DS(C) nº 245/9 del 24/1/2017

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Antes de pedir las sustituciones a los distintos grupos parlamentarios, quiero agradecer la comparecencia en el día de hoy de la señora consejera de Economía y Hacienda en esta Comisión, y su equipo técnico, que le acompaña. ¿Algún grupo tiene que hacer alguna sustitución? Sí.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado sustituye a Manuel Mitadiel.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Gracias.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Por Ciudadanos.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

¿Grupo Popular? Muchas gracias. Por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

SC/000205

LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, presidenta. Primer punto del orden del día: Comparecencia de la excelentísima señora Consejera de Economía y Hacienda, Solicitud de Comparecencia 205, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre: Consecuencias e impacto económico para la Comunidad Autónoma de la Sentencia 5592/2016 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo relativa a la congelación de tarifas de Inspecciones técnicas de vehículos para dos mil doce, así como consecuencias para los ejercicios posteriores a dos mil doce del criterio que establece la misma respecto de las potestades de la Comunidad Autónoma en relación a la fijación de los precios por los servicios de las Inspecciones técnicas de vehículos derivados de la concesión administrativa existente.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la excelentísima señora consejera de Economía y Hacienda.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA DEL OLMO MORO):

Señora presidenta. Señoras y señores procuradores. Buenos días a todos. Comparezco ante esta Comisión a fin de informarles sobre los efectos de la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha veintidós de diciembre pasado, en relación a la decisión de la Administración autonómica de congelación de tarifas de inspección técnica de vehículos para el año dos mil doce.

A tal fin, conviene hacer un breve repaso de la evolución normativa y contractual relacionada con la prestación del servicio de ITV, que, a mi juicio, ayudaría a entender la decisión de congelación de las tarifas recurrida. La inspección técnica de vehículos es, como saben, un servicio público de carácter obligatorio dirigido a elevar la seguridad en la circulación vial y disminuir, en lo posible, la tasa de accidentes derivadas de dicha circulación, así como a colaborar en la protección del medio ambiente.

Es un servicio público transferido a las Comunidades Autónomas -a Castilla y León estas competencias, con las 7 estaciones públicas y el respectivo personal, se transfirieron por Real Decreto 2571/82, de veinticuatro de julio, y el Real Decreto 1179/84, de dieciocho de julio-, servicio que se realiza bajo diferentes formas jurídicas, teniendo en cuenta las sucesivas normas aprobadas al respecto por el Estado y la opción que ha realizado cada Comunidad Autónoma en virtud de sus propias competencias.

Cabe destacar, en este sentido, la originaria prestación por el Ministerio de Industria en estaciones de ITV de titularidad pública, y el Real Decreto 2373/1981, de treinta de octubre, que abrió la inspección a la colaboración privada mediante autorización previa.

Unos años después, y ya con el servicio transferido a Castilla y León, el Real Decreto 1987/85, de veinticuatro de septiembre, estableció que la ITV la realizarían las Comunidades Autónomas directamente, o bien por medio de empresas mixtas o empresas privadas en régimen de concesión administrativa.

Posteriormente, la aprobación del Real Decreto-ley 7/2000, de veintitrés de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, supuso una nueva alteración del sistema jurídico de las ITV, al establecer de nuevo el régimen de autorización a empresas particulares para prestar el servicio cuando se regulara su régimen de autorización por la Administración del Estado y por las Comunidades Autónomas. No obstante, esta norma fue objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, que, en Sentencia número 332/2005, de quince de diciembre, declaró nulo su Artículo 7.2 por vulnerar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de industria, al imponer la autorización administrativa como título habilitante para que los particulares pudieran prestar el servicio de inspección técnica de vehículos.

No obstante, la Disposición Transitoria del mismo Real Decreto-ley 7/2000, que no fue anulada, permitía la continuidad de las empresas concesionarias que venían actuando en base al Real Decreto 1987/1985, si bien dejaba sin regulación la gestión del servicio de las ITV durante el periodo transitorio.

Finalmente, el Real Decreto 833/2003, de veintisiete de junio, establecía en su Disposición Transitoria Segunda que las Comunidades Autónomas que tuvieran concesiones debían fijar un plazo a partir del cual las sustituirían por el modelo de autorizaciones. La misma disposición transitoria estableció que las Comunidades Autónomas que aún no hubiesen fijado este plazo deberían hacerlo en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto. Esta disposición transitoria, que obligó a la Administración de Castilla y León a establecer una fecha de extinción de concesiones, se anulaba posteriormente por Sentencia del Tribunal Supremo de cuatro de octubre de dos mil seis.

Señorías, pareja a esa regulación, la prestación del servicio de ITV en nuestra Comunidad ha seguido la siguiente evolución:

Primero, con la transferencia de esa competencia, el servicio llega a Castilla y León con una forma mixta en su prestación que se mantiene en una primera fase: por un lado, por la Junta, con el personal y las estaciones públicas que habían sido transferidas, y, por otro lado, por las entidades colaboradoras que obtuvieron en su día la autorización ministerial, ambos con las mismas tarifas.

Tanto la Junta como las entidades colaboradoras, además de dar el servicio en estaciones fijas, que era una o dos por provincia, lo realizaban a través de ITV móviles, que se desplazaban a las poblaciones alejadas de las estaciones de cabecera.

Segundo. Posteriormente, visto el cambio jurídico derivado de la normativa estatal (el citado Real Decreto 1987/85), la Junta de Castilla y León publicó el Decreto 126/88, de veintitrés de junio, por el que se organiza el Servicio Público de Inspección Técnica de Vehículos en Castilla y León, y la Orden de seis de julio del ochenta y ocho de la Consejería de Economía y Hacienda, que lo desarrolla.

Esta normativa organizó el Servicio Público de Inspección Técnica de Vehículos en Castilla y León, definiendo el régimen concesional y las características del mismo, y dividiendo el territorio de Castilla y León en trece zonas concesionales con exclusividad territorial. En su virtud, se ajustó el régimen... al régimen de concesión administrativa a las antiguas entidades colaboradoras del Ministerio de Industria y Energía que tenían estaciones en funcionamiento en cinco zonas concesionales de Castilla y León: Itevelesa, en la zona concesional cuarta y séptima; Atisae, en la zona novena; Atisaecal, en la zona segunda; e Itevecasa, en la zona once.

En las otras ocho zonas, las zonas concesionales, el servicio lo proporcionaban únicamente las estaciones ITV de la Junta de Castilla y León. No obstante, como se vio que este era insuficiente, se sacaron a concurso público, concurso que fue ganado por Itevelesa. Todo esto se plasmó en seis contratos firmados el seis de junio del ochenta y nueve con las cuatro entidades concesionarias.

Así, el servicio siguió siendo mixto en las últimas zonas concesionarias otorgadas, en las que convivían las estaciones ITV propias de esa entidad concesionaria y las estaciones propiedad de la Junta.

Tercero. En mil novecientos noventa y uno, viendo las dificultades que suponía para la Administración gestionar por ella misma el servicio, se decidió sacar a licitación la explotación de las ITV propiedad de la Junta de Castilla y León, que fueron adjudicadas a Itevelesa en mil novecientos noventa y cuatro. Esto se plasmó en un contrato firmado el doce de septiembre de ese año.

Con esta última licitación, la totalidad del servicio de ITV en Castilla y León pasó a proporcionarse mediante empresas concesionarias a través de ITV fijas o móviles.

Posteriormente, como consecuencia de la normativa estatal antes citada, el Real Decreto 7/2000, a través de una Orden del año dos mil tres, de veintinueve de abril, la Administración autonómica reguló el periodo transitorio de las concesiones administrativas. Esta orden consideró incompatibles en el ámbito geográfico de la Comunidad la existencia de diferentes formas de gestión del servicio de ITV, como son, por un lado, las concesiones, con unas tarifas y un pago de cánones establecidos, y, por otro, la autorización a empresas privadas, sin pago de cánones y con unas tarifas libres, hasta que no finalizara el plazo de vigencia de las concesiones, para no vulnerar los derechos adquiridos por los concesionarios.

También, a fin de garantizar la adecuada prestación del servicio en todo el territorio de la Comunidad, permitía la posibilidad de la ampliación del plazo de vigencia de las concesiones, a petición del concesionario, siempre que estas construyeran nuevas estaciones de ITV en aquellas poblaciones alejadas de otras estaciones fijas. La construcción de estas estaciones únicamente podía realizarse por parte de las entidades concesionarias, y cada una en su zona concesional, ya que las concesiones tenían exclusividad para los territorios definidos.

Finalmente, la Orden de Economía y Empleo de dos mil cuatro, de ocho de enero, determinó que el plazo de extinción de las concesiones finalice el treinta y uno de diciembre de dos mil veintinueve. A partir de esa fecha, la gestión del servicio de ITV se realizará en Castilla y León mediante autorización a empresas privadas, sin pago de cánones y con unas tarifas libres.

Respecto a las tarifas aplicables y su revisión, cabe señalar que el sistema previsto en los pliegos de las concesiones fue modificado por vía de norma. En un primer momento, la Orden del trece de julio del ochenta y ocho, que aprobó el pliego de cláusulas de explotación que había de regir la concesión del servicio público, reprodujo en su cláusula quinta el Artículo 16 de la Orden de seis de julio de ese mismo año, incluido el mecanismo de revisión tarifaria.

Esta Orden del seis de julio del ochenta y ocho disponía que las tarifas de aplicación a percibir por las empresas concesionarias, a igualdad de servicios, serán las vigentes en cada momento oficialmente aprobadas para las concesiones por la Consejería de Economía y Hacienda, que podrá actualizarlas anualmente para ser aplicadas a partir del primero de enero siguiente... del siguiente año que se pida la revisión. La orden establecía las tarifas iniciales, diferenciadas por tipos de vehículos. Y, finalmente, su Artículo 18 establecía que las empresas concesionarias presentarán anualmente a la Dirección General de Economía una memoria expresiva de su situación económica y financiera, que se someterán a una auditoría externa según las normas vigentes en la materia.

En el año noventa y uno, la Orden de siete de enero llevó a cabo, a solicitud de las empresas concesionarias, una actualización de las tarifas, que habían permanecido invariables desde el ochenta y ocho, según afirma en la exposición de motivos, y modificó el sistema de revisión de tarifas establecido en los contratos, de manera que, en vez de hacerse un análisis económico financiero que concluyera si procedía o no actualizar las tarifas, se actualizarían sistemáticamente según el IPC, justificándolo por la simplicidad del método.

Otro hito importante en este asunto es la entrada en vigor en el año dos mil de una nueva normativa sobre emisiones de vehículos. Esa normativa impuso unas nuevas mediciones de humos, que no podían hacerse en las ITV móviles puesto que se requerían unas condiciones específicas para los ensayos que esas unidades no podían cumplir. Las estaciones móviles quedaron entonces relegadas a realizar solamente las inspecciones de aquellos vehículos a los que no se les aplicaba la nueva normativa, es decir, los más antiguos, y que, previsiblemente, irían disminuyendo en el tiempo. También hubo que modificar las estaciones ITV para albergar nuevos módulos de inspección de emisiones.

Para compensar a las concesionarias, se creó una nueva tarifa de inspección de emisiones mediante la Orden de veinticinco de septiembre de dos mil, que derogó la anterior Orden de siete de enero del noventa y uno, pero que mantenía la actualización de tarifas de ITV de acuerdo al IPC.

Señoras y señores procuradores, de lo informado hasta ahora cabe destacar que la opción por mantener el modelo de concesión pública en nuestra Comunidad hasta dos mil veintinueve responde al convencimiento de que es un modelo adecuado a las características de extensión y dispersión de Castilla y León. No obstante, la evolución de las tarifas en los últimos años conforme a la fórmula del IPC se traducía en un coste para los ciudadanos de en torno al 20 % por encima de la media de las tarifas del conjunto de las Comunidades Autónomas por el mismo servicio, una cuestión que preocupa a la Administración autonómica, y también en estas Cortes, y que llevaba a que la Dirección General competente en la materia realizara un análisis de los motivos de ese sobrecoste y buscara la fórmula idónea para contener dichas tarifas.

Como primera medida provisional, mediante resolución de la Dirección General, en tanto se analizaba detenidamente la problemática de las tarifas y en su caso se realizaba la tramitación administrativa necesaria para la modificación de los contratos, se procedió a la congelación de las tarifas durante los años dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, sin aplicar el incremento del IPC. Con esta decisión la Junta de Castilla y León buscaba la protección de los ciudadanos de la Comunidad, velando por sus intereses, y evitar que pagaran por el servicio de ITV más de lo que deberían pagar.

Esa congelación de tarifas se fundamentaba en la circunstancia de que, si bien la Orden de veinticinco de septiembre del dos mil establecía un procedimiento para la actualización de tarifas conforme al IPC, dicha actualización anual no era ni automática ni obligatoria para la Administración, como se desprendía del hecho de que la propia orden exigiera la previa autorización de la Dirección General competente. Se consideró así que el uso del término "autorizar" implicaba una posibilidad de control por parte de la Administración, puesto que, si la actualización fuera obligatoria, cabría preguntarse para qué sería precisa esa autorización de la Administración, con lo que ello no sería más que un acto debido y, por tanto, superfluo. Así mismo había precedentes en el año dos mil seis y en el dos mil diez, en los que no se habían actualizado las tarifas respecto al IPC.

La asociación de empresas concesionarias de ITV de Castilla y León (la Aecyl), y una de las empresas concesionarias interpusieron recursos contencioso administrativos por cada uno de los tres años en que la tarifa fue congelada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado dichos recursos, considerando, en contra del criterio sostenido por la Administración, que la actualización debía haberse realizado con arreglo al IPC. Esas sentencias fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo por los Servicios Jurídicos de la Administración de Castilla y León.

Recientemente el alto tribunal ha resuelto el primero de los recursos de casación, en concreto el interpuesto contra la sentencia que estimó la demanda de Aecyl respecto a la congelación de tarifas del año dos mil doce, confirmando el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y anulando la resolución de congelación correspondiente.

Es preciso aclarar, señorías, que ese primer fallo del Tribunal Supremo no implica, de manera directa, coste económico para la Administración, pues indica que deben ser las propias concesionarias, y no la asociación, las que realicen las reclamaciones por los perjuicios derivados de la congelación. No obstante, dada la confirmación de la anulación del acuerdo de congelación para el año dos mil doce, parece muy previsible que el sentido de las futuras sentencias sobre los recursos de casación interpuestos frente a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia relativas a las congelaciones de dos mil trece y dos mil catorce sean desfavorables a la Junta de Castilla y León. Con ello, el posible fallo favorable respecto al recurso interpuesto por Itevelesa para el año dos mil doce supondría a la Administración tener que atender un pago por importe de 1.244.235 euros, al que habría que sumar los intereses; en total, 1.434.652 euros.

El cálculo de la Dirección General de Industria y Competitividad para los ejercicios dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce apunta al pago de unos 7,65 millones respecto a los recursos de esa empresa para los tres ejercicios, y a un total cercano a los 10 millones para todas las empresas concesionarias.

Como acabo de señalar, la congelación de tarifas fue la primera de las medidas adoptadas en un intento de impedir que las mismas continuaran subiendo anualmente, ampliando así el desequilibrio existente entre la tarifa abonada por el usuario y el coste del servicio prestado, que había supuesto que Castilla y León tuviera unas de las ITV más caras de España.

Realizado un análisis de los costes y de las tarifas con las que debería ser retribuido el servicio, se llegó a la conclusión de que procedía la reducción en un 20 % de las tarifas de la ITV de turismos y motocicletas, para lo que era oportuno proceder a la modificación de los contratos. Además, se tuvo en consideración que en los contratos firmados en el año mil novecientos ochenta y nueve, así como en la Orden de seis de julio del ochenta y ocho, se establecía el procedimiento de revisión anual de tarifas en función de los resultados económicos y de utilización del servicio, anuales, de manera que se pudieran revisar las premisas que presidieron el equilibrio económico-financiero del contrato, ajustándose anualmente a la ecuación financiera del contrato. En este periodo, si las empresas concesionarias deseaban la revisión de las tarifas, debían aportar un estudio económico que justificara dicha revisión. Hay que indicar, precisamente, que en el ochenta y ocho, y hasta el noventa, las tarifas no se modificaron.

Sin embargo, la indicada modificación de mil novecientos noventa y uno sustituyó ese sistema de revisión de tarifas por la actualización en función del índice de precios al consumo, un indicador de aplicación simple que mide la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo en España, y que recoge las variaciones de los precios de productos, que nada tienen que ver con el servicio de inspección de ITV -a modo de ejemplo, los precios de los alimentos-.

Así, desde que se viene aplicando este cambio en la revisión de las tarifas, a lo largo de los últimos veinticinco años de la concesión, no se había revisado la ecuación del contrato en el sentido de cohonestar el riesgo y ventura del concesionario con el derecho de los usuarios del servicio a una equivalencia en las prestaciones.

Como se ha demostrado con el tiempo, el criterio de actualización de tarifas en función del índice de precios al consumo ha resultado ser inadecuado, puesto que su aplicación, sin otras consideraciones, ha propiciado que el incremento de las tarifas haya alcanzado el 203,72 % de su valor inicial desde que se empezó a aplicar en mil novecientos noventa y uno. Pero, frente a este aumento de las tarifas, no se ha podido... no se ha procedido a revisar los costes reales del servicio, salvo parcialmente; costes que no solo no han sufrido el mismo incremento, sino que incluso han disminuido por la conjunción de distintos factores, entre los que cabe destacar: el empleo de equipos informáticos y electrónicos, que permiten disminuir los tiempos de inspección, minorando proporcionalmente los costes de mano de obra cualificada; o la modificación de las normas técnicas de inspección, que han desarrollado métodos de inspección más eficientes; o la total amortización de los terrenos y edificios de las estaciones de ITV.

Señorías, en el marco de revisión del contrato de concesión desde el año dos mil doce, se ha solicitado a las entidades concesionarias una memoria expresiva de su situación económica y financiera sometida a auditoría externa. En estas memorias se han observado porcentajes de beneficios muy superiores a los establecidos en los estudios económicos que sirvieron de base al establecimiento de las tarifas iniciales. A este hecho hay que unir los efectos de los años de la crisis, que ha incidido en el envejecimiento del parque del vehículos, y supone un incremento en el número de inspecciones, puesto que la normativa de ITV exige aumentar la frecuencia del control de los vehículos a medida que son más antiguos, y, por tanto, un incremento de actividad.

También hay que considerar que unos precios moderados suponen un incentivo para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios, lo cual disminuye el absentismo de los vehículos a las inspecciones, contribuyendo al objetivo fundamental de las ITV, que es la seguridad vial.

Además, es necesario señalar el alto número de años que restan al contrato concesional, que finalizará el treinta de diciembre de dos mil veintinueve. Durante todo este tiempo, los concesionarios prestarán un servicio de recepción obligatoria en exclusividad territorial, que les permitirá no sufrir los riesgos propios de una actividad en libre competencia y, en consecuencia, tener asegurada la amortización de su inversión con una rentabilidad propia de un negocio seguro en términos de riesgo empresarial.

Se ha considerado, por último, que la inspección técnica de vehículos es un servicio de recepción obligatoria, y que los usuarios del mismo no pueden eludir por tratarse de una obligación impuesta por motivos de seguridad, de tal importancia que es infracción sancionable circular sin haber superado la misma.

Por todos estos factores, visto el desequilibrio de los contratos, tras la oportuna tramitación administrativa prevista en la normativa de contratación pública y dictaminada favorablemente por el Consejo Consultivo de Castilla y León, mediante la Orden de siete de octubre de dos mil catorce de la Consejería de Economía y Empleo se ha procedido a realizar una modificación de los mismos en el sentido de disminuir algunas de las tarifas de ITV y volver a restaurar el sistema de revisión de precios contemplado inicialmente en los contratos.

Así, los objetivos de esta orden han sido la reducción de las tarifas de ITV más caras, turismos y motocicletas, en un 20 %; la modificación del sistema de revisión de las tarifas volviendo al sistema inicial contractual; y la creación del archivo telemático de inspecciones ITV de Castilla y León, que, a día de hoy, es una realidad. El impacto económico de dicha orden sobre los ciudadanos de Castilla y León es, a modo de ejemplo, que el propietario de un turismo diésel pagó en el año dos mil quince, por la ITV, 48,4 euros, frente a los 59,52 euros que pagaba antes; el ahorro es, pues, de 11,1 euros. Además, a ello puede añadirse que el ahorro global que va a suponer para la sociedad castellano y leonesa esta modificación de contrato se puede cifrar, aproximadamente, en 10 millones de euros anuales, teniendo en cuenta los datos de facturación de los últimos años.

Señorías, claro exponente de que tras esta actuación administrativa únicamente estaba la protección de los intereses de los castellanos y leoneses es el hecho de que la rebaja de las tarifas no solo incidía en las concesionarias, sino que los ingresos de la Administración derivados del canon que abonan las concesionarias se han reducido de forma análoga a las tarifas.

Sí quiero destacar que la orden de modificación de tarifas fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por varias entidades concesionarias y sus accionistas. Pero, esta vez, las sentencias han dado la razón a la Administración, considerando ajustada a derecho la disminución realizada en las tarifas, si bien anulando la nueva redacción dada a la cláusula que establece el nuevo sistema de revisión de precios. Ha de advertirse que estas sentencias no son firmes, al estar recurridas en casación ante el Tribunal Supremo, tanto por las concesionarias como por la propia Administración, cada una en la parte que le es perjudicial.

Finalmente, apuntar que la Consejería trabaja en una nueva redacción del sistema de revisión de las tarifas con el fin de garantizar que en Castilla y León se continúe prestando un servicio de ITV de calidad por el que los ciudadanos paguen lo justo, que no desincentive el cumplimiento de la obligación de revisar técnicamente los vehículos y que, además, evite el efecto frontera que surge con diferencias de precios abultadas. Muchas gracias por su atención.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora consejera. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias. Buenos días. Y, antes que nada, mostrar nuestro agradecimiento a la Diputación Permanente, y muy especialmente a la presidenta de las Cortes, a través de las cuales hemos podido conseguir, por fin, que la consejera de Economía y Hacienda comparezca en esta... en esta Cámara en una comparecencia que no sea a petición propia, como es el caso. Hemos tenido que pedírselo explícitamente a la Diputación Permanente y a la presidenta de las Cortes, porque, si no, no hay manera de que venga.

En primer lugar, decir que me temo que esta comparecencia puede ser el antecedente inmediato –me temo que inmediato- de la que se produzca en estas Cortes, no tardando mucho, en relación a otras actuaciones por el estilo, y de manera muy especial en relación a la privatización del Hospital Universitario de Burgos. Me temo que esta circunstancia se va a repetir en relación al Hospital de Burgos no tardando demasiado. Porque es lo que pasa siempre, el método ha sido el de siempre, cuando se intenta por parte del Partido Popular de la Junta de Castilla y León privatizar un servicio público buscando no el interés público, sino exclusivamente el negocio privado.

La sucesión de acontecimientos es, como en este caso, la concesión administrativa. Se prepara todo el procedimiento para que la adjudicación recaiga en una persona o empresa determinada, forzando tanto que suelen recurrirse estas adjudicaciones por parte de otros licitadores, como ocurrió con la adjudicación a Itevelesa. Posteriormente, como ha ocurrido aquí y está empezando a ocurrir en el Hospital de Burgos, se cierran los ojos a lo que hace el concesionario, mientras él va recibiendo los beneficios esperados de la concesión, que superan, como en este caso, con mucho, los beneficios previstos en el momento de la adjudicación y de cualquier expectativa lógica de rentabilidad. En un momento determinado, cuando el concesionario ve que es el momento oportuno, empieza a materializar sus beneficios de manera definitiva, vendiendo su participación en la empresa adjudicataria al mejor postor. Por cierto, estoy seguro que la consejera, aunque no es el mismo tema, nos va a poder explicar inmediatamente por qué las cuentas del dos mil quince del Hospital de Burgos están firmadas por una empresa que se llama Nuevo Parque de Bomberos de Mallorca.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, argumente su posición en relación al tema que estamos tratando.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sigo. Sigo, presidenta. No, no me interrumpa, por favor.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

No le interrumpo, porque usted se está saliendo del tema.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

La Administración... (No me interrumpa). La Administración, en este proceso, exactamente igual, se desentiende de quién es realmente el concesionario del servicio, tanto porque no tiene ningún interés como porque le es imposible controlarlo, gracias a las propias condiciones en que se licitó la concesión. Al final, el servicio se degrada, tanto en calidad como en precio, de forma que empieza a haber quejas en relación al mismo y, sobre todo, en relación al precio, como es el caso. Y, al final, la Administración intenta subsanarlo de manera chapucera, pues está maniatada por ella misma, por el proceso de adjudicación, y comete errores electoralistas que acaban pagándose... –ese es el final- que acaban pagándose, otra vez, por todos los ciudadanos.

Y esta es la historia de las ITV en Castilla y León desde que gobierna el Partido Popular. Así, entre las alternativas posibles, se produjo la decisión que tomó Aznar y Pérez Villar, primer consejero, y su director general Valenzuela -condenados por el Supremo por prevaricación y malversación de fondos públicos en un proceso muy similar-; es la decisión que tomaron en mil novecientos noventa y ocho de privatizar, mediante concesión administrativa, el servicio de ITV en Castilla y León. Siguió la adjudicación, recurrida por baja temporal en mil novecientos ochenta y nueve, de 8 de las 11 zonas a Itevelesa, empresa de la que el propio Pérez Villar fue fundador, así como a Itevacesa una zona, a Atisae y a Atisaecal una zona para cada uno.

En septiembre de dos mil cuatro, en relación a las ITV que seguían siendo públicas, siendo Bécker consejero de Economía e Industria, el director... siendo el director de Industria uno de los actuales imputados por la adjudicación de la "perla negra", y siendo secretario general de la Consejería de Economía e Industria Juan Vicente Herrera -siendo el secretario general don Juan Vicente Herrera-, se volvieron a adjudicar las que seguían siendo públicas a Itevelesa -las estaciones propiedad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León-.

Desde esa fecha, la Administración no hace nada hasta que, ante el clamor popular que significa que en Castilla y León las revisiones de las ITV fueran las más caras de España, se produce un movimiento pidiendo, en concreto en estas Cortes, la rebaja de esas tarifas. Y, en concreto, la posición del Partido Popular fue la siguiente en el año dos mil ocho: "Yo podría simplificar el debate diciéndoles que, tratándose de una concesión administrativa, como ambos portavoces han reconocido, la modificación sustancial de una de las partes respecto del contrato supone un déficit que alguna de las partes ha de abonar. Esto es, si modificamos el régimen de tarifas de la concesión administrativa, la pérdida económica que tuviesen las concesionarias habría de ser soportada, evidentemente, por la Administración, y eso, evidentemente, ustedes pueden entender que es de todo punto imposible o, al menos, contraproducente para los intereses del total de los ciudadanos". Estas fueron las palabras de don Raúl de la Hoz en esa intervención.

No obstante, en un acto electoralista, la Junta de Castilla y León congela las tarifas, no aprobando su actualización por la inflación, como figuraba en el contrato, en los años dos mil doce, trece y catorce, y publicando la Orden de la Consejería de Economía y Empleo de siete de octubre del catorce, por la que, básicamente, se reducen las tarifas que figuraban en el contrato inicial y sus modificaciones en un 20 %.

Acabamos de conocer la primera sentencia del Supremo, que establece de manera firme la ilegalidad de la congelación de tarifas de dos mil doce, a la que seguirán, sin ninguna duda, las correspondientes a dos mil trece y catorce; y quedará pendiente conocer el sentido de la sentencia del Supremo en relación a la Orden de dos mil catorce, que, si es contraria a la Administración, puede suponer un gravísimo perjuicio para la hacienda de la Comunidad.

Ante esta situación, se plantean a la consejera las siguientes preguntas, que quiero que me conteste una a una.

Primera ¿Cuál es el coste para la Administración del cumplimiento de la Resolución 2747/2016 del Tribunal Supremo, desde el año dos mil doce hasta la actualidad?

Segunda. ¿Cuál es el coste de la Administración de dicha resolución desde el momento actual hasta el fin de la concesión en dos mil diecinueve... veintinueve, perdón?

Tercera. ¿Cuál sería el coste para la Administración si el Supremo fallara, en relación a la congelación en dos mil trece y dos mil catorce, en el mismo sentido que lo ha hecho en relación a la de dos mil doce? Especifique desde uno de enero de dos mil trece y dos mil catorce hasta el momento actual y desde el momento actual hasta el fin de la concesión en dos mil veintinueve. Usted sabe que esto es porque el TSJ ha fallado a favor de la concesionaria, y en contra en relación a la cláusula 4.1. Por eso el momento es muy importante.

¿Cuál sería el coste para la Administración si el Supremo fallara contra la Orden de la Consejería de Economía y Empleo de siete de octubre del dos mil catorce, desde el uno de enero del dos mil quince hasta el momento actual, y desde ahora hasta el dos mil veintinueve?

Quinta. ¿Cuál es el accionariado actual de Itevelesa? ¿Se han puesto en contacto con Hayfin? ¿Cuáles son sus planes en relación con las estaciones de Castilla y León?

Sexta. ¿Cuál es el accionariado actual de Itevecasa, Atisae y Atisaecal? ¿Cuáles son sus planes en relación con las estaciones de ITV de Castilla y León?

Séptima. ¿Qué opinión le merece que desde mil novecientos ochenta y nueve y hasta dos mil quince los precios pagados en las 33 estaciones que Itevelesa tiene en Castilla y León fueran, según su propio estudio, muy superiores a los precios de las 28 estaciones que la misma empresa tiene en el resto de España? En concreto, no los porcentajes que usted ha dicho, sino los que dice su estudio: el 30,35 % más altas para turismos y vehículos de hasta 8 pasajeros, y el 80,69 % más altas para vehículos de hasta tres ruedas.

Ocho. ¿Qué opinión le merece que, analizando solamente el periodo dos mil siete-dos mil once, según el estudio realizado –el suyo- por Soluciones Empresariales y Auditoría, S. L. P., el beneficio de explotación de las cuatro empresas concesionarias haya superado el 45 %, incluso en la hipótesis más negativa, siendo el de Itevelesa todos los años al menos 4 puntos superior al porcentaje total?

Y novena, y última. ¿Qué opinión le merece que en el año dos mil once, siendo el beneficio de explotación total de las cuatro empresas -en la peor hipótesis- superior a 23 millones de euros, el canon presupuestado por la Junta de Castilla y León fuera de 2,8 millones de euros, manteniendo la proporción de todos los años anteriores? Y, por cierto, no disminuyendo el resto de los años, sino que ustedes han seguido presupuestando el mismo canon prácticamente, y superior, desde el dos mil once hasta el dos mil dieciséis. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Martín. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Sí. Con mucha brevedad. Muchas gracias, señora presidenta. Y gracias a la señora consejera por la comparecencia. Nosotros la posición que tenemos sobre esto la venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, y es muy sencilla de explicar: nosotros creemos que este servicio tiene que tener una prestación pública. Así lo venimos denunciando desde que se privatiza este servicio, y nosotros estamos convencidos de que ni el Gobierno central tenía que haber permitido en ningún momento que se pudiera prestar... que se pudiera privatizar un servicio de prestación como este, un servicio que, además, es obligatorio para cualquier ciudadano que tenga un vehículo a motor; y, en segundo lugar, que este Gobierno autonómico nunca tenía que haber aprovechado esa oportunidad para realizar dicha privatización.

Es decir, nosotros lo que observamos es que, desde que se realiza esta privatización, las empresas que han recibido este servicio en régimen de exclusividad lo que han desarrollado han sido dos elementos principales: uno son tarifas antisociales, porque ellos han situado su afán de lucro por encima de cualquier otro interés ciudadano y cualquier otro interés social, lo cual, por cierto, casa con la lógica de una empresa privada, como es razonable y lógico; y, por otro lado –no lo olvidemos-, el maltrato sistemático a sus trabajadores y a sus trabajadoras. No olvidemos que hace dos veranos, precisamente en Castilla y León, presenciamos una huelga enormemente dura, una huelga enormemente difícil para los trabajadores y las trabajadoras que lo llevaron a cabo, y una huelga que desde mi grupo político nos atrevemos a calificar incluso de heroica, porque, ciertamente, fue una huelga muy difícil contra una de las empresas que tienen esta prestación de servicio, que es Itevelesa.

Y no olvidemos que lo que estaba realizando en ese momento Itevelesa es hacer a los trabajadores pagar esa bajada de tarifas que impulsa la Junta. Es decir, que estamos ante una empresa que, por un lado, lo que pretende es tener las tarifas más caras del Estado, las tarifas más caras del país; y, por otro lado, hacer que, cuando se les obligue a modificarlas, lo paguen sus trabajadores, como se realiza en aquel momento, cuando se está realizando la negociación del convenio colectivo, y lo que plantea la empresa es que paguen los trabajadores el cambio de las tarifas a través de un aumento de sus horas de trabajo, de una caída salarial y de una reducción de la plantilla. En definitiva, una concentración de más trabajo en menos trabajadores, con menos percepción salarial.

Y ese conflicto laboral, que fue un conflicto laboral dramático, que fue un conflicto laboral que tuvo en vilo a una parte de la Comunidad y, por supuesto, a las familias de la plantilla de esta empresa, fue un conflicto que estuvo ocupando una parte importante de los debates durante aquel año. Y, precisamente, a raíz de aquel conflicto, la sociedad castellana y leonesa puso sobre el papel el hecho de que se hubiera realizado una concesión a tantísimo tiempo. Uno de los grandes problemas que se derivan en aquel momento y que se encuentra en aquel momento es que no solamente fue un error realizar la privatización, sino que dicha privatización se hace a través de una concesión administrativa enormemente larga en el tiempo, que viene a condicionarnos y que viene a atar a la Administración.

En definitiva, nosotros, desde el principio, desde Izquierda Unida hemos estado convencidos de que ninguna privatización es correcta, de que ninguna externalización de cualquier servicio que pueda ser prestado desde lo público a la larga termina generando beneficios, todo lo contrario, creemos que termina generando problemas, como estamos viendo en este caso concreto, y finalmente lo estamos comprobando. Es decir, cuando vemos cómo, de acuerdo a Facua, se están prestando tarifas un 200 % más elevadas, por ejemplo, que en Murcia, en el caso de las motocicletas; más de un 113 % en el... más que los turismos, en el caso de Extremadura; cuando estamos viendo a otras Comunidades Autónomas que sí están prestando servicio público en el caso de las ITV; y hablo... yo no soy un gran defensor, normalmente, de la Junta de Andalucía, y de hecho soy tan crítico como con esta Junta, generalmente, pero en el caso de las ITV lo han hecho de otra manera, porque allí el servicio es público y se nota finalmente.

En definitiva, ¿qué venimos a defender? Que cualquier servicio que pueda prestar directamente una Administración tiene que ser prestado directamente por la misma, tiene que ser un servicio público. Y que, cuando se privatiza un servicio, como es este caso, la empresa lo que va a pretender es situar su afán de lucro, que es el papel que tiene una empresa privada y que es el papel que tiene un empresario.

Y aquí hablamos, además, de una empresa en sus orígenes vinculada a sectores muy cercanos al Partido Popular de Castilla y León, algunos de ellos incluso miembros del Gobierno autonómico cuando reciben esta... cuando se crea esta empresa que recibe esta adjudicación; hablamos de una empresa que, finalmente, termina siendo invadida por capital extranjero (durante mucho tiempo capital australiano, más tarde capital inglés); y, finalmente, lo que encontramos es que tenemos un servicio público en manos de una empresa transnacional que no tiene ninguna relación, finalmente, con los intereses de la sociedad castellana y leonesa. Esos son los efectos de una privatización y esos son los efectos de una externalización.

Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues, en primer lugar, enterarnos de cuánto nos va a costar esto, saber cuál va a ser la cuantificación y qué va a costar a la ciudadanía ahora el varapalo judicial que ha recibido la Junta de Castilla y León. Y, sobre todo, tomar notas para el futuro y tomar notas en materia de externalizaciones y en materia de privatizaciones: todo servicio público que se pueda prestar desde lo público debe ser realizado así, y no confiar en la empresa privada para sustituir o suplantar lo que se puede hacer desde lo público, porque, finalmente, el afán de lucro siempre primará por encima de cualquier otro aspecto. Y, como estamos comprobando, nuestra legislación termina protegiendo a dicha empresa. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Sarrión. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Desde luego, es un tema que preocupa, y mucho, a la sociedad en Castilla y León, el tema de las ITV, y más cuando, evidentemente –y aquí están las sentencias [el orador muestra un documento]-, se ha desarrollado mal, con consecuencias como... ahí estamos todos de acuerdo, que pagamos siempre los mismos, es decir, los ciudadanos.

Por no hacernos repetir muchas cosas, sí que me gustaría incidir en una cuestión. Luego, al final, le leeré la pregunta que hemos registrado el nueve de enero en sede parlamentaria. Pero yo, sinceramente, señora consejera, ¿ustedes creen que se hicieron los estudios adecuados, se pidieron los informes –me imagino que sí se pedirían informes, pero digo los adecuados-, con rigor, al Consejo Consultivo, etcétera, además de otros organismos, para que luego salga –digamos- esta chapuza? Yo sinceramente creo que la diligencia por parte de la Consejería, pues deja mucho que desear. Porque, hombre, una cuestión que ya sabíamos todos lo que ha suscitado no solamente en Castilla y León, sino a nivel nacional, y todos yo creo que tenemos en mente los casos de corrupción manifiesta y escandalosa en Cataluña, por ejemplo, en Melilla, y etcétera, etcétera, por todo el territorio hispánico, pues hombre, yo creo que estamos ya más que sobreavisados para, al menos, intentar hacer las cosas lo mejor posible. Por eso nos choca muchísimo, sinceramente, que esta Consejería -que a veces intenta hacer las cosas bien, no le quito en otras historias-, en esta cuestión, sinceramente, ha sido un fracaso totalmente rotundo.

Llama la atención, efectivamente –y no vamos a ser Ciudadanos aquí los defensores, en fin, pero es una cosa más que evidente-, los conflictos sociales que estas empresas –Itevelesa- estos años pasados –como hacía anteriormente referencia el compañero de Izquierda Unida- han padecido y hemos padecido todos. Conflictos, lógicamente, que seguramente obedecen más que nada a una mala gestión empresarial. Es decir, cuando ellos han tenido muchos beneficios, y así se ha demostrado, y aquí se está hablando de un 200 %, de un 113 % en muchos casos, y, en fin, cuestiones casi casi escandalosas, a la mínima que se les obliga, lógicamente, a rebajar las tarifas, hacen una cosa muy sencilla, que es: hala, en vez de reorganizar el trabajo, en vez de –digamos- buscar nuevas expectativas, vamos, más rentables y más viables y de mejor praxis empresarial, lo que hacen es decir "pues esto es muy sencillo; hala, señores empleados, aquí les bajo lo que haya que bajar", y aquí... y, en fin, y acabado. Desde luego, totalmente inaceptable, no solo ya por los orígenes... efectivamente, Itevelesa; vamos, que aparezca el señor Pérez Villar, pues sonroja... sonroja a cualquiera; en fin, son personajes, a Dios gracias, creo ya han pasado a otras historias, pero, desde luego, son el origen de por qué las cosas se hacen bastante mal. Cuando hay dirigentes... como luego lo veremos, en fin, no en el Hospital de Burgos, que ya se ha mencionado, sino en la trama eólica, cuando a ustedes les tengan a bien abrir esa Comisión de Investigación de la Trama Éolica, que hay mucho que hablar también; y, en fin, y tantas y tantas tropelías que a veces... no digo que ejecute la Administración, pero que sí que consiente la Administración, y eso hay que dejarlo bien claro. Y consentir, a veces, es... tiene la misma categoría de autor que aquel que las ejecuta.

Sinceramente, yo creo que las ITV, por desgracia, son famosas en Castilla y León –estas 33 que tenemos-, primero, porque, sinceramente, yo creo que cualquier empresario, en cualquiera concesionaria, le encantaría tenerlas, ¿no? Son unas concesiones, lógicamente -y lo ha reiterado la señora consejera-, un negocio seguro, efectivamente, sin competencia, con una exclusividad territorial -es decir, aquí estoy yo en mi zona y aquí no entra nadie más-; donde hasta –como se está viendo- ponían sus precios, sus tarifas y sus condiciones; donde, lamentablemente –y hay que verlo, yo que casi pertenezco al mundo rural más que al urbano-, ustedes van por cualquier ITV de muchos lugares y estamos acostumbrados a ver colas innecesarias, colas innecesarias, es decir, muchas pérdidas de horas a los castellanos y leoneses, por una mala gestión de estas ITV.

Y, fíjese, eso no cuesta dinero; eso cuesta, simplemente, tener las ganas de hacer las cosas bien, ¿eh? Y usted se ha referido a que, efectivamente, ahora ya se está haciendo telemáticamente, etcétera, pero, hombre, eso es una mínima voluntad por parte de las ITV con los usuarios, con los que indefectiblemente tenemos que ir allí, porque, efectivamente, esto es una... es ley, es una obligación hacer las revisiones. La crisis nos ha llevado a que haya, lógicamente, un parque móvil cada vez todavía mucho más... mucho más antiguo y mayor, y, en fin, lógicamente, con revisiones cada año, e incluso cada seis meses en muchos de los casos. Con lo cual, de verdad, yo no sé a quién se le ocurrió todas estas cuestiones.

Es verdad, y hay que aplaudir -vamos, como usuario de a pie- que, efectivamente, la Junta de Castilla y León dijo aquello ("hombre, están ustedes ganando mucho, evidentemente, por una concesión y por unos acuerdos mal hechos"), quisieron rectificar, hicieron esas rebajas y, claro, luego viene lo que viene, es decir, los recursos ante los tribunales ordinarios y, en fin, correspondientes por parte de las empresas, y ahora vienen los varapalos. Si la consejera –y quiero resaltarlo ahora cuando termine la pregunta- solamente lo estima en 10 millones de euros en total –parece ser que le he querido entender-, pues bueno, vamos a ver si nos podemos quedar ahí, ¿eh? Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Pero claro, mucho nos tememos que no solo van a... se van a quedar en estos recursos, sino que incluso intenten, lógicamente por vía administrativa y en el Tribunal Contencioso, pues llegar a todos los recursos posibles.

Porque, hombre, yo no estoy de acuerdo con mi compañero anterior, que dice que las empresas solo están para ganar dinero; las empresas están para ofrecer servicios, lógicamente, pero es evidente que para que una empresa funcione tiene que tener unos mínimos beneficios y una sostenibilidad, ¿no?, digamos, empresarial, pero lo que está claro que, cuando las cosas y las cuestiones se hacen mal, lógicamente, esas consecuencias las pagamos absolutamente todos.

Y yo, esperemos... dice usted... Claro, esto asusta a cualquiera, porque es que la concesión es hasta el dos mil veintinueve. Y hay que reiterar: dos mil veintinueve. Ya lo quisiera cualquier empresario de Castilla y León tener asegurado, ¿verdad? -en cualquier amplio espectro empresarial-, una concesión de este tipo. A nosotros, sinceramente, nos parece una barbaridad.

Y fíjate que Ciudadanos, que somos un poco... bastante, en fin, partidarios de la libre –digamos- empresa, etcétera, etcétera, hacer este tipo de concesiones desde luego atenta, pues eso, contra el libre concurso de las empresas, contra el libre devenir, natural y real, de las concesiones, porque esto casi casi es dar de por vida, pues, en fin, campo ancha y tarifa la que se quiera a este tipo de empresas, que –como hemos visto y padecido- tienen malas expectativas ya de inicio.

Y, por eso, vamos a... le voy a redactar la pregunta que tenemos ya registrada. Recientemente, el Tribunal Supremo ha declarado como ilegal la congelación de las tarifas de los servicios de inspección técnica de vehículos correspondientes a dos mil doce. Están pendientes las sentencias correspondientes a las tarifas de dos mil trece y dos mil catorce. Compartiendo el criterio de moderar dichas tarifas, ya que se encontraban entre las más altas de España, nos preocupan las razones que llevaron a esta situación y creemos en la necesidad de incrementar la competencia como medio de controlar dichas tarifas, así como las repercusiones que tienen las sentencias sobre las arcas públicas. Pregunta: ¿qué valoración económica supone la sentencia referida a las tarifas de dos mil doce? ¿Cómo piensan cumplirla? ¿Qué trazabilidad esperan? En el caso de que las sentencias referidas a las tarifas de dos mil trece y dos mil catorce sean desfavorables, ¿cuál va a ser, asimismo, la valoración económica previsible? ¿Qué razones han llevado a que las tarifas de la ITV sean más caras en Castilla y León que en otras zonas de España? Seguimos sin entenderlo. Aparte de las medidas adoptadas, ¿qué otras medidas pueden adoptar y proponer para moderar las tarifas de forma automática y permanente -una sostenibilidad en el tiempo-? Muchas gracias, señora consejera.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Delgado. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señora consejera, por su comparecencia. Una comparecencia por no haber lugar al recurso de casación contra la sentencia estimatoria parcial dictada el veinticuatro de febrero de dos mil quince por el Tribunal Superior... por la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tal y como establece la Sentencia objeto de la comparecencia de hoy, que es la 5592/2016 de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, como se está señalando a lo largo de toda la comparecencia: sentencias relativas a la congelación de las tarifas de las inspecciones técnicas de vehículos para dos mil doce, sobre esos criterios y sobre la potestad de nuestra Comunidad Autónoma en relación a la fijación de los precios por los servicios de las inspecciones técnicas de vehículos derivadas de las concesiones administrativas.

Bien. Según lo relatado históricamente por la señora consejera, nosotros entendemos perfectamente que no es una actuación directa suya lo que tiene que ver con la congelación de las tarifas. Esto tiene su origen en el año dos mil once, cuando era consejero el señor Tomás Villanueva, si bien desde el dos mil once –antes y ahora- la Junta está y estaba presidida por la misma persona, que es el señor Juan Vicente Herrera. Fue en dos mil once cuando se decidió no actualizar las tarifas de los concesionarios ITV en Castilla y León para el año siguiente. A esa congelación de tarifas le siguieron las de los años dos mil trece y dos mil catorce, y adicionalmente la Consejería dictó una orden para rebajar en enero de dos mil quince un 20 % el precio de las ITV porque, según se justificó, eran las más caras del Estado.

Y es cierto que había estudios de asociaciones de consumidores que informaron que los precios variaban de forma exagerada entre las distintas Comunidades, y Castilla y León era la peor... la que peor salía en ese estudio comparativo. Y a pesar de la congelación de las tarifas todos estos años, en dos mil catorce la inspección técnica de vehículos en Castilla y León era la más cara del panorama nacional; y en el año pasado, en dos mil dieciséis, no es que hayamos mejorado mucho, porque estábamos únicamente por debajo de Ceuta, Cantabria y el País Vasco, ¿eh?, a pesar de esa promesa electoral del Partido Popular en dos mil quince de rebajar un 20 % el precio para dos mil quince, ¿eh? Quizá no solo buscando ganar votos, sino también sanear las cuentas públicas.

Lo cierto es que impulsaron esta medida a través de un expediente administrativo, hubo una resolución de la Dirección General de Industria y Empleo de dos mil doce para congelar las tarifas a las concesionarias de ITV, pero, claro, esta resolución fue recurrida por la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos. Por lo tanto, no les queda más remedio que elaborar otra resolución en dos mil trece, en este caso de la viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo, para desestimar ese recurso de alzada interpuesto por la asociación de concesionarias.

Así que estas desavenencias pues van a llevar a unos y a otros a los tribunales de justicia, y van a acabar como todas y como todos conocemos: una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el veinticuatro de febrero del dos mil quince, que considera nula la resolución de la Dirección General de Industria y Empleo; y, finalmente, el fallo de la Sala Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de Justicia, que desestima ese recurso de casación interpuesto por la Junta de Castilla y León, con una novedad: en esta última sentencia condena a la Junta de Castilla y León a pagar 6.000 euros de las costas.

Bien es cierto que en el recorrido de estos expedientes administrativos, recursos y sentencias han pasado algunas cuestiones que queremos recordar. Ese veinticuatro de febrero de dos mil quince es cuando se estima parcialmente el recurso, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León va a reconocer el derecho, a las concesiones de ITV de Castilla y León, a la actualización de las tarifas para dos mil doce. Eso sí, el Tribunal no se va a pronunciar sobre la otra parte del recurso, es decir, sobre la indemnización correspondiente por los perjuicios sufridos a consecuencia de la ausencia de la actualización de las tarifas, si bien no va a impedir un procedimiento nuevo individual respecto a cada una de las concesionarias. Y, por lo tanto, nosotros estamos a la expectativa por las consecuencias que puedan tener estos recursos y esas decisiones para la Junta de Castilla y León; me refiero a que se puedan abrir posibilidad de responsabilidades y de contraprestaciones millonarias.

Así que en este tira y afloja entre la Administración y la empresa concesionaria, pues la cuerda se va a romper, ¿cómo no?, por el lado más débil, que es el de los trabajadores. Hace... en dos mil quince hubo algo más de tres meses de movilización, hubo huelgas por la intención de la compañía de despedir a trabajadores, y, finalmente, pues consiguieron firmar un contrato por cuatro años con un menor sueldo y, por supuesto, con más horas de trabajo.

Para nuestro grupo es importante recordar la fecha, el veinticuatro de febrero de dos mil quince, porque en esta fecha -cuando hay movilizaciones- la empresa ya conocía y –digamos- provoca esas reacciones de los trabajadores; pero es que también la conocía la Administración, y el dos de julio del dos mil quince, en el Debate de Investidura del candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, el señor Herrera definió este contexto como de coacción a sus trabajadores para que la Comunidad diera marcha atrás en una decisión ajustada a derecho, esgrimiendo el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León. Pero no era tan ajustada a derecho, porque ya había resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque faltaba el recurso, que hoy ya conocemos, ante el Tribunal Supremo, y las consecuencias que va a provocar; consecuencias que no hemos oído a la señora consejera y son las que queremos que nos comunique.

Así que parece que la empresa concesionaria sí tiene algún derecho adquirido; los tribunales de justicia han hablado, y, de acuerdo a la legalidad, no se permite revisar unilateralmente la actualización de las tarifas. Así que el error va a estar en la nueva redacción que va a dar la Junta de Castilla y León al Artículo 16, por el que se organiza este servicio de inspección técnica de vehículos, porque no permite legalmente tomar la decisión de congelar las tarifas. Los tribunales van a dar por buena la actualización de acuerdo al índice de precios al consumo, sin la exigencia de la autorización previa para la... para la Dirección General de Economía.

Incluso, fíjense, la propia Justicia ya habla de un precedente -no sé por qué no lo hay para la Junta de Castilla y León antes de congelar las tarifas-, que es el informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Economía y Empleo, que, según la consejera, ha dado dos precedentes donde no se actualiza el IPC (es el año dos mil seis y dos mil diez), pero el resto... el resto de los años sí se actualiza de acuerdo al IPC y, por lo tanto, la Junta de Castilla y León ya lo conoce.

Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues a una actuación desastrosa de la Junta de Castilla y León que vamos a tener que pagar -pero pagar literalmente- todas y todos los castellanos y leoneses. Por lo tanto, nosotros queremos preguntar a la consejera qué es lo que va a pasar ahora. Mientras elaboran esa nueva revisión de tarifas que ha anunciado, queremos saber si se va a incrementar las tarifas de la ITV en Castilla y León; unas tarifas –como ya he comentado- que en dos mil dieciséis solo había tres Comunidades Autónomas que nos superaban en precios. Y, si se confirman otras sentencias en sede casacional relativas a la congelación de las tarifas en dos mil trece, en dos mil catorce, y sobre esa rebaja del 20 % establecida en dos mil quince, también recurridas por las concesionarias, si se confirman estas otras sentencias, si va a asumir alguien responsabilidades, ¿eh? Y, si las va a asumir alguien, pues quién las va a asumir. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor López Prieto. En turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Muchas gracias, presidenta. Y, a través de mi intervención, voy a tratar de aclarar lo que he notado es una cierta confusión, en algunos casos intencionada y en otras no, pero sí manifiesta voluntad por parte de algunos en crear confusión en torno al sistema concesional de estaciones de servicio de inspección de vehículos en Castilla y León y el contenido de las resoluciones judiciales –de todas las resoluciones judiciales, no de esta última que hemos conocido, sino de otras que afectan también al sistema concesional de estaciones de servicio de inspección de vehículos en Castilla y León-.

Es decir, lo primero que habrá que saber es qué sistema tenemos, por qué tenemos este sistema, cuáles son las características del mismo y qué nos ha llevado a tener un sistema caro y de calidad, cuáles son las medidas que se adoptaron por parte de la Junta de Castilla y León, quiénes apoyaron esas medidas y cuáles son las consecuencias de las mismas.

Vamos por el principio. ¿Qué sistema tenemos? Sistema concesional, que parece ser que lo ha inventado el Partido Popular. No, el sistema concesional lo inventó el Gobierno socialista, ¿vale?, año mil novecientos ochenta y cinco, se dicta el decreto por el que se cambia el sistema público de estaciones de inspección técnica de vehículos a la concesión.

El sistema concesional fue adoptado por algunas Comunidades Autónomas cuando se hicieron las transferencias de las ITV a estas, y otras Comunidades Autónomas mantuvieron el servicio público prestado con carácter público. Pongamos ejemplos: Castilla y León, Madrid, en su día Andalucía, tenían sistemas concesionales, y otras Comunidades Autónomas, como Extremadura, por ejemplo, tenía un sistema de prestación pública del servicio. Si analizamos el coste del servicio en Extremadura y lo comparamos con el del Castilla y León, sin ser equiparables en cuanto a calidad, nos damos cuenta que en Extremadura el servicio es mucho más caro; no por lo que pagan los ciudadanos, sino porque el servicio es deficitario y la compensación a las... la compensación de la prestación de servicio la deben de pagar todos los ciudadanos a través de los Presupuestos.

Por lo tanto, el sistema concesional no es un mal sistema. Yo, si me preguntan ahora mismo cuál es el sistema que preferiría, te diría... diría que tampoco el sistema concesional, sino a lo mejor un sistema de libre prestación de servicio con estaciones homologadas. Pero bueno, tenemos un sistema concesional establecido en el año ochenta y cinco como consecuencia de un decreto del Gobierno, entonces socialista, y es el que funciona en la actualidad.

¿Qué características tiene el sistema de ITV de Castilla y León que lo diferencian del de otras Comunidades Autónomas? Pues bien, con independencia del precio –al cual me referiré ahora mismo-, resulta que en Castilla y León tenemos el mejor servicio de ITV de España. Y lo decimos sobre la base de una serie de datos, comparándolos con otras Comunidades Autónomas. La prestación del servicio de ITV en Castilla y León tenía una peculiaridad, y así se analizó en el año ochenta y nueve cuando se establecieron los contratos concesionales, y es que había que prestar servicio de ITV a una población extraordinariamente dispersa, en un territorio extraordinariamente amplio. No es lo mismo prestar el servicio de ITV en Madrid, con la población muy concentrada en núcleos grandes, que en Castilla y León, donde la población está muy dispersa.

Evidentemente, esto lleva una primera consecuencia, y es que tiene que haber más estaciones de ITV en Castilla y León que en otras Comunidades Autónomas. Y así se estableció un sistema que lleva a que Castilla y León, pese a ser la Comunidad más grande, es la Comunidad que tiene la menor distancia entre el punto más alejado y una estación de ITV: 57 kilómetros. Ninguna otra Comunidad Autónoma tiene una distancia más alta entre el punto más alejado y una estación de... más corta, perdón, y una estación de ITV. Es decir, tenemos estaciones de ITV más baja, estaciones de ITV cercanas a los ciudadanos.

Comparémoslo con Madrid, por ejemplo. En Castilla y León hay 39 estaciones de ITV, en Madrid hay 17 estaciones de ITV para atender al doble de vehículos. En Madrid se hacen una media de 1.500.000 inspecciones al año en 17 estaciones; en Castilla y León, en 39 estaciones, 1.000.000 de inspecciones. En Madrid, por estación y año, hay 72.000 vehículos; en Castilla y León, por estación y año, hay 24.000 vehículos, bastante menos de la mitad. Eso, ¿en qué infiere? En una mejor calidad en la prestación del servicio.

¿Qué inconveniente tiene esa mayor calidad en la prestación del servicio? Que el servicio es caro. Y, efectivamente, el servicio en Castilla y León en el año dos mil ocho, dos mil nueve y dos mil diez todos coincidían que era un precio extraordinariamente alto. Los datos económicos del mismo nos revelan que, efectivamente, en Castilla y León el precio de las ITV era un 20 % más caro de la media nacional; y que, sobre la base de lo que inicialmente fueron los contratos, contratos del año ochenta y nueve, noventa y uno, y ampliación de contratos en el año dos mil, como consecuencia de la construcción de 17 nuevas estaciones de servicio, pues, efectivamente, que de un beneficio inicial del 13 % hemos pasado a un beneficio de más del 50 %; y que el beneficio, como se ha dicho aquí, ha subido más del 200... perdón, el precio ha subido más del 200 % desde el año mil novecientos noventa y uno.

La Junta de Castilla y León decide intervenir; decide intervenir a instancia propia y a instancia, también, de los grupos parlamentarios. Se ha hecho mención aquí de la posición que yo mantuve en el año dos mil ocho. Me da pena anticipar lo que ha dicho el Tribunal Supremo en el año dos mil dieciséis, pero esa posición que yo mantuve personalmente en esta Cámara es la que ha mantenido ahora el Tribunal Supremo en su resolución del recurso de casación. La Junta de Castilla y León no me hizo caso a mí, hizo caso a los servicios jurídicos de la Junta, hizo caso a los ciudadanos y les hizo caso a ustedes, les hizo caso a ustedes. Porque quienes pidieron en esta Cámara revisar los precios de la ITV, congelar, congelar los incrementos de IPC fueron la UPL, el Partido Socialista e Izquierda Unida; y la Junta de Castilla y León atendió a la petición de los ciudadanos y atendió, también, a la petición de ustedes para adoptar medidas de cara a frenar el incremento de precios de las estaciones de servicio de inspección de vehículos en Castilla y León.

Y como quiera que en los años dos mil seis y dos mil diez ya se habían congelado las tarifas, es decir, no se habían actualizado los precios de las ITV, se determinó que, sobre la base de lo establecido en el Decreto del año noventa y uno, que establecía la necesaria previa autorización de la Junta de Castilla y León para actualizar vía IPC las tarifas de ITV, adoptar esa medida en los años dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce. E igualmente se adoptó una segunda medida, que es la Orden de siete de octubre de dos mil catorce, que, sobre la base de un estudio económico realizado en el año dos mil doce, reduce la tarifa un 20 % sobre la base del desequilibrio económico en la prestación y, además, modifica el sistema de actualización de tarifas hasta el año dos mil veintinueve. De tal manera que la actualización de tarifas, desde el año dos mil quince hasta el año dos mil veintinueve, ya no será vía IPC, sino será vía informe económico que habrán de presentar las entidades prestadoras del servicio, las concesionarias, sobre sus resultados económicos, utilización del servicio y equilibrio económico en la prestación.

Bien, pues todo esto fue recurrido. Fue recurrido por Itevelesa y la Asociación de Concesionarias, las ordenes de congelación... de no actualización de tarifas del año dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, e igualmente la Orden de siete de octubre de dos mil catorce, que bajaba las tarifas un 20 % y modificaba el sistema de actualización. Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio la razón a las ITV en cuanto a las... a la revisión de las tarifas de los años dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, no así en la Orden de siete de octubre de dos mil catorce, que confirmaba lo ajustado a derecho de la Orden de la Junta de Castilla y León. Y en el Supremo, la Junta de Castilla y León recurrió la desestimación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y Itevelesa recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmaba la Orden de siete de octubre de dos mil catorce.

Ahora hemos conocido la primera sentencia, es lógico pensar que haya otras dos que vayan en el mismo sentido. Pero no entiendo por qué la Oposición, haciendo de adivino jurista, sabe que el Tribunal Supremo va a revocar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que es la mollar. Es decir, la sentencia mollar que falta por conocer es la que afecta a la Orden de siete de octubre de dos mil catorce, que es la que baja las tarifas un 20 %. Y esa, en primera instancia (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León), ha confirmado que la Orden de la Junta de Castilla y León de siete de octubre de dos mil catorce es ajustada a derecho. Yo creo que es fácil adivinar que el Tribunal Supremo –ojalá no me equivoque- confirme la Orden del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, igual que ha confirmado la resolución del Tribunal de Justicia de Castilla y León sobre las actualizaciones de los años dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce.

Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir de cara al futuro –y voy concluyendo, presidenta-? Pues que ahora habrá de establecerse, primero, cómo vamos a dar cumplimiento a las posibles reclamaciones que provengan para la compensación de la pérdida de las concesionarias por la no actualización de tarifas de los años dos mil trece, dos mil doce y dos mil catorce; y cómo vamos a establecer el servicio a partir de ahora; sobre la base de que entendemos que la Orden de siete de octubre de dos mil catorce no va a ser modificada. Y eso es lo que habrá de negociarse con las entidades concesionarias.

En ningún caso... he oído cifras de hasta 230 millones, y se dice, equivocadamente, que la repercusión económica habrá de hacerse hasta dos mil veintinueve. No, no, por el contenido de la Orden de siete de octubre de dos mil catorce, que establece que se modifica el sistema de actualización de tarifas, de tal manera que ya no será vía IPC, sino vía presentación de resultados. Por lo tanto, el régimen de actualización de tarifas terminó el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Por lo tanto, las consecuencias económicas de la sentencia que afecta a la revisión de tarifas del año dos mil doce únicamente podrá extenderse al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, porque el uno de enero de dos mil quince entró en vigor un nuevo sistema. Por eso esos 230 millones que hemos oído, esas decenas de millones que hemos oído al Grupo Parlamentario Socialista son absolutamente falsos. Porque la repercusión económica, la repercusión económica de la resolución que hemos conocido únicamente puede extenderse en los años dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce. Y las cantidades se las ha dado ya la consejera: 7.500.000 euros, me ha parecido entender. Esa es la repercusión económica, única y exclusivamente, sobre la base de la sentencia que hemos conocido y de las previsibles que afectarán a dos mil trece y a dos mil catorce; ni un euro más. Parece que a alguno le gustaría que fuese más dinero; pues no, no va a ser más dinero, ni un euro más, señores parlamentarios.

Por lo tanto, lo que este grupo parlamentario solicita a la Junta de Castilla y León es que abra un proceso de negociación con las entidades concesionarias para establecer el cauce de cumplimiento de la resolución. Resolución, por cierto, que no es ejecutable, sino que habrá de haber, en su caso, un procedimiento posterior para compensar la pérdida sobre la base del contenido de la resolución del Tribunal Supremo; pero que, en todo caso, invitamos a negociar por parte de la Junta de Castilla y León con las concesionarias.

En resumen, la Junta de Castilla y León hizo lo que creía en interés de los ciudadanos de Castilla y León...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor De la Hoz, tiene que ir terminando.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Concluyo). ...reducir el precio de las inspecciones técnicas de vehículos en 11 euros -se ha dicho aquí-. La Junta de Castilla y León lo hizo en interés de los ciudadanos y, además, porque se lo estaban solicitando también los grupos parlamentarios de la Oposición. Qué casualidad que ahora esos mismos critican que se adoptaran las medidas que ellos mismo solicitaron en el año dos mil ocho se tomaran en estas Cortes de Castilla y León. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor De la Hoz. Para dar contestación, tiene la palabra la señora consejera.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA DEL OLMO MORO):

Muchas gracias, señora presidenta. Aquí se han planteado muchas cosas y mezcladas, en muchos casos, malintencionadamente. Estamos hablando de un sistema concesional que está previsto en una ley, en la Ley de Contratos, además, del año sesenta y cinco, por el cual se regula, porque en ese momento era la normativa que estaba en vigor. O sea, no es una cosa extraña al ordenamiento jurídico, no es una cosa que no se pueda hacer, no es una cosa que sea condenable de por sí desde el principio, sino que es un sistema –como digo- previsto legalmente. Sistema concesional que no es exclusivo de Castilla y León, no es que en Castilla y León... ni nos hemos inventado ese sistema ni es exclusivo de esta Comunidad.

Les tengo que decir que el sistema de concesión pública está vigente, en la actualidad, además de en Castilla León, en otras 10 Comunidades Autónomas. Por lo tanto, podemos decir que es el sistema concesional el sistema general que rige en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, y además de todo signo político; porque son 10 Comunidades, imagínese, pues ha habido turnos en el Gobierno y aquí ha gobernado de todo tipo, pero algunas donde casi siempre ha gobernado el Partido Socialista. Y es el modelo que se ha adoptado para gestionar un servicio público que es muy necesario y que... obligatorio, además, y sancionable en caso de que no se produzca el paso de la ITV por parte de los vehículos.

En definitiva, como les decía, cuando se transfiere incluso –que se lo he dicho anteriormente- el servicio, la gestión del servicio de las ITV, se transfiere... una parte era público, era un servicio público, pero la otra parte era un régimen ya de... parecido a la concesión; no era concesión, pero se hacía con entidades colaboradoras, determinadas entidades colaboradoras, con una autorización. De manera que entre esas entidades colaboradoras ya estaba Itevelesa, que tampoco ha sido un invento de la Junta. Que, señor Martín, existía ya... esa empresa venía en la transferencia que se hizo del Gobierno... del Gobierno central, a la sazón socialista en ese momento. Era un Gobierno socialista que ya, por lo que sea, había considerado entidad colaboradora a Itevelesa. Por lo tanto, como digo, sistema que es común, ¿eh?, a la mayor parte de Comunidades Autónomas.

Y hablan de los plazos, que les parecen muy largos. Pues no les voy a decir la Comunidad Autónoma, pero, por ejemplo, hay una Comunidad que lo tiene hasta el dos mil setenta y seis, otra hasta el dos mil sesenta y tres, otra hasta el dos mil noventa y dos. Como ven, hay de todo. Aquí está vigente hasta el dos mil veintinueve. Luego parece ser que también es generalizado en las Comunidades Autónomas que existan unos periodos largos de concesión. Es de suponer que las concesionarias tendrán que hacer una serie de inversiones y que esas inversiones tienen que ser amortizadas en el tiempo; una serie de mejoras que, evidentemente, si el periodo concesional es pequeño, pues no se van a poder amortizar en el tiempo si ese tiempo –como digo- es un tiempo reducido o limitado.

Y en el caso de Castilla y León, con más motivo, se acudió a este sistema. Y, bueno, estamos remontándonos a los tiempos, no sé qué pasaría por la cabeza de nadie en ese tiempo, porque, entre otras cosas, no sé exactamente quién tuvo la decisión. Pero, evidentemente, en una Comunidad como la nuestra, donde nos caracterizamos por la gran superficie de nuestra Comunidad Autónoma –les recuerdo que somos la región más grande que 17 Estados miembros de la Unión Europea; por lo tanto, estamos ante una superficie muy grande-, 2.248 municipios, la población vive dispersa en esos municipios y nuestros núcleos rurales, y, por tanto, se estimó en ese momento -supongo yo que se vería así, como es lógico pensar, porque ahora estamos reclamando todos- que nuestro servicio, además, al ser más disperso y al ser en mayor superficie, lógicamente, parece que, intuitivamente, debería costar más también. O sea, no es igual prestar el servicio en una Comunidad Autónoma donde está todo... toda la gente vive en una ciudad, dos ciudades, que prestarlo en un servicio... un servicio en una Comunidad como Castilla y León, donde la dispersión es una de nuestras señas de identidad. Y, por lo tanto, intuitivamente, da la sensación de que prestar el servicio aquí va a costar más. Y, evidentemente, se decidiría prestar este servicio con una... en régimen de concesión porque se entiende que era imposible, con los medios que en ese momento tenía la Administración, prestar ese servicio o hacer las inversiones oportunas y que se necesitaban.

Les quiero dar un dato: se empezó en el año ochenta y nueve con 12 ITV fijas, y en la actualidad hay 41 ITV fijas; o sea, que estamos hablando que casi se multiplica por cuatro... por tres y pico. Y se empezó con 4 móviles en el año ochenta y nueve, y ahora hay 13... perdón, 4 no permanentes, y ahora hay 13 no permanentes. Por lo tanto, estamos hablando de que se ha mejorado mucho en estos años lo que es la... el servicio prestado por las ITV.

Evidentemente, todo este sistema se hace por un... y todas estas revisiones que ha habido se hace con un objetivo claro, que es mejorar el servicio de los ciudadanos y, además, que paguen lo justo, es decir, que no paguen más de lo que se considera que es de justicia que paguen por este servicio.

No es la única Comunidad donde ha habido litigiosidad en relación con este tema, pues ha habido... hay litigiosidad en Cantabria, en Cataluña, en Valencia, etcétera; en otra serie de regiones también ha habido esta litigiosidad, que, además, muchas veces es propia de un contrato concesional. Porque, si no hubiera esa litigiosidad, es que a lo mejor, bueno, pues, si estuviera muy de acuerdo con lo que hace la Administración... evidentemente, si nosotros no hubiéramos bajado el precio de los... el precio de esos servicios, pues no hubiera habido esa litigiosidad, pero nos ha animado claramente el que los ciudadanos, como digo, paguen un menor precio por ese servicio que es obligatorio. Y, lógicamente, a la empresa que está pues no le gusta perder dinero, evidentemente, o ganar menos, y, por lo tanto, pues hay esa litigiosidad. Como digo, litigiosidad propia de muchas Comunidades Autónomas, no solo Castilla y León.

En cuanto a la sentencia que ha habido, propia –como digo- de esa litigiosidad, la sentencia del Tribunal Supremo se refiere a la... primero, está interpuesta por la Asociación... por la Asociación de Empresas de ITV, es decir, la Aecyl. Hay una sentencia que habla de las tarifas y que dice que no se deberían haber congelado, pero esta sentencia no implica desembolso alguno para la Junta de Castilla y León; la sentencia del Tribunal Supremo sobre las tarifas del año dos mil doce, la congelación de las tarifas del año dos mil doce, no implica desembolso alguno. Lo quiero repetir porque tiene que estar... quedar muy claro.

Dice el propio Tribunal Supremo que, en todo caso, serán las reclamaciones individuales de las empresas las que puedan implicar algún coste económico para la Junta de Castilla y León. Como he dicho en la primera comparecencia... en la primera parte de mi comparecencia, y algunos no me han escuchado, y algunos no me han escuchado –y me estoy refiriendo a usted, señor Martín, que me pregunta por lo mismo que he dicho; ¡hombre!, esté un poco atento-, pues mire, ya les he dicho que las sentencias referidas al año dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, en una estimación que ha hecho la Dirección General de Industria –una estimación de lo que va a poder costar-, serán en el entorno de 10 millones para la Junta de Castilla y León, esos tres años. Nada más, ¿eh?, nada más.

Ahora, le voy a decir que esos 10 millones se los han ahorrado los ciudadanos de Castilla y León. No solo esos 10 millones, es que en el año dos mil... dos mil quince, que es cuando se bajan las tarifas un 20 %, solo en ese año los ciudadanos de Castilla y León se han ahorrado otros 10 millones; y en el año dos mil dieciséis, ya vencido, se han ahorrado otros 10 millones con las bajadas de las... con la última bajada de tarifas del 20 %, que no... Les voy a explicar, porque no es una bajada de tarifas lineal. En principio, parece previsible que perdamos la congelación de tarifas de los años doce, trece y catorce. También... Parece previsible, pero no lo hemos perdido todavía; parece previsible. Y, por lo tanto, les digo, en esa previsibilidad podría costar a la Junta 10 millones; podría costar, de tener que ejecutar la sentencia y no haber ninguna negociación con las ITV para ver de la manera que se puede ejecutar esa sentencia. O sea, que digo que como máximo podría costar esos 10 millones, que se los han ahorrado previamente, y en periodo de crisis, los ciudadanos de Castilla y León. Sí, señor Martín, se los han ahorrado. [Murmullos].

Pero es que, además, en el año dos mil catorce se propone una rebaja de las tarifas del 20 %, que no es consecuencia de una congelación, sino que se hace un estudio del equilibrio financiero de la concesión y, bueno, la Administración se da cuenta de que la concesión está desequilibrada. Para restablecer ese equilibrio económico-financiero de la concesión es por lo que se propone una rebaja del 20 % de las tarifas.

Esa rebaja de las tarifas, que, por cierto, ha sido recurrida también por la asociación, por Itevelesa, por Atisae, por Atisaecal, bueno, por todas las empresas concesionarias, y, además... bueno, por la asociación y por Itevelesa al menos... Esa resolución que... esa orden de la Junta de Castilla y León se ha ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que es, en definitiva, la más importante, porque ha supuesto una rebaja de las tarifas del 20 %, lo cual nos ha situado en la media, más o menos, de las tarifas que tienen las Comunidades Autónomas españolas.

Bien. De momento, está ganada en el Tribunal Superior de Justicia. Evidentemente, se ha recurrido al Tribunal Supremo por parte de la... tanto de la asociación como de las empresas concesionarias; también lo ha recurrido la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, la sentencia no es firme porque no nos han dado la razón en el sistema de revisión de tarifas, en el cual ahora mismo estamos trabajando -sistema de revisión de las tarifas-.

De cualquier manera, como les digo, esa reducción del 20 % ha supuesto un ahorro para los ciudadanos de Castilla y León estimado en 10 millones de euros en el año dos mil quince y 10 millones de euros en el año dos mil dieciséis. Por lo tanto, ¿los ciudadanos de Castilla y León qué han notado desde que la Junta de Castilla y León ha actuado congelando y después reduciendo las tarifas? Pues una cosa muy clara: que se han ahorrado dinero cuando van a hacer la ITV. ¿Cuánto dinero se ha ahorrado entre todos? Pues 30 millones de euros, más o menos, cálculos estimativos. Eso es lo que han notado los ciudadanos. Y que si antes iban y pagaban casi 60 euros por una inspección técnica de un coche diésel, pues resulta que ahora pagan 48, es decir, se han ahorrado más de 11... más de 11 euros. Eso es lo que han notado los ciudadanos. ¿Pero no nos lo estaban pidiendo desde las Cortes los distintos grupos parlamentarios que bajáramos las tarifas de la ITV? Pero ¿qué pasa, que ahora se arrepienten de esa petición? ¿Pero qué les pasa? Si es que... yo creo que...

Vamos a ver, todos estos temas... [murmullos] ... todos estos temas son litigiosos, todos, como ya les he dicho. Unas veces se gana y otras veces se pierde, pero si no lo intentas y no haces nada, ni se gana, ni se pierde, pero, evidentemente, los que pierden son los ciudadanos de Castilla y León. Esos son los que pierden por una inacción de la Administración.

Por lo tanto, creo que, en esto, las cosas se han hecho de la mejor manera que se ha sabido y podido. Y creo... vamos, es previsible, por tanto, que, bueno, que las tarifas se hayan reequilibrado y se hayan reequilibrado bien.

¿A partir de ahora? Pues vamos... lo primero que les quiero decir es que hace ya años que se están controlando pues lo que es el equilibrio económico financiero. O sea, que no es una cuestión nada sencilla de hacer, que requiere muchas veces de unos conocimientos técnicos bastante elevados. Y, bueno, y una tarea además que lleva su tiempo.

Vamos a seguir viendo si se cumple ese equilibrio económico financiero en la concesión, evidentemente. Y vamos a intentar, como les digo, que no haya coste, en caso de que las sentencias sean desfavorables, cosa que no se ha producido en este momento, intentar que el coste para la Administración sea mínimo; para los ciudadanos ninguno, pero para la Administración que sea el mínimo... el mínimo posible.

Y yo creo que, con esto... El señor Martín, evidentemente, me pregunta por cosas que no tengo por qué saber ni conocer, por ejemplo, quién forma parte del accionariado de Itevelesa. Pues mire, en estos momentos, lo desconozco. Lo que sí conocemos es la estructura financiera de Itevelesa, y lo que sí que le puedo decir es que tienen unos gastos financieros bastante elevados, mucho más de lo que se corresponde con la actividad normal, pero que es una cuestión societaria, porque, a efectos del reequilibrio, esos gastos financieros no tienen ninguna virtualidad, no se incluyó nada más que un gasto financiero ordinario de lo que es la estructura normal de una empresa. Y, por lo tanto, el que una empresa tenga unos costes financieros desorbitados es su problema. Pero lo que tiene que hacer es prestar bien el servicio en Castilla y León. Y, en caso de que no lo pueda prestar porque no tenga la estructura financiera adecuada, pues existen en la Ley de Concesiones, cuando uno no puede prestar el servicio por determinadas circunstancias, pues hay que... se puede hasta resolver. O sea, que la Administración, en ningún momento, con este sistema de concesión, perdemos la posibilidad de controlar, de controlar, el servicio que se presta, cómo se presta, las tarifas y, por supuesto, la calidad, que es lo más importante, de ese servicio a los ciudadanos.

Termino ya. El sistema, como les digo, es el normal en diez Comunidades Autónomas. Hay cuatro empresas concesionarias: Itevelesa, Atisae, Atesaecal e Itevecasa. Y, evidentemente, entendemos que es el servicio que mejor se adapta, y la forma de prestarlo que mejor se adapta a las necesidades que tiene nuestra Comunidad Autónoma, Comunidad, como digo, dispersa y con mucha superficie, con muchas personas que viven en el medio rural, y en esos momentos... y creo que en estos momentos se puede sostener que es la mejor forma de prestar el servicio. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora consejera. Se abre ahora un turno de réplica por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el señor Martín por el Grupo Socialista.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. En primer lugar, hay una frase de la consejera que yo la pido que retire inmediatamente, porque a mí me daría... me da vergüenza ajena que figure esto en el Diario de Sesiones. Usted ha dicho literalmente que todo esto no va a suponer coste alguno para los ciudadanos, en todo caso para la Administración. Pero, oiga, pero ¿y qué es la Administración que no somos todos los ciudadanos? ¿Qué pasa, que lo va a pagar usted con su dinero? Usted no merece cobrar un euro si mantiene ese criterio y si mantiene esa frase. Porque la Administración somos todos los ciudadanos, y ese es el problema, ese es el problema de la chapuza que nos trae aquí. Entonces, yo le pido que lo retire inmediatamente. ¿O qué pasa, que el dinero lo pone usted? ¡Venga ya, hombre! Ya está bien de reírse de la gente.

En segundo lugar, mire, yo no sé en otras Comunidades Autónomas, entre las tres posibilidades -de gestión pública, por concesión o por autorización-, por qué optaron en su momento. Lo que tampoco sé es cuántos, de los que tomaron la decisión, eran consejeros y directores generales condenados por prevaricación y malversación por el Tribunal Supremo. En Castilla y León fue así: quien tomó la decisión fue condenado por prevaricación y por malversación en otro proceso exactamente igual. Y aquí adjudicó las ITV, la mayor parte de ellas, a una empresa que hasta dos días antes había sido suya, había sido suya. Esa es la diferencia con otras Comunidades Autónomas. O sea, que no me hable para nada de otras Comunidades Autónomas.

Y a ver si se aclara por fin con la compensación, porque primero dijo 7,5 millones, ahora 10, la posible... efecto de la Orden del dos mil catorce otros 10 millones al año, pero es que, además –y lo ha dicho de refilón-, se le ha escapado que el TSJ le ha dado la razón en parte a la orden, pero no le ha dado la razón en una cláusula fundamental, que es la de la actualización de precios. Y si al final el Supremo hace lo mismo que el TSJ... si tira atrás la sentencia del TSJ, como dice el señor De la Hoz, es la sentencia mollar, y entonces será mucho más lo que habrá que pagar, todos, no usted, todos los ciudadanos. No usted, todos los ciudadanos. Pero es que, si le da la razón al TSJ, seguirá dándole la razón a los concesionarios en cuanto a la actualización administrativa. Y las Sentencias del dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce tendrán vida, como mínimo, hasta el dos mil veintinueve o hasta que ustedes actualicen las tarifas de otra manera.

Y dice que los ciudadanos de Castilla y León "se han ahorrado". No, no se han ahorrado nada. No nos hemos ahorrado nada. Porque los propietarios de los vehículos se han ahorrado, hasta el momento, una cantidad que ahora van a tener que pagar, porque son ciudadanos. La diferencia es que los demás, los ciudadanos que no tienen coche, también van a tener que pagar, van a tener que pagar, ¿por qué?, por la chapuza que ustedes hicieron. Que no tiene nada que ver, señor De la Hoz... ahora entiendo por qué... todos nos preguntamos ¿por qué no será consejero?, que nunca le han nombrado consejero después de tantos años. Claro, usted, que va dirigiendo el grupo y votando como usted dice que tiene que ser, y llevando la contraria a la Junta, pues así nunca llegará a ser consejero. Pero en aquel momento tenía razón, lo que pasa es que nosotros no pedíamos que se congelasen las tarifas, no. Pedíamos una nueva estructura y una nueva negociación, unas tarifas diferentes. Y lo que hicieron ustedes fue una chapuza absoluta, fue una chapuza absoluta, que la hizo su compañero Villanueva, pero que es propia de usted, que es una chapuza electoralista para que el que venga detrás que arree. Y ustedes lo sabían. Cuando ustedes congelaron las tarifas del año doce, trece y catorce, sabían que no tenían ninguna posibilidad y que acabaríamos todos, no ustedes, todos, pagando por esa... por esa chapuza.

Ahora, por la intervención del señor la Hoz y la suya propia, resulta que todos conocen el coste del servicio. Entonces, ¿por qué no hicieron nada cuando se lo pedíamos todos desde el año ochenta y nueve? ¿Por qué no hicieron nada desde el año ochenta y nueve hasta el dos mil doce? Pero, eso sí, resulta que tenemos... el servicio es el mejor de España y del mundo -lo ha dicho el señor De la Hoz-, es el que mayor coste tiene -lo ha dicho el señor De la Hoz-, es el mejor -también ha dicho la consejera-...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Tiene que ir terminando, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... y resulta que es el que más beneficio tiene de toda España. ¿Por qué será? Por la chapuza que hicieron ustedes en el momento de la concesión -ustedes, porque son del mismo partido, en el momento de la concesión-, por aquel consejero corrupto, a la empresa de la que era propietario dos días antes de la concesión. De ahí viene absolutamente todo.

Y lo que nosotros llevamos desde aquel momento, desde el año ochenta y nueve, pidiendo es que se haga todo lo posible para eliminar ese tipo de concesiones y esa concreta... esa concesión concreta. Y, si no, dígame por qué, siendo los mejores, los que mayor coste tienen, también son, según ustedes, los que mayor beneficio obtienen. Eso en economía es imposible, imposible, a no ser que se haya hecho lo que hicieron ustedes.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, se le ha acabado el tiempo.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Nada. Muchas gracias. Con mucha brevedad, porque a lo que yo he planteado no ha habido respuesta. Es decir, se ha debatido en torno a la cuestión del varapalo judicial, acerca de las medidas jurídicas, etcétera, pero la cuestión de fondo es la cuestión de la privatización del servicio. Es decir, primero, una cuestión de fondo, que es un servicio, a nuestro juicio, que no tendría que haberse privatizado en ningún momento; y, en segundo lugar, es que la forma de privatización es a través de una concesión administrativa que genera unas ventajas para la empresa muy importantes, ¿no?

Aquí se ha hablado del Hospital de Burgos, un hospital que conocemos bien algunos miembros de esta Comisión, porque estamos también en la Comisión de Investigación del Hospital, y una de las cuestiones más claras y más evidentes es el blindaje de beneficios que se genera a este tipo de empresas y que, además, cuando la Administración lo que pretende hacer es corregir para que en un momento determinado haya un interés social y no meramente el interés económico de la empresa, precisamente lo que suceden son problemas de enorme cuantía, que son precisamente los que nos hemos encontrado aquí.

Es decir, si el interés de la Junta de Castilla y León es que el servicio de las ITV sea un servicio, en primer lugar, que tenga un interés público; en segundo lugar, que llegue a las zonas rurales, que tenga una extensión territorial; y, en tercer lugar, que tenga unas tarifas sociales, unas tarifas de interés ciudadano, eso es la descripción de un servicio público. Si lo que se pretende es hacer una privatización para que una empresa privada realice este trabajo, desarrollando una prestación en zonas rurales, desarrollando una extensión en el territorio y con tarifas bajas, y pretendemos hacérselo obligar por ley, la empresa, lógicamente, se va a defender, porque la función de una empresa en la sociedad actual que tenemos en este momento es la obtención de beneficio. Y cuando el Estado intenta que esa función primaria se reconvierta en otra, evidentemente, la empresa se defiende y puede ganar pleitos, como ha sucedido hasta ahora.

Por lo tanto, nuestro planteamiento es que, para hacer que una tarifa sea verdaderamente social, si lo que planteamos es que la Administración pública sea la que regule las tarifas para que sean de interés ciudadano, lo que tenemos que hacer es prestar un servicio público. Y espero que se tome nota de cara al futuro, porque lo que nos hemos encontrado es que intentar regular las tarifas desde la Administración pública lo que genera son problemas, en primer lugar, de tipo judicial, como el que nos hemos encontrado, desgraciadamente, y, por otro lado, conflictos laborales, evidentemente. Porque cuando privatizas un servicio, la empresa siempre va a buscar el beneficio, y lo va a hacer por la vía laboral y lo va a hacer por la vía judicial, como ha hecho en este caso, lo ha hecho de las dos maneras. Lo que pasa es que, por un lado, fracasó gracias a la constancia y -yo diría- la heroicidad de la plantilla, que fue capaz de aguantar una huelga durante varias semanas en un verano, con ocupación de un edificio y a punto estuvieron de una huelga de hambre, que llegaron en algún momento a plantear, hasta que fueron capaces de doblegar a la empresa, y, sin embargo, la vía judicial parece que a la empresa le ha salido bastante más rentable. Esta es la consecuencia de situar un servicio público en manos de un ente privado que, lógicamente, su interés -por cierto, legítimo- es la búsqueda del interés privado, porque esa es función, esa es su función, evidentemente. Lo contrario sería un servicio público o una ONG.

Y, por lo tanto, nosotros planteamos esta reflexión, que el camino que tienen que seguir los servicios que creemos que tienen que tener un interés público, y que además son obligatorios para la ciudadanía, tienen que ser prestados por los servicios públicos, como de hecho sucede en otras Comunidades Autónomas. Todo lo que no sea eso finalmente a lo que lleva es a tener que llevar caminos subrepticios o caminos secundarios para poder forzar que las tarifas tengan un cierto carácter social, es decir, que no sean tan elevadas, y eso puede salir o puede salir mal; y en el caso en el que nos hemos encontrado sencillamente ha salido mal, porque el problema, como digo, viene desde el principio, cuando se realiza, en primer lugar, una externalización que nunca tenía que haberse realizado, y, en segundo lugar, cuando se plantea por una cuantía y durante un tiempo que nunca tenía que haberse planteado, porque lo que estamos haciendo, en definitiva, es ponernos en manos de estas empresas durante demasiado tiempo. Por mi parte, nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Sarrión. En turno de intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Pues también, simplemente, con mucha brevedad. Bueno, aparte de la costumbre famosa de que el Partido Popular y el Partido Socialista se echan la culpa siempre, y a veces tienen razón. Tienen razón, porque, efectivamente, la culpa es de ustedes sobre todo; de ustedes dos, que han hecho, pues hasta la fecha, pues lo que tienen que hacer, y casi siempre, como estamos viendo, no bastante bien. Lo digo porque, como ha dicho el señor portavoz del Partido Popular, pues, claro, fue a instancias de los demás partidos políticos, que se vieron arrastrados el Partido Popular, ¿verdad?, a hacer esa... incluso en contra de su criterio. Pero bueno, estamos aquí para intentar solucionar las cuestiones y no para hablar siempre más de lo mismo.

Lo que está claro es que me gustaría meter una nueva variable. Es decir, usted, señora consejera, será consciente de que también, si las Comunidades Autónomas al lado, y Castilla y León tiene muchísimas, funcionan mejor que nosotros -eso pasó con el céntimo sanitario, por ejemplo-, también la gente a veces acude a las demás... a otras Comunidades Autónomas, con lo cual aquí perdemos dos veces, ¿no?, y eso también siempre hay que tenerlo en cuenta.

Y sobre todo reitero lo del tema de las colas, etcétera, etcétera, y sí que había que instaurar, de una vez por todas, por parte de Ciudadanos, que la cita previa, que ya se está instaurando, sea de una vez por todas, en fin, el modus operandi, y que no haya gente... -sí, sí, sé lo que me digo-, que no haya gente esperando mañanas enteras a que pase la ITV. Y, si no sabe dónde, yo le puedo decir a usted, personalmente, cuándo... cuándo y dónde, porque es así la realidad.

Y luego, por supuesto, estamos de acuerdo que hay que abrir la negociación de una vez por todas, pero, claro, una negociación que siempre sea tutelada y –digamos- dirigida por parte de la Junta de Castilla y León, que tiene que llevar la voz cantante, y además con... ¿eh?, de una vez por todas, para hacer las mejores soluciones posibles, porque, si no, mucho me temo que lo que no se puede andar en este tipo de concesiones es a golpe de recurso judicial, con las consecuencias que estamos viendo todos.

Y, sinceramente, tampoco me ha quedado muy claro lo de los 10 millones, los 7,8; en fin, yo por dejarlo clarividente, aunque más o menos sí, pero, eso sí, todo depende también, como apuntaban otros, otras señorías, pues de otros recursos que todavía están pendientes.

Y nada más. Yo creo que tenemos que ser sensatos y pragmáticos, aprender de los errores todos, y lo que tenemos que hacer es que, en vez de echarnos las culpas aquí, como siempre, realmente hacer que los intereses de los ciudadanos de Castilla y León sean los mejores, que las ITV funcionen mejor, si cabe, porque tienen que funcionar mejor, y que, por supuesto, el precio sea el más adecuado para que todo funcione lo mejor posible. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Delgado. En turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidenta. Bien, pues si ha habido algún tipo de confusión, nosotros lo tenemos claro que la que... lo ha resuelto el Tribunal Supremo, porque ha reconocido los derechos a las entidades concesionarias, por dos razones: porque la situación económica de la empresa no es concluyente para el incremento o no de los precios, y, en segundo lugar, porque la cuestión no queda limitada a la aplicación de una norma autonómica, sino la aplicación de un contrato administrativo y, en este caso, la Ley de Contratos del Estado de mil novecientos sesenta y cinco.

Dicho esto, quizás deberíamos valorar las y los castellanos y leoneses por qué tenemos las tarifas más altas de todo el Estado, incluso de que la Junta de Castilla y León haya congelado las tarifas y haya hecho una rebaja de un 20 %. Nosotros creemos, nuestro grupo parlamentario cree, que tiene que ver con el modelo de concesión que ha desarrollado el Partido Popular y la forma de organizar un servicio público, que, según acaban de definir, es caro y de calidad. Un modelo que dudo mucho que sea de interés general, básicamente porque de los modelos de gestión dependen las diferencias de los precios de las ITV. Sí es cierto que en Extremadura son las más baratas del Estado porque las empresas encargadas de llevar a cabo tienen un carácter público. Pero quizás la confusión del Gobierno del Partido Popular es la que no permite adaptar las ITV de Castilla y León a las características de nuestra Comunidad, porque hay otro modelo, que es la autorización administrativa; en este caso la libre competencia sí que es un beneficio para el usuario final, porque una persona puede elegir el taller de reparación, el que quiera, donde efectuar la revisión. Y esto provoca dos beneficios: uno es reducir el precio al consumidor y el segundo es que favorece el empleo.

Pero bueno, ya vemos que, sin embargo, el modelo del Partido Popular para Castilla y León pues, según ese modelo de concesiones, solo podemos ir a pasar la ITV a una empresa concesionaria, y esto -pues digámoslo así- no garantiza ni mucho menos la transparencia del mercado.

Y es que la Consejería de Economía tuvo la oportunidad de enmendar la orden que desarrolló el Decreto 126/1988, por el que se organizó este servicio público en Castilla y León, ya que en su Artículo 16 originario ofrecía dificultades para revisar las tarifas. Pero, claro, cuando lo modifican, pues establecen la fórmula del IPC, con la previa autorización de la Dirección General de Industria, lo que motiva la diferente interpretación y desencadena este litigio, que, como repito, que ya sabemos dónde ha terminado. En este sentido, solo podemos denunciar la incompetencia de la Junta de Castilla y León, porque privatiza un servicio público anteponiendo los intereses particulares, los intereses privados, frente al interés general, ¿eh? Un modelo que ni siquiera -como he repetido antes- garantiza la defensa de los trabajadores de las concesionarias.

Y digo incompetencia porque bien podrían haber tomado, por ejemplo, el modelo que denuncian o que alegan ante el Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana, que es quien modifica o actualiza las tarifas unilateralmente, en este caso es el Gobierno valenciano.

Por lo tanto, ahora toca explicar, toca explicar, todavía no hemos oído la repercusión económica de esta pésima gestión, de cómo va a afectar la sentencia a las cuentas de Castilla y León, que, según las concesionarias, son de 7,5 millones de euros, la cantidad que tendrá que abonar a la Junta, aunque sean individualmente, para compensar los perjuicios ocasionados en dos mil doce por la no actualización de acuerdo al IPC. Estas mismas concesionarias... de ahí sale el dato de los 230 millones que podrían superar las compensaciones, sin incluir los intereses, no incluyen los intereses, si los próximos fallos judiciales también les son favorables, y si se tiene en cuenta que la adjudicación del contrato pues aspira hasta el año dos mil veintinueve. Estos son los problemas de hacer una concesión a cuarenta años.

Por lo tanto, nos gustaría oír las... nos gustaría de la consejera qué es lo que tiene que decir de estas compensaciones millonarias. Y, sobre todo -vuelvo a repetir-, si alguien va a asumir responsabilidades, ¿eh?, de esta decisión de llevar a cabo esta actuación a través de un expediente administrativo para congelar las tarifas, sobre todo -vuelvo a repetir otra vez- cuando hay un informe de la asesoría jurídica de la Consejería de Economía y Empleo que informa favorablemente de la modificación contractual de la propuesta.

Nada más. Nosotros vamos a añadir y vamos a anunciar que vamos a presentar una enmienda al informe de fiscalización del año dos mil diecisiete, para que el Consejo de Cuentas elabore este año un informe sobre la gestión de la concesión de servicio público de inspección técnica de vehículos en Castilla y León, para que se determine si este servicio se realiza en base a criterios de eficiencia, de eficacia y de economía, desde su adjudicación en el año ochenta y nueve. Una enmienda que esperamos que todos los grupos parlamentarios apoyen. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor López Prieto. Tiene el turno de palabra el señor De la Hoz, por el Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidenta. Para hacer algunas aclaraciones. El servicio que se presta en una estación de ITV es en todos los sitios el mismo. Es decir, no es distinto el servicio que se presta en Castilla y León al que se presta en Andalucía, porque es un servicio tasado, ¿de acuerdo? ¿De qué depende la calidad del servicio? La calidad del servicio, teniendo en cuenta que siempre es el mismo, dependerá, en primer lugar, de la distancia entre el usuario y la estación donde se presta el servicio -y ya hemos dicho que Castilla y León es la que tiene el punto más alejado más cercano a una estación de ITV-; en segundo lugar, el tiempo que transcurre desde que se solicita la cita hasta que se pasa la ITV -uno de los más bajos de España, según Facua-; y, en tercer lugar, el tiempo que transcurre desde que llegas a la estación de ITV hasta que sales de la estación de ITV después de haber pagado el servicio –también una de las más bajas de España-. Son datos de Facua, no son datos de este procurador.

Por lo tanto, el servicio es un servicio de calidad, adaptado a una Comunidad Autónoma extraordinariamente extensa, con una población muy dispersa, que exige que haya 41 estaciones de ITV, mientras que en Madrid, con una población que la duplica, tiene 17 estaciones de ITV. Bajo un sistema concesional; por cierto, sistema concesional –lo he dicho antes y lo repito ahora-, año mil novecientos ochenta y cinco. ¿Quién gobernaba en el año mil novecientos ochenta y cinco en España? ¿Saben ustedes que cuando se transfieren en el año mil novecientos ochenta y cuatro a las Comunidades Autónomas las ITV, Itevelesa ya era entidad colaboradora del Ministerio de Industria, gobernado por el Partido Socialista? ¿Nos hemos inventado nosotros a Itevelesa? No. Itevelesa, en Castilla y León y en toda España (porque Itevelesa está instalada en Castilla y León, en La Rioja, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Aragón, en Cataluña, en Baleares, es decir, es una gran empresa del sector), no es la empresa que nos hemos inventado en Castilla y León o que se inventó el señor Pérez Villar, que desconozco si en el año ochenta y ocho, ochenta y nueve, noventa y uno y dos mil era consejero, pero creo que, si era... si lo era en el ochenta y ocho, no era en el dos mil -creo, creo-.

En todo caso, dice... se dice: oiga, ¿quién va a pagar esto? Porque unos son los que se han beneficiado y otros son los que van a pagar. Vamos a ver, esto es... la cuenta es muy sencilla, ¿cuántos vehículos hay en Castilla y León? Hay 0,5 vehículos por habitante. ¿Qué significa esto? Que en todas las unidades familiares hay de media, al menos, un vehículo. Oiga, ¿quién se ha beneficiado de la bajada? Todas las familias de Castilla y León. ¿O no? No, las unidades... efectivamente, las unidades familiares que sola tengan un miembro y no tengan vehículo no se han beneficiado, pero es que esos son muy poquitos, esos son muy poquitos; 0,5 vehículos por habitante en Castilla y León. ¿Quién se ha beneficiado de la rebaja de 11 euros, de 11 euros, adoptada por la Junta de Castilla y León? Pues todas las unidades familiares. Repito, hemos pasado de 60 euros, que se pagaba de media, a 49 euros que se paga hoy. Todas las unidades familiares de Castilla y León se han beneficiado.

Y ahora lo siguiente es –y yo lo he dicho antes- negociar cómo se va a dar cumplimiento al contenido de la resolución del Tribunal Supremo. (Luego, si quiere, hablamos usted y yo, ahora déjeme a mí). ¿Cómo se dará cumplimiento a la resolución del Tribunal Supremo? Que es lo que habrá que negociar, porque, a lo mejor, no tiene por qué salir de los Presupuestos, a lo mejor no tiene por qué salir de los Presupuestos, sino que se puede pactar, como se hizo en el año dos mil seis, como se hizo en el año dos mil diez. Usted conoce muy poco de esto, señor, señor... aparte de hablar mucho, conoce muy poco, por eso usted nunca ha sido consejero ni de esta ni de ninguna otra Comunidad Autónoma, pese a que ha estado en algún Gobierno de alguna Comunidad Autónoma en la que salió, no le nombraron nada. En todo caso, les diré que el cumplimiento de la resolución habrá de ser pactado, y puede ser abonado de muchas maneras. No tiene por qué salir en exclusiva de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, he tenido la... la curiosidad de revisar los Diarios de Sesiones de las Cortes de Castilla y León desde el año ochenta y tantos, poniendo en el buscador ITV, es muy fácil. Bien, el Partido Socialista nunca ha solicitado, nunca ha solicitado que se rebajen las tarifas de ITV en Castilla y León. Sí ha hecho dos manifestaciones, sí ha hecho dos manifestaciones que constan en el Diario de Sesiones, una realizada por el señor Sánchez Estévez apoyando una iniciativa de UPL para revisar las tarifas, en la cual se mostraba a favor el Grupo Parlamentario Socialista de revisar las... las tarifas, iniciativa de UPL. Y segunda, el anterior portavoz de Economía del grupo parlamentario, hoy ya fuera del Partido Socialista -¿por qué será?-, cuando se adoptó la medida, felicitó a la Junta de Castilla y León por haber adoptado la medida de revisar las tarifas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! El Grupo Parlamentario Socialista felicita a la Junta de Castilla y León –comparecencia de Presupuestos- por haber revisado las tarifas a las concesionarias. Y ahora se dice que ha sido una chapuza. Bueno, pues, oiga, ¿estaban equivocados antes o están equivocados ahora? Nunca, ¿verdad? Por eso están ustedes donde están. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor De la Hoz. Tiene la palabra la señora consejera.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA DEL OLMO MORO):

Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, voy a contestar a alguna cuestión que el representante del Grupo Mixto dice que no le he contestado. Hay que entender bien lo que es un servicio público y las formas de prestarse. Aquí no se trata de que hayamos privatizado, lo que se trata es que el servicio público se presta de una de las maneras que está permitida por la ley, que es la concesión administrativa. Privatizado se produce en otras Comunidades Autónomas donde realmente está liberalizado, más que privatizado, donde son empresas privadas que gozan de una autorización las que están prestando el servicio. Y con... Bueno, ¿y eso garantiza que los ciudadanos de esas Comunidades Autónomas estén pagando menos por la... menos tarifas por las ITV? Pues no. Tenemos aquí, por ejemplo, en la... el informe de Facua del año dos mil dieciséis, por ejemplo, Madrid tiene un sistema de autorización, no de concesión, y está pagando más ahora mismo por un... un coche de gasolina con catalizador, sin ir más lejos, que es la primera que he visto.

O sea, como ven, el que se haya buscado una forma u otra de prestar el servicio público -porque no deja de ser un servicio público-, evidentemente no garantiza que se va a prestar más barato o más caro, no. O sea, se está prestando en algunos sitios más caro y en otros más barato. Esto también se puede hacer con un sistema de gestión directa, pero, mire, aquí no se optó por eso. Es más, ya venía, como digo, en un sistema mixto, con una concesión... una entidad colaboradora, que ya era Itevelesa, y no sé si tendría alguna relación con alguno del Partido Socialista, porque ya venía de entonces. O sea, a mí... yo no sé ni quién eran los socios ni sé quién ahora son los socios. Pero quiero decir que no... yo no tengo por qué suponer que porque vino Itevelesa ya cedida por un Gobierno socialista, que había algún socialista como socio. No lo tengo por qué suponer, ni lo voy a suponer, evidentemente.

Pero quiero decir que la manera de prestar el servicio, y de cómo se organiza, pues depende... depende de muchas cosas, y, bueno, en ese momento se optó por el sistema concesional, y, evidentemente, es un sistema concesional que dura hasta el dos mil veintinueve y que en el dos mil veintinueve se puede replantear, quien esté aquí, qué es lo que más interesa a la Comunidad, antes del dos mil veintinueve, evidentemente. Y se puede replantear, como ya la experiencia, si es mejor un sistema totalmente liberalizado, un sistema de servicio público... Mire, eso ya que se lo plantee quien quiera. Pero, evidentemente, esto está ya así, y si por una congelación la asociación Atisae ha ganado en el Supremo esa congelación, imagínense si ahora hacemos una reversión del servicio lo que nos puede costar. En ese caso, no sé si a la Administración... el pago, al final, va a salir de la Administración, aunque, evidentemente, todos sabemos –incluso el señor Martín- de dónde proceden los ingresos que tiene la Administración; el señor Martín y yo misma, sí, sabemos todos de dónde proceden esos ingresos, pero hay gente que se pone muy tiquismiquis con la literalidad, sobre todo si tienen un poco más de caradura política que otros.

Mire, en cuanto a lo que hablan de privatización, también el Grupo Parlamentario Podemos, e insisto, yo no sé si usted es partidario de la privatización, porque me ha parecido entender que decía usted "puede ser que se consigan mejores precios para los ciudadanos", no sé si se lo he oído bien; a diferencia de Izquierda Unida, que sí que me ha quedado claro que lo que hablaba es de privatización. Pero insisto, Comunidades donde se ha liberalizado ese servicio no se ha garantizado unas menores tarifas, y, además, Comunidades donde realmente el coste de prestación de ese servicio -no tiene las características del nuestro- necesariamente tiene que ser menor, porque estamos hablando de Comunidades mucho más concentradas. Y, por lo tanto, como digo, no hay un sistema ideal, y en un momento dado, pues por las razones que fueran, se optó por este sistema, que, evidentemente, va a durar en Castilla y León hasta el dos mil veintinueve.

Respecto de la... de los dineros que han hablado ustedes, de que cuánto cuesta esta sentencia, una cosa es con intereses y otra sin intereses. Nosotros estimamos... me han hecho unos cálculos, y se estima que va a ser en el entorno de 10 millones de euros las tres sentencias, que pueden ser desfavorables. Que, hoy por hoy –quiero que quede bien claro-, la Junta de Castilla y León no tiene obligación de pagar nada, hoy por hoy; no quiere decir que mañana –sí, lo he dicho a lo largo de la primera intervención, de la segunda y ahora la tercera vez- que puede ser que tengamos que hacer frente, previsiblemente, a 10 millones; porque eran 7 y pico, pero luego con intereses y demás se ponen en 10. Vale. Pero lo he dicho en la intervención. Si quiere, se lo leo textualmente, porque es que... es que yo pienso que no me escuchan a veces. Entonces, dice " el cálculo... –estamos hablando con ello del posible fallo favorable... tal- el cálculo de la Dirección General de Industria y Competitividad para los ejercicios dos mil doce, trece... dos mil trece, dos mil catorce apunta al pago de unos 7,65 millones respecto a los recursos de esta empresa para los tres ejercicios –se refiere a Itevelesa- y un total cercano a los 10 millones para todas las empresa concesionarias". Lo he dicho textualmente en la primera intervención; pero bueno, insisto por segunda y por tercera vez. (Mire, llámele al orden, que es que no hace nada más que interrumpirme el señor Martín).

Bueno, me van a permitir, para terminar, diciendo... Bueno, otra precisión que no sé si ha quedado clara: la cláusula... el Tribunal... el TSJ se ha dicho... no es que diga que está mal hecha la actualización, sino que dice que nos dotemos de un sistema de actualización de precios. O sea, nos da la razón en la bajada de tarifas del 20 % para restablecer el equilibrio entre las prestaciones, y nos dice, además, que tenemos que hacer una orden o alguna norma jurídica para regular el régimen de actualización; que, evidentemente, intentaremos contar con los mejores recursos jurídicos y demás para hacerlo bien. No entiendan nunca que nosotros tenemos ninguna intención de hacerlo mal, ni hacer una chapuza, vamos a intentar hacerlo bien; evidentemente, estamos trabajando en esa orden en estos momentos.

Y, para terminar, les quería decir algunos datos que yo creo que son significativos -son aproximados, pero para demostrar que el ahorro existe-: se pasan un millón trescientos... –más o menos- 1.300.000 inspecciones de vehículos al año; hay 2.500.000 ciudadanos... –más o menos- de ciudadanos en Castilla y León; por tanto, vamos a decir que el 60 % de los ciudadanos de Castilla y León está pasando por las ITV. El 95 % de las unidades familiares de Castilla y León también pasan por las ITV. ¿Qué pasa? Que, si no hubiéramos hecho nada, pues llámelo... llámenlo como quieran, pero los ciudadanos hubieran tenido que pagar 30 millones de euros más. Yo no sé... Si no hubiéramos hecho nada... [murmullos]

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA DEL OLMO MORO):

... desde la Junta de Castilla y León, los ciudadanos hubieran tenido que pagar 30 millones de euros más –repito, si no hubiéramos hecho nada-. Si no hubiéramos hecho nada, les hubiera costado 30 millones de euros más; no sé si se lo digo por activa, por pasiva o por perifrástica.

Usted supongo que pasará la ITV. ¿O no? A lo mejor tiene un coche muy nuevo y cambia cada año, pero normalmente la gente pasa la ITV, las familias normales pasan la ITV. Pues, evidentemente, se habrá ahorrado usted 11 euros, al menos, en el paso de la ITV. Luego, por lo tanto, mire, no voy a... no voy a seguir insistiendo, creo que les he ido dando datos y demás sobre todas las cuestiones que me han ido planteando. E insisto, y para terminar, creo que con este... estas... lo que ha hecho la Junta de Castilla y León, la actuación de la Junta de Castilla y León ha sido para favorecer a los ciudadanos y a las familias de Castilla y León; y lo ha hecho, estoy segura, de la mejor manera posible. Y muchas cosas son contenciosas en este país, y unas veces se gana y otras veces se pierde, pero, evidentemente, la intención... Y yo espero, además, que la rebaja de la tarifa del 20 % nos confirme el Tribunal Supremo lo que ha dicho el TSJ, y, evidentemente, eso supondrá para los ciudadanos el seguir teniendo esos ahorros, que, de otra manera, hubieran tenido que pagar. Y también les digo que a partir de ahora vamos a intentar que la compensación que se derive de las sentencias desfavorables que podamos tener, pues sea la menor posible para los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora consejera. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de un turno para que el resto de procuradores presentes que no hayan actuado como portavoces de los grupos puedan escuetamente formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. ¿Algún procurador quiere intervenir? Muchas gracias. Se suspende la sesión por quince minutos.

[Se suspende la sesión a las doce horas cinco minutos y se reanuda a las doce horas treinta minutos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Se reanuda la sesión. Por la señora secretaria se dará lectura del segundo punto del orden del día.

SC/000206

LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, presidenta. Segundo punto del orden del día: Comparecencia de la excelentísima señora consejera de Economía y Hacienda, Solicitud de Comparecencia 206, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, para informar a la Comisión sobre el contenido del Decreto 46/2016, de veintinueve de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga del Presupuesto General de Castilla y León para el dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la excelentísima señora consejera de Economía y Hacienda.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA DEL OLMO MORO):

Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores procuradores, como se acaba de señalar, el objeto de esta comparecencia es informar a sus señorías sobre el contenido del Decreto 46/2016, de veintinueve de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para dos mil dieciséis, a petición del Grupo Parlamentario Popular.

La razón de ser de este decreto es el hecho de que a uno de enero de dos mil diecisiete no se haya aprobado un presupuesto para el ejercicio, por lo que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 89 del Estatuto de Autonomía, se prorrogan automáticamente los que estuvieron en vigor en dos mil dieciséis. Un decreto que responde a las previsiones concretas del Artículo 107.3 de la Ley 2/2006, de tres de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, que atribuye a la Junta de Castilla y León la regulación de las condiciones a que debe ajustarse la prórroga.

Señorías, antes de analizar el contenido del decreto de prórroga presupuestaria, considero que es necesario explicar las razones por las que no ha sido posible elaborar un proyecto de presupuestos y, en consecuencia, posibilitar que estas Cortes, tras el correspondiente debate, tuvieran la oportunidad de aprobar o no el mismo. Una cuestión importante esta sobre la que ya tuvimos ocasión de debatir el día catorce de octubre pasado, en la comparecencia, a petición propia, ante esta misma Comisión, para informarles del cierre contable del ejercicio económico dos mil dieciséis y del proyecto del plan presupuestario dos mil diecisiete.

Existen, a nuestro entender, razones de legalidad que explican la falta de proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para dos mil diecisiete en los plazos marcados. Previsiones legales contenidas en la normativa de ámbito nacional y también autonómico. Así, el Artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de veintisiete de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que las Comunidades Autónomas, al igual que el Estado y las corporaciones locales, deberán aprobar, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos.

Además, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, el Artículo 7 de nuestra ley, la Ley 7/2012, de veinticuatro de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, condiciona el acuerdo de la Junta de Castilla y León sobre límite de gasto no financiero a la previa aprobación del objetivo de estabilidad para la Comunidad Autónoma. Al respecto, al Artículo 15 de la citada Ley Orgánica 2/2012 regula el procedimiento para el establecimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones públicas, en que se concreta el principio de estabilidad presupuestaria recogido en el Artículo 135 de la Constitución y 11 de la citada ley orgánica, y hace recaer en el Consejo de Ministros la responsabilidad de fijar tales objetivos.

Este acuerdo del Consejo de Ministros, junto con el resto de informes previstos en la ley, entre los que se encuentra el de la situación de la economía española donde se recoge la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto de medio plazo de la economía española, ha de remitirse a las Cortes Generales para su debate y aprobación, en su caso, de manera que la elaboración de los proyectos de presupuestos de las Administraciones públicas han de acomodarse a los objetivos aprobados por las Cortes Generales, conforme a lo establecido en el apartado 7 del mencionado Artículo 15.

Una vez aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, el Gobierno de la Nación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 16 de la mencionada ley orgánica, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas.

La circunstancia de todos conocida de que el Gobierno de la Nación se encontrara en funciones hasta el mes de octubre ha traído consigo un inevitable retraso en el proceso de aprobación de los objetivos de estabilidad y de deuda pública, resultando que hasta el dos de diciembre de dos mil dieciséis el Consejo de Ministros no acordara dichos objetivos para su remisión a las Cortes Generales.

Las siguientes fechas relevantes en este proceso han sido las siguientes. El quince de diciembre pasado, el Congreso de los Diputados aprobaba los objetivos propuestos por el Gobierno, que fueron aprobados y ratificados el día veinte de dicho mes en el Senado. Tres días después, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se aprobaban los objetivos de cada una de las Comunidades Autónomas. Por tanto, señorías, hasta ese momento, veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, la Junta de Castilla y León no ha dispuesto de los datos ciertos fundamentales, objetivo de déficit y de deuda, junto a la regla de gasto, que le permitieran acordar un límite de gasto no financiero para dos mil diecisiete y remitirlo a estas Cortes para su aprobación, hito que marca el inicio del proceso de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad.

Circunstancias, por tanto, no queridas por la Junta han llevado a la prórroga automática de los Presupuestos de dos mil dieciséis y a la necesidad de regular las condiciones en que se desarrollará está prórroga, motivo de mi comparecencia.

Desde luego, las razones de legalidad apuntadas vienen reforzadas por razones de oportunidad y responsabilidad política, y es que la Junta de Castilla y León, a la hora de presentar a estas Cortes unas cuentas públicas, prefiere la seguridad a la aventura, más teniendo en cuenta que en el actual escenario la prórroga no daña la prestación de los servicios públicos al permitir una prórroga blanda de los Presupuestos de la Comunidad para dos mil dieciséis y que, además, comporta ventajas en la tarea de control de la estabilidad de las cuentas públicas, a la que, no olvidemos, aún estamos sujetos.

Entrando ya en el análisis del Decreto 46/2016, de veintinueve de diciembre, motivo concreto de mi comparecencia, debo destacar que se han prorrogado los créditos iniciales del Presupuesto aprobado por estas Cortes para dos mil dieciséis, a excepción de los que correspondan a actuaciones que hayan concluido en ese ejercicio o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse.

Esto supone que el Presupuesto que se prorroga asciende a 9.747.113.710 euros, 96,6 millones menos que en dos mil dieciséis, que obedecen a las siguientes razones: 1.042.840 euros, que corresponden a créditos consignados en el subprograma de Elecciones a Cortes de Castilla y León del Presupuesto de dos mil dieciséis, para atender obligaciones pendientes derivadas de dicho proceso y que ya no existen para dos mil diecisiete; 53.024.165 euros, que corresponden a recursos finalistas procedentes del Estado y cuya percepción depende de la correspondiente Conferencia Sectorial, en unos casos, y del Presupuesto del Estado, como es el Fondo de Compensación Interterritorial; 42.518.528 euros, que corresponden a recursos procedentes de la Unión Europea, consignados en dos mil dieciséis en fuentes de financiación que no se van a ejecutar en dos mil diecisiete, lo que no impide, en este caso, que durante la prórroga puedan generarse estos recursos en la fuente adecuada para su ejecución, ya que los programas operativos de los que proceden estos recursos están en vigor.

Junto a los créditos prorrogados del Decreto 46/2006, regula las condiciones en que se gestionarán, que no son otras que las que se refieren a las condiciones en que se imputarán los gastos durante el periodo de prórroga.

La primera de estas condiciones se encuentra recogida en su Artículo 2, al señalar que la disponibilidad de los créditos prorrogados se encuentra supeditada al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, para lo cual, en coherencia con lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 7/2012, de veinticuatro de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, yo misma, como titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, podré proponer en cualquier momento a la Junta de Castilla y León la no disponibilidad de los créditos que resulten necesarios en orden a garantizar el cumplimiento del mencionado principio.

El resto de las condiciones, Artículos 3 y 4, se refieren a los criterios de imputación de gastos, lo que es fundamental para garantizar el equilibrio financiero en todo momento. Así, se establece que, con carácter general, los gastos se imputarán conforme a su categoría, con el límite del crédito inicial, a nivel de vinculación, aprobado en el Presupuesto de dos mil dieciséis y prorrogado para dos mil diecisiete.

No obstante, se establece una regulación específica para el caso de las transferencias corrientes, transferencias de capital y los gastos para inversiones reales que tengan por finalidad el mantenimiento o reposición de inversiones o la prórroga de la vida útil de las mismas, los cuales podrán asentarse, una vez imputados los correspondientes a los denominados arrastres de obligaciones, hasta el límite del 80 % del crédito prorrogado a nivel de vinculación.

Señorías, este límite del 80 % da mayor flexibilidad a los distintos órganos de la Administración de la Comunidad para disponer de recursos. Y es que, a diferencia de la prórroga del Presupuesto de dos mil once, no es previsible en el momento actual una reducción tan significativa de los créditos que pudieran consignarse en el futuro presupuesto para dos mil diecisiete que suponga un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria asignado.

Así, será necesaria la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda si la imputación llevara a superar dicho porcentaje, y requerirá el análisis de la memoria justificativa, tanto de la necesidad del gasto, de su repercusión y efectos en el presupuesto como de las previsiones de financiación que se estimaran necesarias, elaborada por el titular de la sección presupuestaria que propusiera el gasto.

El resto de los gastos para inversiones reales y los activos financieros solo podrán imputarse por el importe correspondiente a las actuaciones que no hayan concluido a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis u obedezcan a compromisos adquiridos antes de esa fecha o se encuentren financiados con recursos finalistas, siempre que se acredite la existencia del compromiso de financiación de la Administración o entidad cofinanciadora.

Estos son los criterios que van a regir durante el periodo de prórroga a la ejecución presupuestaria; criterios que considero bastante flexibles como para dar una respuesta solvente a las necesidades que pudieran surgir durante este periodo, que espero que sea lo más corto posible. Criterios, por otra parte, que son aplicables a todas las secciones presupuestarias, a excepción de la limitación del 80 % para el caso de las Secciones 20 y 31, Cortes y Política Agraria Común, que podrán imputar gastos hasta el límite del crédito inicial definido a nivel de vinculación, aprobado en el Presupuesto de dos mil dieciséis, prorrogado para dos mil diecisiete.

Señoras y señores procuradores, es preciso que conozcan que, durante la prórroga, el conjunto de las Consejerías van a disponer inicialmente de 7.545.421.207 euros para sus operaciones no financieras y de 166.806.668 euros para las operaciones financieras. En resumen, casi el 99 % de los créditos para operaciones no financieras de las Consejerías y cerca del 96 % de los créditos para operaciones financieras de dos mil dieciséis. Por lo tanto, un 1,7 % menos en operaciones no financieras y un 4,14 % menos en operaciones financieras que en el año dos mil dieciséis, manteniendo los mismos créditos las Secciones Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias de la Comunidad, Deuda pública y Política Agraria Común.

Desagregando las cifras a nivel de Consejerías, vemos que las de carácter social van a disponer de un 0,45 % menos de los créditos que dispusieron en dos mil dieciséis, mientras que el resto lo será en un 4 % menos. Son créditos que el Gobierno autonómico considera suficientes para atender las necesidades de la Comunidad durante el periodo de prórroga hasta la aprobación de los Presupuestos para el año dos mil diecisiete.

Señorías, insisto en que la decisión de prorrogar los presupuestos ha sido meditada y articulada de forma que garantice una adecuada prestación de los servicios públicos autonómicos, no origine expectativas de difícil cumplimiento a lo largo del ejercicio o deteriore la senda de estabilidad y sostenibilidad que debemos seguir si queremos sanear las cuentas públicas.

Desde luego, y como no puede ser de otra manera, durante este periodo de prórroga, la Junta de Castilla y León continúa trabajando para poder presentarles un Proyecto de Presupuestos para dos mil diecisiete lo antes posible. Para ello, una vez superadas las principales limitaciones que lo impedían, se está trabajando en el límite máximo de gasto no financiero del ejercicio dos mil diecisiete que podría alcanzar el Presupuesto de la Comunidad, teniendo en cuenta el objetivo de déficit fijado a la misma del 0,6 % del producto interior bruto y la tasa de referencia de crecimiento del producto interior bruto de medio plazo de la economía española, que es del 2,1 %, y a expensas de conocer las entregas a cuenta definitivas con las que contaría la Comunidad para este ejercicio.

También les digo que, a esta fecha, se están recibiendo los pagos mensuales correspondientes a la cifra provisional comunicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el que se mantienen comunicaciones a fin de determinar la cifra más certera posible.

Nuestra intención, en fin, es alcanzar a definir un techo de gasto ajustado a nuestras posibilidades reales y un posterior Proyecto de Presupuestos que pueda contar con el máximo consenso político y social, y dar la mejor respuesta a las necesidades de las personas que viven en Castilla y León. Muchas gracias por su atención.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora consejera. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señora presidenta. Sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a la consejera de Hacienda, así como al resto del equipo técnico que la acompaña, de la Consejería, en el día de hoy, en esta comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Popular, si bien quiero recordar que la propia consejera pidió la comparecencia para que se sustanciase sobre el mismo objeto de la misma, sobre el decreto de prórroga de los Presupuestos, el Decreto aprobado 47/2016, de veintinueve de diciembre, si bien, dado que estábamos en un periodo extraordinario, este no se podía sustanciar hasta el mes de febrero, y este grupo parlamentario entendía que sería muy positivo, además teniendo en cuenta los precedentes que se han adoptado en esta Cámara en situaciones similares, que esta comparecencia se pudiese sustanciar en el mes de enero, y por ello pedimos la comparecencia, que permite, después del acuerdo de la Diputación Permanente, que la comparecencia se sustancie en el día de hoy.

Y, efectivamente, el decreto de prórroga es un decreto que opera automáticamente ante la imposibilidad de elaborar unas cuentas públicas para el año dos mil diecisiete, fruto de un contexto nacional, como usted perfectamente ha explicado, motivado por la ausencia de Gobierno hasta el mes de octubre, y la imposibilidad de cumplir el desarrollo normativo que plantea la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tanto a nivel nacional como en la propia la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria del ámbito de nuestra Comunidad, motivado por tres razones.

No había unos objetivos de déficit fijados; de hecho, yo quiero recordar que el objetivo de déficit y la senda de déficit se ha modificado sustancialmente para este año dos mil dieciséis, fijando un objetivo de déficit para el conjunto de la Administración pública del 4,6 %, y modificando el objetivo inicial de déficit público que tenía fijado en el Presupuesto para dos mil dieciséis del 0,5 al 0,7 %. Y esa senda y ese objetivo de déficit también se han modificado sustancialmente para los ejercicios de futuro, planteando un objetivo de déficit novedoso: frente al que inicialmente estaba previsto para el dos mil diecisiete, del 0,1, pasamos a tener un objetivo de déficit del 0,6 %. Y esos acuerdos se han sustanciado, como usted perfectamente ha explicado, a raíz de que el Gobierno ha tomado posesión y los acuerdos adoptados en el ámbito de las Cortes Generales los pasados quince y veinte de diciembre, tras la aprobación de los mismos en el Congreso y en el Senado, y la comunicación posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera, como todos conocemos.

Eso ha impedido a la Junta de Castilla y León elaborar... de acuerdo con lo que fija nuestro Estatuto de Autonomía, la posibilidad de elaborar unas cuentas públicas y presentarlas en tiempo y en forma. Hay que recordar que esa previsión en el Estatuto recoge que las cuentas deben ser presentadas antes del catorce de octubre, y esta es una realidad y un contexto nacional que no es algo particular de Castilla y León. Yo quiero recordar en este sentido que en la actualidad diez Comunidades Autónomas han prorrogado sus cuentas públicas y solo siete las han aprobado. Y habrá que esperar a ver qué pasa en esas siete Comunidades Autónomas, porque yo quiero recordar que hay precedentes muy importantes en situaciones similares y en un contexto económico y financiero y presupuestario que creo que es todavía más complejo que el actual, que motivó que algunas Comunidades Autónomas que en su momento aprobaron cuentas públicas sin tener en cuenta las entregas a cuenta definitivas ni los objetivos de déficit, luego se pueden ver obligadas a modificar a la baja las previsiones que han tenido en sus cuentas públicas.

Y buena muestra de ello fue lo que sucedió, por ejemplo, en el año dos mil once, con las cuentas públicas, que algunos achacaron, aquí, en Castilla y León, y pusieron como modelo, que se presentaron en alguna Comunidad Autónoma y que después, conocidas las entregas a cuenta definitivas, los objetivos de déficit, la regla de gasto y el objetivo de deuda, tuvieron que ser modificadas a la baja. Por eso, en un criterio de prudencia, que creo que el Grupo Parlamentario Popular, como no puede ser de otra manera, comparte con la Junta de Castilla y León, parece razonable esperar a conocer perfectamente todos estos datos -objetivo de deuda, regla de gasto y objetivo de déficit y entregas a cuenta definitivas- para elaborar unas cuentas públicas que fijen los objetivos de la Junta de Castilla y León para el próximo ejercicio, y que no pueden ser otros que primar de nuevo la calidad de los servicios que presta la Junta de Castilla y León y priorizar el gasto social, educativo y sanitario.

Respecto del contenido del decreto, pues el decreto es un decreto, como usted perfectamente ha explicado, sencillo, que consta de cuatro artículos, y que obedece a la regulación concreta que se plantea respecto de la prórroga presupuestaria en nuestra Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, en lo contenido en el Artículo 107.3 de la Ley de Hacienda. Y que, como usted perfectamente ha explicado, tiene como filosofía prorrogar las cuentas en los créditos iniciales presupuestados en el ámbito de los Presupuestos de dos mil dieciséis para el ejercicio dos mil diecisiete, salvo las excepciones de aquellas que hubiesen finalizado actuaciones en el ejercicio dos mil dieciséis, o aquellas, como perfectamente ha explicado, tienen créditos finalistas y es imposible la prórroga, de acuerdo a lo establecido en ese Artículo 107.3. Y que usted ha cuantificado en la minoración económica respecto a los créditos iniciales presupuestados en dos mil dieciséis en poco más de 96 millones de euros, y que obedecen a partidas concretas, vinculadas, por ejemplo, en el año dos mil dieciséis, a las elecciones a Cortes de Castilla y León; creo recordar que ha citado también a recursos finalistas procedentes del Estado, y ha puesto como ejemplo el Fondo de Compensación Interterritorial; y también a recursos finalistas procedentes de la Unión Europea, por un importe, si no me falla la memoria, del orden de 40 millones de euros.

Y la matización que se plantea aquí es que hay tres Secciones, la 20, relativa a las Cortes de Castilla y León, la de Deuda Pública y la de Política Agraria Común, donde no hay ninguna limitación, dentro de lo que se establece en la limitación del 80 % de los créditos iniciales para los Capítulos 4, 6 y 7, Transferencias Corrientes, de Capital e Inversiones Públicas.

Creo que lo más importante es lo que usted ha trasladado al final de su comparecencia, el trasladar que la Junta de Castilla y León, conocidos los datos ya aprobados el pasado veinte de diciembre por las Cortes Generales, tanto de objetivo de déficit público -he dicho el 0,5 % para el próximo ejercicio dos mil diecisiete y el 0,3 para el ejercicio dos mil dieciocho-, conocida la regla de gasto -que se ha fijado en el 2,1- y también fijado el objetivo de deuda -que se ha fijado para las Comunidades Autónomas, para el ejercicio dos mil diecisiete, en el 24,1 % del producto interior bruto-, creo que ya el paso más importante es el que usted ha anunciado aquí, que la Junta de Castilla y León trabaja ya en la elaboración del límite de gasto no financiero, para poder traer a esta Cámara, de acuerdo con lo que establece la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, ese límite de gasto financiero, y que podamos iniciar el trámite de las cuentas públicas, con el deseo, como no puede ser de otra manera, que la prórroga presupuestaria para este ejercicio dos mil diecisiete sea lo menor posible y garantizando, y tranquilizando al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León, como usted ha explicado perfectamente, que la minoración presupuestaria es una minoración muy pequeña, que la calidad de los servicios que presta la Junta de Castilla y León está garantizada, que la continuidad de las inversiones públicas -que siguen ejecutándose- también lo está, y todo... como el resto de los compromisos asumidos, de acuerdo con las obligaciones legales derivadas de los compromisos que ha asumido la Junta de Castilla y León.

Creo que ese es el dato más importante, que la Junta ya trabaja en la elaboración de ese límite de gasto no financiero para que las Cortes puedan pronunciarse en el menor tiempo posible al respecto, en sesión parlamentaria, en Pleno, y iniciar así el trámite de unas cuentas públicas. Que creo que, con un objetivo de prudencia y de situación similar a lo que ha sucedido en el conjunto de las Comunidades Autónomas, la Junta ha actuado correctamente no elaborando unas cuentas públicas hasta que no sea conocido esos cuatro elementos fundamentales -y con ello termino-: el objetivo de deuda, el objetivo de déficit público, la regla de gasto y las entregas a cuenta definitivas.

Creo que hay que garantizar la prestación de servicios durante estos primeros meses. Pero el dato más importante se ha puesto de manifiesto, el que la Junta ya trabaja en la elaboración de ese límite de gasto no financiero, con la intención de que pueda presentarse a estas Cortes lo antes posible. Por mi parte, nada más, y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. A nosotros lo que nos gustaría saber es cómo va a afectar esta medida, porque lo que nos preocupa mucho es que vamos hacia un dos mil diecisiete en el cual volvemos a postergar otro año, y sospechamos que no vamos a ver nunca, la famosa recuperación económica de la que se nos lleva hablando desde que empezó el ciclo electoral que ha concluido en el pasado mes de junio.

Es decir, nosotros estamos observando como desde que se inician los procesos electorales, hace ya un tiempo, se empieza a lanzar desde el Gobierno la idea de la recuperación, la idea de que la crisis está terminando, la idea de que se va a volver a los niveles de gasto público y que se van a recuperar los derechos sociales que se pierden a lo largo de la crisis económica. Y lo que encontramos es que en la previsión presupuestaria que se nos está definiendo, y en la realidad que estamos encontrando a día de hoy en Castilla y León, lo que encontramos es que caminamos de nuevo hacia unos Presupuestos que se alejan mucho de unos Presupuestos de recuperación.

Una primera consecuencia de la situación que tenemos ahora es la convocatoria de oferta de empleo público, las famosas oposiciones. Por ejemplo, si uno ve el ámbito educativo, por poner solamente un elemento, encontramos que la tasa de interinidad en Castilla y León sigue siendo absolutamente inaceptable, rondando el 25 %, en algunas provincias por encima del 30. Cuando se venía diciendo que por fin se iba a volver a convocar oposiciones, que por fin íbamos a poder a esos miles de castellanos y leoneses que llevan durante años con sus vidas paralizadas, esperando, trabajando los temarios, preparándoselas para poder acceder al sistema educativo, al mismo tiempo que en el propio sistema educativo nuestros estudiantes pueden ver como los tiempos de reposición, cuando hay una baja, cada vez aumentan más, y como las listas de interinos cada vez corren con menos fluidez, lo que encontramos es que un año más nos encontramos que volvemos o a no ver convocatoria de oposiciones o a verla en cuerpos minoritarios que apenas afectan al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de los aspirantes a entrar en este sistema educativo de Castilla y León; que, como digo, tiene serias necesidades, que tiene necesidades de personal y que necesita, por un lado, reducir la tasa de interinidad y, por otro lado, aumentar el conjunto de profesionales en el ámbito educativo.

Volvemos a ver una convocatoria –como decía- de oposiciones de nuevo ridícula, solamente en algunas especialidades, lo cual es absolutamente dramático, porque hablamos de miles y miles de personas que están esperando para poder desarrollar su profesión en un sector que les necesita, como el sector educativo de Castilla y León, y que llevan durante años con sus vidas paralizadas, y que un año más se encuentran que los años de estudio este año no les va a servir para nada y que tendrán que esperar a ver si en dos mil dieciocho vuelve a haber una convocatoria de empleo público en el ámbito educativo.

Yo quiero recordar que durante la crisis económica se perdieron 2.000 profesores y profesoras en nuestra Comunidad. Por lo tanto, ¿cuándo va a venir esa famosa recuperación?, ¿cuándo esos cantos de sirena o esas promesas se van a empezar a convertir en realidades palpables por la ciudadanía y por la gente normal? Porque lo que encontramos es que se está postergando lo que fue una promesa electoral que estamos muy lejos de ver cumplida, y que volvemos a ver, en esta prórroga presupuestaria y en esta situación en la que estamos, volvemos a comprobar como seguimos muy lejos, cuando debería plantearse ahora debates, como debates acerca de cuál es la tasa de reposición que tendríamos que estar planteando. El debate tendría que ser por cuánto hay que superar el 100 % de la tasa de reposición, puesto que hemos estado durante los años anteriores en tasas de reposición muy inferiores, y, por lo tanto, lo que hay que hacer no es simplemente llegar al 100 %, sino superar ese 100 % muy ampliamente para recuperar todo el empleo perdido durante los años anteriores.

Cuando vemos como la situación sanitaria de nuestra Comunidad es motivo de preocupación ciudadana de manera masiva, de manera masiva; yo en el último mes y pico he estado en dos mareas blancas (estuve en la de Ponferrada, he estado en la de Salamanca). Pero es que no hace falta esperar a que haya grandes movilizaciones multitudinarias para comprobar que hay un problema con la sanidad en Castilla y León. Hace poco ha estado la Asociación por la Sanidad Rural de Zamora, que está desarrollando una actividad muy importante en materia de información y de reivindicación, que nos explicaba la situación que hay en el campo zamorano. Y mucho nos tememos que el medio rural zamorano no es una excepción dentro de Castilla y León, sino que esto es una regla en el conjunto de las provincias y en el conjunto de las zonas rurales de nuestra Comunidad. Una Comunidad que está caracterizada por una falta sistemática de médicos, por una precariedad permanente de la situación laboral de los profesionales sanitarios, por una falta de continuidad asistencial, por una saturación de sus profesionales, etcétera.

¿Cuándo van a venir los Presupuestos de la recuperación? ¿Cuándo vamos a poder observar que se reinstaure las sustituciones para vacaciones y permisos remunerados, impidiendo así los caos que de manera sistemática se están generando en los periodos vacacionales, tanto en verano como en Navidad, en los diferentes servicios, tanto Atención Primaria como Especialidades, como Urgencias, como está denunciando en la calle una parte importante de la ciudadanía? ¿Cuándo vamos a ver que se puede incentivar la llegada de médicos a Castilla y León, en lugar de desincentivarles, como está ocurriendo en los últimos años, así como de profesionales de enfermería a las zonas rurales para que se puedan cubrir las necesidades reales? ¿Cuándo vamos a observar una reducción real de las listas de espera en nuestra Comunidad en Atención Primaria, así como en Especialidades y cuándo se va a restaurar la calidad de los diferentes efectivos? ¿O cuándo vamos a ver que se desarrollen ofertas públicas de empleo, que, al igual que en el ámbito educativo, nosotros creemos que en el ámbito sanitario no se deberían convocar nunca con más de dos años de separación de una oferta a otra, como máximo, cuando estamos encontrando que los niveles de precariedad que denuncian los propios colectivos profesionales del ámbito sanitario está llegando a límites inaceptables, que generan una saturación de los servicios?

En definitiva, nosotros creemos que el debate que hay que plantear es el debate de los servicios públicos en Castilla y León. Y lo que mucho nos preocupa es que al final lo que estamos observando es que vamos a caminar a un dos mil diecisiete que no solamente no va a ser el año de la recuperación, sino que además va a ser un año de profundización de la crisis económica por parte, al menos, de la gran mayoría de la ciudadanía; es decir, la crisis social. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Sarrión. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Agradecer a la consejera -lo he hecho antes- su presencia aquí, y esperemos que sea más continuada y más profusa en el tiempo.

Lo primero que queremos decir desde Ciudadanos es que, efectivamente, el efecto de la prórroga es que no se prorrogan las actuaciones que finalizan en el propio ejercicio, con lo cual, pues ya estamos más que preocupados. No hay ningún incremento de las retribuciones hasta que no haya un nuevo Presupuesto, evidentemente, aunque es verdad que, a veces, luego se pueden hacer con efectos desde el uno de enero –como suele pasar-. Y ya saben ustedes... usted a quién afecta.

Ante todo, que tampoco hay oferta de empleo público, no se puede hacer, con lo cual... y llueve sobre mojado; por tanto... ni de oposiciones, en fin, hasta que no haya un nuevo Presupuesto. Sin que decir tiene que el tema... ya la educación es más que preocupante: la falta de profesores; el tema de cómo funcionan las sustituciones de interinos, ni le cuento. Ahora mismo hay colegios (en Burgos, en muchas provincias) que ni siquiera se cubren las plazas que se ofertan, porque, sinceramente, nos parece una manera bastante incorrecta ese sistema que hay de... en fin, de acudir a sustituir esas plazas.

Con lo cual es evidente el mal... la mala educación, y ya no le cuento la mala sanidad. Porque, efectivamente, usted sabe que faltan muchísimos médicos especialistas; estamos acostumbrados todos, en sesión parlamentaria, como el señor consejero de Economía... perdón, de Sanidad, pues dice -con esa... en fin, que a uno ya le preocupa esa tranquilidad, ¿verdad?, cuando habla-, pues eso: mire usted, si me busca usted un médico pediatra, yo se le pongo; si me busca usted un cardiólogo, no se preocupe que yo se le coloco. ¡Hombre!, por favor. Yo creo que ese... acudir a esas reiteraciones de... digamos lamentables, en el sentido de que simplemente decir que no hay plazas y que no hay profesionales, desde luego, lo que está haciendo es agudizando más el mal servicio que damos a nuestros ciudadanos.

Eso, por decir que hay hechos clamorosos, y que a todo ayuda un Presupuesto tras de otro, y esto... pues eso, con el tema del Hospital de Aranda de Duero, por ejemplo, o el tema del Hospital de Salamanca, que hace poco hemos ido a esas manifestaciones, o, en fin, o en Zamora; yo creo que es una cuestión generalizada, por desgracia, en todo Castilla y León. Eso sí, mientras tanto, los ayuntamientos, no se preocupe, que ya seguiremos contribuyendo pues para que esos consultorios médicos, etcétera, pues estén al día, y así pagar cosas que no deberíamos. Pero, bueno, todos tenemos que poner -esperando la recuperación económica- todo de nuestra parte.

Y por ahí quería yo seguir, es decir, ¿van a afectar -yo creo que sí van a afectar- estas subvenciones que se destinan a los ayuntamientos para la contratación de personal, al tener prorrogados los Presupuestos? Porque usted sabe que nos preocupa muchísimo. Es decir, el techo de... ese millón de puestos de trabajo que tanto cacarea muchas veces nuestro presidente, Juan Vicente Herrera, a este paso, nunca vamos a llegar a él. Y, entonces, este tipo de situaciones, lógicamente, no ayuda a que la contratación sea lo más efectiva posible.

Y, claro, hay un efecto fundamental también pues en el retraso de las inversiones, con lo que se supone, pues eso, un mal estado en la Administración en general, pero sobre todo en los centros de salud, en los colegios, en esas... en fin, reformas urgentes de hospitales, etcétera, que, ante todo y sobre todo, debe ser lo más prioritario.

También nos gustaría hacer una referencia, aunque sea de soslayo, al tema de la dependencia también -que parece ser que ha sido uno de los temas fundamentales en esa Conferencia de Presidentes, y que usted también allí acudió-, si también puede afectar, lógicamente, la prórroga de los Presupuestos a esa mejora en esa implantación de la dependencia lo más universal posible. Y que a veces sacamos mucho pecho que en Castilla y León lo hacemos muy bien y tenemos ya no sé cuántas medallas de oro y platino, pero, bueno, luego la realidad es la que es, y nuestros vecinos y nuestras vecinas pues me parece a mí que no tienen tantas medallas de oro ellos en su casa ni están tan contentos como la Junta a veces nos hace presuponer.

Efectivamente, sabíamos que a lo mejor no tenían otra opción; hay que prorrogar. De hecho, hay diez Comunidades Autónomas que han prorrogado los Presupuestos, y, vamos, y los que hemos tenido alguna responsabilidad en cualquier... cualquier tipo de organismo público, pues es así, no queda otra. Ya veremos a ver las otras siete, efectivamente, si luego tienen más o menos problemas que nosotros. Pero lo que es evidente, que este tipo de situaciones... es verdad que esto sí que ha sido puntual por la cuestión de... en fin, no había Gobierno en el Estado español, con lo cual, ni el techo de gasto, etcétera, etcétera, se podía determinar. Pero sí que esperemos que seamos ágiles en el sentido de eso, de pedir agilidad en la presentación y en la tramitación, para que sea... los daños sean los menos, ¿eh?, y ahí sí que le conminamos a la... a la consejera a que sea así y haga que su equipo pues sea lo más ágil posible.

No me quería yo despedir sin decir una cosa: hay que criticar que usted no ha comparecido –y se lo hemos pedido- para dar cuenta de la ejecución del dos mil quince. Hombre, ya no se preocupe, que no le vamos a pedir que comparezca para algo obvio, que no nos interesa ya, que es la ejecución en dos mil quince, pero sí que ya le hemos pedido -ya se lo adelanto- que comparezca para la ejecución del dos mil dieciséis, ¿eh? Mire que... ya que somos buenos, ¿eh?, nosotros siempre pensando en la buena voluntad de las... de la gente, y estamos convencidos de que así lo haga. Más que nada porque, claro, una cosa es pedirlo, pero luego cómo se ejecutan los presupuestos es tan fundamental como el presentarlos, porque, si no... si no tenemos un seguimiento, pues usted comprenderá que la labor fiscalizadora de los partidos, en este caso, de la Oposición, pues deja mucho que desear, y aparte que es nuestra obligación y es, en fin, una de las cuestiones fundamentales.

Y en ese sentido, pues es lo que le quería decir, que los Presupuestos son fundamentales, pues para luchar contra esa despoblación que tanto hablamos, y que de esa Conferencia de Presidentes esperemos que hayan aprendido algo, porque muchos nos dudamos que siempre seguimos más de lo mismo -esto... no damos aquí con la piedra filosofal-. Que a ver si llegamos a ese millón de puestos de trabajo, que ahí sí que entonces Castilla y León... se haría un baremo de que estamos haciendo las cosas bien; mucho me temo que nunca vamos a llegar. Y que... en fin –como decían-, esperando esa recuperación económica que tanto anuncian y que nunca llegamos, a ver, ¿eh?, como lo sabes, que nos faltan. Y como las autovías, que tampoco hacen ninguna –ya de paso dicho-, o como las carreteras que tenemos, que, en fin, ¿eh?, se podía pasear de vez en cuando por ahí. Seguramente que ahí también habría muchas inversiones que realizar y muchos servicios que prestar. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Delgado. Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Muchas gracias, presidenta. Lo primero, dar la bienvenida a la consejera a esta... a esta Comisión. Pero bueno, tengo que manifestar que a nuestro grupo parlamentario no nos parece de recibo que esta comparecencia se produzca en la Comisión parlamentaria, cuando se... estamos asistiendo a un debate de tanta enjundia como es una prórroga presupuestaria. Nosotros pensamos que este debate debería haber merecido un Pleno extraordinario y debería haberse hecho, evidentemente, a la luz de los focos del Pleno.

Lo segundo que quiero manifestar es que esta prórroga no está justificada, en opinión de mi grupo. Así lo han demostrado otros Gobiernos autonómicos, como el de Murcia, el de La Rioja, el de Andalucía, el de Asturias, el de Cantabria o el de Extremadura –Gobiernos autonómicos de diferente signo político-. Una vez más, el tiempo quitará y dará razones. Evidentemente, si la tarea de la Administración pública es traer la estabilidad presupuestaria a las cuentas públicas, esta prórroga está justificada, porque esta prórroga encubre recortes, pero, desde luego, no está justificada para mejorar la vida de la gente.

Lo tercero, señora consejera, es fijar la posición de mi grupo político. Desde nuestro grupo político estamos en desacuerdo con esta prórroga presupuestaria –como ya lo he dicho- y porque creo que esconde una serie de motivos ideológicos. Pero creo que no debemos pasar por alto, lo primero, una serie de consideraciones, si queremos centrar el debate en lo que ha supuesto, y supone, esta prórroga presupuestaria.

Primero... lo primero que tenemos que señalar es que nunca antes hubo tantas prórrogas presupuestarias, ya sea autonómicas o estatales, lo que señala, evidentemente, un momento de debilidad del bipartidismo. Un momento de debilidad del bipartidismo que se manifiesta en gobiernos débiles que no pueden aprobar sus cuentas públicas. ¿Por qué? Porque son unas cuentas públicas que consolidan recortes y unas cuentas públicas que se alejan de lo que quiere la gente.

Lo segundo que queremos manifestar, o que le debemos decir, es que estamos pagando los excesos fiscales de su partido, el Partido Popular, y su política irresponsable, señora consejera, y es que durante dos mil... dos mil quince –año electoral- el Gobierno del Partido Popular aplicó una reforma fiscal regresiva, en esta Comunidad Autónoma y en el conjunto del Estado, y dejó un agujero en diferentes figuras tributarias; principalmente en el impuesto de sociedades –que ahora han tenido que modificar en el conjunto de España- y en el tramo autonómico del IRPF en Castilla y León. La secuencia es la siguiente: primero, se hace una reforma fiscal que agujerea el sistema fiscal en España, y las consecuencias es que en dos mil dieciséis el Gobierno en funciones no ejecuta por importe de 5.000 millones; cuando la irresponsabilidad fiscal hace que la Comisión Europea nos amenace con una multa, el Gobierno chantajea al Parlamento –sede de la soberanía popular- con unos reales decretos, afirmando que, de no aprobarse, se aplicaría la multa.

Señora consejera, este juego macabro tiene consecuencias sobre la economía en general y tiene consecuencias sobre la gente. A nivel del Estado, hay 350 millones de gastos que no son prorrogables y 5.400 millones plasmados en el acuerdo de no disponibilidad. Y esto se lo digo porque es su partido, el Partido Popular, el principal responsable; eso sí, con la aquiescencia del Partido Socialista y de Ciudadanos, también.

Por todo ello, vemos necesario que usted, como consejera de Economía del Gobierno de Castilla y León, explique la aplicación presupuestaria al máximo detalle posible de aquellos programas o planes de gasto que se vean afectados por la prórroga de estos Presupuestos autonómicos. Esta prórroga presupuestaria –como ya digo- entronca con una prórroga estatal, y para aplicar... y sirve para aplicar recortes de forma encubierta. Y para ello cuentan con la ayuda inestimable del Partido Socialista; un apoyo que se materializa también en la nueva política económica llevado a cabo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en el conjunto del Estado, que les lleva a ignorar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre las cláusulas suelo. Se os debería de caer la cara de vergüenza. Le recuerdo que el acuerdo al que han llegado no elimina las cláusulas suelo ni tampoco garantiza una devolución íntegra de las cantidades abusivas.

Por eso le lanzo mi primera pregunta, ya que estamos en prórroga presupuestaria: dado que muchos compañeros de su partido y del Partido Socialista –algunos presentes en este Parlamento y en esta Comisión- han participado y son responsables del expolio y del saqueo de las Cajas de Ahorro de nuestra Comunidad, ¿piensan ustedes incluir en los nuevos Presupuestos una oficina autonómica para asesorar a los afectados por las cláusulas suelo o van a seguir plegándose a los intereses de los banqueros? Sigo.

La prórroga presupuestaria solo permite afrontar los gastos obligatorios de personal, gasto corriente, contratos en vigor o intereses y amortización de la deuda; todo lo que no sea gasto voluntario se paraliza por completo. Incluso sufrirán retrasos algunos proyectos plurianuales en función de la fase de tramitación –como usted sabe- en la que se encuentren y el grado de obligación, con lo que la prórroga presupuestaria también paraliza la actividad económica. Es decir, esta prórroga presupuestaria significa un mayor... un menor crecimiento, en este caso, del PIB regional. Una prórroga que afecta, esencialmente, también al gasto social, y una prórroga que ustedes están utilizando –como ya digo- para aplicar recortes de forma encubierta; mientras, cuentan, en este caso, con la complacencia del PSOE a nivel nacional –no voy a decir a nivel regional-.

Yo creo que es una falta de respeto a la democracia que el PP hurte, primero, este debate y negocie de espaldas a la ciudadanía unos... primero unos Presupuestos estatales con un PSOE secuestrado por quienes han permitido gobernar a Rajoy, para luego presentar los Presupuestos de Castilla y León. Nosotros creemos que Castilla y León necesita otros presupuestos; necesita unos presupuestos que permitan afrontar tres tareas fundamentales.

La primera tarea, cerrar la brecha social generada por la gestión de la crisis mediante un plan de rescate urgente.

La segunda tarea, recuperar los niveles de inversión en servicios públicos previos a los recortes, especialmente en lo referido a los servicios sanitarios, gravemente deteriorados con los recortes presupuestarios, y esencialmente también a los... al resto del gasto social. Estamos viendo –y se lo han dicho el resto de portavoces- cómo las tasas de reposición aplicadas durante cuatro o cinco años del 10 %, del 50 %, han hecho que en este momento se produzcan una serie de carencias, tanto en los profesionales sanitarios como en los profesionales de la educación. Otra de las consecuencias de esta prórroga, evidentemente, es que no se pueden convocar ofertas públicas de empleo, como le han recordado los portavoces que me han precedido. Por eso le lanzo la siguiente pregunta: ¿cuándo piensa convocar la Junta de Castilla y León las ofertas públicas de empleo, especialmente en el sector sanitario y en el sector educativo?

Y la tercera cosa que... la tarea fundamental que debemos llevar a cabo es impulsar un cambio de modelo productivo; un cambio de modelo productivo significa apostar por la investigación, por el desarrollo y la innovación. Un nuevo cambio del modelo productivo que permita revertir la situación de paro, pobreza, precariedad y despoblación que sufre Castilla y León. Le recuerdo que Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más población ha perdido en el conjunto del año pasado.

Por lo tanto, pensamos que una prórroga de los Presupuestos no va a servir para cambiar lo que no está funcionando hasta ahora. Tanto este acuerdo que ustedes firmaron como los programas que no se prorrogan tiene una incidencia en el gasto público, y, por lo tanto, también sobre el crecimiento económico. A este hecho se une la desaceleración del crecimiento económico a nivel internacional, lo que implicaría una mayor ralentización tanto del crecimiento en el conjunto de España como en el de Castilla y León.

Además, le quiero recordar que el pasado diecisiete de enero –hace poquito- la Comisión Europea emitió una opinión en la que se insta al Gobierno de España a aprobar medidas adicionales para cumplir con el objetivo del déficit del 3,1 % en dos mil diecisiete, ya que las actuales previsiones de la Comisión son del 3,3 %. Tanto la IREF como la Comunidad Europea señalan que uno de los elementos infravalorados por el Gobierno es la ralentización del crecimiento a nivel internacional. Eso tendrá un impacto negativo no solo en España, sino también en Castilla y León, lo que mermaría los ingresos públicos, con lo cual podríamos acabar el año... este año como el año pasado; es decir, con un cierre contable que perjudica a la actividad económica real.

De esta manera, le voy a lanzar una serie de preguntas, que espero que usted me aclare. Lo primero, si habrá recortes adicionales en Castilla y León, tal y como ha estimado la Comisión Europea; segundo, cómo se materializan estos recortes con una prórroga presupuestaria; tercero, qué efectos tendrá la prórroga presupuestaria en el crecimiento económico de Castilla y León, habida cuenta que los gastos y los ingresos están congelados y solo se pueden incrementar mediante reales decretos; cuarto, qué incidencias tiene el cierre contable que ustedes decretaron el pasado ejercicio presupuestario en la actual prórroga presupuestaria en relación a los proyectos plurianuales, especialmente; quinto, mientras PP y PSOE negocian de espaldas a la ciudadanía, que no ve satisfechas sus demandas y paralización de los programas, qué programas se van a ver afectados por la prórroga; y sexto, cómo va a afectar a los programas de la oferta de empleo público en los ayuntamientos que reciben financiación por parte de la Junta de Castilla y León.

Además de lo anteriormente mencionado, en los Presupuestos de cada año se tratan cuestiones que, dado que existirá una prórroga, es necesario dilucidar. Entre otras, en opinión de nuestro Grupo, se necesita saber qué ocurrirá con la actualización de los salarios de los trabajadores públicos. Yo creo... nosotros pensamos que la congelación de los sueldos de los trabajadores públicos ha sido una de las vías por donde el Gobierno autonómico ha aplicado la austeridad; una austeridad salarial con la que nos manifestamos en contra. En la medida de que no haya Presupuestos, la actualización del sueldo de los funcionarios queda en el aire, o, dicho de otras palabras, estará congelada; y no me refiero al frío que está haciendo estos días en nuestra Comunidad Autónoma, me refiero a una congelación de sus sueldos. La actualización del sueldo de los funcionarios ha sido utilizada por el Gobierno como medida para negociar los Presupuestos con el Partido Socialista; no obstante, desde Podemos creemos que, dada la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años, es necesario sacar de las negociaciones dicha actualización y asegurar que en dos mil diecisiete los sueldos de los funcionarios no sufren ninguna pérdida adquisitiva.

Por eso, le quiero pedir, por parte de nuestro grupo político, que... sacar del debate presupuestario la actualización de los sueldos de los trabajadores públicos, y sobre todo actualizarlos al IPC del año dos mil diecisiete, no subirlos un 1 %, mientras que el IPC es un 1,7 %, porque significaría que los trabajadores públicos de nuestra región siguen perdiendo poder adquisitivo.

Y aprovecho también para mencionar el acuerdo que se llegó en sede parlamentaria, y que ustedes, el Partido Popular, vetaron, que era actualizar las pensiones, en este caso, al tipo del IPC, y ustedes han decidido actualizarlas solo al 0,25 %. Es decir, los pensionistas de nuestra Comunidad Autónoma van a seguir perdiendo poder adquisitivo.

Por todo ello, me gustaría preguntarle también cómo y cuándo tiene previsto la Consejería convocar la nueva oferta pública de empleo, especialmente en las oposiciones de Sanidad y Educación –que ya le he preguntado-; y si tiene la Consejería, en este caso, previsión de convocar unas... en las oposiciones y en la oferta pública de empleo superar, en este caso, las tasas de reposición del 100 %, que -como ya le han dicho el resto de grupos- hacen falta para cubrir las carencias tanto a nivel de... a nivel sanitario como a nivel de educación. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez Romero. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Y gracias, señora consejera, por comparecer en esta... en esta Comisión. Desde luego, a los socialistas nos habría gustado que hubiera dado respuesta a nuestra petición, que era la de comparecer en el Pleno, que era el lugar yo creo más adecuado para hablar de la prórroga presupuestaria, y no solamente en esta Comisión.

Y la animo a que no deje en mal lugar al portavoz de su grupo político y comparezca al menos una vez cada dos meses en esta Comisión a debatir las cuestiones que hemos planteado desde los distintos grupos, fundamentalmente desde el Grupo Socialista, para que dé explicaciones, porque lleva ya creo que más de una veintena, y se aproximará casi a la treintena, de comparecencias pendientes de llevar... de llevar a cabo. Tendremos que seguir pidiendo, porque su gestión es muy controvertida, señora consejera, y, por tanto, eso lo tendrá que tener usted también en cuenta.

Y permítame un cariño, nada más, al portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, porque, en lugar de aplicar tanta demagogia, debería de acordarse de por qué no hay un presidente de Gobierno socialista en este país. Cuando se acuerde de eso, si quiere seguimos hablando de demagogias, señor Díez Romero.

Mire, comparece la señora consejera hoy para explicarnos el decreto de prórroga presupuestaria, que dice -hoy ha dicho ella, como dice el texto del decreto- que se debe fundamentalmente a razones políticas, como la convocatoria de elecciones generales, la tardanza en la elección de un nuevo presidente de Gobierno de España. Y nosotros pensamos que esto no es más que una excusa -ya se lo dijimos en otras ocasiones-, y es la realidad. En este momento hay siete Comunidades Autónomas que han aprobado su Presupuesto, seis de ellas lo hicieron antes de concluir el año dos mil dieciséis -por tanto, perfectamente en plazo para evitar una prórroga presupuestaria-, y hay al menos otras cuatro que han presentado los Presupuestos, y hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba su Proyecto de Presupuestos para el año dos mil diecisiete.

Por tanto, señora consejera, ¿hay alguna excusa para que usted no haya presentado los Presupuestos aún? Pues nosotros pensamos que no, a la vista de lo que han hecho otras Comunidades Autónomas. Y en esto usted, la Junta, van en el furgón de cola del cumplimiento de los deberes presupuestarios; a la par que el presidente del Gobierno de España, este que reclamaba una investidura rápida porque hacían falta unos Presupuestos para el dos mil diecisiete. Presupuestos que a día de hoy seguimos sin conocer en proyecto, solo supongo que será porque no querrá que se conozca dónde se van a aplicar los 5.000 millones de recorte de gasto no financiero que se acaba de aprobar recientemente por parte de las Cortes Generales.

Claro, la pregunta es: señora consejera, ¿le faltan a usted datos para presentar el Proyecto de Presupuestos? Pues no, no le falta ninguno. Y hace meses tampoco le faltaban; tenía otros que no estaban tan actualizados, pero también los tenía para poder haber acometido la elaboración de los Presupuestos. Usted tiene los objetivos de déficit y de deuda desde el veinte de diciembre aprobados por las Cortes Generales; es más, usted los conoce desde el uno de diciembre, que fueron sometidos a conocimiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ya sabía que eran objeto de un acuerdo político, por tanto, tenía usted la plena garantía de que esos iban a ser los objetivos de estabilidad y de déficit para el año dos mil diecisiete. Segundo, usted conoce la regla de gasto desde el dos de diciembre, que fue aprobada por el Consejo de Ministros, que es el competente para aprobarla, fijada en el 2,1 % para el año dos mil diecisiete. Y, tercero, usted conoce las entregas a cuenta, señora consejera, desde el seis de octubre de dos mil dieciséis.

Claro, nos dirá usted que estas son provisionales porque todavía no están aprobados los Presupuestos Generales del Estado. ¿Y qué piensa hacer, señora consejera, esperar hasta que el Gobierno apruebe los Presupuestos Generales del Estado para remitir a estas Cortes su obligación, presentar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?

Porque hablaba usted de respeto a la legalidad en su actuación; ¿cree usted que está cumpliendo el Artículo 7 de nuestra Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, cuando ya ha transcurrido más de un mes desde que se conoce el objetivo de déficit y aún no ha sometido a aprobación de la Junta de Castilla y León el techo de gasto no financiero? Está usted vulnerando la ley, señora consejera, y, por tanto, no hable usted de razones de legalidad.

¿Cuánto piensa... -le pido que me responda a estas... a estas preguntas, señora consejera- cuánto piensa recortar usted el techo de gasto no financiero? ¿Va a hacerlo en un 4,1 %, como ha hecho el Gobierno de España, o lo va incrementar en ese 2,1 que le permitiría la regla de gasto? Porque hay una diferencia entre recortar el 4,1 e incrementar el 2,1; estamos hablando de 550 millones de euros de diferencia en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, y es importante.

Le digo el 4,1 que ha recortado en gasto no financiero el Estado, pero estoy muy preocupado viendo el nivel de ejecución presupuestaria de sus Capítulos 4, 6 y 7, donde ustedes han sido incapaces de obligar un 8 %, y han sido incapaces... perdón, han sido incapaces de no comprometer un 8 % del Presupuesto, y no han sido capaces de obligarse en un 17 % del gasto que tendrían que acometer. Si la razón va a ser similar al recorte que ha dado el Gobierno de España, pues probablemente el techo de gasto no financiero sufra un recorte superior a ese 4,1 que ha hecho el Gobierno de España.

Y la última. Ya me la ha contestado, pero ¿ha conseguido el señor Herrera que se actualicen las entregas a cuenta para dos mil diecisiete después de la Conferencia de Presidentes? No. Y no me hable de provisionalidad, señora consejera, porque una carta de un secretario de Estado yo creo que tiene el suficiente valor como para que usted se hubiera puesto las pilas y hubiera presentado ya el Proyecto de Presupuestos. El problema está ahí, señora consejera, a usted le da vergüenza aprobar un Proyecto de Presupuestos para Castilla y León que va a tener menos entregas a cuenta que el año anterior, y, por tanto, que va a implicar recortes, más de los que ya han perpetrado ustedes, en el estado de bienestar.

Porque, mire, siguiendo su lógica tautológica, esa que siempre se cumple o que es más... muy fácil de cumplir, la de destinar al estado de bienestar el 80 % del gasto no financiero, con 133 millones menos que llegarán de dinero del Estado, pues ustedes recortarán... el 80 % de esos 103 serán 105 millones menos para educación, sanidad y dependencia, pero seguirán muy contentos porque seguirán cumpliendo el 80 % del gasto no financiero disponible por las Consejerías. Por eso nosotros hablamos del 12 % del PIB; referimos al crecimiento de la economía, a la evolución de la economía, no a lo que ustedes decidan o no recaudar, o lo que consigan arañarle al Estado en la negociación de las entregas de cuenta.

Pero, mire, esas entregas a cuenta evidencian un problema que, a mi juicio, es mucho más grave, que es la consecuencia de sus políticas demográficas y económicas, señora consejera. Sabe usted perfectamente que los dos elementos cruciales para determinar la financiación del Sistema de Financiación Autonómica son la población y la evolución de nuestra economía. Y, claro, cuando nuestra economía crece menos que la media nacional, usted sabe que los índices de referencia con los que se calcula la transferencia de IVA, la transferencia de impuestos especiales y el fondo de suficiencia serán menores, por el menor peso de nuestra economía en el conjunto de la economía nacional.

Y cuando llevamos tres años perdiendo a razón del 1 % de la población en nuestra Comunidad Autónoma, con una expectativa del Instituto Nacional de Estadística de perder más de 260.000 habitantes en dos mil treinta y uno, ya pueden ustedes darle las vueltas que quieran al sistema de financiación que, con 262.000 habitantes menos y con una economía que crece menos que la media, seguiremos perdiendo recursos. Esa es la consecuencia de sus nefastas políticas en materia económica y en materia demográfica, señora consejera.

Y ahora veamos cuáles son las consecuencias de su prórroga irresponsable, porque usted nos ha dicho aquí una serie de datos, que yo voy a hacerle unas preguntas para que me los... me las conteste. Hay una limitación en los... un recorte del 20 % en los créditos vinculados, en los Capítulos 4, 6 y 7, fundamentalmente, que significan una merma muy importante. Y, por ejemplo, ¿eso qué significa, que le van a recortar a las universidades el setenta y dos coma... 72,5 millones de las transferencias corrientes que tienen previstas en el dos mil dieciséis, un 20 %? ¿Va a garantizar a los ayuntamientos la misma financiación o, recortando el 20 % de las transferencias corrientes y de capital, les va a quitar 47,5 millones del Presupuesto? ¿Garantiza usted la posibilidad de una nueva convocatoria del Plan de Empleo Local? Esta creo que no, señora consejera, porque no puede abrir usted nuevas líneas de subvención sin tener los Presupuestos aprobados.

¿Cómo va a garantizar usted el Acuerdo Marco de financiación de los Servicios Sociales, que significaría una merma de al menos 14 millones de euros en las prestaciones básicas que llevan a cabo los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma, con esta extraordinaria carta que le ha remitido el gerente de Servicios Sociales, en los que dice que hay tremendas incertidumbres y que "id tirando, que ya veremos cómo después lo arreglamos"? Esto no es serio, señora consejera. Esto no es serio para financiar las políticas de nuestros mayores, de nuestros dependientes y de la gente que más lo necesita. Por cierto, esto se lo dicen cuando ustedes... un mes más tarde de conocer las entregas a cuenta, y, por tanto, en esta carta están mintiendo a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales de esta Comunidad Autónoma, señora consejera.

Y en el subconcepto de farmacia, también del Capítulo 4, ¿garantiza usted que no va a haber un recorte de 102 millones de euros, que supondría el límite del 80 % de lo previsto el año pasado, señora consejera? Y en los conceptos de mantenimiento y reposición de inversiones reales, ¿garantiza que no va a haber un recorte al menos de 18 millones de euros sobre la consignación presupuestaria del año pasado, que es el 20 % que ustedes prevén recortar esas partidas, señora consejera -Programa 61 y 63 del Presupuesto de dos mil dieciséis-?

Señora consejera, prorrogar los Presupuestos significará congelar las plantillas de personal, lo cual, ya me dirá cómo piensa usted resolver la crisis que está pasando la sanidad pública de esta Comunidad, donde su principal problema es la dotación de personal. Y ustedes lo han visto durante estas Navidades especialmente, pero es sangrante, con la cantidad de listas de espera de Atención Especializada, de operaciones, que es fundamentalmente debido a la falta de personal. Si usted va a garantizar la prestación de la sanidad al mismo nivel que el consejero de Sanidad, yo ya me echo a temblar, señora consejera.

¿Garantiza usted, señora consejera, la celebración de las oposiciones de Secundaria este año, o solo lo hará con las plazas aprobadas en ofertas de empleo público de años anteriores? ¿Cuántas plazas va a dar a conocer, si es que celebran esas oposiciones, si no son capaces de aprobar los Presupuestos?

Como verá...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Vaya terminando, señor Izquierdo.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

(Ya voy concluyendo, sí, señora presidenta). ... como verá, señora consejera, nos parece que usted no tenía motivos, más que meramente disculpas políticas, para no presentar unos Presupuestos en plazo. Esta prórroga consideramos que es absolutamente irresponsable, a la luz de los datos que le acabo de comentar. Y, sobre todo, y lo más preocupante, lo más grave es que la financiación autonómica, se pongan como se pongan, no va a depender del sistema de financiación, va a depender fundamentalmente de cómo siga evolucionando nuestra economía y nuestra demografía, y ambas lo hacen, sobre todo la demografía, mucho peor que la media del conjunto nacional. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. Tiene la palabra la señora consejera, para dar contestación.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA DEL OLMO MORO):

Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que el mismo veintinueve de diciembre que se aprobaba el decreto de prórroga solicité la comparecencia, pero no sabía que iba a haber un... que se iba a habilitar el mes de enero y, por lo tanto, bueno, pues, después... en periodo normal; yo no tenía por qué suponer que se iba a habilitar enero. Y, entonces, bueno, pues luego, a petición del Partido Popular, pues he comparecido en este periodo extraordinario de sesiones.

Insisto en que hay diez Comunidades Autónomas que han prorrogado sus cuentas públicas, diez solo. O sea, que es una cifra yo creo que nada desdeñable. Alguna más que Castilla y León habrá pensado que tenía problemas para no hacer una prórroga presupuestaria, incluida la que usted ha dicho, aunque los haya aprobado en el día de hoy.

Yo les voy a plantear a todos aquí, a todos los grupos, aprovechando que estamos en esta Comisión, que es la Comisión de Hacienda, les voy a plantear las dos... las dos alternativas que tengo ahora mismo... que tiene la Junta de Castilla y León para aprobar unos presupuestos, y quiero que me den su opinión. Dado que vamos a iniciar el proceso presupuestario, a mí me gustaría alcanzar algún tipo de acuerdo o consenso, o, por lo menos, que me den su opinión.

Las dos alternativas que ahora mismo tenemos desde el Gobierno, desde el Gobierno de Castilla y León, son las siguientes. Saben que tenemos el objetivo de déficit ya aprobado, la tasa de crecimiento medio de la economía española también está aprobada, y el objetivo de déficit se ha fijado para el año dos mil diecisiete en el 0,6, y tenemos, como digo, dos posibilidades:

Uno, hacer un techo de gasto y posteriormente un presupuesto con el objetivo de déficit ya conocido más las entregas a cuenta provisionales, que nos comunicaron en su momento, en octubre, el señor Beteta, que así decía "provisionales, derivadas de la prórroga presupuestaria", y que eso nos supondría solo... entre el objetivo... el cumplimiento del objetivo de déficit y las entregas provisionales, menos gasto no financiero, por un importe aproximado de 156 millones; por lo tanto, esa es una alternativa.

Y la otra alternativa que tenemos es tener en cuenta el objetivo de déficit que ya está aprobado y estimar unas entregas a cuenta mayores que las que nos han comunicado, porque realmente hay datos para pensar que van a ser mayores que las de la prórroga, pero, como les he dicho en la comparecencia, en la primera parte de mi intervención, solo el Gobierno nos va a entregar a cuenta lo que nos ha comunicado en el mes de octubre, pues habría que hacer una retención de no disponibilidad desde principios de año, como han hecho algunas Comunidades que han aprobado los Presupuestos, para, bueno, pues poder tener unos Presupuestos. ¿Que luego los Presupuestos Generales del Estado nos confirman unas entregas a cuenta distintas -yo entiendo que van a ser superiores, en mi entender, según ha ido la evolución económica y la evolución de la recaudación impositiva-? Y, bueno, pues liberaríamos esa no disponibilidad.

Esa es... las dos alternativas, yo creo que sensatas, que ahora mismo tiene el Gobierno regional para hacer unos Presupuestos. Evidentemente, hasta veintitrés de diciembre del año pasado no se aprobó el objetivo de déficit. Y creo recordar que en una pregunta en el Pleno se me dijeron también una serie de datos con los que yo podía hacer los Presupuestos, y esos datos ya no son ni parecidos, en diciembre, de los que fueron cuando se me hizo esa pregunta.

Por lo tanto, ahora tenemos el objetivo de déficit ya definitivo y aprobado, y tenemos los datos que les estoy diciendo. Entonces, podemos ir a un Presupuesto, evidentemente, que supone recortes respecto de lo del año pasado, o a un Presupuesto con unas entregas a cuenta estimadas. Porque la otra es esperarse hasta que se hagan los Presupuestos Generales del Estado, que, por cierto, no se hacen... yo creo que por voluntad de Mariano Rajoy no es, sino porque no hay manera de que algún grupo parlamentario ni siquiera se sienten a ver si lo consensuan. O sea, que es que es un problema que el propio Gobierno tiene, no por falta de voluntad de presentar unos Presupuestos, porque vas a presentar unos Presupuestos que te los van a devolver en la primera, ¿pues para qué vas a presentar unos Presupuestos así? Obviamente, a nadie se le escapa que, cuando alguien plantea unos Presupuestos, tiene que haber un mínimo de consenso para que prosperen en las Cortes o, en este caso, en nuestras Cortes o en el Congreso, en su caso. Por lo tanto, no creo que sea falta de voluntad política, sino pues otras cuestiones que saben que ocurren.

Yo esta cuestión se la voy a dejar planteada y sí que me gustaría que en el turno de réplica me pudieran dar su opinión. Porque cuando el veintitrés de diciembre, evidentemente, se aprueba el objetivo de déficit, se... bueno, y ahora estamos con esta cuestión planteada. Hasta ahora no, porque era ilegal hacer unos Presupuestos si no teníamos el objetivo de déficit aprobado; y así lo dicen las leyes, no me lo invento yo, no tenías el objetivo de déficit aprobado. Es más, si lo hubiéramos hecho antes, podíamos haber considerado el 0,1, que era el objetivo inicial que había para el año dos mil diecisiete y un recorte de 230 millones; podíamos haber considerado el 0,5, que era lo más probable, ya había sido informado una vez por el Consejo de Política Fiscal; pero realmente al final ha sido el 0,6. O sea, que no teníamos ni siquiera un objetivo de déficit que podamos dar como seguro. No sé los que han hecho los Presupuestos con qué objetivo de déficit lo habrán hecho. O sea, que eso es una cuestión que...

Entonces, ante esa... evidentemente, hasta el veintitrés de diciembre, que no conocíamos el objetivo, pues tenía que haber una prórroga presupuestaria en Castilla y León. Porque, o me invento el presupuesto y los objetivos, cosa que no me parece responsable, o, evidentemente, tenía que haber una prórroga en Castilla y León. Prórroga que tendrá... pues una prórroga tiene algunos problemas, ¿cómo no? Pero yo creo que, en este caso, es una prórroga que va a permitir que funcionen los servicios públicos pues prácticamente como han venido funcionando. Y voy a intentar explicárselo ahora.

Todos, prácticamente todos los grupos parlamentarios han coincidido en una cosa que no se puede hacer con la prórroga, que es ni oferta pública de empleo ni subir las retribuciones a los empleados públicos; pero no con la prórroga de los Presupuestos de Castilla y León, no se puede hacer por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. O sea, que ninguna Comunidad Autónoma -que yo sepa, ninguna- ni ha puesto subida salarial a los empleados públicos, porque no puede, porque no está la ley... no existe... existe una prórroga presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado, y ninguna Comunidad Autónoma, que yo sepa, que se me puede haber escapado, pero que yo sepa no debería haberlo hecho, es poner oferta pública de empleo. Porque hay una normativa que es básica, y que todos los años se regula en los Presupuestos Generales del Estado, y que es la tasa de reposición, que todos los años se regula, y el incremento o no incremento del salario de los funcionarios. Por tanto, esas dos cuestiones que ustedes me han echado en cara como un problema de la prórroga de Castilla y León no es un problema de la prórroga de Castilla y León, es un problema porque los Presupuestos Generales del Estado se han prorrogado; y se han prorrogado porque entiendo que no han encontrado el adecuado consenso en el Congreso para que hubieran podido prosperar. Por lo tanto -como digo-, esa una cuestión que no tiene que ver con la prórroga de los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León; nos daba igual haber hecho un Presupuesto, no hubiéramos podido ni poner subida salarial ni hacer oferta pública de empleo. Y eso lo han planteado casi todos los grupos, y por eso se lo quería... se lo quería contestar.

Señor Sarrión, ha hablado usted de que parece que estamos postergando la... que parece que no hay esa recuperación económica, que estamos postergándola. Mire, precisamente estas entregas a cuenta provisionales no reflejan la recuperación económica, porque no dejan de ser una prórroga de lo que había en el año dos mil dieciséis, que se hizo en el año... esa estimación se hizo en el año dos mil quince; o sea, que no recogen para nada el proceso de recuperación de los ingresos, el proceso de recuperación económica.

Y, por otro lado, como saben, estamos en un procedimiento de déficit excesivo, que, como pertenecemos a la Unión Europea, pues la Unión Europea obliga a España, y a todos los que integramos el Estado español, a seguir en ese procedimiento de déficit excesivo. Y ese procedimiento nos obliga a una vigilancia y a una reducción de los objetivos de déficit. O sea, que, con independencia de que existe recuperación económica... que yo creo que existe, y los datos ya cerrados por el INE hablan de crecimientos positivos, y, por tanto, estamos hablando de recuperación económica y su correspondiente reflejo en el empleo, pero seguimos inmersos en un procedimiento de déficit excesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que las cuentas de nuestra Comunidad es difícil que se recuperen al mismo ritmo que lo hace la economía, porque tenemos que seguir reduciendo el déficit.

Y así se ve que en el año dos mil dieciséis teníamos un déficit... tenemos un objetivo de déficit del 0,7 %; en el año dos mil diecisiete vamos a tener una décima menos, que me parece, la verdad, todo un logro. Seguimos reduciendo el déficit, pero en menor medida que se ha hecho en ejercicios anteriores.

En cuanto al funcionamiento de los servicios, yo les quiero tranquilizar a todos ustedes, creo que esta prórroga –y ahora se lo explicaré- garantiza totalmente el funcionamiento de los servicios, con la misma calidad que se venían prestando en el ejercicio anterior. Les he dado un dato... en la primera intervención les he dado un dato que... sobre un Presupuesto global de la Junta, la prórroga supone no disponer de 96 millones... de 96 millones sobre un Presupuesto de nueve mil y muchos; o sea, que estamos hablando de una... que no se va a poder disponer de 96 millones, y les he explicado por qué no se va a disponer. La prórroga no va a durar todo el año, espero, porque les he planteado una alternativa, que espero que me den su opinión. Pero la prórroga no va a durar todo el año, y, por lo tanto, esas limitaciones que se establecen en el período de prórroga se hacen porque se supone que es algo transitorio, que va a durar unos meses. El límite que se establece del 80 %, también les he explicado que es posible autorizar por parte de la Consejería... de la consejera de Hacienda, o de Economía y Hacienda, que puede autorizar que se incluya en cualquier gasto que rebase ese límite del 80 %, siempre que esté debidamente justificado. O sea, que tampoco es que se le vaya a decir a usted "no gasta más del 80 %".

Y respecto a sus apreciaciones, yo también creo que me han ido preguntando por muchos de los tipos de gastos, ¿qué va a ocurrir? Y por resumir, porque creo que el que más gastos ha nombrado es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, entonces, le quiero decir que no vamos a recortar nada en universidades, ni a los ayuntamientos, ni Plan de Empleo Local, ni el Acuerdo Marco de Financiación, ni las inversiones de reposición y mantenimiento; nada absolutamente.

Hay que entender que la Junta tiene compromisos en sentido amplio; no solamente compromisos -por decirlo de alguna manera- contables –el AD famoso-, sino que, si existe un compromiso permanente de la Junta de financiar un Plan de Empleo Local, evidentemente este año se financiará un Plan de Empleo Local, y lo van a convocar. O sea, que, en ese sentido, vamos a... se ha entendido esta prórroga –y les decía que es una prórroga blanda, se lo he dicho desde el principio- como que cualquier compromiso que tiene la Junta de Castilla y León que se haya firmado con los ayuntamientos, que tiene una continuidad en el tiempo, eso es un compromiso que de verdad tiene que tener su reflejo en esta prórroga presupuestaria. Por lo tanto, les quiero tranquilizar, no va a haber... todos esos gastos que son tan sensibles y que usted ha enumerado, y creo que los demás han ido enumerando también alguno de ellos, se van a poder cubrir con la prórroga presupuestaria, con los créditos de la prórroga presupuestaria. No va a haber problema con ese límite del 80 %. El gasto de farmacia, evidentemente, es un gasto que es un compromiso de la Junta de Castilla y León, de la Comunidad, pagar esos gastos de farmacia, no tiene ningún sentido... que es un gasto, además, que es ordinario, que se realiza todos los años, ningún sentido que se recorte y que no se pueda incluir íntegro en los... en la prórroga presupuestaria. Ya le digo yo que no; eso se lo garantizo... se lo garantizo, de entrada.

A ver, no sé si algunas cosas hemos sido... hablaba usted, señor Sarrión, bueno, sobre Sacyl. Bueno, Sacyl va a continuar funcionando con normalidad. Usted sabe además que Sacyl, si necesita más gasto, lo gasta, porque lo que no hace nunca es parar. Es decir, si hay una necesidad nueva, bueno, pues Sacyl, los hospitales, los centros de salud, pues si tienen que gastar, gastan. Porque es que ya le digo, ¿qué hacen, no atender a un enfermo porque se le acaba el presupuesto? Pues mire, si tiene que atender a un enfermo, es un acto... es un gasto necesario totalmente, que nos obliga, muchas veces, a ser previsores. Pero que, evidentemente, no se va a cortar el servicio ni va a haber una peor calidad del servicio porque se ha aprobado una prórroga. Evidentemente, es un servicio que tiene demanda ilimitada, y así lo refleja el que pueda surgir una nueva prestación que hay que hacer, un nuevo medicamento o, incluso, bueno, pues que hay una... más enfermos de un determinado tipo y que hay que atenderles. Y en ese sentido, yo creo que no... ellos nunca paran porque no... porque se les haya acabado en ese momento el presupuesto; intentamos que no, pero, si se acaba, pues eso nos lleva a no tener el déficit, muchas veces, el presupuestario.

Por ejemplo, en el año dos mil dieciséis habíamos presupuestado un déficit del 0,3, y les aseguro que vamos a estar muy próximos, si no es, al 0,7 %, que es el objetivo que nos han fijado para dos mil dieciséis. ¿Por qué? Porque, como les decía, la sanidad hay veces que necesita más recursos, y, si se necesitan más recursos... o la dependencia, o la Renta Garantizada de Ciudadanía, pueden necesitar más recursos y, evidentemente, pues no puedes dejar de atender a esas personas; por lo tanto, prima el servicio a esas personas sobre otras cuestiones, como puede ser incluso los objetivos de déficit; aunque bien es verdad que tratamos de compatibilizar ambos tipos de objetivos.

Bueno, Ciudadanos, fundamentalmente hablábamos de la oferta y de la reposición. Evidentemente, ya les he explicado que si los Presupuestos Generales del Estado no se aprueban, pues no existe en España, porque no hay norma que nos ampare. Y es que, además, es una normativa que siempre está en los Presupuestos, lo debe hacer el... lo debe regular las Cortes Generales a través de la Ley de Presupuestos.

Les he dicho que tienen que estar tranquilos con la sanidad y con el resto de los servicios públicos, y con las subvenciones para empleo local, porque van a continuar. ¿Que va a haber algún retraso en algunas inversiones? Pues habrá unos retrasos hasta que se apruebe el Presupuesto en las inversiones nuevas; y digo nuevas, ¿eh?, que eso no quita para que las reformas, el mantenimiento... eso continúa, porque no es un gasto nuevo, no es una inversión nueva, va en otro artículo presupuestario. La dependencia, evidentemente, se va a seguir pagando como en el año anterior.

Y compareceré para hablarles de la ejecución presupuestaria, no tenga usted la menor duda. Lo que pasa que se están cerrando ahora las cuentas del año dos mil dieciséis, no tengo datos definitivos porque, como digo, estamos cerrándolas, y, en cuanto estén cerradas, pues ya vendré aquí y les explicaré cuál ha sido la ejecución de dos mil dieciséis; la de dos mil quince a lo mejor no merece la pena, y sí que le agradecería que lo retiraran, porque... vamos, a no ser que quieren... que quieran que venga y las acumule. Pero bueno... bueno, bien, si yo no tengo ningún problema en comparecer, pero, vamos, dos mil quince y dos mil dieciséis, no hay ningún problema. Pero bueno, esta ya ha pasado, el ejercicio cerrado, liquidado, etcétera, y con informe de la Intervención y el Consejo de Política Fiscal y Financiera diciendo cómo hemos terminado.

Y luego, respecto de las infraestructuras, que dice usted que tenemos un déficit. Bueno, yo le tengo que recordar que el AVE ha llegado a muchas provincias de nuestra Comunidad Autónoma, y que eso yo creo que ha sido un gran avance. Que es verdad que en infraestructuras todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, que tenemos ya tren de alta velocidad en muchas de nuestras provincias, y todavía se están haciendo obras para llegar a más. Luego yo creo que ahí se ha avanzado mucho.

También el Grupo Parlamentario Podemos y el Grupo Parlamentario Socialista querían que compareciera en Pleno. Bueno, yo creo que... -para explicar la prórroga- como han visto, tiene muy pocos artículos este decreto para explicarlo en el Pleno. Tiene la importancia temporal que tiene; o sea, si hubiera... si tuviera problemas... pero como les estoy diciendo que se van a garantizar y se garantizan todos los servicios públicos, pues no sé si tiene mucha trascendencia que comparezca en el Pleno; además, teniendo en cuenta que yo explico los Presupuestos de la Comunidad -luego, si quieren, lo debaten entre todos ustedes-, o sea, que sería... si tuviera que explicar la prórroga y debatirla como estoy haciendo en esta Comisión, pues, evidentemente, sería cambiar el sistema. No tengo... yo no... le voy a decir: no hubiera tenido problemas. Pero vamos, tampoco creo que sea de tal... de vital importancia una prórroga que, por su característica, tiene carácter temporal, pues para haberla explicado en el Pleno. No obstante, son las Cortes las que determinan dónde hay que explicar esto, si en el Pleno o en Comisión. Y, bueno, me han dicho que venga aquí y yo la verdad es que estoy satisfecha de poderles dar explicaciones, y además en este formato que me permite intervenir sin límite de tiempo. O sea, que la verdad es que prefiero.

Luego, ha hablado usted de La Rioja, que... La Rioja no ha aprobado sus Presupuestos. Tengo aquí la lista de los que lo han aprobado; La Rioja no ha aprobado esto. Murcia sí, pero La Rioja no. Pero bueno, cada uno tenemos la autonomía financiera, y porque unos hayan hecho... ¿qué le parece a usted, mejor lo que han hecho otros y han aprobado los Presupuestos? Pues a lo mejor le parece a usted mejor, pero es que gobernamos nosotros, y entonces, pues nos ha parecido mejor otra solución. Y les estoy pidiendo opinión, además. Pero bueno, quiero decir, es que La Rioja no ha aprobado los Presupuestos. Ahí aparecen todas las que los... están colgadas en la página del Ministerio y, evidentemente, no es una de las... de las Comunidades que haya aprobado sus Presupuestos.

También hablaba usted de las reformas fiscales. Le parece fatal que bajemos los impuestos. Yo lo entiendo, porque ustedes y nosotros partimos de una concepción diferente de la fiscalidad. El que tú rebajes los tipos impositivos no quiere decir que obtengas menos recaudación, porque si a esto se acompaña que has conseguido reactivar la actividad económica y el empleo es mayor, pues, evidentemente, hay un impuesto que recoge claramente que hay un mayor empleo, que es el impuesto de la renta de las personas físicas.

Ah, también le quiero recordar que se hicieron dos reformas –una en dos mil quince y otra en dos mil dieciséis- y lo que se hizo fue bajar los tipos mínimos. O sea, que habrá mucha gente que se haya visto beneficiada por esa rebaja de los tipos mínimos en Castilla y León; que, además, la mayor parte de los... de nuestros contribuyentes son de tipos mínimos, y, por lo tanto –como digo-, esa rebaja se hizo fundamentalmente para favorecer a los contribuyentes que menos rentas tienen.

Pero mire, les doy un dato: el... incluso en las entregas a cuenta provisionales que nos han mandado en octubre, el IRPF... que no sé por qué, pero prevén un incremento del 2,5 %. Es curioso. Se lo digo simplemente que no... que... para que sepa que es que no tiene por qué tener una repercusión negativa; una bajada de los tipos impositivos no implica necesariamente una bajada de la recaudación.

Bueno, hablaba usted de una oficina para cláusulas de suelo. Bueno, ya lo planteará en el momento oportuno. Si todavía estamos hablando –y les he pedido opinión- sobre la elaboración de Presupuestos, pues, evidentemente, ya lo plantearán ustedes y... bueno, no le voy a contestar.

También decía usted: se va a ver comprometido el gasto social. Si les he dado un dato, si se prorroga básicamente todo. En el gasto social no se va a contar con el 0,4 %, que se trata además de transferencias finalistas que vienen por Conferencias Sectoriales y que, bueno, pues de momento no se van a poder gastar; que no quiere decir que no se lo gasten en el futuro, cuando se aprueben los Presupuestos. Eso en cuanto a lo que ustedes han dicho.

Si va a haber recortes adicionales por la decisión europea. Bueno, yo, hasta donde... les he planteado el escenario que hay; yo no les he planteado escenarios de ningún recorte adicional. Les digo ahora mismo lo que hay y la disyuntiva en la que nos encontramos en el Gobierno para hacer, o no, unos Presupuestos. Del cierre contable –como le he dicho ya-, estamos cerrando ahora; cuando se cierre, compareceré.

Los programas afectados por la prórroga. Pues no sé, tengo aquí... no sé si es el... no creo que le interese, pero si tiene usted mucho interés... pero casi mejor le enviamos la documentación. Tenemos sacado... quiero decir, la solicita y se la enviamos, porque tengo sacado aquí todos los programas con su repercusión en la prórroga presupuestaria. Pero vamos, creo que no debo de contarles programa por programa, porque, si no, no terminaríamos nunca esta comparecencia. Pero vamos, está analizado. Lo que sí le quiero decir que el trabajo se ha hecho; se ha hecho bien, y se ha analizado programa por programa la disminución que ha tenido con esta... con esta prórroga. O sea, no piense que las cosas se hacen a la ligera. Los ayuntamientos: ya hemos hablado. Y, como les decía, 96,6 millones de euros menos en un presupuesto de 9.747 millones. Bueno, eso es la trascendencia de la prórroga presupuestaria.

Y, como les he dicho, prórroga o no de Castilla y León, incremento de trabajadores, imposible hasta que no haya Presupuestos Generales del Estado. Pero los servicios están cubiertos, es decir, hay interinos; si se necesita, pues se cubren, como se han cubierto muchas veces que no ha habido oferta pública de empleo y el servicio se ha seguido prestando; se ha cubierto con trabajadores interinos, que... bueno, que en tanto en cuanto se desarrolle la oferta pública de empleo.

Lo que sí que les digo que en el año dos mil dieciséis se han... hubo oferta pública de empleo, bastante amplia; se están... se han celebrado los procesos –la mayoría-, se están terminando; y que eso ha supuesto la renovación, en algunos casos, también de las plantillas de la Administración y rebajar la tasa de interinidad. Porque muchos de los que seguramente hayan aprobado fueran personal interino de... pues de la Administración.

Bueno, por lo tanto –como digo-, es imposible que hagamos oferta pública en tanto en cuanto no haya algunos grupos parlamentarios en el Congreso que aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Pero si es que además no se sabe cuáles; estarán para negociar. Cuando uno quiere que se apruebe algo, pues habrá una negociación previa. Yo les animo a que, a su vez, animen a sus grupos, pues para que intenten llegar a un acuerdo; que no se trata de aprobar lo que presenta el Grupo Parlamentario Popular o el Gobierno de España, sino que se trata de llegar a una negociación en un presupuesto que nos beneficia a todos, y que sobre todo va a beneficiar a todos los españoles, porque mientras no tengamos ese Presupuesto, pues aquí habrá muchas cosas que no podamos hacer, pero no por la prórroga de los Presupuestos de Castilla y León.

Ya les he dicho que voy a comparecer. Evidentemente, me pueden ir pidiendo cada... ustedes, los grupos parlamentarios, que presentan así cada semana cinco o seis comparecencias, y así, pues nunca llegaré a todo lo que ustedes me piden, pero voy a intentar ponerme al día en las comparecencias. Creo que algunas son más inminentes e inmediatas. Hoy nos hemos saltado el orden; no sé la... había comparecencias incluso de la pasada legislatura que las han vuelto a reproducir, y creo que hemos hecho... saltarnos el orden por algo que es de actualidad. Yo, ya que estamos aquí, propongo comparecer para las cosas más de actualidad y no para las cosas tan antiguas. Que siempre se quedarán pendientes cosas antiguas, pero, hombre, yo creo que es necesario que se comparezca por lo que tenga más necesidad o más actualidad en este momento.

De todas maneras, también les quiero decir: me han pedido muchas comparecencias, pero les ha importado bien poquito a algunos el tema de la... de los Presupuestos y de la prórroga, porque me lo ha tenido que pedir el Grupo Parlamentario Popular que comparezca. Y me... y me llama la atención... [murmullos] ... yo estoy compareciendo a petición del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, y me extraña... y me extraña, pues eso, que comparecí el catorce de octubre y no... y nadie se ha preocupado ni del presupuesto ni de la prórroga ni de nada; luego, vienen aquí y están enormemente preocupados, pero la realidad es que es así. La realidad de hoy es que yo comparezco a petición del Grupo Parlamentario Popular. Lo siento, pero es...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, por favor, deje de interrumpir a la señora consejera, y le ruego, por favor, que en sus comentarios se contenga usted, si es que puede. Muchas gracias. [Murmullos].

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA DEL OLMO MORO):

Gracias, señora presidenta. [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

[Comienzo de la intervención sin micrófono]. ... tan estricta en llamarle a usted la atención, cosa que creo que voy a tener que hacer a partir de ahora. [Murmullos]. No, lo ha dicho usted, y no le he llamado yo a usted la atención. Pero por favor se lo pido en este momento.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA DEL OLMO MORO):

Bueno, de todas maneras, si usted me ha llamado todo eso, me parece que debería de retractarse. Por lo menos darle un matiz distinto. No me... vamos, me ha insultado... [murmullos] ... no... no tiene la palabra. Me ha insultado, ¿no? [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Martín, no está usted en uso de la palabra. [Murmullos]. No, no, no, no, no, esto no es un debate entre la señora consejera y usted. Está interviniendo la señora consejera.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA DEL OLMO MORO):

Pero yo, de todas maneras, no le he insultado, ¿vale? Que quede bien claro que yo a usted no le he insultado. [Murmullos].

Señor portavoz del Grupo Socialista, usted me dijo en el Pleno, señor Izquierdo... usted me dijo en el Pleno un objetivo... ¿se acuerda? Una vez que me hizo una pregunta parlamentaria y me habló de unos datos que en ese momento le parecía a usted que eran los adecuados para hacer el Presupuesto; pero ya los han corregido, ya no son exactamente igual que los que me dijo en el Pleno. Por eso, en su momento, yo le dije que era difícil, porque no teníamos todavía los datos. Porque esos datos, que usted me habló de ellos, está pues tanto el informe del Consejo de Política Fiscal de abril, que luego se ha modificado el objetivo. O sea, que yo creo que hay que ser prudentes, porque cuando usted me habló, me dijo "ya tiene usted todos los datos para hacer el Presupuesto". Pues no, no los tenía, y, de hecho, se han corregido algunos en el último acuerdo de Consejo de Ministros. Por lo tanto, como le digo, yo creo que ha sido una actitud prudente el no hacer un Presupuesto con datos que ni siquiera los teníamos.

Yo... hablan de la ejecución, y compareceré un día para decírselo. Pero sí les quiero decir que cuando piensa "ha ejecutado usted poco", "qué mal han ejecutado", ya hablaremos de eso. Pero lo que sí les quiero decir es que ejecutar mal o bien, al final lo que ejecutamos es hasta el límite que nos permiten los objetivos de déficit; y el año pasado ejecutamos más, porque, de hecho, el objetivo casi lo duplicamos. O sea, que realmente ejecutamos más, gastamos más. Lo que tenemos que intentar es contener, porque un gasto cada vez mayor, cada vez mayor, nos lleva a veces pues a mayor endeudamiento y, evidentemente, a estar fuera de toda regla y a no poder tener algunos beneficios que tienes cuando cumples.

Respecto de que la financiación depende de la población, totalmente de acuerdo con usted, señor Izquierdo. Porque el modelo actual, cuando se hizo, pues yo creo que las variables poblacionales en el Fondo de Garantía, que es el que tiene la variable población ajustada, pesan el 98... más o menos el 98 %, y el resto son variables no poblacionales. Claro, evidentemente, si la población, en este caso, no nos está yendo bien, pues sí tiene trascendencia la financiación autonómica, ¿cómo no? Pero esto ya lo pensamos cuando se aprobó el modelo. El modelo les recuerdo que lo propuso y se aprobó con el Gobierno Socialista de España, o sea, con el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, y ya sabíamos que no nos iba a favorecer, no hacía falta que nos lo dijera nadie. ¿Por qué? Porque el peso de la población era muy elevado. Y quién se imagina que porque nos haya bajado la población en este año en 25.000 habitantes más o menos, ¿qué vamos a hacer, cerrar algún centro de salud o algún hospital? Evidentemente, no. Entonces, el no -y eso lo entiende cualquiera, lo entienden aquí, lo entenderán las Comunidades que dicen que tenemos mejor financiación- pues son gastos fijos que no puedes quitar.

Y, por lo tanto, en la financiación, yo les pediría a todos, y ya lo hemos firmado, que tenemos que defendernos. Y lo primero que hay que defender es que nadie dé por dogma definitivo que la población ajustada o equivalente es la que es, la que dice el actual modelo, porque ese modelo nos perjudica -y siempre lo dijimos-. Y todo el mundo, los expertos estos que hablan sobre la financiación autonómica, dan por hecho eso como un dogma de fe; y no, y no. ¿Por qué van a dar por hecho que la población ajustada -que es por lo que se divide la financiación, por la población ajustada- resulta que el peso ahí de la población, de las variables poblacionales, es el 98 %? Pues no, porque hay otras variables que influyen en el coste de los servicios. Por lo tanto, sí que les rogaría que aquí nos alineáramos todos y empecemos a decir que eso está mal calculado.

Porque, como les digo, ya sabíamos que este modelo no nos iba a favorecer, porque, en teoría, este modelo favorece a aquellas Comunidades "más ricas" -entre comillas-, es decir, aquellas que les aumenta la población, y por tanto les aumenta el PIB. Pero es que, si te aumenta la población, es mucho más fácil que te aumente el PIB. ¿Por qué? Pues si hay más gente que vive allí, que trabaja allí y que produce allí, pues el PIB claro que será mayor; no el PIB per cápita, pero sí el PIB del conjunto de esa Comunidad Autónoma. Claro, ¿qué pasa con las Comunidades que, en teoría, no somos tan dinámicas, vamos a tener que reducir servicios públicos? No. Lo que tenemos que defender, efectivamente, que bastante tienen, con una acumulación de gente que vive allí, que trabaja allí, que cotiza allí y que, claro, que eso le supone una mayor recaudación. Y, por tanto, habría que reformar el modelo, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y yo creo que he contestado a todo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora consejera. Se abre ahora un turno de réplica por parte de los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el señor Cruz García, por el Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, señora presidenta. Bueno, tras la comparecencia, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, como usted ha puesto de manifiesto, yo quiero sacar unas conclusiones. Y creo que ha quedado patente que la prórroga era inevitable, totalmente inevitable. Con independencia de lo que hayan hecho esas siete Comunidades Autónomas, en las que, efectivamente, La Rioja no ha aprobado sus cuentas, la prórroga era inevitable, porque las fechas contrastan claramente: desde la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Nación y los datos que usted ha puesto de manifiesto, que yo también he puesto de manifiesto respecto a lo que ha sido la aprobación del objetivo de déficit, del 0,6 %, la aprobación de la regla de gasto y la aprobación del objetivo de deuda para el conjunto de la Administración autonómica, impedía con total certeza aprobar unas cuentas a tiempo. No hace falta ser muy inteligente y ver lo que conlleva una tramitación parlamentaria del Proyecto de Presupuestos en una situación de normalidad, en el que las cuentas se presentan aproximadamente entre el diez y el quince de octubre, en cumplimiento de lo que fija nuestro Estatuto de Autonomía, y que llevan como mínimo una tramitación de dos meses, estábamos ante un escenario incuestionable de prórroga presupuestaria para este dos mil diecisiete.

Y con independencia de quién solicita o no las comparecencias, a mí lo que me sorprende es que lo que vale para otros periodos de sesiones en esta Cámara no vale para este. Y lo digo, señora consejera, porque es verdad que ahora hablan de que es necesario comparecer ante el Pleno para explicar la prórroga presupuestaria algunos grupos parlamentarios, y lo que me sorprende es por qué si la prórroga era inevitable, absolutamente inevitable, como he puesto de manifiesto, en los Plenos del mes de diciembre no se aprovechó para interpelar a la consejera sobre esa prórroga y evitar así la celebración de un Pleno extraordinario, en un periodo extraordinario, en el mes de enero. Algo que me sorprende, porque se podían haber perfectamente cogido una interpelación de las que estaban pendientes, haberla interpelado a usted, dentro de las interpelaciones de los grupos, sobre la posible prórroga, y haber evitado un coste importante a esta Cámara en un periodo extraordinario. Yo quiero que alguno me explique por qué lo que vale para otros periodos de sesiones no vale para este. Yo creo que el procedimiento normal es el que se ha fijado aquí: que usted comparezca en Comisión, lo haga con detenimiento, y explique con detenimiento un decreto que es bastante sencillo, como usted ha puesto de manifiesto, porque tiene cuatro artículos y las disposiciones finales.

Miren, dicho esto, creo que es importante además poner de manifiesto que para... cuando uno pide una comparecencia, ha de leer con detenimiento el objeto de la comparecencia. Y, claro, aquí, cuando se cuestiona que se va a limitar el gasto, y se ha puesto de manifiesto que se va a limitar el gasto de las universidades vía transferencias, que se va a limitar el gasto farmacéutico, no se lee el contenido del decreto. Es que en ningún momento se plantea eso así. Es verdad que hay un supuesto en el que los Capítulos... –y yo lo he reconocido- Capítulos 4, 6 y 7, existe la posibilidad de imputar gastos hasta el 80 %, pero hay que seguir leyendo. Y se cita textualmente en el Artículo 3.6 de ese decreto -y leo textualmente-: "Cuando se considere imprescindible realizar un gasto cuya imputación en el Presupuesto suponga incrementar el límite del 80 %, el titular de la Consejería que lo proponga elaborará una memoria justificativa de la necesidad del gasto, de su repercusión y efectos en el presupuesto de su sección en las previsiones de financiación que estime necesarias, y lo someterá a la autorización del titular de la Consejería de Hacienda". Es decir, se puede superar ese límite cuando fuese necesario, y los ejemplos que se han puesto aquí de gasto farmacéutico, de financiación de ayuntamientos, desde luego, cree este grupo parlamentario que están perfectamente justificados para poder superar ese límite.

Pero, en todo caso, recordar lo que yo antes también planteaba en mi primera intervención, que esta prórroga tiene una situación –esperemos- de la mayor brevedad posible. Porque el escenario se ha modificado a través de los acuerdos adoptados en las Cortes Generales, una vez conocido el objetivo de déficit, el objetivo de deuda y el objetivo de la regla de gasto que se ha fijado. Por lo tanto, esperamos que con la mayor brevedad posible pueda elaborarse un escenario de límite de gasto no financiero, que supondrá el arranque de lo que puede ser una tramitación parlamentaria en esta sede parlamentaria de unos Presupuestos para el año dos mil diecisiete.

Y, fíjate, usted nos planteaba una alternativa, una alternativa sobre qué escenario manejar. Yo le quiero trasladar que el escenario que le plantea el Grupo Parlamentario Popular sea el de la prudencia. El de la prudencia, porque creo que ese ha sido siempre el escenario que ha manejado la Junta de Castilla y León. Porque lo que sería más negativo es ir a un escenario de máximos, y, cuando no se cumpla luego ese escenario de máximos, tener que acometer modificaciones a la baja o a criterios de acuerdos de no disponibilidad, en función de lo que establece el Artículo 118 de nuestra Ley de Hacienda. Y eso ya ha pasado en alguna Comunidad Autónoma.

Y quiero recordarle el caso concreto de lo que sucedió... al caso concreto de lo que... el Grupo Parlamentario Socialista, en aquel momento, en un escenario similar a este, nos trajo aquí como un escenario de aprobación de Presupuestos, con una consejera andaluza, que vino aquí, a esta sede parlamentaria, y lo puso de manifiesto -por cierto, imputada ahora-. Pero, olvidándonos eso, ¿qué motivó? Que posteriormente, que posteriormente, tuvieron que modificar a la baja los Presupuestos de la Comunidad andaluza. Y aquello que se nos puso como ejemplo creo que es un mal ejemplo. Y creo que desde este grupo, y quiero manifestarlo a la Junta, tenga un criterio de prudencia; pero, sobre todo, con una prioridad. Y es verdad que los recursos pueden ser menores, pero que la prioridad tiene que centrarse en lo que antes manifesté en mi primera intervención, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y, fíjese, cuando se fijan las prioridades en esas tres áreas... y el tiempo nos da la razón, porque, si hacemos un estudio comparado de la calidad de los servicios que presta nuestra Comunidad frente a otras, salimos muy bien parados. Como sucede también, por ejemplo, en la ejecución presupuestaria; si es muy fácil, es ir a la página del Ministerio de Hacienda y ver la ejecución presupuestaria de nuestra Comunidad Autónoma frente a la ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas donde algunos gobiernan o donde otros han sido socios de Gobierno...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Cruz, tiene que ir terminando.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

... y, cuando uno compara, la verdad es que siempre salimos bien parados. Y termino: criterio de prudencia. La prórroga era inevitable, y creo que lo importante es que cuanto antes podamos acometer ya el trabajo para traer a esta Cámara el límite de gasto no financiero que pueda dar arranque al Proyecto de Presupuestos de dos mil diecisiete, y que vuelva a priorizar el gasto donde lo ha hecho siempre la Junta de Castilla y León, en la educación, en la sanidad y en nuestros servicios sociales. Nada más, y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sarrión.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muy bien. Muchas gracias, presidenta. Con mucha brevedad, porque está casi todo dicho. Por nuestra parte, lo que entendemos es que lo que viene a dársenos es la razón. Es decir, nosotros venimos a decir que en dos mil diecisiete no solo no es el año de la recuperación, sino que además es el año en el cual los recortes se hacen definitivos. Y, efectivamente, así parece deducirse de las declaraciones que se han escuchado aquí. Es decir, cuando usted me plantea que el Sacyl va a seguir funcionando con normalidad, entiendo que lo que está diciendo es que el Sacyl no va a mejorar, sino que va a seguir con... como eso que estamos llamando normalidad en los últimos años, que está motivando movilizaciones masivas y problemas en el funcionamiento en el conjunto de la Comunidad.

El problema es que lo que estamos empezando a considerar como normalidad es una excepcionalidad. Es decir, es una situación dramática, es una situación de estancamiento permanente de los servicios públicos, compartida en otras Comunidades Autónomas, pero también en esta. Y en esta con especial gravedad, además, por lo que afecta al ámbito rural, lo cual, en una situación de envejecimiento, de despoblación y de dispersión poblacional, hace que sea enormemente grave, porque lo que hace es hipotecar el futuro de nuestra tierra. Cuando estamos viendo como se cierran centros educativos, se cierran unidades a lo largo del conjunto del medio rural; cuando vemos como, una vez más, seguimos sin convocar oposiciones para las personas que llevan años esperándolo y preparándose los temarios una y otra vez, y que de nuevo se les vuelve a decir que este año tampoco las habrá; o cuando se nos dice que el Sacyl seguirá funcionando como hasta ahora, lo que vemos es que ni va a haber capacidad, ni vemos que la haya en un futuro, de recuperar los niveles de gasto anteriores a la crisis.

Por tanto, mucho nos tememos que nuestro diagnóstico es el correcto y que desgraciadamente la crisis ha venido para quedarse, que los cursos de la recuperación no son los correctos y que, definitivamente, lo que seguimos es esperando que los objetivos de déficit, de control a la deuda, que, gracias a la reforma constitucional que ustedes pactaron con el Partido Socialista, finalmente van a ser siempre prioritarios y van a estar siempre por encima del gasto público. Esa es la realidad que hay en nuestro país, y nuestra Comunidad no es ninguna excepción, con la diferencia, quizá, de que en una Comunidad tan castigada como la nuestra, con un medio rural tan machacado, tan complicado, y con un futuro tan difícil, poner en peligro los servicios públicos, como está ocurriendo en los últimos años puede ser una cuestión de vida o muerte para nuestra Comunidad. Nada más, y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Sarrión. En turno de intervención, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Delgado.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Por no redundar mucho más, porque no son horas, como decía aquel, pero, mire, hace... el viernes pasado, Educación advierte que, si no hay Presupuestos en febrero, no habrá oposiciones en el dos mil diecisiete. Las pruebas para acceder a dieciséis especialidades de Secundaria y FP se aplazarían hasta el dos mil dieciocho. Eso lo está diciendo su propio equipo de Gobierno, ¿no?, en este caso, el director general de Recursos Humanos de Educación. Y es que es más que preocupante, por eso la... estamos diciendo que hay que darse prisa. Y está diciendo aquí ellos mismos... o sea, ustedes mismos están diciendo que en febrero. Y, entonces, yo creo que cuando se apremia, se apremia; es decir, por la urgencia.

Hombre, está muy bien que me diga que el AVE va llegando a los sitios, pero a los que llega, ¿eh? A otros sitios ni llega. Nosotros no tenemos ni AVE ni tren malo ni pequeño, ¿eh?, como el tren directo de Madrid-Aranda-Burgos, por ejemplo, que ni está, ni está, ni se les espera. O las autovías del Duero, de la vergüenza, y otras tantas más. Y ya por la carretera de Porto, que ya algún socialista y tal... pues mira, apúntese otra más: la 912, entre Villanueva de Gumiel y Gumiel de Izán, ¿eh? No cabe, no cabe, le digo, literalmente, una carretera comarcal, de su Junta de Castilla y León, no cabe un camión y un coche; no digo ya dos camiones, que entonces hay que... se tiene... que esto parece Burundi muchas veces, en nuestro territorio.

Por eso, por eso le digo que los Presupuestos claro que son urgentes, y claro que se retrasan. Y es que hay cosas pues que... que pasa lo que está pasando muchas veces. Y nos preocupa y, claro, y ya sabemos que mal de muchos, pues ya sabe lo que dice el refrán. Y, efectivamente, son diez Comunidades Autónomas o doce, si ya lo sabemos, pero lo que se trata es de ser ágiles y de que esto se resuelva, lógicamente, con todos.

Hombre, y no nos haga preguntas aquí, al solitario. "¿Ustedes qué opinan?". Pues qué vamos a opinar, hombre, si... ¿eh? Para eso está usted, que es la consejera de Hacienda. Y, desde luego, si hubiera estado mi compañero Manuel Mitadiel, Manuel Mitadiel, le hubiera contestado mucho mejor, pero, vamos, es que es así. Lo que tiene que hacer usted, y todos... tenemos que hacer es cumplir con nuestras obligaciones y hacer que los Presupuestos sean lo más realistas posibles, pues para eso, para poder sacar oposiciones, para hacer las tasas de reposición en Sanidad, en Educación, etcétera, etcétera, y para que este... esta Comunidad Autónoma funcione, que ya sabe que no funcionamos tan bien como deberíamos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Delgado. Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Gracias, presidenta. Bueno, durante el último Pleno, viendo que usted y su grupo no daban señales de vida en lo que a presentación de Presupuestos se refiere, evidentemente, siguiendo los consejos posteriores del portavoz del Partido Popular en esta Comisión, la interpelé a usted sobre los próximos Presupuestos, la hablé en aquel Pleno de insuficiencia de ingresos públicos, que no solo se deben a la financiación autonómica, aunque, por cierto, evidentemente, cuando mayor pérdida de población existe, asistiremos en el nuevo modelo de financiación autonómica, efectivamente, a una bajada de la financiación. Evidentemente, todo indica que va a ser así; ojalá no, pero bueno. Esto es una cosa que yo creo que deberíamos ir... ir pensando.

También le dije que obedecía también a una falta en la gestión pública, o en los ingresos. Hablamos de la recuperación de la actividad económica, y hablamos de lo que habría supuesto gravar o no en el IRPF, en el tramo autonómico, en las rentas más bajas o en las rentas más altas. Evidentemente, una bajada de un 0,5 % en el tramo autonómico pues implicaba así 10 euros de ahorro a una familia, que, evidentemente, iban a ir al consumo. Nos pide usted opinión sobre que qué hubiéramos hecho, si hubiéramos prorrogado los Presupuestos o no hubiéramos prorrogado los Presupuestos, con unos 150 millones de euros menos para presupuestar, ¿no?, con las entregas a cuenta que le han dado.

Evidentemente, con la actividad económica que tenemos, todos pensamos que las entregas a cuenta deben ser mayores que las del año pasado. Hubiéramos hecho unos Presupuestos con unas entregas de cuenta mayores. Luego, que nos hubieran dicho no; pues no lo sé. Evidentemente, nosotros nos hubiéramos arriesgado; esta es la opinión que yo le puedo manifestar. Efectivamente. ¿Y por qué? Porque yo creo que, con los datos del pasado Presupuesto en la mano, prorrogar los Presupuestos no era una opción. Porque, fíjese, yo le he dado unos datos que era que en Castilla y León ha bajado la renta disponible de las familias desde el año dos mil nueve de 14.725 euros a solo 12.715 euros en dos mil quince. Le he dado un dato, y era que perdíamos 11.057 afiliados a la Seguridad Social, es decir, un tercio de la pérdida de todo el país, y esto entronca... ¿Cómo vamos a pagar a los pensionistas? Con el saqueamiento de la hucha de las pensiones y perdiendo 11.000 afiliados a la Seguridad Social, ¿cómo les pagamos a los pensionistas?

Y me dice también que no va a haber recortes adicionales sobre el pasado ejercicio, ¿no? Evidentemente, pero, mire, es que, durante el pasado ejercicio y con los Presupuestos que ustedes presentaron, el porcentaje de parados sin prestación alcanzaba casi al 60 % de los parados en nuestra Comunidad; el 20 % de los trabajadores de Castilla y León cobraba menos de 300 euros; un tercio de los trabajadores de Castilla y León, es decir, el 33 % de los trabajadores de Castilla y León, cobraban menos del salario mínimo interprofesional. Durante los pasados Presupuestos, el PIB de Castilla y León crecía un 2,9, es decir, tres décimas menos que el conjunto de la media nacional.

Durante los pasados Presupuestos, o durante el pasado ejercicio, en Castilla y León moría el doble de gente de la que nacía. Durante los pasados Presupuestos cerraban tres fábricas emblemáticas en Valladolid, y ahora nos encontramos con que tenemos una incertidumbre bastante grande en la factoría de Nissan, en Ávila. Por eso, para nosotros no era una opción prorrogar los Presupuestos. Por eso nos hubiéramos arrogado... no nos hubiéramos arriesgado, como ya le digo. ¿Por qué? Porque también tenemos las terceras tasas universitarias más caras de España. Evidentemente no va a haber recortes adicionales en las universidades, pero, si no tenemos las terceras universidades mejores de España y tenemos las terceras tasas más caras, evidentemente, prorrogar los Presupuestos, para nosotros, no era una opción.

Tampoco era una opción porque un total de 11.600 trabajadores en Castilla y León abandonó la Comunidad durante el pasado ejercicio para ir a ganarse la vida fuera de nuestra Comunidad Autónoma. Evidentemente, los datos de población más los datos de la gente que abandona nuestra Comunidad Autónoma nos dicen que prorrogar los Presupuestos, para nosotros, no era una opción.

Nosotros, señora consejera, como ya le digo, consideramos que los Presupuestos son la herramienta fundamental para mejorar la vida de la gente. ¿Qué podemos conseguir con los Presupuestos? Pues garantizar, evidentemente, una vida digna para... para los y las castellanoleoneses. Cuando le he referido, en este caso, durante la pasada... la pasada intervención, a lo que le he referido de las cláusulas suelo, es porque pienso, evidentemente, que tenemos una deuda moral con los ciudadanos, en este caso, de Castilla y León. Porque con la gestión que hemos tenido de las Cajas de Ahorro, aunque no estuviera presente mi grupo, pero si hubiera estado presente mi grupo, lo digo. Yo creo que el acuerdo que se ha firmado es... a nivel de con el PSOE y en relación a la devolución de las cláusulas suelo, es sencillamente infame. Por eso creo que... y voy a presentar una proposición para crear una oficina, en este caso, en este sentido, y que se recoja en los próximos Presupuestos. Y, ya que ha hecho una prórroga presupuestaria, le doy la oportunidad de crear una oficina para que atienda las reclamaciones de esta gente, porque yo creo que tenemos una deuda moral, ya no solo con las preferentes, sino con lo que hemos hecho las Cajas de Ahorro y lo que ha pasado con... en este caso, con las cláusulas suelo.

Y por eso ya le digo que para nosotros prorrogar los Presupuestos no era una opción. Por eso, desde mi grupo político abogamos, en este caso, por... en este... por paliar en la medida de lo posible la prórroga presupuestaria y por que en el menor tiempo posible presente usted unos Presupuestos. Si tenemos que esperar a que ustedes y el PSOE se pongan de acuerdo, pues, evidentemente, yo no sé cuándo va a ser, pero lo veo difícil. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez Romero. Tiene la palabra el señor Izquierdo, por el Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

Sí. Gracias de nuevo, señora presidenta. Mire, hace unos meses, efectivamente, yo le decía que tenía datos presupuestarios, y se lo he dicho antes también; con esos datos presupuestarios... no estaban actualizados, pero yo le dije en su momento que podía haber hecho lo que han hecho otros: remitir el Proyecto de Presupuestos, y aquí, una vez que se hubieran conocido los datos actualizados, nos habríamos encargado de revisar y adaptar a los nuevos datos que se han ido conociendo con posterioridad.

Por cierto, también le dije que creo que era absolutamente una responsabilidad del Gobierno, porque no había ningún impedimento legal para que remitieran a las Cortes Generales... la única limitación que tiene el Gobierno de España es la aprobación de proyectos de ley, señora consejera. Por tanto, eso está en la Ley de Gobierno de la Administración general del Estado, y lo puede usted leer perfectamente; como no verá que esté la limitación para que el Gobierno remita los objetivos de déficit y el techo de gasto no financiero a las Cortes Generales. Lo que pasa que no le dio la gana hacerlo.

Recordará usted que le dije, además, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera sí informó los objetivos de déficit y los remitió a Europa el Consejo de Ministros, también estando en funciones durante dos mil quince. O sea, que ustedes, todo el Partido Popular, el de Madrid y el de aquí, llevan haciendo una pantomima en torno a la imposibilidad legal de presentar los Presupuestos que no se ajusta a la realidad, señora consejera. El problema es que había que ocultar los recortes que se... nos vienen. Ese es el problema, señora consejera.

Mire, dice usted una frase hoy que a mí me ha dejado perplejo, y es que ustedes ejecutan hasta el límite de déficit. Y entonces, ¿cómo hacen los Presupuestos, o cómo presupuestan los ingresos, señora consejera? Porque lo que nos está reconociendo es que usted ingresa menos de lo que nos decía que iba a ingresar y por eso tiene que gastar menos, y no ejecuta tanto como en principio tendría que hacer. Esa es la primera reflexión que yo le quería trasladar sobre el Presupuesto.

Nos dice usted que esto es una prórroga blanda o una prórroga con un viso de temporalidad, porque esto se acabará pronto. Y si el señor Rajoy no presenta Presupuestos Generales de dos mil diecisiete, y cuando llegue el mes de agosto decide remitir los del dieciocho, ¿qué nos pasará a nosotros? Según su planteamiento, estaremos sin Presupuestos del dos mil diecisiete, y la prórroga ni será temporal ni será blandita, señora consejera, será una prórroga con todas sus consecuencias; entre otras, las que yo le relataba con anterioridad.

Porque, claro, usted me dice: no, no vamos a recortar, está todo garantizado. Entonces, ponen en el... que hay un límite de indisponibilidad a partir del 80 % en los Capítulos 4, 6 y 7 en algunas cuestiones. Una de dos: o se hinchan ustedes a dar autorizaciones para superar ese límite, o todos los programas que yo le he citado tendrán ese límite del 80 %. O sea, fíjese usted la burocracia que va a generar para poder cumplir lo que usted acaba de decir aquí; una burocracia brutal como consecuencia de su prórroga presupuestaria.

Y ya nos contará qué va a hacer si en los Presupuestos Generales del Estado hay un incremento de los salarios de los empleados públicos del 1 %. Sabe usted que eso en Castilla y León será 37 millones de euros que tendrá que quitar de otras cosas. Con la actual previsión de ingresos que usted tiene, significará, sin duda, mermas en algunas otras cuestiones por su incapacidad de generar ingresos, ya sean transferencias del Estado o ya sean los casi 4.000 millones de euros que usted dice que ingresa de sus ingresos propios, no de las transferencias... perdón, también otras transferencias que vienen del Estado, pero distintas a las del modelo de financiación. Pero, por tanto, ahí hay 4.000 millones de euros que usted nos tiene que explicar cómo va a gestionar llegado el momento.

Claro, el decreto dice una cosa muy simpática: las nuevas inversiones que se acaban dejan un agujero en el Presupuesto, ya no se pueden empezar nuevas... inversiones nuevas, y ahí va a haber un dinero que va a ser imposible ejecutar y poner en marcha nuevos proyectos, y es dinero que, por tanto, tampoco se va a gastar y tampoco se van a iniciar proyectos. La prórroga significa retrasos en la ejecución de nuevos proyectos. Ya estamos acostumbrados, como en el caso de las obras del Hospital Clínico de Valladolid, a retrasos enormes en obras que sí contaban con dotación presupuestaria y que ustedes llevan dos años gastando cero euros de la previsión presupuestaria, señora consejera.

Mire, entremos en el debate del modelo de financiación. Ustedes saben... Le voy a hablar de un dato... no es el último, tiene la liquidación del catorce, pero la del trece nos daba, con una población real del 5,71 %, nos daba una población ponderada del 6,22 %. Este año ya hemos perdido un 1 %, más el 1 % del quince y más el 1 % del catorce. Por cachabas, nuestra población ponderada, aunque sea mayor que la real en el modelo de financiación, va a ser menor que la que teníamos en el año dos mil trece y, por cachabas, nos tocará menos en el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, señora consejera. El problema es nuestra evolución demográfica y nuestra evolución económica, por eso tendremos menos recursos con este y con modelos de financiación que, o varían mucho, o difícilmente van a corregir esos problemas que tiene.

Y, claro, yo me echo a temblar con el anuncio de liquidación que le ha enviado el secretario de Estado en octubre con las entregas a cuenta del IRPF, porque está hecho con una estimación de crecimiento de la población del 1,5 %, señora consejera, cuando hemos perdido el 1 % en ese año, de población. Fíjese también el Estado cómo presupuesta la previsión de liquidación.

Y ya le contesto a la pregunta que usted me hacía, y con esto concluyo, sobre las alternativas, señora consejera. Cuando usted nos plantea estas alternativas, lo que nos está reconociendo es que el año que viene va a recortar, porque las dos alternativas que da abocan a recortes. Una, es mantener las entregas a cuenta que le ha remitido provisionalmente el Ministerio, y, por tanto, como sus ingresos tampoco es capaz de generar todos los que nos dice todos los años en el Presupuesto, va a haber recortes, señora consejera. Y la otra alternativa nos dice: hagamos una estimación, pero, por si acaso, no dispongamos del crédito que supere la estimación de los créditos que ahora nos dice el Estado que nos va a enviar con las entregas a cuenta. Las dos cuestiones, señora consejera, implican recortes, y eso es lo que usted tiene que decir con claridad, que, o es capaz de generar más recursos propios y que el Estado le transmita más dinero, o va a haber recortes el año que viene en Sanidad, en Educación y en Dependencia.

Y le digo lo que tiene que hacer, señora consejera: cumpla la ley, ya tenía que haber presentado el techo de gasto no financiero; aprueben el Proyecto de Presupuestos...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Termine ya, señor Izquierdo, por favor.

EL SEÑOR IZQUIERDO RONCERO:

(Termino, señora presidenta). ... apruebe el Proyecto de Presupuestos y remítalo a esta Cámara, señora consejera; y, si quiere generar más ingresos, háganos caso y modifique la fiscalidad para generar más ingresos de quienes más tienen, más heredan y quienes se forran con las tragaperras y los casinos, a los que ustedes les bonifican todos los años. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Izquierdo. Para dar respuesta, tiene la palabra la señora consejera.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA DEL OLMO MORO):

Gracias, presidenta. Señor Cruz, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que la prórroga era inevitable, y que desde la Junta de Castilla y León siempre se ha utilizado un criterio de prudencia, evidentemente. Prudencia que debe también ahora estar presente a la hora de elaborar un Presupuesto, por eso les he pedido opinión; ya veo que algunos me la han dado y otros no, pero bueno.

Mire, señor Sarrión, el año dos mil diecisiete dice usted que no es el año de la recuperación. Bueno, ya la economía se empezó a recuperar en el catorce, en el quince, en el dieciséis -hablo de recuperación siempre en tasas positivas de crecimiento del PIB; es lo que hablo-, y en el diecisiete parece que también va a haber tasas positivas de crecimiento del PIB. Por lo tanto, no sé. ¿No es el año de la recuperación? Bueno, es un año más de los que la tasa... la economía va a crecer a tasas positivas.

Pero, como le decía, si es que estamos sometidos a un procedimiento de déficit excesivo. Que ya sé que ustedes no estuvieron de acuerdo con la modificación del Artículo 135 de la Constitución, pero la realidad es que Europa nos obliga... si somos socios de un club, pues nos obliga a estar en ese club con las reglas que nos hemos dado entre todos, y una de ellas es que no puedes estar creciendo el déficit y la deuda de manera ilimitada, sino con control. Y es lo que se está haciendo desde el año dos mil nueve, en el que España incurrió en un déficit excesivo que nos ha obligado... hasta que no lleguemos a un objetivo de déficit del conjunto de las Administración públicas por debajo del 3 %, pues estaremos siguiendo sometidos a ese procedimiento de déficit excesivo. Entonces, como le digo, aunque se recupere la recaudación, en el momento que tengamos que seguir reduciendo el déficit, pues eso va a mermar, en definitiva, esos ingresos de más que se puedan obtener vía recuperación.

Ustedes hablan todos de que la sanidad... La sanidad en Castilla y León, como dicen analistas externos, funciona mejor que en otros sitios. Yo no les digo lo bien que funciona en otros sitios, pero, en términos relativos y de comparación, en nuestra Comunidad la sanidad funciona bastante bien, con todos los problemas que pueda tener la sanidad. Además, el consejero es una persona templada, tranquila, que, evidentemente, es muy aconsejable en una Consejería como la de Sanidad, y, por lo tanto...

Y, luego, hay un problema que es general de toda España, que es la financiación de la sanidad. De hecho, en la Conferencia de Presidentes hay un punto específico dentro lo que es el acuerdo de financiación que habla de dar un trato especial a la sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad todo el día se está innovando, haciendo medicamentos nuevos, nuevas tecnologías, el cliente, el enfermo en este caso, demanda esas nuevas tecnologías, y eso está creciendo muy por encima de lo que crece la economía, muy por encima del PIB. Y, por lo tanto, no es un problema exclusivo de Castilla y León, ni muchísimo menos; es un problema de cómo está financiada la sanidad en España y los problemas que tiene nuestra sanidad, que, evidentemente, se va a abordar dentro del grupo de trabajo que se va a crear, o el grupo de expertos, de la financiación autonómica. Y sí que conviene tener bastantes datos sobre cómo se está financiando... qué gastos genera nuestra sanidad y cómo se está financiando, de cara a que tenga una financiación adecuada.

Y que se están cerrando escuelas. Mire, aquí, con menos de cuatro niños se puede cerrar una escuela, con cuatro niños no se cierra, entonces... Y somos la única Comunidad de España que mantenemos esa educación en el medio rural con tan pocos niños. Y nos está dando muy buenos resultados, porque, realmente, si ven el Informe PISA, pues se darán cuenta que... que, bueno, pues que se está... que estamos siendo la mejor Comunidad Autónoma y uno de... y, si nos comparamos con países, pues entre los siete primeros países de la OCDE. Por lo tanto, estamos hablando de que nuestro sistema educativo, con las escuelas de cuatro niños, que, evidentemente, tienen un coste, pero nos está dando unos muy buenos resultados.

Yo sé que ustedes, el señor Sarrión y, quizás también, el señor Díez Romero, opinan que, bueno, que lo del control del déficit y tal, que usted hubiera hecho un Presupuesto inventándose las entregas a cuenta, creo que en ambos casos; bueno, estimándolas generosamente, por decirlo muy finamente. Claro, hay un problema evidente, que a nosotros el dinero que nos mandan cada mes es el que nos ha comunicado en el mes de octubre, las provisionales, de manera que si eso lo dividen entre doce, menos la liquidación, que nos la van a dar en el mes de julio, y eso es lo que te están mandando. Entonces, si aprobamos... si entre todos decimos que vamos a aprobar un Presupuesto por encima, o con unas entregas a cuenta estimadas... que pueden estar bien estimadas, pero por encima de lo que nos han comunicado, vamos a tener mensualmente un desfase entre los ingresos que nos entran del modelo y los gastos que tenemos que abordar, que se han presupuestado.

Por eso les decía yo que lo lógico, a lo mejor, era hacer un Presupuesto, pero hacer al mismo tiempo una no disponibilidad por la diferencia entre lo que nos están... lo que estamos ingresando y lo que nos estamos gastando, de manera que, en el momento que estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado y nos confirmen otras entregas a cuenta, eso nos permitiría gastárnoslo, se levantaría la no disponibilidad. Es una solución técnica, pero una solución que nos permite no gastarnos lo que no tenemos, porque el problema de gastarte lo que no tienes es con qué lo pagas, o sea, ese es un problema bastante... bastante serio.

De cualquier manera, como digo, ambos hablan de eso, de... bueno, pues el déficit y la deuda ¿qué más da? Y, claro, todo esto, estamos en unos niveles muy elevados; de déficit, cada vez menos, estamos reduciendo, pero de deuda, pues los niveles son ya muy elevados. Y el que ahora no nos preocupe, o pueda decir "bueno, voy a hacer un Presupuesto más o menos... con unos ingresos que no sé si los voy a tener", pues en el futuro vamos a tener un problema. Porque no puedes estar todos los años gastándote mucho más de lo que ingresas, eso está claro, porque llega un punto que cada vez te va aumentando la deuda, y la partida de intereses cada día es más importante; y eso que, gracias a muchas cuestiones, ahora los intereses de la deuda pública están bastante más bajos que estaban hace unos años, porque, bueno, pues ha habido el tipo de interés... la actuación del Banco Central Europeo, etcétera, bueno, han conseguido que los tipos de interés que estemos pagando sean relativamente baratos. Pero no se puede entrar en una espiral de más déficit, más deuda de manera ilimitada, y porque además, somos socios de un club. Pero, además, porque ya saben lo que ha ocurrido en países donde algunos partidos afines a su ideología están gobernando, que es un desastre, o sea, no pueden pagar ni las pensiones -usted que está tan preocupado por las pensiones-. En algún país de Europa, de nuestro entorno, Grecia, es que hay pensiones de ciento y pico euros; eso es inconcebible en nuestro país, en España, ni siquiera las pensiones no contributivas son de esa cuantía. Y eso está ocurriendo porque, bueno, pues vamos a gastar, a gastar, a gastar, y llega un punto en el que dices "¿pero dónde estoy?, si es que nadie me presta"; debo muchísimo, nadie me presta, no lo puedo refinanciar, ¿y qué pasa?, ¿qué hacemos? Claro, y eso está ocurriendo en un país que era occidental, parecido a nosotros; tienen un problema grave. Entonces, mire, yo creo que esas cosas cada uno actúa conforme a su leal saber y entender, pero yo no soy de esa ideología, yo creo que hay que embridar el déficit y la deuda para que no crezca tanto.

Señor Delgado, ha hablado usted otra vez de las oposiciones, pero, le insisto, aunque la Junta de Castilla y León presente unos Presupuestos y lo apruebe en estas Cortes, mientras el Gobierno de España y las Cortes Generales no aprueben los Presupuestos Generales del Estado no podemos ni poner la tasa de reposición ni poner la subida salarial; si es que se acuerda, que no sé si se va a acordar. Pero es que no podemos legalmente, o sea, y tampoco vamos a hacer un Presupuesto que sea recurrible por cualquiera; yo creo que hay que atenerse a lo que... y siempre nos hemos atenido aquí a la normativa del Estado, que es la que te marca la tasa de reposición. Por lo tanto, como digo, independientemente de prórroga o presupuestos, nosotros no hubiéramos podido hacer ninguna de las dos cosas.

Luego, yo les he preguntado una opinión; evidentemente, sé que es responsabilidad del Gobierno hacer los Presupuestos y hacerlo como mejor sepamos, podamos, etcétera, pero, bueno, yo he querido conocer su opinión, ya que estamos en este foro, que son las Cortes, de debate, de diálogo, y, evidentemente, me interesaba mucho conocer su opinión. A algunos les tengo que dar las gracias porque sí que han... sí que han pensado en ello.

Respecto de los parados sin prestación a que se refería usted, señor Díez Romero, y a otros problemas que existen de personas que están en riesgo de exclusión, yo le tengo que decir que nosotros somos una Comunidad de las más avanzadas en la Red de Protección a las Familias y, además de eso, también somos una Comunidad que tenemos la Renta Garantizada de Ciudadanía; no todas las Comunidades tienen esa prestación. Y aunque haya muchos parados sin prestación, si esas personas no tienen... o cumplen los requisitos de la Renta Garantizada de Ciudadanía, se les está atendiendo precisamente con esa Renta Garantizada; que, por cierto, en el año dos mil dieciséis, pues, bueno, hemos tenido que poner algo más de dinero para pagar la nómina. Pero bueno, evidentemente, se habrán atendido a todas esas personas que usted dice. También hubo una modificación legal que aprobaron sus señorías en las Cortes y que ampliaba el ámbito de cobertura de las personas que están en esa situación de especial dificultad.

También, ante su visión tan negativa de Castilla y León, hombre, que se muera más gente de la que nace es normal; tenga en cuenta que aquí el 22 % o 23 % de las personas que viven en nuestra Comunidad tienen más de 65 años. Que no es un problema de ahora, no es un problema de ahora, esto viene... se va haciendo con el tiempo, porque los problemas de población son muy largos. Y entonces, claro, si hay muchas personas mayores, lo lógico es que se mueran las personas... se mueran más las personas mayores, y, bueno, pues al haber más personas mayores, nuestro porcentaje de jóvenes es menor. Pero esta pirámide poblacional es así desde que yo la recuerdo, o sea, no es que... se puede haber agravado, quizás algo, pero es así, es una pirámide poblacional de esta forma. Pero no es así ahora, es que... es que hay que recordar que los problemas de población vienen de hace muchísimos años, que ni siquiera estábamos en el régimen democrático cuando se decide que los polos de desarrollo no estén aquí, se decide que estén en el País Vasco, en Cataluña o incluso... incluso en Madrid también tuvo un gran desarrollo. Pero la realidad es que nuestra Comunidad se quedó al margen, hubo mucha gente de población... tuvo que emigrar mucha gente que estaba en el campo, emigró, y en ese momento empiezan nuestros problemas de población. Porque les recuerdo que en los años 60 nació muchísima gente en nuestra Comunidad, pero luego, pues la gente se ha ido a otros sitios.

Y también le quiero recordar, frente a su visión tan negativa de nuestra Comunidad, que el tercer trimestre, si consideramos la EPA, casi llegábamos ya al millón de ocupados -que alguno ha hablado del millón de ocupados-, y que se han creado, si no recuerdo mal, del orden de 33.000 empleos; total, un 3,34 % más, frente al 1,24 de España, en términos intertrimestrales, y un 3,5 anual... de incremento anual, frente a algo más de un 2 en España. Por lo tanto, estamos hablando de que se ha generado empleo, a pesar de sus datos tan desfavorables. No puede usar solo los datos tan desfavorables, tiene que también usar algunos otros datos que le pueden abrir más su visión de la realidad de Castilla y León.

Que dice que se han ido tres empresas de Valladolid, pero nunca hemos dicho todas las que han venido al Parque Tecnológico o a otros sitios, aquí a Valladolid, y todas las que han ampliado; ni tampoco hemos hablado del Plan Industrial de Renault. En definitiva, no me hable solo de las tres empresas que se han ido, ocultando todo lo que ha venido; porque igual que tiene acceso a esas tres empresas que se han ido, tendrá acceso, seguramente, a los datos que indican... –porque también se han publicado por los medios de comunicación- de empresas nuevas, algunas muy grandes, que están ampliando en Valladolid; digo Valladolid, porque usted se ha referido a las tres empresas de Valladolid.

Bueno, y por último, el señor Izquierdo. Tenemos la intención de remitir un Proyecto de Presupuestos. Yo les he querido preguntar su opinión, he visto lo que me han dicho, y, evidentemente, actuaremos con responsabilidad. Tenemos la intención de presentar. Nos hemos pasado un día respecto de lo que está... de lo que dice la ley, que se haga en el plazo de un mes; no nos ha dado tiempo, a decir verdad. Hemos estado mirando diversos factores. No es fácil calcular unas entregas a cuenta o... en fin, o decidir por qué lado tiramos, pero, evidentemente, tenemos intención de traer un techo de gasto a... primero aprobarlo en la Junta y luego traerlo. Vamos a incumplir, evidentemente, el plazo de un mes porque ya nos hemos pasado un día; pero, bueno, tenemos la intención de que no trascurra demasiado tiempo. Lo difícil será traer un buen techo de gasto y luego hacer unos buenos Presupuestos. Entonces, permítame que haya un día de demora, al menos, y que va a haber más, ¿eh? Pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Yo les hablaré de los ingresos ejecutados y de los gastos, si no tienen inconveniente, cuando se haya cerrado definitivamente el ejercicio dos mil seis... dos mil dieciséis. No tengo ningún problema en hablarle.

También les digo que el presupuesto del año dos mil dieciséis se hizo con un objetivo del 0,3. Es que habla usted "es que los ingresos y tal". Y luego nos han dado de margen hasta el 0,7, afortunadamente. O sea, que ha habido ahí un... una diferencia del 0,4 % del PIB que ha venido bien, pues para realizar determinados gastos; hemos gastado más de lo que estaba presupuestado, evidentemente, porque hemos gastado hasta el 0,7 y estaba presupuestado hasta el 0,3. Vamos, hemos gastado... todavía no hemos cerrado; no hemos cerrado, pero, vamos, pensamos... pensamos que hemos cumplido. Pero todavía no hemos cerrado.

Sobre las dos opciones que les he dado, se las he dado hoy, pero es que hasta el día veintitrés de diciembre, pues no... no se la podía dar, porque no tenía... legalmente no se pueden hacer los Presupuestos. Quiero que le quede bien claro, porque... [murmullos] ... no se puede... no se puede elevar el techo de gasto, que es el primer paso para hacer los Presupuestos. Lea... si nos leemos todas las leyes que nos son de aplicación -y una de ellas, además, la ley nuestra, la Ley de Estabilidad y la Ley de Hacienda-, ambas se aprobaron –les recuerdo- con el consenso de casi prácticamente todas las fuerzas con representación parlamentaria en esos momentos, no se puede hacer. O sea, puedes... cómo vas a... que ahora estoy vulnerando la ley en un retraso, que no tiene lo mismo vulnerar la ley por un retraso que vulnerarla porque presentas un techo de gasto sin haber acordado un requisito previo, que es que el Consejo de Ministros acuerde el objetivo de déficit para Castilla y León. Es que lo dice clarísimo, y no hace falta... pregúnteselo al señor Martín, que entonces está ya en ese momento y se conocerá seguramente la ley, y es así; o sea, no se puede hacer. Ahora sí, pero hasta entonces no. Entonces, permítame que siga insistiendo: que no he podido. Y nada más.

Y, por eso, de la financiación hay mucho que hablar, no nos vamos a poner a hacer aquí una disquisición. Ya les he dicho mi opinión sobre el modelo. Creo que sí nos perjudica que nos baje la población; estamos hablando de una población ajustada que depende de más factores que no solo son la población absoluta; o sea, depende del número de personas mayores. No me gusta la población en edad escolar, que está computada de niños... por ejemplo, está metida la población en edad escolar, y computa niños de cero a dieciséis años. Primero, no coincide... –digo lo que está en el modelo- no coincide con los... las etapas de la educación obligatoria; segundo, no incluyen el bachiller ni la universidad –las universidades las estamos financiando-. Entonces, hay cosas del modelo que chirrían en esa población ajustada. Por eso, os decía –o les decía- que estén con nosotros en ese sentido, porque hay cosas que se pueden cambiar y corregir, por lo menos para que realmente esa población ajustada esté bien calculada. Eso es lo que... ¿que la población va a pesar siempre? Hombre, ¿cómo no?, ya lo sabemos; pero, oye, vamos a intentar que pesen aquellas variables que suponen coste y no pues otra... La población absoluta, vale, pero una población absoluta, pues a lo mejor no necesita toda la población absoluta educación, porque... porque no es toda la población la que está en edad escolar, no necesita... en fin, que hay otras maneras de considerar la población, y es lo que les pido. Y yo creo que con esto he terminado. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora consejera. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de un turno para que el resto de portavoces que están en la Cámara y que no han... que no han actuado como portavoces de los grupos puedan, escuetamente, formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. ¿Algún procurador quiere hacerlo? Muchas gracias.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las catorce horas cuarenta minutos].