DS(C) nº 248/9 del 27/1/2017

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Buenos días, señorías. Se abre la sesión. ¿Los grupos parlamentarios tienen alguna sustitución que comunicar a la Presidencia? Sí. Grupo Socialista.

EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, señora presidenta. Buenos días. Fernando Pablos sustituye a Javier Izquierdo, Álvaro Lora a José Francisco Martín y Virginia Jiménez a Gloria Acevedo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidenta. Buenos días. En el Grupo Parlamentario Popular, don Alfonso Centeno Trigos sustituye a don Raúl de la Hoz Quintano y don Vidal Galicia Jaramillo sustituye a don Alfonso José García Vicente.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias. Doy la bienvenida a esta Comisión a don Jesús Jaime Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los mismos se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve. Por ser de temas similares, se van a... y por acuerdo de los distintos grupos parlamentarios, se van a agrupar los tres primeros puntos del orden del día. El señor vicepresidente dará lectura de los mismos.

Informes

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Primer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe acerca de la situación y actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma, ejercicio dos mil catorce: Entidades del Sector Público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública.

Segundo punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe acerca de la situación y actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma, ejercicio dos mil catorce: Empresas Públicas de la Comunidad.

Y tercer punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe acerca de la situación y actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma, ejercicio dos mil catorce: Fundaciones de la Comunidad.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor vicepresidente. Para la presentación de estos informes agrupados, tiene la palabra el excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, presidenta. Muy buenas. Muy buenos días, señoras y señores procuradores. Estos tres informes, elaborados a partir del análisis económico-financiero de las cuentas generales rendidas por los entes incluidos en la Cuenta General de la Comunidad surgen por iniciativa del Consejo de Cuentas, habiéndose incluido dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil quince, y resultando aprobados por el Pleno con fecha veinte de julio de dos mil dieciséis. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro de los informes como de su nota resumen, tuvo lugar el veintiocho de julio.

Objetivos. El objetivo general de este trabajo ha sido la realización de un análisis sobre determinados aspectos de la situación y actividad económico-financiera de los entes del sector público autonómico sujetos al régimen de contabilidad pública de las empresas y fundaciones públicas de Castilla y León que han rendido sus cuentas en el ejercicio dos mil catorce y en los tres anteriores a través de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma. Para ello se analizaron las magnitudes más relevantes del estado de liquidación del presupuesto en el período dos mil once-dos mil catorce, lo que ha permitido obtener una visión global de la ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos.

También se procedió al análisis de la estructura y evolución de las masas patrimoniales, de los balances de situación y cuenta de resultados rendidas, obteniendo una visión de equilibrio y desequilibrio patrimonial existente. Para todo ello se utilizaron indicadores presupuestarios y financieros que han permitido obtener información contrastada y de fácil comprensión.

La auditoría realizada para alcanzar estos objetivos no es de cumplimiento de la legalidad; es decir, no pretende constatar la regularidad de las actuaciones llevadas a cabo por los entes fiscalizados. En consecuencia, su finalidad no es emitir una opinión relativa a si se han cumplido o no los objetivos de la fiscalización, sino que se orienta, fundamentalmente, a analizar la situación económica-financiera de la Comunidad, observar su evolución, identificar los indicadores más relevantes de dicha situación, vigilar su comportamiento, así como alertar a los entes fiscalizados de las desviaciones más significativas detectadas en ellos.

Alcance. El ámbito de la fiscalización está referido a los entes que forman parte del sector público de la Comunidad Autónoma, concretamente los que han rendido sus cuentas a través de la Cuenta General correspondiente a los ejercicios dos mil once a dos mil catorce, habiéndose utilizado para la realización de este trabajo la información contenida en la misma. Así, las entidades que forman parte del sector público de la Comunidad se distribuyen en entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, empresas públicas y fundaciones públicas. La existencia de estas tres cuentas, claramente diferenciadas por el ordenamiento jurídico autonómico, permite determinar, como ámbito de fiscalización, tres sectores públicos, siendo este el motivo por el que únicamente a efectos de la presente fiscalización se han elaborado tres informes.

Informe del Sector Público Administrativo: comprende las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública y a los principios del Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León. Informe del Sector Público Empresarial: está integrado por las empresas públicas de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad privada y a los principios del Plan General de Contabilidad de la Empresa Española. Informe del Sector Público Fundacional: está formado por las fundaciones públicas de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad privada y a los principios del Plan General de Contabilidad adaptados a entidades sin fines lucrativos. El trabajo de campo finalizó el quince de abril de dos mil dieciséis.

Conviene indicar que el análisis de magnitudes e indicadores correspondiente al ejercicio dos mil doce, especialmente el derivado del estado de liquidación del presupuesto consolidado, se ve afectado principalmente por algunos hechos producidos en el citado ejercicio, como son, entre otros, la prórroga del presupuesto de dos mil once, con la aprobación posterior del Presupuesto General de la Comunidad en julio de dos mil doce, y la adhesión de la Junta de Castilla y León al Acuerdo 6/2012, de seis de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijaron las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas, que implicó un endeudamiento adicional para la cobertura de las dotaciones de créditos de gastos inaplazables, para lo que fue preciso acudir a la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito mediante la Ley 6/2012, de veintiocho de septiembre.

Por otra parte, el sector público empresarial de la Comunidad ha estado sometido a profundos cambios en el período analizado, puesto que en dos mil once había un mayor número de empresas públicas de la Comunidad que rendían sus cuentas dentro de la Cuenta General. Es por ello que el análisis de magnitudes e indicadores correspondientes al ejercicio dos mil catorce se ve afectado principalmente por el proceso de reducción de la dimensión experimental.

Limitaciones. Las limitaciones más importantes que han afectado a la realización del presente trabajo de fiscalización han sido las siguientes: la liquidación presupuestaria rendida por las entidades incluidas en el sector público administrativo se presenta consolidada, mientras que la información financiera del balance y de la cuenta del resultado económico-patrimonial está agregada, produciéndose una divergencia entre el ámbito económico-patrimonial y el presupuestario. El resto de estados, es decir, balance de situación y cuenta de resultados de los sectores públicos administrativo, empresarial y fundacional, se presentan agregados y, en consecuencia, no consolidados, lo que provoca que las cifras pudieran no ser representativas en determinadas agrupaciones, epígrafes o partidas, al producirse duplicidades y, por tanto, sobrevaloraciones en las magnitudes contables.

Alegaciones. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, los informes provisionales se remitieron al responsable del ente fiscalizado para que, en el plazo concedido, formulara las correspondientes alegaciones. Transcurrido el plazo establecido al efecto, no se han formulado alegaciones.

Informe del Sector Público Administrativo. Magnitudes e indicadores presupuestarios. Se desprende que la evolución de los gastos presupuestarios ha puesto de manifiesto una ejecución total en dos mil catorce por importe de 9.737.108.423 euros, habiendo aumentado un 6 % con respecto a la de dos mil once. Así, los gastos de naturaleza corriente experimentaron un descenso del 1 %, pero con comportamientos dispares en función de su naturaleza, ya que los de personal o los de transferencias corrientes disminuyen, mientras que otros aumentan significativamente, como es el de los gastos corrientes en bienes y servicios, y sobre todo los gastos financieros.

La ejecución derivada de operaciones de capital sufre una caída del 22 % de las obligaciones reconocidas. Por el contrario, las obligaciones por operaciones financieras experimentan un incremento significativo con respecto a dos mil once, de un 354 %, alcanzando en dos mil catorce los 1.117.403.681 euros, debido a la necesidad creciente de amortización de pasivos financieros.

Se constata en estos años un aumento del peso relativo a nivel presupuestario del gasto derivado en operaciones financieras, cuyo importe es superior, ya en dos mil catorce, al gasto derivado de operaciones de capital. En la evolución de los ingresos presupuestarios se constata que su ejecución total en dos mil catorce asciende a 9.885.263.420 euros, mayor en un 4 % que en dos mil once. Así, los ingresos corrientes en el período analizado han disminuido el 1 %, si bien, dentro de estos, los ingresos fiscales han aumentado, mientas que las transferencias corrientes descienden un 9 % con respecto a dos mil once. Los ingresos procedentes de operaciones de capital han disminuido un 33 % desde el año dos mil once. Por el contrario, los ingresos por operaciones financieras se han incrementado notablemente al pasar de 1.232.750.985 euros en dos mil once a 1.867.845.848 euros en dos mil catorce. Este incremento se debe a la subida experimentada en los ingresos derivados de la emisión de pasivos financieros.

Los indicadores obtenidos derivados de los ingresos presupuestarios ponen de manifiesto que la financiación procedente de las transferencias recibidas ha disminuido 6 puntos porcentuales entre dos mil once y dos mil catorce, pasando de ser un 33 % de los derechos reconocidos a un 27 %, lo que implica una pérdida de peso relativo de este tipo de financiación. Su autonomía, es decir, los ingresos que no proceden de la emisión de pasivos financieros muestran también una tendencia desfavorable, ya que en dos mil once era del 87 % y en dos mil catorce se sitúa en el 81 %. La autonomía fiscal ha permanecido estable a principio y finales del período analizado, suponiendo un 53 % de los derechos reconocidos.

En definitiva, la pérdida de autonomía que se ha producido en el ámbito presupuestario es motivado, de modo principal, por la disminución de las transferencias, junto con el incremento de las operaciones financieras. Los indicadores relacionados con los niveles de servicios prestados ponen de manifiesto que la proporción de gastos corrientes se ha reducido hasta situarse en el 79 % de las obligaciones reconocidas, cuando en dos mil once representaba el 84 %. No obstante, la composición del gasto corriente, aunque estable, sufre pequeñas variaciones. El indicador de los gastos de personal se reduce del 52 al 50 %, lo que, unido al incremento del gasto financiero, deriva en que el índice de los llamados gastos rígidos permanezca en el 54 %. Por otra parte, el esfuerzo inversor ha experimentado una tendencia desfavorable, disminuyendo del 13 % en dos mil once a un 10 % en dos mil catorce.

La evolución de la carga financiera de la deuda, cuya tendencia es creciente en términos cuantitativos, supone un incremento de los gastos financieros en un 123 %, y la amortización de los pasivos financieros en un 426 % respecto a dos mil once, lo que repercute en que el indicador pase de un 4 % en dos mil once a un 17 % en dos mil catorce, y provoca un impacto cada vez más negativo sobre los ingresos corrientes necesarios para atender el funcionamiento de los servicios.

El margen de funcionamiento del sector público administrativo presenta un importante... un importe estructuralmente negativo, ascendiendo a -72.045.523 euros en dos mil catorce. No obstante, presenta una tendencia favorable en el período analizado, ya que se ha reducido un 41 % respecto a dos mi once. Si en este margen se mantiene en cuenta el impacto neto de las transferencias corrientes, se constata que el ahorro bruto muestra una tendencia desfavorable, ya que su importe ha pasado de 4.254.605 euros en el ejercicio dos mil once a un importe negativo de 2.813.901 euros en dos mil catorce, lo cual indica que los ingresos corrientes son insuficientes para atender los gastos de la misma naturaleza. Si de este ahorro bruto se deducen los créditos gastados para atender la amortización de la deuda, el importe obtenido, es decir, el ahorro neto, muestra una evolución aún más desfavorable en el período analizado, y resulta negativo en 930.866.014 euros en dos mil catorce, con un aumento en el período del 440 %. Por lo tanto, el margen derivado de la actividad corriente es insuficiente para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda y para destinar recursos a financiar gastos de operaciones de inversión. Las necesidades de financiación en dos mil catorce ascienden a 602.287.170 euros, habiéndose disminuido un 13 % con respecto a dos mil once.

También se ha producido al cálculo de una serie de indicadores relevantes en relación al número de habitantes de la Comunidad, que ratifica lo reflejado en las anteriores conclusiones. Así, el gasto público muestra una tendencia creciente, situándose en dos mil catorce en 3.902 euros por habitante. La inversión muestra una tendencia desfavorable, al ser en dos mil catorce de 381 euros por habitante, con una disminución del 20 % respecto a dos mil once. La carga financiera soportada por cada ciudadano ha ido ascendiendo sensiblemente, hasta alcanzar los 515 euros por habitante en dos mil catorce. Los ingresos públicos en dos mil catorce son de 3.968 euros por habitante, mostrando una tendencia ascendente con respecto a dos mil once. La presión fiscal, fundamentalmente vía impuestos, experimenta una tendencia creciente para el ciudadano, ya que se incrementa respecto a dos mil once, situándose en 2.098 euros por habitante en dos mil catorce.

Magnitudes e indicadores económico-financieros del balance de situación agregado. Ponen de manifiesto que la evolución en el período analizado de las magnitudes que componen el mismo evidencia una significativa disminución del patrimonio neto, cuyo importe desciende un 50 % respecto a dos mil once, situándose en dos mil catorce en 3.681.954.903 euros. Esta tendencia se ve acompañada de un considerable aumento del pasivo exigible, que se incrementa en 4.996.210.521 euros, lo que supone una subida del 66 %, alcanzando en dos mil catorce los 12.568.207.505 euros. Concretamente, es especialmente relevante el crecimiento del pasivo exigible que es necesario devolver a largo plazo, que presenta un comportamiento negativo, al pasar de 4.702.186.475 euros en dos mil once a 9.281.892.124 euros en dos mil catorce.

En cuanto al fondo de rotación o maniobra, se observa que en dos mil catorce este ha sido negativo, poniendo de manifiesto unas necesidades de financiación para atender sus obligaciones a corto plazo de 483.297.459, inferiores a las necesidades de dos mil once, en definitiva, con tendencia favorable. Por este motivo, la ratio de liquidez general ha aumentado del 78 al 85 %, aunque esta magnitud sigue siendo estructuralmente negativa, lo cual produce tensiones de liquidez.

Por su parte, los indicadores relacionados con la tesorería y las disponibilidades líquidas para atender obligaciones con vencimiento inferior a un año ponen de manifiesto que tanto la liquidez inmediata como la necesaria a corto plazo han disminuido entre 3 y 4 puntos porcentuales con relación al ejercicio dos mil once, situándose en dos mil catorce en el 17 y 72 %, respectivamente. También muestran una tendencia desfavorable los períodos medios de cobro y pago, situándose en dos mil catorce en 53 días (con respecto a los 48 en dos mil once) y en 72 días (con 67 días en dos mil once), respectivamente.

En materia de endeudamiento, los indicadores financieros reflejan que tanto el general como el financiero han experimentado una tendencia desfavorable, debido a su significativo incremento con respecto a dos mil once, cuando sus valores eran del 51 y 35 % del pasivo total, hasta situarse en el 77 y 62 % en dos mil catorce, respectivamente, aumentando, por tanto, sustancialmente la dependencia de entidades de crédito y de la emisión de deuda para obtener financiación, y constituyendo el pasivo exigible más de las tres cuartas partes de la totalidad de los recursos financieros de las entidades del sector público administrativo. Ratificando lo anterior, la deuda soportada por cada castellano y leonés se ha visto incrementada hasta los 5.037 euros por habitante en dos mil catorce, cuando en dos mil once fue de 2.959 euros por habitante.

También los indicadores relacionados con la solvencia a largo plazo muestran una tendencia desfavorable en el período analizado. Así, el índice de inmovilización pasa de un 172 % en dos mil once a un 365 % en dos mil catorce, como consecuencia de la disminución del patrimonio neto, volviendo a ratificar la necesidad de mayores recursos financieros ajenos. Desde el punto de vista de su firmeza, si bien su ratio era del 273 % en dos mil once, el incremento del pasivo exigible a largo plazo ha motivado que el índice haya caído hasta el 145 %. No obstante, la estabilidad patrimonial del sector público administrativo no se encuentra comprometida, al superar ampliamente su inmovilizado material a las deudas a largo plazo.

Magnitudes e indicadores de la cuenta del resultado económico-patrimonial agregada. Los resultados en el período analizado son estructuralmente negativos, si bien la tendencia experimentada por el desahorro ha sido favorable, ya que se ha reducido en un 40 %, con respecto a dos mil once, con un resultado negativo de 883.219.222 euros. Los ingresos ordinarios han tenido una tendencia ligeramente positiva, alcanzando los 12.129.559.225 euros, mientras que los gastos ordinarios han experimentado una tendencia decreciente, con una reducción del 6 % con respecto a dos mil once, alcanzando los 12.519.141.157 euros en dos mil catorce. En consecuencia, la ratio de cobertura total, que era del 89 % en dos mil once, se sitúa en el 93 % en dos mil catorce; como la de cobertura de gastos ordinarios, que pasa del 110 al 103 %. Ponen de manifiesto la existencia de desahorro, si bien su tendencia se muestra favorable.

A la vista de los resultados expuestos por el sector público administrativo, el Consejo efectúa las siguientes recomendaciones, orientadas fundamentalmente a observar, vigilar y, en su caso, a realizar actuaciones tendentes a corregir el comportamiento y evolución de determinadas magnitudes e indicadores que se citan a continuación.

La Comunidad debería llevar a cabo actuaciones tendentes a variar la evolución negativa experimentada por el ahorro bruto en el período analizado, vigilando y corrigiendo, en su caso, el comportamiento de los gastos e ingresos corrientes que tienen mayor impacto en su saldo desfavorable. También debe realizar actuaciones tendentes a garantizar que el margen de funcionamiento, en magnitud estructuralmente negativa en el período analizado, alcance niveles positivos en el futuro, constituyendo de esa manera una base sólida para la recuperación del ahorro bruto. En consonancia con lo anterior, sería conveniente que la Comunidad prestara mayor vigilancia al comportamiento en el período analizado de los indicadores relacionados con el esfuerzo inversor y la carga financiera global, cuya tendencia debería corregirse en ejercicios posteriores.

La Comunidad debería realizar actuaciones dirigidas a corregir el desequilibrio financiero a corto plazo existente, que, si bien muestra una tendencia favorable, ha generado un fondo de rotación o maniobra negativo en el período analizado, y, por tanto, una necesidad estructural de financiación para atender las obligaciones a corto plazo. En este sentido, se debería vigilar el comportamiento del indicador relacionado con la liquidez a corto plazo.

En relación con los indicadores financieros de solvencia, sería aconsejable que la Comunidad vigilara el comportamiento tanto del indicador de endeudamiento general, para que no se sitúe en valores no muy superiores al 50 %, como del índice de inmovilización, para que no se incremente y cambie su evolución creciente, con el fin de garantizar una mayor independencia frente a terceros, así como una mayor estabilidad patrimonial.

Informe del Sector Público Empresarial. Magnitudes e indicadores financieros del balance de situación. Han puesto de manifiesto en el período analizado un descenso progresivo de todas sus magnitudes. Así, su activo ha disminuido un 56 % con respecto a dos mil once, alcanzando en dos mil catorce un importe total de 509.529.940 euros. Desde el punto de vista de su financiación, su patrimonio neto ha disminuido un 48 %, hasta situarse en dos mil catorce en 188.660.747 euros; mientras que el pasivo exigible disminuye en 473.629.025 euros, un 60 % en el período analizado. Concretamente, el pasivo corriente disminuye un 84 %, situándose a finales de dos mil catorce en 47.086.234 euros, mientras que en el pasivo no corriente la disminución es del 45 % con respecto a dos mil once, alcanzando en dos mil catorce los 273.782.958 euros, reembolsables a largo plazo.

En dos mil catorce el balance de situación presenta un fondo de rotación o maniobra positivo, que pone de manifiesto una capacidad de financiación para atender sus obligaciones a corto plazo, de 123.720.505 euros, en el ejercicio dos mil catorce, importe que ha disminuido en un 65 % con respecto al fondo de maniobra existente en dos mil once. Esta magnitud, positiva en el período analizado, presenta una tendencia desfavorable.

El descenso del fondo de maniobra no ha repercutido en un comportamiento negativo de la liquidez general en el sector público empresarial, sino que presenta una tendencia favorable, al pasar la ratio de un 217 % en dos mil once a un 363 % en dos mil catorce. La causa principal radica básicamente en el fuerte descenso del pasivo corriente en el período analizado. Por ello, la solvencia a corto plazo no se ve afectada, al ser el activo corriente más del triple que el pasivo corriente.

Los indicadores relacionados con la tesorería y las disponibilidades líquidas para atender las obligaciones con vencimiento inferior a un año ponen de manifiesto que la tendencia experimentada por el índice de liquidez inmediata es creciente, ya que se incrementa hasta situarse en el 26 % en dos mil catorce. No obstante, dicho aumento no se debe al incremento del efectivo líquido en el período analizado, que cae un 60 % en términos cuantitativos, sino a que el pasivo corriente ha sufrido en el mismo período un descenso aún más significativo. Lo mismo sucede respecto a la liquidez menos inmediata, que en dos mil catorce, y por la misma causa, ha aumentado hasta el 189 %.

Los períodos medios de cobro de los deudores y pago a los acreedores en el período analizado han disminuido sustancialmente, pasando de 955 y 265 días, respectivamente, en dos mil once, a 465 y 102 días, respectivamente, en dos mil catorce.

Los indicadores financieros de solvencia en materia de endeudamiento han puesto de manifiesto que el endeudamiento general ha experimentado una tendencia favorable, ya que su valor disminuye del 69 % en dos mil once al 63 % en dos mil catorce, reduciendo, por tanto, la dependencia de terceros para obtener financiación, si bien el pasivo exigible representa todavía más de la mitad de todos los recursos financieros del sector público empresarial. No obstante, se ha incrementado levemente el índice de endeudamiento financiero, al pasar del 53 al 54 %.

Los indicadores financieros de solvencia a largo plazo relacionados con la autonomía financiera ponen de manifiesto que su independencia ha experimentado una tendencia favorable, pasando su índice de un 46 % en dos mil once a un 59 % en dos mil catorce, debido a que el descenso del pasivo exigible es superior cuantitativamente al que se ha producido en el patrimonio neto, y, por tanto, hay una menor dependencia de terceros. No obstante, la ratio de inmovilización se incrementa y pasa de un 139 en dos mil once a un 180 % en dos mil catorce, lo que implica que se necesita una mayor proporción de recursos financieros ajenos para financiar su activo no corriente durante el período analizado.

Desde el punto de vista de la firmeza de su estabilidad patrimonial, este índice experimenta una tendencia favorable, al pasar de una ratio del 54 % en dos mil once, hasta situarse en el 88 % en el dos mil catorce. No obstante, los elementos tangibles no cubren la totalidad exigible a largo plazo, descontado el efecto impositivo. Desde el punto de vista de la garantía o distancia a la quiebra, el indicador presenta una tendencia favorable, al situarse en el 159 % en dos mil catorce, cuando en el inicio del período analizado estaba en el 146. El índice de acumulación muestra una tendencia favorable, con valores negativos hasta el dos mil trece, pero situándose en el 1 % en dos mil catorce, debido no solamente al descenso del patrimonio neto, sino sobre todo a los resultados positivos obtenidos al final del período analizado. De la misma manera, la autofinanciación ha experimentado una tendencia favorable, pasando del negativo 1 % en dos mil once al positivo 2 % en dos mil catorce. Este cambio de comportamiento pone de manifiesto la existencia de una generación de fondos obtenidos por el sector público empresarial, derivados de su actividad en dos mil catorce.

Magnitudes e indicadores de la cuenta de pérdidas y ganancias agregada. Muestran en dos mil once un resultado negativo de 13.816.072 euros, que se convierten en positivo en dos mil catorce, en 1.709.646 euros. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene en la cuenta de pérdidas y ganancias los resultados financieros negativos, que no se incluyen dentro de la actividad ordinaria, si bien se han reducido significativamente en el año dos mil catorce.

Los ingresos ordinarios son desfavorables en el período analizado. Así, el importe era de 143.504.637 euros en dos mil once, y se reduce al 69 %, concretándose en 44.363.494 euros en dos mil catorce. Los gastos ordinarios han descendido de manera más acusada, llegándose al 75 %, al pasar de 150.679.936 euros a 37.862.908 euros en dos mil catorce. En consecuencia, la ratio de cobertura presenta una tendencia favorable, siendo del 85 % en dos mil catorce.

Los indicadores obtenidos derivados de los ingresos de gestión ordinaria ponen de manifiesto un aumento tanto del peso relativo de la cifra de negocios, que pasa de un 38 % en dos mil once a un 87 % en dos mil catorce, como de otros ingresos de explotación, de modo principal las subvenciones, que han aumentado ligeramente del 3 al 5 % por la caída de los ingresos ordinarios. El resto de los ingresos cae de modo acusado, del 59 % al 9 %, debido a la fuerte reducción experimentada por las partidas relativas a la variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, así como a los trabajos realizados por la empresa para su activo. En cuanto al indicador de gastos de personal, ha aumentado, al pasar del 7 % en dos mil once al 14 % en dos mil catorce. No obstante, viene motivado por la fuerte reducción de los gastos ordinarios, puesto que los gastos de personal se han reducido en casi un 50 %. Por lo que respecta a los gastos de aprovisionamiento, si bien son significativos, han experimentado un descenso en el período situándose en el 60 % de los gastos ordinarios.

Para el sector público empresarial el Consejo propone cinco recomendaciones, orientadas a observar, vigilar y, en su caso, realizar actuaciones tendentes a corregir el comportamiento y evolución de determinadas magnitudes e indicadores. Son las siguientes;

En relación a los indicadores financieros de liquidez, si bien presenta un fondo de rotación positivo, su evolución es desfavorable, por lo que las empresas de la Comunidad deberían vigilar y, en su caso, corregir la tendencia del período. Desde el punto de vista de la liquidez a corto plazo sería conveniente que el indicador no continúe incrementándose. Las empresas públicas de la Comunidad deben continuar realizando actuaciones tendentes a reducir los plazos medios tanto de cobro, que permitan incrementar la liquidez y reducir el período medio de maduración en su ciclo de explotación, como los plazos medios de pago, para situar sus niveles más próximos a los establecidos en la Ley 3/2004.

En relación con los índices financieros de solvencia que miden la dependencia de terceros, sería aconsejable que las empresas públicas de la Comunidad continuaran reduciendo el indicador de endeudamiento general para que se aproxime aún más al 50 %, así como corregir la tendencia del indicador relacionado con el endeudamiento financiero, con el fin de que se garantice una mayor independencia frente a terceros y mejore su situación patrimonial.

En consonancia con lo anterior, y en relación con los indicadores financieros de solvencia que miden su estabilidad patrimonial, es aconsejable que las empresas públicas de la Comunidad corrijan la tendencia desfavorable del índice de inmovilización, así como que vigilen el nivel del índice de firmeza para que sus valores aumenten y los alimentos tangibles cubran al menos el pasivo exigible a corto plazo.

Las empresas públicas de la Comunidad deberían corregir la evolución de los ingresos de gestión ordinaria de manera que permitan consolidar los márgenes de cobertura favorables ya obtenidos en dos mil catorce y derive, a su vez, en una mayor generación de fondos.

Informe del Sector Público Fundacional. Magnitudes e indicadores financieros del balance en situación agregado. Las fundaciones muestran en el período analizado una tendencia decreciente en el volumen de su activo que alcanza en dos mil catorce un importe total de 187.496.962 euros, lo que supone un descenso respecto a dos mil once de un 12 %. Desde el punto de vista de su financiación, su patrimonio neto se incrementa un 3 % hasta situarse en dos mil catorce en 116.253.598 euros. Por el contrario, se produce una disminución en el pasivo no corriente de un 35 % con relación a dos mil once, situándose en 25.547.291 euros al final del ejercicio dos mil catorce. También disminuye el pasivo corriente en un 24 %, alcanzando los 45.695.442 euros.

En dos mil catorce, el balance de situación del sector público fundacional refleja un fondo de rotación o maniobra positivo, que pone de manifiesto una capacidad de financiación para atender sus obligaciones a corto plazo de 31.679.337 euros. No obstante, dicha capacidad de financiación ha experimentado una tendencia desfavorable, ya que el fondo de maniobra ha disminuido el 16 % respecto a dos mil once. Sin embargo, la ratio de liquidez general asciende al pasar del 163 % en dos mil once al 169 % en dos mil catorce, al reducirse, en proporción, más el pasivo corriente que el activo corriente.

Los indicadores relacionados con la tesorería y las disponibilidades líquidas para atender las obligaciones con vencimiento inferior a un año ponen de manifiesto que existe una elevada capacidad para atender obligaciones a corto plazo con el efecto disponible. No obstante, el índice de liquidez inmediato en el período analizado experimenta un ligero descenso, al pasar del 41 % en dos mil once a un 37 % en dos mil catorce, mientras que el índice de liquidez a corto aumenta de un 158 % en dos mil once a un 173 % en dos mil catorce.

El tiempo medio que el sector público fundacional tarda en cobrar a los deudores y en pagar a los acreedores corrientes se ha reducido en el período analizado, pasando de 185 y 166 días en dos mil once a 138 y 130 días, respectivamente, en dos mil catorce.

Los indicadores financieros de solvencia en materia de endeudamiento general para el sector público fundacional muestran una evolución favorable, al haber disminuido este de un 47 % en dos mil once a un 38 % en dos mil catorce, constituyendo, por tanto, su pasivo exigible en menos de la mitad de sus fuentes de financiación al final del período analizado. El endeudamiento financiero ha disminuido hasta situarse en el 13 % en el dos mil catorce.

Los indicadores financieros de solvencia a largo plazo relacionados con la autonomía financiera ponen de manifiesto que la independencia en el sector público fundacional experimenta una evolución favorable con respecto al inicio del período, ya que era del 114 % en dos mil once y se sitúa en el 163 % en el dos mil catorce, lo que supone que sus capitales propios son superiores al 50 % del total de los recursos financieros. Además, la ratio de inmovilización experimenta una tendencia favorable, al disminuir de un 101 % en dos mil once a un 95 % en dos mil catorce, poniendo de manifiesto una independencia patrimonial en el período analizado.

Desde el punto de vista de la firmeza de su estabilidad patrimonial, la tendencia del indicador ha sido favorable, situándose en el 354 % en el dos mil catorce. Por tanto, el valor de los alimentos tangibles tiende a ser más del triple que el importe de los pasivos exigibles a largo plazo, lo que garantiza su firmeza y estabilidad patrimonial.

También evoluciona favorablemente el indicador de la garantía frente a terceros, al pasar de un porcentaje del 214 en dos mil once a un 263 % en dos mil catorce, asegurando la solvencia a largo plazo por ser su activo total superior al doble del pasivo exigible.

Por su parte, el índice de autofinanciación pone de manifiesto que la generación de fondos resulta positiva, aumentando en el período, al pasar del 4 % en dos mil once al 7 % en dos mil catorce. El índice de acumulación representativo de la rentabilidad de los capitales propios experimentó también una tendencia favorable hasta alcanzar el 7 % en dos mil catorce, marcado por el aumento del excedente con respecto a dos mil catorce.

Magnitudes e indicadores de la cuenta de resultados agregada. El excedente obtenido por el sector público fundacional es estructuralmente positivo, habiendo aumentado su importe hasta alcanzar los siete mil novecientos setenta y cuatro millones setecientos veinte mil euros en dos mil catorce, lo que supone un incremento final del 120 % respecto a dos mil once. Los ingresos ordinarios alcanzaron su cuantía máxima en dos mil catorce, que ascendía a 112.259.395 euros, con una tendencia favorable del 1 % respecto a dos mil once. Los gastos ordinarios han mostrado un signo decreciente, dado que en dos mil once fueron de 106.798.156 euros y en dos mil catorce disminuyeron a 104.263.740 euros. Por su parte, la ratio de cobertura de gastos ordinarios es decreciente e inferior al 100 %, 93 % en dos mil catorce, lo que indica que los resultados ordinarios obtenidos han sido, en todo caso, positivos.

Los indicadores obtenidos derivados de los ingresos de gestión ordinaria ponen de manifiesto que los procedentes de la actividad propiamente relacionada con sus fines no lucrativos experimenten una tendencia creciente en el período analizado, pasando la ratio del 71 % en dos mil once a un 76 % en dos mil catorce, mientras que los ingresos obtenidos por la actividad mercantil descienden del 19 % en dos mil once al 18 % en dos mil catorce. El resto de los ingresos de la gestión ordinaria tiene una evolución decreciente, pasando de un 10 % en dos mil once a un 6 % en dos mil catorce.

Con respecto al peso relativo que los ingresos en contraprestación tienen sobre los ordinarios, el índice de subvenciones, donaciones y legados de explotación sobre los ingresos ordinarios presenta un aumento de un 51 % en dos mil once a un 52 % en dos mil catorce, lo que pone de manifiesto la tendencia a incrementarse este tipo de ingresos. Se constata la gran importancia que tienen dentro de los ingresos de la actividad propia, alrededor del 70 %. La misma tendencia se manifiesta si se tienen en cuenta todas las subvenciones, tanto de explotación como de capital, si bien los ingresos imputados vía subvenciones de capital no influyen significativamente en la composición del ingreso ordinario.

Los indicadores obtenidos derivados de los gastos de gestión ordinaria ponen de manifiesto que la ratio de gastos de personal ha experimentado una tendencia creciente en los períodos considerados, ya que evoluciona desde un 30 % en dos mil once hasta un 33 % en dos mil catorce. Su causa es debida al incremento en términos cuantitativos del 7 % que se ha producido en los gastos de personal con respecto a dos mil once.

Al igual que para el sector público administrativo y empresarial, el Consejo efectúa recomendaciones al sector público fundacional, orientadas a observar, vigilar y, en su caso, realizar actuaciones tendentes a corregir el comportamiento y evolución de determinadas magnitudes e indicadores que se citan a continuación. Así, en relación con los indicadores financieros de liquidez, que presenta un fondo de rotación que evoluciona desfavorablemente, existe capacidad suficiente de financiación para atender obligaciones a corto plazo, y las disponibilidades líquidas a corto plazo resultan elevadas, por lo que las fundaciones públicas de la Comunidad deberían vigilar que el nivel de dichos indicadores no aumente e incluso disminuya. El sector público fundacional debería realizar actuaciones tendentes a la reducción de los plazos medios, tanto de cobro, con lo que mejoraría la liquidez, como de pago, y, en definitiva, cumplir con lo preceptuado en la Ley 3/2004. El sector público fundacional de la Comunidad debería continuar con la tendencia producida en el período analizado en relación con el incremento en el peso relativo de los ingresos de la actividad propia. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones por los grupos parlamentarios. Y en primer lugar, y en ausencia del representante del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mitadiel, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Y muchas gracias al presidente del Consejo de Cuentas por su exposición, que ha sido bastante exhaustiva y descriptiva de los problemas de la Comunidad. Me parece un informe especialmente interesante. Interesante tanto por el período al que abarca como por el hecho de que... los temas fundamentalmente ya los conocíamos a través de la cuenta general; sin embargo, esto supone una foto mucho más definida, sobre todo en un aspecto que hemos ido señalando cuando hemos ido viendo las cuentas generales correspondientes, y es que estamos en una situación preocupante; preocupante tanto por los datos que evidencia como por las perspectivas que plantea, y sobre todo porque la corrección de los desequilibrios es difícil a corto plazo. En el informe se menciona constantemente, o de forma muy reiterada, el término estructural, y, efectivamente, ese es el problema, que buena parte de los desequilibrios son estructurales.

Me parece interesante el período que se está analizando, porque es un período en el que ya se ha iniciado la crisis, ya llevamos unos años de crisis, se han producido los primeros efectos presupuestarios, y la comparación entre el principio y el final del período da ideas muy interesantes sobre tendencias. Es verdad que el dos mil doce lo distorsiona, por el hecho del proceso del pago a acreedores. Y he entendido de los balances que son consolidados, pero que no son ajustados, con lo cual... –si me equivoco, me corrige- aunque, en el fondo, tampoco hay demasiadas diferencias a los efectos del análisis que podemos realizar.

Describe un período que podíamos llamar de presupuestos de resistencia. Y lo denomino de esta manera porque, ante el descenso del 9 % de los ingresos por transferencias corrientes –y recuerden que estamos hablando del capítulo más importante de ingresos del presupuesto, es decir, que la cuantía es muy importante-, existen... las reacciones son: en primer lugar, el incremento del endeudamiento, por eso pasamos a que el servicio de la deuda pase del 4 % al 17 %, o que se multiplique por más de 3; y las siguientes actuaciones son la disminución de la inversión, es decir, es el gran pagano de esta... de este proceso, y, en alguna medida, también importante, porque me parece que estábamos hablando de 260 millones entre el dos mil once y el dos mil catorce, los gastos de personal, durante ese período -según mis cuentas, que a lo mejor no coinciden exactamente con las del Consejo-, disminuye en el 6,8 %, y disminuye el Capítulo 6, las inversiones, el 25 %, estamos hablando de algo más de 100 millones. Y ya digo que hay un problema con que el dos mil doce no facilita la comparación. Es decir, estamos hablando de que se ha sobrevivido como se ha podido, con lo más fácil, que era personal e inversiones.

Me llama la atención que durante este período se ha incrementado el Capítulo 2 en un 17,2 %, ha incrementado más de 170 millones. Sin un análisis más desagregado, no puedo pronunciarme, pero tengo la sensación de que no ha sido para todos los recortes igual y que determinados gastos se han librado de esos recortes, o por lo menos en la misma medida en la que ha afectado al resto de los... de las instituciones o de los órganos. Y, precisamente, tengo la sensación de que ese tipo de gastos no son los que podríamos denominar productivos, sino los que tienen más que ver con la comunicación, los que tienen más que ver con la representación, etcétera, etcétera.

Bien, ¿por qué decía al principio que...? aunque ya lo ha expuesto el presidente del Consejo de Cuentas de forma exhaustiva, ¿por qué decía que la situación es preocupante? Pues me parece que es preocupante porque todos los indicadores que han analizado describen una situación de desequilibrio, en el que nuestros ingresos corrientes a malas penas cubren los gastos corrientes ordinarios, pero es que, además, cuando le incluimos los costes financieros, ya el déficit es importantísimo, me parece que era de 883 millones el ahorro... el desahorro, en este caso, del último año. Evidentemente, ni pensar siquiera en el tema de la inversión, de que con los ingresos corrientes financiemos algo de inversión. No tenemos capacidad para amortizar deuda, sino que la amortización de deuda se produce por emisión de nueva.

Y esto ha hecho que durante este período... -¿a lo mejor era inevitable? Seguramente, había poco... sobre todo cuando desciende el capítulo más importante de nuestros ingresos, el adoptar otra estrategia distinta- pero lo cierto es que nos ha situado en una posición muy complicada, porque recordemos que este incremento de gastos financieros se ha producido en un contexto de tipos de interés bajos o ultrabajos, que es lo que más de una vez les he comentado en esta situación. Que esta situación no es indefinida, y que las perspectivas que plantea, y que plantean ese tipo de indicadores, de desajustes, indican que el endeudamiento va a seguir creciendo, y además de forma importante. No recuerdo en estos momentos con qué cifra hemos cerrado dos mil dieciséis, pero sobre los 9.700 que aquí se planteaban, me parece que ha habido un incremento importante. La memoria me dice que debemos estar a finales de dos mil dieciséis en torno a los 11.000 millones de euros, y eso que hay una parte de una emisión que no se ha utilizado, una autorización que no se ha utilizado.

En definitiva, lo que planteo es que, bueno, esta es una situación que es más fácil de describir que de resolver. Que ha habido una evolución importantísima, donde la solución ha sido el recurso fácil a los gastos de personal y a las inversiones. Que no sé si ese esfuerzo se ha realizado de la misma manera en el tema de los gastos corrientes. Que los valores que... o los indicadores están reflejando, bueno, pues situaciones absolutamente negativas, el que ya mencionaba del ahorro neto, 930 millones. Del ahorro bruto no hago ningún tipo de análisis porque las oscilaciones son muy importantes entre un año y otro, con lo cual no me lleva a ningún tipo de conclusión. Que nuestra estructura de ingresos es insuficiente para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda, ya no digo de financiar gastos de operaciones de inversión. Como dos datos que ha dado el presidente y que me parece importante plantear, ¿no?, o recordar, y es que, mientras tanto, los ingresos ordinarios no han disminuido de forma sensible; bueno, de hecho, ha sido otro de los recursos el incremento de los precios. Eso ha hecho que los ingresos por habitante, o lo que denomina el informe la presión fiscal, haya subido el 5 %. También es verdad, también es verdad, que el gasto público por habitante sube el 8 %, pero entiendo que en ese... en ese indicador lo que... ha incluido también los gastos financieros, con lo cual, efectivamente, no se trata estrictamente de servicios, sino de pago de la deuda.

Como otro indicador que me parece importante de cómo ha evolucionado durante este tiempo es que el endeudamiento por habitante en este período ha subido el 70 %; estamos hablando de algo que refleja la magnitud que en estos momentos no sentimos, pero que, si las circunstancias varían, podemos sentir. Y, entre otras cosas, por algo que todos ustedes conocen, y es que en la medida en la que paguemos más gastos financieros, dadas las limitaciones, y las limitaciones previsibles que va a seguir teniendo el modelo de financiación, desplaza a otro tipo de gastos importantes, y, por lo tanto, lo que nos va a obligar es a tener un ajuste, desgraciadamente, muy importante -salvo, ya digo, que cambien las circunstancias- y en un momento que no... (presidenta, acabo). Bien. Acabo, porque digo: siempre tengo los últimos cinco minutos, y sobre todo para hablar del tema de las recomendaciones. En todo caso, me quedo con la conclusión -describe algo que ya conocíamos, pero que... de un forma mucho más cercana-: que tenemos una situación económica y financiera muy preocupante. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Podemos, el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bien. Gracias al presidente del Consejo de Cuentas por... por sus tres informes, por la presentación de esos tres informes. Empezaré por el primero, por el sector público de la Comunidad en dos mil catorce... sujetas al régimen de contabilidad pública, en este caso, el ejercicio dos mil catorce. Un informe –como bien ha dicho el presidente del Consejo de Cuentas- orientado a realizar un análisis de la situación y alertar de posibles desviaciones.

En este sentido, el informe destaca –y nosotros queremos manifestar también- la carga financiera global. Los gastos financieros y las amortizaciones en relación a ingresos corrientes es significativamente creciente, un 17 %. El margen de la actividad corriente lo denomina estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones de la deuda y financiar inversiones, debido al importante gasto financiero; y subraya también las obligaciones derivadas de operaciones financieras, que pasan de 246 a 1.117 millones, y se sitúan ya por encima de las operaciones de capital.

Nosotros creemos que esto tiene su explicación en el ámbito y en el alcance de la fiscalización, es decir, en el grupo de entidades del sector público que están sujetas al régimen de contabilidad pública, sin que se extiendan a las cuentas individuales de cada uno de los entes citados. Es decir, aquí se habla de la cuenta general rendida por el sector público administrativo, de tal forma que la auditoría no constata la regularidad de las actuaciones, únicamente analiza una situación económica-financiera. De esta forma –como comentamos-, en el grupo de entidades que forman parte del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, pues están incluidos los entes públicos de derecho privado junto a otros que son cien por cien públicos. Así, se agrupa la Agencia de Innovación e Internacionalización Empresarial, el Ente Regional de la Energía o el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, junto con la Universidad de Burgos, con el Servicio Público de Empleo, o con la Gerencia Regional de Salud.

De tal forma que -no es de extrañar- se constata un incremento de los gastos financieros, un 123 %. Y no es de extrañar con entes públicos de derecho privado, como es la Agencia de Innovación e Internacionalización Empresarial, un ente que vio multiplicada su deuda tras la supresión de la empresa ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, que era conocida por tener la mayor deuda del sector público en la región, nada más y nada menos que 348 millones de euros, según se publicó en el Diario de Valladolid, una cantidad muy superior a la... al presupuesto de la propia Agencia de Innovación e Internacionalización Empresarial para todo este dos mil catorce, objeto del informe, que fueron 320,7 millones de euros. Así que con operaciones como esta no nos extraña que se constate un aumento del peso relativo del gasto derivado en operaciones financieras, cuyo importe –como he dicho antes- es superior a las operaciones de capital.

Este peso, el relativo al gasto derivado de operaciones financieras, supera el 10 % en dos mil catorce, lo que motiva la necesidad de emplear los recursos generados por las operaciones corrientes, en consecuencia, pues menos margen para atender el funcionamiento de los servicios públicos, como pueden ser las universidades o las gerencias.

En este sentido, la evolución de la carga financiera de la deuda es significativamente creciente. Además, los ingresos corrientes han disminuido, lo que provoca –como recoge el informe- un impacto cada vez más negativo sobre los ingresos corrientes necesarios para atender el funcionamiento de estos servicios públicos. Cierto es el hecho que en dos mil catorce el sector público administrativo presenta un saldo presupuestario positivo de algo más de 148 millones de euros, principalmente por este recurso al alza de los ingresos derivados de las operaciones financieras, a pesar del descenso en los ingresos de capital desde dos mil once. Pero este fuerte incremento de operaciones financieras refleja una pérdida de autonomía en los indicadores relacionados con los ingresos y los gastos, disminuye el esfuerzo inversor e incrementa la presión fiscal. Cada castellano y leonés soporta una presión fiscal de 2.099 euros en el ejercicio del dos mil catorce, al tiempo que el esfuerzo inversor tiene una tendencia desfavorable, porque pasa de 479,10 euros en el año dos mil once a solo 381,84 euros por habitante en el dos mil catorce; por lo tanto, está experimentando una disminución del 20 %.

Por resaltar otros datos del informe, es significativo que cuando vamos a los gastos ejecutados hay una evolución decreciente dedicada a gastos de personal o funcionamiento, de tal forma que disminuye en 5 puntos este índice respecto al ejercicio dos mil once. Y otro dato a resaltar es la incapacidad para generar recursos derivados de las operaciones corrientes y atender las obligaciones derivadas de la carga de la deuda, y destinar recursos para financiar inversiones.

Sobre las empresas públicas, sobre el informe de las empresas públicas de dos mil catorce, bueno, si en el informe anterior nos chocaba que... la inclusión de entes públicos sometidos a derecho privado, pues en este informe se constatan los cambios a los que ha estado sometido el sector, reduciéndose el número de empresas públicas incluidas en este informe, como ha ocurrido con... como he dicho, con ADE Financiación o ADE Parques Tecnológicos; en la actualidad están en la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, como el resultado de la integración de varias entidades, ahora incluida en el... en el anterior informe del sector público de la Comunidad.

Evidentemente, estos datos reflejan que la evolución en el período analizado pone de relieve una reducción de la dimensión experimentada por el sector público empresarial, con lo que también disminuye su activo... -perdón, el sector de las... sí, el sector público empresarial- con lo que también disminuye un activo un 56 %, su patrimonio neto un 48 % y el pasivo exigible un 60 %. Y, aunque también desciende el endeudamiento del 69 al 63 %, aumenta el peso de la deuda financiera (un 85 %), y, por lo tanto, se mantiene la dependencia de terceros para la financiación, que representa ya más de la mitad de los recursos financieros.

Y para acabar, en relación con las... con el informe de las fundaciones públicas de la Comunidad, pues decir que ocurre como con los otros dos informes, con el del sector público y las empresas públicas, que no han sido sometidos a una fiscalización de regularidad, sino a un análisis de la estructura y evolución, de la situación actividad económica-financiera de todos estos organismos en la Comunidad... en la cuenta de la Comunidad Autónoma, y, por lo tanto, para nosotros este informe de la fiscalización de las fundaciones públicas pues no refleja una situación económica de las fundaciones por separado, y, por lo tanto, es difícil emitir una opinión política rigurosa de las diversas fundaciones de la Comunidad y justificar, sí o no, a su utilidad y continuidad, y evaluar un seguimiento de sus actividades. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor López Prieto. En turno de intervención, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cepa.

EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias al presidente del Consejo y a todo su equipo por estos informes que estamos debatiendo esta mañana. Debatimos, como he dicho, estos tres informes de fiscalización del Consejo de Cuentas, relativos a empresas públicas de la Comunidad, a las entidades del sector público sujetas a régimen de contabilidad pública y a las fundaciones, sobre su situación y actividad.

La finalidad de estas fiscalizaciones y la del análisis de la situación y actividad económico-financiera durante el ejercicio dos mil catorce y los tres años anteriores, pero no es de cumplimiento de legalidad; por tanto, no se emite opinión del cumplimiento o no de objetivos, sino simplemente analizar la situación económico-financiera. Tal como dice el informe, no se ha sometido a una fiscalización de regularidad, sino a un análisis de la estructura y evolución de las magnitudes, así como de la obtención de ratios indicativos de la situación económico y financiera.

Empiezo, en primer lugar, por el sector público empresarial. En el año dos mil catorce rindieron cuentas seis empresas, cuando en el año dos mil once eran diez; sin embargo, el análisis se hace por... para todas en su conjunto y no individualmente. El balance de situación se observa una disminución respecto a los años anteriores importantes. De un patrimonio neto, por ejemplo, en el año dos mil trece, de 366 millones de euros, a los 188 millones de euros en el año dos mil catorce, lo que pone de relieve el adelgazamiento del sector empresarial en estos años. Por ello, nosotros consideramos más importante un informe de fiscalización de cómo se ha producido este adelgazamiento, ya que al final ninguna empresa se liquidó, sino que fueron absorbidas, como, por ejemplo, ADE Parques o PROVILSA, en ADE Financiación o SOMACYL, y no aparecen en esta fiscalización del sector público empresarial de Castilla y León. ¿Qué ha pasado –es una pregunta- con el pasivo tan importante que existía en años anteriores? Creemos que era lo que realmente importaba.

Independientemente de lo dicho, sí consideramos importante el deterioro del fondo de maniobra de rotación, es decir, la capacidad financiera a corto plazo, la disminución de un 65 %. Del resto de los indicadores y magnitudes de balance de situación, hacemos nuestras las opiniones y recomendaciones del informe de fiscalización del Consejo de Cuentas.

Con respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias del sector público empresarial, hay que decir lo mismo: lo importante es saber cómo se ha pasado de un resultado negativo, pérdidas en el año dos mil trece de más de 53 millones de euros, a un saldo positivo, en el año dos mil catorce, de un 1,7 millones de euros. Estos resultados no se deben a la buena o mala gestión, sino a la absorción por otras entidades de aquellas empresas que tenían los peores resultados. Y como tampoco aparecen los datos por empresas, no podemos saber cuáles presentan mejores resultados. El informe dice que esos resultados se deben a los resultados financieros negativos, que no han desaparecido por una mejor gestión, sino por las operaciones de absorción, ya que, aunque el resultado es positivo para el año dos mil catorce, se observa una reducción importante de los ingresos de gestión ordinaria, pero descienden en más... pero descienden aún más los gastos, es decir, una evidente disminución de la actividad.

Respecto a las fundaciones, los antecedentes son parecidos, una fiscalización sobre la situación de actividad económica-financiera y no de cumplimiento de legalidad. En este caso, también hay que tener en cuenta el cambio de régimen jurídico en las cuentas de entidades sin ánimo de lucro. En el año dos mil catorce, las fundaciones pertenecientes al sector público que rindieron sus cuentas eran 13, siendo... en el año dos mil once eran 18. Las limitaciones son las mismas que en el caso anterior, cuentas agregadas de todas las fundaciones pero no consolidadas, pero que no se especifique las relaciones económico-financieras que pudieran existir entre ellas.

Magnitudes e indicadores del balance de situación. Se aprecia una disminución de todas las magnitudes, a excepción del patrimonio neto, que se ha incrementado con un resultado cada vez más desfavorable respecto al fondo de rotación, aunque sigue siendo positivo. Como en el caso anterior, hacemos nuestras tanto las conclusiones como las recomendaciones del Consejo de Cuentas, y principalmente de aquellas que dice que deben reducir los períodos medios de cobro.

La cuenta de pérdidas y ganancias, los resultados en el período analizado son positivos, con un fuerte incremento en el año dos mil catorce. Sin embargo, hay que decir que los ingresos siguen siendo fundamentalmente provenientes de ayudas públicas y la actividad mercantil sigue siendo muy baja, en torno al 18 %, 2 puntos inferiores al año dos mil trece.

Aunque el señor presidente del Consejo de Cuentas habló en primer lugar... en primer lugar, nosotros lo hacemos ahora, en la parte final, acerca de la situación y actividad económico-financiera del resto de los entes de la Comunidad Autónoma, entidades del sector público de la Comunidad sujetos al régimen de contabilidad pública. Las limitaciones son como en los casos anteriores: cuentas agregadas y no consolidadas, y análisis de la situación no de legalidad. Y, a pesar de estas limitaciones, sí que podemos afirmar que el informe es demoledor y pone de manifiesto la verdadera política del Partido Popular en la Junta de Castilla y León en estos años.

Estado de liquidez del presupuesto. Ya la primera página es clara, pasamos de un ahorro bruto positivo en el año dos mil once a ser negativo en el año dos mil catorce. Un saldo de las operaciones de capital estructuralmente negativo, y un saldo presupuestario positivo gracias exclusivamente al endeudamiento. Es más, se afirma que las operaciones financieras superan ya en el año dos mil catorce a las operaciones de capital tanto en transferencias como en inversiones reales.

Aunque lo veremos más adelante, es interesante este párrafo de la página 30: "La pérdida de autonomía que se ha producido en el ámbito presupuestario, además de evidenciar el fuerte incremento derivado de las operaciones financieras, implican a su vez que aquello no es motivado por una caída de los ingresos tributarios en el período considerado, sino más bien por la disminución de las transferencias recibidas".

Destacaríamos lo siguiente: los indicadores por habitante muestran un incremento del gasto público en estos años, pero matizable, ya que se produce una importante reducción de inversión por habitante y, en el extremo opuesto, un incremento importante de la carga financiera; es decir, si la inversión por habitante en el año dos mil catorce era de 381,84 euros y descendiendo, la carga financiera es de 515,06 euros y subiendo. Vemos que dedicamos más a pagar la deuda que a inversiones.

También destaca un incremento de los ingresos, y por la vía fiscal, la presión fiscal; diga lo que diga el PP, se ha incrementado en esta Comunidad Autónoma la presión fiscal. En el año dos mil catorce, el peso del gasto derivado de las operaciones financieras es ya superior al peso de las operaciones de capital, como hemos dicho anteriormente. Las operaciones de capital sufren un descenso del 22 %, mientras que las financieras sufren un incremento del 354 %. Esto provoca que el indicador de la carga financiera suponga el 17 %, cuando en el año dos mil once era del 4 %, lo que provoca que cada vez se tengan menos ingresos corrientes para atender el mero funcionamiento de los servicios. Esto provoca que el ahorro neto sea negativo en más de 930 millones de euros. La deuda ha sido la constante en estos últimos años.

Ha supuesto una evolución negativa, vemos en el informe, el tema de los gastos de personal, en transferencias corrientes y en operaciones de capital, tanto en inversión real como en transferencias de capital. Vemos la base de la política de una Administración con un incremento, por el contrario, de los gastos financieros y de los gastos del Capítulo 2, gastos corrientes. Los gastos derivados de las operaciones financieras suponían en el año dos mil once algo menos del 3 %, pasando en el año dos mil catorce al 10 %.

Los ingresos han experimentado un ligero aumento en este período, pero se debe fundamentalmente, como hemos dicho ya reiteradamente, a los ingresos por deuda. Los ingresos corrientes bajan un 1 %, pero, sin embargo, la carga fiscal aumenta en un 3 %. Cabe destacar la disminución de un 33 % de las transferencias de capital.

En resumen, la política del Partido Popular es lo contrario de lo que promete: subida impositiva, sobre todo de la fiscalización indirecta; incremento del déficit público y de la deuda; y disminución de los gastos en inversiones y transferencias, tanto corrientes como de capital, aunque siempre se presentan a las elecciones diciendo que van a hacer lo contrario.

Balance de situación. Como parece evidente, el balance de situación es el reflejo de lo dicho anteriormente. Se ha deteriorado la situación: una disminución del 50 % del patrimonio neto de la Comunidad Autónoma; un incremento del 66 % del pasivo exigible, que en el año dos mil catorce superaba los... supera los 12.500 millones de euros y que el PP lo carga a las generaciones futuras, ya que 9.200 millones de euros es a largo plazo, endeudándonos por generaciones. El pasivo exigible supone ya más del 75 % de los recursos financieros de las entidades del sector público. La deuda por habitante se ha incrementado en más de un 170 % respecto al año dos mil once.

Resultado económico patrimonial: ahorro negativo, aunque mejor que en los años dos mil once, dos mil doce. Quería acabar con este pequeño tema positivo. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cepa. En turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidenta. Vamos a situar en qué fiscalización nos encontramos, porque se recuerda por parte de los portavoces que no es una fiscalización de legalidad. Efectivamente, esta... este informe viene motivado de la elaboración de la cuenta general, de la fiscalización de la cuenta general dos mil catorce, y es un informe estadístico de ratios y de evaluación del sector económico-financiero de la Comunidad, de todos y cada uno de los entes que están integrados en la cuenta general de la Comunidad de dos mil catorce, que tuvimos objeto... fue objeto de debate en esta Comisión la semana pasada, y en la que quiero recordar que se puso de manifiesto que no había ninguna cuestión de legalidad por parte del presidente del Consejo de Cuentas y que no había ningún problema de legalidad.

Y quiero entrar ya un poquito en las magnitudes y en la... de este informe, e inicialmente en el ámbito de las entidades del sector público sujetas al régimen de contabilidad pública. En primer lugar, poner algo en valor que han pasado, supongo que de forma perfectamente sabida, los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que es la ejecución presupuestaria. Porque es verdad que en esta Comisión se habla mucho de los niveles y los ratios de ejecución presupuestaria, y este pone... este informe pone de manifiesto algo que creo que es importante: el propio Consejo de Cuentas, siguiendo los criterios que se fijan en los OCEX, establece que la ejecución presupuestaria está en ratios positivos o favorables siempre que supere el 80 %. Y, en este sentido, en el informe de fiscalización que estamos viendo hoy, el grado de ejecución de ingresos de la cuenta general de dos mil catorce se incrementó sustancialmente y se situó en un 96 %, mejorando en 2 puntos superior a la ejecución del Presupuesto del dos mil trece y en 6 puntos superior a la ejecución, en el ámbito de los ingresos, en el año dos mil once. Y recordando además que en todos los ejercicios se superó con creces el 90 %.

Lo mismo sucede en la ejecución de los gastos. La ejecución alcanzó en el ejercicio dos mil catorce el 94 %, 1 punto superior al año dos mil trece y 7 puntos superior al año dos mil once, y supera también el 90 % en todos los ejercicios analizados.

Se supone también que hay ahí un dato muy importante, en el que muchas veces se pone de manifiesto cuál es la evolución también en el ámbito de las modificaciones presupuestarias, y quiero recordar que ha sido objeto de mucho debate en las últimas sesiones de la Comisión de Hacienda el elevado número de modificaciones presupuestarias. Pues bien, este informe pone de manifiesto cómo desde el año dos mil once al año dos mil catorce ha bajado ese ratio de modificaciones presupuestarias y el número en torno a un 2 % respecto del ejercicio dos mil trece, y creo que es un dato a destacar.

Y vamos a hablar ya un poquito de lo que efectivamente pone de manifiesto, de la evolución de las cuentas y de la actividad económico-financiera de la Comunidad en el período analizado en este informe de fiscalización por parte del Consejo de Cuentas. ¿Y qué pone de manifiesto claramente -y vamos a hacer una lectura para que la puedan entender los ciudadanos-? Pues pone de manifiesto, efectivamente, que la Comunidad ha incrementado sustancialmente su deuda en el ámbito del sector público de la Comunidad sujeto a régimen de contabilidad pública. Eso hay que decir y hay que explicar el por qué es. Me sorprende que algunos digan... es que, efectivamente, es curioso como el portavoz del PSOE decía: efectivamente, ¡cómo ha crecido la deuda de la Comunidad! Claro que ha crecido la deuda de la Comunidad, y ha crecido por lo que ha dicho históricamente el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara: porque el modelo de financiación y –lo ha dicho usted- las transferencias que recibe la Comunidad Autónoma son cada vez menores; porque el modelo de financiación de dos mil nueve –que ya operó en dos mil diez y que tiene el reflejo en este período analizado- pone de manifiesto que era un mal modelo de financiación, a pesar de que algunos lo tildaron como un traje hecho a la medida para Castilla y León. Disminuyen las transferencias y tenemos que, efectivamente, para cubrir los gastos, acudir a endeudamiento.

Y, fíjese -es que no lo dice este portavoz-, si analizamos la evolución de la deuda pública de la Comunidad -quiero recordarlo-, cómo crece exponencialmente a partir del año dos mil nueve y siguientes, y cómo hay que recordar que en el año dos mil nueve la deuda de la Comunidad ascendía en torno a 3.000 millones de euros, y era entonces, señor Cepa -quiero recordárselo-, cuando ustedes pedían sistemáticamente en esta Cámara que la deuda de la Comunidad se incrementase para pagar inversiones. Afortunadamente, afortunadamente no tuvimos en cuenta las recomendaciones del Partido Socialista, porque, si no, la situación de la deuda de la Comunidad podría ser insostenible.

Pero, en todo caso, hay que tranquilizar a la ciudadanía y decir que los ratios de deuda de esta Comunidad están situados por debajo de la media de las Comunidades Autónomas; y lo están, entre otras cosas, porque el Grupo Parlamentario Popular y la Junta de Castilla y León no hizo caso al Partido Socialista, que siempre pedía en aquellos años más deuda para inversiones, y eso ha motivado que tengamos una situación económico-financiera todavía bastante sostenible.

Como también me sorprende que las formaciones políticas que tienen en su ADN, y que lo traen sistemáticamente aquí al debate de la Comisión de Hacienda, subir los impuestos al conjunto de la ciudadanía, digan que ha crecido la presión fiscal. Pues menos mal que ha crecido la presión fiscal y no han gobernado ustedes; si no, ¿qué sería de los pobres ciudadanos de Castilla y León cuando el PSOE y Podemos dicen "ha crecido la presión fiscal", y ustedes llevan en su línea política y en su ADN incrementar sustancialmente la presión fiscal? Claro que ha crecido la presión fiscal. Yo quiero recordar aquí las medidas que hubo que adoptar en el año dos mil doce, y esas medidas tienen un reflejo en los informes de la actividad económico-financiera que hoy vemos. Claro que ha crecido la presión fiscal. Pero hay que recordar también a la ciudadanía que ahora se están rebajando los impuestos al conjunto de la ciudadanía. Y ponen en duda... y la ponen en cuestión y les preocupa la presión fiscal a aquellos que hoy, ante una mejora de las condiciones económicas, quieren volver a subir los impuestos sistemáticamente al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Claro que hubo que tomar medidas muy delicadas en el año dos mil doce y hubo que fijar figuras impositivas que hasta aquel momento no se habían creado: la... el céntimo sanitario, el impuesto ambiental sobre determinadas instalaciones. Claro que sí, hubo que incrementar a nivel estatal el impuesto de la renta de las personas físicas. Pero es que después hemos dado la vuelta a la situación y hemos eliminado algunos impuestos autonómicos, recordándole además, señor Cepa, que la Comunidad no tiene ninguna competencia en los impuestos indirectos, ninguna competencia en los impuestos indirectos, señor Cepa. Vamos a ver un poquito... con un poquito de rigor en esta... en esta Comisión.

Y fíjese, ya el colmo de los análisis es lo que llama... y dice: ha bajado el gasto de personal. Claro que ha bajado el gasto de personal en este período de tiempo. ¿Pero cómo no va a bajar el gasto de personal? En primer lugar, porque en el dos mil diez hubo un partido que bajó el 5 % al conjunto de los funcionarios públicos las retribuciones –el 5-, y eso tiene un reflejo en todas las cuentas que se han arrastrado hasta el momento posterior. En segundo lugar, porque hay una normativa básica que impide cubrir las jubilaciones; lo que todos conocemos como la tasa de reposición. Claro que ha bajado el gasto de personal, obviamente. Pero es que contra eso no puede hacer nada la Comunidad, es normativa básica.

Y entonces, al final, ¿qué conclusiones sacamos? La evolución financiera de la Comunidad en este período de tiempo tiene tres elementos muy claros. Uno, ¿ha crecido la deuda? Sí, Castilla y León ha incrementado la deuda. ¿Para qué? Para priorizar en el gasto. Para priorizar un gasto en aquello que es lo fundamental en el aspecto de los servicios que presta la Junta de Castilla y León. Claro que hay incremento de la deuda.

Decía el portavoz de Ciudadanos: unos presupuestos de resistencia. Claro que sí, unos presupuestos de resistencia han sido los que se han elaborado en este período de tiempo. Y si tenemos una situación de deuda como la que tenemos, ya no en el dos mil catorce, sino en dos mil dieciséis, es porque antes no se tomaron decisiones que algunos apuntaban políticamente que había que incrementar sustancialmente la deuda en los años en que la Comunidad fue yo creo que bastante prudente. Pero, en todo caso, la deuda de la Comunidad –y lo sabemos todos, y hay que recordarlo aquí- está por debajo de la media del conjunto de las Comunidades Autónomas. Claro, y al final dice: y es que la deuda de la Comunidad va a seguir creciendo. Claro que va a seguir creciendo. Si es que el ratio de deuda que ha fijado el Ministerio de Hacienda para el próximo ejercicio sitúa el ratio de deuda en el 24 % para el conjunto de las Comunidades Autónomas. Y es a partir de dos mil dieciocho cuando ese ratio de deuda fijada en la senda de estabilidad presupuestaria que se ha aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados es cuando va a empezar a bajar, ya para el dos mil dieciocho y para el dos mil diecinueve, al 23 y al 21,7. Claro que... Pero vamos a hacer un análisis con rigor.

¿Qué ha hecho la Comunidad? Incrementar la deuda. ¿Para qué? Para garantizar la calidad de los servicios. Y eso no lo dice el portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión, lo dicen los informes que evalúan la calidad de los servicios que presta la Junta de Castilla y León. Y, de verdad, les invito a que sean coherentes. "Es que ha crecido la presión fiscal"; y eso lo dice el partido que lleva sistemáticamente una subida generalizada de los impuestos de la Comunidad, con la creación de nuevas figuras impositivas, con el incremento de los tramos autonómicos del IRPF. Hombre, sean coherentes ustedes, y no digan "ha crecido la presión fiscal". Claro que ha crecido. Pero si ustedes quieren que crezca mucho más. Pero creció, por lo que tuvo que tomarse medidas desde el año dos mil doce. Analicemos y hagamos un esfuerzo en el rigor parlamentario. Hay que hacer un esfuerzo en el rigor parlamentario. Uno no viene aquí a decir... no. No se trata solo de hacer política y hacer demagogia; utilicemos los criterios y los informes de fiscalización del Consejo de Cuentas con un cierto rigor.

Y, efectivamente, pues claro que bajó los gastos de personal. Hubo que tomar... ¿Es que nadie recuerda que hubo que suprimir la paga extra de los funcionarios públicos en el año dos mil doce? Lo sabemos todos perfectamente. ¿Nadie recuerda -¡qué curioso!, y se sonríen los portavoces del Grupo Socialista- quién tomó la decisión de bajar las retribuciones básicas de los funcionarios públicos un 5 %? Eso tiene una evolución. Ya verá que en el mantra... fíjese en el mantra –y eso quiero recordarlo- cuando dice el Partido Socialista en esta Cámara: es que ha habido un recorte de tantos miles de millones. Claro, cogen el Capítulo 1, analizan el año dos mil nueve, lo llevan al dos mil dieciséis, a razón de 100 millones de euros anuales, empiezan a multiplicar... 3.000 millones de euros. Pero hombre, vamos a ser serios; abandonemos la demagogia, que estamos ante un esfuerzo importante que hace el Consejo de Cuentas por poner en valor magnitudes importantes, y lo hagamos contextualizando las medidas que ha habido que tomar en este período de tiempo y poniendo en valor que esta Comunidad, con independencia de que tiene un mal modelo de financiación –como denunció este grupo parlamentario-, todavía tiene una situación económica-financiera muy favorable, como se pone además –y termino ya- de manifiesto en la evolución de las empresas públicas y de las fundaciones públicas, del que luego en la segunda intervención –si tengo tiempo- haré también una reflexión al respecto. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, sí me gustaría recordar que este es el segundo informe que hacemos de esta naturaleza. El anterior informe comprendió el período dos mil ocho-dos mil once, y este arranca donde terminó el anterior informe.

Y, evidentemente, como he dicho en la intervención, en la exposición de este informe de fiscalización, no es un informe de legalidad, no es un informe operativo. Nos pareció oportuno en su momento, y nos volvió a parecer oportuno en el año dos mil quince, que cada cierto tiempo se hiciese pues una reflexión de cómo va la situación económico-financiera de la Comunidad. Por eso en este informe no hay que buscar cosas que no son propias de este informe. Este es un informe de indicadores; es un informe de indicadores partiendo de las cuentas general analizadas en los períodos correspondientes; este año... en este caso concreto, los años dos mil once-dos mil catorce. Porque el pasado viernes es cuando estuvimos analizando la cuenta general; por ejemplo, dentro de ello estaban las empresas públicas y pudimos abordar pues la situación de las empresas públicas, de las fundaciones y del conjunto de nuestra Comunidad Autónoma. Por eso, la importancia –si me lo permiten- de este informe es que ayuda a reflexionar sobre cuál es la evolución económico-financiera en un período de la Comunidad. Es decir, es como –si me permiten ustedes- ver cómo va orientándose la situación económica; es decir, si se acentúan los desequilibrios, si se han producido modificaciones. Esa es la virtualidad de este informe. Y que, desde luego, llamar un poco a la reflexión a todos -y fundamentalmente está al servicio de ustedes este tipo de informes- pues para que vean qué es lo que ha sucedido en un período concreto de estos años, analizándose de una manera objetiva. Y significar que, en relación a este informe, pues no se han presentado alegaciones, es decir, se remitió este informe a la Junta de Castilla y León para que presentase alegaciones por si acaso habíamos errado en alguna de nuestras observaciones, y no se han presentado alegaciones. Por lo tanto, es un aspecto que sí me gustaría destacar.

Evidentemente, este es un período –como he puesto de manifiesto en mi exposición- pues seriamente complicado; es decir... y, sobre todo, hay un año –como he hecho referencia-, el año dos mil doce, en el que se producen dos hechos importantes, como es la prórroga presupuestaria que... del Presupuesto del año dos mil once, y después el crédito extraordinario para instrumentar el mecanismo de pago a proveedores. Todo eso, evidentemente, confiere al año dos mil doce una situación extraordinaria respecto a los otros tres.

No obstante, y yo... sí me gustaría incidir en otras... dos aspectos realmente importantes; es decir, cuando estamos comparando, por ejemplo, empresas públicas y fundaciones hay una situación claramente distinta. Es decir, en el año dos mil once existían, en lo que es el sector empresarial -porque a veces es conveniente recordarlo-, ADE Financiación, ADE Parques Tecnológicos, PROVILSA y SOTUR. Eran cuatro empresas públicas con una importante actividad económica. Además, en el caso concreto de APPACALE, que, como les informé el pasado sábado, ya existe de que hay un acuerdo de disolución del veintitrés de agosto del dos mil doce; está en vías de disolución, pero la actividad económica que tiene es prácticamente nulo.

¿Y cuál es el estado empresarial público en nuestra Comunidad Autónoma? En estos momentos está formado por cuatro empresas, que son: SOMACYL, CYLSOPA, y después otras dos que están vinculadas a la Universidad de Salamanca, que es Parque Científico de la Universidad de Salamanca y Mercatus. Es decir, tengamos presente de que se ha producido una importante reordenación del sector público empresarial como consecuencia de la disolución... se han desaparecido esas cuatro empresas que, desde el punto de vista económico, tenían su gran importancia. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que en este período analizado se produce una reducción de todas sus magnitudes en ese 50 %, es decir, que viene a coincidir con esa reducción del 50 %, como se ha puesto aquí de manifiesto, con una disminución del patrimonio neto en un 48 %, y eso, todo ello, ha comportado que haya mejorado notablemente la liquidez y solvencia del sector público empresarial. Y, a pesar de eso, habrán observado ustedes que todavía los plazos de cobro y pago son excesivos, es decir, son más que excesivos, es decir, se incumple pues la Ley 3/2004. No es el objeto de este informe, pero sí se pone de manifiesto de que, evidentemente, deberían de acortarse los plazos de cobro y pago en ambos.

Y si vamos a las fundaciones, pues ha sucedido algo similar, es decir, es que ya también se nos olvida las fundaciones que había en el año dos mil dieciocho y las que hay en el año... perdón, en el año dos mil once y las que hay en el año dos mil catorce. Había dieciocho fundaciones y trece fundaciones, y ya no están, pues, por ejemplo, la Fundación ADE Europa, la Fundación para la Enseñanza de las Artes de Castilla y León, la Fundación para la Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y la Cooperación; es decir, han desaparecido. Evidentemente, el peso de esas fundaciones es menor que el que tenían las empresas públicas, se ha producido también, consecuencia de ello, una modificación en el patrimonio de una manera importante, pero no de una manera tan significativa como ha podido suceder en el sector público empresarial.

Y si hablamos de lo que es el sector público administrativo, pues, evidentemente -si me permiten-, yo daría pues cuatro pinceladas. En primer lugar, lo que es el gran endeudamiento que se ha producido, el incremento en los pasivos financieros; en estos años, 4.500 millones de euros. Eso ha supuesto pues, evidentemente, un incremento importante de los gastos financieros, una corrección de... en parte de los gastos corrientes; lo que ocurre es que el gasto corriente fijo, por el incremento de los gastos financieros, pues al final viene a permanecer estable lo que son los gastos corrientes fijos, y que demuestran una gran rigidez. Pero, al mismo tiempo, y lo he dicho y creo que es conveniente matizar, esto ha supuesto una importante caída de las inversiones -aquí se ha puesto de manifiesto, pero... ha bajado del 13 al 10 % entre dos mil once y dos mil ocho; si se hace por habitante, estamos hablando del orden de un 20 %-; pero si analizásemos el período dos mil ocho dos mil once, ya se produjo otra caída importante de las inversiones. Es decir, si no recuerdo mal, el dos mil ocho fue el año en el que hubo mayor inversión por habitante. Bueno, si cogiésemos el índice del año dos mil ocho y lo trasladáramos al año dos mil catorce, la caída de las inversiones sería todavía muy superior, pero eso es producto, evidentemente, de la situación económica.

Pero nosotros, al mismo tiempo, y creo que hay que ser equilibrado en todo, y este informe de indicadores financieros lo que pretende es ser objetivo, equilibrado y riguroso, también decimos que, si bien hay un fondo de rotación negativo y la solvencia se ve afectada por el incremento de los índices de endeudamiento, la estabilidad patrimonial no se considera muy comprometida. Igual que decimos lo uno, decimos lo otro. Es decir, el incremento del endeudamiento es más que importante, el problema de los gastos financieros ahí está; se ha puesto de manifiesto también por uno de los portavoces que, si cambian los tipos de interés, eso podría, evidentemente, generar mayores tensiones, eso es evidente. Obviamente, si analizamos -y tuvimos la ocasión de ver cuando examinamos la cuenta general la semana pasada- los tipos de interés a los que se había concertado el endeudamiento, son tipos de interés pues, evidentemente, muy bajos, muy de mercado. Si, evidentemente, esa situación se modifica, pues, evidentemente, sería un incremento importante de los gastos financieros.

En definitiva, este es un informe que se presenta a ustedes, que se presenta a los ciudadanos de Castilla y León, con el ánimo de que les sea útil a la hora de analizar la situación económica, para que todos veamos cuál es la evolución en estos años, y que, en definitiva, pues cuando se tomen decisiones se sea consciente de lo que puede implicar el acentuamiento de algunos de los problemas que se ponen de manifiesto en dicho informe. Por eso, la naturaleza de las recomendaciones aquí son muy distintas a las recomendaciones de otros informes. Ahí otras recomendaciones -cuando vamos en informes de legalidad o incluso de operativas- están mucho más específicas; las recomendaciones aquí son –para entendernos- unas recomendaciones con un alcance claramente distinto. Y en ese sentido creo que lo han entendido todos ustedes perfectamente.

Nada más. Y muchísimas gracias porque veo que han examinado con auténtico rigor el informe sobre la actividad económica-financiera de nuestra Comunidad Autónoma. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Mitadiel, por un tiempo máximo de cinco minutos.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias al presidente del Consejo de Cuentas por sus informaciones. Y voy a empezar por lo que no pude decir en mi intervención anterior, porque no hice ninguna referencia a las empresas y a las fundaciones, entre otras cosas, porque me parece que los indicadores que se manifiestan son, en el caso de las empresas, los propios de un proceso de fusiones donde el activo ha disminuido el 56 %, y, por lo tanto, todo parece razonable, por lo menos en términos agregados. La evolución también parece satisfactoria, y lo único que me... que me preocupa, de acuerdo con las manifestaciones del presidente del Consejo, efectivamente, es el período medio de pago, y el período medio de cobro, claro; es decir, que me parece que tienen que aplicarse muy detenidamente para... en esos procedimientos, tanto para cumplir la ley como para que sean eficaces económicamente.

Y esto me sugiere algo que se me había olvidado también en la primera intervención, y es el que, dentro de los ratios... perdón, de los indicadores que aquí presentan, había uno que me sorprendía totalmente, y es el que el período medio de pago era de 11 días. Y yo decía: yo debo vivir... esto me pasa como con las listas de espera, que los números dicen una cosa y lo que yo veo es otra cosa; menos mal que vi que había un período medio de pago corregido que hablaba de 72 días; digo: eso ya me cuadra bastante más, pero, en principio, me parecía sorprendente.

Y otra de las cuestiones es los cálculos que hacen de autonomía del Presupuesto, yo creo que son excesivamente generosos. Y ese es uno de los problemas... uno de los problemas con el que nos encontramos a la hora de ejecutar las recomendaciones, es que realmente los gastos son bastante más rígidos de lo que aparentemente son. Entonces, bueno, esto sería incluso motivo de una discusión técnica, pero, desde luego, mi interpretación es que el margen de actuación real de... sobre los gastos es relativamente escaso, por lo menos a corto plazo, quizá a medio y largo plazo las tendencias puedan hacer modificaciones importantes. Pero, en todo caso, los cálculos que hacen me parecen enormemente generosos.

Con respecto a... y otra de las cuestiones que no comenté en su momento es que una de las conclusiones que más, bueno, pues me llama la atención, o me preocupa, es el concepto de solvencia a largo plazo como desfavorable. Es decir, bueno, pues eso es algo que, desde luego, nos debe preocupar.

Con respecto a lo que plantea el portavoz del Partido Popular, sin entrar en discusión, efectivamente, la ejecución presupuestaria... -perdón- sí, la ejecución presupuestaria es razonable, excepto en uno de los capítulos, al que todos somos muy sensibles, que son las inversiones. Es justamente... y que redunda en eso, quitamos de inversión para financiar otros gastos, o presupuestamos inversiones que no vamos a ejecutar, porque ese es el margen que vamos a tener que utilizar. Bueno, eso implicaría consecuencias con respecto a qué estamos presupuestando.

¿Que nuestros ratios de deuda son por debajo del resto de las Comunidades o de la media de las Comunidades? Pues efectivamente; efectivamente, estamos por debajo de la media, lo cual no quiere decir que no tengamos que estar temblando por si suben los tipos de interés. O sea, es decir, el que estemos mejor que otros no quiere decir que estemos bien.

Baja del gasto de personal. Se han dado las dos circunstancias que usted dice, pero también ha habido otros datos, como es el crecimiento, el crecimiento, o el envejecimiento de nuestra plantilla, y eso significa incremento en gasto de trienios, de antigüedad, etcétera, etcétera, que también tiran para arriba. Con lo cual, ese descenso del que yo hablaba, del 6,8 %, es algo más... es algo más, quizá, en el tema de... al final, es el tema de no reposición de vacantes. Esa es la clave y la diferencia, por eso digo que el personal, ya sea por medio del sueldo o por medio de la reducción de plazas, digamos que ha soportado, está soportando, una buena parte del ajuste necesario.

Por último, con respecto a sus recomendaciones. Pues la verdad es que son muy prudentes, o sea, hay pocas cosas que discutir, otra cosa es cómo se ejecutan. Es decir, porque bien podemos, o se puede vigilar...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Tiene que ir terminando, señor Mitadiel.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

(Acabo). ... pero el problema es que las decisiones que implica esto -y ahí va el tema de la autonomía presupuestaria que yo decía- son complicadas de implantar. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. En turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra el señor López Prieto.

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Gracias, presidenta. Bueno, pues si algo estamos de acuerdo en el debate del informe todos los grupos presentes, e incluso parece ser también el informe del Consejo de Cuentas, es que los informes, estos informes, no permiten emitir una opinión relevante de cada uno de los entes, empresas o fundaciones públicas incluidas en la cuenta general de nuestra Comunidad; por ejemplo, como puede ser con un ente como es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, como algún grupo parlamentario aludió ayer.

En este sentido, sobre el conjunto de las resoluciones, evidentemente, para nuestro grupo tienen un carácter o un matiz muy ortodoxo sobre la actividad económica y financiera. Respecto al sector público, respecto a las referencias al índice de ahorro bruto, pues representa el porcentaje que supone el ahorro en relación al total de ingresos por operaciones corrientes, es decir, el porcentaje de ingresos que se corrige ahorra... consigue ahorrar respecto al total. Evidentemente, un valor negativo para este ratio de estructura implica la financiación de gastos corrientes con ingresos de operaciones... por operaciones de capital, que refleja una situación financiera muy comprometida y que no puede mantenerse a largo plazo. Esto, evidentemente, es una recomendación proveniente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, o la famosa "ley Montoro". ¿Por qué? Porque se detecta que hay más gasto corriente que ingresos corrientes y llama a corregirlo; por lo tanto, corregir la financiación, es decir, endeudarse lo menos posible.

En este sentido, para nuestro grupo parlamentario lo ideal es una fiscalidad más progresiva. Este es concretamente el ADN de nuestro grupo parlamentario: una fiscalidad más progresiva, con mayor recaudación, que corrija la financiación y que nos endeudemos lo menos posible; es decir, producir ahorro bruto a través de los ingresos y no de los gastos corrientes. En este sentido, nosotros somos partidarios de reducir el déficit en un período más largo, lo cual implica, en cierta manera, pues desoír las llamadas a esa estabilidad tan ortodoxa promovida por las políticas neoliberales y de recortes que aplica el Partido Popular. Una política fiscal que defiende el Partido Popular y que no garantiza que haya dinero para lo importante, como es la sanidad o la educación, como así se ha puesto de manifiesto en las movilizaciones sociales que hemos visto contra los recortes en la sanidad en Salamanca o en el Bierzo, ¿no?

Respecto a las recomendaciones de las empresas públicas, pues únicamente compartimos al cien por cien la número 2, la de instar a las empresas públicas de la Comunidad a realizar actuaciones para reducir los plazos de cobro y de pago para establecerse en los niveles más próximos a lo establecido en la ley, porque el plazo medio de cobro ha descendido sustancialmente, ha pasado de 955 a 465 días, y el plazo medio de pago a terceros ha descendido sustancialmente, de 265 a 102 días por término medio. Y también compartimos al cien por cien la número 5, que es la que tiene que ver con los indicadores financieros de solvencia que miden su estabilidad patrimonial. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor López Prieto. En turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cepa.

EL SEÑOR CEPA ÁLVAREZ:

Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, estar de acuerdo con el presidente del Consejo de Cuentas de que son unos informes objetivos, con indicadores, pero es cierto que los indicadores nos indican lo que ha hecho el Partido Popular en estos últimos años, en un contexto en el que, ya, Gobierno nacional del Partido Popular y Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Lo único que hemos hecho nosotros es poner encima de la mesa lo que dice el informe de qué es lo que ha pasado estos años: incremento de presión fiscal, reducción de inversiones, de transferencias de capital. Y eso es un tema objetivo que está ahí.

A usted le molesta, señor Cruz, y como la señora presidenta antes le ha dejado que hiciéramos un debate entre nosotros, pues supongo que nos seguirá dejándonos en esta segunda parte. Es decir, bueno, sí, "esto lo dice un grupo parlamentario que quiere endeudamiento, que quiere subir los impuestos y tal y tal". Pues yo a usted también le digo de que es que ustedes se presentan siempre a las elecciones electorales diciendo lo contrario, y después hacen lo que hacen.

Por cierto, cuando a mí me exige rigor a la hora de analizar los informes, yo le pregunto a ustedes: ¿el céntimo sanitario es un impuesto directo o indirecto? [Murmullos]. No, claro, es que me dice que no sabemos leer las cosas y... pues el céntimo sanitario, que ha sido una chapuza y ha sido un desastre para esta Comunidad Autónoma, que yo sepa –a no ser que usted me diga lo contrario-, es un impuesto indirecto; por consiguiente, la Comunidad Autónoma sí ha utilizado impuestos indirectos. Se lo quería decir cariñosamente, porque, como siempre nos está echando en cara la falta de rigor, pues digo: pues yo también, voy a ver si alguna vez a mi amigo señor Salvador Cruz pues le echo en cara la falta de rigor, cuando él nos lo echa... cuando él nos lo echa a nosotros.

Entonces, creo que esto... estos tres informes de las... que hemos analizado esta mañana muestra, por un lado, la situación real que hay aquí, efectivamente, pero sobre todo esa situación real ha tenido unas consecuencias por unas políticas que se han aplicado en estos últimos años. Y esa es la realidad social de Castilla y León, más endeudamiento, con el riesgo que ya han dicho anteriormente los que me han precedido en el uso de la palabra de la posibilidad de los... de la subida de los tipos de interés -y con lo que está pasando en Estados Unidos no descarto yo que puedan subir los tipos de interés en breve-. Pero, es decir, estamos en esta situación, y sobre todo que nos preocupa mucho ese endeudamiento, sobre todo un endeudamiento a largo plazo.

También el presidente del Consejo, al final, pues en el fondo me ha dado un poco la razón de que, claro, los análisis de las empresas públicas y de las fundaciones es muy difícil de analizarlo porque la situación son bastantes menos empresas públicas, son bastantes menos fundaciones, y han desaparecido de ese análisis las que tenían más problemas económico-financieros. Entonces, vemos la situación real que ha mejorado, pero hay un tema que sí es importante, y en los tres informes se dice... –y usted les da mucha importancia, aunque luego, ahora, en su segunda intervención ha terminado un poco... le ha quitado un poco de importancia- pero los tres informes le dan mucha importancia a la evolución del ratio del fondo de maniobra, del de financiación a corto plazo, que es de lo que realmente ustedes están preocupados, y pasa en los tres casos. Claro, en las fundaciones algo menos, pero en los tres casos es una preocupación del problema de financiación que podemos tener en los próximos... que podemos tener en los próximos años. Yo creo que eso es un tema que, dentro de las recomendaciones que da el Consejo de Cuentas, en la que tenemos que tomar muy en serio pues el problema este de la posible financiación a largo plazo. Y cada vez que incrementemos los gastos financieros, tanto de amortización como de pago de interés, pues está claro que los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento ordinario de la sanidad pública, de la educación, etcétera, etcétera, pues se van a ir perjudicando a lo largo de... a lo largo de los próximos años.

Unas conclusiones para nosotros es que, desde luego, se necesita un cambio radical en la gestión económico-financiera de la Comunidad Autónoma. Nosotros seguimos con nuestra política fiscal de los nuevos impuestos, de incrementar los impuestos a las clases... a las rentas altas -que no pensemos en las clases bajas, sino a las rentas altas- donde se podía recaudar más ingresos. Estamos de acuerdo con ustedes ya, y hemos estado desde hace años, que hay que cambiar el sistema de financiación autonómico. También le recuerdo que ya desde hace cinco años gobierna el Partido Popular y ya se podía haber hecho.

Y del tema de los gastos pues nos sigue preocupando esa variable tan importante que existe... esa evolución tan negativa de los gastos financieros hacia arriba, y tan negativa hacia la baja de gastos de inversión y gastos de transferencias. Y que esperemos que para el próximo informe que nos presente sobre esta situación pues esto mejore sustancialmente. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cepa. En turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, presidenta. Hacía referencia en mi primera intervención, efectivamente... y le reconozco el error en el caso del céntimo sanitario; no pasa nada por reconocer los errores, yo me he ido a los impuestos especiales en el fragor del debate; pero, en todo caso, yo voy a contestar a las cuestiones que se han puesto de manifiesto aquí. Efectivamente, más deuda, menos inversión, prioridad en el gasto corriente, prioridad en el gasto sanitario, en el educativo y en el gasto social. Es decir, ¿el Partido Popular hizo lo contrario de lo que prometió? Bueno, creo que poco puede hablar el Partido Socialista de qué fue lo que hizo para llegar a esta situación. Pero no voy a entrar en ese debate, porque, efectivamente, toda la ciudadanía de este país sabe que lo que hizo el Gobierno previo a aquel Gobierno del Partido Popular fue dejar a la economía española al borde de la quiebra.

Pero, dicho esto, sí quería hacer referencia al ámbito en el que no hice parte... no hice ninguna mención en mi primera intervención, el ámbito relativo a las empresas y las fundaciones públicas de la Comunidad. Y creo que este informe de situación del período dos mil once a dos mil catorce pone de manifiesto el cumplimiento de un ambicioso plan de reducción del sector público autonómico. Un sector público autonómico, que dice "no, es que no se han liquidado"; sí se liquidaron las sociedades; se absorben, pero se liquidan cuando, obviamente, el proceso de liquidación existe.

Pero, en todo caso, yo quiero poner de manifiesto los datos que pone el propio Consejo de Cuentas de manifiesto en este informe, en el que dice, efectivamente, que se ha reducido el gasto corriente en orden de un 50 %, en el que han desaparecido un número importante de empresas públicas, ha pasado de 10 a 6, y en el caso de las fundaciones públicas de 18 a 13. Y que, como además pudimos comprobar ayer, no solo es que desapareciesen un importante número de empresas y de fundaciones públicas, sino que se ha ajustado y se ha adelgazado el conjunto del sector público autonómico con el objetivo inicial que se fijó en la ley de medidas del año dos mil once para el dos mil doce, en ese Presupuesto prorrogado del ejercicio dos mil doce, de reducir el conjunto del gasto en las empresas públicas y en las fundaciones públicas de la Comunidad en un 50 %. Y no es que no solo hayan desaparecido, es que lo poníamos ayer de manifiesto cuando en la comparecencia en la Comisión de Racionalización del Sector Público de la Comunidad se ponía de manifiesto cuál había sido la reducción que en una empresa... en un Instituto Tecnológico Agrario, por ejemplo, había supuesto bajar el Capítulo 1 del orden de... el Capítulo 1 y 2 del orden de 16 millones de euros en un breve espacio de tiempo, del año dos mil diez al año dos mil dieciséis; o como había bajado también, efectivamente, el personal al servicio del ITACYL de 354 personas a 269. Eso lo que pone de manifiesto es que no solo se ha reducido o han desaparecido empresas y fundaciones públicas, sino que las existentes han adelgazado sustancialmente.

Se ha puesto de manifiesto, efectivamente, que había un problema en ese momento puntual en el ámbito del pago y del cobro de las empresas y de las fundaciones públicas. Se produce una evolución favorable en cuanto a esos ratios, con una disminución del orden del 50 % en el ámbito de las empresas públicas, y una reducción menor en el ámbito de las fundaciones, pasando de 185 días a 166 y de 138 a 130. Pero yo sí quiero poner de manifiesto, en ese mismo sentido, que la situación y la evolución ha ido en el tiempo, y a día de hoy -no hay más que consultar los datos públicos del Ministerio de Hacienda- se está prácticamente cumpliendo en el cumplimiento de la ley de morosidad, la Ley 5/2010, que creo que es, obviamente, un elemento fundamental.

Y de morosidad podríamos hablar ¿por qué se producía esa morosidad? Pues, efectivamente, había una enorme morosidad porque... -lo he puesto de manifiesto- porque el principal problema que pone de manifiesto este informe es que el modelo de financiación del año dos mil nueve es un problema para esta Comunidad Autónoma muy importante, pero lo es para el conjunto de las Comunidades Autónomas. Porque usted, señor presidente, ha citado el Plan de Pago a Proveedores. Y, efectivamente, el Plan Pago a Proveedores del año dos mil doce lo que puso de manifiesto es que las Comunidades Autónomas de este país no podían hacer frente al gasto sanitario -competencia cedida por la Administración central-, y en aquel Plan de Pago a Proveedores afloraron ni más ni menos que 16.000 millones de euros del conjunto de las Administraciones autonómicas, del que más del 90 % obedecía a gasto sanitario. Y eso viene motivado porque el modelo de financiación era un modelo insuficiente, más aún en esta Comunidad, en el que no se tuvieron en cuenta las consideraciones... cuando hablamos, por ejemplo, de la población ajustada, consideraciones muy importantes, o consideraciones que vienen recogidas en nuestro Estatuto.

En ese sentido, yo quiero poner en valor el acuerdo adoptado en el conjunto de las fuerzas políticas de esta Cámara para que en la revisión del modelo de financiación esta Comunidad salga mejor parada. Porque, efectivamente, a medio plazo los tipos de interés subirán y la situación de la deuda será más preocupante de lo que es hoy, pero los ratios de la deuda están creciendo en el conjunto de la Administración pública.

Y también quiero terminar rompiendo una lanza a favor del conjunto de las Administraciones autonómicas, con independencia de quién las gobierne. Las Administraciones autonómicas están prestando los servicios esenciales que se prestan en ámbitos como el educativo, el sanitario, o el gasto social, y la deuda de la Administración autonómica, si descontamos el caso excepcional posiblemente de dos Comunidades que tienen una enorme deuda, que son Cataluña y la Comunidad Valenciana, el resto de las Comunidades Autónomas están prestando servicios, en cierta medida de calidad, y tienen un enorme problema de financiación. Y es verdad que, si los tipos de interés suben, la situación será más preocupante; y los tipos de interés subirán, porque no hay que estar... más que hacer el seguimiento de la noticias, y ya en las últimas fechas veíamos como la Reserva Federal está apuntando a tipos de interés de en torno al 3 % en el año dos mil diecinueve, con lo que posiblemente también en Europa a medio plazo los tipos de interés subirán. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Cruz. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Muy brevemente, para hacer una serie de consideraciones o reflexiones. En primer lugar, poner de manifiesto que estos indicadores son absolutamente objetivos, es decir, podrán gustar más o menos, pero son absolutamente objetivos. Y yo sí le puedo decir que el equipo que ha elaborado este informe pues los tiene absolutamente calibrados; y podrán en algunos casos sorprender, pero son plenamente objetivos. Y prueba de ello, también, es como no han sido objeto de réplica en el momento de las alegaciones, lo cual dice mucho en favor de ellos.

Este informe, insisto, es un informe de indicadores, y, si observan -les hemos remitido el pasado veintinueve de diciembre el Plan Anual de Fiscalizaciones correspondiente al año dos mil diecisiete-, ahí se incorpora un informe de fiscalización en el que se va a analizar la situación del sector público de la Comunidad, que se ha modificado como consecuencia de las medidas acordadas para reducirlo. En definitiva, veremos qué es lo que ha sucedido con el sector público empresarial y fundacional antes y después de las tomas de decisiones que ha habido en el conjunto de las Comunidades Autónomas. Y este informe lo vamos a elaborar, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, el conjunto de los órganos de control externo de España. Es decir, habrá, en su momento, pues la posibilidad de examinar y de comprobar cómo en todas las Comunidades las medidas adoptadas para la reducción del sector público empresarial, administrativo o fundacional... los resultados que ha dado, qué ha sucedido con el personal, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a elaborar, insisto, en coordinación con el Tribunal de Cuentas. Y ahí es donde ustedes podrán examinar qué es lo que ha sucedido con cada una de estas empresas públicas, con sus pasivos financieros, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Por lo tanto... pero eso no es objeto de este informe. Y no quiero insistir más en ello. Aquí hemos analizado de una manera agregada lo que son los estados financieros de los tres sectores: el público administrativo, el empresarial y el fundacional.

Después, también significar que después hay un hecho que llama quizás también un poco la atención. Si ustedes han visto, en el sector público administrativo y en el empresarial se ha producido una reducción de los gastos de personal, cuestión que no ha sucedido en el sector fundacional. Es decir, mientras que en los otros dos se ha producido pues ese reajuste, y el Capítulo de Gastos de Personal, el Capítulo 1, ha tenido una contención y una reducción significativo, eso no ha sucedido al igual en el sector fundacional, como ustedes han podido comprobar.

Y, después, yo espero y deseo que se estén reduciendo los pagos de cobro y pago, pero, desde luego, para mí es otra de las reflexiones que yo creo que es conveniente realizar, máxime cuando del examen tanto del sector empresarial como del fundacional se ha producido una mejora más que notable de su solvencia y de su liquidez. Entonces, hay -ustedes estarán de acuerdo conmigo- pues un cierto contrasentido: si para la liquidez... están con una liquidez inmediata y con solvencia, y se efectúan los pagos y los cobros con tanta tardanza. Eso, evidentemente, es algo que pone de manifiesto el informe. Y creo que, con esto, pues las distintas observaciones que se han hecho han quedado adecuadamente contestadas. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente del Consejo de Cuentas. Finalizado el debate, y de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo viernes día tres de febrero a las catorce horas.

Por el señor vicepresidente se dará lectura del último punto del orden del día.

Informe

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Cuarto punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para la presentación del Informe comparativo sobre las Universidades Públicas de Castilla y León.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Hacemos un receso de cinco minutos.

[Se suspende la sesión a las doce horas veinticinco minutos y se reanuda a las doce horas treinta y cinco minutos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Se reanuda la sesión. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el excelentísimo señor don Jesús Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, presidenta. El presente informe corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil quince, y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha trece de octubre de dos mil dieciséis. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el veinticinco de octubre.

Objetivos y alcance. Es una fiscalización de carácter operativo cuyo objetivo general es analizar la evolución comparada, desde el punto de vista de la eficiencia, de la situación económico-financiera y de las titulaciones impartidas por las cuatro universidades públicas de Castilla y León, en base a dos aspectos principales: analizar el mapa de titulaciones vigente en las cuatro universidades públicas de Castilla y León; analizar la situación económica-financiera de las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

Los datos utilizados para el presente informe han sido obtenidos de las cuentas individuales rendidas por las universidades para la formación de la cuenta general de la Comunidad, en la que se incluyen las relativas a las universidades públicas. En cuanto a la información de las titulaciones impartidas y alumnos matriculados, proceden del Sistema Integrado de Información Universitaria, dependiente de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, junto con los datos complementarios facilitados por la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y los aportados por las propias universidades.

El ámbito temporal, en cuanto a la situación económico-financiera, incluye los datos de los ejercicios dos mil once a dos mil quince. Por lo que respecta a las titulaciones, el informe parte del curso dos mil once-dos mil doce y se extiende hasta los datos de matrícula del curso dos mil quince-dos mil dieciséis, aunque de este último no se dispone de los datos de alumnos graduados.

En el informe hay dos áreas diferenciadas: en primer lugar, la correspondiente al mapa oficial de titulaciones, en la que, una vez examinada la situación actual con la ordenación que ha supuesto la aplicación de la Declaración de Bolonia, se han analizado las titulaciones que presentan un déficit más elevado de demanda de estudiantes y las titulaciones cuya oferta se repite en los distintos campus de las universidades públicas. El estudio realizado incluye una visión general del grado de inserción laboral de los graduados universitarios, en particular en aquellas titulaciones que presentan mayores desfases entre las plazas ofertadas y la demanda por parte de los estudiantes y las titulaciones repetidas en varios campus.

Es importante remarcar que el análisis de las titulaciones se realiza desde la óptica de la regulación que de este proceso llevó a cabo la Junta de Castilla y León mediante la aprobación del Decreto 64/2013, de tres de octubre, de reordenación de las enseñanzas universitarias de grado y máster en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, y las actuaciones desarrolladas por la Consejería en el año dos mil catorce, a la vista de las titulaciones deficitarias.

En segundo lugar, el análisis comparativo de la situación económico-financiera de las universidades públicas incluye el estudio del balance de situación y de la cuenta de resultado económico-patrimonial. Se analiza el estado de liquidación del presupuesto; se han obtenido ratios presupuestarias y financieras que ayuden a comparar la situación económica de las cuatro universidades.

Además, se incluye una visión de la evolución del sistema de financiación de las universidades públicas desde los cambios derivados de la aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de veinte de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, hasta la actualidad.

Limitaciones. En el ámbito económico-financiero es de señalar que las universidades no elaboran presupuestos y cuentas anuales consolidadas, por lo cual el análisis se ha visto limitado. Es de destacar también la ausencia de estructuras presupuestarias homogéneas en las cuatro universidades. Debido a las limitaciones existentes, el análisis y las comparativas de este informe relativas a la liquidación presupuestaria se han efectuado a partir de la clasificación económica del presupuesto de ingresos y gastos. A estos efectos, se observa una cierta homogeneidad a nivel de concepto, pero sin desagregación en subconceptos, lo que comporta que cada universidad acude a efectuar su propia subdivisión, circunstancia que impide y limita los análisis comparativos.

Alegaciones. Se remitió el informe para alegaciones a las cuatro universidades, a la Consejería de Educación y a la Consejería de Economía y Hacienda. Se recibieron las alegaciones en plazo, salvo las correspondientes a la Universidad de León, que no han tenido entrada oficial en el registro público, sino que han llegado a través del correo electrónico, por lo que han sido analizadas como extemporáneas. Las admitidas han dado lugar a la modificación del informe provisional, dejándose constancia a pie de página.

Consideraciones relevantes. Antes de entrar en las conclusiones, sí nos parece oportuno hacer las siguientes consideraciones previas para contextualizar el trabajo realizado. La población residente en Castilla y León comprendida entre los 17 y 24 años es previsible que experimente una disminución del 3 % desde el año dos mil dieciséis hasta el dos mil veinte, datos del Instituto Nacional de Estadística. El análisis de la empleabilidad de los titulados universitarios en Castilla y León se ha realizado partiendo de los datos disponibles en el Sistema Integrado de Información Universitario, dentro del cual se encuentran los aportados por el estudio realizado por el Ministerio de Educación en colaboración con la Seguridad Social, en el que se analiza la inserción laboral de los titulados universitarios del curso dos mil nueve-dos mil diez, en base a los datos de afiliación a la Seguridad Social, tomando los disponibles a veintitrés de marzo de cada uno de los años siguientes a la titulación universitaria. El dato analizado no puede asimilarse con la tasa de empleo de los graduados universitarios, sino con los afiliados a la Seguridad Social, bien en el régimen general o en el régimen especial de trabajadores autónomos.

Es de señalar que, de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley de Universidades de Castilla y León y 8.2 de la Ley Orgánica de Universidades, tiene... la implantación como la supresión de enseñanzas de grado y master se adoptarán mediante acuerdo de la Junta de Castilla y León, por iniciativa propia, con acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, o por iniciativa de la propia universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe favorable del Consejo Social.

La base de datos utilizada por la Consejería de Educación para considerar una titulación deficitaria es la correspondiente a la preinscripción de alumnos tomados en octubre de cada año, información disponible en el Sistema Integrado de Información Universitaria. Este dato no coincide necesariamente con el número final de alumnos matriculados, dado que, además de los que proceden de la preinscripción, hay que añadir los que las universidades deben matricular de procedencia distinta.

La implantación de los dobles grados es una decisión exclusiva de cada universidad, que adapta el plan de estudios de las dos titulaciones de procedencia para que la enseñanza pueda impartirse en un período determinado, obteniendo el alumno ambos títulos después de superar un número de créditos establecidos por cada universidad. Es de señalar que la implantación de los dobles grados no cuenta con los mismos requisitos que se exigen a las titulaciones de grado, es decir, no están sujetas al control de calidad de los planes de estudio y a la memoria de implantación que realiza tanto la Agencia de Calidad como el Consejo de Universidades y la propia Administración regional, mediante el informe que emite la Dirección General de Universidades.

La normativa aplicable, esto es, el Decreto 64/2013, establece como único criterio el del número de alumnos para llegar a la conclusión de que una enseñanza es deficitaria. Al respecto manifestamos: "El análisis realizado evidencia que, a pesar de la situación inicial de cada una de las titulaciones, la conveniencia de su mantenimiento puede verse condicionada por otros aspectos, tales como la evolución del mercado de trabajo, la presencia masiva de la titulación en otros campus". Y más adelante continuamos: "En todo caso, todos estos aspectos no acotan las variables a tener en cuenta por la Administración a la hora de definir el mapa de titulaciones, que debería ampliar el análisis relativo a la supresión de enseñanzas con un estudio individualizado de la situación concreta de cada universidad y la evolución de los títulos que cada una ofrece, y adaptar las decisiones que la situación actual demande tanto para implantar nuevas titulaciones como para suprimir aquellas que no cumplan la finalidad última de servicio público vinculado a los intereses de la sociedad". (Páginas 82 y 83 del informe).

Una vez concluidos los trabajos de campo, se ha formalizado el acuerdo entre las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León y la Consejería de Educación sobre la implantación de nuevas enseñanzas de grado y master en el período dos mil dieciséis-dos mil diecinueve. Es conveniente significar que todas las alegaciones presentadas han versado exclusivamente sobre la situación económica-financiera de las universidades, no sobre el análisis que se ha realizado sobre el mapa de titulaciones vigente en las cuatro universidades. A petición del rector de la Universidad de León mantuvimos el pasado veintidós de noviembre una reunión con él, con la vicerrectora de Actividad Docente y la gerente en la sede del Consejo de Cuentas a fin de aclarar distintos aspectos del informe de fiscalización.

Conclusiones. Mapa oficial de titulaciones. Uno. La adaptación de las universidades públicas de Castilla y León al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un excesivo incremento del número de titulaciones de grado y plazas ofertadas en todas las ramas de conocimiento sin que se haya obtenido una respuesta suficiente en los datos de matrícula, de manera que 57 titulaciones de grado, de las 198 totales, tienen una media inferior a 35 alumnos. La oferta de master está sobredimensionada en las cuatro universidades, con una demanda que, en la mayor parte de los casos obtiene una satisfacción de la oferta inferior al 50 %, lo que supone que 79 títulos de los 190 que ofertan tienen una media inferior a 15 alumnos.

Dos. La Universidad de Burgos presenta una situación bastante equilibrada en el análisis conjunto de ofertas de plaza y matrícula de nuevo ingreso. Tan solo la rama de Ingeniería y Arquitectura se encuentra sobredimensionada, con un grado de satisfacción de la oferta decreciente, en torno al 73 %. La oferta de master resulta excesiva para la demanda real de plazas en las ramas de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, y en menor medida en Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. Ciencias de la Salud es la única rama en la que la oferta se ajusta al 100 % a la demanda, tanto en grado como en master, en el curso dos mil quince-dos mil dieciséis.

Tres. La Universidad de León presenta un exceso de oferta de títulos de grado en las ramas de Arte y Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, con una disminución progresiva en ambos casos de la demanda de alumnos de nuevo ingreso, frente a una oferta constante. La oferta de master está sobredimensionada, en términos generales, con una demanda que no supera el 50 % de la oferta. Esta situación es especialmente llamativa en las ramas de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, en la que se observa que la oferta se incrementa hasta en 300 plazas desde el curso dos mil once-dos mil doce, y sus datos de matrícula de nuevo ingreso no superan en los dos casos el 36 % de la oferta.

Cuatro. La Universidad de Salamanca presenta una situación equilibrada en los títulos de grado en casi todas las ramas, salvo en Ingeniería y Arquitectura, en la que la oferta cuenta con una matrícula de nuevo ingreso inferior al 50 %, con una tendencia estable a lo largo de los cursos analizados. La demanda se ajusta casi al 100 % a la oferta en Ciencias de la Salud y, en menor medida, sin llegar al 90 %, en la rama de Ciencias. Esta universidad tiende hacia una mayor especialización en la rama de Artes y Humanidades, con la mayor oferta de títulos de toda la Comunidad y con un grado de satisfacción de la oferta que evoluciona lenta pero favorablemente, desde el 64 % en el curso dos mil once-dos mil doce, hasta el 71 % en el curso dos mil quince-dos mil dieciséis. La oferta de master excede con mucho los datos de matrícula, fundamentalmente en Ingeniería y Arquitectura, que incrementó en 105 el número de plazas ofertadas en el curso dos mil trece-dos mil catorce, a pesar de que la tasa de satisfacción de la oferta del curso anterior a este incremento no llegó al 54 %.

Cinco. Los datos de oferta y matrícula de grado de la Universidad de Valladolid no presentan desajustes especialmente relevantes. La rama de Ingeniería y Arquitectura es la que muestra un grado de satisfacción de la oferta más bajo, pero se mantiene en torno al 74 %, la más alta de la Comunidad, junto a la Universidad de Burgos. Por el contrario, esta universidad presenta la oferta de master más sobredimensionada del conjunto del sistema universitario: en el caso de Ciencias Sociales y Jurídicas el grado de satisfacción de la oferta se queda en el 27 % y en Ciencias de la Salud y Ciencias en el 28 %. En Ciencias de la Salud y en Ingeniería y en Arquitectura los bajos niveles responden a un excesivo incremento de la oferta en los cursos dos mil doce-dos mil trece y dos mil catorce-dos mil quince, años en los que la tendencia de la demanda no era creciente y, por tanto, no permitía aventurar incrementos de los datos de matrícula.

Sexto. Los alumnos matriculados en las universidades públicas disminuyen un 16 % desde el año dos mil once hasta el actual. Con carácter general, esta tendencia es más amplia en los alumnos que proceden de la Comunidad Autónoma frente a los alumnos de otras procedencias. La Universidad de Salamanca es la que presenta mayor capacidad de atracción sobre los estudiantes de fuera de la Comunidad, posiblemente debido a su mayor grado de especialización, frente al resto de las universidades, que experimentan una disminución más homogénea del número de matriculados de una y otra procedencia.

Como ya hemos señalado con anterioridad, la previsible evolución de la población de Castilla y León en el período dos mil dieciséis-dos mil veinte es decreciente, por lo que no es probable que se produzca un incremento de matrícula con estudiantes de la Comunidad. Esta situación permite intuitivamente concluir que las universidades que son capaces de atraer estudiantes de procedencia distinta de la propia Comunidad, tanto por su grado de especialización como por la calidad de la enseñanza impartida, presentan unas mejores perspectivas de recuperación de sus niveles de matrícula.

Séptimo. La rama de Ciencias de la Salud cuenta con los mejores datos de afiliación a la Seguridad Social, seguida por Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas. El peor dato corresponde a Arte y Humanidades, posiblemente por las dificultades de inserción en el mercado laboral. Los mejores datos de afiliación corresponden a los graduados de la Universidad de Valladolid en la mayoría de las ramas del conocimiento: Arte y Humanidades, a pesar de la especialización que tiene la Universidad de Salamanca en esta rama; también tiene buenos datos en la rama de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas, en este caso, junto a la Universidad de Burgos. Los mejores datos de afiliación de la rama de Ciencias de la Salud corresponden a la Universidad de Salamanca, seguida de la Universidad de Valladolid, debido a la elevada inserción de los graduados de Medicina, que solo se imparte en estas dos universidades.

Ocho. La Consejería de Educación no ha desarrollado las competencias que se refieren a la planificación universitaria de la Comunidad Autónoma, es decir, la aprobación de la programación universitaria y el mapa oficial de titulaciones.

Nueve. La actual distribución del número de titulaciones con un exceso de oferta, tanto de títulos de grado y master como de plazas, evidencia que no han sido valorados adecuadamente los criterios previstos en la normativa autonómica para la implantación de enseñanzas, entre ellos, los referentes al estudio del número potencial de usuarios y la aparición de nuevas necesidades educativas.

Décimo. La ausencia de un modelo de contabilidad analítica imposibilita, a la hora de implantar nuevas enseñanzas, la aplicación del criterio relativo a la disponibilidad de financiación suficiente.

Undécima. El decreto aprobado por la Junta para instrumentar la ordenación de enseñanzas no tiene en cuenta otro criterio distinto que el del número de alumnos para posibilitar la supresión de titulaciones, criterios que sí son tomados en consideración para la implantación de nuevas enseñanzas. Tampoco se consideran otro tipo de variables, entre otras, las relacionadas con la repercusión socioeconómica de la titulación y la evolución del mercado de trabajo, que pueden aconsejar la oferta de profesionales en determinadas ramas del conocimiento y, por tanto, condicionar la decisión relativa al mantenimiento de la titulación, a pesar de su bajo nivel de matrícula.

Duodécima. La supresión de cualquier titulación requiere el dictamen favorable de su respectivo Consejo Social.

Decimotercera. De las 198 titulaciones de grado actualmente implantadas en las cuatro universidades de Castilla y León, 57 presentan una media de alumnos en los tres últimos cursos inferior a 35, umbral mínimo establecido en el Decreto 64/2013, por debajo del cual puede iniciarse la supresión de títulos. La distribución de los alumnos de estas titulaciones muestra que en torno al 25, 30 % no proceden de Castilla y León, con la excepción de la rama de Artes y Humanidades en Salamanca, y Ciencias Sociales y Jurídicas de León, con una presencia de alumnos de otras procedencias cifrada en torno al 45 y 55 %, respectivamente. A la vista de los datos de evolución de la población, claramente decreciente, son estas ramas las que más posibilidades presentan de recuperación de su demanda de alumnos por su capacidad de atracción de nuevos estudiantes.

Decimocuarta. A pesar de los datos deficitarios, la Consejería de Educación no ha aplicado el Decreto 64/2013, y no ha iniciado procedimiento alguno para la supresión de titulaciones. Las universidades plantean soluciones alternativas; así, por un lado, acuden a la implantación de dobles grados y enseñanzas semipresenciales, y, por otro, invocan las excepciones previstas en el decreto para eludir el inicio del proceso de supresión. La regla general del decreto no se aplica a las titulaciones con una oferta aprobada por la universidad inferior al umbral mínimo de 35 alumnos. En estos casos, la regulación autonómica no fija un porcentaje mínimo de satisfacción de la oferta, con el resultado de que titulaciones con menos de 10 alumnos dejan de considerarse deficitarias. El criterio que posibilita la supresión de titulaciones no opera para aquellas enseñanzas de grado impartidas por una única universidad de la Comunidad. La aplicación de estas excepciones se traduce en que 11 titulaciones, fundamentalmente la rama de Ingeniería y Arquitectura, dejan de ser deficitarias.

Decimoquinta. Se ha comprobado que la creciente tendencia de las universidades a la creación de dobles grados no cumple el objetivo de incentivar la demanda de alumnos y no ofrece las mismas garantías de calidad que las titulaciones individuales, por cuanto su implantación no está sujeta a los mismos controles. Se comprueba, con carácter general, que los datos de matrícula de los dobles grados se nutren de la disminución de la demanda de las titulaciones individuales de procedencia, que se mantienen y conviven con los dobles grados. De los 24 dobles grados existentes, tan solo 5 cuentan con un índice de satisfacción superior al 50 %. Hay que incidir en que el doble grado no constituye una nueva titulación, sino que su creación es una decisión exclusiva de cada universidad en el ámbito de su autonomía, y no está sometida a los mismos requisitos y controles de calidad que las titulaciones.

Decimosexta. La tasa de afiliación a la Seguridad Social de las titulaciones deficitarias supera el 65 % tan solo en 10 en titulaciones; destacan Odontología, Óptica y Optometría, así como Técnico en Informática de Gestión. Por el contrario, las tasas más bajas de afiliación corresponden a la rama de Arte y Humanidades -incluso están por debajo de los datos de ámbito nacional-.

Decimoséptima. El análisis de la oferta en los distintos campus de las universidades pone de manifiesto una excesiva dispersión de determinadas titulaciones que se imparten simultáneamente en más de tres campus. En algunos casos, con escasa demanda de estudiantes.

Decimoctava. En aplicación del Decreto 64/2013, una vez tenida en cuenta las excepciones previstas en el mismo, hay un total de 20 titulaciones, frente a las 57 iniciales, para las cuales se podría iniciar el proceso de supresión.

Decimonovena. Es necesario, así mismo, abordar la reorganización de los títulos de master que presenten una oferta sobredimensionada, destacando la Universidad de Valladolid, donde la satisfacción de la oferta se sitúa en el 30 %. Hay 79 títulos de master que cuentan con una media inferior a 15 alumnos en los tres últimos cursos anteriores al dos mil quince-dos mil dieciséis. Además, hay que tener presente que, de los 79 títulos de master, tan solo 3 están habilitados para acreditar competencias profesionales que permitan el ejercicio de una profesión regulada.

Análisis económico-financiero. Uno. En cuanto a la liquidación de los ingresos por operaciones no financieras, hay dos períodos diferenciados. Así, entre dos mil once y dos mil trece los ingresos por operaciones corrientes descendieron en las cuatro universidades públicas el 2,6 %. La subida de los ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos no fue suficiente para contrarrestar el importante descenso de las transferencias corrientes. Del mismo modo, en conjunto, los ingresos por operaciones de capital disminuyeron el 32,4 %. En el período dos mil trece-dos mil quince la situación es dispar en las distintas universidades; no obstante, entre el dos mil once y el dos mil quince se ha producido una pérdida de los ingresos corrientes en el conjunto de las universidades del 2,2 %. La minoración de ingresos por operaciones de capital en este período ha sido del 22,7 %.

Dos. La Comunidad de Castilla y León, que tiene la competencia exclusiva en la financiación de las universidades públicas, ha aportado en el período dos mil once-dos mil quince el 85 % del total de los ingresos por operaciones no financieras.

Tercera. En el período dos mil siete-dos mil diez, la Comunidad instrumentó un contrato-programa cuyo objetivo último era alcanzar en dos mil diez una cobertura del 100 % de la parte de los gastos de personal que no dispusiera de financiación específica. Además, había un tramo que se gestionaba en régimen de concurrencia competitiva y un tramo singular. Por otro lado, se suscribió un convenio con cada universidad para la ejecución del programa de inversiones en el período dos mil siete-dos mil once. Así mismo, con todas las universidades, con la excepción de la Universidad de Valladolid, se suscribieron convenios de saneamiento financiero.

A raíz del Decreto 14/2012 se modificó el sistema de financiación. Se incrementaron de modo importante los precios públicos para todas las titulaciones oficiales, no se renovaron los contratos-programa, y se redujeron las transferencias corrientes destinadas a la financiación del Capítulo 1, gastos de personal. Además, se estableció un nuevo sistema de financiación de los gastos de personal, compensando la reducción de las transferencias corrientes con el incremento en los precios públicos de todas las titulaciones y con la financiación de la parte de las becas no financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y, si bien se mantuvieron las convocatorias en régimen de concurrencia competitiva para la financiación de proyectos de investigación, se bajaron las cuantías; se sustituyeron los programas de inversiones autónomos por programas cofinanciados por el FEDER, y, además, se cumplieron los convenios de saneamiento financiero.

Cuarta. Al amparo del real decreto-ley, la Consejería de Educación incrementó sustantivamente los precios públicos de matriculación; así, para las titulaciones de grado fue del 41,8 %, y para las antiguas titulaciones de primero y segundo ciclo, el 37,6 %. Después se han incrementado ligeramente, el 1,4 % y el 1 %, y se han mantenido constantes en el curso dos mil quince-dos mil dieciséis. No obstante, es de señalar que en la actualidad el precio medio de crédito matriculado por primera vez en titulaciones de grado es un 27 % superior al de la media nacional, y en las antiguas titulaciones de primero y segundo ciclo es un 22 % superior. La subida de la recaudación de todas las titulaciones fue de un 52 %. En el período dos mil trece-dos mil quince ha cambiado, pues la recaudación de las titulaciones de primero y segundo ciclo y de grado ha bajado un 14 % conjuntamente en las cuatro universidades públicas; sin embargo, se han incrementado las recaudaciones por master oficial y doctorado.

Quinta. Al no existir contabilidad analítica que permita calcular el coste de la prestación del servicio, se optó por homogeneizar el coste de la matrícula entre las titulaciones análogas de las cuatro universidades públicas, y se cifró su coste en la mitad de la horquilla fijada en el Real Decreto-ley 14/2012, es decir, el 20 %. En definitiva, todos los alumnos de Castilla y León pagan lo mismo, con independencia de la universidad en la que cursen sus estudios.

Sexta. Desde el año dos mil doce hay un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas, que ha supuesto que la transferencia global se ha incrementado en el período dos mil once-dos mil quince en el 2,3 %, mientras que en la época de los contratos-programa el incremento era del 5 %.

Séptima. Las transferencias corrientes y de capital procedente de otras Administraciones públicas distintas de la Comunidad de Castilla y León representan, en el conjunto de las universidades públicas, el 7,8 % de los ingresos no financieros.

Octava. Los ingresos que dependen de las decisiones de las mismas universidades públicas, autónomos o propios, se sitúan en el 7 % de los ingresos no financieros.

Novena. El gasto de personal de las universidades públicas representa en el período dos mil once-dos mil quince el 69,1 % del gasto total de operaciones no financieras. Se ha producido una contención de este gasto, pues en cinco años solo se ha incrementado en un 1 %, aunque en el caso de la Universidad de Salamanca ha descendido el 1,8. Es de señalar que la Secretaría General de la Consejería de Educación ha de autorizar los costes de personal con carácter previo a la aprobación de los Presupuestos. Es preciso indicar que las universidades públicas solicitaron la pertinente autorización, y que, tanto en presupuestos como en liquidación, no se superaron las cantidades autorizadas.

Décima. El gasto corriente en bienes y servicios de las universidades públicas representan, en el período dos mil once-dos mil quince, una media del 14,6 % del gasto total por operaciones no financieras; en conjunto ha disminuido el 16 %.

Undécima. Los gastos financieros han descendido claramente, al disminuir el endeudamiento bancario en el 72 %.

Duodécima. El gasto ejecutado en inversiones reales en el período dos mil once-dos mil quince ha representado el 12,8 %. Ha disminuido en conjunto en 8.550.532 euros, si bien se ha repartido de forma desigual entre las cuatro universidades públicas; así, 2 han experimentado importante retroceso, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, mientras que las otras 2 han incrementado esta partida.

Decimotercera. El gasto en investigación en el conjunto de las universidades públicas ha disminuido 11.533.689 euros, 24 %. No obstante, en el período dos mil catorce-dos mil quince se incrementó en 5.117.478 euros.

Decimocuarta. En conjunto, las cuatro universidades públicas, en el período dos mil once dos mil-quince, han disminuido los ingresos por operaciones corrientes en 10.732.366 euros. La caída de los ingresos corrientes ha sido muy bien afrontada por las universidades públicas, al reducir el gasto corriente en una cuantía superior, exactamente en 15.850.584 euros. Ello ha comportado que el ahorro bruto o saldo por operaciones corrientes haya mejorado en más del 11 %. El resultado presupuestario por operaciones no financieras en el conjunto de las universidades públicas en los cinco años ha ascendido a 107.544.357 euros.

Decimoquinta. El endeudamiento neto ha disminuido en 27.253.371 euros, si bien hay que indicar que la Universidad de Valladolid carecía de endeudamiento.

Decimosexta. La mejora de la situación económica en el período ha supuesto que los remanentes de tesorería totales se hayan incrementado en su conjunto un 146 %, con saldos en cuentas bancarias, a treinta y uno de diciembre de dos mil quince, de 151.346.323 euros. La Universidad de Salamanca y la Universidad de León han decidido que los remanentes de tesorería de libre disposición se aplicasen a la amortización anticipada de su endeudamiento o de sus entidades.

Recomendaciones. Primera. Se recomienda que las universidades públicas adapten la oferta de plazas a la evolución real de los datos de matrícula, corrigiendo los desajustes detectados.

Segunda. Las universidades públicas deberían prestar especial atención a las demandas de los estudiantes que procedan tanto de las provincias de la Comunidad como de otras procedencias para mantener los niveles de matrícula, a la vista de la evolución de la población de Castilla y León. Los mayores niveles de especialización y la tendencia del mercado de trabajo deberían orientar las decisiones de las universidades públicas.

Tercera. La Junta de Castilla y León, en el ejercicio de sus competencias, debería aprobar la programación universitaria, en la que se incluyan las enseñanzas, servicios y actividades que se ofrecen de manera continuada por las universidades públicas, y el mapa de titulaciones en el que se reordene la actual oferta de títulos.

Cuarta. Las universidades públicas deberían considerar los criterios establecidos en el Decreto 64/2013, relativos a la implantación de nuevas enseñanzas, de manera que las autorizaciones de nuevos títulos vayan precedidas por el debido análisis de la demanda de estudiantes, las necesidades educativas y el estudio de la tendencia del mercado de trabajo, de tal modo que no se proponga la autorización de títulos en aquellas ramas que cuenten con una evolución decreciente de la demanda de nuevo ingreso.

Quinta. A la vista de los resultados analizados, las universidades públicas deberían replantear la oferta de dobles grados para incentivar la demanda de sus titulaciones deficitarias. Además, los dobles grados deberían someterse a los mismos controles de calidad que el resto de las titulaciones.

Sexta. La Junta de Castilla y León debería modificar el Artículo 6 del Decreto 64/2013 para incluir otros criterios para la supresión de titulaciones, como el coste de las titulaciones, la demanda de estudiantes, el análisis del entorno socioeconómico o el mercado de trabajo.

Séptima. Se recomienda prestar atención a la excesiva presencia de determinadas titulaciones en la mayoría de los campus de las universidades públicas que presentan bajos datos de matrícula.

Octava. La aplicación de las excepciones previstas en el Decreto 64/2013 permite concluir que el conjunto de las universidades públicas de Castilla y León cuenta con 20 titulaciones de grado deficitarias. La necesaria reordenación del mapa de titulaciones debe tener en cuenta la posibilidad de financiación de la actual situación de las enseñanzas implantadas, muchas de ellas con un número deficitario de alumnos. Entendemos que ha de propiciarse una mayor especialización, de manera que se eliminen enseñanzas repetidas, iguales o similares, y se concentre la oferta, con el correspondiente ahorro de costes, en una única universidad.

Novena. Se recomienda iniciar el proceso de supresión de 79 titulaciones de master que cuentan con un número inferior al previsto en la normativa autonómica. Asimismo, se recomienda modificar el Decreto 64/2013, en el sentido de dar cabida a otros criterios adicionales al número de alumnos. Se podría considerar el coste de mantenimiento de las titulaciones, así como la conexión de las mismas con el mercado de trabajo.

Décima. A los efectos de avanzar en la consolidación de los presupuestos y de las cuentas anuales de las universidades públicas y sus entidades vinculadas y dependientes, se recomienda: los consejos sociales, al tiempo de aprobar los presupuestos de las universidades públicas, deberían aprobar los correspondientes a las fundaciones, empresas y otras personas jurídicas participadas mayoritariamente por estas. Han de realizarse los presupuestos por los servicios contables de las propias universidades públicas. Los consejos sociales han de aprobar también las cuentas anuales consolidadas del grupo de las universidades públicas, sus entidades vinculadas y dependientes, correspondiente a los servicios contable de las universidades públicas su elaboración. La Junta de Castilla y León, en el ejercicio de sus competencias, debería establecer las normas y procedimientos en base a los cuales las universidades públicas deberían elaborar, formular y aprobar los presupuestos y cuentas anuales consolidadas. La Consejería de Economía y Hacienda debería derogar su Plan Contable Público de mil novecientos noventa y seis y elaborar un nuevo plan general de contabilidad pública adaptado al Plan General de Contabilidad estatal, aprobado según Orden 1307/2010. El Plan de Contabilidad de mil novecientos noventa y seis presenta importantes deficiencias en cuanto a la contabilidad de las empresas y fundaciones que sí se han adaptado a la nueva normativa contable, al ser necesaria la consolidación de sus cuentas con las de las universidades públicas, lo cual técnicamente es muy complicado. En tanto no se apruebe un nuevo plan contable para la Comunidad, a efectos de consolidación de las cuentas anuales, las universidades públicas podrían aplicar la Orden 1307/2010, que establece normas contables para la formulación de cuentas anuales consolidadas.

Undécima. La Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda, en coordinación con las universidades públicas de Castilla y León, debería dictar una norma que armonizase las estructuras funcionarias... funcionales, orgánicas y económicas de los presupuestos universitarios a las normas que, con carácter general, se establezcan para el sector público, dado que las universidades públicas forman parte del sector público autonómico, de acuerdo con la Ley de Hacienda de la Comunidad, y además porque esta misma ley señala que las universidades públicas acomodarán la estructura de sus presupuestos a lo establecido en ella. Ello significaría una mayor transparencia y permitiría a la Comunidad, a partir de la misma información presupuestaria, para poder calcular los precios públicos de las matrículas universitarias a partir de los costes de docencia extraídos de los nuevos módulos de contabilidad analítica.

Duodécima. Al amparo de las modificaciones efectuadas en la Ley Orgánica Universitaria por el Real Decreto-ley 14/2012, las universidades públicas de Castilla y León deberían, de forma coordinada y conjunta, realizar las siguientes actuaciones: proponer mejoras en la regulación de la Ley de Universidades de Castilla y León, a efectos de que se modifique el modelo de financiación de las universidades públicas para que se adapte a los cálculos y al sistema utilizado actualmente por la Consejería de Educación. Este modelo ha de cimentarse, además de mantener las transferencias corrientes de capital, en los precios públicos de matriculación en las titulaciones oficiales acordados por la Comunidad Autónoma. El modelo nuevo debe garantizar que ambos tipos de ingresos se fijen y calculen de forma coordinada y que se proporcionen a las universidades públicas los recursos necesarios para dar cobertura al total del gasto no financiero de sus presupuestos. Implementar un módulo de contabilidad analítica común y uniforme para las universidades públicas, que posibilite el cálculo real del coste de la docencia sobre el que debe girarse el precio público que los alumnos deben satisfacer. Se indicará de forma clara y precisa en los impresos de matrícula la parte del coste de la matrícula que financian los alumnos con los precios públicos que satisfacen. En base a estos módulos de contabilidad analítica, las universidades públicas deberían calcular el resto de los costes, los cuales deben ser comunicados a la Consejería de Educación. Para garantizar que la evolutiva del gasto no financiero de las universidades públicas no presione al alza, las transferencias autonómicas y los precios públicos a satisfacer por los alumnos, las universidades públicas deberían calcular adecuadamente el límite de gasto no financiero y cumplir la regla de gasto y la estabilidad en términos SEC, sobre la que este límite se articula. Solicitar a la Comunidad Autónoma la aprobación de un contrato-programa de carácter plurianual, similar al suscrito en el período dos mil siete-dos mil diez, que garantice unos recursos mínimos de transferencias corrientes y precios públicos a las universidades públicas, mejorando de este modo su planificación y gestión presupuestaria. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, y en ausencia del portavoz del Grupo Mixto, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Mitadiel.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. Me parece que el informe que ahora analizamos describe una situación que ya conocíamos, pero le pone datos, con lo cual, evidentemente, nos pone frente a una realidad. Es verdad que seguramente en la Comisión de Cultura este tema ya será un tema que hayan tratado o... y, si no, que tendrán que tratar, porque plantea un problema que, por primera vez desde que estamos... o desde que estoy en esta Cámara, las recomendaciones –algunos de ellas- no las comparto con el Procurador de... del Común. Quizá porque frente a la racionalidad económica está también la racionalidad social; y me parece que tenemos que conjugar los dos elementos, ¿no?

¿Por qué... por qué planteo esto? Y voy a empezar por las cuestiones de carácter general. Porque, efectivamente, lo que... los datos que plantea el informe del Procurador del Común son incontestables, es decir, tenemos 57 titulaciones con menos de 35 estudiantes, tenemos master con menos de 15 alumnos, y, por lo tanto, eso genera una serie de efectos. Pero lo que sí es cierto es que hay un problema de accesibilidad, en el sentido de que esta dispersión de titulaciones ha posibilitado el que gente que no tendría acceso a matricularse en una ciudad distinta pueda estudiar la carrera que quiere; y, por lo tanto, pues eso tiene un coste social. El eliminar determinadas titulaciones puede poner en riesgo, precisamente, esa accesibilidad, porque nuestro sistema de becas es manifiestamente mejorable, por decirlo de una manera suave. Con lo cual, no nos garantiza que los estudiantes que perdemos en estas titulaciones los vayamos a ganar de ninguna de las maneras.

Con... voy a empezar por el mapa de titulaciones. Quizá una consideración más, y es el que creo que todos los que estamos en esta Comisión compartimos que la educación es fundamentalmente una inversión de futuro, una inversión en la que permite igualar las diferencias sociales. Por lo tanto, la educación es algo en lo que creo que no gastamos mucho, creo que no hay que disminuir el gasto, que no hay que... perdón, racionalizar sí, hacerlo más eficaz también, pero, en todo caso, creo que es el gasto mejor efectuado o uno de los mejores efectuados dentro de la Comunidad. Por lo tanto, de lo que se trata es de que, atendiendo a criterios, que no se pueden olvidar, de racionalidad económica, no olvidemos el papel de la educación, y, en este caso, la educación superior tiene esos efectos. Otros, el fijar población; no nos olvidemos del tema. La experiencia personal es que, cuando los muchachos se marchan a estudiar fuera, probablemente ya no vuelven, en un porcentaje elevadísimo; perdemos capital humano. Todo este tipo de consideraciones que hay que tener y que hace que, frente a un documento al que yo no puedo discutirle nada, porque me parece que dice lo que tiene que decir, hay que oponer también otra racionalidad.

Después, también hay que hacer alguna crítica o autocrítica, en el sentido de que buena parte de esta situación es provocada porque en su momento hubo una cierta laxitud en la concesión de nuevas titulaciones, sin un estudio de demanda, sin una prospección de mercado laboral, se aceptaron como estudios cuentos que eran los de la lechera, y eso, bueno, pues lo... de alguna forma, lo estamos pagando. Creo que, efectivamente, hubo un excesivo incremento del número de titulaciones.

¿Qué problemas tenemos? Ya los ha descrito perfectamente, y, por lo tanto, voy a hacer un resumen rapidísimo. En el tema de grado -que incluso yo distinguiría los efectos sociales del grado y el master; pero, bueno, al final tampoco es mucha la distinción-: 57, de 98... de 198, menos de 35 alumnos; 79 master, de 190, media inferior a 15. Después, con respecto a las diversas universidades, en grado, Burgos problemas en ingeniería y arquitectura. Por cierto, esto se repite también en León y en Salamanca. Con respecto al tema de los master, es generalizado en toda la Comunidad. Creo que ese es uno de los temas comunes; dice que especialmente en Valladolid, pero yo creo que afecta a todas las universidades de la Comunidad. Y hace un análisis en el que, bueno, pues nos plantea un problema que también hay que considerar, y es la evolución de las matriculaciones, en el que, además del tema vegetativo -hasta ahora, desde el dos mil once, se han disminuido en el 16 %-, creo que tenemos que considerar otros aspectos, y es un aspecto que me parece muy importante.

Ha hecho usted referencia a los incrementos que se produjeron en el precio de las matrículas, no recuerdo en qué año, pero del 41,80 % en las de grado y el 37,60 % en las que todavía tenían las titulaciones de primer y segundo ciclo, lo cual nos situó con el 27 % superior a la media nacional. Y cabe plantearse: ¿habrá tenido alguna influencia en el descenso de la matriculación el que nuestras titulaciones sean más caras que las de su entorno? No puedo responder a esta pregunta, pero sería bueno hacerse un... hacer un análisis de eso. Porque otro de los datos que usted manejó es que, en principio, la recaudación por matrículas subió el 52 %, y, sin embargo, en el período siguiente, dos mil trece-dos mil quince, disminuyó el 14 %. Bueno, me parece que, a lo mejor, la política precios no ha sido precisamente la más afortunada.

Con respecto a la situación de las universidades, desde el punto de vista de situación económica, de situación contable, primero destacar una cuestión, y que incide en lo que hemos hablado anteriormente: la ausencia de contabilidad analítica es un problema importante, y lo notamos ahora, cuando estamos analizando qué coste tendrían los master, por ejemplo. Cuando estamos hablando de esto, no podemos saberlo, ¿no?

Con respecto a lo anterior, también comentar un tema, y es que todas las universidades, los intentos que han realizado para incrementar el alumnado, hasta ahora, no han sido eficaces. El tema de los dobles grados, efectivamente, comparto con el Consejo de Cuentas, no ha sido, precisamente, una idea que haya incrementado los alumnos, aunque no acabo de entender la relación que establece el Consejo de Cuentas entre la existencia de los dobles grados y la calidad. Es verdad que siguen distintas normas en cuanto al... en cuanto a la concesión de los dobles grados, pero no acabo de ver la conexión en que eso se traduzca en una menor calidad. A lo mejor la hay, pero yo, desde luego, no la veo.

En cuanto a los temas estrictamente económicos de las universidades, decir que, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, tiene mucho mérito lo que han hecho algunas de las universidades, que partían en los años anteriores de un desequilibrio muy importante y que, sin embargo, bueno, pues han conseguido que la situación que se nos presenta aquí sea razonablemente buena; es verdad que a costa de temas muy importantes, como es la disminución del gasto en investigación, que esto ha tenido unos efectos, yo creo, malos, y, sobre todo, va a tener unos efectos malos en el futuro. Pero, una vez dicho eso, bueno, pues me parece que lo que han hecho las universidades, bueno, ha sido situarse en una posición en la que se pueden permitir el afrontar el futuro.

¿Qué más comentar con respecto al tema de las recomendaciones? Bueno, pues lo analizaré, en todo caso, en mi segunda intervención, pero creo que todo lo que usted ha... o lo que el Consejo ha planteado hay que atemperarlo con las... el impacto social. Estoy totalmente de acuerdo en lo que ha planteado usted con respecto a que no se ha cumplido...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Señor Mitadiel, tiene que ir acabando, por favor.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

(Acabo, presidenta). ... que no se ha cumplido la normativa existente y que, además, de la misma forma que para la constitución, teóricamente, hay... o para las nuevas titulaciones hay que analizar cuestiones de impacto de empleo, etcétera, etcétera, para retirarlas también hay que analizarlo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. En turno de intervención, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, tiene la palabra el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Bueno, voy a intentar... voy a intentar ser breve en la medida de lo posible, porque yo creo que el interviniente anterior también ha hecho una intervención que coincide con la línea que yo voy a tener, y yo creo que coincide con la línea que podamos tener el resto de grupos políticos precisamente en esta Comisión. ¿Por qué? Porque, cuando hablamos de universidades y hablamos de criterios económicos, evidentemente, yo no puedo... no discrepo con el informe del Consejo de Cuentas. Evidentemente, es impecable cuando habla de que existen 79 masters, en este caso, que deberían... que no tienen los alumnos necesarios; cuando habla de que existen 20 titulaciones que se podría iniciar el proceso de supresión, porque no tienen los alumnos necesarios; con los criterios económicos que manifiesta el Consejo de Cuentas, pues es evidente que es una opinión que puede ser compartida por todos. Pero, claro, nosotros, cuando hablamos, en este caso, de un informe sobre universidades, nosotros reivindicamos que los criterios económicos deben de estar subordinados a los criterios sociales. Es decir, también me pasa que, por primera vez, no puedo compartir, en este caso, el criterio del Consejo de Cuentas, y no puedo apoyar, en este caso, las recomendaciones del Consejo sobre las universidades públicas de Castilla y León.

Y otra de las cosas que yo creo que se evidencia en este informe es el fracaso del Plan Bolonia, un Plan Bolonia que fue ampliamente contestado por la comunidad universitaria en su conjunto, y que inició una de los ciclos de movilización social más amplios en la historia de este país, que culminara después con el 15-M o el movimiento 15-M. Porque, cuando hablamos de universidades y hablamos de Plan Bolonia, hablamos de un fracaso sin paliativos. Y es que el Plan Bolonia era un plan muy ambicioso, pero que, evidentemente, si no destinaba de recursos ni de fondos públicos, pues, evidentemente, no podía ser cumplido. Y otra de las claves que tenía el Plan Bolonia es que, cuando se hablaba de complementar la formación con los masters universitarios, el Plan Bolonia no hablaba de que los masters universitarios tuvieran que suponer un coste extra para las familias de nuestra Comunidad Autónoma o de nuestro país, como así lo ha supuesto y lo está suponiendo en este caso.

Referido ya al informe más concretamente, cuando hablamos de universidades en Castilla y León tenemos que tener clara dos cosas, yo creo: uno, la dispersión poblacional que sufrimos en nuestra Comunidad Autónoma; y la ausencia de un sistema de becas o -vamos a decirlo así- la deficiencia de un sistema de becas que permitan la movilidad de nuestros jóvenes en Castilla y León. Hablamos de una crisis económica que ha supuesto una merma de ingresos en la mayoría de las familias, y hablamos de que los alumnos de Castilla y León tienen que desplazarse a otras provincias o a otras ciudades, especialmente los del medio rural, para poder abordar sus estudios universitarios; esto es muy difícil cuando no existen unas becas que posibiliten esa modalidad. ¿Qué nos encontraríamos si suprimiéramos, posiblemente, esos 20 grados? Pues que, evidentemente, los alumnos deberían afrontar muchísima mayor movilidad geográfica, pero, como no existen una becas pertinentes para ello, pues, evidentemente, nosotros no podemos estar de acuerdo con lo mismo.

Por lo cual, yo pienso que no tenemos que reducir el mapa de titulaciones. Desde Podemos pensamos que la oferta de masters y la oferta de titulaciones es adecuada. Sí que es verdad que habrá que repensar cierto tipo, en este caso, o algún pequeño master o alguna pequeña titulación, pero, evidentemente, no podemos compartir el criterio general del Consejo de Cuentas, en este caso, en este sentido.

Siguiendo con el informe del Consejo de Cuentas, no podemos obviar, también, que Castilla y León es una de las 3 Comunidades con las tasas más caras, en este caso, de toda España. ¿Por qué? Porque ya creemos que es injusto que nosotros seamos la tercera Comunidad con las tasas en grados más caras de toda España, después de Madrid y Cataluña, porque, evidentemente, la calidad de las universidades públicas de Madrid y Cataluña es superior a la de Castilla y León. No pensamos que sea de recibo que Castilla y León sea una de las 3 Comunidades con precios mínimos para los grados por encima de 1.000 euros. En cuanto a los masters habilitantes, Castilla y León es la segunda Comunidad con tasas más caras, con una media de 1.967 euros por curso. Por no hablar ya de la matrícula anual por tutoría académica en los casos de doctorado, que en Castilla y León es 7 veces más que una de las Comunidades con las que al Partido Popular les gusta hacer comparaciones, que en Andalucía. Es decir, una matrícula en un doctorado cuesta 7 veces más que en Andalucía. Esa es la política en educación del Partido Popular en Castilla y León.

Yo creo que, una vez analizados estos datos de partida, y sin cuestionar, como ya digo, la impecabilidad del informe, en el sentido económico, del Consejo de Cuentas, tenemos que decir que, desde nuestro grupo político, por encima del criterio económico para analizar la situación de las universidades de Castilla y León, vamos a primar, en este caso, el criterio social. ¿Por qué? Porque pensamos desde Podemos que el carácter social de las universidades debe ser mantenido y debe ser fundamental a la hora de abordar las políticas universitarias en nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido, constatamos un hecho objetivo, que se constata también en el informe, que es que en Castilla y León hay una caída en la demanda de alumnos, una caída en la demanda de alumnos que se sustancia en un 16 % menos durante el período dos mil once y dos... el período que va de dos mil once al dos mil quince. ¿Por qué? Yo creo que esto se debe a la propia dinámica de la evolución poblacional de Castilla y León y también a la situación económica, muy mala, que ha atravesado en este caso nuestra Comunidad Autónoma.

No pensamos, por tanto, y no coincidimos con el criterio del Consejo de Cuentas en este informe cuando habla de que hay un total de 20 titulaciones para las que se podía iniciar el proceso de supresión, o cuando se recomienda iniciar el proceso de supresión de hasta 79 titulaciones de master. Creo que aún nos quedan dos años de legislatura en estas Cortes de Castilla y León en las que plantearemos un debate tan interesante como es el debate sobre universidades públicas, un debate sobre el mapa de titulaciones, un debate sobre las tasas y un debate sobre el papel que juegan las universidades públicas en Castilla y León en el futuro del mercado laboral, en la formación de nuestros jóvenes y, sobre todo y especialmente, en -en este sentido- la cohesión en la Comunidad Autónoma y su estructura y vertebración territorial. Por eso, no podemos obviar que en este período dos mil once-dos mil catorce ese 16 % de alumnos menos suponen 10.000 alumnos menos en las universidades de Castilla y León. Creo que este es un fracaso de todos, creo que este es un fracaso compartido, pero creo que este es especialmente un fracaso en las políticas universitarias del Partido Popular, que es quien sustenta el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Es importante, en opinión de mi grupo político, seguir manteniendo, como ya digo, que el acceso a la educación superior mantenga como prioridad la igualdad de oportunidades para todos sus estudiantes. Como decíamos ayer "el hijo del obrero a la universidad", hoy decimos "cualquiera que tenga las facultades y los conocimientos, que no le impidan, en este caso, los recursos económicos acceder a la universidad".

Por eso, no compartimos, y denunciamos que Castilla y León es una de las Comunidades con las tasas más caras, como ya digo, de toda España, y por eso no vamos a poder apoyar, en este caso, las recomendaciones del Consejo de Cuentas esta vez. Entiéndalo, pero para nosotros los criterios sociales, en este sentido, van a primar por encima de los criterios económicos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez Romero. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor de Pablos.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Gracias, señora presidenta. Permítame que lo primero que haga en nombre del Grupo Socialista es agradecer al presidente del Consejo de Cuentas su presencia y su intervención para explicar un informe que para nosotros es muy importante, de comparación entre las universidades. Y también quiero reconocer el trabajo de los técnicos y de los consejeros que han tenido al respecto.

El informe –lo planteaban- tiene un objetivo doble: por un lado, analizar el mapa de titulaciones; por otro, una visión de la situación económica-financiera de las universidades. Y quiero reconocerles que los datos incorporados son una buena fotografía; esa fotografía luego tiene que tener lecturas -se han hecho ya por parte de otros grupos- desde el punto de vista político. Les decimos que en la primera parte de las recomendaciones, las que tienen que ver con el mapa de titulaciones, nuestro grupo tampoco las respaldará.

Miren, nos parece que el real decreto... el Decreto 64/2013 de la Consejería de Educación, que es el que se utiliza como modelo para el mapa de titulaciones, en su decisión de tener un criterio exclusivamente numérico, con algunas excepciones, pues no fue un acierto. En la medida en que ese decreto se utiliza como base, como no puede ser de otra manera, porque está vigor, por el Consejo de Cuentas, pues lleva a circunstancias cuanto menos difíciles de entender. Permítanme que les haga referencia a alguna.

En el cuadro 24, de la página 44, se relacionan 52 titulaciones, se tienen en cuenta los datos del curso catorce-quince, y 57 con los del quince-dieciséis. Pues bien, ahí nunca debieron aparecer algunas de las titulaciones que aparecen. Fíjese, no debió aparecer ni Óptica y Optometría de la Universidad de Valladolid, ni Odontología de Salamanca, por poner un ejemplo, ni alguno más; permítanme que me explique. En el caso de Odontología, el límite de plazas es 30 -es razonable-, el mismo límite que en el caso de Óptica -es razonable-. Han cubierto el 100 % de sus plazas. ¿Cómo pueden aparecer en un cuadro que se encabeza como "titulaciones deficitarias"? Es difícil de entender. También es de entender difícil que, cuando se refería el señor presidente a estas mismas en su nivel de inserción laboral, se haya referido como titulaciones deficitarias. No lo son. El error está en tener criterios exclusivamente numéricos. Fíjese, Odontología tiene una nota de corte de 11,989, una de las más altas de España. Cualquiera que lea esta referencia va a ser difícil de entenderlo. Es verdad que luego no se mencionan entre las que son susceptibles de eliminar, porque se hacen respecto a esa cuestión genérica de que están dentro de las excepciones. Pero nosotros respetamos tanto el trabajo que se hace en esta Cámara, y al respecto, que lo hacemos con la mejor de las aportaciones en esta referencia.

Miren, no estamos de acuerdo en las recomendaciones, especialmente no estamos de acuerdo en la 7 y en la 8. Dice la 7 textualmente que hay unas titulaciones, que se enumeran (que son: Historia, Lengua Española y Literatura en la Universidad de León; Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Segovia; Turismo en Ávila y en Segovia; Administración y Dirección de Empresas en Soria y Segovia; Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Industrial y Automática en Béjar; Educación Infantil en Ávila, Zamora y Segovia), que tienen bajos datos de matrícula. Es objetivo, pero la recomendación número 8 dice después que se recomienda que la Junta o la propia universidad inicien los procedimientos para la supresión de las que tienen un bajo número de matrícula; por tanto, estaremos refiriéndonos a estas. Fue muy noticiable cuando se presentó en su momento este informe. Pues bien, no se va a hacer, porque hay un acuerdo del mapa de titulaciones, posterior a este informe, que habrá –y nos parece bien en ese caso- un período de 3 años para presentar planes de viabilidad. Esperemos a ver qué ocurre al respecto.

Pero miren, también lo queremos decir -lo decían antes Ciudadanos y Podemos-, tenemos que pensar en la rentabilidad social de la universidad en las capitales de provincia que no son cabeceras de universidad, por entendernos, y especialmente en Ponferrada y en Béjar la universidad tiene un valor social incalculable. En estos últimos casos, además, con las circunstancias que han pasado con la minería, o con la pérdida de población y de actividad en el sector textil en Béjar, tiene también que ser un elemento de lucha contra la despoblación. Por eso, no vamos a aceptar lo que recomiendan -entiéndanlo, desde todo el respeto al que lo hacen-, porque tenemos que hablar, mucho más allá de una cuestión exclusivamente económica, al respecto.

Y, bien, lo que ocurre también es que dentro de su informe hay circunstancias, como casi todo, que están en el ámbito de la realidad. Y la segunda parte de la recomendación 7 que plantean tiene algo que nos parece razonable, y es que se revise, desde el respeto a las universidades, la conveniencia de mantener en la mayor parte de los campus de la universidad los grados de Educación Infantil, Primaria y Enfermería, a la vista de los datos de afiliación a la Seguridad Social de los egresados. Fíjese, le decíamos que nos parecía bien, en el acuerdo de nuevas titulaciones, lo que tiene que ver con ese período para plantear planes de viabilidad; lo que nos parece muy mal –y lo hemos dicho públicamente y en esta misma sala al consejero- es que en ese mapa se haya permitido barra libre a las universidades privadas.

Estamos de acuerdo en esa sobresaturación de titulaciones. Pues fíjense, la Consejería ha permitido en julio incorporar Educación Infantil y Educación Primaria en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, un absoluto sinsentido; que, por cierto, las llevaron a cabo, sus validaciones, sin respetar el acuerdo que había previamente en el Consejo de Universidades de Castilla y León. No solo eso; en total, 25 nuevos grados en las cinco universidades privadas se van a poder impartir, muchos de ellos, por cierto, tienen que ver con grados que ya se imparten en las universidades públicas. No se buscó nuestro consenso en ese acuerdo, hoy es lo de menos, pero, como dato, se plantea la supresión de 79 másteres. No estamos de acuerdo, porque, entre otras cosas, muchos de esos másteres lo que permiten es mantener actividad también a los docentes, y, si no se hicieran, les dejaríamos un hueco absoluto por una parte de los estudiantes. No tienen un coste añadido a las universidades. Y, planteando esa supresión, el acuerdo permite que las universidades privadas incorporen inmediatamente 59 nuevos másteres, la mayoría coincidentes con los que hay en las universidades públicas. No nos parece que sea razonable.

Pasamos a la segunda parte, al ámbito de la financiación. Si analizamos los datos que hay en las páginas 96, 97, 98 y posteriores, se ve el impacto de los recortes. Si tomamos referencia en el año dos mil once, las universidades públicas han dejado de recibir en transferencias corrientes 136 millones de euros; en concreto, 367 millones recibieron en el dos mil once, ya bajaron a 328 en el dos mil doce, y se han mantenido en ese entorno, 332 en el trece, 330 en el catorce, un poco más –hay que decir por qué, por la subida del 1 % de la paga a los funcionarios- en el dos mil quince. La Universidad de Burgos se ha visto recortada en 7.000.000, la de León en 21, la de Salamanca en 59 y otros 59 en Valladolid.

Con esos datos, quiero decirle al señor presidente, del que tengo la mejor de las opiniones personales y políticas, que no he entendido bien lo que ha leído usted en la página 13, apartado 6, diciendo que el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas ha supuesto que la transferencia global se haya incrementado en el período dos mil once-dos mil quince un 2,3 %. Eso no casa absolutamente nada con los resultados que tiene el informe ni con la realidad. Lo que se aportó en el dos mil quince es objetivamente mucho menos de lo que se aportaba en el dos mil once. Por tanto, no ha habido ningún incremento al respecto.

Han hecho algunas referencias antes a las tasas –voy finalizando-, y en esa referencia de las subidas que hubo en unos años y la bajada de otro, la bajada del 14 % tiene dos componentes, y creo que es bueno que lo sepamos, porque no ha habido bajada en las tasas: una tiene que ver con la disminución de estudiantes, pero otra, y hay que ser objetivos –nuestro Grupo aquí nunca miente-, es que ese año, el trece, se finalizaron los planes antiguos y, por tanto, finalizaron titulaciones de cinco años pasando a cuatro. Ese hecho, por sí mismo, ya produce una disminución de estudiantes en lo que son los grados.

Miren, el incremento que traslada el informe sobre cuánto han pagado más las familias por tasas en Castilla y León entre el doce y el quince es espectacular: 80 millones de euros más. Usted conoce nuestra posición bien. Nosotros creemos que el incremento de tasas sin una política de becas correspondiente es un ataque absoluto a la igualdad de oportunidades dentro de la educación superior. Y por eso vamos a seguir defendiendo que la Junta de Castilla y León armonice las tasas a la media de lo que es España y, junto con ello, se incremente, para no producir un deterioro en la economía de las universidades, la transferencia corriente.

Finalizo diciéndoles que vamos a apoyar con entusiasmo la... una parte de sus recomendaciones, en general casi todas las que tienen que ver con los cambios que se plantean en financiación, pero sobre todo con un párrafo -con el mismo entusiasmo que lo apoyamos cuando lo trajeron en cada uno de los informes de las universidades públicas, cuando vinieron previamente-, ese que dice textualmente: "Solicitar a la Comunidad Autónoma la aprobación de un contrato programa de carácter plurianual similar al suscrito en el período dos mil siete-dos mil diez que garantice unos recursos mínimos en materia de transferencias corrientes y precios públicos a las universidades públicas, mejorando de este modo su planificación y gestión presupuestaria".

Nuestro reconocimiento por su trabajo, por los datos; pero, si esto se lleva a la práctica cuando el Grupo Popular... cuando las Cortes, mejor dicho, reciban de parte de la Junta el Presupuesto del dos mil siete, por lo menos algo habremos conseguido.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor de Pablos. Para concluir este primer turno de intervenciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Blanco.

LA SEÑORA BLANCO LLAMAS:

Sí. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, nuestro grupo quiere agradecer también al presidente del Consejo de Cuentas y a todo el equipo el informe tan exhaustivo que nos ha presentado hoy aquí y el trabajo que hay detrás de ese informe. Es verdad que siempre hemos hablado del problema del exceso de titulaciones, exceso de grados, pero hoy se le pone nombre a esos excesos o a esas titulaciones con menos alumnos. Y por primera vez yo creo que vamos a estar de acuerdo todos los grupos en lo que se ha manifestado aquí: el tema de la supresión de grados no tiene que regirse solo por criterios económicos, hay que tener en cuenta los criterios sociales, los criterios de empleo, una serie de criterios personales, por decirlo de alguna manera. No es asumible, como se ha planteado por alguno de los portavoces del resto de los grupos, la supresión de titulaciones en Béjar o en Zamora sin estudiar cada una en concreto, cada una con sus particularidades, y sin estudiar lo que cada una de esas titulaciones aporta al territorio, a la población. Por eso digo que por primera vez vamos a estar de acuerdo todos los grupos en no estar de acuerdo o en no aceptar las recomendaciones que usted realiza sobre la supresión de titulaciones.

Este es un problema que lleva tiempo. Que tanto las universidades como la Junta de Castilla y León en general ha sido consciente del mismo. Y es verdad que se ha tratado de solucionar o de buscar la manera de paliar estos efectos con diferentes medidas. Uno de ellos es el Decreto 2013, del que se ha hablado. Yo me acuerdo, la pasada legislatura se hablaba con los campus y se hablaba con las universidades de uniformizar los grados. Hablábamos, o yo me acuerdo que se hablaba: las titulaciones candelabro, que pudieran compartir asignaturas, o las titulaciones en racimo, los dobles grados. A la vista del informe que ustedes han presentado, parece que no todas las soluciones que se intentaban poner para paliar este problema han dado solución o han tenido los resultados esperados.

Es verdad que se ha seguido trabajando sobre el mismo. Este verano se aprobó un acuerdo, se realizó un acuerdo entre todas las universidades y la Junta de Castilla y León, que son los actores implicados en este problema; y, como decía algún rector de universidad, por ejemplo el de Salamanca, destacó el intenso trabajo llevado a cabo en los últimos meses para que el acto fuera posible. Para el responsable, no solo es el mejor de los acuerdos que se podían conseguir, sino que ofrece un horizonte de sosiego y tranquilidad para poder trabajar en los próximos tres años en cuestiones importantes, entre las que citó internalización, especialización y captación de estudiantes.

Luego el acuerdo al que se ha llegado sobre el mapa de titulaciones, nosotros entendemos que es un primer paso, un primer paso muy importante, porque, aparte de estar de acuerdo todas las universidades con lo firmado, tanto públicas como privadas... es verdad que en dos documentos diferentes, porque el régimen jurídico de ambas es diferente, pero es un único acuerdo, que conocían todos y que participaron todos, y que todos alabaron. Y en ese acuerdo lo primero que se planteaba es no crear nuevas titulaciones. No sigamos incrementando la burbuja que tenemos; estudiemos lo que hay, veamos la viabilidad de lo mismo, no solo desde el punto de vista económico -porque los propios rectores y la propia Junta de Castilla y León lo ha manifestado-, también desde el punto de vista social y desde el punto de vista del territorio. Y, una vez que tengamos ese análisis detallado de los grados que son viables en cada una de las universidades, entonces planteemos qué hacer, qué hacer con esas titulaciones y qué hacer con esos grados.

Respecto al segundo punto del informe, y también con algunas afirmaciones que se han realizado aquí: es verdad que se subieron las tasas, se subieron de una manera importante en el año dos mil doce como consecuencia de la situación económica, de la crisis, de lo que pasó, que todos lo sabemos. No solo se subieron en Castilla y León; parece que Castilla y León subió las tasas un 41 %; y yo, por ejemplo, cogiendo los datos del último informe de la CRUE del año dos... con respecto a los títulos del dos mil catorce-dos mil quince, comparándolos con las tasas que había en el dos mil ocho-dos mil nueve, Aragón las subió un 50 %; Canarias las subió un 49; Castilla-La Mancha, un 90 (de lo que había en el dos mil ocho a lo que se paga en el dos mil catorce, las tasas subieron un 90 %); Madrid, un 117 %. Luego... y Cataluña ya, bueno, un 158 %.

Nosotros subimos las tasas, sí, pero ¿con qué objetivo, o qué se hizo además de subir las tasas? Por un lado, complementar el sistema propio autonómico de sistema de becas. Con lo que no estoy de acuerdo con alguna de las afirmaciones que se han hecho aquí de ausencia de un sistema de becas. No es verdad. Esta Comunidad tiene un sistema complementario de becas a las becas del Estado. Siempre hemos defendido que, durante un período de tiempo, en Castilla y León un alumno con un 5 tenía una beca, en otras Comunidades no. Y ese esfuerzo se manifestó a la vez que se subieron las tasas. Luego se facilitó también que los estudiantes con menos recursos pudieran acceder a esos grados. Es más, al subir las tasas también se dotó a las cuatro universidades públicas de un fondo social de 0,5 euros por crédito matriculado, que alcanzaba cada curso los 2.000.000 de euros y que permitía mantener matrículas gratuitas de estudiantes a mayores de las ayudas que daba el Ministerio y de la propia convocatoria de ayudas de la Comunidad Autonómica. Luego no estoy de acuerdo con la de ausencia de un sistema de becas.

¿Que todo es mejorable? Por supuesto, y para eso trabajamos todos. Pero también hay que ser realistas y reconocer las bondades de nuestro sistema, igual que cuando se habla de que hemos subido las tasas casi al nivel de Madrid, cosa que no es cierta, y que nuestra calidad de las universidades es mucho peor que la de Madrid. Y ahí me niego. Tenemos unas buenas universidades públicas, y unas buenas universidades que invierten en sus estudiantes. Y con el mismo ejemplo que le ponía antes del informe de la CRUE, la disponibilidad de los recursos de las diferentes instituciones universitarias públicas para atender los servicios universitarios esenciales es muy dispersa: en Castilla y León se destinan 6.460 euros por estudiante; en Madrid 6.239; luego tienen unas tasas mucho más caras que nosotros, y están destinando mucho menos. Luego no me hable de que la calidad de las universidades de Castilla y León es mucho peor que la calidad de las universidades de Madrid. No estoy de acuerdo, y este grupo no puede compartir esas afirmaciones.

¿Que es necesario rebajar las tasas? Sí. Las tasas se subieron por las circunstancias que había; posteriormente, se congelaron; y existe un compromiso firme del Gobierno de la Junta de Castilla y León de bajar esas tasas en el momento que se pueda. Igual que existe un compromiso firme de buscar una nueva financiación; no sabemos si serán contratos-programas, si será una financiación basada en la especialización, pero existe ese compromiso de decir buscar un cambio sustancial en la financiación, que de alguna manera vaya vinculada a los resultados y especialmente en aquellos procedentes de la transmisión de conocimiento a la sociedad. Este fue un compromiso que ha expresado el presidente, Juan Vicente Herrera, y lo expresó en la reunión con los rectores en las que se materializó el acuerdo sobre el mapa de titulaciones.

Y, por último, creo que es importante recordar que el 100 % de los ingresos que se consiguieron de esas tasas iban destinados de manera directa a las universidades. Esto ha permitido que nuestras cuatro universidades públicas, sin excepción, hayan liquidado sus presupuestos anuales en los últimos cinco años con superávit no financiero, lo que ha supuesto, en conjunto, en este período y para las cuatro universidades públicas, más de 90 millones de euros; superávit que las universidades han destinado, entre otras cosas, a amortizar deuda, a inversiones, a proyectos de investigación, internalización; y superávit no financiero que es superior al incremento de ingresos por precios públicos, que es de 81 millones de euros. Poco más que decir, señorías.

Vamos a ponernos a trabajar todos en buscar el mejor mapa de titulaciones para nuestra Comunidad, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista del territorio. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora Blanco. Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, presidenta. Yo lo que quiero decir ya, como en el inicio de mi intervención: créanme, señorías, no hay tal diferencia desde el punto de vista de lo que se debe proponer en el ámbito universitario en lo que ustedes piensan y lo que piensa el Consejo de Cuentas. Yo diría que hay pues prácticamente una identidad. Es decir, nosotros decimos de una manera muy clara y muy rotunda que el decreto debe de modificarse y que así lo establecemos de una manera concluyente en la recomendación número sexta. Es decir, la Junta de Castilla y León debería modificar el Artículo 6 del Decreto 64/2013 para incluir otros criterios para la supresión de titulaciones, como el coste de las titulaciones, la demanda de estudiantes, el análisis de entorno socioeconómico o el mismo mercado de trabajo.

Es decir, nosotros no compartimos, evidentemente, el Decreto 64/2013, pero, al mismo tiempo, yo quiero que ustedes sean conscientes que el Consejo de Cuentas, cuando tiene que aplicar unos criterios, tenemos que aplicar los criterios de legalidad. Y el criterio que establece el Decreto 64/2013, en su Artículo 6, única y exclusivamente es el criterio de alumnos, única y exclusivamente.

Y existe un contrasentido que para la creación de una titulación haya que efectuar distintas acreditaciones sobre la viabilidad de una titulación; en cambio, para la supresión solamente se tiene en cuenta la poca existencia de alumnos. Eso es una flagrante contradicción, que creo que estaremos todos de acuerdo. Y en eso lo hemos dicho de una manera explícita en esta recomendación y se ve a lo largo de todo el informe del Consejo de Cuentas; y me remito a lo que ya he expresado en las páginas 82 y 83, que se deben de tener en cuenta otros aspectos del impacto socioeconómico que podría suprimir la supresión de titulación en un lugar concreto. ¿Entendido?

Por lo tanto, discrepancias desde el punto de vista de lo que tiene que ser las propuestas entre ustedes y nosotros, sinceramente le digo que no, pero que, al mismo tiempo, si ustedes hubiesen participado en la elaboración de este informe, hubieran tenido que aplicar el Decreto 64/2013. El criterio de legalidad es el que es, y eso es lo que hemos hecho. Pero, no obstante, a lo largo del informe, en distintos lugares -páginas 82 y 83, en la recomendación y en otros párrafos-, manifestamos de una manera clara y contundente de que no estamos de acuerdo con ese Decreto 64/2013, porque no es justificable que la... poco número de alumnos en una titulación sea causa suficiente para su supresión. Y eso creo que ahí no discrepamos ninguno.

Después, también quiero que ustedes vean el informe en su globalidad. Es decir, siempre nosotros incorporamos en todos los informes de fiscalización de que hay que ver el informe en su globalidad, no solamente fijarse en aspectos muy puntuales y muy concretos, que, por supuesto, ilustran y conforman el informe, pero el informe hay que verlo como un todo, como una globalidad. Y nosotros, cuando nos pusimos a elaborar este informe –y créanme, pues es un informe único desde el punto de vista de su concepción-, en España no se ha hecho nada semejante en ninguna otra Comunidad Autónoma, de hacer un estudio comparativo de las universidades, es el primero que se hace en el ámbito de España. Es cierto que, previamente, en coordinación con el Tribunal de Cuentas elaboramos cuatro informes sobre cada una de las universidades públicas de Castilla y León, pero este informe -y así lo expresé yo en distintas ocasiones cuando venía a exponer aquellos informes de fiscalización- venía a ser el informe de cierre de los otros cuatro. Es decir, ya hemos analizado la situación de las cuatro universidades, creíamos -y creemos- que era oportuno pues que los ciudadanos de Castilla y León y los representantes de los ciudadanos de Castilla y León -es decir, ustedes- pudieran conocer de una manera directa cómo están nuestras cuatro universidades, tanto desde el punto de vista de las titulaciones como desde el punto de vista económico-financiera. Y esa es la razón de ser de este informe. Y este informe tiene un cúmulo de información pues, sinceramente, yo creo que tremendamente útil, como todos ustedes habrán podido examinar y comprobar.

Y, al mismo tiempo, hay otra cuestión que también me gustaría incidir. Es decir, lo he dicho cuando me he referido en el informe "otras cuestiones relevantes"; es decir, este informe se fue remitido a las cuatro universidades de Castilla y León, a la Consejería de Educación y a la Consejería de Economía y Hacienda, y ninguno ha objetado nuestro análisis en relación al mapa de titulaciones, nadie lo ha objetado. Es decir... es decir, los criterios que nosotros hemos utilizado son válidos de acuerdo con la normativa, es decir, los interesados –insisto, si ustedes pueden examinar y están en la página web las alegaciones que han formulado las universidades- en ningún caso han cuestionado nuestro análisis sobre el mapa de titulaciones. Y eso es algo que creo que es un dato que es conveniente tener, importante, porque yo creo que han analizado también el informe en su conjunto, es decir, y han visto que, juntamente...

Y una matización, señor Pablos. Usted, cuando cita el 24, el cuadro 24, se refiere al conjunto de titulaciones que no cumplen el artículo 6, pero con las excepciones ya no son las 57, son las 20, que son las que están en la página 53. ¿Entendido? Entonces, las que ya, una vez exceptuadas... exceptuados todas aquellas que son excepciones de acuerdo con la aplicación de la normativa, ya no estaríamos en presencia de las 57 titulaciones –cuadro 24-, sino que estaríamos en presencia de las 20 titulaciones -página 53-.

Y, dicho esto, yo creo que en este informe vemos que hay dos apartados muy claros: uno, el de mapa de titulaciones, que es, evidentemente, el que podría ser más conflictivo; y otro el del económico-financiero. Y en el económico-financiero lo primero que hay que decir -y lo decimos expresamente en el informe- es que se ha hecho una muy buena gestión económico-financiera en las cuatro universidades de Castilla y León; y lo decimos, y se ha hecho una buena gestión económico-financiera en las cuatro universidades de Castilla y León, ante una situación de extremada crisis, con una contención del gasto corriente más que notable por parte de las cuatro universidades, partiendo cada una de una realidad distinta, es decir, había algunas universidades que tenían un mayor endeudamiento que otras. Evidentemente, en el caso concreto de la Universidad de Valladolid carecía de endeudamiento y no han tenido que utilizar los remanentes de tesorería positivos para ir disminuyendo el endeudamiento, como han hecho las universidades de Salamanca o la de León.

Pero, volviendo al mapa de titulaciones, yo, sinceramente, creo que ustedes, si analizan el informe, observarán pues que el número de titulaciones que al final nosotros concretamos no son las 57, estamos hablando de 20; y es totalmente diferente cuando nos referimos a los títulos que a los master, o sea, creo que son... y estaremos todos de acuerdo que son... deben de ser planteamientos distintos entre lo que son las titulaciones y los master. Y los master nosotros lo que indicamos es que, además, deben de tener también una conexión con el mercado laboral, evidentemente, el... de una manera mayoritaria.

Y si ustedes... y se ha comentado aquí también esta mañana, cuando se comenta que no sabe por qué distinguimos los dobles grados. Fundamentalmente por una cuestión, señor Mitadiel: porque, a diferencia de las titulaciones, los dobles grados no tienen supervisión, no tienen control; es decir, cuando uno obtiene un título de doble grado no tiene la... el contraste de esa supervisión de calidad que tienen las otras titulaciones de grado. Eso es lo que decimos; es decir, no es que cuestionemos los dobles grados, es decir, no los cuestionamos, lo que sí decimos es que sería conveniente que tuviesen el mismo control de calidad que tienen las titulaciones. Eso es algo que creo que ha quedado suficientemente claro en el informe.

Evidentemente, para nosotros, igual que para ustedes, las... la universidad y la educación universitaria tienen una importancia capital en nuestra Comunidad Autónoma, por supuesto. Pero también, al mismo tiempo, lo que a nosotros nos preocupa -y lo dejamos de una manera patente en el informe- es el problema demográfico que tiene esta Comunidad Autónoma. Es decir, se ha producido en el período de análisis pues un descenso del 16 % de matriculaciones, que es un descenso importante, y es algo que a todos nos tiene que llamar la atención y preocupar; pero el problema también estriba en que, como ustedes han podido comprobar de nuestro informe, se va a producir, y estamos ya en ello, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, un descenso del 3 % de aquí al año dos mil veinte.

¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues, evidentemente, hay la necesidad de atraer alumnos de fuera de nuestra Comunidad, como ya se está haciendo también en algunos ámbitos de nuestras universidades, y quizás también estimular más la especialización de nuestras universidades para que sean también un reclamo por su especialización y por su calidad en... desde el punto de vista de la enseñanza universitaria. Pero lo que yo creo que es bueno y este informe pone en aviso es sobre esa caída demográfica que se está produciendo, que los habitantes de nuestra Comunidad entre diecisiete y veinticuatro años tiene un descenso de un 3 %, y eso, evidentemente, podría incrementar lo que es el... la caída de matrículas. Creo que ese debe ser uno de los objetivos, y que se reconoce pues por los mismos rectores, como se ha puesto aquí de manifiesto esta mañana.

Y, además, hay otro aspecto que yo creo que no he comentado, pero que sí es conveniente significar, y es que en el mismo acuerdo que se llega entre la Junta de Castilla y León y los rectores, en el acuerdo dice expresamente: antes del treinta y uno del dos mil veinte, la Consejería de Educación elaborará un informe de situación sobre los estudios de grado con una desproporcionada baja matrícula y propondrá las medidas que correspondan. Eso lo dice literalmente también el acuerdo que se ha firmado por los rectores de las universidades y la Junta de Castilla y León. ¿Me explico? Es decir, yo creo que, en estos momentos, para tomar iniciativas es bueno conocer la realidad, y la realidad en la que se encuentra nuestra Comunidad Autónoma es la que expresa este informe desde el punto de vista del mapa de titulaciones.

En cuanto a las propuestas de mejora, yo lo que quiero que sean conscientes es que, desde el Consejo de Cuentas, nosotros estamos absolutamente persuadidos de que la propuesta del Decreto 64/2013 no es adecuada desde el punto de vista de los criterios de supresión, no es adecuada; porque, además, establece una discriminación entre la creación y la supresión con la cual no coincidimos. Por eso, ya le digo, nosotros no estamos con criterios distintos a los que ustedes han expresado aquí, y, desde luego, la reflexión que les tengo que hacer es que nuestra manera de analizar las... situación de las universidades tiene que partir de datos legales; y los datos legales es el Decreto 64/2013, que, evidentemente, hemos aplicado. Como prueba de ello, es que no ha sido objetado pues por las universidades y por la misma Consejería de Educación cuando se han presentado alegaciones. Es decir, se ha hablado de aspectos económicos, pero no se ha hablado de nuestras... análisis del mapa de titulaciones. ¿Entendido? Y eso creo que es conveniente tenerlo muy presente.

Y ya, y sin perjuicio de que en la segunda intervención entren en alguna otra de las cuestiones que se han comentado, significar que, cuando tomamos la decisión de hacer este informe con carácter operativo, pues nos encontrábamos pues con dificultades de cómo se hacía este análisis. ¿Me comprenden por qué? Pues porque no existen, evidentemente, ni las referencias ni las coincidencias con otro tipo de informes que hemos evacuado a lo largo de todos estos años de existencia del Consejo de Cuentas; era un informe absolutamente nuevo, como fue, en su caso, el informe que hicimos sobre el gasto médico farmacéutico; son informes absolutamente nuevos en que lo más difícil en algunos casos son los criterios de análisis.

Es decir, cuando uno hace una fiscalización operativa, establecer el criterio en el cuál es la eficacia o la eficiencia de las decisiones, es lo más difícil, es decir, dónde está el umbral. Aquí nosotros, ope legis, teníamos que acudir, evidentemente, al Decreto 64/2013, pero, evidentemente, yo creo que el análisis que hay a lo largo de todo el informe es un análisis riguroso, en el que pone de manifiesto la situación del conjunto de nuestras titulaciones y de nuestros master, y, al mismo tiempo, también refleja pues una situación económica de las cuatro universidades de Castilla y León pues, sinceramente, muy adecuada, con unas perspectivas totalmente favorables, sin perjuicio de que aquí hay un trasfondo, en todo el análisis económico y también en el mismo mapa de titulaciones, que lo invade todo, que es la ausencia de contabilidad analítica.

Es decir, la ausencia de contabilidad analítica nos impide conocer, de una manera cierta, lo que cuesta cada titulación. Por eso es necesario, y sin perjuicio de que ya hay una normativa que establecía que en este período tendría que implantarse la contabilidad analítica, eso es lo que nos permitirá conocer, de una manera, insisto, cierta y fiable, lo que es el coste de cada una de nuestras enseñanzas. Por ahí, nosotros insistimos, en nuestras recomendaciones, la necesaria puesta en marcha de esa contabilidad analítica, que ayudará a tomar decisiones más adecuadas.

Y creo que con esto he contestado pues a la inmensa mayoría de las observaciones que se hayan podido realizar. Y a aquellas que queden pendientes lo haré para la segunda intervención. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. En turno de réplica, tiene la palabra el señor Mitadiel por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

EL SEÑOR MITADIEL MARTÍNEZ:

Muchas gracias al presidente del Consejo de Cuentas por sus explicaciones. Y decirle que el informe me parece -ya lo han dicho algunos otros portavoces- tremendamente interesante. Incluso han dicho: esto es una fotografía definida de algo que ya sabíamos, pero "sabíamos" entre comillas. Aquí le han puesto ustedes cifras a la situación. Y, además, entiendo y valoro que hayan tenido un problema metodológico hasta definirlo, ¿no? Es decir, que, evidentemente, en ese sentido, también les felicito por haberlo hecho. Seguramente, el siguiente todavía será mejor que este, pero, en todo caso, el primero implica el tomar unas decisiones, desde el punto de vista metodológico, que a veces no son fáciles. Magnífico.

Y también entiendo el tema de que ustedes lo analizan en función de la normativa existente. Si el Decreto dice lo que dice, y no se cumple, bueno, pues, evidentemente, ustedes lo señalan. Y ya había hecho yo referencia, al final de mi intervención, precisamente, a la disparidad entre lo que dice con respecto a la creación de titulaciones que lo que dice con respecto a la supresión.

En todo caso, yo creo que todos tenemos el acuerdo de que la universidad cumple un papel no solo económico, sino fundamentalmente social. Que, por lo tanto, el análisis no puede ser solamente desde el punto de vista económico, sino que tiene que tener otro tipo de consideraciones. Y que todo esfuerzo de racionalización tiene que ir acompañado de medidas que garanticen la equidad y la accesibilidad de los estudiantes. Que nadie se quede por problemas económicos fuera de la universidad.

Y solamente quería pasar muy brevemente, porque algo se nos ha pasado por alto -yo lo mencioné muy brevemente, pero incluso aquí hay seguramente compañeros que lo puedan decir de mucha mejor manera-: es que la gran gestión económica que han realizado las universidades ha tenido un coste, ¿eh? Es decir, vamos a ver, y han... no digo la anécdota de los horarios de la calefacción, o de la eliminación de la calefacción, o la remodelación del servicio de limpieza que permitió o que hizo que la mitad de la plantilla prácticamente desapareciera; es decir, estas cosas no se hacen sin hacer sangre. En ese sentido... por eso decía yo que han tenido mucho mérito. Y tiene otro problema importante, al que hacía referencia antes: la investigación, los créditos para investigación han disminuido de forma muy importante durante este período, y eso es problemas para el presente y problemas para el futuro.

Y, por último, el tema de los dobles grados. Quizá no me he explicado yo bien, es decir, evidentemente, yo sé que no tienen el mismo control que las titulaciones simples, pero lo que no entiendo es la relación causa-efecto con respecto al tema de la calidad. No tiene los mismos controles de calidad, pero los temarios son los mismos, los profesores son los mismos. Entonces, no sé qué relación existe para que los dobles grados puedan tener menos calidad que las titulaciones simples. No sé, no he acabado de entenderlo, por... a pesar de que me diga usted que, como no tienen ese control, pues no sucede, es decir, no hay los controles necesarios.

Y nada más. Únicamente acabar diciendo que, efectivamente, entiendo que, de alguna forma, no tan explícitamente como usted lo ha dicho ahora, pero sí entre líneas, se entiende que usted... -perdón, usted no- el Consejo está a favor de que haya otro tipo de consideraciones y no solo las estrictamente económicas. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Mitadiel. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Díez Romero.

EL SEÑOR DÍEZ ROMERO:

Bueno, lo primero que voy a hacer es agradecerle su intervención, agradecerle el trabajo de todos los miembros del Consejo de Cuentas y agradecer la franqueza con la que se ha manifestado en relación a este informe y a lo que usted opina, y lo que debe de ser, y las limitaciones que tienen, y el punto de vista del análisis que han utilizado.

Efectivamente, creo que es positivo que todos los grupos políticos hayamos coincidido, en este caso, en primar los criterios sociales por encima de los criterios económicos a la hora de analizar este informe. Y es positivo porque demuestra que en Castilla y León los criterios puramente económicos muchas veces no sirven para esta Comunidad Autónoma, porque esta es una Comunidad Autónoma muchas veces especial. Especial por la propia dispersión geográfica, especial muchas veces porque no responde a determinados parámetros como puedan responder otras Comunidades Autónomas.

Tenemos un peso del sector primario mucho mayor que en otras Comunidades Autónomas; como ya digo, tenemos una población rural muchísimo mayor que en otras Comunidades Autónomas; y, por supuesto, tenemos unas distancias mucho mayores que en otras Comunidades Autónomas. Comparar Madrid con Castilla y León, cuando el transporte de viajeros en Madrid es el que es, y en Castilla y León es el que es, pues se nos antoja muchas veces muy difícil. Sin embargo, cuando se comparan muchas veces las universidades y se establecen determinados ranking, por determinadas entidades, o simplemente por el propio Ministerio de Educación, se tiende muchas veces a comparar las universidades o a comparar las Comunidades Autónomas con criterios puramente económicos.

Así, desde el respeto a la autonomía parlamentaria del resto de grupos políticos, y aun no compartiendo alguna de las cosas que se han manifestado en esta Comisión, sí que he de decir, en este caso, que, en opinión de mi grupo político, el esfuerzo que han hecho, y remarcar el esfuerzo que han hecho las universidades de Castilla y León para adaptarse, en este caso, y limitar, en este caso, sus gastos. Un esfuerzo que, como ya ha señalado el interviniente anterior, se ha hecho a costa muchísimas veces de un gran sufrimiento por parte de la comunidad educativa, de un gran sufrimiento por parte de la investigación, del desarrollo y la innovación en esta Comunidad Autónoma, del recorte de becas, del recorte, en este caso, de los elementos esenciales para las clases universitarias, como ha sido la calefacción, como han sido los servicios de limpieza, como han sido el propio personal investigador de la universidad, como son las condiciones laborales, ¿por qué no decirlo?, de los profesores universitarios en nuestra Comunidad Autónoma, unas condiciones laborales que han empeorado ostensiblemente y, sobre todo, que obedecen a un plan, el plan de ajuste que se realizó en esta Comunidad Autónoma entre el dos mil doce y el dos mil catorce, que tuvo, como ya digo, graves sufrimientos para toda la sociedad castellano y leonesa.

Compartiendo además los criterios que han manifestado, contables, en opinión de nuestro grupo, los criterios que han manifestado, económicos, que debe llevar, en este caso, la Junta de Castilla y León, que deben llevar las universidades, a dar una información, a dar mayor transparencia de sus actuaciones, sí que vamos a apoyar las recomendaciones, como ya digo, que no se refieren simplemente a criterios económicos en contraposición con los criterios sociales; es decir, apoyaremos todas aquellas recomendaciones del Consejo de Cuentas que no vayan acompañadas a... en este caso, a la desaparición de titulaciones, la desaparición de masters, etcétera.

Y, desde luego, manifestar la opinión de mi grupo político, favorable, en este sentido, a que la educación superior, la educación pública, siga siendo el centro de igualdad de oportunidades en nuestra Comunidad Autónoma. Seguir manifestando la opinión de nuestro grupo de que las circunstancias y la situación económica de ninguna familia suponga que no se vea privado de su derecho a acceder a la educación superior, como ha sucedido no en la mayoría de situaciones, pero como ha sucedido en muchas situaciones, para las familias de esta Comunidad Autónoma.

Esperemos que, si la situación económica mejora, se trasladen estas cifras a la economía real y podamos, entre todos, recogiendo el guante de la procuradora del Partido Popular, volver a situar a Castilla y León como una de las Comunidades Autónomas con un sistema de becas que permita que nadie se quede atrás. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Díez Romero. Para consumir el turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablos, por el Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Gracias, presidenta. Con brevedad, agradecer la intervención del presidente. Muy pocas consideraciones. Cuando nos referíamos al cuadro número 24, Odontología, Óptica y algunas más, no estamos diciendo que eso sea nada que no sea real, lo que no nos gusta es el encabezamiento, lo digo con realidad. Es decir, si ahí, en lugar de poner "titulaciones deficitarias", que no lo son, pone "con menos de 35 estudiantes", estaríamos diciendo algo que es razonable, porque no son deficitarias, hay muchas que no son deficitarias. Si cubres toda la demanda, ¿cómo van a ser deficitarias? Cuando hacía esa referencia a que no debieran aparecer ahí o como si fuera, entiéndase de esa manera.

Compartir con los portavoces que me han antecedido en esta réplica que la buena gestión de las universidades se ha hecho a base de gestionar la austeridad impuesta por la Junta de Castilla y León. Y es conocido de todos algunas cosas, algunas que parecen no importantes, pero son fundamentales: las perspectivas de promoción personal del profesorado, por ejemplo, que han desaparecido durante este período. Otras ya están planteadas: el cierre de centros en períodos de vacaciones. Todo eso acaba influyendo en la actividad, porque no hay estudiantes, pero profesorados... el profesorado puede ir a trabajar, a investigar. Los recursos en investigación. Está claro que si una familia gana poco dinero, pero solo come, a lo mejor ahorra. Entonces, lo que hace falta es si se tiene dinero suficiente y recursos para poder llevar a cabo el conjunto de lo que son las demandas sociales y los proyectos en las universidades. Y lo que quiero hoy reconocer, sin ninguna duda, es esa gestión, que han conseguido salvar buena parte de la actividad universitaria, a pesar de los duros recortes de la Junta. Porque, excluyendo el personal, el margen de maniobra para el resto era muy escaso.

Y permítame alguna referencia final, porque, si esto destaca la buena gestión de las universidades, también constata lo que ha sido la dureza de las políticas de la Junta. E intentar defenderlas es complicado esta mañana aquí. Permítame que diga que es imposible defender que el acuerdo del mapa de titulaciones plantea no crear nuevas titulaciones: es verdad para las universidades públicas; 25 nuevas para las privadas de grado y máster... de grado universitario, 59 de máster. No parece que eso, en el contexto en el que se está haciendo este análisis, pueda ser muy realista. De hecho, probablemente por eso es por lo que hay dos documentos y no por otra cosa, no por ninguna casualidad jurídica, porque cada uno plantea lo que considere mejor.

Y en el caso de las tasas, el sistema de becas dejó de ser un derecho en el año dos mil doce, cuando alguien determinó que las becas del Estado, que son las fundamentales, las nuestras son complementarias... que, por cierto, nos parece bien que no se incorpore el endurecimiento de las demandas y de los recursos que necesita cumplir un estudiante -del recurso del rendimiento académico, porque fue aportado por nuestro grupo-, nos parece bien, pero miren, en el momento en el que el presupuesto condiciona la cantidad de la beca ya está absolutamente eliminado el derecho. Y cuando eso se plantea así, las dificultades para estudiar de muchos jóvenes con familias con pocos recursos aumentan; y eso ha pasado en el doce, en el trece, en el catorce, y quien tenga beca del Estado no tiene beca de la Comunidad Autónoma. Por tanto, esa es la realidad.

Y, luego, algún dato de lo que se ha planteado aquí esta mañana es incorrecto -voy a decirlo así-. Y quiero acabar con ello. Porque yo no voy a comparar nuestras universidades –que las defenderé siempre- con cualquier otra. Tengamos mucho cuidado con las divisiones que hagamos, no siendo que estemos diciendo que es muy malo que se destine una cantidad de... por estudiante más bajo que el que destinamos aquí y lo que esté trasladando es el importante número de estudiantes que tienen otras universidades. Tengamos cuidado con esas cosas, no siendo que, queriendo defender algo, estemos haciendo una mala referencia respecto a lo que tenemos en Castilla y León.

Pero, hombre, no parece que se haya subido el porcentaje en la Comunidad Autónoma de Aragón si, sacando los datos del Ministerio de Educación, son los siguientes: precio medio por crédito, primera matrícula, año dos mil ocho, Aragón, 17,65, año dos mil quince, 20,15 (ha subido 2,5 euros); Castilla y León, año dos mil ocho, 12,98, año dos mil quince, 23,34 (casi se han doblado). Esa es la realidad. Datos del Ministerio de Educación. No nos... no queramos defender lo no defendible, y menos buscando datos de otras Comunidades, cuando lo mejor que teníamos que hacer entre otros es ser capaces de definir un sistema homogéneo en tasas para el conjunto de España, que, probablemente, así conseguiríamos evitar los agravios que se producen en la actualidad.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor Pablos. También para consumir un turno de réplica, tiene la palabra la señora Blanco, por el Grupo Parlamentario Popular.

LA SEÑORA BLANCO LLAMAS:

Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Y muy brevemente también. Nosotros queremos reiterar el apoyo y el agradecimiento por el trabajo realizado por el Consejo de Cuentas sobre el mapa de titulaciones. Como ya indicamos anteriormente, se ha hecho una fotografía, una radiografía, o se ha puesto nombre a un problema que se sabía que existía. Y una radiografía que nos va a venir muy bien a todos. Nos va a venir muy bien a nosotros, les va a venir muy bien a los estudiantes, a los ciudadanos, y les va a venir también muy bien a las universidades, en la propia comparativa entre ellas y de cara a ese análisis de las titulaciones que tienen que empezar, que tienen que hacer.

Los comienzos siempre son difíciles, y enfrentarse al papel en blanco es todavía más difícil. Es fácil opinar o decir sobre un informe. Por eso, este grupo valora muchísimo el trabajo realizado por el Consejo de Cuentas, porque sabemos lo difícil que es enfrentarse al papel en blanco y empezar a poner datos sobre los mismos. Entonces, bueno, es un punto de partida para todos, para una situación que conocíamos y que ahora tenemos más aclarada y mucho más identificada.

Alegrarnos también, como no puede ser de otra manera, de la situación económica de las universidades, del plan de saneamiento que han tenido, de la gestión que han hecho de los recursos y de la situación en que están, como pone de manifiesto este informe.

Y, por último, respecto a los datos que se dan, no se dan, bueno, es verdad que los números son números y que hay muchas fuentes y muchos datos. Y yo los datos a los que he hecho referencia son los del informe de la Conferencia de los Rectores Universitarios, publicado recientemente. En ellos dicen, por ejemplo, la Comunidad de Aragón, en un gráfico de la página 34, "Universidades públicas. Detalle, por Comunidades Autónomas, de los precios públicos y tasa de variación de los diferentes precios de grado, curso académico 2008-2009/curso académico 2014-2015". La variación, 49,9 %. Luego no es mentira. Pueden ser discrepantes, pueden no gustarnos, habrá que buscar fuentes, habrá que mirar los datos, pero esto es también publicado por la propia Conferencia de Rectores.

Por eso entendemos que es importante una de las apreciaciones que pone de manifiesto el informe que han presentado, que es la ausencia de una contabilidad analítica de las universidades, es decir, homogeneizar el sistema de contabilidad de todas las universidades para poder comparar los presupuestos, los ingresos, los gastos y demás de las mismas. Y, a lo mejor, sería bueno no solo homogenizarlo para las cuatro de Castilla y León, sino, igual que se pide un sistema homogéneo de tasas, pedir un sistema homogéneo de contabilidad que nos dé la realidad de lo que hay, de todas las universidades, las nuestras y las de fuera.

Nada más. Y reiterar nuestro agradecimiento por el inmenso esfuerzo y el inmenso trabajo que lleva este informe. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señora Blanco. Tiene de nuevo la palabra el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Gracias, presidenta. Muy brevemente, pues para hacer una serie de reflexiones. En primer lugar, cuando me refiero al 24 y al 53, el 24 es la aplicación de lo que marca el primer apartado del Artículo 6 del Decreto, que dice "aquellos que tienen menos de 35 alumnos". Ahí están. Es decir, cualquier ciudadano que quiere saber todas aquellas titulaciones que tienen menos de 35 alumnos va ahí a ese. Pero, después... por eso siempre digo, don Fernando, de que hay que leerlo en su globalidad. El 24, después uno se va al 53, y ese es el resultado definitivo. Es decir, de las 53 titulaciones, ¿cuántos quedan después de las excepciones que establece y prevé el mismo Decreto? 20. Entonces, uno, si quiere saber las que tienen menos de 35, al cuadro 24; ¿quiere saber las que tienen menos y que ya no cumplen las excepciones? 20. ¿Me explico? Eso creo que es perfectamente coherente el informe. Por eso insisto en que los informes hay que leerlos globalmente, sin perjuicio que los datos, evidentemente, son fiables, rigurosos y objetivos.

No le contesté antes, cuando se refería al apartado sexto, sobre el incremento. Eso está referido a la conclusión 26, y exactamente se refiere (del 2,32 %)... es el sistema de cobertura de los gastos de personal, de los gastos de personal. Por eso, posiblemente, de la lectura se ha hecho una síntesis excesivamente corta y de ahí pueda producirse esa confusión.

En relación a los dobles grados, a lo que nos referimos es que haya homologación, señor Mitadiel. Es decir, es a lo que nos referimos. Es decir, es una decisión que se produce producto de la autonomía universitaria. Nosotros lo que decimos es que haya, para el que va a cursar ese doble grado, que sea consciente de que haya una homologación, porque lo mismo puede suceder de que no tenga ese doble grado la acreditación que uno deseaba cuando cursa esos estudios, ¿me explico? Nosotros es lo que referimos, la necesaria y conveniente homologación de esos dobles grados.

Es cierto que se han utilizado los dobles grados ante la caída de alumnos. ¿Pero qué es lo que nosotros hemos analizado? Que los dobles grados no suponen un incremento de alumnos si se tiene en cuenta las titulaciones matrices; es decir, los incrementos que se producen en el doble grado suponen una disminución de los títulos que ampara. ¿Me explico? Eso es lo que nosotros hemos comprobado. Es decir, la opción que se ha tomado por algunas universidades, que son enseñanzas semipresenciales y dobles grados, para intentar luchar contra la caída de matriculaciones, nosotros, a la vista de nuestros análisis, nos parece que no ha dado resultado, ¿me explico? Pero eso es algo que me parece oportuno significar.

Y concluyendo ya mi intervención, ratificando lo que dije al principio de mi exposición, es decir, aquí en ningún caso se produce una discrepancia entre el Consejo de Cuentas y lo que han expresado ustedes. Nosotros, de una manera absolutamente coherente, tenemos que analizar la situación de las universidades de acuerdo con lo que es la normativa legal aplicable, que es el Decreto 64/2013, que nosotros mismos, en una de las recomendaciones, proponemos su modificación. Proponemos su modificación porque entendemos que el criterio del número de alumnos no puede ser suficiente para fundamentar la supresión de una titulación. Y eso creo que ha quedado perfectamente claro a lo largo de mi exposición.

Y, por supuesto, reiterar pues la buena gestión económica que se ha realizado por las cuatro universidades de Castilla y León, como es prueba palpable este informe. Y, después, algo que no he dicho, pero que sí me gustaría incidir ya como último, es la actualidad de este informe. Es decir, si ustedes se han fijado, está analizado hasta el curso 2015-2016, es decir, en lo que se refiere al mapa de titulaciones, y lo aprobamos en octubre del año pasado. Es decir, es un informe pues que el empeño que teníamos que fuese lo más actual posible, para que pudiese reportar una mayor utilidad a ustedes, como representantes de los ciudadanos de Castilla y León, para que, a la vista de él, pues, evidentemente, pues hagan aquellas reflexiones o propuestas que estimen oportunas. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):

Muchas gracias, señor presidente. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco de días para que los grupos parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo viernes, día tres de febrero, a las catorce horas.

Concluido el orden del día de esta Comisión, y agradeciendo de nuevo la presencia del excelentísimo señor presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las catorce horas veinticinco minutos].