DS(C) nº 183/9 del 30/9/2016

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario tiene sustituciones que comunicar? ¿Grupo Socialista?

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Buenos días. Consolación Pablos sustituye a José Francisco Martín Martínez, Juan Carlos Montero a Luis Briones y Virginia Jiménez a Gloria Acevedo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Mixto? No esta. ¿Ciudadanos? ¿Podemos? ¿Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidenta. Buenos días. En el Grupo Popular, Jesús Alonso sustituye a Isabel Blanco, Emilio José Cabadas a Alejandro Vázquez, José Manuel Fernández Santiago a Jorge Domingo Martínez y Máximo López a Salvador Cruz.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. En ausencia de la señora secretaria, dará lectura del primer punto del orden del día la letrada que nos acompaña en la Mesa.

LA LETRADA (SEÑORA DÍAZ DE MERA RODRÍGUEZ):

Gracias, presidenta. Primer punto del orden del día: Pregunta para su respuesta Oral ante Comisión, Pregunta Oral Comisión 138, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores don José Javier Izquierdo Roncero y don José Francisco Martín Martínez, relativa a modificación de la... [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Perdón. A petición del Grupo Socialista, se propuso cambiar el orden del día y hacer primero las proposiciones no de ley. Si algún grupo tiene algún problema...

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Sí, que nosotros pedimos que se debata primero la segunda proposición.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Vale, pues entonces, perfecto. Pues, entonces, comenzamos con la proposición de ley... o sea... [Murmullos]. Bien, pues entonces empezaremos por la Proposición de Ley 806. ¿No? Bueno... [Murmullos]. Bien, continuamos entonces con el orden del día, según la petición del Partido Socialista, por las proposiciones no de ley.

PNL/000610

La primera proposición no de ley a debatir será la Proposición No de Ley 610, presentada por el Procurador don Félix Díez Romero, instando a la Junta de Castilla y León a utilizar el instrumento jurídico de las encomiendas de gestión solo con aquellos destinatarios que dispongan de los medios materiales, humanos y técnicos suficientes para realizar la totalidad o una parte sustancial de los encargos, publicada en Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 117, de veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra don Félix Díez Romero por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Buenos días, señorías. Muchas gracias, presidenta. Bueno, como bien saben ustedes, el veintiuno de marzo de dos mil dieciséis fue el Consejo de Cuentas de Castilla y León, en esta misma sala, en esta misma Comisión, el que presentaba, dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones del ejercicio dos mil cinco, el informe relativo a la utilización por parte de la Administración del instrumento de las encomiendas de gestión. Un instrumento que tiene en sus principios un marcado cariz social, es decir, adjudicaciones por parte de la Administración a empresas públicas, fundaciones, en este caso a empresas de cariz social, como han sido la ONCE y otras empresas similares, para no sacar a concurso público determinadas, en este caso, concesiones y favorecer una cierta economía social.

Sin embargo, durante los últimos años, este instrumento se ha ido desvirtuando, más aún, si cabe, cuando desde el Gobierno no se permite a las Comunidades Autónomas -las instituciones en este caso- hacer frente a las tasas de reposiciones de funcionarios. Desde la crisis, este instrumento se ha generalizado en muchísimas ocasiones para encubrir contrataciones de personal que no se pueden hacer de acuerdo a las leyes que los mismos partidos políticos que gestionan estas Comunidades Autónomas –en el caso que nos ocupa, Castilla y León- dictan: una ley a nivel estatal que hace que no se puedan cubrir determinadas plazas en determinadas empresas públicas y, por lo tanto, se tenga que recurrir en este caso a la encomienda de gestión como instrumento.

Como todos ustedes saben, la encomienda de gestión es un instrumento jurídico en virtud del cual un organismo o ente público encarga a otra actividad, también de la Administración, la realización de una determinada actividad o prestación sin cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos del ejercicio. Y me detengo en lo de los elementos sustantivos del ejercicio. Vimos durante los... durante el informe hemos visto, en los informes del Tribunal de Cuentas, ya no solo del Consejo de Cuentas, que muchas veces se realizan encomiendas de gestión no ya sin que se dispongan de los elementos sustantivos para el ejercicio de la encomienda, sino sin que se disponga de ninguno, como ha sucedido también en esta Comunidad Autónoma en multitud de ocasiones.

Se trata de una forma de colaboración, sin duda alguna, de perfiles difusos, y se encuentra a caballo entre la actuación directa por parte de la Administración y la contratación externa, como bien dice la norma.

Sobre la base de los trabajos de auditoría efectuados tanto por el Tribunal de Cuentas -si bien es cierto que no en la Comunidad de Castilla y León- como el Consejo de Cuentas -en este caso sí en la Comunidad de Castilla y León-, que les recuerdo que es el ente fiscalizador de toda actividad del sector público y de los entes, fundaciones, etcétera, asociados al mismo... bien, este Consejo de Cuentas, sobre estos trabajos, opina que la utilización de la encomienda de gestión por las entidades del sector público autonómico no ha sido ajustada a lo que se creó... para lo que se creó en este caso la encomienda de gestión, a la finalidad de estas encomiendas, sino que mediante la encomienda de gestión se han encubierto una serie de contrataciones que no han pasado por los procedimientos de contratación que deberían haber pasado, los aplicables a la normativa vigente. Si bien es cierto que es legal, podemos decir que no es del todo ético.

La percepción de la ciudadanía sobre la "administración b", la percepción de la ciudadanía sobre la utilización de los políticos por parte de la Administración en beneficio mutuo, y de sus redes de contactos, durante los últimos años se ha agudizado, especialmente tras la irrupción del 15M en nuestro país. Así pues, creemos que existe una demanda social, una demanda ciudadana, para poner coto, para limitar, en este caso, el instrumento jurídico de las encomiendas de gestión. Desde nuestro grupo político entendemos que no se está realizando por parte de la Junta de Castilla y León una adecuada planificación en esta materia, en base a unos criterios preestablecidos y bajo unos principios de gestión pública que no encubran, en este caso, contrataciones que podríamos tachar, sin tener ningún miedo, de fraudulentas, por decirlo suave, sino que se está dejando a la arbitrariedad de determinados directores, de determinados altos cargos, de determinadas Consejerías, la utilización del instrumento de las encomiendas de gestión, cuando es del todo injustificado su uso, pues, como ya digo, las encomiendas de gestión tienen en su primigenio carácter un marcado carácter social, y ha sido su desvirtuación la que ha llevado a este grupo político a proponer una modificación de la norma.

En el informe del Consejo de Cuentas podíamos ver como, a excepción de la empresa pública TRAGSA, se entendía que el resto de encomendatarias por parte de la Junta de Castilla y León carecían de la capacidad y de los recursos necesarios para realizar no solo la totalidad, sino muchas veces una parte pequeña y parcial de los encargos, es decir, contraviniendo el propio carácter de la encomienda de gestión, que en este caso hace referencia a que se tenga que realizar al menos una parte sustancial de los encargos, lo que implica, de hecho, la necesidad de contratar las prestaciones de terceros, en detrimento de la gestión directa, indiferenciada o de la contratación administrativa, con el perjuicio consiguiente en este caso para los funcionarios públicos, que se ven sustituidos, en este caso, por los trabajadores de las encomiendas, que no han pasado, muchas veces, ningún proceso selectivo.

Tan solo días después de que se hiciera público este informe de las encomiendas de gestión conocíamos en esta Comunidad Autónoma diferentes casos en los cuales no se estaba cumpliendo la normativa vigente. Una recomendación, en este caso, del Consejo de Cuentas, a la que la Junta de Castilla y León... pero no solo la Junta de Castilla y León, sino las diferentes Administraciones autonómicas, en este caso, del Estado español, han hecho oídos sordos durante muchísimo tiempo. Creemos que es demasiado tiempo; es hora de regular este instrumento jurídico, es hora de sentar las bases de un nuevo modelo, un nuevo modelo de contratación pública más transparente, más eficaz y que no detraiga recursos de la Administración.

Se han vivido situaciones rocambolescas, como la adjudicación, en este caso, o la encomendación a determinadas fundaciones o determinadas empresas de una encomienda de gestión -en este caso, pongamos que por un monto de 4 o 3,5 millones de euros- y la subrogación total por parte de la encomendataria a una empresa externa por un monto prácticamente... bastante superior; en casos, de más de medio millón de euros. Esto creemos que es un mal uso del dinero público, una detracción de los recursos de los ciudadanos y una forma, señorías, de corrupción legal, pero una forma de corrupción encubierta. Consideramos que en una época de crisis tenemos que ser ejemplarizantes y ejemplares, tenemos que hacer un buen uso del dinero público, tenemos que saber explicar a la ciudadanía que somos buenos gestores, pero no solo ser buenos gestores simplemente de palabra en los medios, sino haciéndolo día a día y con nuestro trabajo en las diferentes Administraciones.

Por eso, desde nuestro grupo político, y en aras de una mayor transparencia en el uso de este instrumento jurídico, y procurar también, como ya digo, un ahorro a la Administración, que no se está produciendo, y en aras de seguir reduciendo el déficit con una gestión eficiente, y sosteniendo las arcas públicas para que se puedan seguir prestando los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, solicitamos que las Cortes, en este caso de Castilla y León, insten a la Junta de Castilla y León a utilizar el instrumento jurídico de las encomiendas de gestión solo con aquellos destinatarios que dispongan de los medios materiales, humanos y técnicos suficientes para realizar la totalidad o al menos una parte sustancial de los encargos.

Es decir, no proponemos algo radical -podríamos haber puesto el 50 %, podríamos haber puesto en esta propuesta de resolución un 60 %-, simplemente proponemos que dispongan de al menos una parte sustancial; es decir, que no suceda que no dispongan de ninguna parte, como ha venido sucediendo en algunas adjudicaciones que todos conocemos, o que al menos los que tuvimos la oportunidad de estar en el informe del Consejo de Cuentas pudimos observar. Por eso pido el voto favorable a esta iniciativa para seguir regulando el sector público de la Administración, esa Administración paralela, esas fundaciones, esos poderes adjudicadores, esas empresas semipúblicas; sinceramente, el nombre me da igual. Lo que necesita este sector es más transparencia. Por eso, pido el apoyo de todos los grupos a esta proposición para seguir avanzando. Por suerte, ahora tenemos una comisión no permanente para la racionalización de este tipo de Administración, y esperamos contar con el apoyo de todos los partidos políticos presentes hoy en esta Comisión. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez. En ausencia del Grupo Parlamentario Mixto, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Mitadiel, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Como ha dicho el ponente, el Consejo de Cuentas, en su informe sobre la utilización de la encomienda de gestión, decía, en su Recomendación número 2 -y leo literalmente-: "Las encomiendas de gestión deberán tener como destinatarios medios propios o servicios técnicos dotados de los medios materiales, humanos y técnicos suficientes para realizar la totalidad o al menos una parte sustancial de los encargos".

¿Por qué decía el Consejo de Cuentas esta apreciación? Pues por la naturaleza de la encomienda. La encomienda de prestaciones supone una modalidad organizativa y de actuación administrativa que excepciona los principios contractuales públicos contemplados en el Artículo 1 del texto refundido, con especial incidencia en la anulación del principio de concurrencia y las correspondientes consecuencias que se producen sobre el mercado.

La decisión de renunciar al mercado y acudir a otras fórmulas que implican el aumento de tamaño del sector público, y normalmente del gasto, debe fundamentarse, por tanto, en circunstancias suficientemente acreditadas que así lo justifiquen. Obviamente, dicha justificación no puede ser exclusivamente el cambio de régimen jurídico y de procedimiento aplicable a la prestación, que es indisponible para el órgano administrativo y que implica menores garantías para los intereses públicos. Es decir, está haciendo una excepción con la normativa sobre contratos.

La propuesta y el propio Consejo de Cuentas hace un énfasis al tema de los medios propios. En este sentido, es absolutamente útil leer el criterio mantenido por el Tribunal de Cuentas cuando habla de medios propios. Lo digo porque es un concepto fundamental para el análisis de las encomiendas. Un medio propio lo es precisamente porque goza de los instrumentos necesarios para llevar a cabo los encargos que se le encomienden. Esa es una de las principales causas de la encomienda, que la Administración instrumental tiene medios para llevar a cabo órdenes de la matriz; lo contrario equivaldría a entender la figura de la encomienda de gestión como un fraude a la legislación de contratos públicos. El derecho administrativo en general, y el régimen de los contratos administrativos en particular, no es un derecho dispositivo al que pueda acogerse o renunciar el órgano de contratación; será el régimen administrativo el que deberá seguirse cuando el objeto esté vinculado al giro o tráfico de la Administración contratante, siempre que no exista una causa para recurrir al encargo al ente instrumental sujeto al derecho privado.

El cambio del régimen contractual administrativo por el privado, es decir, de un régimen que ofrece garantías singulares para el interés público por otro que no las ofrece, deberá responder a una causa, que no puede ser la libre elección del órgano de contratación entre uno y otro régimen. Y esto es cabalmente lo que ocurriría si se recurre a un ente instrumental con la exclusiva finalidad de alterar el régimen contractual. Seguir otro criterio supondría ir más allá de lo que es una cuestión de autoorganización, que es el aspecto que considera la normativa comunitaria para admitir que la Administración puede prescindir del régimen de garantías propio de quien gestiona recursos del contribuyente establecidos por la legislación para garantizar el interés público.

La finalidad de la encomienda... Perdón, esto viene a colación porque el Consejo de Cuentas expone como una de sus conclusiones que las encomiendas se realizan... –lo ha dicho el ponente anterior- se realizan a entidades que reúnen formalmente los requisitos legales, pero que no son idóneos para la ejecución por sí mismos de la totalidad o una parte sustancial de la actividad por carecer de los medios materiales, personales y técnicos necesarios para ello, incumplido lo establecido en el Artículo 4.1 del texto refundido. Y la finalidad de las encomiendas -lo dice también el Consejo de Cuentas en su informe-, que es la posibilidad de recurrir a la contratación con terceros, no ha sido limitada expresamente y con carácter general por el texto refundido, lo que puede dar lugar a que las entidades instrumentales subcontraten la totalidad o la mayor parte de la prestación, sin aplicar la legislación contractual con la misma integridad que la que está prevista para el caso de que el órgano de contratación fuese una Administración pública. En estos casos, la entidad instrumental podría actuar como una mera intermediaria que habilitase un cambio de régimen jurídico en materia de contratación pública.

O dicho en román paladino: no tiene sentido encomendar algo a alguien si no tiene los medios propios para realizarlo. Esto es de sentido común. Se introduce una intermediación que solamente puede tener algún tipo de finalidad, no sé si explícita o implícita, porque las verdaderas razones de la encomienda, por lo menos en su utilización en la Comunidad de Castilla y León, son: en primer lugar, justificar la existencia del ente institucional -es decir, en la medida en que le cedamos actuaciones, ese ente seguirá existiendo-, y eso puede encubrir una existencia sin justificación o artificial; además, tiene... puede tener como finalidad oculta el financiar ese ente, es decir, además de justificar su existencia, el darle los medios necesarios para que se siga mantenerlo... manteniendo –perdón-; y, sobre todo, sobre todo, tiene una finalidad, que es la que más le preocupa al Consejo de Cuentas, al Tribunal de Cuentas, que es el eludir los requisitos exigidos a la Administración general para la contratación.

En todo caso, esta propuesta es una propuesta absolutamente necesaria y de futuro. Lo pide la eficacia de la Administración. Será más pronto o será más tarde, pero esto hay que aplicarlo, entre otras cosas, porque la eficacia pide eliminar intermediarios y... a intermediarios, salvo que estos cumplan una función necesaria. Por lo tanto, creo que es absolutamente necesario que las encomiendas cumplan la finalidad para las que están contempladas, es decir, que el ente al que se le encomienda pueda realizarlo; si no, supone un intento de eludir las normas de contratación de la Administración. Por lo... por eso, vamos a apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. En turno de fijación de posiciones, el grupo... por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Buenos días. Y gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer el haber modificado el desarrollo del orden del día de esta Comisión para facilitar la presencia de los miembros del Grupo Socialista en los debates. Quiero que conste en el acta –es decir, vamos, en el Diario de Sesiones- el agradecimiento a esa... a la disposición de la Presidencia de la Comisión para llevar a cabo esa... ese cambio; y, por supuesto, al resto de los grupos por haber permitido también con... el desarrollo, en esas condiciones, de la Comisión.

Bueno, yo creo que este es un debate que, sinceramente, deberíamos estar sustanciando en otro momento, que será el debate de las propuestas de resoluciones que llevemos de cara al informe elaborado por el Consejo de Cuentas en relación con las encomiendas de gestión, puesto que esta es una de las muchas recomendaciones que el Consejo de Cuentas fija para... en sus conclusiones, en el informe, en relación con todas las encomiendas de gestión que lleva a cabo la Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla y León, a través de distintas entidades, y, por tanto, creo que sería más apropiado, por no reiterar debates y por no reiterar argumentos, trasladar ese debate a ese... o sea, esta cuestión al debate de las propuestas de resolución de las... en relación con las encomiendas de gestión, como consecuencia del informe del Consejo de Cuentas de la Comunidad Autónoma.

Estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento que se hace. De hecho, es una de las resoluciones que nosotros planteamos también en ese... como consecuencia de ese dictamen del Consejo de Cuentas y, por tanto, no hay mucho más que añadir, más allá de que lo que pedimos, efectivamente, es que se cumpla la legalidad, que se cumpla especialmente la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar su cumplimiento íntegro, y que no se utilice la fórmula de las encomiendas de gestión de manera anómala; es decir, no quiere decir que no se puedan utilizar las encomiendas de gestión, pero que, cuando se lleven a cabo, se utilicen, se hagan de manera correcta, y que no se utilicen para intentar sortear algunos de los requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público.

Hay además también recientes dictámenes del Consejo Consultivo, en cuanto a las posibilidades de hacer uso de algunas entidades en relación con las encomiendas de gestión, sobre la necesidad de que estén incorporadas en los consejos de administración de algunas de estas entidades o la Junta de Castilla y León o los ayuntamientos. Y, por tanto, está claro que es un debate que... o sea, es una... es una situación compleja que conviene deslindar y que conviene aclarar con precisión, con un objetivo nítido y claro en todo momento: las entidades del sector público tienen que utilizarse de forma correcta y siempre con una finalidad en cuanto a la contratación pública, que es... no es sortear, precisamente, la Ley de Contratos del Sector Público o relajar las exigencias en función del tipo de entidad que sea, porque todos sabemos que no es lo mismo contratar desde la Junta de Castilla y León que desde algunas otras entidades del sector público, puesto que los requerimientos que exige la Ley de Contratos del Sector Público son diferentes; pero sin, desde luego, satanizar las encomiendas de gestión, lo que creemos es que estas tienen que utilizarse de manera adecuada, correcta y ajustada a la legislación de contratos del sector público y nunca como un cauce para tratar de eludir requisitos que tendrían que cumplir las Administraciones encomendantes. Básicamente esta es la reflexión que hacemos, por no alargar mucho el debate, y porque, como digo, lo reiteraremos en el debate sobre las resoluciones -las propuestas de resolución- al dictamen del Consejo Consultivo en relación con las encomiendas de gestión.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidenta. Buenos días. Quizás convendría –porque no se ha hecho a lo largo del debate- distinguir: primero, clarificar qué son exactamente las encomiendas de gestión, los tipos de encomiendas de gestión, y de qué encomiendas de gestión son exactamente de las que está hablando el grupo parlamentario proponente en su iniciativa.

Como ustedes saben... y no se trata ahora de hacer una definición, y menos académica, de lo que son las encomiendas de gestión, pero sí saben sus señorías que estamos hablando de la ejecución de prestaciones propias de la Administración a cambio de una contraprestación por parte de las Administraciones públicas.

Hay dos tipos de encomiendas de gestión, reguladas además en dos normas distintas: las reguladas en la Ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común, que se refiere a actividades ajenas a la legislación de contratación pública, que entiendo no es –aunque no se ha especificado por parte del proponente- a lo que se está refiriendo su iniciativa; y las encomiendas de gestión a las que se refiere el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, prestaciones reguladas en la normativa de contratación del sector público.

Parto –aunque no se ha expresado por parte del proponente- de que estamos hablando de estas segundas encomiendas de gestión. Bien, pues centrándome en las mismas, lo primero decir que las encomiendas de gestión es, primero, un instrumento jurídico absolutamente legal y absolutamente común, no solo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sino en el resto de Administraciones públicas de nuestro país, incluido, por supuesto, la Administración general del Estado. De hecho, leía ahora el informe del Tribunal de Cuentas del Estado referido a los años dos mil ocho a dos mil once, en el cual se decía que... –en aquellos años no gobernaba el Partido Popular, les recuerdo- en las que se decía que los ministerios hicieron en esos años, en esos tres años, 1.047 encomiendas de gestión, por un montante total de más de 1.500 millones de euros. Y lo que decía ese informe del Tribunal de Cuentas es que no es malo el uso de las encomiendas de gestión, sí lo es el abuso de las encomiendas de gestión.

Y yo creo que ahí es donde podemos establecer la distinción. Por nuestra parte, no somos contrarios, ni mucho menos, a las encomiendas de gestión, sí lo somos al abuso de las encomiendas de gestión. Y podremos criticar –y hemos criticado- cuando la Administración ha hecho un abuso de las encomiendas de gestión, pero en ningún caso cuando ha hecho un uso de las mismas.

Por lo tanto, es un instrumento común, es un instrumento legal. En absoluto puedo estar de acuerdo con la afirmación que se ha hecho de que no es un instrumento ético. Claro, en derecho administrativo, ajustar tu comportamiento a lo establecido en la norma es, evidentemente, legal, y, simultáneamente, se constituye, en el ámbito de la contratación y del régimen administrativo común, en un comportamiento ético. Claro, la ética en el comportamiento en el derecho es un aspecto que nos llevaría a discusiones mucho más elevadas de la que supone un simple uso de un instrumento jurídico perfectamente legal. En ningún caso, tampoco, estamos hablando de que... y podemos aceptar la calificación de administración "b". La Administración pública no es administración "b", y en ningún caso podemos admitir que se interprete el uso de un instrumento legal como corrupción.

Yo lo que les digo es que si ustedes en alguna encomienda de gestión ven un atisbo de corrupción, por favor, no lo denuncien en esta Cámara, denúncienlo en los tribunales. Y no me consta que, hasta la fecha, su grupo parlamentario haya hecho una denuncia por un uso fraudulento o vulnerador de los principios generales del derecho de las encomiendas de gestión; ni de estas ni de las de ninguna otra Administración pública. Y repito: se utilizan mucho más en otras Comunidades Autónomas que en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Y, bajando ya al terreno de lo que es la norma que en Castilla y León regula las encomiendas de gestión, partiendo de esa distinción que antes les hacía de los dos tipos de encomiendas de gestión, son regulados en la Ley de Gobierno, en los Artículos 48 bis y 48 ter. El 48 ter es el que se refiere a las prestaciones reguladas en la normativa de contratación del sector público, que entiendo –aunque usted no lo ha expresado- que es a lo que usted se está refiriendo. Bien.

Si no le gusta la redacción del Artículo 48.3, la iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos no debe ser hacer algo distinto de lo que previene ese Artículo 48 ter, sino instar la modificación del Artículo 48 ter. El Artículo 48 ter, por cierto, es un artículo que prácticamente calca lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por lo tanto, les invito no a que insten la modificación del Artículo 48.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, sino que lo hagan ustedes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de... perdón, de la Ley de Gobierno quería decir, que lo hagan ustedes de la Ley de Contratos del Sector Público, pues, repito, su contenido es idéntico.

Y, por nuestra parte, la... el planteamiento que hacemos es que –lo decía antes, a nivel general y también en Castilla y León- no somos contrarios a la utilización de un instrumento perfectamente legal, sí lo somos de su abuso. Entendemos que en Castilla y León no se hace abuso de este instrumento –repito, legal, y no me importa reafirmarlo tantas veces como sea necesario- y, por lo tanto, y en aras a adaptar el contenido de la propuesta de resolución a lo que también nos dice el informe del Consejo de Cuentas, que no dice... que lo único que hace es repetir alguno de los argumentos que hace el Tribunal de Cuentas a nivel... a nivel estatal, y lo reproduce -como lo reproducen, por cierto, todos los tribunales, todos los Consejos de Cuentas de todas las Comunidades Autónomas, repito-, sobre la base de ese informe al que antes hacía referencia del año dos mil doce, específicamente dirigido a las encomiendas de gestión en el ámbito de la Administración general del Estado. Por lo tanto, este grupo parlamentario lo que hace es proponerle una enmienda in voce, atendiendo al contenido del artículo... perdón, del apartado 5 del Artículo 48 ter de la Ley de Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma. Es ese artículo en el que dice... -y entiendo que es donde usted se ha centrado en su intervención- en que las entidades instrumentales –aquellas que desarrollan las encomiendas- deberán disponer de los medios materiales técnicos adecuados para ejecutar una parte significativa de la prestación objeto del encargo. Si las entidades instrumentales cumplen con lo establecido en el Artículo 48 ter. 5, entendemos que la prestación es adecuada y en ningún caso fraudulenta.

Por lo tanto, lo que yo le propongo a través de la enmienda, que paso a redactarle, es instar al Gobierno a que dé estricto cumplimiento a lo establecido en el Artículo 48 ter. 5 de la Ley de Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma, entendiendo, lógicamente, que estamos hablando de aquellas encomiendas de gestión de prestaciones reguladas en la normativa de contratación del sector público.

Por lo tanto, paso a leerle –intentaré hacerlo despacio, y perdóneme por no pasárselo por escrito previamente y hacerlo de esta... de esta forma quizás algo precipitada por mi parte, pero se la leo despacio- la propuesta de resolución que le proponemos: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a utilizar el instrumento jurídico de las encomiendas de gestión de prestaciones reguladas en la normativa de contratación del sector público –haciendo esa aclaración que entiendo usted hacía también- solo con aquellos... solo –perdón- en aquellos casos previstos en el Artículo... en el apartado 5 del Artículo 48.3 de la Ley 3/2001, de Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma".

Esa es la propuesta de resolución. Si quieren, se la vuelvo a leer; o no sé si es necesario o no. En todo caso, esa sería nuestra propuesta, que, en definitiva, lo único que plantea es decirle... decirle a la Comunidad Autónoma que sea escrupulosa en el cumplimiento de la Ley de Gobierno, que significa tanto como decirle a la Junta de Castilla y León que sea escrupulosa con el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, y que, en todo caso, las encomiendas de gestión se adapten siempre al cumplimiento escrupuloso de la normativa que resulta de aplicación. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor De la Hoz. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Gracias, presidenta. Lo primero, agradecer el tono del debate; yo creo que es un tono constructivo en el que hemos podido trabajar, escuchar diferentes opiniones. Agradecer al portavoz del Grupo Ciudadanos su apoyo a esta iniciativa; nos consta su incansable trabajo en aras de la racionalización de la Administración, de acabar con los intermediarios, como era el objetivo de esta iniciativa, y en este caso adelgazar la Administración. Aunque este procurador quizá no esté de acuerdo con este término de adelgazar la Administración, sí que entiendo que, en este sentido, se debe utilizar.

Agradecer también al Partido Socialista su apoyo a la iniciativa. Decirle que, si hemos planteado esta iniciativa por parte de nuestro grupo político, no es para repetir debates, es porque entendemos que tiene una importancia sustancial en el desarrollo de nuestro programa político. ¿Por qué? Se demuestra con el hecho de que se ha creado una Comisión en estas Cortes para la racionalización de la Administración o el sector público en nuestra Comunidad. Eso implica ya que todos los grupos políticos presentes en este hemiciclo reconocemos la necesidad -en este caso la petición social, vamos a decirlo así- de racionalizar los sectores públicos de la Administración para una mayor eficiencia y eficacia en el uso de estos poderes adjudicadores, de estas fundaciones, de estas empresas públicas, en definitiva.

¿Cuál es el objeto de la proposición? El objeto de la proposición, en este sentido, es que las empresas a las cuales se adjudica -las fundaciones, etcétera- una encomienda de gestión utilicen medios propios. Yo podría, en este caso, aceptar la propuesta de resolución del Partido Popular, que ya adelanto que no voy a aceptar. ¿Por qué? Porque, aunque no creo que esté mal planteada, ese artículo pienso que es un brindis al sol. Es cierto que yo creo que desde el Parlamento nacional uno de los objetivos de esta legislatura tiene que ser, como ya nos viene diciendo la Unión Europea en sus reiterados informes, modificar, en este caso, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración y el determinado artículo en cuestión; pero es que creo que, si dejamos la redacción tal y como me propone, no hay ningún cambio sustancial, en este caso, que obligue a la Junta de Castilla y León a no adjudicar... a no adjudicar, mediante la encomienda de gestión, a determinadas fundaciones, instrumentos que no han desarrollado, en este caso, no una parte sustancial, sino ninguna parte de los encargos.

Sobre el libre mercado y la competencia. Es que esto... yo no voy a ser un defensor aquí del libre mercado, porque saben ustedes que la tradición de Podemos no es una tradición de un partido que provenga del libre mercado, pero sí que podemos cuestionar que el instrumento jurídico de las encomiendas de gestión, tal y como se está utilizando, en este caso, por las diferentes Administraciones, hace que se cercene la libre competencia. ¿Por qué? Porque se eluden los requisitos de la contratación pública. Y esto lo dice claramente, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, el informe, en este caso, del Consejo de Cuentas sobre esta cuestión.

Otra de las cosas que también ha comentado el señor Mitadiel es que mediante las encomiendas de gestión a veces se justifican unos entes públicos, en este caso en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que de otra manera yo creo que tendrían difícil justificación. Hemos visto, en este caso, como determinadas fundaciones o determinados poderes adjudicadores, en este caso, se justifican solo mediante este recurso de las encomiendas de gestión, y yo no percibo una mayor eficacia o eficiencia cuando estas empresas o fundaciones realizan estos encargos. Si percibiera una mayor eficacia y eficiencia, yo no estaría cuestionando aquí este hecho. O sea, cuestiono este hecho porque he visto que no existe una mayor eficacia y eficiencia.

Yo no defiendo, en este caso, acabar con las encomiendas de gestión; creo que es una fórmula –por ejemplo, en el caso de TRAGSA- que funciona muy bien en esta Comunidad Autónoma, que funciona muy bien en el resto de Comunidades Autónomas, y creo que se debe seguir desarrollando. Es más, creo que la encomienda de gestión se puede utilizar para fines sociales, y este grupo político, cuando tenga la oportunidad de gobernar, que a buen seguro tendrá la oportunidad de gobernar, demostrará -o espero que demuestre al menos, porque no puedo adelantar el futuro- que se pueden utilizar las encomiendas de gestión, como ya digo, para fomentar la economía social y para tejer, en este caso, una nueva red de economía mucho más segura que la tenemos hoy en día.

Sobre una de las... Sobre... en este caso, sobre la trasmutación del Partido Popular. Yo... a mí me llama la atención... he leído las noticias -suelo informarme cuando me preparo, en este caso, una proposición no de ley que llevo-, y me llama la atención que el Partido Popular diga una cosa en un sitio de España y diga una cosa, la contraria... yo voy a Andalucía, veo este debate, en este caso el de las encomiendas de gestión, y veo que está radicalmente en contra de determinadas actuaciones en este caso de la Junta de Andalucía; que también les he de reconocer que utiliza las encomiendas de gestión de una manera muchísimo más arbitraria que la que las utiliza la Junta de Castilla y León. Al César, lo que es del César. Yo, esto, sin duda alguna. Pero, en este sentido, yo les digo que una cosa es hablar o dar discursos en la Oposición -en este caso en Andalucía- y otra cosa es lo que se dice en Castilla y León cuando se está en el Gobierno. Me llama la atención, como ya digo, que el Partido Popular, siendo el mismo partido, haga un discurso en función de la parte de España en la que esté. Paradójico.

Dos objetivos que tenemos con esta iniciativa, fundamentales. Uno, evitar la creación de la Administración paralela, que, se niegue o no, existe; se la podemos llamar de nombre, podemos... podemos decir "administración b", podemos decir Administración paralela, podemos decir sector público asociado, podemos decir poderes adjudicadores. No me importa la definición, el caso es que viene a ser una Administración que no está sujeta a las normas de contratación públicas fundamentales que deben regir en todas las Administraciones e instituciones públicas.

Y el otro objetivo de esta iniciativa: evitar la afección al empleo público, es decir, que no se sustituyan funcionarios, en este caso –vamos a decirlo así-, por personal de confianza. Que yo no digo que tengan la capacidad o no de realizar los trabajos, sino digo que no han pasado, en este caso, las pruebas que exige el sector público para acceder al empleo público; en este caso, una oposición.

Y, luego, el otro sería un debate -que podríamos estar aquí hablando media hora, como ha dicho el proponente del Partido Popular- entre la legalidad y la ética, un debate de filosofía; filosofía, por cierto, que el Partido Popular se encarga de eliminar en este caso en la nueva... en la reforma educativa que planteó durante la pasada legislatura; una filosofía que, por cierto, es la base que enseña a pensar, a tener una capacidad crítica, a poder analizar la realidad, a toda la ciudadanía; y creemos, desde nuestro grupo político, que es un pilar de cualquier sociedad moderna para controlar tanto la actuación de los políticos, de la Administración, de las empresas públicas, la actuación, en este caso, de cualquier jefe en su puesto de trabajo, en este caso, para relacionarse con cualquier subalterno, y esencial en la vida –que aprovecho a decir-.

Y hay un debate que es entre corrupción legal o corrupción ilegal. Yo no creo, sinceramente, que exista un tipo de corrupción que sea ilegal y que sea corrupción, y que no haya una corrupción legal. Es decir, yo creo que existe, por desgracia, con las leyes que hay en nuestro país, un tipo de corrupción legal; y para mí, señorías, corrupción, lo digo bien claro, es salir de un edificio, tener una responsabilidad de Gobierno, favorecer con unas determinadas políticas a unas determinadas empresas, y luego acabar sentado en el consejo de administración de esa determinada empresa. Podrá ser legal, pero para mí sigue siendo corrupción, y creo que para la inmensa mayoría de la ciudadanía así lo es.

Por lo tanto, saliendo de este debate, pero incidiendo en lo mismo -porque siempre se recuerda por parte del Partido Popular la diferencia entre la legalidad o la ilegalidad, se nos dice a este grupo político que, si apreciamos indicios de corrupción ilegal, acudamos a los tribunales-, les aclaro los dos conceptos: el concepto de corrupción legal y el concepto de corrupción ilegal. Podemos cambiar la palabra. Volvemos a ver un debate de significantes y de significados. Correcto.

Yo creo... en el caso de las encomiendas, vuelvo a lo mismo: existe ya jurisprudencia cuestionando el uso de las encomiendas; poca, pero existe. No es el caso de Castilla y León. Pero sí que creo que existen prácticas que no se ajustan a la eficacia y a la eficiencia en la Administración. Por eso, voy a seguir manteniendo este texto de resolución, voy a proponer a su debate. Y será una pena, probablemente, que el Partido Popular vote en contra y que no tengamos este debate en el Pleno, en este caso, porque tenemos hoy una Junta de Portavoces. Porque, a la luz del Pleno, este debate yo creo que hubiera sido muy interesante para todos y todas las castellano y leoneses, que lo pudieran haber podido apreciar. Muchas gracias.

Votación PNL/000610

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez Romero. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

PNL/000806

Cuarto... no, segundo punto orden del... segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 806, presentada por los procuradores don José Luis Aceves Galindo, doña Ana María Agudíez Calvo y don José Javier Izquierdo Roncero, para instar a la Junta a que en colaboración con el Gobierno elabore un mapa eléctrico de la provincia de Segovia, elabore un plan energético provincial en colaboración con el Gobierno y la Diputación Provincial e incorpore al Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León medidas para paliar las deficiencias de potencia en la provincia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 167, de cinco de septiembre de dos mil seis.

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del... del grupo parlamentario proponente, el señor Aceves.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Bien. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Esta propuesta que traemos hoy aquí, a esta Comisión, yo creo que hay que empezar diciendo que parte de una petición de la sociedad segoviana en general. La propia Cámara de Comercio, la propia Federación Empresarial Segoviana, desde el año dos mil once -y aquí lo pueden ver todos ustedes-, lleva reclamando y lleva poniendo encima de la mesa este problema, que significa, tanto en el aspecto personal -me refiero en cuanto a los ciudadanos en sus domicilios- como en la capacidad industrial, una necesidad de aumentar la capacidad que tiene esta provincia en cuanto a lo que es el enmarque eléctrico.

Desde luego, también las centrales sindicales y los partidos políticos -y, cuando hablo partidos políticos, me refiero que tanto al que represento como el propio Partido Popular- han tenido conocimiento de las peticiones tanto de los empresarios, a través de la FES, como de los miembros de la Cámara de Comercio. Por lo tanto, no es una cuestión novedosa, sino más bien es una cuestión perentoria.

Y, por lo tanto, para hablar de esta cuestión, yo creo que hay que hablar también de la necesidad del futuro de la provincia de poder contar con un suministro, tanto en cantidad y en calidad, necesario para el desarrollo económico, para el desarrollo personal y el desarrollo de los municipios.

Esta garantía de suministro, que marca, desde luego, nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, incorpora con claridad pues este derecho, y también, desde luego, el real decreto que regula lo que son, ¿eh?, las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Por lo tanto, yo creo que deberíamos de... por centrarles también, aquí tienen el mapa eléctrico de la provincia de Segovia [el orador muestra una imagen], en el que se puede comprobar que existe una zonificación y que, desde luego, existe una serie de redes, y, por lo tanto, de lo que estamos hablando es de la potenciación de la misma, de la necesidad, como dice la primera parte de la exposición, de tener con absoluta claridad un mapa eléctrico encima de la mesa para saber en los próximos años qué inversiones, para saber en los próximos años qué medidas hay que tomar para poder solucionar todo este tipo de medidas.

Y, fíjese, le voy a dar un dato importante. Ayer mismo, en la jornada de ayer, una de las poblaciones de la provincia de Segovia, que además alberga uno de los polígonos industriales más importantes, como es Valverde del Majano, ayer mismo sufrió tres cortes (ayer, día veintinueve de septiembre): el primer corte duró unos segundos, el segundo duró unos minutos y el tercero volvió a durar unos minutos.

Por lo tanto, estamos hablando de una necesidad, una necesidad que trasladamos a este Parlamento, porque entendemos que, a través del Estatuto de Autonomía de Castilla y León -el 70.24, la competencia exclusiva que marca en esta Comunidad Autónoma, así como el 71.10, en competencia y desarrollo normativo de energía-, desde luego, la Junta de Castilla y León tiene mucho que decir, tiene mucho que decir en este sentido.

Desde luego, nos parece... nos parece fundamental que, a través del conocimiento... y les digo que no he sido capaz de conseguir, primero, a través de preguntas parlamentarias, que desde el mes de mayo no me han contestado, pidiendo datos oficiales a la propia Junta de Castilla y León de lo que es el... el mapa eléctrico, de lo que es la potencia; realmente a través de la propia red... digamos del sistema de Red Eléctrica Española, me he puesto en contacto con ellos, y tampoco -el nivel que tienen, mínimo, es el de Comunidad Autónoma, no el de provincia-; y, por lo tanto, yo creo que lo estamos hablando de la provincia de Segovia, pero me atrevo a decir que seguramente sea necesario en cualquier otra. Desde luego, yo creo que aquí la Junta de Castilla y León sí que tiene mucho que decir -a través de sus competencias y a través de su posición en esta materia-, yo creo que tiene mucho que pedir a Red Eléctrica y al resto de compañías suministradoras, desde luego, tener datos concretos y efectivos, tanto de lo que es nivel de corte, porque también el nivel de corte de suministro solo se puede encontrar a nivel de Comunidad Autónoma, no se puede encontrar a nivel de provincia, y, como se pueden imaginar, mucho menos a nivel de comarca ni de localidad. Desde luego, aquí creo que tiene mucho que decir. Hemos traído esta proposición no de ley hablando de esta provincia, pero, ya digo, me atrevo a decir que seguramente sería necesario en todas las de la Comunidad Autónoma.

El segundo aspecto que nos parece fundamental, desde luego, es, a través de los datos que hemos podido conseguir -y vuelvo a decir que son datos no oficiales, porque, realmente, ya digo, no les he podido conseguir-: nos están hablando que, aproximadamente, Segovia consume seis veces más de lo que produce por energía. Y ahí es donde viene la segunda parte de nuestra... de nuestra proposición no de ley. Entendemos que también es necesario poner en marcha... en este caso creo, y lo digo abiertamente, contando con el ente provincial, con la diputación provincial, desde luego, para poner en marcha en la provincia de Segovia, digamos, de qué acciones se tienen que acometer para intentar, poco a poco -desde luego es imposible en poco tiempo-, pero en un futuro cercano, poder revertir estas cifras y poder tener más producción de energía.

Les adelanto que, fundamentalmente, yo creo que hay que tender hacia una producción de energía limpia, hacia una producción de energía... de energías alternativas, que yo creo, hoy en día, que tenemos capacidad para poderlo desarrollar, siendo consecuentes y conscientes que tiene que ser con el mayor respeto posible a lo que es la conservación del medio ambiente y a lo que es el paisaje, digamos, tan especial que tenemos en la provincia.

Desde luego, también, creo que este papel fundamental de la Junta de Castilla y León debe de servir para impulsar, pues las compañías generadoras y distribuidoras de energía, de poder dotar, digamos, de estas deficiencias, que también les indico se han controlado, se han por lo menos denunciado públicamente, aparte de la zona... les estoy comentando, de la zona en la provincia de Segovia en torno a Valverde del Majano, Abades, Martín Miguel. Como caso curioso, les puedo decir, la queja ciudadana que sirvió para que en esta parte de la provincia no pudieran ver ningún minuto de la final de la Champions -por distender un poco el tema-, porque lo denunciaron los propios alcaldes y vecinos. Durante esa fecha... Sí, seguramente puede sonar a cachondeo, pero he dicho que era para distender un poco, ¿no?, que parece que estábamos todos un poco... un poco tristes, ¿no?

Realmente, yo creo que significa que no estamos hablando nada más que de una cuestión yo creo que importante para el presente y el futuro de la provincia de Segovia. También, desde luego, empresarios de diferentes polígonos, como el polígono de Hontoria, como también la zona de Cuéllar, como también la zona de Villacastín, en la provincia de Segovia, han denunciado públicamente cortes de energía, han denunciado públicamente la necesidad de, entre todos, trabajar y empujar para producir, en este caso, los elementos necesarios en cuanto a lo que es potenciación, digamos, de las líneas actuales, a lo que es también, desde luego, el aumento de la potencia para que no se produzcan estas cuestiones, y, desde luego, de alguna manera, solucionar este asunto.

Y, finalmente, también, señorías, yo creo que es un momento apropiado para reconocer que, si se está en marcha -por lo menos en fase de diálogo y en fase de borrador- del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2016-2020, desde luego, habrá que incorporar medidas para paliar esta deficiencia. Porque podemos hacer cualquier actividad, o podemos intentar que cualquier actividad se ponga en marcha en la provincia de Segovia, pero, si realmente no tenemos la potencia instalada necesaria para poner en marcha nuevas... nuevos negocios, nuevas empresas, nuevas industrias, desde luego, nueva actividad económica, mal, mal estaremos caminando para el desarrollo del mismo. Y, por lo tanto, creo que también en este momento es el apropiado para reclamar que en este futuro plan se tengan en cuenta medidas para paliar este tipo de deficiencias.

Me parece fundamental terminar también diciendo que, desde luego, desde luego, tiene mucho que decir en esto el Gobierno de España. Por eso, desde luego, tanto en lo que es la normativa como en lo que es también, desde luego, nuestra parte de la petición, precisamente en el primer punto, entendemos que la colaboración interadministrativa, en este caso entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, debería de servir, vuelvo a repetir, como ejemplo, la provincia de Segovia, seguramente elevado a cualquier provincia de la Comunidad Autónoma, para intentar disponer tanto de las herramientas que significa conocer con exactitud cómo se encuentra los mapas eléctricos, líneas de infraestructura, cómo se encuentra la potencia, qué necesidades, digamos, tenemos en cada uno de los territorios, para, desde luego, impulsar y solucionar este problema.

Por lo tanto, ya digo, la petición de la sociedad segoviana es la que traemos aquí. Y, desde luego, nos gustaría, y así se lo pedimos a todos los grupos, contar con el apoyo en esta proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Aceves. En turno de fijación de posiciones, y en ausencia del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Mitadiel, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias a la presidenta. Y muchas gracias al ponente, porque es una proposición que me inspira muchas dudas -algunas han sido aclaradas por su exposición-; no dudas por la situación que describe, que estoy convencido de que es exactamente como la describe; el problema es con respecto a las soluciones que plantea.

Y digo, vamos a ver, el tema eléctrico tiene tres partes: generación, transporte y distribución. O sea, el problema consiste en que hay zonas de Segovia donde no tienen o no reciben la potencia que necesitan; es decir, hace referencia al tema de la distribución. Sin embargo, la solución que él plantea es incrementar la capacidad de generación. Pero el problema... sí, conseguir un aumento en la producción energética, en el punto 2; y eso no implica automáticamente que se vaya a solucionar el problema.

Es decir, ¿por qué? Bueno, primero, hay algo que creo que todos tenemos claro, es decir, que la planificación energética es una cuestión que excede al ámbito de la provincia. Es decir, no tendría sentido aspirar a la soberanía energética de Segovia, de León, de Palencia, sino que estamos en un contexto mucho más amplio y, sobre todo, en una Comunidad donde somos ampliamente excedentarios en generación. Pero es que el problema estriba en que, aunque generemos mucha electricidad, el problema está en el transporte y en las redes de distribución. Es decir, a ver –y dicho en plata-, el problema surge pues porque las compañías eléctricas, la fase de transporte les es deficitaria y la fase de distribución, salvo para determinados niveles de población, no les resulta rentable la inversión y tardan mucho en amortizarlo. Es decir, el problema está en que hay unas entidades, que son las eléctricas, que se guían, puro y llano, por el beneficio, y por lo tanto no les compensa las inversiones, gastan nada y menos en mantenimiento de redes hasta que no les queda más remedio. Yo creo que ese es el fondo del problema. Y creo que lo primero que tendríamos es, dentro de la capacidad de exigencia que puede tener la Junta, exigir a las eléctricas que adopten las disposiciones necesarias.

Yo recuerdo que hace una serie de años existía el Plan de Electrificación Rural, que yo no sé... es decir, que desde la Administración lo que se hacía era que, en aquellas zonas en las que no era rentable para las empresas la transformación de las redes o la ampliación, existían una serie de subvenciones. En estos momentos no he podido documentarme si tenemos un instrumento similar. Pero, en todo caso, sí podría ser utilizable, pero utilizable dentro de un marco, de entender que la primera responsabilidad es de las eléctricas, y después de la Administración autonómica, porque tiene que garantizar determinadas... determinadas condiciones.

Después, otro tema que... -y sigo con el tema de que el aumento de la producción energética no implica necesariamente que les llegue a los ciudadanos- es el tema de la estacionalidad. Estoy absolutamente de acuerdo con que todo aumento de capacidad tiene que ir por vía de las energías renovables, pero sabemos cuál es el talón de Aquiles, ¿no?, que es la estacionalidad. Con lo cual, incluso aunque se... todo lo hiciésemos con energías renovables y hubiese la suficiente... incremento de las redes, el problema es que puede haber momentos en los que la demanda sea superior, en determinadas condiciones meteorológicas, etcétera, etcétera. La clave, a mi juicio –y no soy precisamente ningún experto en este tema-, es el... la mejora de las redes de transporte y de distribución. Y ahí sí que tiene usted razón en que la Junta tiene que ejercer toda su capacidad de presión, incluso de apoyo a las eléctricas, en aquellos casos en los que sea razonable, para conseguir esto.

Con respecto al mapa eléctrico, pues me parece una idea... una idea interesante. Es verdad que, por lo poco que conozco, la existencia de este tipo de mapas es de carácter mucho más amplio, con lo cual habría que determinar, efectivamente, qué partes de nuestra... de nuestra Comunidad Autónoma tienen problemas, ¿no? Y, en este sentido, el Plan Director de Promoción Industrial pues, bueno, puede ser interesante el que... bueno, interesante no, es uno de los condicionantes de la industria, es decir, sin energía no hay... con lo cual, seguramente, es uno de los capítulos que se contemplan, y, si no, que se deben contemplar.

En todo caso, en cuanto a nuestra posición con respecto a la moción, pues espero un poco las explicaciones del proponente y el debate del resto de los grupos. Nuestra disposición es favorable en el sentido de que Segovia tiene este problema, es decir, no se lo inventa el proponente, pero que las soluciones que se plantean pues, bueno, creemos que son un poco incompletas. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues a nuestro grupo parlamentario no nos queda ninguna duda de que la provincia de Soria... Segovia –perdón- lleva arrastrando desde hace años un problema estructural, que es un déficit de potencia eléctrica. Y no nos queda ninguna duda de que no es un problema nuevo; me atrevería a decir una ausencia de compromiso político por parte del Partido Popular. Si hubiera existido este compromiso, pues se hubiera ofrecido ya una solución a los segovianos.

Es decir, los problemas energéticos de la provincia de Segovia abarcan una amplia zona, desde Cuéllar hasta Villacastín, provocando que cuando hay un exceso de demanda se ocasionen cortes de suministro y provocando un grave perjuicio a los consumidores. No es un problema nuevo, así que puede parecer lógico elaborar un mapa eléctrico de la provincia de Segovia, donde se estudien deficiencias y se planteen soluciones. Pero lo que sí que estamos totalmente de acuerdo es con el punto 2, es con la elaboración de un plan energético provincial, en este caso, pudiéndolo asociar a las renovables y al empleo. Por eso vamos a proponer una enmienda in voce al punto 2. Si quiere, la redacción sería: "Elaborar un plan energético provincial, en colaboración con el Gobierno de España y la Diputación Provincial de Segovia, para conseguir un aumento de la producción energética, utilizando de forma prioritaria energías alternativas y sostenibles con el medio ambiente".

Respecto al punto 3, también nos parece acertada la propuesta de que se tenga en cuenta el déficit de potencia eléctrica en la provincia de Segovia, como estrategia para incorporarlo al Plan Director de Promoción Industrial. El señor Aceves dice que es difícil obtener datos, nosotros hemos encontrado un dato que dice que el 51 % del consumo eléctrico en la provincia de Segovia es de uso industrial. Por lo tanto, este déficit de potencia puede significar un freno en zonas donde concurran especiales necesidades de reindustrialización. Uno de los objetivos principales o prioritarios del Plan Director de Promoción Industrial es resolver los desequilibrios territoriales y promover la reindustrialización. Por lo tanto, votaremos a favor, y esperamos que se tenga en cuenta nuestra enmienda. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor López. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bravo, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR BRAVO GOZALO:

Gracias presidenta. Buenos días, señoría. Bueno, esta propuesta que trae el Partido Socialista es la misma que llegó a la Diputación Provincial de Segovia hace escasamente un mes y pico, dos meses, y donde fue rechazada. Fue rechazada por un tema técnico. Ahora le voy a explicar al compañero de Ciudadanos un poco lo grave de las afirmaciones que dice, porque no son reales; porque, si hubiera un déficit en cuanto a energía en la provincia de Segovia, ese déficit estaría en toda España, por una sencilla razón. Yo no sé si saben cómo funcionan la electricidad, o cómo se conduce la electricidad por España, pero yo -que es un tema que desconocía también- con tres llamadas me he enterado. Me he enterado hasta del mapa de la provincia de Segovia que tienen las compañías eléctricas, donde tienen, efectivamente, puntos más débiles, pero no por la cantidad de suministro que llega, sino porque, a lo mejor, lo que usted decía, que es un... un tramado o una malla que está, bueno, pues de hace años, que están... pero esas obras poco a poco se van haciendo, y ahora le voy a explicar cuáles se han ido haciendo por parte de las compañías eléctricas, porque realmente es la compañía distribuidora -en el caso de Segovia es Unión Fenosa, Sociedad Anónima, Distribución- quien tiene la competencia para hacer ese tipo de... ese tipo de obras.

El sistema eléctrico nacional interconecta directamente, a tiempo real, las centrales de producción que se encuentran generando con las que automáticamente van consumiendo. Es decir, hay una malla, que está distribuida por todo el territorio nacional, y donde se produce automáticamente entra en la red para el consumo directo. O sea, si Barcelona necesita más, automáticamente va a ir más, porque las líneas de desvío de electricidad... de capacidad van a ir a mayor velocidad. Pero, si Segovia necesita más, va a coger de la misma bolsa. Ustedes imagínense un pantano que diera a toda España agua, y van canalizaciones, y es el mismo pantano, es el mismo agua para toda España. Así es como lo cuentan los técnicos. Yo me reuní, en cuanto que me dieron la proposición, para que me lo explicaran. Y de hecho, de hecho, fíjese, hasta las afirmaciones que llegan a decir: "Por decirlo de otra manera, la energía generada por una unidad de producción en cualquier lugar de la red eléctrica nacional se incorpora a un fondo común desde el que se alimentan todos y cada uno de los consumidores existentes en dicha red, debido a la malla que está hecha a lo largo del territorio nacional". Esto no me lo invento yo, esto es un tema técnico.

Ahora podemos entrar a valorar si debemos de producir más electricidad en España o debemos de producir menos, si debemos de cerrar centrales como Garoña para no producir electricidad, o para ser incluso más deficitarios a la hora de producción de electricidad, o si debemos de hacer otro tipo de... bueno, pues, o focalizar el punto en otro tipo de producciones eléctricas.

Yo en ese tema no me voy a meter. Yo me voy a meter exclusivamente en lo que aquí... en lo que aquí se ha aseverado y en lo que aquí se ha comentado. Yo, simplemente es un tema técnico. Yo, como comprenderán, también era bastante neófito en este tema, pero he procurado investigar. Y, fíjese, es tan sencillo como hacer una llamada.

Yo, mientras estábamos en la Comisión, me ha llamado por teléfono, cuando el... cuando el compañero del PSOE ha dicho que ayer se produjeron tres cortes eléctricos en el... en Valverde. Bueno, pues me han dicho que las causas ni muchísimo menos han sido por la capacidad o por la cantidad de energía que necesitaban, sino que ha sido por un problema de una caja, debido a la sobre... a... no sé, me han explicado una cosa muy rara, de una empresa. O sea, que es que esos cortes se producen también porque mucha gente utilizamos mal el servicio eléctrico: contratamos menos de lo que... se cambian limitadores; el cable -que llega ahí la electricidad- da problemas; se ponen alumbrados públicos en los municipios que tienen problemas de estanqueidad y generan que se vaya un transformador en un municipio. O sea, eso se... eso ocurre.

Y eso, efectivamente, yo, que soy de pueblo, y efectivamente vivo en un pueblo y soy alcalde de un pueblo desde hace muchísimos años, yo he visto como a lo largo de los años ha ido mejorando; ha ido mejorando gracias a las inversiones. Yo, en un verano, podríamos tener seis o siete cortes de luz a lo largo del verano. Diez, quince, veinte. Este verano no hemos tenido ninguno. El verano anterior creo que tampoco. Bueno, miento, creo que hubo una por un tema de... de tormenta eléctrica, que es muy dado a que se bajen las... los automáticos. Que ahora, por cierto, van telemandados, porque esto ahora ya, la informática hace milagros, y entonces me han explicado que ahora telemandan y pueden levantar un automático incluso desde Berlín. O sea, es una cosa terrible. Para los que somos de la era analógica, la era digital nos sobrepasa un poco.

Y entonces, claro, cuando aquí se habla de todo esto, bueno, pues... pues uno piensa: joé, es que la Administración es todopoderosa y es la que tiene... es la culpable de todo. No, la Administración es la que tiene que poner encima de la mesa los resortes para que eso se cumpla. Y, de hecho, tanto es así que, bueno, pues la cantidad mínima exigible de suministro eléctrico en cualquier provincia de España -porque esto no está sectorializado por provincias, porque estamos hablando que es una malla nacional y es un tema nacional- se regula reglamentariamente a través del Capítulo II del Título IV del Real Decreto 1955/2000, del uno de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energías eléctricas.

Es más, en el caso concreto de la provincia de Segovia, tanto el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada como el número de interrupciones equivalentes a la potencia instalada correspondientes al año dos mil quince, que es de cuando están los datos, ahora mismo son muy inferiores a los límites establecidos reglamentariamente a nivel nacional. Es decir, ese real decreto lo que hace es poner unos mínimos que tiene que cumplir para que ese servicio se esté efectuando en condiciones buenas. Y esos mínimos en la provincia de Segovia hoy por hoy se están cumpliendo. Se están cumpliendo porque, como les he dicho, por las inversiones que se han hecho: se ha hecho una RPT de 45, que va desde Las Vencías hasta Cuéllar, porque Cuéllar tenía un problema en el cableado, no en... en la... en la cantidad de energía que les llegaba; se ha hecho un baipás entre Burgomillodo y Las Vencías. O sea, se han hecho varias inversiones en la provincia de Segovia. Vamos, yo creo que tampoco es cuestión de traer aquí algo que ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera ha sido denunciado en la Dirección General de Minas este año: no ha llegado ninguna queja sobre problemas de suministros enérgicos... energéticos por falta de capacidad en esas zonas en los que se dice en los diferentes artículos de prensa. Porque ha tenido que salir la Dirección General de Minas... Energía y Minas a desdecir... Porque, claro, es más, la distribuidora Unión Fenosa afirma e informa -que así refleja un informe técnico, para que vean lo disparatado de la cuestión- que los transformadores en la provincia de Segovia están a un 50 % de su capacidad. Es decir, que podrían todavía tener un margen de 50 % a mayores en caso de necesitar más energía. Y le doy el dato concreto del año dos mil quince, en la provincia... en Segovia, en la provincia de Segovia, y creo que le tengo por aquí: 142 megavatios, pudiendo tener capacidad para 280. O sea, ese es el punto máximo que se ha consumido en la provincia de Segovia en el año dos mil quince. Con lo cual, no estamos hablando de un problema de energía, de poder absorber más energía, sino, a lo mejor, efectivamente, de un problema de las redes, que yo creo que poco a poco se están mejorando, y que en ningún caso la Comunidad Autónoma es competente. Sí puede hacer que se cumpla ese real decreto.

Pero voy más allá. En la... en la propuesta que nos presenta el compañero del Partido Socialista dice que incorporar en el Plan Director Promoción Industrial de Castilla y León 2016-2020 medidas para paliar las deficiencias energéticas. En este plan -que está ya... como ustedes saben, se ha pasado a revisión por parte del Consejo para que emitan informe- ya viene, ya viene una cláusula en la que dice que las actividades industriales necesitan contratar suministro energético fiable y a precio competitivo; se recoge ya en este Plan Director para, bueno, pues efectivamente, yo creo que para tener un poco de vista puesta en este tema, porque, efectivamente, es importante para el desarrollo industrial. No solamente es importante para el desarrollo industrial, como viene, efectivamente, en el plan, en diferentes aspectos en cuanto a la competitividad, o a las dimensiones del tejido industrial, o en internacionalización, o a la financiación, sino que va más allá, también pone el punto de mira en lo que es el soporte energético que necesita cualquier industria para poder desarrollarse.

Por eso le digo, señoría... y con esto no quiero que mañana vuelva a salir usted en prensa diciendo que es que yo ignoro a los segovianos, ni muchísimo menos. Llevo trabajando muchísimos años, muchísimos años, en favor de ellos, en favor de ellos, y me he pegado muchas veces con Unión Fenosa, por cierto, para mejorar, para mejorar. Pero, claro, yo, como comprenderá, si yo... los datos técnicos son los que hay, y son los que avalan, y la Administración pone un real decreto encima de la mesa, de obligado cumplimiento, en el que pone unos mínimos, y, de momento, hoy por hoy, se cumplen los mínimos, creo que, una de dos: o tenemos que bajar esos mínimos... o tenemos que bajar esos mínimos, o, en principio, se está cumpliendo en la provincia de Segovia, al igual que en el resto de las provincias. Porque no estamos hablando de generación, en ningún caso, y creo que lo he dejado meridianamente claro: 142 megavatios en la provincia de Segovia, frente a 280 que podrían darse de producción, que hay.

Y yo creo que, por mi parte, nada más. Y creo que he explicado suficientemente, a nivel técnico, cómo funciona esto; que, vuelvo a repetir, yo era también neófito en esto, pero con tres llamadas me han explicado perfectamente cómo funciona la red eléctrica en España. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Bravo. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Aceves.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Bien. Gracias, presidenta. La verdad que me gustaría empezar por el orden de intervención. Aclarar un par de cuestiones al Grupo Ciudadanos, en primer lugar. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. Si se da cuenta, en mi exposición, lo que he intentado... lo que he intentado explicar es que lo que traemos aquí es una petición, ya digo, del propio partido -que ahora contestaré- que, cuando llegan momentos importantes, sí que habla de problemas eléctricos, pero ahora, cuando llega aquí, buscamos y... buscamos tres pies al gato -que ahora me explicaré-. Pero prefiero primero referirme al señor Mitadiel, que me parece interesante dos cuestiones que ha dicho. La primera, estamos de acuerdo. Si se da cuenta, en lo que es la primera petición de resolución, lo que hagamos es, para dejar de que con tres llamadas alguien conozca algo -damos por hecho que puede ser interesante-, pero no la sociedad en general, pues que haya un mapa eléctrico; que haya un mapa eléctrico en el que se conozca de verdad: estas son... la malla que existe en la provincia, la de alta capacidad, la de media y la distribución municipal o distribución industrial. ¿Qué problema hay en que eso exista? No lo he... no he escuchado a nadie entender una razón que me dé suficientemente, digamos, en contra de que eso exista en Segovia, como me he referido -que, evidentemente, estaremos de acuerdo- en cualquier provincia de Castilla y León.

Desde luego, aquí lo que estamos hablando es que existe cortes, reconocidos además. Ya ven que realmente lo que he dicho no era mentira, porque, evidentemente, quien me lo ha comentado, como se puede imaginar, pues no me iba a mentir, ¿no? La realidad significa que nuestra... en la provincia de Segovia, en estas zonas que hemos hablado, sigue habiendo cortes a lo largo del año, y, por lo tanto, lo mejor para poner soluciones es conocer cómo se encuentra exactamente; por eso el mapa eléctrico es fundamental. No he escuchado al señor Bravo Gozalo decir para nada en contra por qué no quieren tener un mapa eléctrico con datos públicos de saber esa historia, salvo que hoy el señor Bravo Gozalo aquí haya hablado como procurador de Unión Fenosa, porque lo que ha defendido ha sido los intereses de la distribuidora; porque los intereses de los peticionarios -Cámara de Comercio, Federación Empresarial Segoviana, sindicatos y partidos políticos- no les ha defendido; por lo tanto, de la sociedad en general.

Y, desde luego, estamos de acuerdo que lo que hay que hacer es mejorar la distribución, y por eso, en nuestra segunda parte, es mejorar la generación de energía. O sea, es una proposición no de ley que tiene varias partes. La primera: vamos a mejorar con un mapa eléctrico. Yo me podía haber aventurado y poner aquí, encima de la mesa, qué nuevas líneas o subestaciones hay que poner, pero entiendo que ese no es mi papel; mi papel es tener primero datos oficiales -yo creo que el de todos nosotros es tener datos oficiales-, un mapa, en el que, después, sabiendo los datos, sí que se pueden hacer propuestas de mejora. Por eso, la primera parte indica que "donde se aprecien las deficiencias y soluciones al problema". Por eso precisamente, en esa, yo creo que está marcado lo que decía el señor Mitadiel referido a la distribución de la energía.

Y el segundo, de la producción, estoy de acuerdo con el Grupo Podemos, la voy a aceptar. Porque, fíjese -aquí está mi compañero, que lo ha visto-, antes de decírmelo, había apuntado a bolígrafo ya, bueno, una redacción diferente, muy parecida. Por lo tanto, sí que voy a aceptar, luego la leeré, porque me parece interesante incorporarla.

En cuanto al tema de la electrificación rural, señor Mitadiel, estoy de acuerdo. Yo también, en este caso, creo que podría haber sido una propuesta de resolución, pero, vuelvo a repetir, la prudencia ha sido: vamos a conocer el mapa, vamos a conocer lo que tenemos, para luego poder aportar soluciones políticas, digamos, con el conocimiento técnico. Realmente, yo me he dirigido por escrito a Red Eléctrica y mi respuesta ha sido que ya me la darán. Por lo tanto, algunos, seguramente, funciona... el SMS y el teléfono en algunos partidos funciona mejor que en otros.

Bueno, para terminar, me gustaría dirigirme al señor Bravo Gozalo y decirle: vamos a ver, desde luego, estamos completamente de acuerdo que la malla de distribución de nuestro país, de la energía, funciona de esa manera. Por supuesto. Sería ilógico pensar que ante un lugar de nuestro país que necesita en verano... -estoy pensando en aire acondicionado en días de mucho calor, estoy pensando en invierno en días de mucho frío- desde luego, si no tuviéramos una red en malla, se podrían producir en nuestro país no solo cortes, sino dejar de prestar suministro. Pero lo que no ha dicho, no sé si porque no lo conoce, como ha reconocido que era neófito en este asunto, o por si realmente no lo ha querido utilizar, desde luego, la alta tensión tiene que tener luego una distribución en las zonas a una tensión menor. Y en esa tensión menor es donde está el problema. El problema existe cuando no existen las infraestructuras necesarias para que esa red en malla llegue al territorio con la suficiente capacidad y la suficiente calidad para poder dar servicio a los ciudadanos en sus casas y, desde luego, a las industrias que se quieran incorporar, si son nuevas, o a aquellas que quieran ampliar su capacidad de producción y, desde luego, necesiten ampliar esa capacidad. Ahí es donde está el problema, en esa distribución, no en la malla de alta, sino en la malla que necesita infraestructuras de capacidad.

Pero si se lo he dicho en mi primera intervención; lo que pasa es que, como no me escucha nunca, viene con la intervención... Si ese mapa yo también le tengo, hombre, señor Bravo Gozalo. ¿Quiere verle? Yo también le tengo, mire. ¿Vale? Empate a uno. Entonces, lo que le quería decir... lo que le quería decir realmente es que en su exposición claramente lo que ha buscado es una exposición demagógica, porque solo ha utilizado una parte de los datos, con el único objetivo de votarla en contra, con el único objetivo de votarla en contra; porque ni siquiera se ha referido un segundo de su intervención a si le parecía bien a usted y a su grupo de contar con un mapa eléctrico bien preparado para saber qué deficiencias tenemos y para saber qué necesidades se tienen que acometer para mejorarlo. Y no lo digo yo, le vuelvo a repetir, que lo dice hasta su propio partido y hasta su propio presidente; aquí tengo: dieciocho del diez de dos mil diez, presidente del Partido Popular de Segovia, hoy presidente de la Diputación, hablando de problemas industriales en Segovia con el corte de energía eléctrica. Por lo tanto, bueno, pues míreselo antes de hablar, porque yo creo que ahí se ha equivocado.

Y le digo dos cuestiones más. Siempre nos pone el ejemplo de su pueblo. Y le he dicho ya en alguna intervención que es un pueblo precioso, muy bonito, me encanta, pero, hombre, realmente, que nos ponga usted el ejemplo de su municipio, cuando tiene otros con -seguramente, por lógica- más capacidad industrial, porque ya la tienen, y se pueden desarrollar, que están teniendo problemas, pues, hombre, yo creo que ahí, en ese sentido, se equivoca profundamente. Póngame ejemplos puntuales, póngame ejemplos donde tienen las deficiencias: en la zona de Villacastín en torno al polígono; en la zona de Cuéllar; en la zona del entorno de Segovia. Póngame ejemplos claros, de la zona del entorno de Valverde. Póngame ejemplos claros, y no vaya a lo fácil de decir ejemplos como su municipio, que ya le he dicho muchas veces que me gusta mucho y me encanta.

Para concluir. Realmente, señorías, yo creo que aquí lo que estamos debatiendo es una cuestión, es: si existe un problema, porque existen quejas, vamos a intentar desde este Parlamento poner una solución. ¿Cómo podemos poner una solución? Muy fácil. En vez de ponernos a discutir de cifras técnicas, vamos a la cuestión fundamental: ¿estamos todos de acuerdo a que la provincia de Segovia cuente con un mapa eléctrico para saber con absoluta realidad... -pero no solo la malla fundamental principal, la malla de alta, sino todas las mallas- para saber dónde existen los cortes, cuántas veces se producen al año, por qué son debidos, qué hay que implementar para que no se vuelvan a producir; y, sobre todo, qué tenemos que hacer si la incorporación a través de un polígono de las ya empresas existentes mayor capacidad o la incorporación de nuevas empresas; qué debemos de hacer para que el desarrollo necesario de todo el territorio no quede, como -yo me atrevo a decir- hasta ahora, en algunos momentos coartada. Y le digo: no lo he dicho yo esta frase, lo ha dicho el propio presidente de la Cámara de Comercio de Segovia, señor Bravo, y usted le conoce. Lo ha dicho él mismo, públicamente y en reuniones.

Por lo tanto, usted no está diciendo ahora en contra a una propuesta del Partido Socialista, sino de quien lo está pidiendo. Eso no se le olvide nunca. Y, luego, si en los medios de comunicación le digo lo que sea, realmente usted sabrá lo que hace. Cada uno tiene su posición. Faltaría más. Faltaría más. Cada uno tiene su posición.

Y para concluir, desde luego, no entiendo qué problema tiene su señoría en pedir que se elabore un plan energético provincial. ¿Sabe quién propuso esto en la Diputación Provincial de Segovia? Su propio partido. Su propio partido, por entonces el señor Martín Sancho, diputado del área económica, puso en marcha, y, si quiere la documentación, se la ofrezco...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Aceves, tiene que fijar el texto, por favor.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

(Sí, sí. Señora presidenta, dos minutos más el señor... Partido Popular, déjeme concluir). ... Por lo tanto, no lo he propuesto yo. El... en la Diputación Provincial de Segovia también su grupo pidió, en su momento, un plan energético provincial. Por lo tanto, también está votando en contra de las propuestas de su propio partido.

Y para concluir, y que no se desasosiegue la señora presidenta, voy a leer el texto definitivo de la propuesta, que dice: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a elaborar, en colaboración con el Gobierno de España, un mapa eléctrico de la provincia de Segovia, donde se aprecien las deficiencias y soluciones al problema; segundo, elaborar un plan energético provincial, en colaboración con el Gobierno de España y la Diputación Provincial de Segovia, para conseguir una mejora en la redes de transporte y distribución y un aumento en la producción energética, utilizando de forma prioritaria energías renovables y limpias; y tercero, incorporar en el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2016-2020 medidas efectivas y directas para paliar las deficiencias de potencia instalada en la provincia de Segovia". Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Aceves. Antes de proseguir, quiero dar la bienvenida al director general de Presupuestos y Estadísticas, que va a comparecer a continuación.

Como el texto ha variado -de la propuesta de resolución-, ¿hay algún parlamentario que quiera pedir la palabra? Sí, señor Bravo Gozalo.

EL SEÑOR BRAVO GOZALO:

Gracias, presidenta. Mantenemos nuestro voto en contra, puesto que el plan está, el mapa está -se ha visto-, y la incorporación del... en el Plan Director también está, con lo cual no podemos votar a favor de la propuesta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación... Ah, perdón, perdón. Sí, señor Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Muchas gracias. Queríamos dar las gracias al Grupo Socialista por aceptar nuestra enmienda para que se elabore ese plan energético, que consideramos necesario, como se ha dicho aquí; que esta semana hubo una caída por una sobredemanda, y, por lo tanto, es un déficit de potencia y, por lo tanto, un mal diseño de las líneas de transporte.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Prieto...

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Muchas gracias.

Votación PNL/000806

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias. En cualquier caso, ya habían aceptado su enmienda, luego su intervención no era necesaria, pero gracias. Procedemos, pues, a la votación. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Nueve. Queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Bien. Volvemos al... a lo que era el primer punto del orden del día. Damos la bienvenida al señor director general de Presupuestos y Estadísticas de la Junta de Castilla y León. Y procedo a leer la pregunta para su respuesta.

POC/000138

Pregunta Oral para su respuesta ante la Comisión, POC 138, formulada a la Junta de Castilla y León por los procuradores don José Javier Izquierdo Roncero y don José Francisco Martín Martínez, relativa a modificación de la base para determinar el cálculo del Producto Interior Bruto, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 175, de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra la señora Barcones, por un tiempo máximo... no, ah, señor... perdón, señor Izquierdo, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Hoy... hoy está un poco complicado el orden del día y la distribución de las intervenciones. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia del director de... director general de Estadística en esta... y de Presupuestos en esta Comisión para dar respuesta a estas preguntas, a un tema que probablemente es una cuestión, bueno, eminentemente técnica, pero no, desde luego, menos importante de cara a algunos aspectos que a nosotros nos parecen importantes para lo que es la imagen de la Comunidad Autónoma y algunos elementos de confianza que puede generar entre las empresas a la hora de desarrollar su actividad en Castilla y León.

Yo creo que es conocido que hemos mantenido algunas divergencias claras en relación con lo que la Junta de Castilla y León... sus cálculos estadísticos en materia de contabilidad regional, especialmente las cuentas relativas al producto interior bruto y algunos otros datos asociados, debates que luego detallaré algunas iniciativas que además hemos planteado en ese sentido, y que han sido rechazadas por parte del Grupo Popular.

En primer lugar, hemos trasladado en todo momento que ha habido siempre una discrepancia muy significativa entre el cálculo que hacía del PIB el Instituto Nacional de Estadística y la propia Junta de Castilla y León sobre el producto interior bruto de nuestra Comunidad Autónoma, hasta tal punto que en estos últimos años había divergencias, pues por dar algunos datos, divergencias que empiezan sobre todo a producirse a partir del año dos mil seis, con un 3,30 %; que fueron creciendo paulatinamente hasta llegar incluso a alcanzar, en una primera estimación del PIB del dos mil catorce, más del 14 % de valor del PIB calculado por la Junta de Castilla y León superior a los datos que daba el Instituto Nacional de Estadística. Doy el dato de dos mil catorce: con un PIB calculado por el INE de cincuenta y –casi- cuatro mil millones de euros, la Junta de Castilla y León ofrecía un PIB de 61.754 millones; es decir, más... casi 7.780 millones de euros de diferencia en los cálculos del PIB en ese momento.

Es verdad que hay un momento en el que el INE calcula sus estadísticas en base dos mil diez, a precios de dos mil diez, mientras que la Junta de Castilla y León calculaba en aquellos momentos en base dos mil, en base dos mil, y que, por tanto, podría haber divergencias en cuanto a lo que son los... los precios y los valores por el cambio de base y algunos otros factores de tipo económico.

Pero, desde luego, lo que es evidente es que es sorprendente que el cálculo en base dos mil arrojara valores tan superiores a los que arrojaba el PIB calculado por el Instituto Nacional de Estadística en base dos mil diez, cuando es evidente que ha habido una inflación significativa entre dos mil y dos mil diez, y que, por tanto, los precios de mercado han variado significativamente. Por tanto, parece un contrasentido que, con menores precios, se obtuvieran valores del producto interior bruto muy superiores a los que detectaba el Instituto Nacional de Estadística.

Esto motivó que nosotros planteáramos en algún momento una proposición no de ley que lo que pretendía era un poco poner de manifiesto esta situación, porque, si los cálculos de producto interior bruto que hacía la Junta de Castilla y León eran muy superiores a los que estaba haciendo el Instituto Nacional de Estadística, esto significaba que había una merma en los cálculos de los coeficientes, por ejemplo, de reparto del impuesto del valor añadido en la financiación autonómica y, por tanto, podríamos estar perdiendo financiación según las... las cuentas que hacen los servicios estadísticos de la Comunidad Autónoma. Y por eso planteamos una proposición no de ley para reivindicar al Estado, en base a esos cálculos que hacía la propia Junta de Castilla y León, una dotación mayor de algunos de estos impuestos, fundamentalmente el IVA, a la vista de los... de los cálculos. Bueno, esta fue una propuesta que rechazó el Grupo Popular en su momento, en un debate en una Comisión relativamente reciente, en esta... en este periodo de sesiones.

Bien, en segundo lugar, recientemente se acaba de producir el cambio de base por parte de la Junta de Castilla y León. Ha llevado a cabo... a partir de ahora, los cálculos del PIB se hacen ya en base dos mil diez, con un retraso, por tanto, de seis años en relación con el que venía llevando a cabo el Instituto Nacional de Estadística y, por lo pronto, con... con una cuestión que nos llama la atención: yo creo que, cuando menos, debería plantearse que la Junta publicara datos estadísticos de la contabilidad regional desde el año dos mil diez en base dos mil diez y no solo desde el año dos mil quince en base dos mil diez. Creo que esto sería una manera también de hacer algunas comparaciones interesantes.

En cualquier caso, cuando se ha producido este cambio de base, del año dos mil al año dos mil diez, en el cálculo del PIB, nos hemos encontrado con... con datos sorprendentes y preocupantes sobre cómo está calculando la Junta de Castilla y León el producto interior bruto.

Resulta que, cuando hacemos una comparativa -y está plasmada en la pregunta que hemos facilitado a la Junta de Castilla y León-, cuando hacemos la comparativa, resulta que hemos encontrado como desde el año dos mil diez se han ido acumulando mermas muy significativas en el valor del producto interior bruto de nuestra Comunidad Autónoma por ese cambio de base, de tal manera que el producto interior bruto en el año dos mil diez (base dos mil diez-base dos mil) es similar su valor, es similar, pero llegamos al punto en el que esto empieza a dispararse, y nos encontramos con que el producto interior bruto para dos mil quince resulta que ha caído un 8,77 % desde que se ha producido el cambio de base dos mil diez. Insisto en el argumento que daba antes: la inflación dos mil-dos mil diez no parece aventurar que los precios hayan caído y que, por tanto, el valor de cálculo del PIB se haya no desplomado, pero, desde luego, es una merma significativa, casi el 9 %.

Y esto, a mayores, nos ha llevado a que los incrementos del PIB que se venían anunciando por parte de la Consejería de Economía, y que sirven además de base de cálculo para el escenario macroeconómico, y por tanto de los Presupuestos -sirven de base para la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma-, nos encontramos que lo que habían sido incrementos del PIB con arreglo a los cálculos de base de dos mil se han llegado a convertir incluso en decrementos del PIB. Por ejemplo, en el incremento del PIB, que la Junta, según sus cálculos en base dos mil, habría sido en el dos mil doce respecto a dos mil once de un 0,06 %, se ha convertido en un decremento del 2,34 % del PIB; el del 0,46 del año dos mil trece se convierte en un decremento de menos... del 2,13, un caída del PIB del dos mil trece; y, por tanto, hay una enorme disfunción en este tipo de cálculos. Cuestiones que esta pregunta debería... pretende que se aclare, por parte de la Junta de Castilla y León, sobre cuáles han sido este tipo de cálculos.

Y cuando entramos en algunos otros... en los componentes del PIB, en este caso desde el punto de vista de la oferta, pues hay cosas... la verdad es que son tremendamente llamativas. Nosotros venimos denunciando que, con arreglo a la contabilidad regional que elabora el INE, el PIB del sector primario se ha desplomado, ha caído un 26 % desde el año dos mil, pero lo sorprendente es que un cambio de base de precios corrientes del dos mil al dos mil diez suponga que el PIB de agricultura, silvicultura y ganadería haya pasado, en base dos mil, en el año dos mil catorce de –en números redondos- 2.800 millones de euros a 1.950 millones; estamos hablando de una caída de 800 millones de euros de valor del PIB solo por un cambio de base, en un porcentaje de un 33 %, aproximadamente un tercio del valor. Y lo mismo pasa... otro tanto pasa para el año dos mil quince: el PIB en base dos mil del sector primario eran 2.814 millones, y ahora se nos dice que son 1.976 millones en base dos mil diez. Esto es... a mí me parece, cuando menos, sorprendente, y me gustaría, por tanto, que el director diera respuesta a estas circunstancias y que lo explicara con claridad.

Y, además, otro dato que también nos llama poderosamente la atención, y este todavía es quizá más sorprendente. Resulta que, en base dos mil, para esos mismos dos años, dos mil catorce y dos mil quince, los impuestos netos sobre los productos en base dos mil eran 2.773 millones de euros, y en dos mil quince 2.862 millones de euros. Y, para nuestra sorpresa, los impuestos netos se han duplicado por el cambio de base del dos mil al dos mil diez. Esto es todavía mucho más sorprendente. Por tanto, entendemos que hay un problema con las estadísticas de la Comunidad Autónoma en cuanto al cálculo de la contabilidad regional, y son problemas que creemos que son graves y que no son fácilmente explicables ni por cambios de bases ni por otro tipo de factores que en alguna otra ocasión hemos escuchado a la consejera de Economía y Hacienda.

Estas son cuestiones que creo que tienen que aclararse, que tienen que explicarse y que, cuando el Plan de Contabilidad se actualice, se eviten este tipo de... lo que a nosotros nos parecen claras disfunciones. Yo he dado dos datos, que son el del PIB agrícola y el de los impuestos netos sobre los productos, que son, a mi juicio, pues sorprendentes en relación con el conjunto del cálculo del PIB.

Creemos que esto incide en la credibilidad de las estadísticas de la Comunidad Autónoma; creemos que incide, por tanto, en la confianza de las empresas en relación... a la hora de poder invertir en nuestra Comunidad Autónoma, para analizar la evolución de los sectores económicos, cuando uno se encuentra con este tipo de disfunciones, porque no parecen, desde luego, responder a ninguna lógica de lo que puede ser exclusivamente un cambio de base de precios o algunos otros matices o modificaciones mínimas que ha podido haber en los cambios de metodología en el cálculo del PIB. Y esto es lo que nos gustaría que el director respondiera en su pregunta, agradeciéndole nuevamente su presencia. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. En contestación por parte de la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el señor director general de Presupuestos y Estadística, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA (SEÑOR BAETA CANALES):

Bien. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Y agradezco el tono que manifiesta en estos temas, a los cuales llevamos ya varios años enganchados, con su compañero el señor Martín, en relación con los datos de la contabilidad regional.

Es cierto, como planteaba en la pregunta, que han sido advertidas... hablan ustedes de discrepancias, y yo le diría de diferencias -y ya se lo expresaré el porqué- de los datos; y también es otro aspecto que vamos y hemos de tener en cuenta: usted me habla de valores a precios corrientes, y, cuando se habla de movimientos y modificaciones en la contabilidad, o variaciones, se habla en términos de volumen, no en precios corrientes. Es otro aspecto que debemos de considerar, y tiene su importancia de cara a la pregunta que ha planteado.

En principio, o sea, y voy a... dado que ustedes parten del hecho de lo histórico, en relación con la contabilidad del INE, le tengo que señalar que el Instituto Nacional de Estadística utiliza una metodología diferente -que es no es una cuestión de la base- en el cálculo de la contabilidad regional para España de la que utiliza la Junta de Castilla y León o utiliza cualquier Comunidad que tiene asumido sus competencias en materia de estadística. Eso, en todas las ocasiones en que ustedes nos lo han planteado, se le ha explicado; sin embargo, pues nos encontramos hoy aquí simplemente volviendo a reincidir sobre lo mismo, ¿eh? Es la distinta metodología que usan.

Le recuerdo que la metodología es diferente. La Junta de Castilla y León, cuando calcula los datos de su contabilidad nacional, y no... de contabilidad regional -y no estoy hablando ahora de la base, que también tiene su aspecto-, lo calcula mediante la suma de todos los agregados existentes en la región. Sin embargo, el INE, cuando calcula la contabilidad regional de las Comunidades Autónomas, lo que hace es un reparto de la contabilidad nacional, que él ha calculado, entre las distintas Comunidades en base a indicadores que pretenden ser reflejo de lo que cree que ha ocurrido en esa región, en esa Comunidad. Por tanto, nosotros, por así decirlo, las Comunidades Autónomas que venimos elaborando contabilidad -y ocurre esas diferencias en todas, ¿eh?, en todas-, lo que hacemos es sumar, agregar; mientras que el Estado, o la Administración general del Estado, el INE, lo que hace es repartir lo que tiene, y lo que tiene es un límite, porque lo primero que publica es el valor de la contabilidad nacional.

De manera que esa es una... la primera restricción que tiene a la hora de hacer ese reparto entre las Comunidades Autónomas. Y eso se refleja a medida que usted lleve a cabo las comparaciones; si lo hace en la misma base, verá que las diferencias se mantienen de carácter más bien –por así decirlo- paralelos en el tiempo, con diferencias... pequeñas diferencias, ¿eh?; pero, en el momento en que usted también cambia de base, porque el cambio de base significa datos más fiables en el tiempo en cuanto que están más cercanos, esas diferencias se van a ir abriendo en el abanico. Por tanto, los datos y la contabilidad que hace uno y otro le diré que ambas son correctas, ¿eh?, no hay ningún problema, porque lo que está utilizando son metodologías diferentes. Y así lo reconoce el INE en su propia página web cuando hace referencia a la metodología utilizada.

Es cierto que esa metodología de carácter indirecto que utiliza tiene, por así decirlo, unas ciertas críticas en lo que es en el ámbito del Sistema Europeo de Cuentas, pues el SEC, en las distintas normas de funcionamiento, exige, en la medida de lo posible, que se utilicen métodos agregados, y no indiciarios o de reparto, a la hora de calcular la contabilidad regional. Eso es un aspecto que está ahí, y con eso tenemos que vivir.

En segundo lugar, cuando hace referencia a lo que crece el PIB -deja de crecer el PIB-, me lo está tomando en precios corrientes. Los precios corrientes no indican más que una situación posible del mercado y, teniendo en cuenta cómo viene, es un reparto, en el caso de la contabilidad elaborada por el INE, a efectos regionales, que no indica lo que crece la economía, porque para eso se utilizan los volúmenes; es una corrección que se hace de eso a precios constantes, tomando como referencia inicial el año base en que nos encontremos. Si usted analiza los datos en contabilidad en base dos mil, tanto que hace el INE como la que hizo o la ha venido haciendo la contabilidad... la Dirección General de Presupuestos y Estadística, verá que esas diferencias apenas existen, tanto en valor como en volumen. O sea, utilizamos la misma base y, por tanto, las cifras se parecen, pero nunca pueden coincidir, porque, si coincidieran, alguien estaría mintiendo. Y eso lo puede contrastar con cualquier profesor universitario dedicado a estos temas, o directamente consultarlo con el INE, con la subdirectora, por ejemplo, de Cuentas Regionales. O sea, eso es un tema que venimos... porque hay algunas cosas que nos sorprenden cuando el INE publica unos datos, y las constantes correcciones que nos hacen, y la única explicación es que ellos utilizan unos indicadores indiciarios de una posible actividad, en la cual, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido el país, entienden, con las estadísticas de carácter coyuntural inicialmente, y al cabo de cuatro años con las estructurales, en qué posición habría quedado esa región si se hubiera producido en la forma en que su modelo tiene, y nos darían esos datos.

De esos datos, que están en volumen, se transforman, a través de las encuestas estructurales que recogen los índices de precios, y se determina un valor; un valor que es el que usted hace referencia, que, en base... usando la misma base, hay pequeñas diferencias, pero en bases distintas se van, pues, como efectivamente ha dicho, 7 u 8.000 millones de diferencia entre unos datos y otros. Pero el valor no es significativo, por así decirlo –y perdone que le haga la comparación, ¿eh?-, a la hora de determinar cuánto es la economía. El valor solo tiene su trascendencia si yo voy a vender algo, y pienso que la economía no la vamos a vender. O sea, no vale, y no sirve para nada, realmente, el que yo vaya y diga ¿cuánto tengo? Ah, pues tengo 58.000 millones, tengo 61.000 millones; bien, eso es un valor; realmente, para mí, eso no vale. La contabilidad, los datos que se dan en contabilidad, lo que indican son tendencias, y las tendencias es si crece o no crece, no "vale o no vale". O sea, eso es un elemento a la hora de analizar los datos en contabilidad.

La Junta de Castilla y León, efectivamente, pues, a lo largo del año dos mil quince, ha venido trabajando en el cambio de base. El cambio de base viene obligado por dos aspectos: uno, por la propia Unión Europea, que nos obliga a aplicar los criterios de la SEC 2010; el resto de las bases del Estado en dos mil-dos mil ocho se aplican mediante criterios de SEC 95. Esto ha supuesto, en relación con las tablas que han de elaborarse para llevar a cabo esa contabilidad, que dispongamos actualmente en los datos, en las tablas de origen y destino, de cerca a 82 ramas de actividad, desglosadas en 104 productos -anteriormente llegaban a 60-. Estos datos son los que nos permiten, con las encuestas estructurales, y que se irán construyendo poco a poco, determinar esos valores y el peso, el peso que tiene cada sector en la economía. Y es que actualmente, y no en el año dos mil, o el dos mil ocho -como es la última base anterior a la de dos mil diez que hizo el Estado-, disponemos de datos más fiables, de datos más exactos y mejores técnicas estadísticas y análisis para llevar a cabo la cuantificación de una estimación de un posible valor y del peso de los distintos sectores, en grandes ramas de actividad, que conforman nuestra economía. Eso es lo que se ha hecho.

El resultado de si son 57, 61 o 54, para mí, es lo de menos. Lo que me importa es cuál es la tendencia que me está marcando; y le digo que lo más real es la que se analiza en términos de volumen, que es de la que hablamos cuando cada tres meses presentamos la contabilidad, y es la que presenta el INE; no habla de los porcentajes del valor, porque el valor, ya le digo, es... solamente tiene su trascendencia cuando yo vaya a vender algo; es esa lo que me indica y es... eso es lo que hay. Si nosotros analizamos los cambios de base que ha operado, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el año dos mil diez, que es el año en el que el INE tiene datos de la región en términos de base dos mil, base dos mil ocho y base dos mil diez, tenemos un arco de 3.000 millones de diferencia entre unos datos y otros. El Estado también hizo esos cambios de bases en el año dos mil diez, y así, mientras que en base dos mil el Estado, según ellos, valía 1.062... o sea, 1.062.000.000.000 de euros, en cambio, de base dos mil ocho, supuso una reducción de 17.000 millones de euros; pero posteriormente cambia de base y dice que lo que había bajado 17.000 ahora le sumo 35.000 millones, y nadie se plantea, ¿eh?, o se escandaliza de que eso ocurra, porque estamos realmente hablando de sistemas distintos a la hora de calcular, en cuanto a metodología y también de bases, que son las tablas de origen y destino, base de la contabilidad, en todas las regiones y en el propio INE, porque son... la misma metodología que el INE utiliza para la contabilidad nacional la usamos nosotros para la contabilidad regional; lo que cambia es la metodología del cálculo de la contabilidad regional del INE a efectos de determinar, de hacer un reparto para todas las Comunidades. La única trascendencia realmente, le digo, que tiene ese valor es la asignación a efectos del objetivo de deuda y el objetivo de déficit que pueda tener, y eso es un aspecto que ha ganado protagonismo en los últimos años, que anteriormente no lo tenía. Y no lo tiene, ya le digo, para el resto de la economía; el resto de la economía se mueve por indicadores.

Comentaba, y vamos... que era necesario publicar la base desde... en base dos mil diez, desde el año dos mil diez. Está publicada. Si usted acude a la página de la web, la web de la Junta, de estadística, verá que están las tablas de entrada-salida, de entradas y empleos, correspondiente a esta nueva base -las que llaman las tablas de origen y destinos- de dos mil diez, y también la serie, desde el año dos mil diez, por todos los sectores, hasta el año dos mil quince, en base a dos mil diez, así como las que en base a dos mil hemos tenido en estos últimos años.

Volver hacia atrás, pues va a ser una cuestión de si tenemos tiempo para poder proyectar la base dos mil diez al año dos mil nueve o al año dos mil ocho. El INE no lo hace. El INE, cuando hizo el dato a base dos mil diez, pues se quedó, en el caso de Castilla y León, también a dos mil diez, no vuelve para atrás. Pero, vamos, es una cuestión de tiempo y de posibilidades de poder dedicar ese tiempo a hacer una serie histórica por detrás del año dos mil diez.

Y yo, pues mucho más no tengo que decirle. Porque, vamos, como le digo, todo... o sea, cuando se cambia de base, se cambia de valor, y, si se utilizan bases distintas y además la metodología aplicada es diferente, también los datos se distorsionan. Pero lo que debe de analizar en misma base es si las variaciones de volumen coinciden o no en el dato que estamos dando; y el dato en base dos mil diez actualmente, con los datos que publica el INE, se mantienen prácticamente con los mismos tipos. Por ejemplo, en el año dos mil once, el INE, en base dos mil diez, dice que la economía regional bajó un 0,7 %; nosotros, en base dos mil diez, decimos que ha bajado un 0,6. La diferencia puede estar en la forma de calcular de reparto, y la nuestra de adición. En el año dos mil doce, nos dice que bajamos el 3,6, nosotros decimos que bajamos el 3,4. Son diferencias totalmente admisibles, teniendo en cuenta la diferencia metodológica aplicada en un caso y en otro. Y si llegamos, por ejemplo, al año dos mil quince, el INE nos dice un 2,9, y nosotros nos resulta en base un 3.

En valores se mantienen también diferencias, efectivamente. Pero diferencias que obedecen, fundamentalmente, al esquema metodológico utilizado por el INE. Si eso se mantiene, como ocurre, paralelo en el tiempo, las diferencias entre el INE y nosotros, significa que estamos acertados y que esas tales diferencias obedecen a la diferencia metodológica aplicada. El problema... y efectivamente puede dar lugar, pues como parece a ustedes, a alarma, de que cada vez sean más divergentes; pero esa mayor divergencia obedece, como le digo, directamente a un tema de diferente base, aparte de metodológico. Y, en principio -creo que me he pasado-, nada más.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Baeta. En turno de réplica, tiene la palabra el señor Izquierdo, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Bueno, yo creo que usted no me ha respondido a alguna de las preguntas que yo le formulaba, y creo que son importantes para poner de manifiesto las divergencias. Nosotros sí que creemos que hay divergencias. Yo le hacía alusión, y usted ha finalizado parte de su intervención con esa mención, a las divergencias crecientes que ha habido entre los valores calculados por el INE y calculados por la Comunidad Autónoma. Y, es más, fíjese, yo tengo la ligera impresión de que, desde que estamos dando la tabarra con este tema de las divergencias, pues parece que últimamente hay una tendencia a converger entre los cálculos, especialmente después de la publicación de los valores del año dos mil diez.

Con lo cual, creo que algo... de algo está sirviendo nuestra actuación en este punto, en la medida que parece que la estadística de la Junta y la del INE pueden empezar a asimilarse. Yo admito, evidentemente, que puede haber algunas diferencias, dentro de un orden, razonables, que pueden responder a algunos... a algunos cambios metodológicos, pero hay cuestiones que están en las tablas que no se explican con esos mínimos cambios metodológicos, porque -yo le he hecho... le he hecho alguna... alguna mención- usted hablaba de que no era un problema de precios, sino de volúmenes también, de agregación de volúmenes a la hora de llevar a cabo el cálculo. Entonces, no me ha explicado por qué hay esa caída tan bárbara del cálculo del valor añadido bruto en el sector primario, en agricultura, silvicultura y ganadería; porque, de verdad, ya vamos a poner cambio de base, cambio de precios, más cambio de volúmenes, ¿cómo es posible que se haya caído un 33 % el valor del sector agrario en el momento del cambio de base? Si los volúmenes entiendo que son similares, salvo que hayan ahí... no sé, aparecido o desaparecido volúmenes enormes, ingentes, pues ¿cómo se explica una caída del 33 % del valor añadido bruto en el sector primario por un mero cambio de base? O precios o volúmenes, o las dos cosas conjugadas, sigue siendo alarmante la caída del 33 % por un mero cambio de base en el cálculo estadístico. Eso... a eso no me ha respondido.

Y claro, todavía me sorprende más que haya una variación en el PIB por el cambio de base, en el conjunto del PIB, que hemos pasado... en el catorce, base 2000, 61.754 millones, a 56.000 -estamos hablando de una caída de más de 15.000 millones de euros-, y, sin embargo, los impuestos netos se dupliquen. ¿Cómo es posible que con menos PIB se recaude el doble de impuestos? Es difícilmente explicable. Eso es difícilmente explicable.

Y, por tanto, estas son las cuestiones -de estas tablas que ustedes publican- mollares, que no están respondidas en su... en su intervención, y que creo que usted tendría que aclarar, porque está claro que las cuentas... desde luego, desde una lógica esencial, mínima, parece, ¿no?: menos PIB, que genere el doble de impuestos es extraño, ¿no?, es extraño, eso es difícil de explicar. Los datos están ahí. Ustedes decían, en base 2000, que recaudaban en el catorce y el quince 2.700 y 2.800, y ahora, con base 2010, nos dicen que recaudan casi 2.500 y casi 2.700. Es el doble de recaudación, impuestos... impuestos netos sobre los productos. Con una merma del PIB, que estamos hablando del orden de... de 8.000 millones de euros de caída del PIB; o 5.000, porque luego –como le digo- van convergiendo, ya empiezan a converger con los cálculos que hace el INE.

Por tanto, estas cuestiones a mí me da la sensación de que hay unas disfunciones que ustedes no son capaces de explicar. Yo creo que tiene que haber problemas de metodología importantes, y espero que solo sea eso; espero que no sea una intención de maquillar la contabilidad regional por parte de la Junta de Castilla y León, porque eso sería más grave todavía. Podemos entrar en un debate técnico o podemos entrar en un debate político, que era la pregunta -cuál era la valoración política que hacían ustedes respecto al cambio de bases-, a la vista de estos datos y a la vista de esas dos comparaciones que yo le hago: caída del 33 % del PIB del sector primario y duplicidad de los impuestos, el doble de impuestos, con una merma, pues que estará del orden de... de más del 10 % de caída del valor total del PIB. ¿Cómo se explican esas dos cosas, un 10 % menos de PIB... más de un 10 % menos de PIB y el doble de recaudación? ¿Y cómo se explica que por el cambio de base haya una caída tan drástica, del 33 %, en el valor del... añadido bruto del sector primario? Yo creo que eso no se explica fácilmente con volúmenes, salvo que nos digan que estaban estimando que había unos volúmenes mucho más grandes en la producción agraria, y que ahora hayan detectado, cinco años después, que los volúmenes eran muy inferiores, manteniendo los precios, o que la variación de los precios provoque esa caída del 33 % por el cambio de base; o la conjunción de las dos. Pero, en todo caso, el dato del 33 % es muy importante.

Yo creo que estas cuestiones no están aclaradas. Insisto, espero que sean problemas metodológicos, que no sea una cuestión de maquillaje de las cuentas, porque yo creo que eso tendría trascendencia en la imagen de marca -que... que ustedes hablan muchas veces de ese concepto- de la Comunidad Autónoma como un lugar donde las cosas se hacen con un rigor y con una seriedad mínima, y que, por tanto, los inversores que quieran aquí dejar sus dineros y... y promover nuevos negocios, pues piensen que su Comunidad Autónoma hace cálculos estadísticos razonables, lógicos y coherentes en el tiempo, que es lo que a mí esto no me da la impresión. Yo aquí no veo coherencia en el tiempo.

Cuando el INE cambió de base –con esto concluyo-, cuando el INE cambió de base 2000 a base 2010, si usted retrotrae toda la serie, verá que las variaciones del PIB están todos los años, por el cambio de base, en torno al 2 y al 3 %, y eso claro que es admisible. Lo que no es admisible son que los cambios de base pasen un año de ser el 0,5 a ser el 9 % al cabo de cinco años. Eso es difícilmente explicable. La serie del INE es clarísima: el cambio de base 2000 a 2010 supone unas variaciones de en torno al 2 y al 3 %. Su cambio de base produce alteraciones muy significativas en la contabilidad regional. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. Tiene la palabra el señor director general de Presupuestos y Estadísticas.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA (SEÑOR BAETA CANALES):

Vamos a ver, el... el cambio de base siempre supone cambios; cambios de valor, que serán más acusados cuanto más alejado esté el año de referencia al cual se había tomado el dato inicial. De manera que si... en el año... –pues en el cambio, como dice, de base- en el año catorce, en el año quince, estamos usando, o estamos utilizando, una referencia del año 2000; en cambio, con el cambio de base 2010, la referencia es 2010. O sea, tenemos, por así decirlo, unos datos... porque, también le digo, una de las recomendaciones que se hace es que habría que cambiar de base cada cinco años para evitar que estas distorsiones quedaran patentes en el tiempo. Y, ya le digo, o sea, cuando se hace la contabilidad, se aplica la misma metodología en un caso y en otro. El problema es que en el año quince -quince años después- los datos que sirven de base... porque cuando se hace la contabilidad se lleva un dato en base y luego se aplican índices sobre valor e índices de cantidad, teniendo en cuenta los datos coyunturales o estructurales –si se dispone en ese momento- de quince años después, para volverlos a aplicar sobre el año base. El año base dio una estructura, en el año dos mil, con un peso determinado del sector primario y otros pesos distintos del sector industrial. Esos pesos no son los mismos, ¿eh?, no son los mismos, no, no... [murmullos] ... el...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Izquierdo, no está usted en el uso de la palabra.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA (SEÑOR BAETA CANALES):

... el peso de este sector, en el caso del sector primario, ¿eh?, por ejemplo, en el año... -un momento, que se lo... bueno, pues no, no se lo he traído- Pero vamos, si... puedo tomar los datos de la propia contabilidad nacional, la que otorga a esta... a este sector el INE en nuestra región. El cambio de base en el INE supone, por ejemplo el del año dos mil ocho, porque no tengo la de base 2000... bueno, la de base 2000 del año 2010 pasa de pesar un 6 % a pesar un 4,7 %, ¿eh? El hecho de cambio de base determina una pérdida de peso, de valor, ¿eh?, y de peso de importancia y trascendencia del sector primario en lo que es el conjunto de las cuentas económicas de esta región, y así lo pone el INE.

O sea, nos encontramos que los cambios de base, efectivamente, suponen esos cambios, porque la referencia es distinta. Que me dice que ha bajado de... en el caso de la agricultura, de 2.700 a 1.900 millones. Bien, pero es que, si usted quiere, empezamos a maquillar, pero yo lo que he aplicado son las encuestas estructurales de las que disponemos en el año dos mil diez, que otorgan al sector primario de esta Comunidad ese valor. Yo no voy a coger y a modificar esas encuestas para que me salga un valor más cercano o menor, dependiendo las supuestas intenciones que usted cree que tiene la Junta en la elaboración de la contabilidad, ¿no? Es... es así. O sea, lo damos claro y transparente. Y esas tablas a las que le hago referencia están también colgadas y los puede verificar, y puede ver cuáles son los valores, y no tengo ningún problema en explicarle cómo se elabora la propia contabilidad y el por qué existen unos datos, y cada vez que salgan esos datos publicados del INE, por qué a nosotros... y hay muchas aspectos que nos llamaron la atención, sobre todo en el año once y en el año doce, donde el INE empezó dándonos crecimientos del 0,9 %, para bajar luego, que habíamos perdido un 0,3, y volver a recuperar el 0,3 y dejarnos en el 0,2. Porque el INE, al final, con independencia de que la metodología utilizada sea la misma que la nuestra en el cálculo de la contabilidad nacional, luego sí que tiene que hacer ajustes, y en esos ajustes se producen desviaciones. Pero, como le digo, o sea, yo no manejo en ningún caso ni tergiverso los datos que me ofrecen aquellas estadísticas estructurales que me sirven de base en el cálculo de la contabilidad.

¿Por qué ha bajado? Pues mire, es que la estructura productiva de esta región ha determinado cambios de pesos diferentes en el año dos mil diez respecto del año dos mil, y le otorga mayor valor a la industria, con pérdida de peso de la agricultura. Pero yo no voy a entrar. O sea, le puedo dar las tablas. Usted intentará buscar las explicaciones y verá que le dará los mismos resultados que nos está dando. Entonces, una valoración política cuando el Estado cambió de base, y los ha hecho en varias ocasiones, nadie se ha planteado qué valoración política tiene el que en un momento determinado su PIB valga 35.000 millones más. Nadie. O sea, todo el mundo que maneja información de este tipo sabe lo que significa las cuentas del sector público. No hablen de valor, se habla de tendencias. Y lo puede usted preguntar a cualquiera, en CEPREDE o cualquier profesor universitario que se dedique a estos datos estadísticos relacionados con la contabilidad. Lo que se busca son tendencias. Y lo único que salen en términos de valor es una estimación de lo que pueda valer, a efectos de poder hacer comparaciones, en el global, en este caso con España, y en global con la Unión Europea, a la cual se remite esta información. Pero, vamos, no tengo más precisión que darle, ¿eh?

Y hablaba y hacía referencia al tema de los impuestos. Pues vuelvo a lo mismo: los datos que nos da o nos ofrece la propia Agencia Tributaria determina que en esta región, no sé, en este... en este caso dónde está, que el importe de los impuestos que han gravado la producción es mayor del que teníamos en las tablas del año dos mil, que es de donde sale la diferencia. La diferencia ahora entre los datos de la contabilidad en base dos mil diez del INE y los nuestros en materia de impuestos es bastante similar también.

Por tanto, nos encontramos que, con diferencias de bases, los resultados van a ser diferentes, pero... o sea, lo único, desde mi punto de vista de valoración política, podría preguntarme que por qué la Junta ha tardado quince años en hacer el cambio de base. Bueno, pues, en primer lugar, porque no ha habido tiempo y no ha habido recursos para destinar a llevar a cabo las encuestas estructurales que se precisan, porque una de las informaciones importantes son todas las encuestas sobre los consumos intermedios; y así... y actualmente estamos trabajando, ¿eh?, estamos trabajando para ver si es posible hacer un cambio de base a dos mil quince, que se producirá en el dieciocho o en el diecinueve, cuando sea posible; pero hay que trabajar ya, desde ahora, desde el mismo momento, para hacer esos cambios de bases y posibilitar dar una información lo más cercana posible de lo que es la realidad, la realidad, para ser en términos comparables con las que hagan el resto de las regiones y las que haga el Estado.

Con relación... en las relaciones con el INE, venimos reclamando en todos los foros en los que participan las Comunidades Autónomas de que se permita llevar a cabo la realización de la contabilidad conforme a la misma metodología que venimos utilizando para, mediante agregados, llevar a cabo la contabilidad del Estado, que es lo que hace realmente el Estado, los INE, institutos de todos los países de la Unión Europea, cuando se le entregan y se dan los datos de contabilidad a nivel de la Unión Europea, se agregan los de cada uno. Sin embargo, en este caso, en España, no se hace ninguna agregación, sino se hace el reparto de un cálculo que ha hecho. De ahí siempre va a surgir diferencias. Y entendemos que en algún momento nos tendrán que reconocer que es mucho más fácil, porque así lo hace el Sistema Europeo de Cuentas, que nos reconozcan la posibilidad de llevar a cabo nuestros datos mediante forma agregada, que el INE no lo hace más que a nivel nacional, no a nivel regional. Y ahí es donde tenemos las cuentas, y ahí es donde tenemos esa información.

¿Y más contestación? Pues podemos eternizarnos aquí, como venimos eternizándonos en las diferencias, entre si hay 61.000, si vale 54.000, pero es que no tiene más contestación que una contestación técnica, que, si usted acude a las tablas de origen y destinos, tendrá la referencia que corresponde a por qué existen las mismas; y no tiene más explicación. Ya sé que a usted le va a parecer poco, porque me habla del índice de precios, pero las estadísticas, en términos de volumen, están calculadas también con el correspondiente índice de precios de las encuestas estructurales, y es el resultado. O sea, es el resultado de la aplicación, con la misma metodología que tiene el INE, puestas a nivel de los agregados que tiene esta región. No le puedo contestar ya más.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor director. Pasamos al cuarto punto del orden del día.

POC/000172

Pregunta para su respuesta Oral ante la Comisión, POC 172, formulada a la Junta de Castilla y León por los procuradores don José Ignacio Martín Benito, doña Ana Sánchez Hernández, doña Virginia Barcones Sanz, don Ángel Hernández Martínez y don José Javier Izquierdo Roncero, relativa a la valoración de la Junta del reparto del Fondo de Compensación Interterritorial y previsiones de cambio de los criterios de reparto, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 175, de veintitrés de septiembre de dos mil seis... dos mil dieciséis, perdón.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra la señora Barcones, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

Gracias, presidenta. Gracias, director general de Presupuestos, por venir esta mañana para que hablemos del Fondo de Compensación Interterritorial y formularle una serie de preguntas, teniendo como premisa que el Artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones y la solidaridad entre todas ellas.

Abundando más, y así mismo, el Artículo 158.2 de la Constitución establece que, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. Y para hacer efectivo este principio de solidaridad, la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, recoge los principios generales de este fondo de compensación, que así se plasman mediante la Ley 22/2001.

Le he hecho todo este relato jurídico para ver y analizar una completa regulación estatal sobre la distribución del fondo, que cae en el abismo jurídico de objetividad cuando los fondos llegan a la Comunidad Autónoma, porque, si analizamos esta legislación estatal, en cuanto al ámbito territorial del fondo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año especifica qué Comunidades Autónomas serán beneficiarias del fondo, atendiendo a su menor desarrollo. Y el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario, incorporado posteriormente a la legislación, se destinan a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados que promuevan directa o indirectamente la creación de renta riqueza en el territorio beneficiario.

En cuanto a los criterios de reparto del fondo -con los cuales nosotros nos manifestamos absolutamente en desacuerdo, pero, en cualquier caso, criterios objetivos de reparto-, el Fondo de Compensación se reparte de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 22/2001, reguladora de los Fondos de Compensación, y se efectúa conforme a la ponderación de una serie de criterios, como son la población, el saldo migratorio, el paro, la superficie de cada territorio, la dispersión de la población en el territorio, y, una vez efectuado el reparto del Fondo de Compensación con los criterios y ponderaciones establecidas en la ley, el resultado obtenido se corrige en función de la inversa de la renta por habitante en cada territorio del hecho insular. Es decir, objetivamente establecidos criterios y fórmulas del reparto entre las distintas Comunidades Autónomas beneficiarias del mismo.

Una de las preguntas que en esta mañana le queremos formular es qué valoración hace la Junta de Castilla y León del reparto del Fondo de Compensación Interterritorial. Pero queremos avanzar y profundizar con qué ocurre con estos fondos cuando llegan a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque desconocemos -y me gustaría que en esta mañana me pudiera aclarar- los criterios objetivos, cuantificables de forma automática, por los que la Junta de Castilla y León procede al reparto entre las distintas provincias y territorios de nuestra Comunidad Autónoma. Porque los distintos informes que elabora el Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre la fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial en los últimos años pone de manifiesto una desigualdad en alguna de las provincias de nuestra Comunidad, existiendo diferencias en los porcentajes de asignación que no concuerdan con el espíritu de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad que está previsto en los Fondos de Compensación Interterritorial; porque no nos encaja que las provincias con menores índices de desarrollo económico, con más desigualdad, con más carencias, con más necesidades y con gravísimos problemas de despoblación reciban porcentualmente cantidades ínfimas en comparación con el total.

Me gustaría que me explicara cómo es posible que la provincia de Soria, con gravísimas carencias conocidas y reconocidas, la provincia más despoblada de toda España, puede recibir en el periodo dos mil nueve-dos mil trece tan solo el 2,79 % del total de fondos asignados. Pero, si... si nos adentramos en los datos y en los informes del Consejo de Cuentas, vemos con estupor como en ejercicios como el dos mil diez recibe tan solo el 0,31 %; y, sin irnos tan lejos, en el ejercicio dos mil trece, tan solo el 0,99 %; o provincias, como la de Zamora, con similares características, puede recibir el 6,99 % frente al 17,37 % de otras provincias. Es decir, tenemos unos saltos porcentuales en cuanto al reparto de fondos hasta de un 17 % entre provincias. Que, además, casualmente, vemos cómo provincias más desarrolladas, con menos necesidades y carencias, reciben mayores porcentajes frente a provincias que claramente tienen necesidades y están en situaciones, si hablamos de población, de auténtica emergencia.

Nos gustaría saber qué criterios objetivos están utilizando a la hora de repartir los fondos para que esto se produzca, para que los hechos que le acabo de poner de manifiesto, y estos porcentajes, sean así. Porque es necesario dar transparencia al procedimiento de selección de los proyectos con cargo a este fondo y al reparto por provincias.

Y, si nos vamos a la filosofía del procedimiento de gestión del fondo, también nos surgen evidentes dudas de si la filosofía del propio fondo se está llevando a cabo, porque, en cuanto a la concertación en el procedimiento de gestión, el fondo obliga a que el Estado, con las Comunidades Autónomas, seleccionen los proyectos en el seno del Comité de Inversiones Públicas, pero luego la Junta de Castilla y León, de forma unilateral y sin conocer los criterios objetivos, es quien está haciendo la adjudicación y reparto de dichos fondos.

También en cuanto a la búsqueda de la cooperación entre la Administración autonómica y local que el propio fondo propugna, dado que pueden ser gestoras y ejecutoras del mismo las entidades locales, recibiendo transferencias por este concepto, nos gustaría saber en qué nivel de vinculación y de ejecución las entidades locales están formando parte de la ejecución que la normativa estatal del fondo tiene previsto.

Así mismo, dentro del procedimiento de gestión y de la filosofía del fondo está un procedimiento eficaz, una eficacia que, si bien la podemos remitir a acompasar las transferencias de recursos desde la Administración general del Estado al ritmo de ejecución de los proyectos, nosotros creemos que también tenemos que hablar de eficacia en la obtención de lo que perseguimos con este tipo de fondos, porque al final vemos que las desigualdades no solo es que persistan, sino que además se están incrementando y se están acentuando, y los problemas de algunas provincias, que no han sido y no están siendo atajados, cada día son mayores.

Igualmente, respecto a la transparencia y el control que el fondo y la filosofía del fondo propugna, nosotros creemos que no hay la debida transparencia en la selección de proyectos y en la distribución porcentual de las cantidades asignadas.

También me gustaría que me pudiera explicar, respecto al destino de los recursos del fondo, por qué Castilla y León, en lo que respecta al desarrollo empresarial, en la senda dos mil-dos mil trece, no ha asignado ningún tipo de recursos al desarrollo empresarial, cuando es una de nuestras principales necesidades y uno de los puntos donde consideramos que deberíamos de estar incidiendo, así como otros sectores, bueno, donde podríamos hablar: en vivienda (un 0 %), en cultura y en turismo. Pero especialmente me gustaría que me explicara por qué no se ha destinado ningún fondo, ningún tipo de asignación presupuestaria, a proyectos de desarrollo empresarial con cargo al fondo.

Por lo tanto, son muchas las preguntas que en esta mañana tenemos, que le concreto en esa valoración que me gustaría que hiciera del reparto del Fondo de Compensación Interterritorial; me gustaría que me dijera el parecer de la Junta de Castilla y León de la distribución del fondo, si contribuye a compensar los desequilibrios territoriales entre las provincias de la Comunidad; y me gustaría que me dijera si tiene prevista la Junta de Castilla y León modificar los criterios en el reparto de los Fondos de Compensación Interterritorial para dar prioridad a las provincias con menor nivel de desarrollo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias, señora Barcones. Tiene la palabra, para responder por parte de la Junta de Castilla y León, el director general de Presupuestos y Estadísticas.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA (SEÑOR BAETA CANALES):

Gracias, presidenta. Buenos días, señora Barcones. Pienso, y perdóneme, pero creo que usted está en un error de que la Junta debe de repartir el FCI entre las provincias; y eso, pues no sé, me recuerda a lo que hace unos años ya la consejera de Economía y Hacienda señaló que es volver a los de la boina, ¿eh? O sea, el FCI, como tal, lo reparten las Cortes Generales, y lo reparte conforme a los criterios que determinó la Ley Orgánica 8 del año mil novecientos ochenta (la LOFCA). Y, además, esos constituyen, por así decirlo, unos recursos ordinarios de las Comunidades Autónomas dentro de su esquema de financiación, es decir, son los recursos de los Gobiernos regionales.

Ya en el cambio de modelo del sistema de financiación, en el año dos mil nueve, ¿eh?, se solicitó del Gobierno -creo que era Socialista- de que se modificara la regulación del Fondo de Compensación Interterritorial, porque entendíamos que no cubría o no corregía esos desequilibrios a los que iba dirigido. Sin embargo, no se modificó y seguimos con él, y también, en este caso con un Gobierno del Partido Popular, dentro del debate de lo que es el sistema de financiación.

El FCI se reparte entre todas las regiones como recursos propios, tomando como referencia qué regiones estaban como Objetivo Uno en el año mil novecientos noventa, ¿eh?, es decir, solamente a las regiones que tuvieron un PIB por debajo del 75 %. Y conforme a esos criterios, y, si da diferencias -como veíamos antes- en el ámbito de la contabilidad usar una base dos mil o una base dos mil diez, dígame usted si las estructuras o los datos definidos y los criterios en el año mil novecientos noventa nos pueden servir para corregir los desequilibrios en el año dos mil dieciséis. Yo entiendo que no, y eso es una de las cuestiones pendientes y que desde las regiones, no solo de Castilla y León, se ha venido reclamando en el sistema de financiación, porque forma parte, y así lo dice la ley, de lo que son los recursos de la política regional que desarrolla el Estado hacia las regiones. Eso, en primer lugar.

Por tanto, y teniendo en cuenta esas circunstancias y tomando en consideración -que el Artículo 4 de la LOFCA lo decide- que es un ingreso propio de la Comunidad, es la Comunidad la que luego, posteriormente, hace reparto; y, como le digo, el tema de la boina se ha abandonado, ¿eh?, y lo que se hace es repartirlo entre aquellos proyectos o políticas de gasto que, dentro de lo que en el Comité de Inversiones Públicas se establece, pudieran ser... entendemos que son ejecutables dentro de la Comunidad. Y así se han adoptado -generalmente, y le digo en grandes grupos-: en los programas de carreteras, en este periodo al que usted alude desde dos mil nueve a dos mil trece, es el 31,7 %; se dotaron las infraestructuras agrarias, fundamentalmente en materia de regadíos, el 28 %; en las de carácter sanitario, el 16,8 %; en las de carácter educativo, el 18,8; y, durante unos primeros ejercicios desde el año dos mil nueve, también en saneamiento de aguas, con el 4,74 %.

Estos son los grandes proyectos y los proyectos que se comunican, y así se publican, porque el Estado, o la Administración, en el Comité de Inversiones Públicas, los debe de publicar en la sección creo que es la 33 de los Presupuestos Generales del Estado, y ahí es como figuran. Y figuran, o sea, no identificados (si voy a hacer el regadío del Canal Alto de Payuelos, o voy a hacer tal colegio), son los grandes proyectos. Y ese es el acuerdo que en el seno del Comité de Inversiones Públicas se lleva a cabo.

Fuera de eso, no hay ningún otro... ninguna otra distribución, porque, vamos a ver, lo mismo que no distribuimos ni las entregas a cuenta entre las provincias, ¿eh?, no distribuimos ni el Fondo de Asistencia Sanitaria, no se distribuye los recursos FEDER, no se distribuyen el Fondo Social o los recursos que vengan en materia de empleo, no hay una distribución previa de provincias. Los recursos lo que se hacen es utilizarlos en la mejor manera posible para cubrir las necesidades de nuestros ciudadanos.

Y lo que corrige los desequilibrios no es un fondo determinado -en este caso el FCI, que ya le digo que es objeto de crítica desde las distintas Comunidades Autónomas-, sino que lo que corrigen esos desviaciones o desequilibrios lo es desde el Presupuesto, es el Presupuesto de la Junta. Y, en este sentido, porque no quiero que cree en su imaginario de que, bueno, pues Zamora recibe 7.000.000, o Soria... no, al revés, Soria 7.000.000 y Zamora 17, a lo largo de este periodo, el Capítulo 6 ejecutado, es decir, obligado, en la provincia de Soria ascendió a 200,8 millones de euros; en Zamora ascendió a 282,4 millones de euros –usted puede ir... directamente, cuando rendimos las cuentas, están obligados directamente-. Es decir, en esas provincias se ha invertido esos recursos. ¿Pocos? Pues no sé, eran los que teníamos disponibles para atender, de manera equilibrada, las necesidades de este territorio, que ya le recuerdo que son muy amplias.

Si nos atenemos a los recursos que eran susceptibles y que se han financiado con el Fondo de Compensación Interterritorial, ¿eh?, que fueron 245 millones, solo entre esas dos provincias se ejecutaron en esos proyectos más de esos 245 millones; fueron prácticamente en torno a los 250 millones. Y si nos... bajamos a un nivel de análisis más bajo, es decir, atendiendo a los grandes proyectos, como infraestructuras sanitarias, entre las dos provincias absorbieron el 170 % del importe que se destinó, a través del FCI, a cubrir infraestructuras sanitarias: en el caso de las carreteras, el 130 %; en el caso de saneamiento de aguas, el 113 %; ya no por encima del 100 en el caso de las infraestructuras educativas, que absorberían el 60 %, y las infraestructuras agrarias en el 56 %.

Por tanto, entiendo, con independencia de que podamos compartir que el FCI, en los términos en que está actualmente regulado, puede que no corrija los desequilibrios regionales -no de las de la provincia, ¿eh?, que le recuerdo que son recursos de la Comunidad Autónoma-, no es que ese sea el único recurso que tengamos para atajar esos desequilibrios que usted considera, sino que es el Presupuesto, y el Presupuesto con todos los fondos que tiene. Y ya le digo, eso es una muestra solamente de la ejecución del Capítulo 6, donde una parte estaba ejecutada con fondos del FCI, una parte pequeña; en total, fueron 3.694 millones ejecutados en ese periodo, de los cuales 250 eran FCI.

Ya le digo, ¿criterios? O sea, no ha habido criterios, se utiliza de la mejor forma posible, de la forma en que permita aprovechar estos recursos y permitan el desarrollo económico que, a su vez, nos permita prestar unos servicios de calidad en todos los ciudadanos y a todos en todos los rincones de esta Comunidad. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor director. En turno de réplica, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Barcones.

LA SEÑORA BARCONES SANZ:

Muchas gracias, presidenta. Yo creo que existe una cierta contradicción en lo que usted me dice, porque, por una parte, me dice que los proyectos los reparten las Cortes Generales y que luego son recursos ordinarios de la Comunidad Autónoma. Y a mí me gustaría aclarar que el Artículo 7 de la ley que regula el fondo dice claramente: "El destino de los recursos de los fondos a los distintos proyectos de inversión se efectuará de común acuerdo entre la Administración general del Estado, la Comunidad Autónoma y... bueno, y ciudades con Estatuto de Autonomía, en el seno del Comité de Inversiones Públicas". Es decir, los proyectos que van en los Presupuestos Generales del Estado que reparten las Cortes han sido previamente consensuados en el Comité de Inversiones Públicas con la Junta de Castilla y León. Es decir, es la Junta de Castilla y León quien decide qué inversiones se realizan con cargo a este fondo en nuestra Comunidad Autónoma. Y yo creo que hay que intentar no confundir.

A mí me gustaría, claro, sentar una premisa respecto a la política de la Junta de Castilla y León. Usted me dice que este fondo no sirve para corregir los desequilibrios dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Creo que eso que ha dicho vulnera completamente la filosofía del fondo, que está pensado para generar solidaridad entre Comunidades Autónomas y entre territorios. Presupongo que esa solidaridad también la queremos dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Pero yo le pregunto: ¿dónde está la cohesión territorial, social, económica y demográfica en esta Comunidad Autónoma por parte de la Junta de Castilla y León? Porque resulta que los fondos que provienen del Estado para corregir desigualdades, la Junta de Castilla y León, como son recursos ordinarios, los emplea donde considera más conveniente; pero luego, los fondos propios, que tiene obligación, en el Estatuto de Autonomía, de poner en marcha, tampoco los pone en marcha. Es decir, que, ni con los fondos del Estado ni con fondos propios de la Comunidad Autónoma, en Castilla y León se está haciendo absolutamente nada para corregir las desigualdades económicas, sociales, territoriales y demográficas que hay en la misma -y esto tiene que quedar claro-, y se está vulnerando la propia filosofía del Fondo de Compensación Interterritorial. Porque en el Estado, dentro de ese principio de solidaridad, se reparten fondos para ese reparto Estado-Comunidades Autónomas, para corregir desequilibrios.

Claro, usted me pretende justificar que, como son recursos ordinarios, por encima del presupuesto del total del fondo, se invierte en cada una de las provincias. Oiga, claro, es que, frente a un Presupuesto de la Comunidad Autónoma de casi 10.000 millones de euros, aquí estamos hablando de una cantidad muy por debajo. Pero es que al final es injustificable, es injustificable que el dinero que llega para corregir desigualdades no se esté repartiendo para corregir dichas desigualdades; y es que tiene muy mala explicación que provincias como Soria o Zamora, de las más despobladas de España, las que porcentualmente siguen perdiendo más población -¿por qué se pierde población? Porque no hay desarrollo económico, por los servicios públicos, por las infraestructuras; es decir, estoy leyendo el catálogo del destino de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial-, y ha habido ejercicios en los que se ha dado por debajo del 1 %, ¿eh? Cuando estamos hablando que es fundamental el desarrollo empresarial y económico de esta Comunidad Autónoma, no se destina ni un solo euro de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial a este objeto.

Entonces, claro, si lo que pretendemos decir es que el Fondo de Compensación Interterritorial lo reparten las Cortes Generales -sí, lo reparten las Cortes Generales, a propuesta de la Junta de Castilla y León-, y renglón seguido queremos decir que son recursos ordinarios de la Junta de Castilla y León a destinarlos en los que quiera, por favor, explíqueme de qué manera en esta Comunidad Autónoma se vertebra la cohesión territorial, ¿dónde está el principio de solidaridad en esta Comunidad Autónoma? Y el reparto de estos fondos es superopaco, porque yo no he conseguido que usted me explique por qué las provincias que tienen más necesidades reciben cantidades ínfimas con objeto al fondo. Al final, esa es la cuestión fundamental: no hay transparencia en el reparto del fondo, entendiendo usted que como es... son recursos ordinarios, se destinan a donde consideran convenientes. Entonces, explíqueme dónde está el principio de solidaridad y la vertebración social, económica, demográfica, de esta Comunidad Autónoma. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora Barcones. Tiene la palabra el director general de Presupuestos y Estadísticas.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICA (SEÑOR BAETA CANALES):

Muchas gracias. Después de escuchar sus palabras, yo la verdad es que no sé si usted no entiende o no quiere entender, porque realmente le he explicado que para abordar los problemas de la Comunidad está el Presupuesto, y los recursos que recibe, que son de distinta naturaleza, se utilizan dirigidos a resolver esos problemas.

Le he dicho, y le digo... empiezo por la supuesta contradicción que usted alude que yo tengo, ¿no? Vamos a ver, los proyectos que se financian con el FCI se comunican y se aprueban en el Comité de Inversiones Públicas. Por tanto... y son ese tipo de proyectos los que se ejecutan, y no otros. Si se da cuenta, cuando se comunica al... y los que salen publicados en los Presupuestos Generales del Estado, más las certificaciones, que son posteriores, que se las habrá dado el Consejo de Cuentas o la Intervención General, coinciden exactamente, en los proyectos, los dineros que se dijeron que se iban a ejecutar y se han ejecutado.

El que estén en una provincia o no va a depender de si el tipo de proyecto al cual se dirige se puede ejecutar en ella o no, pero es que el Fondo... el Fondo de Compensación Interterritorial no es para hacer una asignación individualizada, provincia a provincia, de qué le corresponde al fondo, porque me llevaría a que el Fondo de Asistencia Sanitaria también haría una distribución de cuánto le toca de este fondo a esta provincia; y, si cogemos los fondos de empleo, dice: pues a esta provincia ¿cuánto le toca? Entonces, eso es absurdo, simplemente, es absurdo lo que usted pretende. En primer lugar eso.

Segundo, los recursos del FCI son recursos repartidos por las Cortes, de acuerdo con las distribuciones que se han hecho en el Comité de Inversiones, y forman parte de los recursos que la Comunidad tiene que utilizar en la Comunidad, en los proyectos que ha dicho que va a utilizar. Y hasta ese momento, y hasta ahora, salvo que usted no lo quiera entender, no ha habido ningún problema ni con los Tribunales de Cuentas ni el Consejo de Cuentas, en materia de si son o no esos los proyectos que son adecuados o no; eso vaya por delante. Y está correctamente ejecutado. Y, ya le digo, no son 6.000.000 en el caso de Soria, son 200 millones los que han ido dirigidos a aquello que nosotros decíamos que podía atenderse a través del FCI.

O sea, no quiera tergiversar y repartir por fonditos a ver si con este fondo llega o no llega. Vamos, le digo, simplemente, es absurdo y no tiene sentido en el ámbito actual en el que nosotros, como Gobierno, entendemos que el todo es más que la suma de las partes, y si yo puedo llevar a cabo... financiar con un recurso, llámese FCI o con un recurso FEDER, una determinada actuación, porque es elegible dentro de los distintos programas en una determinada provincia, no por eso aquellas otras que lo necesitan van a dejar de recibirlo; lo tendré que cubrir con mis recursos autónomos, y así ha sido y así se viene haciendo a lo largo de todos estos años.

Me habla de dónde está la vertebración de ese principio de solidaridad. El principio de solidaridad, mire, yo ya le digo que todas las Comunidades se vienen planteando si ese FCI, en los términos en que está regulado, contribuye al mismo, pero, vamos, en ningún momento en ninguna Administración, ningún Gobierno en la Administración central lo ha movido; será porque no tenemos, por así decirlo, un acuerdo de qué es lo que consideramos estas... por así decir, los hándicaps, desde el punto de vista del desarrollo económico.

Me dice que tendríamos que hacer una distribución territorial de ese FCI. Simplemente, a modo de... a modo de ejemplo o simplemente de práctica -pues es un poco de pérdida de tiempo, pero yo se lo digo-: si aplicamos los mismos criterios que determina la Ley Orgánica y la Ley 22, ¿eh?, en el ámbito de nuestra Comunidad, pues, por ejemplo, Soria, que en un principio le podría corresponder un 4 %, en esa distribución tiene que corregirse y se quedaría en el 3,4. O sea, es que ese ejercicio es... como le digo, es absurdo. O, por ejemplo, pues aquí, en León, le tendría que corresponder el 24 % del fondo, que no le ha llegado el 24, entiendo, ¿eh? O sea, repartir, fondo a fondo, conforme a los criterios, si es que aceptáramos estos criterios, nos encontraríamos... Ya, ya, pero es que, como le digo, para corregir los desequilibrios, en el caso de Soria no le ha llegado el 4 % o el 3,4 %, le ha llegado en torno a un 8... Zamora, un 8,38 de todos los recursos ejecutados en esos programas, y un 6 % a Soria. O sea, si aplicáramos esos criterios, a estas dos provincias le habría tenido que llegar menos de aquellos proyectos que entendemos que pueden ser financiados con ese FCI.

Y me habla también de solidaridad. Mire, en el año dos mil nueve, como le vengo diciendo, ¿eh?, se reclamó que se modificara y formara parte de las políticas... de la política regional y de solidaridad, que es lo que pretende el mismo; en el año dos mil nueve. El año dos mil diez, como consecuencia de la crisis, el Gobierno socialista redujo el Fondo de Compensación Interterritorial en el 9,46 % para toda la... para todo el país. A esta Comunidad se lo redujo en el 20,88 %. Entonces, eso es uno de los temas en los cuales se pusieron encima de la mesa de que esto... el FCI, en los términos en que estaba planteado, no viene a corregir nada, sino que se... de hecho, se provoca y se resume en un único recurso más que debemos de atender conforme a los pactos que tengamos en el Comité de Inversiones Públicas, porque así nos lo obliga la Ley Orgánica, pero... y financiar aquellos proyectos, pero que, para cubrir esos desequilibrios, está el Presupuesto, no está los fondos. Y lo mismo podía seguir en el año dos mil once, en el que baja el 30 %, y no sé por qué a Castilla y León le baja el 41,6 %, y estamos con Gobiernos de carácter socialista.

Por lo tanto, pienso que no le tengo por qué admitir que usted me quiera dar lecciones de si existe una correcta política de corrección de esos desequilibrios, porque en el origen del fondo al que usted alude, que debo utilizarle, ya existen desequilibrios en el reparto inicial, que en la época del Gobierno socialista tuvimos que sufrir. Nada más.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor director. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, no sin antes agradecer una vez más la presencia del señor director general de Presupuestos en esta Comisión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las trece horas diez minutos].