DS(C) nº 27/4 del 11/10/1995

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Sí, señora Presidenta. En el Grupo Popular, doña Pilar San Segundo sustituye a don Ernesto Argote.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno más? De acuerdo.

Por la señora Secretaria se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA): Primer punto del Orden del Día... ¿no ha grabado nada? Pues empiezo otra vez. ¿Ya?

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Primer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a elaboración y remisión a las Cortes de un informe sobre personal interino de la Administración Regional, puestos de trabajo, convocatorias y proceso selectivo de la interinidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 7, de veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias, Secretaria. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el Procurador don Jorge Félix... Jorge Félix Alonso Díez.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, la Proposición No de Ley que ha presentado el Partido Socialista sobre la necesidad de clarificar la situación de los interinos y de los contratos que se realizan en torno a las plazas que están vacantes de funcionarios tiene un objetivo claro, que es el ordenar todo aquello que esté relacionado con la contratación y la ocupación de los puestos para los cuales se seleccionan interinos.

Tiene dos planteamientos de entrada. Uno, que haya una transparencia en la selección del personal y otro que existan las mismas oportunidades para todas aquellas personas que aspiren a ocupar estos puestos.

Y para ello, la propia Proposición tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera, que pretende recabar todo tipo de información, información necesaria para saber cuál es la situación real. Y, en base a esa información, poder concretar qué medidas deben articularse en torno a que se puedan cubrir esos objetivos de transparencia y de igualdad de oportunidades.

Por ello, nos parece que es necesario que exista información sobre... primero, sobre las personas, sobre qué número de interinos existen, con qué fecha han sido contratados, saber si una persona ha ocupado varios puestos de interino. Es necesario tener información sobre qué puestos de trabajo están ocupados por interinos; conocer todas las plazas que están vacantes y desde cuándo están vacantes; conocer las razones de por qué no se han sacado con anterioridad estas plazas a las convocatorias de las ofertas sucesivas de empleo que haya habido, si es que no han salido; conocer qué tipo de selección se ha utilizado en cada caso para cubrir estos puestos. Y una vez que tengamos toda esta información, pretendemos que se elabore una normativa o unos criterios, que a partir de ese momento sean los que se sigan para cubrir las plazas de interinos.

Queremos también que las plazas salgan en su convocatoria respectiva, y que, desde luego, las plazas vacantes en las cuales o con cargo a las cuales se contratan a los interinos, pues, no esté sirviendo para atender situaciones distintas para las que se han creado. Quiero decir que, de alguna forma, el contratar interinos está dando una flexibilización en la contratación, cuando lo que debe determinarse es que si hay puestos que hoy están cubiertos por interinos y tienen otras necesidades, pues deben tratarse como tal. Pero, quiero decir, el estar cubriendo con puestos de interinos puestos que a lo mejor tienen que ser de libre designación o puestos que responden a otras características específicas, pues deben tratarse como tal y no estar mezclando toda esta situación de los interinos con puestos de otras situaciones.

Está claro que hay un alto porcentaje de interinos también, aunque eso esté sin cuantificar, o por lo menos no nos pongamos de acuerdo en las cuantificaciones. Y también está claro que hay plazas que no salen en las convocatorias respectivas por esa misma razón que antes decía, de que con eso se pretende tener una cierta flexibilidad en qué personas ponen en esos puestos.

En consecuencia, nos parece que si hay una voluntad por parte de todos los Grupos en ordenar y profesionalizar -y creo que es algo que todos hemos repetido, que hace falta tener una administración profesionalizada-, hace falta que existan unos criterios objetivos y comunes, y yo creo conocidos por todos, que lógicamente dé credibilidad a la Administración Regional. Y en consecuencia, ése es el motivo por el cual el Grupo Socialista presenta esta Proposición No de Ley.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Se ha presentado a esta Proposición No de Ley una Enmienda por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Procuradora doña Elena Pérez Martínez.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señora Presidenta. Aclarar que son tres Enmiendas, pero son de adición, y las voy a defender las tres juntas.

En primer lugar, plantear que, aun apoyando la Proposición No de Ley del Grupo Socialista, hemos añadido tres Enmiendas, por la sencilla razón que en la comparecencia en Comisión que hizo el señor Consejero don Isaías López a primeros de septiembre -que no me acuerdo bien la fecha-, a las críticas formuladas por mí, por esta Procuradora, sobre las distintas formas de acceso a la función pública que tenían las distintas Consejerías, y me referí expresamente, o me refiero ahora, a Consejería, por ejemplo, de Agricultura o de Bienestar Social, para puestos de personal interino, y también protesté o planteé el alto número de trabajadores eventuales y/o interinos que tiene la Junta de Castilla y León, el señor Consejero, amablemente, me contestó que en su Consejería sólo había diez personas que estaban en situación de interinidad, que en otras no lo sabía, pero que no eran tantas, y que cuando esta Procuradora quisiera pondría los datos a su disposición en una Comisión.

(-p.444-)

Entonces, mi Grupo Parlamentario piensa que éste es el momento. Es decir, no quiere ir más allá de analizar la política, no quiere analizar en este momento la política sobre acceso a la función pública; simplemente apoya la propuesta del Grupo Socialista, en el sentido de solicitar el informe que él planteaba.

Estoy segura, además, que todos los Grupos de esta Cámara apoyarán la Proposición, porque el objetivo de transparencia que nos planteó el señor Consejero él lo hizo patente al decir que nos traería, si lo solicitábamos, esa petición.

Por lo tanto, por todo eso, creo yo que todos los Grupos debiéramos solicitar ese informe, para apoyar el objetivo de transparencia, al señor Consejero. Y para ejercer el control que nos han dado... el poder del control que nos han dado las urnas sobre el poder ejecutivo. Que en un principio -quiero aclarar- esta Procuradora confía en el cumplimiento de la Ley de Función Pública -no quiero entrar en debates de Legislatura pasada-, aunque según datos, seguramente sin contrastar con la Administración, circulantes entre trabajadores y trabajadoras de la propia Junta, ponen en duda esta filosofía.

Para demostrar esta profesionalidad, la profesionalidad que tiene que ser la Administración, la Administración que ejerce la Junta de Castilla y León, se solicitan -y espero por unanimidad- dichos datos. Pero también para que nos sea más sencillo en esta Comisión poder interpretar estos datos es por lo que he hecho las tres Enmiendas que defiendo conjuntamente.

Recordar que soy trabajadora de la Junta y por eso lo he hecho, para dar mayor claridad y facilitar trabajo en esta Comisión.

Me consta -pero, claro, por supuesto necesito los datos, o todos necesitamos los datos de la Administración, porque teóricamente son los legales y los pertinentes- que hay personal interino que está acumulando funciones de otros puestos de trabajo, y esto se da en la Consejería de Fomento -Sus Señorías lo pueden preguntar a los altos cargos allí planteados-.

También nos consta a este Grupo Parlamentario que hay puestos de trabajo ocupados por personal interino que accedieron a la interinidad en otro puesto de trabajo. Esto está ocurriendo grandemente en la Consejería de Bienestar Social, como seguramente ustedes saben.

Y también saben ustedes que hay personal interino que está ocupando puestos de libre designación. Por lo tanto, esas plazas no salen en la oferta pública de empleo.

Para poder descontar todas esas plazas..., porque, claro, yo tengo aquí un informe de la Junta de cuántas plazas vacantes hay en cada Consejería. Es decir, si yo simplemente leyera esto, exigiría que todas las vacantes salieran cada año en la oferta pública de empleo. También tengo datos de la Junta sobre la cantidad de funcionarios o personal interino, pero son datos que preciso contrastar, son datos que me han aportado los trabajadores y las trabajadoras con sus sindicatos representativos.

Entonces yo creo que por unanimidad esta Comisión, en aras a apoyar al señor Consejero en su objetivo de transparencia, tenemos que apoyar esta Proposición No de Ley. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias, Señoría.

¿Desea hacer uso del turno en contra de la Enmienda?

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Bueno, el Grupo Socialista admite las Enmiendas de Izquierda Unida.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): ¿Las admite sin más? De acuerdo.

Vamos a pasar al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, por favor... don Joaquín Otero, el Procurador don Joaquín Otero Pereira.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos. No hay ningún... no hay -decimos- ningún motivo para oponernos a esta petición de información, que en definitiva es de lo que se trata, pedir información a la Junta para que sea remitida a las Cortes. Basta con que un Grupo político de los representados en estas Cortes tenga interés, para que, como mínimo por solidaridad, nosotros no podamos ni oponernos ni siquiera abstenernos.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que es eso, solicitud de información, por supuesto vamos a apoyar esa Proposición del Partido Socialista, por supuesto, con las Enmiendas que ya ha aceptado y que incluyó el Grupo Izquierda Unida. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Parlamentario don José Nieto Noya.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Muchas gracias, señora Presidenta. Debo confesar que yo venía pensando en que íbamos a tener un debate en esta Proposición No de Ley entre el Grupo proponente y los demás Grupos, pero la introducción del sistema de enmiendas, pues que... impide el ejercicio de un turno en contra, me ha dejado un poco descolocado. Entonces, tengo que limitarme a fijar la posición del Grupo Parlamentario sin poder debatir sobre el tema y precisar las cosas en los términos en que creía yo que era preciso hacer.

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Y la posición de nuestro Grupo es de oposición al texto de esta propuesta de resolución, por dos tipos de razones. Una, porque el Grupo Parlamentario Popular no está de acuerdo en el análisis que se hace de la realidad, en la crítica que se hace del sistema de nombramiento de interinos, de los procedimientos de selección, de cómo afecta la política sobre interinos al conjunto de los funcionarios; no está de acuerdo con las bases sobre las que se asienta esta propuesta de resolución.

Y como no tengo tiempo de desarrollar todas estas razones, en la propia Proposición se alude a un debate que se ha mantenido en el Pleno en el último período de la última Legislatura, sobre una Proposición No de Ley que presentaron los socialistas sobre regulación de personal interino. Pero yo tengo que añadirle que en el último año de la última Legislatura, no sólo ha habido una Proposición No de Ley debatida en el Pleno, sino que ha habido además una Interpelación, ha habido el debate de una Moción, ha habido el debate sobre la petición de una Comisión de Investigación y ha habido otra serie de alusiones desde otras iniciativas, que indirectamente venían también a repercutir y a hacer recaer algo de debate sobre la política de interinos.

Repito, no puedo entrar en todos estos datos, pero... en el análisis de todo este proceso, porque todo esto es lo que está en el fondo. Pero me van a permitir Sus Señorías que haga dos referencias a dos hechos particulares.

Una. Se dice en la Proposición No de Ley que, al debatir una Proposición en el Pleno, el Portavoz del Grupo Popular se concretó en doscientas noventa y cuatro el número de plazas convocadas para ser cubiertas por personal interino en mil novecientos noventa y cuatro. Tal dato contrasta con el número total de interinos que, según datos de la propia Junta, excede con mucho ese número.

Pues bien, yo tengo aquí ese debate, el debate que se ha realizado sobre esta materia. Y si no se me ha perdido, debo de tener la documentación que se manejaba en aquel debate por parte de este Portavoz, que lo era en aquella ocasión también. Y reitero, en este momento, que eran exactamente, durante el año mil novecientos noventa y cuatro, las plazas que fueron ofertadas a provisión por interinos durante el año mil novecientos noventa y cuatro. Y en el debate añadía que a estas plazas había que añadirle, para determinar el número de interinos, las que de aquellos interinos que habían sido seleccionados y nombrados en el año anterior y que encabalgaban sobre las del año noventa y cuatro. Por tanto, situaba aproximadamente en torno a los seiscientos interinos -cincuenta arriba o cien arriba, más o menos, porque esto varía mucho en función de las situaciones de cada año- el número de interinos que había en la Administración Autonómica.

Pues ésta era la situación real. Tengo aquí todas y cada una de las convocatorias que se hicieron el año pasado y todas las plazas que se cubrieron en virtud de esas convocatorias. Por tanto, no hay ninguna contradicción entre esos datos y entre los de la Junta. Y así podíamos decir de todos los matices y de todas las insinuaciones que están apareciendo a lo largo del texto de la Proposición No de Ley.

Pero se ha insistido de una forma especial en otro punto, y voy a decirlo, voy a señalarlo también: es en que se ocultan plazas vacantes en las convocatorias de concursos de traslados de los funcionarios, mientras se mantienen ocupadas por interinos. Y hete aquí que en este verano ha habido alguna central sindical, que resultó... en fin, que le llamó la atención el número de vacantes que ellos suponían que estaban cubiertas por interinos y que no salían a concurso, y pidió información a la Junta sobre este tema. Y yo he podido obtenerme con esta información.

Decían que en el concurso para puestos de funcionarios A, B y C, recientemente convocado, había cuarenta y siete plazas que no aparecían en la convocatoria del concurso. Pues resulta que de las cuarenta y siete plazas que se denunciaba por parte de un sindicato, en las que se estaba incumpliendo la Ley de la Función Pública y se estaba primando a interinos, resulta que la inmensa mayoría, la inmensa mayoría -treinta y cinco de las cuarenta y siete-, son plazas que no pueden ser convocadas a concurso porque tienen funcionarios con destino definitivo, que tienen derecho a reserva de esas plazas; treinta y cinco de las cuarenta y siete. Y cuatro de las mencionadas habían sido expresamente convocadas en ese concurso; se habían equivocado en el análisis. Dos de esas plazas tenían que ser reservadas para un concurso específico, no podían ser incluidas en un concurso general. Cinco de esas plazas eran plazas liberadas... abiertas -dicen en la terminología de la Junta-, porque se adscriben a tipos, a grupos de funcionarios que no tienen existencia jurídica en esta Comunidad Autónoma y hay que modificar los términos de la RPT en ese sentido. Y solamente una plaza estaba vacante y no se había incluido en el concurso porque la Consejería a la que le afectaba tenía el propósito de cambiar la naturaleza de esa plaza, porque parecía más oportuno que fuera destinada, atribuida a un conservador de museos, en lugar de a un técnico de la Administración, como estaba previsto en la RPT; la única plaza.

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Pues bien, una denuncia sobre cuarenta y siete anomalías se convierte en una denuncia sobre ninguna anomalía. Y así ocurre con tantas otras cosas que han ido surgiendo en estos años, en los debates que hemos mantenido sobre esta materia. No estando de acuerdo con el análisis que se hace de la situación, no podemos estar de acuerdo con los remedios que se intentan poner a esa situación.

Esto es el esquema básico de nuestro argumento para la oposición, en lo que se refiere al primer tipo de argumentos. Pero se añaden -y no puedo dejar de aludirlos-, se añaden otras razones, y es que al Grupo Parlamentario Popular le parece que en esta propuesta de resolución se invade por parte de... vamos, se intenta invadir por parte de estas Cortes el ámbito de autonomía reservado al Gobierno Regional. Nunca he visto yo en ningún Reglamento, ni en el Congreso de los Diputados... el del Congreso de los Diputados, que sirve de base al nuestro, ni en nuestro Reglamento, ni en ningún reglamento de ningún Parlamento Regional, nunca he visto yo que existiera la posibilidad de que las Cortes se dirijan al Gobierno pidiéndole que elabore un informe con valoración de datos, con análisis de las situaciones, para que los remita a las Cortes y esto sea luego objeto de debate en las Cortes, sin presencia del Gobierno; no lo he visto en ningún Reglamento. Y, desde luego, he analizado cuidadosamente nuestro Reglamento, y en todas las referencias que se hacen a la posibilidad de pedir al Gobierno información se dice siempre "los datos o informes que obren en su poder", en poder de la Administración; pero nunca se autoriza a pedir que el Gobierno se disponga a elaborar un informe para ponerlo al servicio de las Cortes, con una valoración, por ejemplo, general de los datos incluidos, y diciéndole: y luego las Cortes ya deliberarán y ya decidirán lo que estimen oportuno a partir de ese informe que ustedes han elaborado al servicio de las Cortes. Nos parece que, tal como se han entendido las relaciones de Poder Legislativo a Poder Ejecutivo en los Reglamentos de todos los Parlamentos nacionales, se mantiene más respeto a la autonomía de los Gobiernos que el que aparece contemplado en esta Proposición No de Ley.

Y dichas estas dos cosas, yo podría seguir añadiendo consideraciones, en una dirección o en otra dirección. Pero como no vamos a poder debatir sobre este tema, porque el Reglamento, repito, no nos lo permite, yo, simplemente, como yo me he preocupado de averiguar ese dato por el que se interesaba la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida en relación con los diez interinos que había en la Consejería de Presidencia, yo, si le interesa, yo sí que me he ocupado de averiguarlo y puedo decirle que, a una fecha determinada del mes de agosto, había diez interinos en Presidencia, noventa y seis en Economía y Hacienda, doscientos seis en Agricultura, noventa y nueve en Fomento, ciento treinta y uno en Bienestar Social, sesenta y tres en Medio Ambiente y sesenta y cinco en Cultura. En total, seiscientos setenta interinos en la Administración, lo cual me parece una cifra del orden de... no he hecho la operación, pero del orden del 5%, que es una cifra infinitamente inferior a las que se usan en las diferentes Autonomías, sin pensar ya en los casos extremos en los que más del 50% de los puestos de la Administración Pública en alguna Comunidad Autónoma está en manos de interinos.

Con esto, señora Presidente, señores Procuradores, creo que dejo definida la... vamos, la fundamentación de nuestra oposición a esta propuesta de resolución.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA FERNÁNDEZ): Muchas gracias, Señoría. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que se propone, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario proponente, don Jorge Félix Alonso Díez.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Yo creo que este tema no hay voluntad, por parte del Grupo Popular, de entrar a ordenarlo. Y, lógicamente, mientras no haya esa voluntad, pues va a ser motivo de discordia. Es decir, nos parece que este tema podían ustedes haber tenido la oportunidad de haber también presentado sus enmiendas y, en consecuencia, a lo mejor, lo que puedan ser aristas, a lo mejor hubiéramos estado dispuestos a entendernos en torno a ella. Pero lo cierto es que, en la medida de que no se entra a ordenar algo que es necesario que se ordene, está claro que se está buscando la confrontación permanente.

Quiero decir, nosotros hemos pretendido el hacer un borrón y cuenta nueva; quiero decir, no hemos pretendido repasar todo lo que ocurrió en la anterior Legislatura. Hemos dicho "vamos a pedir cuál es la situación actual al día de hoy y, a partir de esa situación, vamos a entrar a ordenar las cosas". Un interino sólo que hubiera es decir -ustedes dicen el 5% es poco, ¿no?-, un interino sólo que hubiera, sería suficiente para que hubiera un sistema claro de selección y un sistema transparente y objetivo. Es decir, todo lo que no contribuya a eso, lógicamente contribuye a lo contrario, que es al oscurantismo y a estar de alguna forma dando lugar a la sospecha permanente; quiero decir, porque lo otro son palabras. Y quiero decir... y la sospecha se nos origina como consecuencia de las actuaciones que ustedes de alguna forma pretenden ocultar, porque ésa es la realidad.

¿Y qué ocurre con los interinos? Pues los interinos dan juego para dos cosas fundamentalmente. Por un lado, para atender situaciones personales; está claro que, en la medida que hay contrataciones temporales, la conclusión inmediata es que con eso se atienden situaciones de amistad, o políticas, o de otro tipo. Y otra situación es que puestos de determinadas responsabilidades que tendrían que ser de libre designación, pues se cubren con interinos; se cubren con interinos y, lógicamente, eso da más juego.

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En fechas recientes salía una convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León -y lo digo a título de ejemplo de cómo al final se desarrolla el tema de los interinos- para la Consejería de Cultura, en la cual se iba a cubrir el puesto por un concurso de méritos -es una convocatoria del cuatro del nueve del noventa y cinco-, se iba a cubrir por un concurso de méritos. Se podían obtener hasta seis puntos en el concurso, en la puntuación. Bueno, pues, de esos seis puntos, cuatro se obtenían por haber trabajado en la Administración y haber trabajado en la propia Consejería. Lo que está claro es que, prácticamente, yo no conozco a la persona, pero estoy seguro que quien ha preparado esa convocatoria sí que sabe prácticamente quién es la persona que, de seis puntos, ya tiene cuatro, porque ha trabajado anteriormente en la Consejería y en la Administración. Y además, no se parcializa en el tiempo; mientras que un punto que se obtiene por haber trabajado en el sector privado, sí se ha tenido detalle de decir que son cero veinticinco por cada año.

Igual que, a mi juicio, de todo lo que se barema, que es el sexto punto, se percibe por haber aprobado alguna fase de algún examen en las oposiciones, que a mi juicio es lo más objetivo. Es decir, precisamente lo más objetivo en la selección, que es haber superado pruebas en una oferta de empleo, se valora con un punto, y cuatro puntos sobre seis se reciben simplemente por haber trabajado anteriormente en la Consejería. En consecuencia, esto no contribuye a que haya una claridad y una confianza en el sistema de selección de interinos.

Entonces, nos parece que se está dejando nuevamente pasar una oportunidad de entrar en este tema con cierto orden. Insistir en lo que decía al principio: nosotros hemos querido, primero, tener toda la información encima de la mesa, que estemos todos de acuerdo en ella y, a partir de ahí, arbitremos unos mínimos mecanismos, que no es reglamentar, es decir, que no estamos pretendiendo el modificar ningún reglamento ni entrar... sino, simplemente, que al final haya un sistema que nos dé confianza a todos, y que al final este tema de las interinidades, pues, deje de ser motivo de confrontación, que, desde luego, en una administración profesionalizada no debería de ser motivo de confrontación, como está siendo de forma permanente. Y lógicamente, a esto contribuye las negativas del Grupo Popular de estar permanentemente entrando... o sea, queriendo no entrar a ordenar estas situaciones.

Bueno, nuestra posición es que mantenemos la Proposición No de Ley y aceptamos las Enmiendas que proponía el Grupo de Izquierda Unida.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): De acuerdo, muy bien. Gracias, Señoría. Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Los votos emitidos han sido diecisiete. Votos a favor, siete; votos en contra, diez. Por lo tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley.

Vamos a pasar al segundo punto del Orden del Día. La Secretaria, por favor, tiene la palabra para leerlo.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA): Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador don José María Crespo Lorenzo, relativa a elaboración de la normativa del Registro de Intereses de altos cargos de la Junta y Procuradores regionales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 7 de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, señora Secretaria. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el Procurador don José María Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señora Presidenta. Y buenas tardes, señoras y señores Procuradores. Consumo este turno en representación del Grupo Parlamentario Socialista para tratar de razonar en la necesidad que nuestra Comunidad Autónoma tiene de regular el hecho que los ciudadanos castellanos y leoneses conozcan sin ningún tipo de traba ni cortapisa los bienes, derechos, intereses de todos aquellos que, en representación de los ciudadanos, ostentamos responsabilidades públicas.

Los socialistas castellanos y leoneses, el Grupo Parlamentario Socialista en su representación en estas Cortes entiende que éste es un derecho inalienable de los ciudadanos: el derecho a conocer en quiénes han puesto su confianza, quiénes son y a qué se dedican aquellos que gestionan sus recursos públicos, qué intereses pueden defender y qué relación tendrían con los suyos propios aquellos que ostentan una responsabilidad pública.

Nosotros pensamos que la actividad política, el libre desempeño de una responsabilidad política, de una responsabilidad pública, es un acto de voluntad por parte de cada uno de los ciudadanos que concurren a una convocatoria electoral, o por parte de aquellos ciudadanos que, fruto de un resultado electoral como designación de quien legítimamente ha obtenido ese triunfo electoral, ostenta una responsabilidad, creemos que eso, por el mismo hecho de ser un acto libre, un acto de voluntad está sujeto a mayores condicionantes que el resto de los actos de voluntad del conjunto de los ciudadanos.

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Creemos que eso es una obviedad, creemos que eso es evidente. Es cierto que el hecho de desempeñar responsabilidades públicas, que el hecho de desempeñar responsabilidades políticas no debe implicar, ni mucho menos, la merma de derechos constitucionales, no debe implicar la merma de derechos individuales; pero no es menos cierto que, precisamente basados en la voluntariedad del desempeño de esas responsabilidades públicas, quienes las ostentamos debemos asumir un mayor nivel de exigencia hacia nosotros mismos, debemos asumir un mayor nivel de control, por parte de los ciudadanos, de nuestras actividades, de todas aquellas actividades susceptibles, en su caso, de condicionar..., y pongo lo de condicionar sin ninguna connotación peyorativa, pero sí de condicionar el libre desempeño de esas responsabilidades políticas.

Insisto en que iniciativas de estas características o esta iniciativa en concreto no trata en absoluto de invadir derechos constitucionales, no trata en absoluto de inmiscuirse en el legítimo derecho a la intimidad que todos los ciudadanos tienen y los responsables públicos también.

En definitiva, pensamos que iniciativas de estas características a lo que contribuyen es a eliminar todo ápice de sospecha, fundada o no, que cualquier ciudadano pueda tener sobre aquel que ostenta su representación. Se trata, lejos de aparentar otra cosa, precisamente de todo lo contrario. Los políticos, los responsables públicos no son ciudadanos bajo sospecha, no pueden ser ciudadanos bajo sospecha, y por lo tanto las instituciones deben arbitrar y deben regular los mecanismos suficientes que garanticen la absoluta transparencia para que nadie pueda entender o aparentar esa actividad bajo sospecha de quien le representa.

Desde nuestro punto de vista, estamos ante una doble razón que hace viable, que hace necesaria, que debe hacer posible esta Proposición No de Ley. Una razón de oportunidad y, por supuesto, también una finalidad concreta. La razón de oportunidad se basa en que a ninguno se nos oculta que el momento político hace deseable que todos los responsables públicos den el primer paso en ese ejercicio de transparencia, de legitimación de la actividad pública que desempeña. A ninguno se nos oculta que son demasiadas las voces, sin duda en el legítimo derecho a la crítica y, sin duda, en el legítimo derecho a la vigilancia externa y control de los responsables públicos, pero son demasiadas las voces que sugieren que en la política se está más para servirse que para servir.

Y por lo tanto, creemos que aportaciones de estas características, por esa razón de oportunidad, de eliminar de raíz, en cualquier caso de poner serias trabas a quienes articulan discursos de esas características hace aconsejable, por esa razón de oportunidad, que salga adelante una Proposición No de Ley de estas características.

Y también, aparte de esa razón de oportunidad política por el momento en el que nos encontramos, un momento que ya viene siendo demasiado largo en el tiempo, hay una finalidad que se persigue con una iniciativa como la que nosotros presentamos, que es conseguir como objetivo presentarnos, todos aquéllos que nos dedicamos a la actividad pública, como ciudadanos al servicio de aquella causa por la que se nos eligió, como ciudadanos que ostentamos la representación que los ciudadanos nos dieron para defender intereses globales, para defender intereses generales, para evidenciar que en ningún caso la acción política que se desempeña, la responsabilidad que los ciudadanos nos han dado puede utilizarse en beneficio propio o está limitada por condicionamientos de tipo personal, de tipo familiar, de tipo económico.

Por lo tanto, por razones de la oportunidad, a ninguno se nos oculta el momento en el cual nos encontramos, el momento político en el que nos encontramos. Y por razón de la finalidad, cuando como consecuencia de una razón de oportunidad se consigue un fin positivo en sí mismo, como es el de presentarnos ante el conjunto de los ciudadanos como responsables públicos libres, como responsables públicos conscientes de nuestras responsabilidades y como ciudadanos públicos que hacemos de nuestra actuación absolutamente transparente, creemos que estamos contribuyendo a mejorar tanto la convivencia como la credibilidad de las instituciones que representamos.

Es cierto que en nuestra Comunidad Autónoma esta materia tiene una regulación, una regulación amplia, desde nuestro punto de vista insuficiente. Aparte de la Ley de Incompatibilidades, tenemos el Decreto 391 de diecisiete de enero y la modificación que supuso el Decreto 164/95 de tres de agosto, que se ocupa de ello en lo que se refiere a los altos cargos de la Junta de Castilla y León. También el Reglamento que regula la actividad en esta casa, en estas Cortes, en su Artículo 15 establece o regula lo que son las declaraciones de bienes, registro de intereses de los Procuradores en las Cortes de Castilla y León.

Por lo tanto, no está sugiriendo esta Proposición No de Ley que Castilla y León carezca de mecanismos de control de las actividades, de los bienes y de los intereses, tanto de los altos cargos de la Junta de Castilla y León -tienen su regulación- como de los Procuradores en las Cortes de Castilla y León, que también tienen su regulación a través del Reglamento de la Cámara.

A nosotros nos parece, a pesar de ese reconocimiento, esa evidencia de la regulación que tenemos, que la modificación que supuso el Real Decreto 391, que va en la línea de una mayor transparencia, que va en la línea de una mayor accesibilidad, de un mayor... del incremento de las posibilidades de conocimiento por parte de los ciudadanos de esos bienes, de esos intereses, adolece de una grave carencia desde nuestro punto de vista, que es el necesario acto de voluntad del ciudadano particular de dejar constancia personal escrita de quién es, para solicitar la certificación correspondiente de los intereses de cualquier alto cargo.

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Nos parece que ése es un motivo suficiente que puede coartar ese libre ejercicio y ese derecho que nosotros consideramos fundamental de los ciudadanos castellano-leoneses de conocer a qué nos dedicamos. Por eso, nosotros entendemos que, yendo en la línea de una mayor transparencia, seguimos poniendo cortapisas a los ciudadanos castellano-leoneses para conocer nuestras actividades.

También es verdad que, en lo que se refiere a los Procuradores en las Cortes de Castilla y León, el Reglamento que lo regula adolece, desde nuestro punto de vista, de una carencia, la misma que en el caso anterior, es decir, es un registro que los Procuradores hacemos y que depositamos en la notaría correspondiente; por lo tanto, no es de libre acceso y conocimiento por parte de los ciudadanos, como en el caso anterior. Pero es que incluso va más lejos, ni siquiera existe la obligación de que ese registro, de que esa declaración de bienes de los Procuradores, esté depositado en sede parlamentaria. El Reglamento prevé que, a petición de la Comisión de Procuradores, etcétera, se pondrá a disposición. Pero nosotros creemos que es absolutamente insuficiente, y son muchos los Reglamentos que regulan, Reglamentos de otros Parlamentos Regionales los que regulan que esa declaración de bienes de los Diputados en su caso, de los Procuradores en el caso de Castilla y León, cuando menos estén en sede parlamentaria. Es una doble carencia la que existe en ese caso. Es un registro privado; ni siquiera existe la obligación de que esté depositado en sede parlamentaria.

Y por lo tanto, nosotros creemos que requiere un mayor esfuerzo por parte de estas Cortes para que esa doble limitación, la limitación de que sea el ciudadano, personal, acreditándose y dejando constancia de quién es, el que solicita la certificación, y el mismo hecho de que en el caso de los Procuradores esas declaraciones estén depositadas en las notarías nos parecen limitaciones que hacen necesaria la modificación de la normativa, para que ambas declaraciones sean públicas y publicadas. Y publicadas, ¿dónde? Yo creo que donde deben serlo, que es en el Boletín Oficial de Castilla y León.

A ninguno se nos oculta que estamos hablando de... y me anticipo quizá a alguna línea de argumentación, de que estamos hablando de instancias distintas. Una cosa es la Administración Regional, la Junta de Castilla y León, otra cosa son las Cortes de Castilla y León.

Las Cortes de Castilla y León se regulan a través de su Reglamento, y por lo tanto, en lo que se refiere a los Procuradores, y que nosotros reflejamos en nuestra Proposición No de Ley, estaríamos hablando de una modificación reglamentaria en la línea que nosotros sugerimos.

En lo que se refiere a los altos cargos de la Junta de Castilla y León, estaríamos hablando de una modificación de los Decretos que regulan esta materia en la línea que también nosotros insistimos.

El objetivo es el mismo. El objetivo es conseguir y regular que todos aquellos que ostentamos representaciones públicas en nuestra Comunidad Autónoma tengamos al servicio y a disposición de los ciudadanos, con conocimiento libre de los mismos, de nuestras actividades y de nuestros intereses.

Yo termino diciendo que, en este caso y sin conocer cuál va a ser el posicionamiento del resto de los Grupos, yo querría hacer nuestra la apreciación que el Grupo Parlamentario Popular hacía en la pasada Legislatura a propósito de las proposiciones no de ley. Cuando discutíamos en la pasada Legislatura en algunas sesiones la vinculación que para el Gobierno implicaban las proposiciones no de ley, el Grupo Parlamentario Popular argumentaba que estábamos ante mandatos políticos de las Cortes de Castilla y León, mandatos políticos que, lógicamente, podían ser vinculantes o no, tanto en el tiempo como en sus pronunciamientos formales; no se trataba de mandatos jurídicos de las Cortes de Castilla y León hacia el Ejecutivo. Siendo eso así, pudiendo discutirlo políticamente, por aquello de que algunos defendemos que todo lo que se aprueba en estas Cortes debe ser de aplicación y todo aquello que se aprueba en estas Cortes debe obligar al Ejecutivo a su cumplimiento, en este caso, en este caso, hacemos nuestro ese planteamiento.

No se argumenten dificultades de tipo jurídico formal para oponerse en su caso a una iniciativa de estas características; pongámonos de acuerdo en lo que es lo fundamental, si estamos dispuestos o no a que, sin ninguna cortapisa y utilizando el mecanismo de comunicación formal que tienen las instituciones regionales, que es el Boletín Oficial, pongámonos de acuerdo en si estamos dispuestos a que esto se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León, como instrumento público al servicio de los ciudadanos y que les posibilitará sin ninguna limitación conocer aquello a lo que nos dedicamos quienes les representamos. Si esa voluntad la asumimos, las cuestiones formales estoy seguro que seremos capaces de resolverlas y en el plazo más breve posible.

Si al final, como argumento de oposición en su caso, nos sujetáramos a cuestiones formales, desde nuestro punto de vista estaríamos evidenciando diferencia de criterio en relación con este asunto y, por lo tanto, evidenciando diferentes voluntades políticas.

(-p.450-)

Eso es lo que queríamos decir. Y creemos sinceramente que por razones del momento político y por razones... es decir, por razones de oportunidad, y por razones de la finalidad que perseguimos con iniciativas de éstas, debiera merecer la confianza y el apoyo de esta Comisión. Gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. ¿Alguno de los Grupos Parlamentarios quiere hacer uso del turno en contra? De acuerdo. Pues para consumir el turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el Parlamentario don José Nieto Noya.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Gracias, señora Presidenta. Yo he escuchado con mucho interés el discurso del señor Crespo, que empieza diciendo que él habla en nombre del Grupo Socialista, pero la Proposición No de Ley la presenta a título personal, con su propio nombre y no con nombre del Grupo. Yo supongo que el Grupo Socialista asume esa Proposición No de Ley, pero no es una proposición de un Grupo Parlamentario, sino de un Procurador de estas Cortes.

Digo que he escuchado con atención su discurso y realmente admiro el esfuerzo y el éxito que le ha acompañado tratando de hablar durante un largo rato, dando vueltas en torno a un problema y sin ir a las cuestiones fundamentales que plantea en su propuesta de resolución. Porque todo su discurso sobre la transparencia es perfectamente asumido por este Grupo Parlamentario. Ya empieza a haber problemas cuando usted defiende el derecho de los ciudadanos de Castilla y León, el derecho -no estamos hablando de una posibilidad, sino de un derecho-, el derecho a conocer, pues no sé, intimidades, todo tipo de intimidades de los diferentes cargos públicos y también de los Procuradores de estas Cortes. Pero no es ése el tema que nos interesa ni es el tema hoy que nos lleva a adoptar una postura en contra de esta Proposición No de Ley.

El fondo de la Proposición tiene dos expresiones.

Una. Que las declaraciones que tienen que hacer los altos cargos de la Junta de Castilla y León y los miembros de la Junta de Castilla y León se publiquen en el Boletín Oficial de Castilla y León. Primera parte. Es eso. Porque la primera parte no introduce ninguna otra modificación en la reglamentación.

Segunda. Que en ese registro de intereses se incluyan también las declaraciones de los Procuradores de estas Cortes.

Y éstos son los dos temas que se plantean en esta Proposición No de Ley.

Bueno, la primera parte, lo de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, nosotros entendemos que es materia muy delicada, muy delicada. Nosotros conocemos la Constitución, conocemos los derechos que ampara la Constitución. Hay un derecho general de todos los ciudadanos a conocer la verdad, pero no creo que afecte a las situaciones particulares de cada uno de los demás ciudadanos; porque al lado de eso hay un derecho, un derecho -y éste está expresamente reconocido en la Constitución- a la intimidad personal y familiar, aparte del honor y otros muchos derechos que están en torno a este problema. Y ese derecho está establecido en la Constitución y está regulado, al menos que me conste y que tenga al alcance de mi mano en este momento, por dos leyes orgánicas, una reciente y otra un poco anterior; pero las dos, de todas formas, recientes, dentro de los años noventa. En ninguna de las reglamentaciones se reconoce ese derecho de los ciudadanos a conocer la situación personal, patrimonial y familiar de cada uno de los altos... en ninguno, de cada uno de los altos cargos. Por tanto, empezamos a poner en cuestión la posibilidad de que ese derecho como tal exista de parte de los ciudadanos. Luego, cada alto cargo, cada Procurador puede hacer de su capa un sayo, hacer sus declaraciones, inventar otras nuevas, las que ha presentado en sus declaraciones para pagar impuestos, las que ha hecho notarialmente ante la obligación que establece el Reglamento de las Cortes, y difundirlas y darles la publicidad que quiera. Pero una cosa es que eso voluntariamente pueda hacerlo un alto cargo o un Procurador y otra cosa es que se les reconozca el derecho a los ciudadanos a conocer esas situaciones en sus propios términos.

¿Garantiza eso más transparencia, y más veracidad, y más sinceridad en los comportamientos públicos? A nosotros nos parece que no, que no las garantiza; en cambio alienta, pues, otro tipo de actitudes que creemos que pueden no ser interesantes.

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Pero yo, realmente, este intento del Grupo Socialista -aceptando que sea iniciativa del Grupo Socialista- de convertirse a la publicidad, publicidad en el Boletín Oficial de las declaraciones, hombre, yo lamento que responde a un celo, vamos, que no se ha manifestado en momentos anteriores, y que podían haber trasladado a otros compañeros de otras Autonomías y en general en todo el país, para que cuando el Estado reguló, hace muy pocos meses, reguló el Registro de Intereses de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos, cuando lo reguló no contempló en absoluto ese tipo de publicidad, no lo contempló. Y cuando, por desarrollo... en una ley, y cuando por desarrollo de esa ley se publicó un decreto, muy recientemente -el mes pasado; si no me equivoco, fue el día doce del mes pasado-, un decreto regulando el Registro de Intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, no contempló esa posibilidad. Lástima que el Grupo Socialista de Castilla y León o el señor Crespo no haya intentado que para garantizar ese derecho, no sólo de los ciudadanos de Castilla y León sino de todos los ciudadanos, haya intentando que este principio de publicidad en el Boletín Oficial de la Comunidad o el Boletín Oficial del Estado se hubiera establecido con carácter general. Pero es más, estas normas del Estado se quedan mucho más cortas en cuanto a transparencia y posibilidad de conocimiento de la situación patrimonial de los altos responsables políticos que las normas de la Comunidad Autónoma.

Mire usted, en el Decreto 164, que creo recordar que usted ha mencionado después de haber hecho elogios del Decreto anterior 391, en el Decreto 164/95 de tres de agosto se ha modificado el anterior para ampliar el carácter público de las declaraciones de bienes patrimoniales a las correspondientes a los miembros de la Junta de Castilla y León, nada más que a las de los miembros de la Junta de Castilla y León. Ya estaba establecido el carácter público para las declaraciones de actividades y las declaraciones de compatibilidad; en este Decreto se ha ampliado a los miembros... a las declaraciones de bienes patrimoniales de los miembros de la Junta de Castilla y León, y esto de acuerdo con un programa electoral que se hizo público en la campaña de la primavera pasada y de acuerdo con lo que se comprometió a llevar adelante el Presidente en el discurso de Investidura, el Presidente de la Comunidad Autónoma. Éstas son las dos pautas básicas que impulsaron la promulgación de esta modificación del Decreto anterior.

Pues bien, en este Decreto -repito- se declaran públicos, públicos, las declaraciones de compatibilidad o las declaraciones de actividades de todos los altos cargos de la Junta, y público también las declaraciones de bienes patrimoniales de los miembros de la Junta de Castilla y León. Comparamos esto, comparamos esto con lo que dice la Ley que regula el Registro de Altos Cargos a escala nacional y el Decreto que acaba de ser publicado el mes pasado, y resulta que allí no sólo no se dice que tienen carácter público -como decía nuestro decreto anterior-, simplemente se declaraba el carácter público del Registro de Actividades y de Compatibilidad, y quedaba en el aire, sin decir nada y sin pronunciarse nada, y por tanto no se definía si tenía carácter público o no tenía carácter público el Registro de Bienes Patrimoniales. Pues en el caso de la normativa del Estado no sólo no se declara público, no sólo no se admite que sea público simplemente por mero silencio y no mención, en contraste con el Decreto de Actividades, sino que se declara expresamente reservado, expresamente reservado, de forma que se cargan todos los derechos de todos los ciudadanos a la información de los bienes patrimoniales y de cómo anda la economía y las actividades de tipo privado de los responsables políticos, no sólo eso -se cargan ese derecho-, y además limitan no a cualquier ciudadano que identificado, convenientemente identificado y respetando los imprescriptibles derechos de los investigados, de los altos cargos, respetándolos en los términos que establece el ordenamiento jurídico (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley que regula el tratamiento de los actos informatizados, las dos son recientes leyes orgánicas, respetando esos derechos), pues resulta que de eso nada, se declaran reservados expresamente y se limita su conocimiento a los miembros... al Congreso de los Diputados, a las autoridades judiciales, al Defensor del Pueblo y los tribunales de justicia; el resto de los ciudadanos no cuentan para nada.

Hombre, a nosotros nos gustaría saber cuáles son los posicionamientos de los partidos políticos y de los Grupos Parlamentarios, y nos gustaría que mantuvieran una cierta coherencia tanto en lo que se hace aquí como en lo que se hace en otras partes.

Por tanto, no nos preocupa en absoluto el problema de la transparencia, el problema del conocimiento, otra cosa es que lo regulemos y que privemos de derechos a ciudadanos, que son cuestiones diferentes.

El Presidente ha hecho pública su declaración hace unos cuantos días, no... he querido buscarla y no la he encontrado pero la he leído en la prensa, la he hecho pública, la ha hecho por un acto libre de voluntad; puede hacerlo cualquier otro alto cargo o cualquier Procurador socialista, no hay inconveniente ninguno, o cualquier Procurador del Partido Popular. Pero una cosa es lo que él quiera hacer con sus bienes patrimoniales y otra cosa es que se les reconozca a los demás el derecho a intervenir, aunque no sea más que con el mero conocimiento en su situación de tipo patrimonial. Son dos cosas totalmente diferentes.

Y en la segunda parte de su proposición, de su propuesta de resolución, señor Crespo, usted pretende que la Junta, que la Junta... que nosotros, las Cortes, le manden a la Junta, manden políticamente, como usted decía; porque, en efecto, una Proposición de Ley no es más que un mandato político, es una recomendación, no tiene otro alcance, es una expresión de una supuesta voluntad del pueblo, en la medida en que los Grupos políticos representen fielmente la voluntad del pueblo, que a veces no ocurre así, pero bueno, a veces no ocurre así, pero bueno; aceptando que representa... tal como ha sido expresada por los Grupos políticos, a veces no, porque ha veces los grupos políticos dicen una cosa en sus actividades parlamentarias y otra cosa es la que habían dicho al pueblo a la hora de presentarle su programa electoral y lo han cambiado. Entonces ya es muy difícil saber si representan o no representan la voluntad del pueblo.

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Lo sorprendente, repito, es que estas Cortes le pidan a la Junta que regule algo que pertenece a la esfera de la autonomía de estas Cortes, es un poder absolutamente autónomo, en relación con el Poder Ejecutivo. Y que el Grupo Socialista pretenda que el conjunto de los Grupos de estas Cortes, o sea, estas Cortes institucionalmente le pidan a la Junta que regule algo que pertenece a la esfera, no de la privacidad, pero sí a la esfera de la autonomía, de la capacidad de autorregulación que tienen estas Cortes, nos parece un disparate. Si usted quiere profundizar en las dos materias, nosotros no tenemos inconveniente ninguno en que lo haga, pero sin implicar a priori con un debate tan breve y tan... por encima, tan por los pelos, tan superficial como el que pueda haber en un debate de una Proposición No de Ley como ésta.

Pero si ustedes quieren ejercitar una iniciativa para modificar en ese sentido y para poder debatirla en concreto, en particular, ejerciten una iniciativa que les permite el Reglamento de las Cortes y presenten una Proposición de Ley, y se debate, en cuanto a la modificación de la Ley del Registro de Intereses, o en cuanto a la modificación del Reglamento; están ustedes en su libre, en su libertad, y pueden hacer uso de ella cuando quieran. Y ya veremos lo que ocurre en este momento. Pero implicar de momento a las Cortes, nosotros no estamos de acuerdo. Segunda cuestión.

Lo mismo ocurre con el Reglamento. El Reglamento de las Cortes define un procedimiento para su propia modificación, para su propia reforma; pues acudan ustedes al procedimiento de la reforma del Reglamento de las Cortes, y tendremos la oportunidad de debatirlo también más en profundidad para saber si eso es lo pertinente o no. Pero, desde luego, pretender que la Junta invada por mandato de las Cortes el campo de la Autonomía de las Cortes, esto es un contrasentido que yo, desde luego, no acabo de entenderlo.

He fijado la posición de nuestro Grupo Parlamentario, absolutamente en contra de la propuesta de resolución. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. ¿Desea el señor Procurador proponente hacer uso del turno de réplica? Cinco minutos, Señoría. He sido tolerante antes y ahora, antes y ahora.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señora Presidenta. No dudo en absoluto de su tolerancia, como es habitual en la experiencia que tengo con usted en estas Cortes.

El señor Nieto Noya, como siempre, ha defendido con el mismo énfasis esto que si mañana le dicen de Madrid que defienda otra cosa; va a defender lo mismo. No sé si fue usted o algún ilustre compañero suyo que, en situaciones similares cuando se habla de coherencia, prácticamente en el mismo acto parlamentario defendió con ese mismo énfasis la negativa a la constitución de una Comisión de Investigación, para defender acto seguido la oportunidad de la creación de esa Comisión de Investigación.

Le digo a esto, le digo esto, señor Nieto Noya, porque yo busco la coherencia, yo busco la coherencia, no -fíjese- entre lo que digan o dejen de decir otros Parlamentos, otras instancias, porque creo de verdad en la autonomía de Castilla y León, sino que busco la coherencia entre lo que nosotros mismos decimos en nuestra Comunidad Autónoma; no busco comparación ni justificación para una iniciativa de este... -le permito, faltaría más que usted acuda a ese modelo de debate- sino que trato de que lo que aquí decimos, ustedes y nosotros, sea coherente con lo que nosotros mismos hemos dicho en esta Comunidad Autónoma. Y su exposición aquí demuestra la absoluta incoherencia, cuando no cinismo político, cuando no cinismo político, porque quienes son máximos responsables de su formación política en esta Comunidad Autónoma, en pleno fragor electoral, se comprometieron a estudiar en estas Cortes, y a aprobar y tramitar en estas Cortes instrumentos en la línea que nosotros estamos proponiendo aquí.

El señor Presidente de la Junta de Castilla y León vio como muy positiva de consecuencias, veríamos para esa normalización política que todos perseguimos, ese modelo de referencia que todos tenemos en la cabeza que es el modelo de Castilla-La Mancha en relación con estos asuntos. Ahí están las declaraciones.

El ilustre Alcalde de Valladolid, a la sazón Procurador de estas Cortes, insistió en que tenía algunas dudas sobre si estas medidas eran eficaces para recuperar crédito entre los ciudadanos quienes ostentamos responsabilidades políticas y afirmó que, sin embargo consideraba ésta una línea necesaria.

El señor Vicepresidente, en estos momentos, de la Junta de Castilla y León abundó en el mismo sentido.

El señor Portavoz de la Junta de Castilla y León, sin cuestionar que eso sería un objetivo deseable y por consenso, que es lo que nosotros le proponemos aquí -luego le argumentaré el por qué de la formulación, precisamente para buscar ese consenso-, establecía algunas dudas sobre si estos mecanismos serían eficaces o no, pero los vio como necesarios.

Su Grupo, su Partido, en la convocatoria electoral, vio como necesarias y positivas para la recuperación de crédito entre los ciudadanos iniciativas de estas características.

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Por lo tanto, no busquemos la coherencia o no de los argumentos que se esgrimen en estas Cortes con lo que digan compañeros suyos o míos en otras instituciones, sino busquemos la coherencia entre lo que nosotros decimos aquí mismo, y respondamos de los compromisos que nosotros asumimos aquí y con los cuales concurrimos a las convocatorias electorales. Y ustedes concurrieron a la convocatoria electoral con compromisos de estas características, y su intervención aquí es la incoherencia personificada y la plasmación práctica de que el Partido Popular y el Grupo que lo representa en estas Cortes está instalado en el ejercicio cínico de aparentar ante los ciudadanos lo que luego no es capaz de materializar en medidas positivas.

Y por ir por el principio, y por comenzar desde el principio, son recursos oratorios, me imagino, pero vamos a contestarles a todo; no sé qué le sorprende que este humilde Procurador firme una iniciativa en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Habrá observado el señor Nieto Noya que está con el visto bueno el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, ésta no es la iniciativa de ningún iluminado personal, sino que es la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que estimó en su momento que este Procurador defendiera en esta Comisión una iniciativa de estas características.

¿Que no están dispuestos a hacer nada para cambiarlo? Ésa es su responsabilidad. Nosotros asumimos los resultados electorales, asumimos la confianza y reconocemos la confianza que los ciudadanos depositaron en ustedes; afortunadamente, el sistema democrático esperamos que perdure muchos años, y, por lo tanto, los ciudadanos irán dando y quitando su confianza en función de lo que entiendan que cada uno responde en su acción política a aquello con lo que concurrió a la convocatoria electoral. Insisto, en este caso, ustedes no están respondiendo a ese compromiso de trasparencia, a ese compromiso ético que se nos supone a todos los que tenemos responsabilidades políticas. Y más bien da la impresión de que ustedes han hecho instrumento de situaciones y de malos ejemplos que nosotros lamentamos más que nadie, para instalarse en un modelo de discurso del que no quieren salir. Porque ustedes no quieren arreglar estas cosas, porque ustedes no quieren poner instrumentos que posibiliten, que intenten, por lo menos, contribuir a resolver situaciones lamentables y de descrédito que, si ustedes tuvieran la misma inquietud democrática que se supone que tenemos quienes concurrimos a unas elecciones, debieran ayudar, y más con la responsabilidad que tienen porque para eso tienen la mayoría, a poner frenos, cortapisas y controles a situaciones que todos lamentamos. Pero da la impresión de que a ustedes lo que les conviene es el discurso, les conviene mantener la duda, les conviene mantener la sospecha sobre otros y no están dispuestos a hacer nada para poner blanco sobre negro en nuestra Comunidad Autónoma. Ésa es, y usted la ha representado aquí convenientemente -y en eso ha sido absolutamente coherente-, la filosofía del Partido Popular: decir ante los ciudadanos una cosa cuando les toca actuar decir absolutamente lo contrario.

Y ejercicio por ejercicio, permítame usted que le diga que si no quieren regular esto es que tienen algo que ocultar -me lo va a perdonar-, tienen algo que ocultar, alguien tiene algo que ocultar; porque, de lo contrario, por qué no permiten ustedes de verdad que esto sea transparente, por qué no permiten ustedes que esto se conozca. No me aluda a que el derecho que nosotros entendemos que es de los ciudadanos atenta contra el derecho de los responsables públicos, porque ya le he dicho yo de entrada que todos, ciudadanos con responsabilidades públicas y ciudadanos anónimos, tienen los mismos derechos; pero, además, los que ostentamos responsabilidades públicas, señor Nieto Noya, por el hecho de disfrutar de la confianza de los ciudadanos, debemos ser capaces de renunciar un poquito a ese derecho. Porque la sociedad lo demanda, porque la sociedad lo necesita, y me parece que por ser éste un acto de voluntad, el estar sentados en estas Cortes, el tener responsabilidades en la Junta de Consejeros, debemos hacer un poquito de dejación de ese derecho a la intimidad para que los ciudadanos conozcan a lo que nos dedicamos. Porque, de lo contrario, estamos en operaciones de imagen, señor Nieto Noya; en la exhibición que hizo el señor Lucas hace cuatro días, ¿eso qué es? ¿Una coartada para que todos los demás se queden escondidos? ¿Es eso? ¿Ésa es la transparencia del Grupo Popular? ¿Es eso la aportación o la materialización de sus compromisos electorales ante los ciudadanos de transparencia, que el señor Lucas vaya a un periódico y diga lo que tiene? ¿Es eso? Nos parece que eso obedece exclusivamente a operaciones de imagen que ustedes cultivan convenientemente, pero nos parece que no es eso lo que los ciudadanos nos piden, y no me parece que sea eso los compromisos que ustedes asumieron en la convocatoria electoral.

Yo creo, de verdad, en la autonomía de Castilla y León, y por eso, y por eso apelo a que en nuestra Comunidad Autónoma, haciendo ejercicio de esa autonomía que tenemos, demos algún paso al frente en la regulación de estas materias.

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Y fíjese, de su propia intervención ya se desprenden algunas dudas. Poco menos que ha insinuado aquí que, bueno, que las declaraciones que se hacen, pues, un día se harán unas, otro día se harán otras; eso no sirve para generar ese caldo, ese estado de opinión entre los ciudadanos de mayor credibilidad, porque al final su intervención es tan lamentable en este sentido, tan lamentable en este sentido, señor Nieto Noya, que está insinuando que hasta las propias declaraciones de los altos cargos de la Junta de Castilla y León y las declaraciones de los Procuradores en las Cortes de Castilla y León, pues, que no contribuyen a mejorar este clima. ¿Qué pasa, que no son ciertas las declaraciones que se hacen? ¿Es que algún Procurador o alto cargo sabiendo que no va a ser publicada su declaración, sabiendo que aquel que ose pedir su declaración debe dejar constancia de cómo se llama, dónde vive y a qué se dedica, bueno, puede generar una cierta ligereza, una cierta laxitud en el rigor de las declaraciones que hacemos? ¿Está usted insinuando esto? ¡Hombre!, quizá si los registros hubieran sido públicos algún ex Consejero de esta Comunidad Autónoma hubiera dicho la verdad en su momento y no habría dado pie a lo que luego todos sabemos que sucedió.

Yo creo que usted es, a pesar de que se empeñe en aparentar aquí otra cosa, creo sinceramente que no tiene nada que ocultar. ¿Que tienen mucho patrimonio algunos? ¿Que a algunos no les cabría en un libro? ¡Benditos ellos, benditos ellos!, habrá sido fruto de su esfuerzo, habrá sido fruto de su trabajo o habrá sido fruto de su apellido; allá les corresponda. Yo no dudo de la legitimidad y de la honestidad de los patrimonios de los que ustedes disfrutan. Pero, ¿por qué no pueden conocerlo los ciudadanos? ¿Por qué se empeña usted en demostrar aquí con su discurso que eso atenta contra sus derechos y, sin embargo, no da un paso más allá para preservar y poner más en valor los derechos de los ciudadanos a los cuales nos debemos? ¿Por qué no hacer ese esfuerzo, señor Nieto Noya?

Y, por último, por último, mire, en las cuestiones formales, en las cuestiones formales, a las que usted es tan dado, perfecto conocedor de las dinámicas de esta Cámara, contábamos con ello señor Nieto Noya, porque queríamos darles una oportunidad. Y la oportunidad que a nosotros se nos ocurría -ya se demuestra que no querían aceptar esa oportunidad-, la oportunidad que a nosotros se nos ocurría era buscar una redacción del tipo de la que se ha hecho, con el fin de que alguien tan conocedor y tan respetuoso con la autonomía de estas Cortes como usted mismo hubiera hecho la enmienda correspondiente; una enmienda evidente que mejoraría sustancialmente la redacción de la Proposición No de Ley, es decir, estamos de acuerdo o no en la regulación en lo que se refiere a los altos cargos de la Junta, señor Crespo, o señores socialistas, la regulación en lo que se refiere a los Procuradores no puede ir por ese camino, va por la vía de la reforma del Reglamento. ¿Por qué no la han hecho, señor Nieto Noya? Porque ustedes no creen de verdad, y no están dispuestos de verdad a hacer ese esfuerzo de transparencia, de clarificación y de puesta en conocimiento de los ciudadanos cuáles son sus intereses, cuáles son sus bienes, cuáles son sus actividades.

Por ello, señor Nieto Noya, su intervención aquí nos parece de verdad un modelo de incoherencia con lo que ustedes mismos dicen aquí. Me parece que con su intervención aquí usted está dando un paso atrás muy importante respecto de compromisos públicos que ustedes adquirieron con los ciudadanos. Y ya le anuncio desde aquí que el Grupo Parlamentario Socialista, en lo que se refiere a los Procuradores -en lo que se refiere a los altos cargos no parece que vayamos a tener más margen-, en lo que se refiere a los Procuradores, al Artículo 15 creo que regula... o es el 51 -eso lo sabrá usted mejor-, en lo que se refiere a la necesaria reforma del Reglamento, ya le anuncio que presentaremos la proposición de reforma del Reglamento, eso sí, tenga la certeza, habiendo hecho públicos los Procuradores socialistas cuáles son nuestros bienes y cuáles son nuestros intereses; no iremos a promover una reforma del Reglamento sin que los ciudadanos castellanos y leoneses conozcan por declaración nuestra cuáles son nuestros bienes y nuestros intereses. El reto y la responsabilidad está en ustedes. Gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Para consumir el turno de dúplica, por el Grupo Popular, don José Nieto Noya.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Sí. Gracias, señora Presidenta. Señor Crespo, realmente yo estoy dudando en este momento si responder a cada una de las agresiones verbales que usted ha utilizado en esta segunda intervención suya o pasar olímpicamente y no contestarle a ninguna, porque son muchas las que usted ha ido haciendo, todas ellas fruto de la inconsistencia, y de la falta de sentido, y de la falta de contenido de su Proposición, y tiene que entretenerse en actitudes, en comentarios, en reflexiones de tipo paralelo que no tienen nada que ver. Mire... es que en ninguna de las cosas que ha dicho.

Que empieza por decir que la firma de esta Proposición es... vamos, que esta Proposición está amparada por el Portavoz para que usted pudiera venir a defenderla aquí. Usted podía haber venido a defenderla aquí exactamente igual si hubiera dicho "el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Proposición No de Ley", exactamente igual; por tanto no me diga que esto es un aval, que esto es una garantía. Yo, en este momento, yo no sé si lo que usted, aquello de lo que usted me está acusando a mí está usted procediendo con arreglo a esos criterios, y resulta que usted está aquí jugando con una dirección diferente de la que juega su propio Grupo Parlamentario. El tiempo nos lo dirá y ya veremos a donde llega.

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Mire, es que ha utilizado, ha utilizado coartada, expresiones como "la coartada de Lucas". El señor Lucas hizo lo que le dio la gana con su declaración, la hizo pública, y sanseacabó, y les quitó a ustedes a lo mejor la bandera que querían para lanzar y hacer públicas sus declaraciones, y eso es lo que le molesta. ¡Vamos, hombre! Lo hizo, es libre de hacerlo. Pero ha insistido usted reiteradamente que nosotros hemos incumplido y estamos actuando en contra de compromisos electorales, y yo tengo el programa electoral del Partido Popular abierto en este momento en la única página en la que se dice que hay un compromiso para facilitar el conocimiento del patrimonio de las personas encargadas de los niveles superiores de la Administración, mediante la declaración pública de bienes de los altos cargos. Éste es el compromiso electoral del Partido Popular. Si a algún orador se le ha calentado la lengua y ha dicho alguna tontería, eso es una responsabilidad de ese orador que desde luego yo, como miembro del Partido Popular, como Procurador que ha sido elegido en estas elecciones, no asumo si ha hecho declaraciones de otra naturaleza. El compromiso es el que está escrito en el programa electoral, y no he visto yo ese compromiso escrito por ustedes en su programa electoral. Por tanto, pues no lo he visto, es la diferencia.

Segundo, este programa electoral se convierte en un programa de gobierno, y el Presidente Lucas en el discurso de Investidura lo reitera, y tengo aquí el texto, y el texto dice: "por ello mi Gobierno va a adaptar nuestro registro público para que obligatoriamente se reflejen, no sólo las actividades, sino también los bienes e intereses de cuantos asuman responsabilidades de gobierno". Esto ha dicho en el discurso de Investidura.

Pues bien, los dos compromisos, tanto el electoral como el de gobierno, están cumplidos por un Decreto que tiene fecha de tres de agosto del año actual. Y ha convertido la declaración de bienes patrimoniales de los miembros de la Junta de Castilla y León, de los miembros de la Junta de Castilla y León, la ha convertido en un registro de carácter público, cosa -vuelvo a repetirle- que no hacen los miembros del Gobierno de la nación, ni hacen para sus propias declaraciones ni para las declaraciones de los cientos de altos cargos que están por ahí repartidos a lo largo de la Administración Central.

Y fíjese usted lo cuidadosos que han sido los miembros de la Junta: han regulado lo que les afectada personalmente a ellos, no han querido invadir, y modificar, y alterar lo que está garantizado por leyes orgánicas que afectaba a personas que no eran miembros de la Junta. Por eso se ha mantenido el carácter de obligatorio público solamente para los miembros de la Junta. Pero lo que se ve es que nosotros, señor Crespo, nosotros somos demócratas y como tales respetamos lo que dice la Constitución y las leyes orgánicas, y ustedes no respetan esto y pretenden que por delante, ante un impulso y ante una iniciativa, los demás les acompañen en ese atropello de los derechos de algunos ciudadanos que también desempeñan un cargo público, o que pueden desempeñar un cargo público.

Mire, señor Crespo, no sé lo que hará usted, no sé lo que hará usted, este Procurador que le habla en este momento lleva doce años largos en estas Cortes de Castilla y León y falta la primera vez que haya hablado en estas Cortes defendiendo un planteamiento o un principio sin convencimiento, sin convencimiento personal. Cuando alguna vez se ha intentado que dijera algunas cosas para las que yo tenía reservas, he dicho: esta defensa que la haga otro. Falta la primera vez que haya faltado, faltado a mi convencimiento personal en los debates que he mantenido en estas Cortes y en la defensa de los principios que yo he defendido. No sé si el señor Crespo está en condiciones de hacer la misma aseveración.

Mire, me ha hablado de cinismo. En fin, no quiero hablarle de cinismo porque entraría en la definición de lo que es el cínico y me llevaría más lejos.

Mire, voy a cambiar el tono. Y un compañero mío más... seguramente más culto que yo, porque sin haberlo preparado, ha traído a punto una cita que yo considero auténticamente exacta, en que me dice, poniéndolo en boca del fénix de las letras españolas, don Miguel de Cervantes Saavedra, que dice: "Es grave desatino, siendo de vidrio el tejado, coger piedras en la mano para tirar al vecino". A lo mejor, señor Crespo, usted ha incurrido en este grave desatino. Y con esto termino mi intervención.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Para el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Procurador don Joaquín Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy brevemente, como caracteriza, por lo menos hasta el momento, las intervenciones de este Procurador, y además con el estímulo que se pierde cuando ya se sabe el resultado de una votación antes incluso de celebrarse y de fijar las posiciones, teníamos serias dudas sobre decantarnos en favor del sí a la Proposición No de Ley o a la abstención. Y hemos decidido votar afirmativamente la Proposición, y vamos a exponer por qué muy brevemente.

Había una posibilidad de que para el Grupo Parlamentario Mixto, para la UPL, se votase no, y es que este Grupo tuviera el convencimiento de que el talante del Partido Popular, del Grupo Popular, fuera favorable a la creación de tantas comisiones de investigación como hiciera falta cuando hay algún indicio racional de cualquier desviación posible de poder por parte de cualquier miembro de cualquiera de los tres poderes de esta Comunidad Autónoma. Como sabemos que el talante, o al menos creemos que el talante va a ser que se investigue cuanto menos mejor, la solución menos mala -que no la mejor- nos parece la propuesta del Grupo Socialista, eso sí, con algunos matices de los que discrepamos, pero no de forma sustancial, como para motivar una abstención.

Sí al registro de intereses de los miembros de la Junta y de los altos cargos. Parece que aquí la diferencia está entre sí al registro o sí a la publicación de ese registro. Pues bien, incluso sí a la publicación de ese registro.

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No estamos, sin embargo, conformes con la necesidad de que los Procuradores de estas Cortes publiquen... se publique en el Boletín de Castilla y León los intereses. Realmente es el Ejecutivo el que maneja los dineros públicos y el que pudiera estar más cercano -que esperemos que no- a posibles desviaciones de poder. En el Legislativo nos parece más difícil. Ahora bien, sí el Reglamento -y ya se ha comentado aquí- señala la obligatoriedad de hacer una declaración de bienes, que nos parecería oportuno y prudente que se trajese a estas Cortes, concretamente a la Comisión de Procuradores, y que aquí estuviesen presentes esas declaraciones, no solamente en el protocolo de la notaría sino también aquí, no siendo necesario que se publicase en el Boletín Oficial de Castilla y León; eso nos parece excesivo. Es el primer pero o la primera objeción que ponemos a la Proposición No de Ley formulada por el Grupo Socialista. Digamos que es una objeción en cuanto al fondo, y vamos a hacer también una en cuanto a la forma, querido compañero José María Crespo.

Quizá a Sus Señorías les parezca una cuestión banal, hasta el momento jamás hemos comentado nada, pero venimos observando cómo reiteradamente, y es costumbre también en esta Comunidad, se utiliza, y se utiliza también en los antecedentes de la Proposición No de Ley, la palabra ciudadano, ciudadanos castellanos-leoneses. Yo le pido a mi compañero José María y a todos Sus Señorías que si en Castilla-La Mancha estuviéramos, quizá los ciudadanos fueran castellano-manchegos, pero en Castilla y León, palabras unidas por una conjunción copulativa, se respete esa conjunción copulativa y de momento nos conformaríamos con que se denominase a los ciudadanos de esta Comunidad castellanos y leoneses. Hasta el momento priman las cuestiones de fondo sobre estas cuestiones de forma, evidentemente, y por ahora no va a hacer que una cuestión de este tipo nos vaya a hacer decantarnos a la hora de proceder a votar; quizá con el tiempo, si persiste, sí, ahora mismo no. Pero tómenlo Sus Señorías a modo únicamente de sugerencia.

En fin, y resumiendo, estas dos objeciones que hemos hecho a la Proposición No de Ley no son cuantitativamente trascendentales como para modificar nuestra postura en favor de una posición abstencionista, y por eso, a pesar de ello, vamos a votar favorablemente a esa Proposición No de Ley, para no ser reiterados y alargarnos, utilizando o sumándonos a los argumentos que ya ha expuesto Su Señoría don José María Crespo. Muchas gracias. Nada más.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias, Señoría. En el turno de fijación de posiciones, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la Procuradora doña Elena Pérez. Tiempo máximo sabe que son diez minutos...

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. No se preocupe, señora Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): ...con un poco de tolerancia si es necesario, pero vamos a... ir fijándonos.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: No se preocupe, señora Presidenta, que voy a ser breve. Empezaré con el léxico, porque ha acabado mi compañero hablando de él. Le diré que no sólo son los ciudadanos de Castilla y de León, sino también las ciudadanas. Y en esto, esta Procuradora también le da mucha importancia.

Pero vamos en serio a la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista. Como no podía ser de otra forma, este Grupo Parlamentario tiene que apoyar aquí ahora, antes y después, esta Proposición No de Ley. Simplemente recordar que ya el otro día en la Comisión de Procuradores el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hizo una propuesta para... en este sentido, y fue rechazada por el Grupo Popular.

Entonces, simplemente, este Grupo Parlamentario quiere apoyar esta Proposición para evitar, en lo posible, comisiones de investigación, como se ha comentado aquí, que no siempre son concedidas; léase caso de la minería, Biomédica, etcétera. Comisiones de investigación que este Grupo Parlamentario pide aquí, en este territorio autónomo, y también pide en Madrid. Porque la ética y la transparencia de Izquierda Unida es uno de los principios fundamentales por los que se mueve este Grupo Parlamentario.

Por lo tanto, estamos dispuestos; claro que estamos dispuestos, porque no queremos hacer exclusivamente política de imagen, ni salir a la prensa a decir lo que valen nuestras casas. Por cierto, las mías son un poco más caras.

Simplemente decir que el Grupo Parlamentario Popular en el día de hoy ha hecho gala de secretismo. No sé si nos lo da este castillo -son las piedras-, pero esperemos que de ahora en adelante la transparencia de la que hace gala en sus discursos sea mucho más realidad. Defendamos este principio ético todos los Grupos de esta Cámara, aquí y en Madrid. Parece ser que ha habido discrepancias a la hora de llevar a la práctica estos principios según el territorio de que se trate. Izquierda Unida no tiene discrepancias en esto y apoya la transparencia, con su publicación en los Boletines que sea preciso aquí y en cualquier otro territorio. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias, Señoría. Para cerrar el debate, tiene la palabra, por un tiempo máximo -como sabe muy bien- de diez minutos, el señor Procurador proponente. Don José María Crespo tiene la palabra.

CRESPO LORENZO

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EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señora Presidenta. Y para concluir -sin agotar el tiempo, seguro- el último turno que corresponde como proponente del Grupo Parlamentario Socialista de esta iniciativa, empezar por el final y agradecer al Portavoz del Grupo Mixto y a la señora Portavoz de Izquierda Unida su apoyo a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Decirle al señor Otero que en lo que se refiere a las circunstancias que rodean a los Procuradores en las Cortes tendremos ocasión de ponernos de acuerdo, porque ya le anuncié una iniciativa en el sentido... propiciando la reforma del Reglamento en lo que se refiere a esto, y por lo tanto será el momento justo de acordar los términos que hagan que el consenso en una materia tan sensible como ésta sea posible.

Y pedirle además disculpas, pero además muy sentidas, en lo que se refiere a los guiones. No son buenos los guiones en esta Comunidad Autónoma cuando se refieren a la denominación de la misma. Esto es Castilla y León, y viniendo de usted, precisamente, es más de agradecer. En el mismo tono y en el mismo sentido, le hago ese reconocimiento y ese agradecimiento a la señora Portavoz de Izquierda Unida en lo que se refiere que esta Comunidad Autónoma está llena de ciudadanos y de ciudadanas, y ambos tienen derecho a conocer a qué nos dedicamos.

Ya se acaban los agradecimientos y entramos en lo lamentable de la... en lo lamentable de esta Comisión, que tenía que ser la intervención del Portavoz del Grupo Popular.

Ha buscado un mal momento el señor Nieto Noya para acudir a las citas literarias en esta Comisión, acompañada además esa cita literaria a una declaración de principios de un Procurador antiguo en estas Cortes que jamás ha defendido algo en lo que no creía. Yo creía que usted había lamentado profundamente su oposición al homenaje que estas Cortes quisieron tributar a Juan Benet; creía que lo lamentaba profundamente, y es evidente que no lo lamenta, porque no ha entrado nunca en contradicción...

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Señora Presidenta, por una cuestión de orden, por una cuestión de orden.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ...y sin embargo, lo defendió con un énfasis que evitó que Juan Benet tuviera el homenaje merecido en estas Cortes...

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Señora Presidenta, por una cuestión orden.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: No interrumpa.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Sí. Un momento. Un momento, Señoría.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: El señor Crespo está en un turno de cierre del debate y de determinación del texto definitivo de su propuesta de resolución. Si abre algún tema de debate nuevo, este Procurador solicita de la Presidencia poder intervenir de nuevo.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Estamos en el turno...

GARCÍA-ROSADO Y GARCÍA

LA SEÑORA GARCÍA-ROSADO Y GARCÍA: ¿Podemos intervenir otros Procuradores, señora Presidenta?

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Perdón, Señoría...

GARCÍA-ROSADO Y GARCÍA

LA SEÑORA GARCÍA-ROSADO Y GARCÍA: ¿Podemos intervenir otros Procuradores miembros de esta Cámara...

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Perdón. No, un momento...

GARCÍA-ROSADO Y GARCÍA

LA SEÑORA GARCÍA-ROSADO Y GARCÍA: ...sin necesidad de pedir la palabra y sin que usted nos la otorgue?

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Perdón, Señoría. Estoy hablando en este momento.

GARCÍA-ROSADO Y GARCÍA

LA SEÑORA GARCÍA-ROSADO Y GARCÍA: Sólo era esa pregunta.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Estamos en el turno... ¿eh?, cerrando el debate y tiene la palabra el Procurador proponente.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias. Espero que la tensión con la que se vive desde el Grupo Parlamentario Popular esta situación no lleve a más interrupciones y apelo al amparo de la Presidenta de la Comisión.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Yo le agradecería que se ciñese ya al punto.

CRESPO LORENZO

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EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Sí, vamos a terminar. Vamos a terminar. Pero es que como la base, una parte importante de la discusión que hemos tenido aquí esta tarde ha sido sobre la coherencia de los argumentos, yo creo que la exposición de quien se ha opuesto a que estas medidas se adopten en estas Cortes es un modelo de incoherencia, que viene acompañado además, pues, de intervenciones anteriores del mismo Procurador en estas Cortes, que le ha tocado oponerse a medidas en las cuales seguramente no creía, o en su momento lamentó tener que oponerse. Por lo tanto, la incoherencia en esto está en quien se opone y no en quien persigue, con una iniciativa de estas características, más transparencia, más rigor, más conocimiento público de lo que hacemos.

Al mismo tiempo, también se desautoriza por quien se opone a esta medida a todos aquellos que hayan dicho otra cosa. Yo me temo que quien se ha opuesto se va a quedar solo, porque quienes dijeron otra cosa en las elecciones fueron ni más ni menos que los máximos responsables del Partido Popular en Castilla y León. El señor Lucas afirmaba que una iniciativa de estas características es positiva, que había que buscar el consenso, que esto obedecía a una nueva cultura política. Lo mismo decía el señor León de la Riva, aunque tenía dudas de que esto no fuera más que un gesto para tranquilizar a la sociedad. Lo mismo decía el señor Vicepresidente de la Junta, que reiteraba que altos cargos de la Junta de Castilla y León harían pública su declaración de bienes y el PP además tomaría iniciativas para desarrollar una iniciativa de estas características en estas Cortes.

Hemos asistido a un episodio lamentable de incoherencia política, de oscurantismo, que nosotros lamentamos. Nos hubiera gustado que esto hubiéramos sido... por lo menos esto, ser capaces de consensuarlo, ponernos de acuerdo en buscar entre todos una mayor legitimación a la actividad noble, actividad a la que nos dedicamos. Esa mayor legitimación sólo se consigue con medidas positivas que nos presenten ante los ciudadanos como representantes suyos que somos sin que tengamos nada que ocultar.

El Partido Popular y el Grupo que lo sustenta en estas Cortes se ha opuesto; nosotros lo lamentamos. Pero tengan la certeza que seguiremos tomando todo tipo de iniciativas que contribuyan a que los ciudadanos castellanos y leoneses conozcan a qué se dedican quienes les representan, y más tienen que explicar a los castellano-leoneses quienes más responsabilidades tienen, que son quienes gobiernan y quienes sustentan a esa mayoría. Nada más y gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Vamos a ver, una vez concluido el debate, vamos a proceder a someter a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Los votos emitidos han sido dieciséis. Votos a favor, seis; votos en contra, diez. Por lo tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas tardes. Feliz fin de semana.