personal, y de los medios que había que transferir.

Por lo tanto, y con eso termino, nosotros le invitamos a aceptar como texto alternativo el nuestro, comprometiéndonos a presionar, tanto en la Federación como en el propio Gobierno regional, a que esto, que es una intención que todos compartimos, sea una realidad en la fecha más próxima posible.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra de la Enmienda, tiene la palabra don José María Crespo.

CRESPO LORENZO

(-p.3312-)

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente, y gracias, señor León de la Riva. Yo creo que quizá no ha entendido... conociéndole, no ha querido entender exactamente el contenido de la Proposición No de Ley, porque realmente no tiene nada que ver la elaboración de un catálogo con la ejecución de los trámites parlamentarios que conlleve la ejecución de ese catálogo. Por lo tanto, creo que no es conveniente mezclar los -digamos- inconvenientes que suponen los trámites parlamentarios, con la elaboración única y exclusivamente de las materias objeto de transferencia o delegación de competencias. Desde luego que, establecido el catálogo -como decimos en el punto dos-, la Junta de Castilla y León fijará un calendario para hacer efectivas las transferencias. Del referido calendario dará cuenta a estas Cortes en el plazo de tres meses. ¿Qué deben hacer las Cortes a partir de ese momento, dada cuenta del catálogo de transferencias y de un posible calendario de las mismas? Adecuarlas a los trámites parlamentarios que conlleven la ejecución práctica de las mismas; ni más ni menos, señor León de la Riva.

Lo que yo creo, lo que yo creo es que aquí lo que faltan son voluntades políticas. Porque a mí me parece razonable su Enmienda. Bueno, simplemente le digo: háganlo; en su tarea de Grupo que sustenta la acción de Gobierno, pues ustedes tienen dos tareas: la de control -que ejercen bastante poco-, la de apoyo -que la ejercen con todo entusiasmo-, y una tercera que puede ser la de impulso. Yo supongo que la tarea de impulso, cuando existen voluntades políticas, cuando existe pues un criterio común, como puede ser éste de la subsidiariedad o de la necesidad de descentralización, ustedes, si creen de verdad en ello, pues lo están ejerciendo tranquilamente y amigablemente como corresponde al Grupo que sustenta la acción de gobierno. Para eso no hace falta comprometer a estas Cortes. Háganlo, que creo que ésa es una de las tareas que les corresponden.

Lo que falta en su Proposición... en su Enmienda de Sustitución es un compromiso, un compromiso efectivo que no sea única y exclusivamente una manifestación de voluntad. Si usted me dice que "las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que en el plazo más breve..." -y me cifra en cuantos meses considera usted que es un plazo razonable para que se inicien esas conversaciones que, posteriormente, conllevarán a la elaboración de un calendario, y que ese calendario necesariamente deberá ajustarse a las previsiones reglamentarias de procedimiento en la elaboración de las normas que del mismo se deriven, pues podemos estar de acuerdo. Si usted simplemente me dice que se instará a que se inicien conversaciones, etcétera, pues permítame que le diga que me parece poco compromiso, y me parece poca voluntad política, y me parece poco papel el que ustedes otorgarían, en este caso concreto, a las Cortes de Castilla y León para exigir, reclamar acción de gobierno a la Junta de Castilla y León.

Que posteriormente, en relación con cada una de las materias objeto de un catálogo susceptible de ser transferido, delegado, etcétera, la voluntad de las Corporaciones Locales, en virtud de esos criterios políticos, en virtud de sus necesidades, en virtud de su concepto de la eficacia o de mejora en la prestación del servicio concreto de que se trate, aceptarán o no aceptarán, ¡faltaría más! Yo creo que eso en ningún caso podría condicionarse en un acuerdo de estas características.

Y si me dice como reproche que todavía estamos por recibir algunas de las competencias objeto del Pacto del noventa y dos, ¡hombre!, pues tiene usted razón. Pero es que aquí, en Castilla y León, ni siquiera ha habido oportunidad de incumplir ningún pacto, porque ustedes no han sido capaces de pactar absolutamente nada. Ya quisiera yo que la Junta de Castilla y León ahora mismo... el papel de la Oposición, incluso el suyo propio, pues fuera el de instar un aceleramiento, una aceleración en un proceso de transferencias que, previamente, ustedes hubieran pactado con la Federación Regional de Municipios, o con Diputaciones en concreto, o con Ayuntamientos importantes, etcétera, distinguiendo los procedimientos. Pero es que ustedes no han pactado absolutamente nada. Y como ustedes no han pactado ni un calendario de transferencias, ni siquiera han reconocido, a través de un acuerdo, su voluntad de transferir o de delegar servicios, funciones a las Corporaciones Locales, a lo que aquí asistimos es a una falta de voluntad política, una cerrazón, por parte de la Junta de Castilla y León, a confiar en el poder local de nuestra Comunidad Autónoma para prestar servicios en buenas condiciones a los ciudadanos.

Por lo tanto, señor León de la Riva, creo que la Proposición No de Ley respeta, respeta lo que habrá de ser el procedimiento formal para que esas transferencias sean efectivas. No hace falta condicionar demasiado la elaboración de un catálogo; para eso no interviene para nada el Reglamento de las Cortes de Castilla y León. Y si está dispuesto a hablar de su transacción -que nosotros, desde luego, estamos dispuestos a ello-, fíjeme usted un plazo para que esas conversaciones se materialicen en un acuerdo, o en un desacuerdo, en una elaboración de un catálogo, y tenga usted la certeza que nosotros se la apoyaremos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias, señor Crespo. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra don Javier León de la Riva.

LEÓN DE LA RIVA

(-p.3313-)

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Gracias, Presidente. Mire, señor Crespo, claro que he entendido su Proposición No de Ley. Pero es que en su argumentación actual, prácticamente se limita usted al primer aspecto, al primer punto de su Proposición No de Ley. Es fácil establecer un catálogo... un tiempo para elaborar un catálogo, que no supone más que la actualización del catálogo actualmente existente. En lo que ya sigo diciendo y me ratifico que es imposible establecer un catálogo es en el cumplimiento del punto dos. Porque en el cumplimiento del punto dos -a lo mejor lo redactó usted un poco aceleradamente-, lo que dice es que se fije un calendario para hacer efectivas las transferencias. Y el hacer efectivas las transferencias -insisto-, supone, primero, un trámite parlamentario largo y, segundo, un acuerdo con la Corporación Local que tiene que asumir esa competencia. Y no somos nosotros capaces en este momento -a lo mejor Su Señoría sí; desde luego yo no- de establecer un calendario que me asegure en qué momento se pueden hacer efectivas esas competencias. No está usted diciendo que se presente el catálogo en las Cortes en una fecha determinada, sino -insisto- que se hagan efectivas las transferencias.

Mire, ¿cómo voy a aventurar yo un calendario para hacer efectivas las transferencias con un trámite que exige en muchos casos proyecto de ley, cuando estamos a cinco de septiembre debatiendo una Proposición No de Ley que tiene de fecha tres de mayo? Pues es absolutamente imposible entrar en una dinámica de cerrar una fecha para hacer efectivo algo que requiere un paso por las Cortes, cuando, además -como usted conoce muy bien-, dentro de un mes se centra la actividad con carácter preferente -y tradicionalmente se ha hecho en esta Cámara desde su existencia- en el debate presupuestario, y todos los demás debates pasan a un segundo nivel. ¿Usted está en condiciones de decir cuánto va a durar el debate presupuestario y qué paréntesis hacemos para entrar en este debate? Es absolutamente imposible.

No me hable de que no hay voluntad política, porque la voluntad política queda perfectamente recogida diciendo: iníciese. Y si se quiere la transacción, dice que se inicie en el plazo más breve posible -bueno- y que se dé una referencia del catálogo -no de otra cosa- en una fecha que podríamos acordar. Pero de ese catálogo; no de la ejecución o de hacer efectivas las transferencias, porque nadie en este momento... no sé, a lo mejor hay alguno muy listo capaz de hacerlo; yo, modestamente, no soy capaz de hacer... cuándo pueden ser efectivas esas transferencias, en las que -insisto- hace falta la voluntad del Ejecutivo, la voluntad del legislador y la voluntad de las Corporaciones Locales. Yo, a lo sumo, puedo hablar en nombre de una; yo no sé si está autorizado para hablar en nombre del resto de las Corporaciones Locales de esta Comunidad Autónoma, que le dicen su voluntad de asumir o de no asumir o en qué plazo. Yo podría decir cuál es la voluntad de mi Corporación Local en... a la hora de asumir alguna competencia. Pero, desde luego, hablar genéricamente en nombre de la voluntad de las Corporaciones Locales, podría hacerlo, y con reservas, la Federación Regional de Municipios y Provincias. Pero de ahí abajo, me temo que ninguno.

Por lo tanto, insisto que no es posible asumir esa Proposición No de Ley en los términos en los que viene redactada, porque eso es pedir un imposible.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muy bien, muchas gracias. Para consumir un turno de dúplica, acumulando ya el último turno que le corresponde, ya que no hay turno de fijación de posiciones -no está el Grupo Mixto y el señor Otero sólo está a los efectos del último debate-, tiene la palabra el señor Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. En fin, tenía yo la impresión de que al final nos íbamos a aproximar, señor León de la Riva, pero veo que no es... veo que no es posible.

Yo creo que aquí lo que falta es voluntad, yo creo que lo que falta es voluntad. Porque, desde luego, aquí nadie habla en representación de quien no le corresponde, y por eso en la Proposición No de Ley hay continuas referencias a la Federación Regional de Municipios y Provincias, entendiendo, o respetando, o reconociendo el papel de interlocutor que corresponde a la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Que no veo inconveniente en fijar un plazo para elaborar ese catálogo, ni veo ningún inconveniente para que, establecido ese catálogo, ¿eh?, se fije un calendario, y que de ese calendario se dé cuenta a las Cortes, que será el momento en el cual las Cortes deberán hacer frente a su responsabilidad para legislar en torno a ese catálogo elaborado y convenido con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Y a lo mejor ese catálogo... ese calendario, condicionado por las necesidades de estas Cortes, nos llevaría a unas fechas determinadas, las que fueran, las que fueran. Pero ahí habríamos tenido una triple oportunidad ya: de haber negociado con la Federación Regional de Municipios y Provincias, de haber evidenciado una voluntad cierta de mantener o de iniciar ese proceso de transferencia, de haber permitido -y lo enlazo con el punto anterior que ustedes han rechazado- escuchar la opinión de muchos representantes municipales en estas Cortes, que seguramente, si se les permitiera opinar en estas Cortes, también hablarían de en qué condiciones y qué materias están dispuestos a aceptar o consideran positivo para los intereses de sus ciudadanos aceptar su gestión. Si ustedes lo hubieran permitido, se habría podido hacer aquí también.

Y por último, habría sido en el seno de las Cortes de Castilla y León donde se habría culminado un proceso inevitable, por más que ustedes se resistan, de transferencia y de descentralización en favor de las Corporaciones Locales.

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Frente a eso, que yo creo que es asumible, que yo creo que es sensato, que evidencia necesidad y voluntad política, usted lo único que nos ofrece aquí es un impulso a la acción de gobierno para que, cuando lo estime conveniente y con el ritmo que crea adecuado, y sin concretar nada, inicie conversaciones con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Me parece que eso pues, en fin, obedece a lo que es el pensamiento político o la voluntad política del Partido Popular, que es de recelo, que es de desconfianza a favor de las Corporaciones Locales de Castilla y León. Y por lo tanto, ustedes se resisten, como gato panza arriba, a confiar en el poder local de nuestra Comunidad Autónoma; ustedes se resisten, como gato panza arriba, a liberar recursos, a dotar de medios para que las Corporaciones Locales desempeñen mejor sus funciones; y ustedes están acuñando en nuestra Comunidad Autónoma pues una nueva forma de centralismo, para la cual... cuyo modelo pues no nos hacía falta el Estado de las Autonomías.

Yo creo que el moderno Estado Español no termina con las Comunidades Autónomas. El moderno Estado Español yo creo que debe aproximar -y cuanto más y mejor- a los ciudadanos los servicios, y eso se consigue pactando con el poder local. A eso ustedes no están dispuestos, y ésa es su responsabilidad política. Con lo cual, pues nosotros mantenemos en sus propios términos la Proposición No de Ley y, lamentándolo mucho, pues, no aceptamos la Enmienda de Sustitución que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias, señor Crespo. Concluido el debate, procedemos a votación. ¿Los que voten a favor de esta Proposición No de Ley, por favor? Tres... cuatro, perdón. ¿Votos en contra? Nueve. En consecuencia, queda rechazada esta Proposición No de Ley.

Le ruego al señor Secretario que dé lectura al último punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALONSO RODRÍGUEZ): Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador don Joaquín Otero Pereira, relativa a transferencia anual de partida presupuestaria a la Diputación Provincial de León con destino al Programa de ayudas a las Juntas Vecinales para pequeñas obras, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 63, de cinco de junio de mil novecientos noventa y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el señor Procurador don Joaquín Otero por un tiempo máximo de diez minutos.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Lo primero, sumarme a la bienvenida, tras el periodo vacacional, a todas Sus Señorías, y observar que, pese al periodo estival, poco han cambiado las costumbres de oponerse los unos a los otros en cada una de las iniciativas parlamentarias. Ya van dos con oposición, pero, como a la tercera va la vencida, estoy plenamente convencido de que en esta Proposición No de Ley vamos a llegar a un consenso rápido, fácil y sencillo.

Entre las entidades de ámbito territorial inferior al municipio se encuentra la institución de las Juntas Vecinales, de gran arraigo y tradición en la provincia de León. Pero no es la única la provincia de León en las cuales están instauradas estas entidades inferiores al municipio, Entidades Locales inferiores al municipio en esta Comunidad. Dichas entidades están recogidas en la Ley de Bases del Régimen Local de 7/85, de dos de abril. Pese a que la competencia sobre su regulación corresponde a la Comunidad Autónoma, hasta la fecha, las Juntas Vecinales siguen sin las más elementales normas reguladoras, que están dispersas por la normativa local de ámbito estatal, a la espera de que la Junta remita a las Cortes de Castilla y León la ansiada e imprescindible Ley de Régimen Local Municipal o Ley del Municipio, que parece que va a ocurrir en breve.

Las Juntas Vecinales carecen en su mayoría de recursos propios o éstos son muy escasos -salvo excepciones-, y casi siempre insuficientes para desempeñar adecuadamente su labor.

Por lo que a la provincia de León se refiere, existen en la actualidad un total de mil cuatrocientas Juntas Vecinales. La Junta de Castilla y León no sólo no ha regulado su funcionamiento, sino que no contempla ninguna ayuda económica, ni directa ni indirecta, para paliar, al menos en parte, las necesidades, muchas de ellas imperiosas, de estos núcleos de población o pedanías.

Sólo la Diputación Provincial de León ha puesto en marcha desde hace nueve años -y con gran éxito, por cierto- una línea de ayudas a las Juntas Vecinales para pequeñas obras, cuya ejecución no supere los 3.000.000 de pesetas. Según esa línea de ayudas, la Diputación financia el 50% de la obra y la Junta Vecinal el otro 50%, estableciendo la propia institución provincial los criterios para la concesión de las ayudas o subvenciones.

Insisto, dicho programa ha tenido un enorme éxito. Y prueba de ese éxito es que, en lo que va de año, en lo que va de año, hasta que se presentó esta iniciativa, las solicitudes de subvenciones por parte de las Juntas Vecinales superan ya los 1.300 millones de pesetas, teniendo en cuenta que la Diputación destina a estas ayudas 200.000.000, ahora con el nuevo presupuesto 250.000.000 de pesetas, lo cual sin duda supone un gran esfuerzo para la Diputación.

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Por todo ello, parece razonable que la Junta de Castilla y León se comprometa económicamente con las Juntas Vecinales para la ejecución de pequeñas pero -insisto- importantes obras, del mismo modo que lo hace la Diputación. El mejor modo de coordinar esas ayudas sería a través de la propia Diputación, a la que la Junta transferiría la cantidad correspondiente; cantidad que pasaría a incrementar la partida de la Diputación para esa línea de ayudas.

Precisamente, y en prueba de todo ello, la Propuesta de Resolución, textualmente, es la siguiente: "Que las Cortes se muestren favorables e insten a la Junta de Castilla y León a que transfiera anualmente una partida presupuestaria de 1.400 millones de pesetas, a razón de 1.000.000 por pedanía -que luego se distribuiría con otros criterios, lógicamente; pero es solamente una referencia-, a la Diputación Provincial de León, con destino a Programa de Ayuda a las Juntas Vecinales para pequeñas obras, y que se sumaría a las aportaciones de la propia Institución provincial a la hora de su gestión y distribución".

Antes de finalizar este turno, sí quiero hacer mención a que uno de los últimos plenos de la Diputación Provincial de León -concretamente celebrado en julio del presente año- aprobó por unanimidad, unanimidad -insisto-, la siguiente propuesta de resolución -no leo los hechos, sino que me remito solamente al acuerdo textual del citado Pleno-: "Solicitar a la Junta de Castilla y León una partida presupuestaria anual, con el objeto de atender las pequeñas obras de las Juntas Vecinales. Dicha partida sería transferida a la Diputación Provincial para acumular a la línea de ayudas que esta Institución ya tiene... o con la que esta Institución ya viene funcionando para tal fin desde hace nueve años. La cuantía de la citada línea de ayudas sería establecida por el Parlamento Autonómico en cada debate presupuestario.

En segundo lugar, dar traslado al Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León y a los Procuradores electos de la provincia de León del anterior acuerdo", como así se hizo. Y creo que todos los Procuradores han tenido acceso, se les ha remitido este acuerdo.

Insisto, el acuerdo está aprobado por unanimidad, con los votos, por tanto, de Izquierda Unida, del Partido Socialista y del Partido Popular, que gobierna la Diputación Provincial de León, y, por supuesto, con los votos del Grupo político proponente, que es la Unión del Pueblo Leonés.

Por eso decía yo al principio de mi intervención que estaba seguro de que llegaríamos a un rápido consenso. Estoy absolutamente seguro que los partidos políticos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, están perfectamente coordinados en todas sus provincias, y están coordinados también con los Parlamentarios, y con la Junta de Castilla y León. Y que, precisamente, en virtud de esa coordinación, que presumo ya -sin que haya lugar a dudas ni a sospechas-, van a apoyar la iniciativa parlamentaria, que no es más que apoyar a sus propios compañeros de partido, sus propios Grupos políticos. Lo contrario sería, lógicamente, contradicciones, pues, inexplicables, dentro de partidos que vienen a propugnar los mismos ideales.

Por eso decía -y termino ya- que estaba seguro de que en muy pocos minutos llegaríamos a un consenso, a lo mejor con algún matiz; eso, lógicamente, podría ocurrir, y sería aceptable, aunque no se ha aportado ninguna enmienda a la iniciativa parlamentaria. Pero por eso presumo que llegaremos a un acuerdo y a un consenso rápido. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias, don Joaquín. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? No habiendo turno en contra, pasamos directamente al turno de fijación de posiciones. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José María Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Y aquí a lo mejor planteamos alguna cuestión reglamentaria, pero para esa está don José Luis de María, que siempre nos aconseja convenientemente.

El alegato final de don Joaquín Otero yo creo que era innecesario. Cada partido político hace en cada institución lo que estima conveniente. Los partidos políticos acostumbramos a estar bastante coordinados. Probablemente la Unión del Pueblo Leonés, pues, tenga menos dificultades de coordinación, porque, en fin, debe coordinarse consigo mismo; y, a lo mejor, si acudiéramos a ejemplos recientes, pues fíjese dónde quedaría la coordinación de la Unión del Pueblo Leonés. Pero perdóneme... perdóneme la broma.

Nosotros estamos dispuestos a apoyar la iniciativa que presenta la UPL, si la misma se ajusta a los términos en los que fue planteada en la Diputación Provincial. Pero no por ese espíritu de coordinación; simplemente porque nos parece sorprendente que en la propuesta de resolución se incluya una cifra: 1.400 millones de pesetas, a razón de millón por pedanía. Y eso ¿para cuándo? ¿Para siempre? ¿Para este año? ¿Para el que viene? ¿En virtud de qué? ¿Para hacer qué cosas? En fin, nos suena mal, nos parece que no es razonable incluir esa cuantía como uno de los elementos clave de la propuesta de resolución.

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Sí nos parece sensato que se establezca la obligatoriedad, o que se acuerde el compromiso de coadyuvar por parte de las Cortes de Castilla y León al programa de ayudas a las Juntas Vecinales que diseña la Diputación Provincial; que esa aportación debe ser paritaria con la que destine anualmente la Diputación Provincial; que la misma suponga un porcentaje del Presupuesto de la Comunidad; etcétera, etcétera. Fórmulas que pueden... sobre las cuales podríamos ponernos de acuerdo, o que, si no hay margen para ello -porque puede tener su complejidad-, sería suficiente con que las Cortes de Castilla y León se mostraran favorables e instaran a la Junta de Castilla y León a que transfiriera anualmente una partida presupuestaria a la Diputación Provincial de León con destino al Programa de Ayudas a las Juntas Vecinales para pequeñas obras, y que se sumaría a las aportaciones de la propia Institución provincial a la hora de su gestión y distribución. Dicha ayuda, en ningún caso sería inferior a la que la propia Diputación Provincial destine en su presupuesto cada año. Por ejemplo, una fórmula de esas características. O, sencillamente, instar a la Junta de Castilla y León a que colabore con ese Programa de Ayuda a las Juntas Vecinales para pequeñas obras. O, más sencillo, en los propios términos en los cuales fue aprobado por consenso en la Institución provincial de León.

No nos parece razonable la cifra que se incluye en la propuesta de resolución, porque creemos que no es correcto fijarlo en esos términos.

Por lo demás, nosotros, con esa pequeña matización, por supuesto que, con plena coherencia, apoyaríamos la iniciativa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias, señor Crespo. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Fernando Arvizu.

DE ARVIZU Y GALARRAGA

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Muchas gracias, señor Presidente. Yo lamento defraudar las expectativas...

EL SEÑOR...: (Intervención sin micrófono).

DE ARVIZU Y GALARRAGA

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: (No, como siempre no.) ...que el señor Crespo, haciendo una especie de tautología, había formulado para respondérselas a sí mismo. Naturalmente que tengo delante de mí la Moción aprobada en el último Pleno de la Diputación, y no voy a abundar en las consideraciones que han sido hechas aquí sobre la coordinación de los distintos partidos políticos.

Hay razones puntuales -que diré- por las cuales el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar esta Proposición No de Ley, y alguna otra razón más de fondo.

La razón puntual: no deja de llamarme la atención -aunque por otros motivos o en otro aspecto distinto- la cuantía. Cuantía de 1.000.000; y por qué no medio, o dos, o tres, o un cuarto de millón.

En segundo lugar, entiendo que el señor proponente cae en una contradicción, a la que se le pudiera sacar políticamente no poca punta, al decir: "El monto sería éste, pero no se distribuiría paritariamente". Vaya, vaya, vaya. No deja de ser interesante el matiz que ha introducido en el curso de su presentación.

En segundo lugar, y ya entrando en razones de mayor calado técnico -si se me permite la expresión-, el señor Procurador Otero, jurista como yo, pues suele gustar, en no pocas ocasiones, de poner el carro delante de los bueyes. Y advirtiéndole de que existe un Proyecto de Ley Municipal, que -sin duda- será debatido, votado y aprobado en la presente Legislatura, creo que ése es el marco adecuado para poder instrumentar este tipo de ayudas.

Como segunda y última razón de fondo, le diría que, así como la Diputación de León, en uso de sus competencias, ha arbitrado ese fondo con el éxito que el señor Otero Pereira nos apuntaba, no existe en este momento un fondo de igual denominación en la Junta de Castilla y León, pero sí existe el Fondo de Cooperación Local, destinado a municipios de menos de veinte mil habitantes, a través del cual se canalizan proyectos, o se financian proyectos seleccionados por las propias Diputaciones que, en no pequeña cuantía, pues, van destinados a este tipo de núcleos de población.

Por las razones antedichas, el Partido Popular no apoyará esta Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Muchas gracias, señor Arvizu. Para cerrar el debate, tiene la palabra don Joaquín Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Yo, antes, quisiera plantear una cuestión de forma a la Asesoría Jurídica, en cuanto ya se ha planteado en más debates parlamentarios la posibilidad de no utilizar turno en contra y luego sí votar en contra. Simplemente, si ello es posible, si el Reglamento lo permite, o, por el contrario, lo que está haciendo es hurtando la posibilidad de que se abra un debate parlamentario.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Señor Letrado.

DE MARÍA PEÑA

EL SEÑOR LETRADO (SEÑOR DE MARÍA PEÑA): Sí. Vamos, con permiso del señor Presidente. El turno de fijación de posiciones no significa que se vaya a votar en un determinado sentido. Puede votar a favor, puede votar en contra, o se puede votar abstención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): La aclaración se la ha facilitado. Continúe, por favor, su intervención.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Bien. No abundamos en el tema. Ya se ha planteado en más Comisiones. Pero vamos sobre la cuestión de fondo, porque, al final, la votación va a ser la misma, con o sin turno en contra, y con o sin turno de fijación de posiciones.

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Señor Crespo, por supuesto que estaríamos dispuestos a modificar la cuantía de la Proposición No de Ley. Nos hubiera gustado, para llegar a un acuerdo. Pero imagino que este Procurador lo puede hacer en el transcurso de este turno de fijación de posiciones, para fijar un texto, fijar la cuantía, o incluso no fijar ninguna cuantía y remitirnos, efectivamente, al acuerdo de la Diputación, que deja plena libertad a la Junta de Castilla y León para que fije la cuantía que quiera, y que a lo mejor terminaba siendo una propina, como viene siendo habitual. No es lo que más nos gusta; nos gustaría más una partida o, al menos, marcar los criterios por los cuales se establecería esa partida. Pero, en todo caso, estaríamos dispuestos a asumirlo.

En todo caso, nos hubiera gustado -insisto- una enmienda. Pero, si cabe la posibilidad -que creo que sí cabe- de modificar el texto final, desde luego, lo dejaremos fijado, porque nos gusta contar cuantos más votos mejor, aunque no tengamos la mayoría. Lo dejaremos fijado tal y como se adoptó en la propia Diputación Provincial de León.

En cuanto al Portavoz del Grupo Popular, señor Arvizu, una brevísima referencia a cada una de las cuestiones que dijo.

En primer lugar, cuantía. Me remito a lo que le dije al señor Crespo. ¿Por qué nosotros ponemos una cuantía? Pues porque lo que queremos es cuanto más atar a la Junta, mejor, para que la Junta tenga un compromiso mayor. Porque ya sabemos lo que son los compromisos de la Junta: algún día, o en turnos anteriores, que cuando le parezca oportuno, o lo antes posible, o a la mayor brevedad posible, o la mayor cuantía posible. Pero nunca se sabe cuál es la cuantía, nunca hay compromisos concretos. Y había que determinar una cuantía, que podía haber sido objeto de transacción; podían haber ustedes, si tuvieran voluntad política de darles dinero a las Juntas Vecinales, presentado una enmienda; esté seguro que se la hubiéramos aceptado, como vamos a modificar el texto y vamos a mantener tal y en sus términos el acuerdo de la Diputación Provincial.

Por tanto, el tema de la cuantía podría haber sido perfectamente objeto de enmienda, si ustedes, efectivamente, quisieran dotar a las Juntas Vecinales de una mínima financiación para sus necesidades más imperiosas, que, en definitiva, eso son, necesidades imperiosas, las pequeñas obras a las que la Diputación... que la Diputación de León sufraga.

EL SEÑOR...: (Intervención sin micrófono).

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: No, no, no. Estoy esperando a ver si el Portavoz del Grupo Popular me escucha, porque, si no, ¿para qué voy a seguir hablando?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Continúe el debate, por favor.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Gracias, señor Presidente.

Segunda cuestión. Hablaba usted de distribución paritaria. Y no sé qué decía, que se le podía sacar mucha punta. Mire, yo no lo entiendo. Mire, yo dije que a razón de 1.000.000 por pedanía era una referencia, pero que la distribución la va a hacer la Diputación Provincial, y así se dice textualmente: "La Diputación Provincial será la que las gestione y distribuya". Por tanto, no sé qué punta le va a sacar usted. Es la Diputación, porque eso iría al Programa de Ayudas para las Juntas Vecinales para pequeñas obras de la Diputación. Por tanto, 1.000.000 por pedanía es una mera referencia que utilizamos a la hora de calcular esa cantidad.

Proyecto de Ley Municipal. ¡Claro que sí! Pero si se ajusta perfectamente. Si en los recursos de las Comunidades Autónomas viene o figura expresamente que las comunidades de vecinos o Comunidades Vecinales -me parece que así las denomina- van -como las demás Entidades Locales, pero éstas en concreto-, van a venir, entre otras cosas, financiadas... o entre sus recursos van a figurar las aportaciones de las instituciones. Eso es lo que buscamos: una Institución, la Junta de Castilla y León, que concrete unas aportaciones, o que se comprometa a unas aportaciones. Por tanto, no se preocupe usted, que se ajusta perfectamente al Proyecto de Ley Municipal.

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Y en cuanto al Fondo de Cooperación Local, que dice que la Junta ya viene utilizando. Claro, evidentemente; pero eso es otra cosa. ¿Sabe lo que pretendemos nosotros con que esa ayuda sea directa, con que esa línea de ayudas sea directa, como hace la Diputación? Pues el que lleguen a todos los pueblos y que no haya prejuicios del color político. Y a veces ocurre -eso lo sabe usted-, pues, a lo mejor, el Ayuntamiento lo gobierna un partido que en determinado pueblo, pues, no obtuvo muchos votos; o el Presidente de la Junta Vecinal es de otro partido. Y mientras dura ese equipo de gobierno, y aunque... -y eso es inevitable-, pues ese pueblo se ve marginado. ¡Ojalá no fuera así!, pero eso suele ocurrir y va a seguir ocurriendo, porque la política, desgraciadamente, en eso es así; y hay muchos pueblos que se ven marginados porque el Alcalde no les da el dinero que les llega de ese Fondo de Cooperación Local. Claro, según usted, que lo arreglen -por su gesto-, que lo arreglen, ¡allá ellos!, que lo arreglen los municipios. Pues eso es lo que se pretende con esta línea de ayudas directas, que vayan directamente a la Junta Vecinal, sin pasar por el Ayuntamiento, que, lógicamente, tienen sus propias ayudas y las distribuye como le parece oportuno. Pero como las Juntas Vecinales, o Comunidades Vecinales -como dice la nueva Ley, o como dirá la nueva Ley-, existen, pues por eso queremos una línea de ayudas directa que garantice un mínimo de financiación, se lleven bien o se lleven mal con el Ayuntamiento.

Y creo que con eso he contestado a cada uno de sus motivos de oposición. Por consiguiente, ustedes lo que ocurre es que no quieren dar dinero a las Juntas Vecinales. Si no fuera así, hubieran presentado una enmienda, estoy seguro. Si ustedes quisieran establecer algún tipo de aportación a las Juntas Vecinales, hubieran presentado una enmienda, incluso de ésas abstractas que dicen que "algún día, alguna vez, o en algún momento, o en algún lugar, o quién sabe cuándo", pero la hubieran presentado. En cuanto no presentan enmiendas, en cuanto ni siquiera consumen turnos en contra, eso es que no les importa el tema absolutamente nada, que les da igual y que ¡vaya problema León con las Juntas Vecinales!, ¡vaya un rollo! Si no existieran las Juntas Vecinales en León, tanto mejor. Ésa es la voluntad política, que siempre hemos venido denunciando, de la Junta de Castilla y León.

En todo caso -insisto-, aunque no les guste, tampoco entendemos mucho la descoordinación entre sus compañeros en León y los Procuradores aquí representados, porque se podía haber asumido, vía enmienda, perfectamente el texto de la Diputación Provincial de León; eso es evidente.

Y a mí me gustaría, en este momento -volviendo a la forma-, conocer si en este turno de fijación de posiciones puedo modificar el texto final.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Me manifiesta el señor Letrado que la interpretación reglamentaria que se hace cuando no se ha presentado una enmienda -como es el caso- y, por lo tanto, no hay que fijar el texto definitivo de la resolución, es aceptar dicha modificación del texto originario, si hay unanimidad por parte de todos los Grupos y si con carácter previo al debate se presenta a esta Mesa por escrito. Supuesto que aquí no se da, porque no hay unanimidad, ni tampoco se ha presentado una enmienda, y, por lo tanto, no hay capacidad reglamentaria de fijar ese texto. Por lo tanto, debemos votar el texto tal cual se presenta la Proposición No de Ley. Ésta es la interpretación que me hace el señor Letrado, que si quieren se la puede ampliar en este momento.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: No, no es necesario. Aceptamos, como siempre, los dictámenes sabios de la Asesoría Jurídica de las Cortes de Castilla y León. No hace falta entrar en más debates.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR AMILIVIA GONZÁLEZ): Es la interpretación reglamentaria que se lleva habitualmente en estos casos. Por tanto, muchas gracias. Y procedemos, en su consecuencia, a la votación de dicha Proposición No de Ley. Los que voten a favor de la misma, por favor, que levanten el brazo. ¿Votos en contra?

En su consecuencia, queda rechazada dicha Proposición No de Ley.

Muchas gracias. Y se levanta la sesión.