DS(C) nº 253/9 del 1/2/2017

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Buenas tardes. Se abre la sesión. ¿Por parte de los distintos grupos políticos tienen que comunicar a esta Presidencia alguna sustitución? ¿Por parte del Grupo Socialista? ¿Por parte del Grupo Podemos Castilla y León?

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Buenas tardes. Nosotros no tenemos que comunicar ninguna sustitución, pero queremos proponer un cambio en el orden del día.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

¿Por parte del Grupo Mixto?

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Sí. José Sarrión sustituyo a Luis Mariano Santos Reyero.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien. ¿Por parte del Grupo Popular?

EL SEÑOR GARCÍA VICENTE:

Buenas tardes a todos. Por parte del Grupo Popular, doña Rosa Valdeón Santiago sustituye a don Jesús Alonso Romero y doña Marta Maroto del Olmo a doña María del Mar Angulo Martínez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Tiene la palabra el señor López Prieto para proponer...

EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:

Sí. Queremos que se debata en primer lugar la proposición no de ley número 1159. Nada más.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

¿Alguna objeción por parte de los distintos grupos políticos? Procedemos entonces a debatir primero el punto número cuatro. [Murmullos]. El primero el punto cuatro. Vale.

Por parte del señor secretario se dará lectura al punto cuarto, que será el primero en el orden del día.

PNL/001159

EL SECRETARIO (SEÑOR MONTERO MUÑOZ):

Buenas tardes. Proposición No de Ley 1159, presentada por los procuradores doña Natalia del Barrio Jiménez, don Ricardo López Prieto y don Carlos Eduardo Chávez Muñoz, para instar a la Junta a que se apruebe de manera inmediata el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 212, del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, doña Natalia del Barrio, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidente. Bien. Como indicamos en los antecedentes de esta proposición no de ley, el Parque Natural de las Hoces del Duratón está situado al este de la provincia de Segovia e incluye los municipios de Carrascal del Río, Sebúlcor y Sepúlveda.

Como se indica en el documento que se distribuyó, divulgativo, sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Hoces del Duratón, que en su momento realizó la Junta de Castilla y León, pues se trata de un paisaje de gran singularidad por las hoces que forma el río Duratón, rodeadas de páramos llanos con importantes valores naturales, paisajísticos y culturales.

No voy a entrar otra vez en relatar el periplo que está sufriendo legalmente el parque natural, porque está descrito de manera objetiva, con los datos que la propia Junta de Castilla y León ha facilitado en la página web sobre el parque natural. Y decimos "en su momento" porque en la actualidad el parque se encuentra en una situación cuanto menos anómala, ya que, después que se declarara en junio de mil novecientos ochenta y nueve parque natural, es uno de los pocos de España, junto con algunos más de Castilla y León, pues que no tiene ningún tipo de articulación. Y es anómala en tanto en cuanto todo espacio natural protegido debe tener dos documentos, que son los que rigen qué se puede hacer y qué no se puede hacer y de qué manera. Es decir, estos documentos, que son el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan de... Rector de Uso y Gestión, son los que evitan el libre albedrío dentro del parque natural.

Lo raro de toda esta situación es que en dos mil nueve se empieza todo el proceso de elaboración, de consultas, se somete a información pública, se hace el documento divulgativo de cómo va a ser este plan de ordenación, y, misteriosamente, pues de la noche a la mañana, y ante una falta de justificación de presupuesto, pues se paraliza todo este proceso.

Y ante esta situación de vacío, pues ¿qué es lo que ocurre? Ocurren pues varias cosas. La primera, que es el delegado territorial el que hace y deshace a su antojo todo lo que ocurre dentro del parque natural, ya que está dentro de la junta rectora del parque; una junta rectora que se creó en dos mil catorce y una junta rectora que se supone que... y es un órgano de carácter consultivo.

En segundo lugar, ocurre, en cuanto –digamos- a la explotación por parte de las empresas que operan allí, pues, como todos sabemos, son empresas principalmente de piraguas, y esta situación de vacío produce que se concedan permisos pues de una manera un tanto discrecional, al no existir estos planes que regulan la gestión del parque. Ocurre también que todavía no se sabe con exactitud, ante la falta de estos planes, cuál es la capacidad máxima de personas y de piragüistas que puede haber en las Hoces, lo que genera conflictos al no saber a qué normativa hay que atenerse. El borrador del Plan de Ordenación sí que contemplaba este tipo de cosas, como... este tipo de cláusulas, como la duración de la temporada, el número máximo de personas estipuladas que podían estar; cuestiones importantes y que, sin este plan, pues no se regula de la manera apropiada.

En tercer lugar, también ocurre que la inexistencia de estos planes... es que el pasado mes de enero se han vuelto a dar los permisos y... con lo cual, aunque ahora se apruebe esta PNL, y durante el presente año se hagan estos planes, pues habremos asistido un año más a la concesión de permisos de manera arbitraria y amparados en los criterios anteriores, cuando... o en diferentes criterios, cuando es evidente que los criterios no pueden ser los mismos años tras años, teniendo en cuenta la sobreexplotación del parque que está teniendo. Y, además, estos permisos no son iguales para todos al no tener una normativa a la que acogerse.

Esto supone que esta... crea una situación de indefensión, sobre todo en las empresas que se dedican a las actividades naturales dentro del parque. Indefensión, porque unos años, por ejemplo, tenían que pedir permisos de navegación de manera semanal, otros años han tenido que ser de manera anual. Esta situación de indefensión, también, porque sin Plan de Ordenación y de Gestión implica que quién es la persona que decide qué empresas pueden tener permisos y cuáles no; implica que hay una persona que, de manera discrecional, pues otorga cuántas canoas o piraguas se pueden tener dentro del parque. En definitiva, es una situación bastante arbitraria sin estos planes.

Además, hay que añadir, por supuesto, que la falta de ordenación y de gestión de los Planes de Ordenación y de Gestión pues implica anomalías medioambientales que no pueden ser denunciadas ante la falta de una normativa concreta.

En definitiva, no nos vamos a extender mucho más en esta propuesta, porque creo que hemos explicado claramente qué es lo que implica no tener estos planes, y también lo hemos explicado en los antecedentes de la proposición no de ley, porque es urgente que este parque disponga cuanto antes del Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muchas gracias. Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista, con el número 811 de Registro de Entrada en estas Cortes. En representación del grupo parlamentario enmendante, tiene la palabra el señor procurador don José Luis Aceves Galindo, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Bien. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, la verdad que, comentando lo que es el texto de esta proposición no de ley, lo primero que yo creo que a todos nosotros nos tiene que llamar poderosamente la atención en el sentido de que yo creo que uno de los parques naturales más emblemáticos, en este caso es de la provincia de Segovia, pero también de Castilla y León –me refiero por el tiempo en el que se puso en marcha; la ley data del año ochenta y nueve-, pues realmente nos tiene que a todos sonrojar de comprobar que han pasado un montón de años y sigue sin tener un plan de ordenación de recursos naturales, cuando lo lógico marca que sería previo lo que es la redacción y puesta en marcha, de forma participativa, de un PORN, y después, desde luego, la aprobación, a través de la herramienta jurídica necesaria, de ese espacio natural; en este caso, al ser un parque natural, sería una ley.

Por lo tanto, en primer lugar, yo creo que es un gran tirón de orejas a la Junta de Castilla y León, en el sentido de que no es la primera vez que en estas Cortes se ha debatido; en pasadas legislaturas también he comprobado en los Diarios de Sesiones que, además, el Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado también en alguna ocasión qué pasaba con todos estos espacios que no tenían Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Y en esta ocasión, pues bueno, yo creo que, después de comprobar en esta Comisión que hemos debatido también en otras provincias instrumentos de gestión de espacios naturales, realmente yo creo que, en este caso, el Parque del Duratón, por todo lo que entraña, yo creo que además se ha convertido pues, por lo menos en la provincia de Segovia, de un espacio pues, turísticamente hablando, bastante visitado, con una serie de yo creo que de valores, tanto en el ámbito -me refiero- medioambiental como en otros valores culturales -me estoy refiriendo, por ejemplo, a la ermita de San Frutos-, pues bastante... yo creo que bastante considerado en lo que es la ciudadanía de la provincia de Segovia.

Por lo tanto, creemos que, en primer lugar, dicho un gran tirón de orejas a la Junta de Castilla y León por esta gestión de no haberlo puesto en marcha, desde luego hay que tener en cuenta ahora –y lo ha dicho la proponente, la señora Del Barrio, en su exposición-, es verdad que con las nuevas herramientas que se aprobó, con la nueva Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, la fórmula que ha elegido la Junta de Castilla y León –con esto no quiero decir que seguramente luego haré, en mi última parte de la intervención, alguna reseña más-, pero con las normas que se han aprobado se ha optado por un criterio diferente a la hora de aprobación de instrumento de gestión en los espacios naturales. Ya hemos visto publicado, pues en el año dos mil quince, lo que era la zonificación de los... las zonas ZEPAS, las LIC, lo que son todas las herramientas de Red Natura 2000, en la que viene contemplado, desde luego, la... el espacio natural de las Hoces del Río Duratón, y, por lo tanto, yo creo que ahora lo que queda es, como lógicamente lo marca la normativa, es establecer e impulsar –y yo creo que es buen momento desde estas Cortes de Castilla y León-, impulsar que estas herramientas de gestión sean cuanto antes efectivas, porque son necesarias. De alguna manera, la participación a la hora de elaborar en un espacio natural su fórmula de protección es muy importante, pero todavía quizás es mucho más importante la fórmula para gestionar, a través del Plan Rector de Uso y Gestión, pues este espacio natural.

Eso ha llevado a este grupo parlamentario a presentar una enmienda a esta proposición no de ley, en la que, bueno, es una adición a la parte que la proponente nos ha explicado, en la que también, desde luego, creemos que en esta legislatura debería de tener aprobado y empezar a funcionar el Plan Rector de Uso y Gestión de este espacio natural.

Desde luego nos parece que es un tiempo temporal razonable, es dentro de esta legislatura, pero al mismo tiempo nos parece que, ya que es una ley... ya que es un espacio, perdón, que tiene una ley de aprobación desde el año ochenta y nueve, y ya se han dado una serie de pasos en lo que es su gestión, desde luego, sería ya lógico y normal, una vez que ya se contempla como ZEPA, una vez que ya se contempla como LIC, es decir, ya está dentro de lo que es la legislación y la normativa de Red Natura 2000, ahora lo lógico es que ya el siguiente paso sea la aprobación y puesta en marcha de un Plan Rector de Uso y Gestión que sea el que gestione, digamos, el día a día de este espacio natural tan emblemático para lo que son la provincia de Segovia y, desde luego, para esta zona de la provincia, ¿no?

Dicho esto, nos parece también, desde luego, que a través de esta Comisión es importante también poner yo creo que, por lo menos, el valor en una cuestión: se ha tomado como decisión el intentar hacer planes directores, planes de ordenación, en el que se contemple planes directores comunes para los espacios naturales. En algunos aspectos es verdad que puede ser coherente en que existan determinadas líneas de actuación comunes para los espacios naturales, pero también creo que hay que tener y decirlo claramente que eso no es la solución definitiva, porque cada espacio tiene una singularidad, cada espacio tiene unos criterios relacionados con su territorio, relacionados con la población, con las especies que lo pueblan. Y, desde luego, no puede ser que la Junta de Castilla y León nos anticipe, como ya lo he escuchado en esta Comisión, que con la aprobación en el año dos mil quince de todo el listado de lo que son las zonas ZEPA, LIC, dentro de la Red Natura 2000, esos dos... ese decreto y esa orden que regula estos espacios no es suficiente. Porque eso seguramente ha servido, y yo creo que es la explicación quizás un poco más política, pero yo creo que ha servido para que a nivel de Europa se pudiera, digamos, por parte de la Comunidad Autónoma, quedar reflejado que existe una herramienta de protección general para todos los espacios, para poder salvar lo que es, dentro de la política europea, lo que nos marcan como criterio para poderlo hacer.

Pero ahora, si nos quedamos en esa aprobación en macro de los espacios y no descendemos al territorio, cometeríamos un tremendo error, que es que no estaríamos gestionando el territorio de donde es necesario, que es donde realmente tiene sus singularidades, donde tiene su valor patrimonial, su valor medioambiental, etcétera.

Por lo tanto, eso es lo que, desde este grupo, desde luego, es lo que nos ha llevado –y con esto concluyo- a la presentación de esta iniciativa. Desde luego, vamos a apoyar la iniciativa –ya digo- en cuanto al sentido de que se ponga en marcha cuanto antes el PORN, pero también, desde luego, nos gustaría, primero, pedir a la proponente y al resto de grupos que también, yo creo que con el espíritu de intentar entre todos avanzar, llegar a un acuerdo e incorporar también que en esta legislatura se pueda aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión, contando, desde luego, con la participación de todos los actores implicados (ayuntamientos, colectivos sociales, colectivos medioambientales, desde luego) para poder entre todos pues hacer un buen documento de gestión y que luego sea una gestión compartida, pues para que la población se sienta, yo, digamos, creo que suficientemente representada en este sentido.

Así que, sin más, ya digo, les anticipo nuestro voto a favor y esperando, desde luego, que se apruebe también la enmienda que hemos hecho. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias, presidente. Con muchísima brevedad. Desde dos mil ocho se establece el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de las Hoces del Río Duratón y, como se ha comentado, desde esa fecha la Junta no lo ha aprobado. Después del plan de ordenación de recursos, después del PORN -el inventario de los recursos que componen el parque-, se tiene que realizar el PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión, que es un plan concreto para su uso y gestión.

La Junta obstaculiza, a nuestro juicio, de esta manera la gestión del patrimonio natural, al no aprobar dichos planes de uso y de gestión, que podrían estar realizados por expertos, pero que, sin su aprobación, pues evidentemente se convierten en papel mojado.

A nuestro juicio, esta iniciativa sí tiene mucha importancia; por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable, y además creemos que sería importante que se tuvieran en cuenta también otros parques que se encuentran a la espera de que la Junta apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión, como es el caso del Pinar de Hoyocasero o el de la Paramera, en Ávila. Por lo tanto, nuestro voto favorable.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señor presidente. En fin, vamos a votar a favor, lógicamente, de esta proposición no de ley del Partido Socialista, diciendo... perdón, de Podemos, rectifico, del Grupo Podemos -es que vengo de viaje, y con el tiempo justo de... y no hemos dormido nada esta noche, pero bueno; del Grupo Podemos, vuelvo a pedir perdón-, porque, efectivamente, es una labor que había que hacer, que llega tarde, como tantas cosas en Castilla y León, pero que yo creo que pertenece a esa etnografía, en este caso segoviana y de Castilla y León, que ha sabido preservar y mantener pues unos espacios naturales tan magníficos y tan maravillosos como son las Hoces del Río Duratón. Unas Hoces del Río Duratón que, además de esa importancia natural, como decía el otro ponente -en este caso sí, del Partido Socialista-, pues ahí tenemos, en fin, unos enclaves tan magníficos como la ermita de San Frutos, etcétera, que pertenecen, vuelvo a decir, pues a ese acervo y a esa cultura tradicional donde se ha sabido compaginar perfectamente las cosas.

Y ese es el ejemplo que teníamos que poner, para este parque y para otros sucesivos que así los demandan, que es que no por ello no se debe de hacer lo que se ha hecho tradicionalmente, que es que el pueblo y la gente pueda acudir a sus romerías; que es que el agricultor, más o menos, pueda hacer sus labores y labranzas, pues lógicamente con mayor cuidado, si puede ser, medioambiental; el pastoreo puede seguir perfectamente sus... y la ganadería su relación laboral; pero que a veces hay que ordenar y hay que preservar, como es este caso, para que nuestros parques naturales pues tengan un Plan de Ordenación de Recursos Naturales acordes a ellos.

Yo, que vengo del mundo rural, siempre hay que decir aquello que todo sea bienvenido, siempre y cuando todo sea bien explicado, y siempre y cuando todos los municipios a los que los afecta así lo entiendan. Y yo creo que esa labor, imagino que ya se ha hecho algún tipo de labor didáctica, pero no está nunca demás pues recorrer el territorio diciendo a nuestros paisanos, pues eso, que para eso... ellos son los más importantes, al fin y al cabo, y que se debe... y se debe de ver, mantener y defender este tipo de patrimonios maravillosos y llenos de riqueza, de biodiversidad. Y, como lo que está claro está claro, hablar más sobra, y bastante. Con lo cual, vamos a aprobar esta proposición no de ley del Grupo Podemos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues en turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Alfonso García Vicente.

EL SEÑOR GARCÍA VICENTE:

Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría agradecer a la procuradora proponente, a la señora Del Barrio, su disposición para convenir una propuesta de resolución que yo creo que satisfará a todos los grupos parlamentarios y que nos permitirá aprobar unánimemente una petición que, por otro lado, va en la línea de un compromiso de legislatura del Gobierno de Juan Vicente Herrera en materia de parques naturales, como es el de la aprobación, a lo largo de esta legislatura, de todos los planes pendientes rectores de uso y gestión de los parques naturales en Castilla y León.

Obviamente, en el caso en el que nos encontramos, en el Parque Natural de las Hoces del Duratón, es preceptiva la previa aprobación del PORN, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el cual no vamos a ocultar que dentro de la tramitación que siguió, que, comenzando en el año dos mil diez, cuando fue informado, y luego, posteriormente, retirada en el año dos mil trece, todo ello obedeció a una mera cuestión de estrechez presupuestaria. Como saben, en los planes de ordenación también se incluyen una serie de compromisos inversores, y por lo tanto compromisos presupuestarios, que debido a la situación económica en la que se encontraba nuestra Comunidad Autónoma y el conjunto del país fue necesario priorizar, y se optó por priorizar aquellos parques naturales que acababan de ser declarados, como puede ser el caso de Babia y Luna, o aquellos que sufrían una ampliación importante, como es el caso de Sanabria. Llegados al momento en el que nos encontramos, esperamos que en cuestión de meses, de escasos meses, sea posible la aprobación definitiva del PORN y, por supuesto, y en la línea de la enmienda planteada por el Grupo Socialista, que cumplamos con ese objetivo de que antes de que finalice la legislatura se haya aprobado también el Plan Rector de Uso y Gestión de este parque.

Por otro lado, hay que decir que este parque, que data del año mil novecientos ochenta y nueve, a pesar de que, efectivamente, no están aprobadas todavía algunas de las herramientas de ordenación y de gestión, sí que ha vivido y ha sufrido importantes inversiones por parte de la Junta de Castilla y León, que van desde la propia construcción de la casa del parque a las ayudas a los ayuntamientos afectados, con un total de 1,6 millones de euros; la concesión de las ayudas de mejora de entorno rural, que se han concedido el 100 % de las cantidades solicitadas; o también el desarrollo de un programa LIFE cofinanciado al 75 % por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, sí que con un matiz que queríamos que introdujera la propuesta original de resolución del grupo proponente, que es que allá donde habla de... y hace alusión a "la inmediata aprobación" de este plan, se sustituya por "lo antes posible", aunque solo sea por dejar claro que hay todavía unos trámites que se están siguiendo, y que se deben también a unas modificaciones y mejoras fundamentalmente cartográficas. Bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de un período de escasos meses, se pudiera sustituir por una fórmula que hablara de "lo antes posible", entendiendo que el compromiso es el que estamos formulando en este momento. Y si finalmente aceptara -como supongo que ocurrirá- la propuesta del Grupo Socialista, nuestro grupo igualmente también votará a favor de dicha propuesta. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues, para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidente. Lo primero que quería agradecer era el haber facilitado que se debatiera esta proposición la primera, que antes se me ha olvidado, así que gracias a todos los grupos. En segundo lugar, también me congratula que empecemos el dos mil diecisiete con esta paz consensual en las Comisiones. Y sí vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista de adición, porque entendemos que complementa toda la proposición. Y también aceptamos este cambio de terminología en la propuesta de resolución, aunque sí que nos gustaría que se incorporara, por lo menos, durante el dos mil diecisiete, "lo antes posible, durante el dos mil diecisiete", si no...

O sea, que entonces la propuesta de resolución quedaría: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se apruebe lo antes posible, durante el dos mil diecisiete, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Hoces del Río Duratón", y se añadiría la enmienda de adición del Partido Socialista. Uno y dos, sí. Y nada más.

Votación PNL/001159

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues, habiéndose modificado el texto inicial, ¿algún grupo parlamentario quiere hacer uso de la palabra? ¿Entendemos aprobado, por tanto, por asentimiento de todos los grupos? Bueno, pues queda aprobada la proposición no de ley debatida.

Pasamos al siguiente punto, que en este caso sería, a propuesta del Grupo político Izquierda Unida y del Grupo Socialista, el unir las dos proposiciones no de ley, el punto número uno y el punto número dos. Estamos todos de acuerdo también, ¿no?, en debatirlas en conjunto. [Murmullos]. Es el segundo punto del orden del día, pero unimos el primero y segundo punto del orden del día. Por parte del señor secretario se dará lectura a las dos proposiciones no de ley, tanto la primera como la segunda.

PNL/000251 y PNL/000279

EL SECRETARIO (SEÑOR MONTERO MUÑOZ):

Punto número uno: Proposición No de Ley 251, presentada por el Procurador don José Sarrión Andaluz, relativa a la privatización del servicio público de rescate y salvamento, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 41, de veintitrés de octubre de dos mil quince.

Y punto número dos: Proposición No de Ley 279, presentada por los Procuradores don José Luis Aceves Galindo, don Celestino Rodríguez Rubio, doña Ana María Muñoz de la Peña González, don Juan Carlos Montero Muñoz y doña María Consolación Pablos Labajo, instando a la Junta de Castilla y León a parar la licitación para contratar un servicio de rescate y salvamento y formalizar este servicio con características públicas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 46, de treinta de octubre de dos mil quince.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor procurador don José Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias, presidente. Bueno, la proposición se debate con un retraso considerable, es una proposición que se registra o que se publica en octubre de dos mil quince, y la debatimos a uno de febrero de dos mil diecisiete. No se preocupen, porque el récord todavía lo tiene la Comisión de Sanidad que sigue sin debatir una proposición no de ley que registré a principios de septiembre de dos mil quince, así que tranquilos que el récord todavía no lo tiene esta Comisión. En todo caso, comprendiendo la acumulación de proposiciones y que lógicamente es difícil sacarlas, lo cierto es que necesito hacer una labor de contextualización, porque, evidentemente, es una proposición que hace más de un año, un año y varios meses, que registramos.

Hasta el año dos mil quince, cuando suceden los hechos que motivan esta proposición, el servicio de rescate y salvamento de Castilla y León venía siendo prestado por bomberos profesionales, es decir, funcionarios profesionales del servicio de bomberos de Castilla y León, si bien no lo prestaban como funcionarios, sino que el servicio que prestaban lo hacían como voluntarios a través de una asociación. Una asociación a través de la cual dicha función era desempeñada efectivamente por funcionarios, pero no en cuanto funcionarios, sino fuera, digamos, de sus funciones laborales, para lo cual tenían incluso pues un seguro propio, cobraban unas dietas diferentes a través de una subvención que daba la Junta de Castilla y León a esta asociación.

Este colectivo de personas lleva durante unos 9 años reivindicando que su labor como bomberos en el caso del rescate y salvamento que les sea reconocida como parte de su actividad profesional. Es decir, esta situación excepcional, por la cual el servicio de rescate, en lugar de prestarse desde el cuerpo público, se tenga que realizar por funcionarios públicos organizados en una asociación, para hacerlo a través de una subvención de la Junta de Castilla y León, pues parece, ciertamente, una situación cuanto menos extraña. Y estas personas, estos trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, lo que pedían es que se les reconociera como parte de su actividad profesional dicha labor de rescate y salvamento.

Durante nueve años la Junta de Castilla y León les viene planteando la posibilidad de que en un futuro se iba a realizar convenios, pero finalmente no se llega a materializar absolutamente en nada. Y, finalmente, en torno al mes de febrero del año dos mil quince (y probablemente motivados por una desgracia, y es que fue la caída de un helicóptero de la Guardia Civil en el que hubo tres muertos, y, por lo tanto, lógicamente, probablemente esto acelerara la preocupación de estos trabajadores por que se les reconociera esa actividad de salvamento, que es una actividad arriesgada, que se les reconociera como parte de su actividad profesional), en ese momento deciden indicarle a la Junta de Castilla y León de que, o se atienden sus reivindicaciones, o no van a poder seguir prestando ese servicio, que ellos no van a seguir haciendo esta actividad de esta manera tan extraña, ¿no?, en que venían realizándola, a través –como digo- de esta asociación y a través de estas subvenciones de la Junta.

Bien, lo cierto es que, cuando ellos plantean esto finalmente, avisan formalmente –avisan por escrito- en el mes de febrero de que a treinta de abril de dos mil quince no van a seguir prestando dicho servicio; y lo que se encuentran es que, a día uno de abril, se encuentran, en primer lugar, que no les llega el cuadrante del mes, con lo cual parece que se desmantela el servicio prácticamente sin aviso a los trabajadores. Van a preguntar al Centro de Coordinación de Emergencias y resulta que no pueden contactar con el Centro de Coordinación de Emergencias; van a la base de Alcaracén, en Valladolid, y se encuentran con que no pueden entrar, físicamente, en la base de Alcazarén, en Valladolid –perdón-. En cada parque de bomberos de Castilla y León, por cierto, donde hay un coche de rescate, este coche desaparece y, sin saber nada, se lo lleva la Junta sin dar explicaciones. Y, por lo tanto, durante ese mes de abril no existe un grupo de rescate y salvamento de Castilla y León como tal.

A finales de mes, una empresa privada empieza a asumir las funciones que hasta ahora venían realizando los funcionarios bomberos, y esta empresa privada no es otra que la empresa que hasta entonces se ocupaba de la gestión del helicóptero y los gruistas que van... el gruista que va dentro del helicóptero; empresa que inicialmente pone a los propios gruistas a realizar labores de rescatadores y finalmente terminan contratando a 5 personas, 5 rescatadores, haciendo la labor de lo que antes hacían 30 bomberos profesionales de Castilla y León. Por cierto, manteniéndose el mismo presupuesto de 300.000 euros.

Por cierto, la Ley 4/2007 indica que las labores de rescate y salvamento solo las pueden ejercer agentes de la autoridad, y, tal y como establece la ley autonómica de la materia, los agentes de la autoridad solo pueden ser funcionarios. Por lo tanto, por la propiedad transitiva, las actividades de rescate y salvamento solo pueden ser ejercidas por funcionarios, y aquí estamos encontrando como lo están haciendo empleados que no tienen tal condición. Por lo tanto, entendemos que se está vulnerando la ley, con enorme gravedad.

En septiembre-octubre de dos mil quince, se produce una licitación que provoca una cierta alarma social que trasciende a los medios de comunicación: la Junta de Castilla y León publica una licitación por unos 300.000 euros, aproximadamente; en ese momento, el procurador que les habla le hice una pregunta al presidente Herrera en el Pleno, ante el cual el presidente Herrera me niega directamente la privatización. Se niega esta privatización haciendo este curioso juego de palabras: distinguiendo la externalización de la privatización, que, desde luego, yo no comparto en absoluto. Pero lo cierto es que finalmente se produce una manifestación de estos trabajadores, se producen movilizaciones y, finalmente, el proceso de adjudicación es denunciado por una de las empresas que no lo obtienen, y, finalmente, en un juzgado pierden la adjudicación (la empresa adjudicataria, por cierto, inicialmente había sido Europa Agroforestales, Eural, que es la que lleva el parque logístico, el Centro de Coordinación de Emergencias y el parque de bomberos de Villares de la Reina). Una de las empresas que se había presentado denuncia, y la Junta de Castilla y León pierde, de manera que tiene que retirar la adjudicación. El juzgado de lo contractual, por lo tanto, dando la razón al demandante a cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la Junta anuncia la anulación de la adjudicación.

Desde entonces y hasta el día de hoy, vuelve a asumir las funciones de rescate y salvamento la empresa que, como decíamos, se ocupaba anteriormente de la gestión del helicóptero y de los gruistas. En cualquiera de los casos, hubiera salido adelante la licitación o, en el caso que nos ocupa, no habiendo salido y ocupándose la empresa anterior, lo cierto es que encontramos que las labores de rescate y salvamento a día de hoy no la están ejerciendo funcionarios, es decir, agentes de la autoridad, tal y como marca la ley de Castilla y León.

A día de hoy, por lo tanto, debatimos en esta Comisión esta proposición no de ley, y lo que venimos a plantear son dos elementos. Lógicamente, no podemos pedir ya que se eche para atrás la licitación, porque eso ya lo hicieron los juzgados, y por lo tanto sería extemporáneo traer esta reivindicación que planteábamos, a nuestro criterio con justicia, hace un año y medio. Pero lo que sí venimos a plantear sería: el texto, nos gustaría proponer una modificación, que sería sustituir el primer punto, que dijera "Que las labores de rescate y salvamento vuelvan a ser asumidas por bomberos profesionales, reconociéndoseles dicha labor como parte de su función profesional, y no como voluntarios", que es el origen de todos los problemas. Y el segundo punto lo mantendríamos: "La creación de un cuerpo de bomberos autonómico, dentro del cual se incluya el cuerpo de rescate".

Este es nuestro planteamiento. Creemos que, en primer lugar, los servicios públicos deben ser gestionados por personal público y por la Administración pública, en la medida siempre de lo posible, y mucho más cuando todo apunta a que la ley lo exige. Muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues, para la presentación también de la proposición no de ley, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor procurador don José Luis Aceves Galindo.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Bien. Gracias, presidente. Bueno, pues yo quiero empezar por comentar una cuestión que me parece básica: estamos... no es la primera que en esta Cámara hablamos de un servicio público tan esencial como es el de bomberos, y lo es porque además nuestro propio Estatuto de Autonomía marca claramente, en sus Artículos 70 y 71, lo que es competencia clara de la Junta de Castilla y León en lo que se refiere a las competencias exclusivas o desarrollo normativo con lo que es la protección en este caso de bienes, de personas, etcétera.

En nuestro marco jurídico, desde luego, la Ley 4/2007 es la que marca, en este desarrollo estatutario, lo que es la protección ciudadana en Castilla y León, y desde luego viene a marcar, con absoluta y meridiana claridad, en su Artículo setenta y... perdón, 37, lo que son servicios esenciales –repito, servicios esenciales-; entre ellos, desde luego, los de socorro, rescate, salvamento, asistencia sanitaria, lucha contra incendios, prevención y extinción y salvamento, y fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, estamos debatiendo, señorías, sobre un servicio esencial de esta Comunidad. Quiero empezar por aquí, porque para centrar el debate creo que es fundamental. Bien.

Nuestra proposición no de ley, como han podido observar, tiene dos partes claramente diferenciadas: la primera se refiere al servicio de rescate de montaña; y la segunda se refiere al cumplimiento de lo que son compromisos marcados en la Ley 4/2007, relacionado con lo que es el estatuto autonómico del bombero profesional, y también, desde luego, la formación necesaria para estos bomberos.

En cuanto a la primera parte de la proposición no de ley, desde luego no voy a repetir ciertas cuestiones que ya ha comentado el señor Sarrión de la otra... de la otra iniciativa, pero sí, desde luego, me gustaría poner el foco de atención en tres parámetros.

El primero, desde luego, un servicio esencial, y lo que marca la propia ley, que tiene que ser prestado por funcionarios. Algo está pasando aquí cuando se les declara a los bomberos agentes de la autoridad y, al mismo tiempo, en un servicio como es el rescate de montaña se está prestando ahora mismo de forma privatizada. Algo sucede, señorías. Aquí pasa algo extraño. ¿Por qué? Porque, si está declarado por ley servicio esencial, si está declarado por ley agente de la autoridad y funcionario público, no puede estar prestado... –con todos mis respetos a cualquier empresa, desde luego- no puede estar prestado de forma privatizada. Por lo tanto, lo que proponemos desde este grupo parlamentario -y recordarán todos ustedes que pedimos la comparecencia del director de la Agencia de Protección Civil precisamente sobre este tema, y estuvimos debatiendo, y seguimos manteniendo nuestra misma postura-: o bien la Junta de Castilla y León saca plazas de bomberos profesionales, funcionarios, de rescate de montaña, o bien se firma un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para que sea prestado este servicio por bomberos profesionales, en este caso de Administración local. Solo hay dos opciones.

Lo que ha sucedido después, de que la Junta de Castilla y León -por cierto, lo mismo que dije en aquella Comisión-, primero, se publica en el Boletín el día uno de octubre, y después el Consejo de Gobierno lo aprueba el ocho de octubre –lo mismo que dije en aquella Comisión lo sigo manteniendo; desde luego, creo que ese no es el orden para nada-; primero, desde luego, lo tendrá que aprobar el Consejo de Gobierno y después lo tendría que publicar el Boletín de Castilla y León. Y, en este sentido, lo que estamos comentando es que, después de ese intento de privatización –digo, en el boletín publicado-, se produjo una sentencia, a través del tribunal, dentro de lo que es el Consejo Consultivo de Castilla y León, que, a través de la queja de una de las empresas licitadoras, se demostró que no se había hecho el proceso en condiciones. Y no se había hecho porque incluso alguno de los profesionales ya habían dicho quién iba a ser la empresa adjudicataria, y acertaron –y tengo pruebas de ello porque me lo dieron por escrito el mismo día que se publicó en el Boletín de Castilla y León, y está, desde luego, a su disposición-.

Bien, eso se anuló. Pero lo que ha sucedido después es que sigue siendo prestado de forma privada, porque la misma empresa que gestiona el helicóptero de salvamento es la misma empresa que está ahora prestando el servicio con los bomberos de tierra -para que me entiendan-, con los profesionales, en este sentido.

A pesar de que el director general de la Agencia de Protección Civil nos dijo en esta Comisión que iban a mandar una comunicación a la Federación de Municipios y Provincias, también me he interesado, y, desde luego, lo que ha ocurrido, sí, es verdad, se ha recibido en la Federación una comunicación; pero, hombre, yo creo que aquí todos somos mayorcitos como para saber que, cuando existe voluntad política en llegar a un acuerdo, no vale una mera comunicación, habrá que negociar seriamente, y habrá que sentarse y, primero, desde luego, cruzarse documentación para, si se quiere y hay voluntad, llegar a un acuerdo para la prestación del servicio mediante lo que es un convenio con la Federación de Municipios y con los ayuntamientos que puedan prestar estos profesionales para este servicio autonómico.

Y también, desde luego, nos parece fundamental en este caso reclamar hoy aquí en esta Comisión que no podemos seguir de esta manera. O sea, no podemos seguir toda la legislatura prestando ese servicio... Señorías, estamos hablando que son los profesionales que se tienen que dedicar a hacer el rescate de montaña. Por lo tanto, estamos hablando de gente que sufre traumatismos graves, politraumatismos, que sufren caídas, o sea, que sufren accidentes de un nivel bastante elevado. Por lo tanto, necesitamos profesionales que con su condición de funcionario acrediten esa fórmula de poder atender, en las mejores condiciones posibles, a estos profesionales. Aquí no hablamos de que se externalice la limpieza de un hospital o de un colegio, estamos hablando de externalizar, que es privatizar, a personas que se dedican a lo más importante que tiene una persona, que es incluso a salvar su vida. Por lo tanto, hay que poner el foco de atención en lo que estamos hablando.

Dicho esto, desde luego, no podemos permitir... y yo desde aquí hoy lo digo alto y claro: el Grupo Socialista quiere que esto se solucione de una vez, insta, exige a la Junta de Castilla y León que no siga con un servicio privatizado como el que está hasta ahora; o bien agilice el convenio con la Federación, o bien saque oferta de empleo público como bomberos profesionales funcionarios de Castilla y León para este servicio.

Segunda parte de nuestra iniciativa. Desde luego, no es la primera vez que hablamos de bomberos, pero es ya la tercera o cuarta vez que hablamos de que no se cumple la Ley 4/2007, de Protección Ciudadana de Castilla y León. ¿Por qué? Porque la propia ley marca claramente que tiene que haber un estatuto autonómico de bomberos, al igual que existe una norma marco para la Policía Local. Por lo tanto, a pesar –y lo sé, me consta, y lo he visto- que se está abierta una mesa de negociación por parte de la Dirección General de la Agencia de Protección Civil con lo que son los sindicatos de este colectivo, pero desde luego se ha empezado solo por una parte de lo que es la homologación a la categoría C1 y a lo que son las zonas ZAIS, las zonas de actuación inmediata, de lo que es la zonificación de Castilla y León, pero no se está hablando de esta parte fundamental que dice la ley, que es del estatuto autonómico del bombero profesional. Y digo estatuto autonómico profesional, porque no tiene que ver nada con lo que es la prestación que realizan los voluntarios en este caso.

Y, finalmente, también cumplir el compromiso, que marca también la ley, en cuanto a la creación de la escuela autonómica de formación para este colectivo, al igual que lo tiene, por ejemplo, la escuela de policía, en este caso en Ávila, la Agencia de Protección Civil, el convenio que tiene para formar a los policías locales de nuestra Comunidad Autónoma, de los diferentes ayuntamientos, en esta escuela.

Por lo tanto, señorías, el asunto, ya digo, con estas dos vertientes, yo creo que meridianamente claro lo que, en este sentido, este grupo pretende con la presentación de esta iniciativa. Por cierto, le recuerdo que esta iniciativa fue presentada el diecinueve de octubre del año dos mil quince, que también solicitamos la comparecencia del director general de la Agencia de Protección Civil. Y, desde luego, estos profesionales que durante tantos años cumplieron, y muy bien, este servicio -y aquí tienen ustedes una foto con el presidente Herrera después de Haití-, lo que no puede ser es que, desde luego, a los profesionales, cuando interesa, cuando interesa quedar bien, diciendo que son los mejores del mundo mundial, nos hacemos una foto con ellos, pero en cuanto tenemos la ocasión, desde luego, lo que hacemos es lo que ha sucedido en este momento, que es desligamos de ellos y buscamos la salida de la privatización, vuelvo a repetir, de un servicio que se marca como esencial; no estamos hablando de cualquier servicio público que pueda ser contratado de una manera discrecional o de una manera para cubrir cualquier tipo de servicio.

Por lo tanto, nuestra proposición no de ley, desde luego, la parte primera, la que hace referencia a la paralización del proceso de licitación de la contratación, desde luego, es un tema... por la presentación, en el motivo que se ha hecho del día diecinueve de octubre de dos mil quince, se avanzó en este sentido. Y, desde luego, lo que sí que en este primer punto cambiaríamos, ya no es una... no es un proceso de licitación, sino sería tomar una decisión para la contratación de forma pública de este servicio.

Los demás puntos continuarían de la misma manera. Y, desde luego, nuestro grupo está perfectamente abierto para intentar llegar a un acuerdo entre todos los grupos, pero, desde luego, avanzar en este sentido, que nos parece positivo. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues, en turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por un tiempo máximo... [murmullos]. Pues, por parte... en turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene... por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señor presidente. Ciudadanos va a apoyar estas dos proposiciones no de ley. Primero, porque las veíamos y hemos visto todas que son necesarias. Sí que hay que hacer también referencia -aunque sí que tiene que ver, o tengan que ver- pues al último y lamentable suceso de la pérdida de vida de dos guardas forestales en Lérida, pero eso hablaremos largo y tendido sobre ese aspecto, pero sí que me gustaría que, por nuestra parte, de nuestro grupo, aquí constara.

Estamos hablando de... en fin, de preservar y formalizar un servicio de rescate y salvamento, lógicamente, por una parte, que, como sí que nos ha hecho una buena síntesis el compañero de Izquierda Unida, funcionaba como funcionaba, pero precisamente ahora está en unos momentos concretos... se dejó de funcionar de esa manera como se venía haciendo. Seguramente no fuera la mejor tampoco; es decir, una cuestión de vital importancia -y nosotros así lo hicimos ver en alguna de las Comisiones-, como es el salvamento, no puede estar simplemente, digamos, redefinido con voluntarios, bomberos voluntarios, que en unos casos se apunten o no se apunten. Esto, lógicamente, tiene que estar establecido por ley. Y el ciudadano de Castilla y León tiene que tener la garantía de que aquí se cumple, de una vez por todas, estos requisitos.

Por eso, nosotros apuntamos una serie de cuestiones que nos parecen fundamentales. El Grupo de Salvamento y Rescate de la Junta de Castilla y León, dependiente de la Agencia de Protección Civil, está integrado por funcionarios de carrera, por bomberos. Ejercen sus funciones a través de la Asociación de Colaboradores del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León. Estas funciones de rescate vienen ejerciéndola desde hace más de ocho años, y, por lo visto, con bastante éxito y profesionalidad. Como ejemplo, tuvimos el Premio de Castilla y León de los Valores Humanos, por su labor humanitaria a favor de las víctimas de catástrofes por todo el mundo y su implicación voluntaria a través del rescate, que recibieron en el dos mil nueve.

Esta asociación lleva desde dos mil seis reclamándole a la Consejería una regulación adecuada, pero a nuestro antiguo consejero le pareció que esta gran labor de nuestros profesionales, de forma casi desinteresada, no había valido la pena. El veintiséis de febrero de dos mil quince, la Junta de Castilla y León dispuso su disolución y dio por concluida la prestación del servicio a través de un sistema asociativo hasta que entrara en vigor los convenios a través de los servicios de salvamento y extinción de incendios. Hay que recordar aquellos tres muertos de aquel accidente precisamente en el año dos mil quince.

Esta asociación, responsablemente, se comprometió a seguir prestando el servicio del GRS de la Junta de Castilla y León hasta la entrada en vigor de dichos convenios. Por tanto, es absolutamente cierto que dicho colectivo buscó la negociación con la Junta de Castilla y León para buscar regularizar la situación laboral. La Junta de Castilla y León privatizó dicho servicio en octubre de dos mil quince, echándole la culpa a los bomberos voluntarios. ¿Se puede echar la culpa a un colectivo que solo pretende regularizar su situación laboral?

El veintiuno de febrero de dos mil dieciséis el Tribunal del Consultivo paró en seco la intención de privatizar el Servicio de Rescate, anulando la adjudicación del servicio a la empresa Europa Agroforestal. El Tribunal considera que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente incurrió en arbitrariedad y falta de solvencia técnica por parte de las empresas adjudicatarias.

Recordamos que este servicio se ha dado por funcionarios de carrera por más de ocho años, con calidad, profesionalidad y ejemplo de operatividad entre los grupos de rescate de toda España. Hasta ahora, lo prestaban esos servicios de bomberos profesionales de manera voluntaria; cuando habían pedido que se regule su situación, la Junta ha optado por buscar una empresa privada. Y la Junta privatiza el servicio de salvamento en montaña, según denuncia la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, que esta labor la hacían ellos de una manera más que digna, y lo regulaba mediante convenio, y ahora que la han descubierto que la Junta publica... -y lo publica en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León- ha licitado ese servicio.

La Junta reconoce que pasará a manos de una empresa privada a partir de dos mil dieciséis, pero echa la culpa -eso sí- de lo ocurrido a los bomberos voluntarios que hasta ahora lo venían prestando. Asegura el director de la Agencia de Protección Civil, José Luis Ventosa, que esta situación la han provocado los bomberos, de manera unilateral, dejando de prestar el servicio hace unos meses, cuando empezaron a pedir negociar sus condiciones laborables. Esto no lo entiende la plataforma, no lo entendemos desde Ciudadanos y no lo puede entender nadie.

Por eso, va a ser nuestro apoyo para que se regule, de una vez por todas, el salvamento de riesgos. Y, efectivamente, estamos de acuerdo en... sobre todo en las dos últimas proposiciones, que es en crear esa escuela de bomberos profesionales, y que, desde luego, tiene que tener un estatuto autonómico de los bomberos profesionales en Castilla y León, como tienen otras muchas Comunidades Autónomas. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Carlos Eduardo Chávez.

EL SEÑOR CHÁVEZ MUÑOZ:

Muchas gracias, presidente. Yo no voy a añadir mucho más a lo que se ha dicho, puesto que es cierto que ya hemos hablado de este tema; si no me equivoco mal, esta es la tercera o cuarta vez que hablamos, de una u otra manera, sobre el inexistente servicio de bomberos autonómico, que debería estar, pero que la Junta de Castilla y León no pone en marcha.

Nosotros ya lo hemos dicho varias veces al consejero, y el consejero mismo lo ha reconocido: su modelo es el modelo privado de bomberos, un modelo donde cada uno viene a hacer un poco lo que quiere, con voluntarios y con empresas externas; nuestro modelo es un modelo que dice la Ley de Salvamento de Castilla y León que es un modelo unificado, público, eficaz, eficiente, y que, sobre todo, sería mucho más barato. Hemos visto ejemplos en los parques de bomberos de Salamanca y de Valladolid, como las cifras por sí solas comparadas ya lo dicen: el de Salamanca, siendo uno de estos privados que al consejero le gustan tanto, pues cuesta entre 300 y 400.000 euros más que el de Valladolid, que está unificado, es público, tiene a todas las instituciones colaborando, es eficiente, se pone siempre como ejemplo en toda la Comunidad Autónoma como un gran servicio de bomberos, y, como digo, es mucho más barato. Por tanto, nuestro modelo es este, no el privado del consejero.

Además, en la comparecencia del director general de la Agencia de Protección Civil que hubo aquí el día trece de abril del año pasado, él mismo reconoció que, efectivamente, había una privatización; lo que pasa es que lo reconoció también con uno de estos términos tan de moda y eufemísticos como llamarlo "servicio indirecto", que, automáticamente, a cualquiera le recuerda aquella... aquel calificativo de Cospedal de la... del despido en diferido, ¿no? Es una privatización indirecta. Bien, pero es una privatización, al fin y al cabo.

Y esto supone que en la contratación de los servicios se puede meter el sistema de bajas, que tan pernicioso es para estas cuestiones esenciales. Estamos hablando de la seguridad. Lo hemos dicho muchas veces, la seguridad de la gente que se está jugando el tipo y la vida ante llamas de 20 metros de altura, pero también la seguridad de las personas que tienen que ser rescatadas. Este modelo ha hecho que en las últimas licitaciones en este Servicio de Rescate, en la última licitación, pues se produjese una baja de hasta el 17,7 %. Lo cual, digo, en este tipo de rescates, en este tipo de servicios, que son esenciales, habría que mirar con lupa para que no se produzcan situaciones en las que pueda haber equipamientos que, de alguna manera, sean más baratos, o pueda haber gente que esté trabajando más horas por cantidades que, si bien las permite la ley, pero pueden ser bastante indignas y problemáticas en cuanto a sus condiciones, etcétera.

Y luego trae otro problema este sistema privado del consejero, y es que tiene el problema de la cuestión de la autoridad, ¿no? Como ustedes saben, los agentes que están vinculados al servicio público como tal pues tienen esa consideración de agente de la autoridad, que es indispensable para poder actuar en situaciones de emergencia; sin embargo, un voluntario o un trabajador de una empresa privada, que tiene su labor traída por una licitación, pues no tiene esta condición de agente de la autoridad, lo cual ya ha traído, por cierto, en esta Comunidad algunos problemas en cuestiones de rescate.

Por tanto, como decía, no voy a añadir mucho más. Nosotros estamos en contra de ese modelo privado por su irresponsabilidad, por su ineficacia y por el despilfarro económico que supone. Y, por tanto, vamos a apoyar estas dos PNL. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Juan Jesús Blanco Muñiz.

EL SEÑOR BLANCO MUÑIZ:

Muchas gracias, presidente. Bueno, esto es un tema extenso, y, como se han agrupado, espero yo del señor presidente que, si me paso un minuto, me perdone.

Bien, primero empezamos negamos la mayor, o sea, no es cierto que la Junta de Castilla y León haya privatizado el servicio de rescate y salvamento de Castilla y León. Los rescates, hasta el año dos mil seis, se han venido realizando por los equipos de la Guardia Civil, y, desde diciembre del año dos mil seis, de manera compartida con los equipos de la Guardia Civil y por el grupo de rescate creado por la Junta de Castilla y León, con un reparto aproximado de un 50 %, en función de la localización de los incidentes y de la tipología del rescate.

El servicio de rescate y salvamento de la Junta de Castilla y León se viene prestando...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Perdone, señor procurador, que está sonando un teléfono móvil. Si, por favor, lo pueden apagar. [Murmullos].

EL SEÑOR BLANCO MUÑIZ:

(Está perdonado). ... el servicio de rescate y salvamento de la Junta de Castilla y León se viene prestando desde su inicio de forma indirecta a través de empresa especializada y bajo la coordinación del Centro Coordinador de Emergencias.

El Grupo de Rescate y Salvamento está integrado por un helicóptero con piloto y gruista y un equipo de dos rescatadores, y, hasta marzo del año dos mil quince, dichos rescatadores se integraban en una Asociación de Bomberos procedentes de los distintos parques de Castilla y León –y la verdad es que esto lo estamos diciendo ya muchas veces, pero que es... hay que volver a decirlo, ¿no?-, realizando dichas funciones fuera de su horario de trabajo y de manera voluntaria, coordinados por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

La asociación percibía una subvención por la prestación del servicio, y además la Junta formaba de manera continua y equipaba a todo el personal, resultando un coste anual de unos 376.969,75 euros/año, frente a los 298.978 que supone el coste de la contratación de dicho servicio de la forma actual. La Asociación de Bomberos venía demandando la posibilidad de realizar un convenio entre la Junta de Castilla y León y los distintos ayuntamientos y diputaciones de los que dependía orgánica y funcionalmente, a fin de que los servicios en el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León se consideraran como desarrollados dentro de sus propios parques, computándose de esa manera, comprometiéndose los ayuntamientos y diputaciones a poner a disposición del servicio de rescate y salvamento de la Junta a su personal, de acuerdo con los calendarios que se marcasen, a cambio de percibir una compensación económica.

En el mes de marzo de dos mil quince, la asociación comunicó su disolución y la imposibilidad de seguir prestando el servicio con el modelo actual en tanto no se firmase el convenio que se había demandado. Ante esa situación creada como consecuencia de esta decisión por parte de los bomberos, la Junta se vio obligada a contratar, por el procedimiento de emergencia, el servicio de rescatadores con la misma empresa que venía prestando el servicio de helicóptero para poder seguir manteniendo el servicio esencial de rescate y salvamento, incluyendo –esto es importante- entre los rescatadores a uno con la titulación de diplomado universitario en Enfermería, mejorando sustancialmente la resolución del incidente, al permitir una mejor actuación, más especializada y mejor coordinada con los servicios de emergencias sanitarias hasta que los rescatados son puestos en manos de emergencias sanitarias, que es una cuestión digamos que a debatir. ¿El servicio de emergencias tiene que estar solo hecho de bomberos profesionales?, teniendo en cuenta que el servicio de rescate está compuesto por un piloto, un gruista y dos rescatadores, y de los cuales uno es enfermero. Resulta que de los bomberos, de cuatro, solo queda uno. Es una tema digamos que un poco también a debatir.

Al mismo tiempo, y en paralelo, se iniciaron los trámites para poner en marcha un convenio de las características demandadas por los bomberos. Una vez obtenido el visto bueno de los Servicios Jurídicos, se dio traslado a la Federación Regional de Municipios y Provincias de dicho convenio en junio de dos mil quince, con cuyos representantes se había mantenido una reunión con anterioridad y en la que se propusieron la tramitación del mismo a través de la Federación para que esta se pronunciase e impulsase la firma por parte de los ayuntamientos. Por su parte, los representantes de los bomberos se comprometieron al impulso en los ayuntamientos y diputaciones de los que dependían. El compromiso de la Junta era no cerrar dicha vía de negociación, comunicando a los representantes de los bomberos que, de manera paralela, se iba a iniciar un procedimiento de contratación del servicio de rescate, una vez cumplido el plazo de contrato de... del contrato de emergencia, pues este servicio esencial no podía quedar interrumpido.

Ante la incertidumbre de la firma por parte de los ayuntamientos y diputaciones antes de la fecha de vencimiento del contrato, que era a diciembre del dos mil quince, a fin de garantizar la prestación de un servicio esencial como es el de rescate, se inició el procedimiento de contratación del servicio mediante expediente A2015, que fue paralizado por Orden del cuatro de febrero de dos mil dieciséis de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por lo que se cumplía el acuerdo contenido en la Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, dictado contra la Orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de diez de noviembre de dos mil quince, por lo que se adjudica el contrato "Servicio de rescate para labores de protección ciudadana y rescate de Castilla y León".

Una vez que se han tenido en cuenta las observaciones del Tribunal, y a fin de garantizar las prestaciones del servicio, se ha iniciado un nuevo expediente que saldrá a licitación en fechas próximas para comenzar el nuevo contrato.

El tres de agosto del año dos mil dieciséis se recibió escrito de la Federación Regional, en el que indicaban que, una vez elevadas consultas a todas las entidades locales afectadas por el convenio para determinar la viabilidad de su firma, fueron escasas las contestaciones expresas recibidas. Ello no obstante, indicaba que todas ellas manifestaban la imposibilidad de suscripción del citado compromiso, de ese convenio, en tanto que existían dudas jurídicas sobre la viabilidad de la cesión de trabajadores de las entidades locales a la Junta de Castilla y León, así como las dificultades organizativas para poder cumplir con el compromiso, pues la puesta a disposición del personal para el grupo de rescate podría comprometer la organización y buen funcionamiento del propio servicio de bomberos de cada uno de los ayuntamientos afectados.

Así mismo, se valoró, con la Guardia Civil, la posibilidad de que esta institución pudiera hacerse cargo de todos los rescates en el conjunto de la Comunidad. Una vez estudiadas todas las posibilidades, indicaron que la estructura y organización de dicha institución, los medios con los que cuenta y las funciones que tiene atribuidas les imposibilita dar una respuesta similar a la que se ofrece con el actual grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, es decir, una respuesta homogénea para el conjunto de la Comunidad y con los mismos tiempos de respuesta. Considerando, no obstante, que podrían seguir haciendo... haciéndose cargo de alrededor del 50 % de los rescates, tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha. Así, desde abril de dos mil quince, la Guardia Civil ha realizado 151 rescates y el grupo de la Junta de Castilla y León 112, cumpliendo ambas partes con el convenio de colaboración en esta materia y no habiéndose producido ningún problema o incidente.

Ante la inviabilidad del modelo planteado por la Asociación de Bomberos Voluntarios mediante acuerdos con ayuntamientos, y la imposibilidad de que la Guardia Civil pudiera hacerse cargo de todos los rescates en el conjunto de la Comunidad, la Junta debe seguir prestando el servicio, eligiendo la mejor solución técnica desde el punto de vista de interés general, y que desde... hasta la fecha es el modelo vigente de gestión indirecta mediante contrato con empresa especializada, tanto por los tiempos de respuesta que ofrece como la posibilidad de incorporar en todas las misiones a personal con formación sanitaria, que garantiza la asistencia por profesionales sanitarios desde el inicio de la intervención.

Respecto a la creación de un servicio de rescate y salvamento de características públicas y la creación de un cuerpo de bomberos autonómico, dentro del cual se incluya al grupo de rescate, dice la Ley 7/85, del dos de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en su Artículo 25 que son competencia municipal los servicios de prevención y extinción de incendios, debiendo de prestarse en cualquier caso por los municipios de más de 20.000 habitantes, de acuerdo con el Artículo 26 de la citada ley. Y cuando los municipios de menos de 20.000 habitantes no procedan a su prestación, deben ser las diputaciones las encargadas de la prestación del servicio, de acuerdo con el Artículo 36 de la citada ley. Es decir, corresponde a las entidades locales la creación de los diferentes cuerpos de bomberos.

La Junta de Castilla y León no tiene competencia para la creación de un cuerpo de bomberos autonómico, y por tanto no puede incluirse en el mismo al Grupo de Rescate y Salvamento.

Además, como se ha indicado anteriormente, la necesidad de incorporar a personal con formación sanitaria en las misiones de rescate impide que dichas funciones puedan ser llevadas a cabo por personal que carece de la titulación de diplomado en Enfermería.

Respecto a la creación de una escuela autonómica de formación de bomberos profesionales, se considera innecesaria, puesto que la Agencia de Protección Civil viene asumiendo dentro de su estructura, y así se recoge en el Decreto 43/2015, de tres de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, las funciones en materia de formación, entre otros, para servicios de prevención y extinción de incendios, a través del Servicio de formación y voluntariado.

Dadas las características de la formación requerida por dichos servicios, existe un convenio entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, mediante el cual se garantiza la formación de dicho personal en espacios habilitados a tal fin para dar una formación del nivel técnico exigido mediante la utilización de los espacios y equipos específicos con los que cuenta el parque de bomberos de Salamanca, garantizando una formación de calidad al conjunto de bomberos de toda la Comunidad. Igualmente, existe un convenio con la Fundación Santa Bárbara para la formación en relación en túneles y galerías.

El programa de formación anual, tanto para los bomberos de nuevo ingreso como para los bomberos que ya vienen prestando servicio, se aprueba en una mesa de formación, en la que se integran representantes de los parques de bomberos, representantes de las centrales sindicales más representativas y personal técnico de la Agencia de Protección Civil, todo ello sin menoscabo de la formación a la que están obligados y que se imparte por parte de los ayuntamientos y diputaciones de los que dependen los parques de bomberos.

Respecto al desarrollo de la Ley 4/2007, de veintiocho de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, y, de forma específica, estableciendo un estatuto autonómico del bombero profesional, decir que se está trabajando en el establecimiento y ordenación de una red de parques de bomberos a nivel regional, dentro del marco competencial de la Administración regional y respetando las competencias propias de las Administraciones locales.

Para ello, de acuerdo con el mandato del Artículo 5 de la Ley 4/2007, de veintiocho de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, se ha realizado un estudio que propone el diseño de la organización territorial del sistema de protección ciudadana en los términos establecidos en la propia ley. El resultado de este estudio ha sido validado por una mesa de trabajo constituida al efecto, mesa en la que están representadas las Administraciones regionales, a través de la Agencia de Protección Civil, Medio Ambiente, las entidades locales, a través de la Federación Regional de Municipios y provincias, y los representantes sindicales de los bomberos profesionales.

Teniendo como base este estudio consensuado, se llevará a cabo el desarrollo de la organización territorial del Sistema de Protección Ciudadana a través de decreto de la Junta de Castilla y León, si bien el principio de coherencia con el resto de actuaciones y objetivos de las políticas públicas de Castilla y León aconseja que la aprobación del citado decreto deba acompasarse, de acuerdo con el criterio de la Consejería de Presidencia, con el desarrollo de la Ley 7/2013, de septiembre, de Ordenación de Servicios y Gobierno en el Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Sobre la base de dicha organización territorial, cuya finalidad no es otra que garantizar una prestación eficaz, homogénea, de los servicios de protección ciudadana en toda la Comunidad, fundamentalmente en cuanto a tiempos de respuesta se refiere, en la citada mesa se trabajó, a su vez... de trabajo, a su vez, se ha informado favorablemente de una propuesta de distribución de red de parques de bomberos para el conjunto de la Comunidad a nivel provincial y comarcal, ordenado sobre la base de la organización territorial diseñada previamente.

Esta propuesta incluye diferentes tipos de parques y determina la dotación de recursos mínimos, personales y materiales, en función de la vulnerabilidad y riesgo estadístico de cada una de las demarcaciones a las que debe dar respuesta cada uno de los parques de bomberos, para garantizar una respuesta eficaz y homogénea antes citada.

Actualmente, a la propuesta de distribución de la red de parques se le está dando forma... la forma de plan sectorial, siendo este el estatuto para dichos servicios de acuerdo con lo establece el Artículo 40 de la Ley 4/2007, que establece que la Junta de Castilla y León ejercerá la coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento a través de un estatuto para dichos servicios en Castilla y León, el cual tendrá el carácter de plan sectorial y contendrá los criterios de actuación, los objetivos y prioridades y, en su caso, los instrumentos orgánicos, funcionales y financieros adecuados y necesarios para una prestación homogénea de este servicio a los ciudadanos de la Comunidad.

Por todo lo expuesto, dado que no se ha producido ni se va a producir una privatización del servicio de rescate y salvamento; que ha resultado acreditada la inviabilidad del modelo planteado por la Asociación de Bomberos y Voluntarios mediante acuerdos con ayuntamientos; que la Junta de Castilla y León no tiene competencia para la creación de un cuerpo de bomberos autonómico; que la formación de bomberos profesionales y voluntarios ya se viene realizando conforme a un programa anual que garantiza una formación de calidad al conjunto de bomberos de toda la Comunidad sin necesidad de crear un nuevo organismo; y que la Junta de Castilla y León ya está trabajando en el desarrollo de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León y en el estatuto para los servicios de prevención, de extinción de incendios...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Vaya terminando, por favor.

EL SEÑOR BLANCO MUÑIZ:

... y salvamento, consideramos que únicamente procedería tomar en consideración el punto 3 de la PNL 279, relativo a "Desarrollar de forma completa la Ley 4/2007, de veintiocho de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, y de forma específica estableciendo un Estatuto Autonómico del Bombero Profesional", rechazando todas las demás. Pediríamos, si es posible, el voto separado de ese punto. Muchas gracias, señor presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues, para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor procurador don José Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a los grupos Ciudadanos y Podemos su voto afirmativo, y entiendo que al Grupo Socialista, supongo que nos apoyaremos mutuamente, ¿no?, en la... en la proposición. En cuanto al Grupo Popular, entiendo que lo que pide es votación separada, ¿no?... [murmullos] ... del Grupo Socialista. Respecto a la nuestra, entonces no... Bueno, ¡vaya por Dios, cómo estamos con la gran coalición! Vale.

Bueno, pues, en ese caso, nada, pues reafirmarnos en nuestros planteamientos. Solo indicar que en el plan que se ha planteado los sindicatos no estaban conformes, hubo alegaciones. Hubo alegaciones, por ejemplo, en algunos elementos como las zonas de actuación; y la formación no se consultó tampoco, sino que fue una formación impuesta. Yo he... vuelvo a entrar en lo que es el elemento quizá de discrepancia de fondo que hay en todo esto. Es decir, lo primero es la descripción de qué es una privatización. Y no voy a entrar en una cuestión semántica, no voy a entrar en debatir una cuestión terminológica. Para nosotros, políticamente, una privatización es todo aquello que en un servicio público ejerce una empresa privada. Ciertamente, se puede entender que una privatización implica además una liberalización, y entonces ya iríamos a otras características.

En todo caso, se llame como se llame, lo cierto es que aquí estamos ante un servicio que previamente, aunque de una manera altamente irregular y nada conveniente para los propios trabajadores, pero ciertamente era prestado por funcionarios, si bien no lo era prestado por funcionarios, digamos, como parte de su trabajo, sino en una función pues altamente extraña y, desde luego, muy poco conveniente para ellos, y yo añadiría que para el servicio. Y, desde luego, el hecho de que ahora dicho servicio sea prestado por una empresa privada, en primer lugar, ahora mismo sin adjudicación, puesto que la adjudicación legal fue tumbada por un juzgado y hubo que echarla para atrás. El hecho de que, por lo tanto, esté siendo prestada por una empresa privada; una empresa privada que no olvidemos que además está prestándolo con 5 rescatadores en un servicio en el que antes había 30. Es decir, que aquí ha habido una situación absolutamente excepcional, porque, en un contexto de recortes, aquí lo que encontramos es que un servicio nos cuesta exactamente lo mismo, pero es prestado por menos profesionales. Con lo cual, ¿dónde se está quedando ese dinero?, que es algo que habría que preguntarse.

Hablamos, por lo tanto, de un servicio, en primer lugar, que, como ha manifestado el Grupo Socialista, plantea serias dudas acerca... y como he planteado yo en mi primera intervención, plantea serias dudas legales. Es decir, cuando hablamos, y lo recordaban también los oradores de Podemos y de Ciudadanos, que es un servicio que tiene que ser prestado por agentes de la autoridad, y, por lo tanto, por funcionarios públicos, cosa que no se está produciendo en este momento.

Y, por lo tanto, aquí hay, a nuestro juicio, una evidente privatización. Si quieren ustedes llamarlo externalización, pues bien, de acuerdo. Y lo cierto es que, a día de hoy, lo que antes era prestado por empleados públicos, si bien en un régimen que no nos convence ni a nosotros ni a los mismos empleados, a los mismos bomberos que pidieron que se regularizara su situación, lo cierto es que, a día de hoy, ni siquiera está prestado por servicios públicos. Lo cual genera inmensas lagunas legales, a nuestro juicio, y además que supone un perjuicio muy importante de la situación de estos trabajadores y del propio servicio. Insisto, lo que antes estaba prestado por 30, ahora es prestado por 5. Y es que ni siquiera ha supuesto un abaratamiento, ¿no?, cosa que tampoco quiero, porque creo que hay que invertir más en este tipo de servicios, ¿no? Pero es que ni siquiera... es decir, yendo a ser prestado por menos cantidad de personal, ni siquiera ha supuesto abaratamiento, es decir, que encima el coste es el mismo. Con lo cual, mucho nos tememos que, como solemos denunciar desde mi humilde fuerza política, en este tipo de procesos de externalización, lo que terminan generando es que se produzca una pérdida de valor a lo largo de la cadena de externalizaciones que, a nuestro juicio, es uno de los elementos, entre otros, que nos hacen creer que los servicios públicos deben ser administrados directamente, gestionados directamente por la Administración pública y por trabajadores de dicha Administración. Mucho más, como decíamos al principio, en un servicio de estas características, en un servicio de rescate de este tipo.

Y de ahí habría que hablar en la segunda parte, porque, ciertamente, nosotros hacíamos esta proposición pensando en lo que sería el servicio de rescate y salvamento, que es lo que motiva inicialmente nuestra preocupación, pero, ciertamente, lo que nosotros creemos es que lo que se pone de manifiesto es el enorme caos, en el sentido de diferencias inmensas de tratamiento y de organización del servicio de bomberos de unas provincias a otras, e incluso de unas comarcas a otras, ¿no?, porque dentro de una misma provincia se produce una importante heterogeneidad en función de las condiciones municipales, de las condiciones comarcales, y de una provincia a otra. Esto es algo que nos sorprende, es decir, que haya que realizar acuerdos con diputaciones, con los ayuntamientos, etcétera. De hecho, una parte del problema precisamente viene por ahí.

Porque una de las propuestas que se realizó en el marco de los diálogos que tuvieron la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León con la Junta de Castilla y León para intentar solucionar en esta situación durante los nueve meses previos a que advirtieran de que se iba a renunciar a prestar dicho servicio precisamente pasaba por un supuesto acuerdo con la FREMP. Y una de las cuestiones que se plantearon en una comparecencia, creo que en esta misma Comisión –creo recordar-, era que se planteaba como posibilidad un acuerdo con la FREMP, acuerdo que en este momento no sabemos en qué estado se encuentra.

Es decir, en definitiva, de lo que se trata es de que, en primer lugar, todo servicio público tiene que estar gestionado desde lo público; en segundo lugar, mucho más cuando se trata de servicios de esta delicadeza; en tercer lugar, aún más si la ley lo exige. Y, por lo tanto, que lo que no se puede hacer es lo que, a nuestro juicio, ha pasado con esto: en primer lugar, que creemos que ha habido un cierto ninguneo hacia este servicio; y, por otro lado, y esto nos parece muy importante, es que la sensación que tenemos es de que la Junta de Castilla y León lo que ha intentado es presionar, chantajear, digamos –si se me permite la expresión-, a estos trabajadores, planteando que, frente a su legítima reivindicación, lo que se está planteando es poner a otra empresa a hacerles las labores. Es decir, esto no es correcto, es decir, estas personas están haciendo un servicio público, estas personas ni siquiera están pidiendo cobrar más dinero; es decir, no es una cuestión, lo que ellos están planteando, económica, lo que están planteando es una cuestión de sus funciones profesionales. Porque imagínense que uno tiene un accidente desde un helicóptero, se mata, y no le cubre el servicio propio de bomberos, sino que le cubre otro seguro diferente. Imagínese cuando esto ocurre a cualquier hora, cuando esto sucede fuera de, digamos, lo que sería su tiempo de trabajo, considerado su función profesional. Es decir, que estas personas tienen que encontrarse dentro de su ámbito profesional.

Y yo creo que bastante paciencia han tenido ya, cuando durante tanto tiempo han estado prestando este servicio a través de esta asociación, durante nueve años han estado planteando que se regularice, que se plantee de otra manera; que finalmente se decida, en lugar de regularizarlo y plantear las cosas como deberían hacerse, lo que se opte es por vulnerar la ley y por hacer que el servicio lo presten empleados de una empresa privada, ¿no?

En definitiva, todo esto para decir que nosotros mantenemos nuestro texto. Entiendo que nadie nos está pidiendo votación separada, y, por lo tanto, pues así lo dejamos. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor procurador don José Luis Aceves Galindo.

EL SEÑOR ACEVES GALINDO:

Bien. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer pues el apoyo de los otros grupos. Bueno, para que esté el señor Sarrión tranquilo, desde luego, no se preocupe, que en Castilla y León no tenemos el modelo Extremadura de pinza, o sea, que esté tranquilo, que no hay gran coalición.

De verdad que yo, cuando escuchaba, y he escuchado atentamente, la proposición de... la posición del Partido Popular en esta Comisión, la verdad que yo pensaba que nos iba a acabar anunciando el señor Blanco que van a presentar una proposición de ley para cambiar la propia ley de Castilla y León. Porque, si estas Cortes aprueban un texto, se publica en el Boletín de Castilla y León, que lo tenemos que cumplir todos los ciudadanos, y nosotros ahora, como representantes de los mismos, desde luego, necesitamos en este momento que Castilla y León tenga un servicio de estas características, cambien la ley. Porque, si no sirve nada lo que dice la ley, cámbienla.

Empiezo con un ejemplo muy sencillo. Hablan de que se está dando... la Agencia de Protección Civil está dando formación para los profesionales. Es cierto. Pero, entonces, ¿por qué dice la página número 14 del Boletín de once de abril de dos mil siete, en la ley, por qué dice que "la Junta de Castilla y León creará la Escuela Regional de Protección Ciudadana, adscrita a la Consejería de Presidencia"? ¿Por qué lo dice? Cámbienlo. No lo entiendo, sinceramente, que digan esa cuestión.

Le voy a decir... ese texto que le ha pasado, le voy a decir cuál es la realidad de este asunto. La realidad de este asunto es que en Castilla y León no se ha acometido como en otra Comunidades Autónomas lo que es que desde la Consejería de Presidencia sea la que tenga bajo su mandato lo que es los temas de protección ciudadana, al igual que lo tienen otras Comunidades Autónomas como Cataluña, como Madrid. Y, por lo tanto, bajo su paraguas estarían pues, desde luego, los bomberos, la policía local, los agentes medioambientales, es decir, todos los cuerpos que tienen algún tipo de autoridad y de representación en este sentido.

Y, por lo tanto, como no se ha cumplido en este parámetro en Castilla y León, pues nos encontramos, como siempre, en el Gobierno de esta Comunidad, que son los reinos de taifas. Y, claro, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no quiere que se cree la escuela regional de policía porque estaría adscrita a la Consejería de Presidencia, y, a lo mejor, en un futuro, la Agencia de Protección Civil debería de estar en Presidencia; y digo "a lo mejor debería de estar", pero eso es la realidad por lo que le han dado esa respuesta, señor Blanco.

Pero esto no puede ser en nuestra Comunidad Autónoma, y menos en este Parlamento, señorías, defender algo contrario de lo que se ha aprobado aquí, que es una ley. No lo entiendo, sinceramente. Háganselo mirar, porque, de verdad, es curioso la posición. Lo mismo, lo mismo, si entramos con el aspecto relacionado a lo que hablaba en nuestra proposición no de ley, al asunto de lo que es el texto de la ley, que también habla del estatuto del bombero profesional, para que nos entendamos. Lo mismo. Pero si es que no es una cuestión que nadie se invente, es que es una cuestión que desde el año dos mil siete se ha incumplido. Y aquí, en este aspecto, no podemos hablar de parámetros económicos de crisis, porque crear un estatuto es una cuestión de coordinación, no es una cuestión económica, es una cuestión de coordinación de un servicio.

Por cierto, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que me diga usted a mí que no se puede en Castilla y León crear un cuerpo de bomberos, le digo: no es cierto; y tenemos muchos ejemplos. La Comunidad de Madrid tiene un cuerpo de bomberos autonómicos, la Comunidad de Cataluña tiene un cuerpo de bomberos autonómicos, ¿por qué Castilla y León no lo puede crear? Hay que tener voluntad política y hacerlo. Pero, hombre, no me diga que no se puede crear. Claro que la Ley de Bases de Régimen Local marca las competencias de los ayuntamientos y de las diputaciones para un tipo de servicio de extinción de incendios; claro, pero en este caso la parte que estamos hablando de los bomberos es otra parte, es rescate en montaña, y son otras competencias de seguridad que trasciende -y usted lo sabe bien como alcalde-, que trasciende la responsabilidad de la Administración local.

Por lo tanto, claro que Castilla y León, si hay voluntad, puede crear un cuerpo autonómico de bomberos para hacer este servicio de rescate y otras cuestiones que le competan, y, si no lo quiere hacer, muy fácil, firmen un convenio con el Ministerio, y que lo ejecute -como dice usted- la... O sea, en Castilla y León, el 50 % de los rescates lo hacen profesionales, funcionarios profesionales como son los cuerpos de rescate (el GREIM) de la Guardia Civil, pero otra parte lo hacen trabajadores que, con todos mis respetos y, de verdad, mi admiración por el trabajo que hacen, pero que no han pasado ningún tipo, ningún tipo de oposición, ningún tipo de prueba para acreditar que están capacitados para hacer esta cuestión. Y vuelvo a repetir, esto no es limpiar un hospital –con todos mis respetos, y les tengo, porque tengo familiares de personas que trabajan en limpieza de un hospital-, no tiene que ver absolutamente nada. Por lo tanto, su respuesta, en ese sentido, me sorprende en el sentido de que... de que, bueno, pues que el primer día que vino el consejero y el director general han marcado una línea, y ya nadie se molesta en mirar si lo que han dicho pues está, incluso, alejado jurídicamente de lo que es la realidad. De verdad, mírenlo, porque verán como se llevan una sorpresa.

Y, desde luego, en cuanto a lo que es la parte del servicio de rescate, mire, yo creo que, cuando estamos hablando de gente que estamos o hemos estado en el mundo municipal, hombre, que me digan que la Federación de Municipios y Provincias... lógicamente, porque el escrito que mandó la Junta de Castilla y León –si quieren, yo también le tengo-, el escrito que mandó la Junta de Castilla y León a la Federación de Municipios y Provincias es que la Federación de Municipios no tenía... no tenía otra opción que contestar en un escrito de esas características. ¿Qué va a contestar? Aquí lo que hay que concretar es, por parte de la Junta, si se quiere realmente firmar un convenio, es: ¿cuántos profesionales necesito? ¿Cómo va a ser su relación con la Junta de Castilla y León? ¿Cuántos días vas a necesitar prestar el servicio? ¿Cuántas personas? ¿De dónde pueden o deben de provenir esos profesionales? Y cuando esa documentación esté en la Federación de Municipios y Provincias seguramente la Federación actuará, hablará con los responsables de esas corporaciones locales, y verán como es más fácil, o no, no lo sé, pero será mucho más fácil llegar o no a un acuerdo.

Por lo tanto, no me vale ni que se hayan hecho los esfuerzos necesarios para terminar con el tema de la federación ni, desde luego, me vale eso de que en Castilla y León, taxativamente, no se pueden crear bomberos autonómicos, cuando, ya le digo, le pongo dos ejemplos que me vienen a la mente ahora mismo, que es Cataluña y Madrid, que tienen bomberos autonómicos de la Comunidad, en este caso, en nuestro país.

Y, bueno, para concluir, desde luego, pues mire, le digo sinceramente: me alegro que pudieran decir que el punto tercero podrían estar de acuerdo, pero, como esta proposición no de ley parte, desde luego, de las reivindicaciones de los sindicatos, y esta misma... esta misma mediodía he estado con ellos hablando y, desde luego, tengo información de que por mucho que nos haya comentado –y es verdad, yo lo he dicho en mi primera intervención- que están en una fase de negociación, pero avanzan muy poquito, muy lentamente, desde luego, nosotros no vamos a aceptar, no vamos a aceptar esa cuestión, porque esto es un todo. Aquí había dos partes, una el rescate de montaña -y sigue sin solucionarse-, y la otra es la del estatuto de bombero y la formación, que lo dice la ley -que no lo dice el Grupo Socialista, lo dice la ley-, y, desde luego, pues no vamos a aceptar la votación separada. Esto es un todo. Si se está de acuerdo en avanzar en este servicio esencial, se vota; y si, desde luego, se quiere seguir pues en este mundillo de no querer avanzar y tal, pues, desde luego, es opción de cada uno, y muy razonable, cada uno que haga lo que quiera, ¿no?

Pero, desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir defendiendo lo que dijimos el primer día, cuando vino el director general, que es que esto es un servicio esencial, y, al igual que la Comunidad Autónoma en su momento hizo un esfuerzo -y lo reconozco- para llegar a unas normas básicas marco de policía local, con este servicio hay que llegar a las mismas pautas: normas básicas, coordinación y, desde luego, ayuda con las corporaciones locales en lo que les compete a ellos de bomberos, y lo que son las competencias autonómicas de coordinación, desde luego, llevarlas pues al límite adecuado, ¿no? Y en eso, si somos capaces de levantarlo, habremos hecho bien -de avanzar, perdón-, y, si no somos capaces de avanzar, realmente lo que estamos haciendo es mareando la perdiz. Y, desde luego, nosotros creo que no estamos para marear la perdiz.

Por lo tanto, señoría, paso a leer cómo quedaría definitivamente la proposición no de ley. El primer punto ya he manifestado en mi primera intervención, pero lo leo ahora para que quede claro, porque ya está lo del proceso de licitación fuera. Sería: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a paralizar la actual privatización del servicio de rescate y salvamento para labores con protección ciudadana y rescate en Castilla y León como servicio esencial". Y el segundo, tercero y cuarto quedarían como están, no hace falta leerlo, ¿no? Gracias, presidente.

Votaciones PNL

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. ¿Algún grupo político quiere hacer el uso de la palabra?

Votación PNL/000251

Pues, concluido el debate, procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley número 251, presentada por el señor procurador don José Sarrión Andaluz.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: nueve. Votos en contra: nueve. Habiéndose producido un empate en la votación, esta proposición no de ley, se procede, de conformidad a lo establecido en el Artículo 92 del Reglamento de la Cámara, a someter a una nueva votación dicha iniciativa parlamentaria.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: nueve. Votos en contra: nueve. Habiéndose producido de nuevo el empate en la votación, ¿algún grupo parlamentario desea que se suspenda la sesión? No siendo así, procederemos a someter de nuevo la votación de la proposición no de ley debatida, advirtiendo a sus señorías que, de persistir el empate, la proposición será elevada al Pleno de la Cámara para que este decida sobre la misma definitivamente.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: nueve. Votos en contra: nueve. Habiéndose mantenido el empate tras las tres votaciones previstas en el Artículo 92 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, esta Presidencia procederá a comunicárselo así a la excelentísima señora presidenta de la Cámara a los efectos previstos en el apartado 3 de este precepto reglamentario.

Votación PNL/000279

Y pasamos a la votación de la Proposición No de Ley 279, presentada por el Partido Socialista.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: nueve. Votos en contra: nueve. Habiéndose producido un empate en la votación esta proposición no de ley, se procede, de conformidad a lo establecido en el Artículo 92 del Reglamento de la Cámara, a someter una nueva votación dicha iniciativa parlamentaria.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Resultado de la votación: dieciocho votos emitidos. Nueve a favor. Nueve en contra. Habiéndose producido un nuevo empate en la votación, ¿algún grupo parlamentario desea que se suspenda la sesión? No siendo así, procedemos a someter de nuevo la votación de la proposición no de ley debatida, advirtiendo a sus señorías que, de persistir el empate, la proposición será elevada a Pleno de la Cámara para que este decida sobre la misma definitivamente.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: nueve. Votos en contra: nueve.

Habiéndose mantenido el empate tras las tres votaciones previstas en el Artículo 92 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, esta Presidencia procederá a comunicárselo así a la excelentísima señora presidenta de la Cámara, a los efectos previstos en el apartado 3 de este precepto reglamentario.

Y pasamos al último punto, que es el punto 4, que era el anterior punto 3 del orden del día, y por parte del señor secretario se dará lectura a este último punto del orden del día. Tiene la palabra el señor secretario.

PNL/000594 (Retirada)

EL SECRETARIO (SEÑOR MONTERO MUÑOZ):

Proposición No de Ley 594, presentada por los procuradores don José Luis Aceves Galindo, don Celestino Rodríguez Rubio, doña María Consolación Pablos Labajo, don Juan Carlos Montero Muñoz y don Pedro Luis González Reglero, para instar a la Junta para que adopte las medidas que se proponen para la mejora de la calidad del aire, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 117, de veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Muy bien, muchas gracias. Pues, para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, don Celestino Rodríguez Rubio, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR RODRÍGUEZ RUBIO:

Gracias, presidente. Dado que esta proposición no de ley no ha sido planteada por el Grupo Socialista para debatirla en esta Comisión, y dado que en el Pleno del día catorce de diciembre ya se aprobó los puntos que incorporan esta proposición no de ley, es decir, que ya están aprobados estos puntos en el Pleno, proponemos a la Mesa, y si el resto de grupos está a favor, retirar esta proposición no de ley, porque sería aprobar algo que ya se ha aprobado en el Pleno. Pero incido, incido, esta proposición no de ley no ha sido propuesta por este grupo para el debate en esta Comisión.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ):

Bueno, pues esta Presidencia sí que tiene que decir que ha intentado localizarle a su señoría, en varias ocasiones, y le ha sido imposible, con lo cual, en ese sentido... así que, bueno, pues... [Murmullos]. No, no la tiene. No, no, no. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas cuarenta minutos].