DS(C) nº 293/9 del 17/4/2017

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Buenas tardes. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Buenas tardes, señora presidenta. Sí. Álvaro Lora va a sustituir a Gloria Acevedo y Consolación Pablos va a sustituir a Virginia Barcones.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León?

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Sí. Félix Díez Romero sustituye a Juan Pablo Fernández.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

¿Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos?

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado sustituye a Luis Fuentes.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

¿Por el Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO:

Buenas tardes. Gracias, presidenta. Jesús Alonso sustituye a Ramiro Ruiz, Vidal Galicia sustituye a Jorge Martínez, Julián Ramos sustituye a Rosa Valdeón.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Primer punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

PNL/000950

LA SECRETARIA (MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley 950, presentada por los Procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para la reforma de las Administraciones públicas, en particular, de las locales, para asegurar la eficacia y la eficiencia del servicio de interés general que garantice la igualdad básica de su disfrute por todos los españoles, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar... en primer lugar, hacer una reflexión sobre estas proposiciones no de ley. Nosotros creemos desde Ciudadanos, y así se lo hemos hecho hacer constar a algún miembro de los diferentes grupos y de la Mesa, que a veces yo creo que hay otras proposiciones no de ley que ya están presentadas, que no tienen que ser precisamente este tipo de ellas. Vamos, en fin, no sé si otras explicaciones se pueden dar al respecto, pero creo que a buen entendedor, pocas palabras.

La que presentamos hoy, efectivamente, es una de las proposiciones no de ley que están basadas en esos 150 puntos de acuerdo de Ciudadanos y el Partido Popular. Y queremos empezar diciendo que en la actualidad la Administración está plagada, lógicamente, de duplicidades y gastos inútiles, la falta de evaluación y control; y sobra despilfarro, como es más que evidente en el devenir diario, que todos vemos. Para situarnos en el camino de mantener nuestro estado del bienestar debemos eliminar gastos que no son necesarios; para lograr este objetivo debemos racionalizar el gasto público, siempre tiene que ser fundamental.

A lo largo de los últimos 35 años hemos creado una estructura territorial profundamente costosa e ineficiente, al pasar de una estructura con tres niveles (ayuntamientos, diputaciones y Gobierno central) a una con cinco (ayuntamientos, diputaciones, Comunidades Autónomas, Gobierno central y, por supuesto, también el Gobierno europeo, que, como saben ustedes, cada vez tiene mayores determinaciones que afectan a todos los ciudadanos); y, además, sin eliminar ninguna de ellas, valga la redundancia. Por ello, creemos imprescindible eliminar las duplicidades administrativas y los organismos innecesarios. En particular, se debe de promover las reformas que garanticen una prestación eficiente y racional de las competencias y servicios prestados por todos los niveles administrativos (Administración general del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas, los entes locales, incluidas, por supuesto, también las diputaciones).

El objetivo es generar ahorros que se destinarán, a medida que se vayan produciendo... que se deben de ir destinando a políticas sociales y medidas para la mejora de la competitividad, entre otras cuestiones, y, por supuesto, a sanidad, educación, en fin, todo lo que demandamos los servicios públicos. En todo caso, ninguna de estas actuaciones debe poner en riesgo los servicios públicos que prestan estas Administraciones a los ciudadanos, y especialmente los que benefician a esos 15 millones de españoles que, como bien sabemos todos, viven en municipios de menos de 20.000 habitantes, y que, además, lógicamente, son los que en teoría y amparan, custodian estas diputaciones, que desde Ciudadanos siempre ponemos en entredicho.

Yo creo que, en fin, es muy profusa toda la documentación al respecto, yo creo que todos sabemos ya las posturas de casi todo el mundo. Pero yo creo que todos los partidos coincidimos en lo esencial, que sería, lógicamente, racionalizar las Administraciones y los servicios que prestamos, por supuesto, evitando esas duplicidades, y que todas las competencias solamente tuvieran un organismo –digamos- oficial o público, y así eliminaríamos –por supuesto, luego nos referiremos a ellas- esas competencias impropias, tan dichas y remarcadas muchas veces, y que a veces lastran, y de una manera muy considerable, muchísimas Administraciones. Y para ejemplo, antes de que se nos olvide, por ejemplo la Diputación de Burgos, que tiene cinco residencias de ancianos que de ninguna de las maneras tenía que soportar, sino que serían de la Junta de Castilla y León, y, lógicamente, es un presupuesto muy importante, que se debería destinar a los pequeños municipios y a los ciudadanos, que, lógicamente, así no se puede hacer.

Pero es curioso, por ejemplo, como yo sé... en la Cope hace poco salía una información y... que nos tiene que hacer un poco reflexionar, ¿no? Dice: "Según el Boletín Estadístico del Personal Público de España hay dos millones y medio de empleados públicos" -este, según el Boletín Estadístico de Personal Público-; pero según la Encuesta de Población Activa son 3.000.000 -curiosamente, no coinciden-; pero según la Seguridad Social son 3,1 millones; y según la Agencia Tributaria, el número se acerca a los 3.400.000. Es decir, dependiendo de la fuente que se elija, la diferencia es de hasta 900.000 trabajadores; casi 1.000.000 de empleos bailando en España, y que, además, supuestamente pertenecen a esas Administraciones públicas.

Este descontrol se debe, entre otras cuestiones, a la opacidad de las diferentes Administraciones y al hecho que se utilizan estadísticas diferentes. Es decir, que a veces vestimos el santo como realmente queremos que vaya vestido. Y esa es la cuestión que tenemos que intentar entre todos solventar y dirimir de una vez por todas.

La resolución queda muy clara, es decir: las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para la reforma de las Administraciones públicas, en particular las locales, para asegurar la eficacia y eficiencia... eficacia y eficiencia del servicio al interés general que garantice la igualdad básica que es su disfrute por todos los españoles. Y esta cuestión de la igualdad ya saben ustedes que también -yo creo que no solo a Ciudadanos, sino a muchos partidos políticos y a muchas... digamos, grupos de interés social- preocupa, y máxime en estos últimos tiempos en este país.

Y, en ese sentido, yo creo que tenemos que avanzar y seguir avanzando, porque, desde aquella Ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, han transcurrido treinta años, y, sinceramente, aunque ha habido muchas modificaciones –luego ya vino la "ley Montoro", la "ley de racionalización", etcétera, etcétera-, no hemos avanzado en lo más importante, que es, lógicamente, en esa eficacia y esa eficiencia al servicio –vuelvo a decir- del interés general.

Y yo creo que hay unos parámetros que son fundamentales y que queremos reflejar de una manera muy clara y muy concisa, ¿no? Y son... yo creo que, para resumir, son cuatro, sobre todo. Es decir, los ayuntamientos siempre, desde un principio, hemos luchado por esa financiación sostenible y suficiente, por esa autofinanciación, y por llegar, supuestamente, a ese 33,3 %, que, desde que se instauró la Constitución, teníamos que haber tenido. No hay que decir, por más que lo digamos, que somos la Administración más cercana a los ciudadanos y que, lógicamente, somos las que amparamos siempre cuando así lo demandan las situaciones de emergencia o las situaciones de interés social. Con lo cual, más que mendigar, como suele pasar casi siempre, los ayuntamientos lo que tienen que tener es una financiación directa por parte del Estado, de las Comunidades Autónomas, para que se pueda saber qué servicios tiene que garantizar y cómo financiarlo, por supuesto.

Un segundo apartado son las competencias impropias, que de una vez por todas tenían que estar eliminadas. Es decir, ninguna Administración tiene que tener más de una competencia que no le corresponda, y ya no solamente hablamos de cuestiones, a veces, sanitarias, de educación, de residencias de ancianos, etcétera, etcétera, sino, a veces, cuestiones, pues eso, de... cuestiones de educación a más altos niveles -como conservatorios, etcétera-, que a veces, depende qué tipo de ayuntamientos, lastra, y mucho, toda la capacidad presupuestaria para hacerla.

Nosotros también, en un avance -aunque en esta sería para mucho más avanzarlo-, pues también había que, entre todos... yo creo que son varios los partidos que han intentado no sé si eliminar las diputaciones, pero sí, desde luego, intentan que sean mucho más eficaces y sostenibles. Y hay que recordar que más del 60 % de estas instituciones lo generan a mantener su propia institución, es decir, a pagar sueldos, servicios y mantenimiento, con lo cual las inversiones son muy pocas.

Y, por supuesto, tenemos que avanzar entre todos en ser más eficientes en el sentido de agrupar servicios. Yo creo que ahora mismo estamos ante un debate -como son las nuevas UBOST, las nuevas áreas funcionales urbanas, etcétera-, esta nueva ley... esta nueva, digamos, Administración territorial... la reforma de la Administración territorial de la Junta de Castilla y León, donde todos esperemos que lleguemos al mayor consenso posible, pues para que de una vez por todas seamos más eficientes y más eficaces en ese sentido. Y aparte de, en fin, opinar lo que opinemos, sí que trabajar para que de una vez por todas sirva para algo. Yo creo que a veces el ciudadano tiene la sensación de que estamos legislando, que estamos haciendo leyes y reformas que es más de lo mismo, y que, por desgracia, sirve para que los bolsillos y el bienestar de la ciudadanía no se vea tan reflejado, ¿no? Y, en ese sentido, tenemos que ser un poco más agresivos, en el sentido de intentar hacer que esas reformas de una vez por todas sirvan.

Yo creo que, en fin, cualquier fin de la Administración debe ser la prestación de servicios públicos de calidad, y, desde luego, que mejoren la condición de vida de los ciudadanos. Y a veces se nos olvidan los propios ciudadanos, los hombres y mujeres, sobre todo que viven aquí, en Castilla y León y en España, y sí nos preocupamos mucho más de si la ley la hace o no la hace un partido político o se aprueban o no enmiendas de diferentes grupos. Yo creo que tenemos que siempre fijarnos en que está destinado, lógicamente, a los usuarios, a los ciudadanos, que son los que lo van a soportar, y, en este caso, a ver sus mejoras, como así... queremos que así sea.

Y por eso decimos que el debate sobre los modelos de Administración debería girar en torno a cómo podemos organizarnos mejor como sociedad para que los recursos que se destinen sean más eficaces y más simple a los servicios públicos que reciben los administrados, en el sentido que todos veamos la trazabilidad de... en fin, aquellas competencias que tenemos que gestionar, y que nuestros ciudadanos vean que son las más razonables, las más eficientes y las mejor gestionadas.

Y, sinceramente, pasamos a leer, simplemente, ya -se me ha acabado el tiempo-, la proposición no de ley: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para la reforma de las Administraciones públicas, en particular, de las locales, para asegurar la eficacia y la eficiencia del servicio al interés general que garantice la igualdad básica de su disfrute por todos los españoles". Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bueno, yo voy a felicitar al Grupo Ciudadanos porque, la verdad, estamos haciendo un ejercicio de estudio de los 150 acuerdos en esta Comisión, que, realmente, pues es "aloable", en cierto modo, y entre comillas.

Simplemente voy a decir que nosotros, nuestro grupo parlamentario, se va a abstener de esta propuesta de resolución, como se ha abstenido de todos los otros 150 puntos que se han traído a esta Comisión, en primer lugar, porque, como ya se lo hemos repetido en todas las proposiciones no de ley que ustedes han traído aquí, no queremos ser cómplices del pacto que ustedes han hecho a nivel estatal con el Gobierno del Partido Popular y del señor Mariano Rajoy.

Y, en segundo lugar, porque es una propuesta de resolución que realmente no especifica nada, no especifica qué tipo de reforma de las Administraciones públicas propone Ciudadanos, y nos da bastante miedo, teniendo en cuenta que en su programa marco de las elecciones autonómicas que ustedes trajeron en el dos mil quince, pues venía lo que se... un término que se denominó "la fusión fría de los ayuntamientos", para reducir de una forma considerable, digamos, el número de municipios.

Con lo cual, como... por ambos motivos, porque nos abstenemos por no ser cómplices y porque es una propuesta bastante vaga, que no especifica nada, pues nos abstendremos en esta propuesta de resolución. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por el tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Luis Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Bueno, nos encontramos nuevamente con una serie de iniciativas del Grupo de Ciudadanos que claramente proceden de un pacto entre este partido y el Partido Popular, que han permitido tanto que el señor Rajoy sea presidente de Gobierno y que el señor Herrera sea presidente de la Junta de Castilla y León. La efectividad de las medidas que se traen a este Parlamento en forma de proposiciones no de ley al parecer solo tienen un propósito -lo acaba de decir hace poco la portavoz de Podemos-, y es el de intentar hacernos corresponsables de las mismas, del PP y Ciudadanos, y garantizar que las mismas se puedan llevar a efecto además con nuestro beneplácito. Y, desde luego, ya le digo que esto no va a suceder.

Si Ciudadanos trae de modo persistente, continuado, a esta Comisión estas medidas es porque no se fía del Partido Popular, ni tampoco de que se vayan a cumplir lo que se comprometieron en su momento y que fue firmado por ambas organizaciones. Y esto no sé si es un vende algo, pero, desde luego, sí que le digo que tiene la pinta, ¿eh?, tiene la pinta, señor Delgado, porque, además, como se ha resaltado una y otra vez por los portavoces socialistas en estas y otras Comisiones, nada tienen que ver estas iniciativas con Castilla y León y nada tienen que ver con nuestro territorio. Estas propuestas, a nuestro entender, suponen una auténtica mascarada a este Parlamento, que, por otra parte, está trabajando y tramitando propuestas reales y concretas de todos los grupos parlamentarios, y específicamente del Grupo Parlamentario Socialista, que mejore... perdón, que garantice una mejora de las Administraciones públicas en lo referido a la primera de las iniciativas. Concretamente, en la primera, yo lo que he sacado, una es de la parte expositiva y de la parte resolutiva. Usted ha hecho un totum revolutum aquí, y al final, ¿pues cómo no puede uno ser de acuerdo con lo que se dice? Pero no es lo que se va a apoyar aquí lo que se dice, sino lo que viene concretado en la propuesta de resolución.

Y además, es que todas empiezan con, prácticamente, "al nuevo Gobierno". Hombre, yo le pediría que haga una modificación del nuevo Gobierno, que el nuevo Gobierno ya lleva mucho tiempo; y yo creo que habrá que decirle al Gobierno, si es que se va a presentar, "que la Junta inste fundamentalmente al nuevo Gobierno". Y también sigue con lo siguiente: "a solicitar, a impulsar el desarrollo de todas las medidas necesarias"; si usted ve las tres proposiciones que han presentado, se refieren exactamente a lo mismo, "impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias". Todas resuelven o empiezan así. Y se refiere a adoptar medidas necesarias, en este caso, para la reforma de nuestras Administraciones públicas. Y yo le pregunto, señor Delgado, ¿pero qué medidas proponen ustedes? ¿O es que les sirve cualquiera que adopte el Gobierno de Rajoy o Herrera? Si hablan ustedes en su parte expositiva de eliminar duplicidades administrativas, ¿se están, acaso, refiriendo a la supresión de las diputaciones?, ¿están hablando de fusionar municipios?, ¿o están hablando de la desaparición de pequeños municipios? Hombre, eso está claro que tendrá su debate en lo que es la ley de ordenación del territorio, que parece que próximamente va a entrar en Ponencia.

Yo lo que le pedimos desde mi grupo parlamentario es que hablen claro, señores de Ciudadanos, y no se escondan en vagas generalidades que no concretan nada, pero que, sin duda, contribuyen a generar preocupación en el mundo rural. Y así lo pone de manifiesto en la última parte de su exposición, porque, si usted relee su exposición in fine, dice: en cualquier caso, estas actuaciones de ahorro no pueden poner en peligro -o en riesgo- los servicios públicos que prestan a los españoles que viven en los municipios menores de 20.000 habitantes. Díganos usted cómo se hace entonces esto, díganoslo, porque yo creo que es muy importante no solamente instar, exigir, impulsar, sino, al final, dígame cómo se hacen estas cosas, porque la verdad es que la dificultad todavía es mayor.

Como venimos insistiendo, no se habla para nada en esta PNL de Castilla y León, y solo se contribuye a dar un cheque en blanco al Partido Popular, que estará –supongo- encantado con esta propuesta; no en vano, ya ha sido firmada por ambos partidos en Madrid, el pacto de gobierno. Y en segundo lugar, su propuesta de ahorro está, a nuestro entender, escondiendo claramente recortes que van a afectar fundamentalmente al mundo rural e indeciblemente a Castilla y León. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don Ángel Ibáñez Hernando.

EL SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes. En primer lugar, en relación con la primera parte de la intervención del procurador que ha presentado la iniciativa, evidentemente, las iniciativas que estamos debatiendo, como se ha puesto de manifiesto, corresponden a un cupo bastante importante de proposiciones no de ley que tenían su reflejo en ese acuerdo de gobierno que firmaron el Partido Popular y el Grupo Ciudadanos de cara a la investidura del Gobierno de la Nación. Evidentemente, en el momento que entiendan oportuno no traerlas a esta Comisión, se pueden retirar en cualquier momento, y decaerían inmediatamente; por tanto, evidentemente, yo creo que dentro de lo que es un turno lógico, pues se van abordando, porque si no, y si dejamos pasar mucho más tiempo, pues, evidentemente, carecería de sentido su evaluación, porque muchas de las cuestiones pueden estar abordadas.

Yo creo que conviene, desde, por lo menos, el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, hacer al respecto un planteamiento realista sobre lo que deben de ser las Administraciones públicas, las competencias, los servicios que cada una de ellas deben prestar, y aunque esta proposición no de ley habla de un ámbito estatal, instar a la Junta para que exhorte al Gobierno de la Nación, yo creo que es cierto que el Gobierno de la Junta de Castilla y León, esta Autonomía, se ha centrado, especialmente en los últimos cinco años, en mejorar y clarificar todo lo que tiene que ver con el sistema de distribución competencial e interadministrativo, y también tratando de evitar las duplicidades administrativas a las que hace alusión la proposición no de ley.

Es cierto que no deja de extrañar que un grupo parlamentario que a nivel nacional no ha demostrado tener un modelo territorial claro y definido sobre las Administraciones públicas y sobre sus competencias, trate de instar a que se haga una reforma sin tener claro cuáles van a ser los objetivos. Porque, antes bien, efectivamente, y como bien se decía, fueron muchas las dudas que se generaron en las posiciones, en este caso, preelectorales del Grupo Ciudadanos, que generaron pues un temor muy importante cuando se pretendía esa supresión de las diputaciones provinciales, que prestan un magnífico servicio a nuestros pequeños municipios, y también la supresión de unos 5.000... perdón, ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes; eso sí que generó yo creo que una alarma bastante importante.

Entrando ya en el texto de la proposición no de ley, yo creo que es de todos sabido que la reforma de la Constitución, concretamente de su Artículo 135, obligó al Estado, obligó al Gobierno a adaptar la normativa, y, fruto de esa adaptación, se puso en marcha una reforma que permitiera aprobar una ley para marcar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas. En este sentido, respecto a las duplicidades competenciales y de servicios, la Junta de Castilla y León, durante el período de tramitación de dicha ley, trató de hacer todo lo posible para que contemplara la realidad de Castilla y León y que fuera respetuosa con los intereses de nuestros municipios, por eso se quitó el denominado "coste estándar", tanto para evaluar los servicios locales como para usarlo como medio de valoración a la hora de hacer traspasos de competencias, y sustituirlo por el "coste efectivo", que tiene en cuenta otros elementos, tales como la densidad, dispersión, orografía, clima, que son mucho más beneficiosos para las entidades de Castilla y León.

Se clarificó también lo que eran competencias propias e impropias de los entes locales, para que todo el mundo tuviera claro cuáles podrían ser sus competencias. Se tuvo en cuenta la peculiaridad de Castilla y León en todo lo que tenía que ver con el debate entre Junta y entidades locales en la materia referida a escuelas, colegios públicos. Se eliminaron instrumentos de carácter obligatorio de traspaso de competencias de municipios hacia las diputaciones, en caso de insuficiencia de la capacidad de gestión municipal. También se amplió un plazo, que era muy escaso, ya que establecía solamente un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, para la presentación de las cuentas, haciéndolo más flexible.

Pero es que, adicionalmente a estas cuestiones, también en la fase de tramitación en el Senado se firmó un acuerdo explícito por parte de la Junta de Castilla y León para que se tuviera en cuenta la peculiaridad también de nuestra Comunidad en todo lo que tiene que ver con el debate entre Junta y entidades locales al respecto de consultorios médicos. Se amplió el plazo para asumir las competencias en materia de servicios sociales por parte de la Comunidad, ya que el traspaso, con las fechas planteadas, hacía prácticamente inviable poder hacerlo de un modo adecuado. Se eliminó la necesidad de supresión de aquellas entidades locales que estuvieran cumpliendo adecuadamente la ley.

Y, finalmente, el texto yo creo que, a la postre, aparte de que tiene cuestiones que pueden ser mejorables, y eso no lo vamos a negar, tiene ventajas y han avanzado en la línea que dice la proposición no de ley, como la clarificación de esas competencias de las entidades locales; como la mejora de las estructuras políticas que hay en la actualidad, porque somete a todas las estructuras locales, tanto entidades locales menores, municipios, mancomunidades, diputaciones, a la necesidad de analizarlas y de evaluarlas anualmente en función de la eficiencia de los servicios que prestan; marca también el desarrollo de las competencias delegadas para que solo lo puedan ser por convenio o con financiación garantizada al municipio, para no poner en riesgo la capacidad financiera de los municipios que tengan que prestar esas competencias; y se establecen mecanismos de refuerzo del control financiero y presupuestario de las entidades locales, así como se procura una gestión más eficaz de los recursos humanos a nivel local.

Por tanto, una ley que, sin perjuicio de que tenga que ser sometida a modificaciones, porque ha tenido determinadas sentencias del Tribunal Constitucional que han eliminado alguno de sus epígrafes, yo creo que ha sido positiva.

Pero también hay que poner de manifiesto –y nos centramos en el ámbito de Castilla y León- que esta Comunidad ha avanzado en esta materia. En materia de servicios públicos, la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que aprobamos por una mayoría reforzada muy importante en la anterior legislatura, garantiza una mayor eficacia de los servicios, usando unas unidades básicas para poder tener una base territorial en la que planificar, programar, gestionar y prestar los servicios; se garantiza por ley, en esta Comunidad, el acceso a los servicios públicos autonómicos, y con esto, evidentemente -sin querer interpelar al grupo que me ha antecedido en el uso de la palabra-, yo creo que evita los riesgos de que nadie pueda sentir que en el medio rural no va a tener unos servicios adecuados y de calidad. Lo hemos aprobado conjuntamente, esta ley garantiza que los servicios públicos se presten independientemente de dónde vivan nuestros vecinos en Castilla y León, y además, en un plazo de tres años se prevé que se establezcan unos estándares mínimos de cobertura de todos esos servicios básicos que presta la Comunidad.

Sobre las duplicidades, esta ley avanza en procurar una mejor colaboración entre la Junta de Castilla y León y las diversas entidades locales. Está prevista la modificación y la simplificación normativa que evite duplicidades a la hora de prestar servicios y, adicionalmente, aparte de esa ley, hay que tener en cuenta que Castilla y León ha estado dando pasos importantes en la reducción del sector público. Desde el año dos mil once ya se redujo el número de consejeros, el número de altos cargos, en una cifra de disminución que superó el 20 %; se eliminaron determinadas presencias de la Comunidad en el exterior. En el año dos mil trece se aprobó la Ley 4/2013, en la que se modificaba la organización y el funcionamiento de las Instituciones Propias de la Comunidad, lo cual ha supuesto un ahorro importante, de más de do millones y medio de euros. Pero también la Junta, en el año dos mil catorce, aprobó un total de 65 medidas para la reforma de la Administración, con 13 medidas institucionales, 24 medidas de coordinación y reducción de duplicidades, otras 24 de modernización y 4 destinadas a la reestructuración del sector público. Todo ello para seguir avanzando en materias de racionalización, eficacia y eficiencia en los servicios públicos.

Yo creo que esa reducción del sector público ha permitido hacer un redimensionamiento de nuestro sector local, en el cual, sin duda, hay que avanzar, y de hecho lo datos acreditan que el camino está siendo bueno, porque el número de entes que han sido baja en el sector local en los últimos cinco años ha sido en más de 1.800, de los cuales algo más de un tercio, aproximadamente 650, realmente no desaparecieron, sino que modificaron su sectorización, bien como ente público autonómico-estatal, o bien como ente privado.

Por tanto, y para finalizar, yo creo que el objetivo de este grupo parlamentario, que da soporte al Gobierno de la Junta de Castilla y León, va a seguir siendo la mejora en la prestación de los servicios públicos a los vecinos de Castilla y León, una garantía de igualdad en el acceso a todos esos servicios, que se siga avanzando en la eliminación de duplicidades, competencias y de prestación de servicios, que se ahonde en una mejor colaboración entre Junta y entidades locales, y que se siga avanzando en la reducción del sector público. Es por todo ello que, adicionalmente a que esté contemplado como una de las 150 medidas que dan soporte a ese pacto de legislatura a nivel del Gobierno de la Nación, este grupo parlamentario se encuentra cómodo con la posibilidad de aprobar esta proposición no de ley. Y por supuesto que instamos tanto al grupo proponente como al resto de grupos a que nos podamos sumar entre todos a seguir avanzando en estas medidas, que yo creo que son positivas para el desarrollo de nuestra Comunidad. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Ignacio Palacios... Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Bien. Gracias, señora presidenta. Por ir por partes y respondiendo. Pues, efectivamente, Podemos pues no ha vuelto a descubrir América, ya lo sabemos que son de los 150 puntos, eso ya lo hemos dicho. Que usted no quiere ser cómplices. Vamos, de Ciudadanos no hace falta que lo sean para nada, o para casi nada; esperemos que para las cuestiones más elementales de... en fin, de todos los derechos de todos ciudadanos. Pero, en fin, cada uno –como se suele decir- es responsable de dónde está y a qué se dedica.

Y que dice que no especificamos nada. Bueno, yo creo que en la... argumentario hemos especificado bastante y, además, yo creo que queda bastante bien reflejado lo que... lo que Ciudadanos opina... en fin, sobre la cuestión. Y, hombre, yo lamento sinceramente que usted también se sume con el Partido Popular y algún otro partido de estos viejos a soltar ahí historias, ahí a hablar de fusiones frías y tal. Yo creo que... -y aprovecho para dejarlo bien claro- que Ciudadanos lo que hemos dicho que tenemos que agrupar –y somos partidarios de agrupar- servicios. Y le puedo asegurar que yo no vengo de la luna, sino que vengo precisamente de un pueblo pequeño, y soy... y he sido muchos alcalde de los municipios, y en ese sentido Ciudadanos de Castilla y León cada vez tiene mucho más que decir, como lo pueden ir comprobando en el devenir de los tiempos. Y creo que ya me está entendiendo.

Es decir, se trata de dar servicios lo mejor posible, lo más racional posible, y no de cerrar absolutamente nada. Eso ya se han encargado, ¿sabes?, quien ha gobernado en este país y en esta Comunidad Autónoma durante tanto tiempo. Y además lo hace, por desgracia, bastante bien. Pero cada cual tiene su responsabilidad, ¿eh?, no matemos al mensajero, sino realmente a quien hace y el que padece las situaciones.

Sobre el Partido Socialista, pues no quieren ser corresponsables. Bueno, es curioso, y yo... siempre decimos lo mismo, ¿verdad?, aquí, por ir al grano y no hacernos perder tiempo unos a otros. Pues es una cuestión curiosa, ¿verdad?, que si estos 150 puntos -que también se aprobó con el Partido Socialista- fuera otra situación diferente, seguramente estarían hablando los unos de una manera y los otros de enfrente de la contraria. Yo creo que... en fin, allá cada cual. Se trata de avanzar, efectivamente, en mejorar la asistencia y los servicios sociales y los servicios, en este caso, de la Administración, y que, en fin, yo creo que a cada uno nos pone el tiempo en su... en su situación. Y dice qué medidas... que ustedes son partidarios de la desaparición de diputaciones. Hombre, yo creo que lo hemos dicho... No sé si lo quiere usted que se lo demos en blues en jazz o, en fin, o en folclore popular, pero yo creo que a buen entendedor pocas palabras.

Lo que sí que lamentamos –fíjese usted- muchos es que el Partido Socialista, en tiempos, que yo recuerde, decía que se iba a hacer desaparecer las diputaciones provinciales, y mira que por dónde, cuando gobernaron y pudieron hacerlo, no sé por qué no lo hicieron. Es una cosa que allá cada cual, y el tiempo y la historia nos pondrá a cada uno en nuestro sitio. Y es una cuestión así de sencilla y así de simple, ¿no? Y, hombre, dice: no se fían ustedes del Partido Popular. No nos fiamos del Partido Popular, como tampoco nos fiaríamos del Partido Socialista si hubiésemos firmado este convenio. Yo creo que aquí no se trata de fiar o dejarse de fiar, aquí se trata de que lo que se firma y lo que se convenia se cumpla, y para eso cada cual hace lo que cree más conveniente. Y nosotros, desde Ciudadanos, estamos en esa convicción y por eso hacemos lo que estamos haciendo, y por eso traemos esas proposiciones no de ley. Yo creo que –si no le importa- no nos quite esa... en fin, esa pequeña satisfacción de recordar a nuestros socios, en este caso, pues que hay que cumplir lo que se firma. Y en ese... claro, pues yo creo que esta es una cuestión más que... más que interesante, ¿no?

Y de totum revolutum yo creo que hay poco o nada; es decir, aquí la cuestión es la que es y se trata de ir avanzando y se trata de clarificar mucho mejor las cosas. Y, desde luego, comparto con usted esos 15 millones de habitantes que vivimos en el mundo... de menos de 20.000 habitantes, porque son... somos tan importantes como todos los demás, y todos los españoles tienen que tener los mismos derechos y deberes, como siempre decimos.

Sobre el Partido Popular, pues hombre, lógicamente, sí que ha tenido un poco de alabanza en el sentido de que, bueno, todo funciona muy bien –según ellos-, que esa ley de servicios de ordenación del territorio ha ido avanzando, pero, sinceramente, yo le digo, sin ningún tipo de acritud, que queda mucho por hacer, y usted lo sabe.

Quedan muchísimas incógnitas, no solamente en materia de sus unidades básicas de servicios, en fin, de esas mancomunidades de interés general, sino que ahora mismo están las mancomunidades que existían en pleno funcionamiento. Se dice que no se van a hacer desaparecer, con lo cual, tenemos, digamos, un maremágnum, un... en fin, una cuestión... Yo creo que no está nada... nada clara, y que todos tenemos que ayudar a que todos los días sea lo más pronto posible. Porque, desde luego, lo que crea indefinición, y más en servicios y en servicios que pagamos además todos los ciudadanos, lo que hace es que no sean eficaces. Y no se puede hacer unidades básicas –eso lo hemos dicho muchas veces- dejando, digamos, las anteriores establecimientos administrativos sin tocar. Porque yo me imagino que habrá un plan previsto, que será pues, lógicamente, no dar este tipo de subvenciones que las siga manteniendo y morirán por muerte natural. Esa no es la cuestión. Yo creo que hay que ser más ambiciosos, y, si hacemos una remodelación administrativa, pues, eso sí, con el consenso de todos, intentar que sea lo más racional y lo más amplia y lo mejor posible.

Y, luego, hombre, está de acuerdo que... en la... como hay muchos entes de ayuntamientos que han desaparecido, que lógicamente tenían que hacerlo así y evitar, lógicamente, pues que haya a veces unas cuestiones que no están muy claras para los ciudadanos.

Y luego, pues mire usted, yo, cuando la gente no se fía de las diputaciones será por algo, ¿eh? Yo creo que siempre hemos dicho que a veces han sido clientelistas, clientelares, han servido pues para... en fin, para... para cuestiones que no tenían que servir, y decimonónicas, y que están totalmente obsoletas, y que poco a poco yo creo que tenemos que avanzar todos en ese sentido. Y usted puede recordar, pues como ha habido presidentes de diputación que tenían quince y dieciséis cargos... En fin, cuestiones que yo creo que poco a poco se van solventando, pero que se tienen que aclarar y acelerar muchísimo más y mejor.

Y en ese sentido, pues nada, agradecer la... las aclaraciones y las aportaciones de todos los grupos políticos. La resolución queda como estaba, que creo que no hay que volverla a leer. Muchísimas gracias.

Votación PNL/000950

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Siete. Diecisiete votos emitidos. Diez a favor. Siete abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la proposición no de ley debatida.

Segundo punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del segundo punto del orden del día.

PNL/000951

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Proposición No de Ley 951, presentada por los Procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para reforzar la política de reducción de cargas administrativas, la simplificación de procedimientos y el impulso de la Administración Electrónica, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. El sector público debe ser un ejemplo para la sociedad en cuanto a su funcionamiento, y por ello debemos trabajar para conseguir hacerlo tan eficiente como sea posible, esforzándonos por alcanzar servicios de calidad sin que esto suponga un lastre para las cuentas públicas.

Tenemos el empeño de lograr una simplificación administrativa real y una reducción de trabas burocráticas y procedimientos superfluos, así como evitar las duplicidades y organismos innecesarios. Para Ciudadanos es una cuestión importantísima toda la cuestión relacionada con la agenda digital, con la cuestión electrónica y avanzar en estos aspectos. De hecho, es curioso como el ministro actual Álvaro Nadal ha pasado a tener la cartera de Energía, Turismo y Agenda Digital, como bien saben ustedes, y lógicamente esto está también reflejado en esas 150 medidas.

Los objetivos de la Agenda Digital para España 2013 ya decían que eran fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital; desarrollar la economía digital para el crecimiento y la competitividad y la internalización de las empresas españolas; mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación suficiente y eficiente de los servicios públicos; reforzar la confianza en el ámbito digital; impulsar el sistema I+D+i en tecnologías de la información y las comunicaciones; promover la inclusión y la alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC. Muchos de estos objetivos se quedaron sobre el papel, y por eso Ciudadanos, con una visión de futuro para España, retoma el punto para la agenda digital.

En la actualidad, los parámetros que rigen la economía son fundamentalmente los de la tecnología y la globalización. Las prioridades en esta legislatura tienen que ser para los usuarios por la mejora de la Administración electrónica, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en el ámbito digital, promoviendo el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, la digitalización de las ciudades y pueblos, y empujar para la elaboración legislativa de la protección de la privacidad y el respeto a las comunicaciones electrónicas de la ciudadanía. Necesitamos una reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual y la integración de España en el mercado único digital europeo. Pero esto tiene que ser, por supuesto, cuando todos los municipios de España -y lo estamos denunciando constantemente- tengamos todos los accesos a banda ancha e internet que son necesarios, y, por desgracia, en Castilla y León, como bien sabemos, todavía nos queda mucho camino por recorrer.

Para todo ello, debemos seguir animando la participación de nuestras empresas en iniciativas digitales como la smart cities -ciudades inteligentes-, seguir apoyando el cloud computing -servicios en la nube-, o los cluster de especialización -grupos operando en conjunto-.

España ocupa la quinta posición entre los Estados miembros de la Unión Europea por sus servicios públicos digitales, pero es un lugar que podemos perder en cualquier momento. Sigue siendo necesario implicar a más ciudadanos en el uso de internet y en la adquisición de competencias digitales.

Dentro de la propia Administración, los funcionarios sin firma electrónica alcanzan el 76 % del total, y en Castilla y León volvemos a decir que tenemos todavía mucho trabajo por hacer, y los funcionarios lo están demandando continua y constantemente.

Interacción de los ciudadanos con la Administración electrónica. Fíjense ustedes, hay datos de encuestas del año dos mil ocho donde obtuvieron información a través de las webs de la Administración un 54,2 %, y en el dos mil dieciséis solamente hemos llegado a un 58,1 %. Enviaron formularios cumplimentados: en el dos mil ocho, el 21,1 %; en el dos mil dieciséis –ahí sí que hemos subido un poco más-, el 39,7 %. Descargaron formularios oficiales: en el dos mil ocho, un 33,6 %, y en el dos mil dieciséis, un 45 %. Yo creo que todavía queda muchísimo por descargar. Hoy en día todo el mundo, casi todo el mundo, teníamos que poder usar los servicios a través de internet, pero, vuelvo a decir, hay algunos, sobre todo en el mundo rural, que ni somos capaces ni podemos porque las coberturas a veces ni existen.

En el Observatorio de la Administración Electrónica, de los 5.500.000 encuestados declararon no haber enviado formularios cumplimentados a las Administraciones públicas a través de internet, pese a tener necesidad de hacerlo -muchas veces es por desconfianza y otros por otros motivos-: la mayoría de ellos, el 49 %, recurrieron a otra persona para que se encargara de hacer el trámite (gestores, asesores, familiares, conocidos); la falta de acceso a internet afectó a un 9,7 %; la preocupación por la protección y seguridad de los datos personales frenó a un 13,6 % de los internautas; y un 19 % de ellos desistió por falta de habilidades o conocimientos. Yo creo que son datos más que preocupantes.

El sector público debe ser un ejemplo para la sociedad en cuanto a su funcionamiento, y que, por ello, debemos trabajar para conseguir hacerlo tan eficiente como sea posible, esforzándonos por alcanzar servicios de calidad, sin que esto suponga un lastre para las cuentas públicas.

Tenemos el empeño y el determinamiento de lograr una simplificación administrativa real y una reducción de trabas burocráticas y procedimientos superfluos, así como evitar las duplicidades de organismos innecesarios. Hemos dicho muchas veces desde Ciudadanos que la burocracia es un gran lastre que implica que no se pueda crear y generar empleo, que los autónomos no puedan funcionar mejor, que los promotores puedan hacer sus negocios. En fin, yo creo que tenemos que intentar de una vez por todas acabar para que a la Administración no se le vea como una burocracia, digamos, inane, sino todo lo contrario, como una ayuda para que los emprendedores y los usuarios puedan acercarse a ella.

Y hay que evaluar la eficacia y el coste de los diferentes organismos públicos y sus planes de actuación es fundamental para optimizarlos.

Por eso, yo creo que es una cuestión tan clara que pasamos a leer la propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación a impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para reforzar la política de reducción de cargas administrativas, la simplificación de procedimientos y el impulso de la Administración Electrónica". Esperando el apoyo de todos los grupos, muchísimas gracias.

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, vicepresidenta. Bueno, pues ya sé que no voy a descubrir América, porque América fue descubierta en el siglo XV, que es del siglo que son sus políticas, pero esta es la medida 128 de su programa de gobierno.

Y, en segundo lugar, le diré que usted ha dicho que no se pueden apoyar las unidades básicas, y a ver si es verdad que no las apoyan, porque el discurso que usted acaba de hacer ahora y el que usted ha hecho anteriormente no se corresponde con lo que realmente aparece en la ley de... de las unidades básicas del territorio, que dice que después de un año se desarrollarán los servicios que van a hacer los ayuntamientos. Primero hay que saber qué servicios van a dar los ayuntamientos y después ordenar las unidades básicas del territorio.

Así que espero que usted, que está aquí ahora, pues no apoye la ley de los UBOST, pero, bueno, llegará a un pacto con el Partido Popular y realmente apoyará luego al final las... la ley de unidades básicas del territorio.

Y voy a ser muy breve. Lo único que le tengo que decir es que me sorprende que usted traiga aquí para instar al Gobierno a que impulse la Administración... la Administración electrónica cuando ustedes aquí no han presentado ni una sola propuesta, ni una sola pregunta, no han hecho absolutamente nada para pedir a la Junta de Castilla y León que qué medidas está impulsando para impulsar... o sea, valga la redundancia, para impulsar la Administración electrónica en Castilla y León. Porque lo primero que hay que hacer para impulsar la Administración electrónica es facilitar internet, como usted bien ha dicho, y ustedes me vienen aquí con un compendio de cosas...

Lo que tiene que hacer la Junta de Castilla y León es cumplir el acuerdo de la Agenda Digital 2020 que tiene la Junta de Castilla y León, eso es lo primero que tiene que hacer. En segundo lugar, cumplir los acuerdos que tiene con el Gobierno -escuelas conectadas, etcétera-. Y lo tercero, usted ha hablado de la burocracia de la Administración electrónica; es que la burocracia aquí, en Castilla y León, para solicitar banda ancha o para solicitar vía satélite es terrorífica, que si las diputaciones dan unas subvenciones, que si la Junta de Castilla y León da otras subvenciones. ¿Y sabe usted a quién beneficia todo esto? A las operadoras. Si realmente se sentara la Junta de Castilla y León a hablar con las operadoras, ya verá qué fácil y tenían todo el mundo y todo el medio rural acceso a internet para facilitar la Administración electrónica en Castilla y León. Nada más y muchas gracias.

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don Luis Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias. Bueno, con relación a esta proposición no de ley, la verdad es que, aparentemente, la misma carece de fase expositiva, ¿eh?, es decir, de fundamentación. Y es verdad que hablan de la misma... habla de la misma... del sector público como un ente de... todo se vuelve a mezclar. Es una PNL de apenas 7 frases, 400 letras y 90 palabras. Fíjese usted, ahí se resume. Es verdad que usted ha cogido aquí y ahora nos ha contado lo que le ha dado la gana, y ahora nos ha hablado de otras cosas, pero que, nuevamente, estamos que no tiene nada que ver. Y a mí eso, claro, me gustaría que todo lo que ustedes piden que se haga se concrete, y no vemos nada concretado. Es decir, usted, simplemente, aquí nos ha vuelto a contar algunas cosas muy interesantes, porque yo creo que algunas de las cosas que se ha dicho son interesantes, pero yo no veo la coherencia que existe en el escrito de la PNL con la parte expositiva y la resolutiva, es que prácticamente no existe. Pero está claro que es una proposición que dice algunas cosas que después no vuelve a concretar.

Vuelve a hablar de evitar duplicidades y organismos innecesarios, y no sabemos si se refiere nuevamente a España o a Castilla y León; y, si es a esta última, si se refiere a la supresión de algunos organismos concretos que pueda considerar innecesarios. Sí que nos gustaría, y se lo hemos dicho antes, si puede usted enumerar o concretar algunos de esos organismos.

También dice que hay que evaluar la eficacia y el coste de los diferentes organismos públicos con el objetivo de optimizarlos. Y nuevamente le preguntamos si está pensando -y como dijeron siempre- en solicitar o instar una auditoría, pues propóngalo a través de una iniciativa, que, seguramente, en ese sentido, bueno, pues podríamos estudiarlo e incluso podríamos llegar a acuerdos.

Por otra parte, la parte resolutiva es nuevamente una declaración de intenciones que vuelve a dar carta blanca al Gobierno de impulsar todas las medidas para reforzar la reducción de cargas administrativas; simplificación de procedimientos, que muchas veces lleva a una falta... –y se lo tengo que decir- a una falta de control absoluto de las garantías de los procedimientos y de los administrados. No estamos en algunos procedimientos que libremente uno pueda presentarlos sin que haya, sin duda alguna, un control absoluto de los mismos, y para eso están, evidentemente, los trabajadores, los funcionarios, que han sido preparados para ello. Y, en ese sentido, estaríamos radicalmente en contra, precisamente, de la eliminación o de quitar esos procedimientos; que espero que usted también nos enumere esos procedimientos superfluos, que no sabemos cuáles son.

No aparece, como hemos dicho, la Comunidad Autónoma de Castilla y León en su PNL, parece que todo le pedimos al Gobierno central. Atrévase usted a hacer proposiciones para exigir a la Junta de Castilla y León, que es quien está gobernando esta institución, y que le acaba de decir claramente el Partido Popular, a su contestación referente a la proposición anterior, lo que está haciendo o lo que no está haciendo. ¡Pero dígalo! Es que, al final, vamos a pedir... vamos a acabar rogando... pidiendo rogativas, ya no para que llueva, sino para que hagan unas propuestas razonables para Castilla... para Castilla y León. Y es que eso, lamentablemente, no lo vemos.

Porque, al final, mire usted, esto se va a quedar, prácticamente, que usted, aquí, todo lo que lo podían solucionar seguramente en una reunión entre... para el pacto, como parece que existe, entre el Partido Popular y Ciudadanos, bueno, pues lo traen aquí, y yo considero que, evidentemente, aquí se puede traer todo lo que ustedes quieran, pero no... esto, a nuestro entender, no va a resolver absolutamente nada. Yo estoy muy orgulloso de ser un representante de un partido viejo, ¿eh?, se lo digo también, después de 137 años. Y, mire, los 150 puntos mi partido no los hubiera traído; mi partido, si yo hubiera pactado, hubiéramos pactado como usted, no los hubiéramos traído, porque eso genera una absoluta desconfianza.

Mire, usted ha hablado aquí -de lo único que le he podido captar-, fundamentalmente, de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Hay que reformar. Bueno, pues reformamos. ¿Cómo reformamos? Haga una propuesta de cómo se va a reformar eso, porque solamente nos dice: hay que reformar, pero no lo reformamos; no proponemos, y ya lo propondrá alguien. O sea, se lo dejamos nuevamente al Parlamento... al Parlamento nacional.

Y ha hablado, fundamentalmente, también de la Administración electrónica. Yo estoy de acuerdo con usted en que es necesario, evidentemente, evitar... sobre todo agilizar esos... más que evitar, agilizar esos trámites, y que se haga, por ejemplo, con plataformas que sean ajustadas en todos los aspectos, es decir, en las que, cada vez que se plantee... o sirva para iniciar un procedimiento, se haga con las garantías necesarias. Lo que está pasando, por ejemplo, en el ámbito judicial es un auténtico despropósito. Pues eso podría suceder si al final no se hacen las cosas bien. Yo creo que hay que hacer propuestas serias, razonables, pero no solamente dando, prácticamente, la posibilidad de que sea, en este caso, el Gobierno de la Nación –porque aquí ustedes solamente hablan al Gobierno de la Nación-, para que impulse las medidas que sean necesarias. Dígame usted alguna de esas medidas que usted considera que son necesarias, pero no solamente dígame... o me va a decir que hay que agilizar, que hay que modificar, que hay que derogar; no, no, dígame en qué sentido, para que veamos qué es exactamente lo que ustedes proponen.

Porque, claro, ustedes han propuesto muchas cosas, y en dos años han cambiado el discurso; han dejado de ser hasta socialdemócratas, imagine usted si han cambiado el discurso. Y, por lo tanto, yo en ese sentido le pediría que concrete esas medidas. Si nosotros en la concreción de esas medidas estamos de acuerdo, sin duda alguna les vamos a apoyar; pero mientras ustedes no concreten esas medidas, no vamos a votar en contra, pero tampoco vamos a apoyarlas. Muchas gracias.

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Ana Rosa Sopeña Ballina.

LA SEÑORA SOPEÑA BALLINA:

Sí. Gracias, secretaria. Lo primero que le voy a decir es que sí que vamos a apoyar su propuesta de resolución, pero también le quería decir que, como coincido en parte con lo que han dicho mis compañeros, es verdad que usted, cuando trae una proposición no de ley, luego habla de muchas cosas diferentes y a veces, en hablar de esas cosas diferentes, sí que podría dar lugar –y no es lo que diga yo, pero lo dicen todos, y además es verdad- a hacer ciertas... en presentar otras... otras proposiciones no de ley, que además, incluso, ni siquiera son de esta Comisión, porque hoy hemos hablado aquí... o ha hablado usted de muchas cosas que serían de Fomento, y que yo creo que sí que son interesantes, y que además usted debería de saber, efectivamente, el grado de cumplimiento que tiene la Junta, que yo le digo que es... sí que se cumplen las cosas que se prometen, pero que luego usted aprovecha para decir un poco de todo, y entonces, al final, nos hace a todos pues quedar un poco como que no sabemos qué vamos a plantear.

Entonces, claro, yo lo que le voy a tratar de explicar es lo que se ha hecho... o lo que ha hecho el Gobierno de la Nación durante los años estos anteriores, y lo que se va a hacer. Y yo sí que estoy de acuerdo con el texto que usted propone, ¿vale?

Entonces, le quería decir que, en el programa de reformas del Gobierno de la Nación del año dos mil once, uno de los aspectos a destacar se refería a la reforma de las Administraciones públicas. Nosotros considerábamos que era necesaria una modificación en la Administración pública, que además esta tenía que ser para que fuese austera y eficiente, y que fuese un valor competitivo para nuestro país. Por estas razones, el Consejo de Ministros aprobó, por Acuerdo de veintiséis de octubre del dos mil doce, la creación de una Comisión para la reforma de las Administraciones públicas. En el seno de la Comisión se crearon las siguientes Subcomisiones: una, de duplicidades administrativas, con el objeto de identificar y eliminar duplicidades, y reforzar los mecanismos de cooperación; otra, de simplificación administrativa; otra, de gestión de servicios y medios comunes; y otra, de Administración institucional.

Como resultado de estos trabajos, se elaboró un informe, que se presentó en el Consejo de Ministros de veintiuno de junio del dos mil trece por la vicepresidenta y ministra de Presidencia y por el ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, con un conjunto de medidas dirigidas a mejorar y a simplificar el funcionamiento de las Administraciones públicas. El informe recogía, en total, 218 medidas; de estas, 138 afectaban a la Administración general del Estado y a las Comunidades Autónomas; y 80 excluyen a la Administración general del Estado.

Para la ejecución, impulso y seguimiento de estas medidas se creó en el dos mil trece la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración. Los principales resultados de las medidas en relación con las duplicidades administrativas y la simplificación de los procedimientos, entre otros, pues se ahorraron 4.026 millones de euros, en ahorros directos para ciudadanos y empresas; 824 millones de euros ahorrados en centralizar compras; la realización del 90 % de trámites de reforma electrónica; la aprobación de 3 leyes orgánicas, 23 leyes ordinarias, 1 real decreto-ley, 8 reales decretos legislativos y 66 reales decretos; la apertura de locales de comercio de hasta 750 metros cuadrados, también sin licencia, fue otra de las cosas que se aprobó. En total, se implantaron el 87 % de las medidas.

Y en cuanto al apartado de simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas, la Subcomisión de Simplificación Administrativa propuso 42 medidas, de las cuales están finalizadas todas menos 3, que se encontraban en ejecución en el segundo trimestre del año dos mil dieciséis. En concreto, la medida de la elaboración de un manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la Administración general del Estado fue presentada, para su toma en conocimiento, en el Consejo de Ministros de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, estableciendo un conjunto de pautas y criterios metodológicos para la simplificación de los procedimientos administrativos de la Administración, bajo la perspectiva de hacerlos más sencillos, fáciles y operativos. Constituye un instrumento que contribuye a hacer más sencilla la relación con la Administración gracias a la mejora de la calidad de los servicios públicos, garantizando en todo caso la actuación administrativa y asegurando los principios de legalidad y seguridad jurídica.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de diecinueve de septiembre de dos mil catorce dispuso que los departamentos ministeriales deberían realizar planes anuales de simplificación de procedimientos administrativos y reducción de cargas en el ámbito ministerial, que pondrían en marcha a lo largo del año. Así, en el año dos mil quince fue el primer año en el que el proceso de simplificación... en el que el proceso de simplificación se ha puesto en marcha.

Bien. Sin datos ni resultados publicados del año dos mil dieciséis, el número total de actuaciones de simplificación propuestas en los planes correspondientes al dos mil quince fueron 150. Entre los procedimientos que son objeto de simplificación destacan los relacionados con inscripciones y registros públicos, el 22 % del total; de concesiones, autorizaciones o licencias, el 19 %; y ayudas y subvenciones, el 13 %. La mayoría de las actuaciones propuestas, o sea, un 84 %, afecta a procedimientos dirigidos a ciudadanos y empresas, y un 16 % a procedimientos internos de la propia Administración. Las principales medidas de simplificación propuestas tienen que ver con la implantación de medidas de Administración electrónica, un 46 % de las medidas, y la simplificación documental, un 15 % del total.

En este sentido, cabe destacar lo siguiente: la generalización de medidas de tramitación electrónica de expedientes; por otro lado, también entre las medidas de simplificación documental se incluye la homogeneización, la unificación y la mejora de modelos, y eliminación de los requisitos de documentación documental; y, asimismo, se ha realizado un análisis de las medidas del plan mediante el examen del estado de sus tramitaciones en el sistema de información administrativa (SIA), sistema integral destinado a ofrecer información a los ciudadanos a través del punto de acceso general.

Los planes de simplificación de los Ministerios también incluyen 95 medidas de reducción de cargas administrativas para ciudadanos y empresas. Un total de 30 medidas se incluyeron en el Acuerdo del Consejo de Ministros de veintisiete de noviembre de dos mil quince, por el que se adoptan medidas de reducción de cargas, y 4 medidas que incluyeron en los Acuerdos del Consejo de Ministros de nueve de enero de dos mil quince y de diez de julio del dos mil quince. Por último, se ha permitido también reducir los tiempos de tramitación, que ha sido posible cuantificar en 57 procedimientos, estimándose una minoración media de 31,68 días por promedio.

Durante estos años, y en paralelo con estas actuaciones, la Junta de Castilla y León ha mantenido un alineamiento, que se pone de manifiesto, por citar las medidas más importantes, con el Acuerdo 22/2014, de treinta de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; y también la Ley 5/2013, de diecinueve de junio, de Estímulo de Creación de Empresas de Castilla y León; también el Acuerdo 33/2014, de diez de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la relación de procedimientos y trámites que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Título III de la Ley 5/2013, de diecinueve de junio, de Estímulo de Creación de Empresas de Castilla y León; y el actual Acuerdo 21/2016, de veintiocho de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial.

Es cierto que el esfuerzo ha sido importante, y el grado de cumplimiento de las medidas también ha sido óptimo, y no es como usted dice, que dice que muchas veces nos quedamos en el camino. Yo creo que se están haciendo, aunque siempre, ¿eh?, es necesario hacer un mayor esfuerzo de simplificación -por ejemplo, en autorizaciones concurrentes, en informes preceptivos de otras Administraciones o en aportaciones de datos-, que el Gobierno de la Nación, por sus competencias y atribuciones, debe liderar y asumir. Y por eso yo le he explicado cómo se han hecho las cosas desde el Gobierno. Creo -y le he dicho- que debemos de seguir haciendo y mejorar, pero también le pido, como le han pedido los demás, que, si puede ser, concrete... no concrete... a mí no me es necesario que concrete aquí, pero sí que, a lo mejor, usted podría aportar, mediante otras propuestas, pues cosas muy positivas para Castilla y León. Y nada más. Muchas gracias.

LA SECRETARIA (MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Pues no sé si empezar por el final, para que no se me olvide, ¿no?, porque yo creo que es lo más interesante. Es curioso que, efectivamente, lógicamente el Partido Popular pues ha enumerado una serie, en fin, de... se me ha ido la... (Ah, está ahí, es que no la veía). Digo que es curioso como el Partido Popular, lógicamente, ha enumerado pues toda la serie de medidas, reales decretos, decretos, actuaciones, etcétera, etcétera, encaminadas a... en fin, a esa reducción de cargas administrativas, a la simplificación de procedimientos, impulso de la Administración, etcétera, etcétera.

Pero, claro, me dice usted que hagamos lo que tenemos que hacer a lo mejor en otro tipo de Comisiones, que incluso son de otras Consejerías. Pero, mire usted, es decir, una cosa que es obvia, la Administración electrónica funciona como puede funcionar, y sin internet y sin banda ancha usted comprenderá que lo hagamos... lo saquemos aquí a colación y lo digamos las veces que haga falta y sea menester, porque, vamos, es una cuestión pues iba a decir hasta increíble, que, lógicamente, para tener Administración electrónica hay que tener el soporte necesario, que, desde luego, es de otra Consejería, será la de Fomento, pero vamos, ya lo dijimos en Pleno, y ha contestado también a otro grupo parlamentario, que, sinceramente, a veces esa Dirección General, en fin, de Telecomunicaciones, no sé si a lo mejor se la puede ahorrar la Junta de Castilla y León; lo digo por... a veces, por la ineficacia que tiene y que conlleva. Lo cortés no quita lo valiente. Lógicamente, para hablar de unas cuestiones hay que hacer los procedimientos que llevan y conllevan a ellos.

Por otra parte, lógicamente, ya sabemos que hace esfuerzos, lo hacemos todos, todos los días, y todas las Administraciones en que esto sea así, pero vamos, hombre, para simplificar y para hacer cuestiones... Fíjate, me ha venido a la mente la tramitación de la trama eólica, ¿verdad? Ahí sí que se simplificaba todo lo más rápidamente posible. Depende en qué casos y en qué lugares. Yo creo que... sin embargo, otros procedimientos pues tardan lo que tardan, ¿no? Yo creo que... yo creo que nos estamos entendiendo perfectamente. Es decir, la Administración tiene que ser simplificar para todos, hacer lo más rápidamente posible para todos los usuarios, y, desde luego, con esa concurrencia de publicidad y de transparencia.

Por decir también al Grupo Podemos, en fin, que, efectivamente, hay que cumplir esa Agenda Digital 2020, en eso estamos total y absolutamente de acuerdo, y que los acuerdos son para cumplirlos, y por eso estamos aquí trayendo este tipo de proposiciones no de ley y este tipo de iniciativas. Pero eso es una cuestión que, como usted comprenderá, no sé si usted alguna vez ha sido –por su juventud, igual no- miembro de algún, en fin, Poder Ejecutivo, pues a veces no es tan fácil como parece, y en eso todos somos conscientes. Y ahí, en ese sentido, Ciudadanos somos corresponsables en la parte que sabemos que, bueno, la Administración pues no funciona todo lo rápidamente que todos quisiéramos, pero por eso todos tenemos que empujar en la misma dirección, eso está claro.

Y, por supuesto, vuelvo a recalcar que los servicios de los ayuntamientos tenemos que hacerlos y solicitarlos todos los días. En el tema de la UBOST en la Administración territorial todos vamos a aportar, espero que con buena lógica, todas las enmiendas posibles, y que sean pactadas, y que así se lo pediremos también a los dos grupos mayoritarios, pues para que todos podamos aportar todo lo máximamente posible en ese bien general y común de todos.

Sobre el Partido Socialista, pues bueno, pues, efectivamente, dice que incluso se podía hasta solicitar auditorías aquí, en Castilla y León, que no hablamos de Castilla y León. Mire usted, usted sabe perfectamente que la ley general, lógicamente, implica también a la Junta de Castilla y León; es que son cosas tan obvias que yo creo que son de cajón de madera y una cuestión lógica; con lo cual, es así.

El tema de las auditorías, pues, efectivamente, solicitaremos más de una, y de hecho lo estamos haciendo a través de nuestro portavoz en Hacienda, en aquellas que vemos necesarias, y seguiremos trabajando, lógicamente, en ese aspecto. Nosotros claro que hacemos todo lo que tenemos que hacer, y, de hecho, yo creo que este portavoz, precisamente, en una pregunta parlamentaria instó a la Junta de Castilla y León y denunció la falta de internet y de banda ancha en todos los pueblos, y vamos, lo hicimos referente –cosa que se acordarán ustedes- a ese convenio de Telefónica de 8.000.000 de euros, y tal, para los municipios de más de 1.000 habitantes, y dijimos y denunciamos que aquí, ni más de 1.000 habitantes, ni menos de 100. Es decir, aquí todos debemos de tener y tenemos que intentar a que esa... eso nos llegue a todos. Y, además, creo recordar que lamentamos mucho las palabras que dijo aquel director general de Telefónica, diciendo que incluso alguno no tenía internet por falta de interés, fíjese usted, ¿eh?, que eso... por mucho que lo digamos, a ver si algún día le destituyen y ponen a una persona más capaz y más... y por lo menos con mayor sensibilidad, ¿no?, hacia... sobre todo al mundo rural y a Castilla y León.

Y, en ese sentido, siempre vamos a ser beligerantes. Lo cortés, desde luego, no quita lo valiente. Yo ahí... este de acuerdo también, el pacto entre Ciudadanos y Partido Popular, donde 169 municipios también... ya va a haber de... en fin, van a tener una fibra óptica, etcétera, etcétera. Poco a poco vamos a intentar entre todos que eso sea, digamos, una solución. Porque, vuelvo a decir, esta Administración electrónica no se puede hacer si no tienen un soporte, lógicamente, a través de la cobertura suficiente y necesaria, ¿no? Y, en ese sentido, es así. Ha hecho una cosa graciosa de que si tal, de los socialdemócratas... y ahora somos liberales los de Ciudadanos. Pues no sé... usted hágaselo mirar, a ver el PSOE en qué acaba después de estos congresos que van a tener y estas primarias, si son de una cosa u otra. Pero, bueno, es una cuestión que yo... –con todo respeto- respetamos a que cada partido decide su futuro, y a eso nos tenemos que dedicar todos.

Y en ese sentido, bueno, pues, simplemente, también decir que todos los procedimientos tienen que tener la garantía necesaria, y usted ve la preocupación –decía el Partido Socialista-; pues claro que la vemos muchos también, efectivamente. Además, vemos como muchos usuarios pues, efectivamente, no las ven y no las vemos, y por eso a veces lo denunciamos, y lo haremos, no se preocupe usted, no solamente en esta Comisión, sino en otras muchas, las que sean necesarias.

Y en ese sentido, bueno, pues agradecer al Partido Popular ese apoyo, aunque con esa crítica velada; en fin, no se preocupe usted, que iremos a las Comisiones que sean oportunas y necesarias; pero –vuelvo a decir- lo que está interrelacionado usted comprenderá también que lo tenemos que decir, ¿eh?, nos guste o no nos guste. Agradecemos ese apoyo. Y gracias por su atención a todos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Vamos a someter a votación y luego vamos a hacer un receso de cinco minutos, porque tenemos un problema, no en el audio, sino en la imagen, ¿vale? Entonces nos han pedido los informáticos que... ¿eh? Entonces, vamos a votar y luego hacemos un receso de cinco minutos.

Votación PNL/000951

¿Votos a favor? Diez. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Siete. Por tanto, diecisiete votos emitidos. Diez a favor. Siete abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la proposición. Y hacemos este receso.

[Se suspende la sesión a las dieciocho horas diez minutos y se reanuda a las dieciocho horas veinte minutos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Se reanuda la sesión. Tercer punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del tercer punto del orden del día.

PNL/000953

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Proposición No de Ley 953, presentada por los procuradores don Luis Fuentes Rodríguez, don Manuel Mitadiel Martínez, don David Castaño Sequeros, doña María Belén Rosado Diago y don José Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para garantizar un modelo de servicio público de Radiotelevisión Española basado en su independencia, calidad y neutralidad política, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 182, de once de octubre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señora presidenta. Es necesario apostar por un nuevo modelo de servicio público para la Radiotelevisión española que garantice su independencia y la calidad del servicio de sus contenidos, su función en la vertebración social, de ventana al mundo de la cultura y de la sociedad española.

Se requiere un modelo en el que todos los cargos sean escogidos a partir de criterios de profesionalidad y excelencia, sometidos a reglas estrictas de transparencia todas las retribuciones de altos cargos de Radiotelevisión Española.

Desde luego, los últimos tiempos no son muy halagüeños en cuanto a esta cuestión, y la última, pues hace poco, hace unos meses, se entregaban en el Congreso de los Diputados las firmas de 2.225 trabajadores del ente público, avalando un escrito en el que exigían medidas urgentes para garantizar que la Radiotelevisión pública del Estado sea un reflejo fiel de la sociedad y no sea utilizada como instrumento de propaganda partidista o gubernamental. La semana pasada, incluso... bueno, hace meses, pues incluso... todos a través de Twitter... en fin, instaban a todos los partidos políticos a ese compromiso que hicimos para hacer todos una televisión pública transparente y pública de verdad.

Ciudadanos, el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, instó... presentó una proposición de ley para la reforma del sistema de nombramientos del Consejo de la Corporación de Radiotelevisión Española, RTVE. La exposición de motivos decíamos que los medios públicos son una pieza esencial en la construcción y el funcionamiento de la sociedad avanzada. En nuestro caso, la Corporación de Radiotelevisión Española tiene encomendada una labor de servicio público: la de informar a la ciudadanía de manera neutral, plural e independiente. Una televisión pública de calidad debe trabajar por la vertebración del país; difundir valores democráticos y de convivencia y garantizar la expresión de toda nuestra diversidad cultural; colaborar en el desarrollo del pensamiento crítico de su audiencia, haciendo una información independiente; además, debe ofrecer un entretenimiento equilibrado, en especial para niños y jóvenes, que promueva la motivación para el estudio y el acercamiento a la cultura, la ciencia y la solidaridad entre los ciudadanos. Por supuesto, debe marcarse como objetivo liderar la innovación en contenidos audiovisuales y ser el motor de la industria audiovisual de nuestro país, poniendo en valor todos los... aquellos proyectos que abogan por una sociedad más justa y mejor formada.

Sin embargo, la realidad de nuestra televisión y radio pública dista mucho de esto. Pese a tener profesionales de primer nivel, su gestión no siempre ha estado al nivel de sus trabajadores. En España, la Corporación de Radiotelevisión Española, RTVE, así como otros entes de comunicación de titularidad pública han sido considerados propiedad de los grandes partidos políticos y no de sus ciudadanos. Y no hace mucho vimos como algunos partidos políticos ya también querían, lógicamente, tener controlado –si fuera posible- estas cuestiones.

Demasiadas veces hemos sido espectadores del debate entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre su derecho a controlar estos medios, sin tener nunca en cuenta que los medios públicos son... no son de los partidos ni de los gobiernos, sino que pertenecen y deben de pertenecer a los ciudadanos. En el año dos mil once, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista estaban obligados a ponerse de acuerdo para designar a los consejeros que habían renunciado a su cargo en el Consejo de Radiotelevisión Española; en concreto, la vacante de presidente y dos consejeros. Sin embargo, la incapacidad que vimos entonces de ambos para lograr el consenso desembocó en la aprobación del real decreto-ley, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que modificó el sistema de designación del Consejo; el Real Decreto-ley 15/2012, de veinte de abril, de Modificación del Régimen de Administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de cinco de junio, modificó primero el número de personas que componen el Consejo de Administración, pasando de doce puestos –como se acordarán- a nueve, desplazando a los miembros designados por los sindicatos del ente al Consejo Asesor, y añadiendo un nuevo procedimiento para la designación del Consejo... del conjunto del Consejo de la Administración si no existiera el consenso suficiente en la primera votación. En este caso, si transcurridas 24 horas desde la primera votación no se alcanzase la mayoría de dos tercios previstas, el Congreso de los Diputados designará por mayoría absoluta al presidente de la Corporación RTVE y al... y del Consejo.

Este nuevo sistema de elección permitió al Gobierno designar de una manera unilateral a la totalidad del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, dada la mayoría absoluta que poseía en la Cámara Baja. Un cambio de reglas aprobado ad hoc, contrario a los principios de consenso y pluralidad que deben caracterizar la elección del presidente de la televisión y radio públicas.

Este sistema de elección también supuso un ataque frontal a los principios que rigen la Ley 17/2006, de cinco de junio, de la Radio y de la Televisión de Titularidad Estatal, que señala que la televisión y radio públicas deben de ser independientes, neutrales, objetivas, eficaces, de calidad y de reconocimiento público. Cuando parte importante de los trabajadores y de todos los partidos de la Oposición se quejan del sesgo favorable de los informativos de Radiotelevisión Española hacia el Gobierno y el Partido Popular –o otras veces con otros gobiernos que estaban en el Gobierno-, está claro que estos principios no se están respetando. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que es preciso convertir a la Corporación de Radiotelevisión Española en referente del servicio público y de la producción audiovisual. Radiotelevisión Española debe garantizar unos contenidos informativos, divulgativos y de entretenimiento de calidad, gozar de independencia en su gestión y dirección, vertebrar social y territorialmente el país y ser altavoz de la cultura y la sociedad española en el resto de naciones.

Es preciso que nuestra televisión y radio públicas se gestionen con una cultura empresarial basada en objetivos concretos, donde se premia el mérito –y resaltamos lo del mérito- y la ejemplaridad, que haga de los medios públicos un referente y un ejemplo. La Corporación de Radiotelevisión Española tiene que ser motivo de orgullo para los ciudadanos, que la mantienen con sus impuestos y también con sus trabajadores.

Artículo único de modificación de Ley 17/2006, de cinco de junio, de la Radiotelevisión de Titularidad Estatal. Uno. Se modifica el Artículo 11, relativo al sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión Española, con la siguiente redacción: "Artículo 11. Elección. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por las Cortes Generales, a razón de cinco por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado, de entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional. Los candidatos propuestos, incluyendo los previstos en el apartado anterior, deberán comparecer previamente en audiencia pública en el Congreso y en el Senado, en la forma que reglamentariamente se determine, con el fin de que ambas Cámaras puedan informarse de su idoneidad para el cargo. Su elección requerirá una mayoría de los dos tercios de la Cámara correspondiente. Tercero. El Congreso de los Diputados designará, de entre los 9 consejeros electos, al que desempeñará el cargo de presidente de la Corporación Radiotelevisión Española y del Consejo. Tal designación requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara. No serán elegibles (punto 4) como miembros del Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española los cesados en los supuestos previstos en el Artículo 13 de esta ley", en fin, el cese por antigüedad, etcétera, o por una cuestión, en fin, de... en fin, de incumplimientos previos.

Y es lo que nosotros queremos un poco incidir. Es decir, creo que está claro que el tema de la Radiotelevisión Española es el espejo donde nos miramos todos los españoles, y donde yo creo que desde el devenir de la democracia siempre hemos estado todos los partidos políticos y todas las asociaciones... en fin, los grupos de sindicatos, las asociaciones civiles, preocupados por esa neutralidad, por esa transparencia, por esa labor que se tiene que realizar con independencia, y que, sinceramente, pues a veces no vemos esos resultados. Yo creo que por eso esta proposición queda y refuerza, y queda muy claro en el sentido de ampliar que la Radiotelevisión Española sea la radio de todos.

Y por eso, vamos a leer esta propuesta de resolución –ya queda poco tiempo-: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para garantizar un modelo de servicio público para Radiotelevisión Española basado en su independencia, calidad y neutralidad política, asegurando que la selección de sus directivos se realice a partir de criterios de profesionalidad y excelencia, y que se refuerce su función de vertebración social y de ventana al mundo de la cultura y de la sociedad española". Es una proposición bastante... por mucho que algunos digan que queremos impulsar, pero creo que es bastante clara y bastante ambiciosa, si lo lográramos entre todos.

Por supuesto, también, que los Consejos, que algunos asistimos también, en la Televisión de Castilla y León, estos mismos criterios tienen que servir también para que la televisión de Canal 7 y Canal 8, en Castilla y León, y estos convenios que tenemos con ellas sigan estos mismos criterios. En ese sentido, siempre Ciudadanos... yo creo que todos tenemos que abogar por que así sea. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bueno, pues como estamos hablando de televisión, le voy a dar una exclusiva, y es que nos vamos a abstener. Usted ha dicho que... dice que es una propuesta bastante clara y concisa; pues hombre, usted me dirá que impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para garantizar un modelo de servicio público para Radiotelevisión Española no es nada claro ni conciso. ¿Qué tipo de medidas?, ¿cómo se va a impulsar?, ¿cuáles son las medidas necesarias? Porque nosotros, como usted sabe, aparte de que nos vamos a abstener por lo que ya le he dicho de no ser cómplices de su acuerdo de gobierno, nos vamos a abstener porque, como usted bien sabe, y como ya hemos registrado también en el Congreso de los Diputados, nosotros tenemos un modelo propio de lo que entendemos que debería de ser la televisión pública.

Y lo que entendemos que debería de ser la televisión pública debe partir, primero y principal, porque, sobre todo, debe de dar ejemplo y garantizar la libertad de expresión, así como la libertad de prensa y de pensamiento, y cosa que en este mismo instante, en pleno siglo XXI, pues desgraciadamente, no está ocurriendo, ¿no? Y es que en el siglo XXI hablar de que en la televisión pública no se está dando la libertad de prensa y la libertad de expresión que se debería de garantizar en un Estado democrático, pues es bastante preocupante.

Agradecer, sobre todo, que todos seamos conscientes de esto que está ocurriendo en el ente público de Radiotelevisión Española, a los trabajadores y trabajadoras de Televisión Española que han defendido y están haciendo un ejercicio de resistencia para impedir la manipulación que quiere hacer la televisión pública en favor del Gobierno.

Como usted ya sabe, el modelo que... cuando nos fijamos en otros países de la Unión Europea, pues en el modelo de televisión quizá nos deberíamos de fijar en otros países europeos, como es el ejemplo de la BBC inglesa, ¿no?, donde los periodistas pues, por norma general, no van a favor ni en contra de determinadas políticas. Y hay dos ejemplos muy claros de la BBC inglesa y de la independencia de la BBC inglesa. El primero de ellos fue durante la guerra de Irak, que el Gobierno de Tony Blair se enfrentó a la BBC por las informaciones sobre las armas de destrucción masiva de Sadam Husein; y, aunque los directores de la época eran simpatizantes del Partido Laborista de Tony Blair, se alinearon sobre todo a favor de la independencia y de la libertad de expresión, es decir, a favor de las informaciones, igual que ocurrió en España con este mismo asunto. Y también el segundo asunto que nos ocupa, que demuestra que el modelo de la BBC inglesa quizá sería un modelo al que deberíamos de seguir, es, por ejemplo, lo que sucedió en el 11M. O sea, en un país democrático, como el que se supone que es España, pues no entendemos como los españoles el once de marzo, en los atentados de Atocha, de Madrid, nosotros nos tenemos que enterar por la BBC inglesa. Las primeras noticias sobre que ha sido un atentado de los radicales islámicos es a través de la BBC, y no a través de Televisión Española, que incidió durante más de 24 horas en que había sido ETA, cuando realmente se ha probado y se ha demostrado que no ha sido.

Lo que ocurre a este modelo de la BBC es que es un modelo que está gestionado, primero, por un Consejo de Administración y, después, por un Consejo Asesor, y aunque los miembros del Consejo Asesor sí que es verdad que son nombrados por el Gobierno, no se busca reproducir los equilibrios políticos del Parlamento, sino que su misión es velar por que la BBC cumpla con las obligaciones de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y lo mismo ocurre con el Consejo de Administración: el director general puede haber tenido algún tipo de conexiones con el Gobierno, pero, una vez nombrado, su obligación es defender los intereses de la BBC, y eso significa, muchas veces, enfrentarse al Gobierno de turno, pero siempre defendiendo la libertad de prensa y la libertad de expresión.

En el caso español, el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española está regulado por la Ley 17/2006, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal, que en su Artículo 11, que es el que ustedes quieren cambiar, dice que la elección... "Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por las Cortes Generales, a razón de cinco por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado, de entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional". Ustedes lo que quieren cambiar realmente es, simplemente, que esta gente en vez de ser elegida por una mayoría absoluta, pues sea elegida por los dos tercios, ¿no?

Y yo creo que hay que ir muchísimo más allá, y nuestro grupo parlamentario a nivel estatal así lo ha demostrado, porque para tener una Radiotelevisión pública más independiente y más plural, pues, por ejemplo, sería que cada grupo parlamentario que conforme las Cortes Generales pues designe un miembro al Consejo de Administración, y siempre que esta representación directa desde las Cortes Generales nunca supere el 49 % de la totalidad del Consejo; eso sí que... porque tener menos de la mitad, eso sí que es garantizar la independencia y que no va a estar controlada por el Gobierno de turno. Y si eso es querer controlar la televisión pública, como usted aquí ha querido hacer ver, pues mire, ahora que estamos en época de post-Semana Santa, pues que venga Dios y lo vea.

Además, habría que recuperar también los Consejos... –de los que ustedes se olvidan- los consejeros representantes de los trabajadores, que al final del día son los que están trabajando allí, en el... todos los días, las 24 horas del día, y son los que manejan la información; así como asignar consejeros independientes y también representantes de la sociedad civil, porque, si la televisión pública es de todos, la sociedad civil también tendría que estar representada en el Consejo de Administración. Y esto va con un principio fundamental, que es el de fomentar la participación, el pluralismo, la independencia y la transparencia de la Radiotelevisión pública del Estado.

Y otra cosa que nos distancia mucho de este modelo de la BBC, al que hemos hecho referencia, es que se ha creado y exportado, la BBC inglesa, un modelo de país, una marca de país, y crear contenidos de calidad que fueran exportados a todo el mundo. ¿Y qué es lo que ha querido hacer Radiotelevisión española, en contraposición con este modelo? Lo que ha querido ha sido competir con las televisiones privadas, cuando no está en condiciones de competir con las televisiones privadas. Y si realmente queremos un cambio de... un cambio de la Radiotelevisión Española, que sea más plural, que sea mucho más independiente, hay que... es cierto que hay que establecer un debate que sea más profundo, y no solo cambiar el que sean elegidos los dos tercios, sino hay que ir muchísimo más allá.

Con lo cual, nosotros nos vamos a abstener en esta proposición no de ley, como en las otras. Yo creo que esta vez hemos sido claros en el planteamiento, no solo porque no... por la razón habitual. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Luis Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Bueno, la verdad es que nuevamente nos presentan una proposición que vamos a debatirla aquí, pero que son iniciativas, a todas luces, que deben ser presentadas y, sin duda alguna, se han de debatir en el Parlamento nacional. Nuevamente, bueno, pues la fase expositiva, como vemos, es muy cortita y, realmente, pues la propuesta de resolución en este aspecto, que consideramos que es importante, pero, bueno, se corresponde un poquito más con lo que ha dicho, que no consta, y que, sin duda alguna, fundamentalmente busca –y ahí es donde entramos al fondo del asunto- garantizar un modelo de servicio público para Televisión Española basado en la independencia, calidad y neutralidad. Y a nuestro entender es bochornoso que se tenga que traer una proposición fundamentalmente para garantizar un modelo de servicio público de Televisión Española. Ahora mismo, Televisión Española es un modelo de servicio público, un modelo, tal cual. Probablemente tenga su modelo, pero es un modelo con... que, desde luego, nosotros no lo compartimos, en absoluto.

Por eso, yo le vuelvo a preguntar: ¿qué han firmado ustedes con el Partido Popular si tampoco están de acuerdo, o lo traen aquí? ¿Qué han firmado? ¿Qué modelo de televisión? Porque supongo que, cuando firmaron con el Partido Popular, se establecería ahí un sistema de... precisamente, en algo tan importante como es la televisión, como es un medio de comunicación, el que, presuntamente, los informativos son, o eran, porque ya no lo son, los más seguidos por los ciudadanos. Claro, es que a nosotros nos genera muchísimas dudas. Poco vamos a poder aportar desde aquí, le digo. Poco vamos a aportar, primeramente, porque, como vamos a demostrar ahora, ustedes han hecho un planteamiento diferente al que iba en sus propuestas iniciales y que, desde luego, fueron modificadas.

Como bien sabe usted, prácticamente todas las proposiciones, a excepción de esta última, que parece que hay una el veinte... veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en la que creo que aún no se ha debatido, incluso está firmada por el señor Rivera, por Antonio Hernando y por Pablo Iglesias. Creo que aún no se ha debatido. Pero sí que se han debatido otras proposiciones que han sido rechazados.

Fíjese usted, en abril de dos mil catorce, es decir, cuatro meses desde que entró en el Gobierno el señor Rajoy, cuatro meses en su primera legislatura, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que modificaba el sistema de elección del Consejo de Administración de Televisión Española, incluido su presidente. Fíjese, desde el año dos mil seis, merced a un cambio que impulsó en la primera legislatura el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, era necesario el apoyo de dos tercios de la Cámara de los Diputados. Pensábamos que estábamos dando un paso definitivo, pensábamos que esto no tenía marcha atrás, pensábamos que la televisión que se estaba creando en aquellos momentos desde luego tenía tales exigencias, tales garantías de transparencia, tales... prácticamente, tal pluralidad que iba a ser imposible dar marcha atrás en ese sentido.

Bueno, pues, realmente, el Partido Popular vuelve, regresa al modelo anterior, amparado fundamentalmente en que prácticamente estaba colapsado, no se podía elegir al máximo responsable de la corporación, y, bueno, pues se rompe, se rompe el consenso entre los grupos políticos y, a partir de ese momento, ya bastaba de nuevo con la mayoría absoluta: volvíamos al sistema de televisión tan criticado y tan partidista que parece que podía haber sujetado las... fundamentalmente, las... en este caso, los grupos que habían detentado el Gobierno de la nación en años anteriores al dos mil seis.

Es verdad que hubo una... en el año... precisamente en este año ha habido un intento ya, con una propuesta del Partido Socialista, que tenía por objetivo devolver la independencia y el pluralismo informativo a Televisión Española, empezando por la elección de su presidente. Pero ¿qué ocurrió? Pues parece ser que tuvo los votos de algunos grupos que, en principio, rechazaban la propuesta. Pero como la proposición de febrero, anterior a la que presentó, que parece que ha presentado Podemos... perdón, Ciudadanos, se votó y, bueno, fue rechazado. En el dos mil quince se presentó otra.

La realidad y la verdad es que en estos momentos Radiotelevisión Española está al servicio de un partido, con una credibilidad hundida, por detrás de todas las televisiones privadas, y que esto tiene que tener o hay que darle una solución, pero no cualquier solución. Yo no veo aquí una propuesta concreta, nuevamente, por parte del portavoz de Ciudadanos, sino, nuevamente, hay un problema y hay que arreglar el problema, no sabemos cómo.

Pero, mire, yo sí que le puedo decir que nosotros no podemos votar a favor de su propuesta por dos razones. La primera, Ciudadanos se había comprometido dos veces por escrito a que el presidente de la televisión pública fuera nombrado por consenso político en lugar... es decir, por el Parlamento, en lugar de ser elegido por el Gobierno de turno, es decir, el cambio del sistema de los dos tercios a la mayoría absoluta. Y la segunda, en el pacto de acuerdo de investidura con el PP ha desaparecido esta exigencia. Ahora la iniciativa se circunscribe –y si usted lee su parte resolutiva lo dice claramente- a que los directivos sean elegidos por motivos de profesionalidad y excelencia, tal y como viene en su propuesta de resolución, y nada dice que la propuesta para elegir al presidente de Televisión Española sea mediante el sistema de dos tercios por el propio Parlamento. Por ello, nosotros ya no podemos apoyar esta propuesta.

No ha hecho usted mención... el único que podía haber hablado de Castilla y León no ha hecho mención a la conexión territorial, no de la 7 o de la 8, que son, al fin y al cabo, televisiones privadas que reciben ayudas, pero la conexión territorial, que también, a nuestro entender, deja mucho que desear, cómo va a ser regulado precisamente eso. Es decir, la ponen a unas horas que no lo ve nadie, a las cuatro de la tarde, que hay que esperar, si quieres ver lo que sucede en esos informativos, precisamente, pues a unas horas que prácticamente o todo el mundo ya está seguramente trabajando o ha salido. Es decir... y eso, desde luego, lo que da a entender es que la Televisión Española sigue manipulada. Lo denuncian los trabajadores prácticamente... bueno, lo denuncia todo el mundo. Lamentablemente no va a haber que hacer ya ninguna reforma de Radiotelevisión Española, hay que dejarle dos años más para que desaparezca. Y es que lo creo que... es lo que creo realmente que va a suceder.

Por eso creo que es conveniente, de verdad, que, si se va a debatir esa proposición, ¿eh?, esa proposición en... dentro de, supongo, un par de meses, que es importante, en el que los tres grupos que conforman... o dos grupos que conforman la Oposición y un grupo que conforma, precisamente, o forma parte de ese Gobierno, vamos a ver, vamos a ver si realmente se aprueba en las condiciones de esa proposición, porque nosotros, hasta que eso no lo veamos, como Santo Tomás -se ha hablado algo de la Semana Santa-, vamos, no lo veremos hasta que lo tengamos encima. Y la verdad es que ahora mismo vemos la Televisión Española, lamentablemente, en una... en un descenso muy prominente y que, al final, me da la impresión que con esta proposición que ustedes traen aquí no vamos a arreglar absolutamente nada. Así que el Grupo Parlamentario Socialista se va a abstener. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Manuel García Martínez.

EL SEÑOR GARCÍA MARTÍNEZ:

Pues muchas gracias, presidenta. Y buenas tardes. Vamos a apoyar esta proposición no de ley. Compartimos plenamente los principios que se citan: servicio público, independencia, calidad, neutralidad política, profesionalidad, excelencia, vertebración social. No obstante, y como en otras ocasiones, pues sí que tenemos que avisar del uso del Parlamento autonómico para plantear debates que corresponden al ámbito nacional, que exceden de nuestras competencias y sobre los que no tenemos información, la cual... lo cual podría ser entendible si Ciudadanos careciera de representación en las Cortes Generales, pero que no es ese el caso. Son asuntos que, a nuestro juicio, deberían ser planteados en el Congreso de los Diputados y no en las Cortes de Castilla y León.

En cuanto a las competencias de la Junta, solo recordar que Castilla y León es una de las cuatro Comunidades Autónomas que no poseen canal autonómico de televisión, junto con Navarra, Cantabria y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y que eso forma parte del principio de austeridad que se ha venido aplicando en Castilla y León.

También cabe señalar que durante los peores años o los años centrales de la crisis, entre el dos mil ocho y dos mil trece, las Comunidades con televisión pública se gastaron casi 6.800 millones de euros en dichos canales.

Por último, decir que, en nuestra Comunidad, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2009, de veintiocho de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, creó la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, la cual determinará las necesidades de interés público que deben ser atendidas por este servicio, así como las condiciones para su financiación.

También el Decreto 74/2009, del quince de octubre, aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la citada Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. Nada más. Esto es todo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muy brevemente, señora presidenta. Empezamos por el final. Hombre, que diga que esto es cuestión del Parlamento nacional y que aquí no tenemos... ¿Usted no ve la televisión? Yo creo que sí. La vemos todos nosotros todos los días, en Castilla y León la vemos; y la padecemos, y la soportamos. Con lo cual, también la tenemos que intentar mejorar desde el... en fin, desde donde estemos. En ese sentido, lógicamente...

Hombre, comparto con usted que, efectivamente, bueno, somos austeros -no sé si es la palabra adecuada en este caso de las televisiones públicas-, y, en ese sentido, Castilla y León, pues hombre, aunque todo sea mejorable, eso está claro, pues ha solventado de una manera bastante razonable la cuestión de las televisiones autonómicas, digamos, porque, como bien ha dicho, esos seis mil y pico millones de euros que están costando por ahí, pues en muchos de los casos incluso auténticas bancarrotas y auténticos despilfarros, que, como la televisión valenciana, pues acabó donde acabó. En fin, yo creo que, en se sentido, somos partidarios un poco de esta cuestión, pero siempre y cuando, lógicamente, todos esos derechos, de esa transparencia, esa independencia, tal, siempre se promuevan y se promulguen.

Pues hombre, las cuestiones de Podemos, dice que ya le ha dado muchas... la BBC, la BBC... Yo pensaba que Podemos y la BBC no se llevaban... Bueno, pues parece ser que es su gran modelo, lo cual, no sé, nos sorprende. Yo, mire usted, y sinceramente creemos, desde Ciudadanos, que la independencia se garantiza cuando los periodistas son independientes, y cuando los periodistas no son ni amenazados ni coaccionados. Esa es la mayor garantía para que un profesional pueda emitir todos aquellos telediarios y todas aquellas noticias que puedan generar. Yo creo que eso es lo más importante y lo más, digamos, meridiano. Y es una cuestión muy... muy curiosa -como poco, curiosa- que a Podemos ya, en aquellos... cuando se rifaban y se repartían ya los Ministerios y las Direcciones Generales, ¿verdad?, cómo le gustaba... cómo le gustaba la Radiotelevisión Española; es una cosa curiosa. Seguramente sea para, efectivamente, hacer ustedes ese modelo, que eran... seguramente sea mucho más independiente y más... y más libre que el de los demás. Yo creo que a veces se lo tienen que hacer mirar, pero un poco, además, pero un poco bastante.

Hombre, el tema de las televisiones privadas ni vamos a entrar, porque no es el caso, ni es... Pero, desde luego, hay algunas televisiones privadas... algunos tienen hasta la suya casi ya propia. Otros, pues, en fin, tenemos bastante menos. Lo más importante yo creo que es que tenemos que garantizar eso que estamos diciendo. Es decir, me parece muy bien que la BBC en un momento dado, con el señor Tony Blair, se pueda enfrentar, o se deje de enfrentar. Que no creo que sea la cuestión, será en todo caso algún tipo de... algún periodista en concreto, en fin, los que desarrollan con esa libertad que les caracteriza las informaciones, en este caso, de los partes de guerra, o lo que sea necesario, como ayer también ha pasado...

Y es verdad que -para que sepa que no solamente voy a ir en contra de usted siempre, ni mucho menos-, pues hombre, el tema del 11M yo creo que es una cuestión palmaria, obvia y clara. No fue, desde luego, pues un desecho de virtudes, ni cómo se hizo entonces la información, porque luego la realidad es tozuda. Pero, fíjese usted, ¿eh?, a día de hoy todavía hay algún medio por ahí que sigue dándole vueltas al asunto, como bien sabemos todos. Quiero decir con eso que, lógicamente, aquí cada cual opina lo que quiere opinar y no por eso, en fin, va a ser más libre o menos libre. Pero le... le quiero decir lo que le he dicho, que yo creo que me ha entendido perfectamente.

En cuanto al Partido Socialista, pues hombre, yo creo que es muy duro decir que la credibilidad perdida de la televisión pública, con esa rotundidad. Pero, fíjese, yo se lo digo sinceramente no por la televisión pública en general, sino por los profesionales, que estará conmigo que realmente los hay independientes, y los hay que trabajan, yo creo que algunos con una trayectoria de muchos años, pues oye, que hacen lo mejor que pueden su trabajo, y además sinceramente le digo, y creo, que luego cada cual, lógicamente, opina lo que opine y tiene la ideología que tenga, pero con una libertad bastante clara. Y todo es mejorable, por supuesto, y otras épocas también tuvieron lo que tuvieron, y a veces no hay que olvidarlo. Y es lógico que, pues que aquí cada cual, cuando se gobierna, lógicamente, se intenta, no digo manipular, pero sí arrimar el ascua a las sardinas, y a lo mejor a veces intentar que aquellos, digamos, organismos públicos oficiales, y la Radiotelevisión pública lo es, pues esté más acorde, lamentablemente, con las directrices del gobierno que esté en esa situación en ese momento.

También, mire, comparto con usted, y algo haremos al respecto -de hecho, ya estamos trabajando en ello-, con el tema de la conexión territorial de Castilla y León, o sea, de la televisión pública. Pues es verdad, desde luego las horas no son las más adecuadas, y cuando algunos, que, lógicamente, como usted comprenderá, tenemos esa... en fin, esa... digamos, iniciativa de poder ver las noticias de Castilla y León, nos cuesta mucho, es verdad. Pero no solo a... yo creo que a la inmensa mayoría, las horas no son las adecuadas. Y, en ese sentido, sí que hay que intentar que, en fin, que sean unas horas más convenientes.

También es verdad que luego, si usted ve el amplio panorama, digamos, de televisiones, tanto públicas como privadas, pues bueno, me imagino que a veces, o bien por unas cuestiones comerciales, o unas cuestiones de tiempo y tal, o criterios más televisivos, pues suelen llevar a lo que sea, pero yo creo que ahí, efectivamente, compartimos que se puede mejorar, y mucho.

Y luego, hombre, simplemente me hace gracia cuando usted dice que esto faltan dos meses para debatirlo en el Congreso, que si hay tres grupos, o dos grupos. O sea, cuando usted... cuando quiere nos toma por Oposición a Ciudadanos, cuando parece ser que otras veces no. ¿Usted es solamente la Oposición, con Podemos -el Partido Socialista-? Pues hombre, no sé, yo creo que los partidos son los que son, me parece a mí, y todos sabemos contar. Y lo que tenemos que hacer, intentar entre todos, es a veces no mirarnos más quién marca, digamos, los goles, sino que... realmente ganar los partidos. Y este partido de la transparencia y de la independencia y de una televisión pública que funcione bien le tenemos que ganar todos, todos. No ponerse nadie medallas, porque yo creo que eso tiene que ser una labor de todos los partidos políticos, empezando, por supuesto, por el que gobierna.

Y, bueno, yo creo que simplemente yo creo que es una reflexión la que hemos hecho, en ese sentido, que está bien encaminada, por mucho que algunos opinen lo contrario. Creo que hay que trabajar muchísimo para garantizar esa independencia y esa libertad y esa profesionalidad de la televisión pública, y el tiempo nos pondrá yo creo que a cada uno en nuestro sitio. Pero yo creo que trabajar en esta dirección, de la transparencia, de la libertad, de la independencia, del mérito de los profesionales, yo creo que siempre será bueno y redundará en que la información sea lo más veraz posible. Muchas gracias.

Votación PNL/000953

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Diez. ¿Votos... abstenciones? Siete. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: diez. Abstenciones: siete. Queda aprobada la proposición no de ley debatida.

Cuarto punto del orden del día. Por la... por la señora secretaria se dará lectura del cuarto punto del orden del día.

PNL/000874

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Proposición No de Ley 874, presentada por los procuradores doña Adela Pascual Álvarez, doña Natalia del Barrio Jiménez y don Juan Pablo Fernández Santos, para instar a la Junta a que exhorte al Gobierno a cumplir sus compromisos de reubicación de refugiados impulsando el traslado inmediato a nuestro país en los casos de situación de extrema vulnerabilidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 176, de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, la procuradora doña Natalia del Barrio, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bien, como indicamos en los antecedentes de esta proposición no de ley, esta iniciativa no es del Grupo Parlamentario Podemos, sino que ha sido elaborada por voluntarios y voluntarias que están trabajando en los distintos campos de refugiados que ya existen, así como una iniciativa que fue registrada por varias organizaciones y partidos políticos el pasado veintidós de junio de dos mil dieciséis, y que han sido los que nos han facilitado los siguientes datos y el por qué presentamos esta proposición no de ley.

Las cifras a veintiocho de febrero con respecto a los refugiados eran en España las siguientes: 852 realojados de Grecia e Italia, el 9 % de lo que le correspondía; 289 reasentamientos de Líbano y Turquía, fruto del mecanismo "uno por uno". Con lo cual, se necesitarían unos 22 años para cumplir las cifras pactadas. En total, se ha cumplido tan solo el 6 %. En Europa, 11.966 reubicados de 160.000; hasta septiembre solo 98.000, una parte de la cifra total, la otra está por designar; tan solo el 14 %. En Europa, reasentamientos 14.222 de los 22.504 pactados. En las solicitudes de asilo en España, en dos mil dieciséis, ha batido el récord con 15.575, lo que supone el 1,3 % del total de la Unión Europea, de los cuales se ha concedido asilo con estatuto de refugiado a 355, el 3,5 %; en los que no se incluyen algunos países como Afganistán, que son de segunda, por considerarlos supuestamente un país seguro, cosa que es incomprensible, y no concederles asilo. Quedan todavía 20.000 solicitudes pendientes.

La situación de los campos de refugiados es desesperante: más de 170.000 personas permanecen atrapadas entre Grecia e Italia. No se está cumpliendo nada de lo pactado, solo el cierre de fronteras de la ruta de los Balcanes. Los campamentos de Grecia se encuentran en deficientes condiciones de higiene. En enero de dos mil diecisiete hubo intentos de automutilaciones, y la ansiedad y la depresión han aumentado un 2,5 %. Han aumentado también los ataques racistas y las violaciones de los derechos humanos en Hungría, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Bulgaria, etcétera. Simplemente con esto, es cierto que nuestro... queríamos recordar, porque es cierto que nuestro Parlamento autonómico ha remitido sendas declaraciones institucionales, pero, después de estos años, creemos que es necesario de nuevo recalcar el compromiso que estas Cortes adquirieron en su momento, visto lo que anteriormente hemos expuesto.

Debemos de recordar también y no olvidar que el plan puesto en marcha por la Unión Europea a la llamada crisis de los refugiados -el acuerdo con Turquía-, y no podemos dejar de denunciarlo una y otra vez. Este acuerdo supuso una auténtica compraventa de personas y de tráfico de personas, donde se ofrecieron 6.000 millones de euros al país para que patrullara su litoral y aceptara la devolución de solicitantes de asilo que hubieran conseguido llegar a las islas griegas. El acuerdo se basaba en la premisa falsa de que Turquía ofrecía a quienes solicitaban asilo todas las garantías de protección que tendrían en la Unión Europea; premisa falsa, porque los refugiados procedían también de la represión turca sobre el pueblo kurdo. A finales de dos mil dieciséis, miles de personas estaban atrapadas en centros de hacinamiento y precariedad y agravamiento de enfermedades de aquellas... y agravamientos de enfermedades de aquellas personas que ya venían enfermas en el recorrido hasta los campamentos de refugiados.

El programa de reubicación fracasado ha ido acompañado de otro plan, iniciativa de la Unión Europea, emprendido en dos mil quince, denominado "Enfoque de puntos críticos", donde se pretendían grandes centros para identificar y tomar huellas dactilares a personas recién llegadas, como así lo explica el último informe de Amnistía Internacional, donde se denuncian episodios de malos tratos para conseguir huellas dactilares, detención arbitraria de emigrantes y expulsión colectiva de vuelta a países donde se vulneran gravemente los derechos humanos, como es el caso de Sudán. Todas estas circunstancias han provocado la acumulación de emigrantes y solicitantes de asilo -como hemos indicado anteriormente- en condiciones pésimas, por ejemplo, en los campos de Calais -conocido por su brutal desalojo en octubre- o los campos superpoblados de Lesbos y Quíos.

Institucionalmente no ha habido ninguna respuesta. No así la sociedad civil, que, como siempre, va un paso por delante y mostró la solidaridad que no habían mostrado los dirigentes europeos, ni tampoco los dirigentes estatales. Y lejos de una situación... lejos de que una situación de emergencia como esta, de enorme magnitud y vulneración de los derechos humanos, lo que se ha conseguido es que, en el último año, el índice de personas sirias, iraquíes y afganas, donde existen grandes conflictos que se están viendo agravados últimamente por los ataques recientes de Estados Unidos, consigue... que consiguieron el pleno reconocimiento de la condición de refugiado, disminuyó respecto al año anterior.

En definitiva, aunque en virtud de los programas de reasentamiento España ha accedido a recibir 1.449 personas procedentes de Oriente Medio y el norte de África, para diciembre de dos mil dieciséis tan solo habían llegado al territorio español 289 personas -lo que no llega al 20 %-, todas ellas de ciudadanía siria. De igual modo, y en contra del compromiso formulado de recibir 15.888 personas necesitadas de protección internacional, desde Italia y Grecia, en virtud del programa de reubicación interna de la Unión Europea, para diciembre solo se habían reubicado en España 609, lo que no llega ni al 4 %.

Debido a todas estas circunstancias, muchas plataformas y asociaciones de voluntarios participaron –como hemos indicado- en la presentación ante el Registro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en Madrid de 22 casos vulnerables de los campamentos de refugiados de Grecia, todo ello coordinado por Bienvenidos Refugiados España, con 22... el... con esta fecha, el veintidós de junio, se solicitó, junto a otras cien organizaciones, ayuntamientos y partidos políticos, su traslado inmediato a España por razones humanitarias, dada su situación de extrema vulnerabilidad y necesidad de atención urgente. A fecha del registro de esta iniciativa no se sabía nada de estas personas, y actualmente tampoco, sin que el Ministerio dé ningún tipo de explicación.

Varias organizaciones han tratado de denunciar esta situación, donde existen casos de emergencia sanitaria que requieren salir de forma inmediata de los campamentos de refugiados para recibir una atención digna. Partiendo de que todas las personas refugiadas están amparadas por el derecho internacional, existen casos terriblemente vulnerables en las que existen informes de autoridades griegas en las que se afirma que su integridad física está en peligro por la condiciones sociosanitarias en las que se encuentran.

Entre las... en las diferentes organizaciones han hecho un registro y en este documento encontramos múltiples casos. Yo, simplemente, voy a nombrar a tres que son: Ghazal, de 5 años, que requiere de una intervención ocular para recuperar parte de la visión; Barkaat, de 8 años, con atrofia muscular espinal; Abdullah, de 58, con trastorno respiratorio grave y diabetes tipo 1; ....., de siete meses y con necesidad urgente de eliminar un mioma de la axila. En octubre de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento de Madrid registró una solicitud para que se autorizara a la mayor celeridad el acceso de todas estas personas refugiadas enfermas y sus familiares, adjunto con un compromiso de la Comunidad de Madrid, supuestamente, de proporcionar la atención médico-quirúrgica que precisaran, aunque este compromiso fue roto meses después por la Comunidad.

Castilla y León ha manifestado –como ya hemos dicho en múltiples ocasiones- la predisposición a acoger más refugiados, y pidió agilidad a la Unión Europea, por no hablar de los diferentes compromisos en las diferentes declaraciones institucionales llevadas a cabo. De hecho, sin ir más lejos, en el pasado Consejo de Gobierno se aprobó una ayuda de 90.000 euros para ayuda humanitaria, dirigida a la población afectada por el conflicto de Siria. Por lo tanto, esta iniciativa creemos que es una iniciativa que debería de ser apoyada por todos los grupos parlamentarios para mostrar una posición de Comunidad ante los casos de extrema vulnerabilidad, y que podría ser seguida por otras Comunidades Autónomas. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Ciudadanos va a votar a favor de esa proposición no de ley del Grupo Podemos. Yo creo que la sensibilidad que debemos de tener todos con el tema de refugiados nos compromete a la sociedad española en general. Este mismo... ayer mismo, venían otros 55 refugiados de Irak y Siria a España, y, fíjense, solamente hemos recibido, de aquellos 17.337 que nos comprometimos, a día de hoy, unos 1.034. Yo creo que... supuestamente desde el mes de septiembre tenemos que hacer ese cupo de todos los demás, y me parece a mí que a todas luces no vamos a cumplir ese objetivo que nos hemos comprometido con las autoridades de la Comunidad Europea.

Por eso también, nosotros, aparte de estas medidas, lógicamente, de garantizar a los refugiados todas las medidas de protección y de reasentamiento necesarias, también incidimos siempre desde Ciudadanos que hay que también intentar hacer todos los convenios posibles y todas actuaciones en los países de origen para que de una vez por todas podamos entre todos el terminar con estas guerras injustas y manifiestamente... en fin, parece que no se van a acabar nunca, y evitarnos pues espectáculos tan lamentables como las guerras químicas y la matanza de niños que hemos visto hace muy pocos días.

Y en este sentido, yo creo que es una cosa tan obvia y tan clara que lo que tenemos que hacer es intentar entre todos cumplir los compromisos que firmamos ante la Comunidad Europea y ante la resolución de todos los países, y yo creo que del sentido común, y de esa capacidad yo creo que humanitaria que debemos de tener. Vamos a apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don Álvaro Lora.

EL SEÑOR LORA CUMPLIDO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos en esta vuelta de las vacaciones de semana... de Semana Santa. Voy a ser muy breve, presidenta. Antes de nada, quiero decir que, por fin, tras dos horas y siete minutos, debatimos una PNL importante en esta Comisión de Presidencia, la que tratamos que se cumpla el compromiso de que lleguen a España esos casi 18.000 refugiados con los que nos comprometimos, ¿no?

Sí que me gustaría decir en esta Comisión que yo recuerdo cuando apenas era un niño, en el año ochenta y seis, cuando entramos en la Unión Europea, siempre oía aquella palabra de la Europa de la solidaridad. Parece que esa Europa de la solidaridad, que creamos entre todos y todas, ha creado una Europa donde... donde solamente se... sirva para controlar el déficit de los Gobiernos de turno y no para resaltar los valores europeos de solidaridad y de justicia, que es realmente para lo que debería servir la Unión Europea.

Sí que me gustaría resaltar que en numerosas ocasiones las... todas las organizaciones humanitarias han manifestado que el lugar donde se encuentra en la actualidad los refugiados no son lugares apropiados para acomodarlos, y denunciando que quiere poner en marcha normas que permitan respetar los derechos humanos elementales en los campamentos de refugiados. También quiero destacar que estamos todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea mirando hacia un lado cuando nos encontramos con un conflicto que está alcanzando unas cuotas tan elevadas... no tan elevadas, pero quizás las más elevadas desde la Segunda Guerra Mundial.

Y, por supuesto, quiero traer a esta Comisión el llamado "pacto de la vergüenza", ese pacto por el que la Unión Europea dotó de 3.000 millones a... de 3.000 millones a Turquía para ayudar a los... para tratar a los refugiados, además de eximir de visados a sus ciudadanos, y de avanzar el proceso de adhesión a este club comunitario. Este pacto de la vergüenza, que jamás se debería haber firmado; este pacto de la vergüenza, que lo que realmente... que lo que realmente dice es: no os queremos en Europa.

Y sí que quiero hacer una reflexión en este punto, ¿no? Hace escasos días celebrábamos el Día de la República, esa conmemoración de la república, que trajo como final dramático esa guerra... esa guerra civil por la cual muchos españoles y muchas españolas se tuvieron que ir al exilio en el año mil novecientos treinta y seis. Pues bien, ¿qué hubiera ocurrido en el año mil novecientos treinta y seis si todos esos países latinoamericanos, como Argentina o Méjico, no hubieran acogido a estos españoles, a esos castellanos y leoneses que hace escasamente unas semanas homenajeábamos en estas Cortes de Castilla y León? ¿O qué hubiera sucedido si nuestro país vecino, Francia, no hubiera acogido a tantos refugiados españoles?

Y aquí también quiero poner... quiero poner... quiero enfatizar lo que va a ocurrir en escasos días en Francia, ¿no? Son las elecciones... las elecciones presidenciales a Francia... en Francia. Tenemos, por un lado, un Frente Nacional, con Marie Le Pen; por otro lado tenemos a otro posible candidato a presidir el Gobierno francés, que es Jean-Luc Mélenchon, con Francia Insumisa. Dos partidos euroescépticos. ¿Qué ocurrirá con esos refugiados que tienen que ir a Francia? ¿Qué ocurrirá con esos refugiados que el país francés tiene que acoger, como ha firmado a través de un tratado de la Unión Europea? ¿Qué ocurrirá? Por lo tanto, no tenemos que dejarnos... no tenemos que... no tenemos que dejar que esto ocurra, y, realmente, tenemos que exigir al Gobierno de España que cumpla lo que firma; eso que tanto dice mi compañero de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, que hay que cumplir lo que se firma, pues en este caso lo que se pide en esta proposición no de ley es que se cumpla aquello... lo que se firma. Y lo decía también el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que, de los 18.000... casi 18.000 (17.877) refugiados que tenía que acoger España antes de septiembre del dos mil diecisiete, poco más de 1.000 hemos acogido en la actualidad.

Por lo tanto, sí que quiero traer a esta Cámara que debemos olvidarnos de esos pactos, como hablaba antes, de estos pactos de la vergüenza que estamos firmando con un presidente del Gobierno que dentro de poco... de poco tiempo se acabará convirtiendo en un dictador, como es el señor Erdogan.

Por lo tanto, nada más, presidenta. Reiterar el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición no de ley.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don Alfonso Centeno Trigo.

EL SEÑOR CENTENO TRIGOS:

Muy buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Estamos ante una iniciativa parlamentaria referida a un tema de profundo calado humanitario en el que nos une una sensibilidad y una responsabilidad ante esa dramática realidad que sufren los refugiados. Nuestra sociedad, en su conjunto, es sensible y solidaria ante esta problemática, y debemos hacernos eco, y también contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a paliar este drama para tantos miles de personas.

La crisis migratoria de refugiados deriva principalmente del conflicto en Siria y Oriente Próximo, y está siendo, desde el primer momento, una prioridad para el Gobierno del Partido Popular, que está siendo responsable con la demanda de solidaridad que nos vienen haciendo miles de personas. El Gobierno está aumentando los medios para dar respuesta a esta crisis con una prioridad operativa, en donde ha participado, y participa, en acciones de salvamento y de rescate, y también en las medidas de reubicación de asentamiento, dentro del marco de la Unión Europea; y también con una prioridad financiera, donde se han aumentado las dotaciones presupuestarias tanto en materia de protección internacional o en el presupuesto destinado al Sistema Nacional de Acogida e Integración.

España es cierto que al día de hoy solo ha acogido a esos 1.140 refugiados, entre refugiados y reasentados, de lo que significa el 10 % de las personas que se han acogido en la Unión Europea, y que, por otro lado, va en consonancia del 8 % que representa nuestro país en términos de PIB y de población. Por lo tanto, estamos ante un problema que no es un problema de un país, sino que es un problema, en este caso, de la Unión Europea, y es en ese marco en el que hay que, lógicamente, asumir las responsabilidades y ser solidarios, pero, al mismo tiempo, con eficacia, y sabiendo que tenemos que dar cumplimiento a nuestros compromisos y a las decisiones que se vienen adoptando en el marco y en el seno de los... de los Consejos de la Unión Europea.

Desde luego que no es una... como digo, una cuestión exclusiva de España, sino un problema general de sistema y común a todos los miembros. Recuerdo que la reubicación requiere un proceso previo de identificación y registro de huellas para poder ponerse en marcha; entre otras cosas, para asegurarse de que respondan a los perfiles incluidos en las correspondientes decisiones. Y, en todo caso, las personas asignadas a España que cumplieron esos requisitos han sido reintegradas a nuestro país. Desde luego que estamos todavía muy lejos del objetivo, pero estamos intentando poner los medios para que podamos cumplir ese compromiso, y ya estamos entre los seis países de la Unión Europea que más han reubicado.

Está claro el compromiso del Gobierno, ¿eh?, que se ha reafirmado con el impulso al acuerdo en la Conferencia de Presidentes, para, de una manera urgente, se pudiera poner en marcha un plan de emergencia para paliar la situación grave de los refugiados.

En cualquier caso, y lo que sí que es importante que la postura del Partido Popular de Castilla y León, y que creo que es compartida por todos los grupos políticos que formamos el Parlamento, es el que... dar una respuesta a esta situación exige una acción conjunta, sensible, solidaria y responsable. Por ello, consideramos, fundamentalmente, la coordinación de actuaciones de las Administraciones públicas, y de estar con... y de estas con el tercer sector, para poner a disposición de las personas que buscan refugio en Castilla y León los recursos y programas necesarios para atender sus necesidades y facilitar su integración e incorporación sociolaboral.

Castilla y León ya -como conocen ustedes- puso en marcha la Mesa de Seguimiento Permanente para la Acogida de Personas Refugiadas, integrada por las distintas Administraciones y entidades del tercer sector, para realizar un seguimiento del operativo montado en Castilla y León para dar respuesta a las necesidades del colectivo de refugiados. Esta Mesa, además, ha reiterado su ofrecimiento como tierra de asilo y refugio para todas aquellas personas que huyen del conflicto bélico en Siria.

La verdad que mucho más lejos, independientemente de poner en duda la calidad democrática de una república francesa o que los derechos humanos deban ser diferentes según de qué continente procedan, lo que sí que estamos todos de acuerdo es en que tenemos que impulsar, impulsar, como bien dice la propuesta del Grupo Podemos, a cumplir con el compromiso de reubicación de esos 18.000 refugiados, a seguir impulsando el traslado inmediato a nuestro país de los casos en situación de extrema vulnerabilidad, como los ejemplos que ha propuesto, que nos ha comunicado a todos la portavoz del Grupo Podemos. Por lo tanto, desde luego, vamos a estar totalmente de acuerdo y vamos a apoyar su proposición.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bueno, simplemente dos cosas. Agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios al apoyo de esta iniciativa. Y simplemente le voy a hacer un pequeñito matiz al procurador del Partido Popular: es un problema de España, no de la Unión Europea, porque, si no... porque ¿usted me puede decir por qué Alemania ya suma más de 200.000 refugiados acogidos en el país y España no llega ni al 5 %? Con lo cual, creemos que sí que es un problema de España.

Pero bueno, apoyando esta proposición no de ley, yo creo que damos un gran paso y un gran ejemplo para otras Comunidades Autónomas. Muchas gracias.

Votación PNL/000874

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Concluido el debate, creo que damos por aprobada por asentimiento la proposición no de ley, ¿vale?

Pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas veinte minutos].