DS(C) nº 314/9 del 18/5/2017

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Buenas tardes, señorías. Comenzamos la sesión de la Comisión de Empleo convocada para esta tarde, en primer lugar, solicitando a los grupos nos digan las sustituciones que tienen que realizar. ¿Grupo Socialista? Gracias, señor Álvarez. ¿Grupo Podemos? ¿Grupo Ciudadanos?

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidente. Pues Belén Rosado en sustitución de Manuel Mitadiel.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO:

Don Jesús Alonso Romero en sustitución de Marta Maroto del Olmo y don Manuel García Martínez en sustitución de Pedro Antonio Heras Jiménez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Fernández Santiago. Para proceder al primer punto del orden del día, el señor vicepresidente dará lectura al mismo.

PNL/001346

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR GALICIA JARAMILLO):

Buenas tardes. Gracias, presidente. Punto número uno: Proposición No de Ley, PNL 1346, presentada por los Procuradores don Pedro Luis González Reglero, doña Laura Pelegrina Cortijo, don Pedro... don Fernando Pablos Romo, don Óscar Álvarez Domínguez y doña María Consolación Pablos Labajo, para instar a la Junta a que se dirija al Gobierno para que impulse la derogación de la reforma laboral del año dos mil doce y abra un proceso de negociación para establecer un nuevo marco de relaciones laborales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 243, de catorce de marzo de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor vicepresidente. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, don Pedro Luis González Reglero, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Sí. Gracias, presidente. Buenas tardes. El Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Comisión de Empleo, en el día de hoy, una proposición no de ley relativa a... -como estamos viendo, con los datos que aportaré un poquito más tarde- a los nefastos efectos que ha tenido y que está teniendo la perniciosa reforma laboral impuesta por el Partido Popular en el año dos mil doce. Fue en febrero del año dos mil doce cuando el Gobierno del Partido Popular cometía la tropelía de aprobar el Real Decreto 3/2012, de diez de febrero de dos mil doce, de Medidas Urgentes de la Reforma del Mercado Laboral, convertido en ley posteriormente, de seis de julio, modificando los tipos de contratación y las causas de extinción de los contratos, así como facilitando cambios en las condiciones de trabajo por parte de los empleadores.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, última conocida, del pasado mes de abril, confirma los datos que desde la aplicación de la reforma laboral se está viendo y se está sufriendo. La creación de empleo se está sustentando en la precariedad laboral. No son datos de este Grupo Parlamentario Socialista, sino que son datos –vuelvo a insistir- de la Encuesta de Población Activa, que yo creo que nadie pondrá en duda los datos que posteriormente vamos a poner encima de la mesa.

En el cuarto trimestre de dos mil once había en España 18.153.000 ocupados; esa cifra fue cayendo progresivamente hasta tocar suelo en el primer trimestre del año dos mil catorce, con 16.950.600 ocupados. En el cuarto trimestre del año dos mil once, en Castilla y León -por hacer la similitud tanto en España... en el conjunto del país como en Castilla y León- había 986.700 ocupados, y en el primero de... y en el primer trimestre de dos mil catorce había 901.500 ocupados. Ya vamos viendo esa... efectos de esa nefasta reforma laboral.

La crisis, la política de recortes del Partido Popular y la nefasta reforma laboral se llevan por delante más de 1.200.000 puestos de trabajo en España, y otros tantos en Castilla y León; y eso solo en dos años. Las cosas mejoran un poco como consecuencia –dice el Partido Popular- de esa famosa recuperación, pero que no llega a las familias. En poco más de cinco años –vuelvo a insistir, según la Encuesta de la Población Activa-, el número total de asalariados en España ha pasado, en el cuarto trimestre de dos mil... del dos mil once, de 15.150.500 activos a 15.340.800 activos, según la EPA del primer trimestre del dos mil diecisiete. Es verdad que ahí ha habido un pequeño incremento, pero en Castilla y León, la tierra del paraíso, la tierra donde va todo de maravilla, ocurre exactamente lo contrario de la inercia que tenía el conjunto del país. Y me explico: hemos pasado de tener en el cuarto trimestre del año dos mil once 784.700 asalariados a tener en el primer trimestre del dos mil diecisiete 759.000 asalariados. Con lo cual, el cambio ha sido inverso: en España se ha creado empleo nefasto, precario, a tiempo parcial; y en esta Comunidad, donde reina el paraíso y donde todo va fenomenal, tenemos menos asalariados.

Por lo tanto, yo creo que a nadie se le escapa, la calidad de la contratación ha caído en picado; eso es un dato que no lo dice este grupo, sino que son encuestas reales. Lo vemos, me explico. Si en diciembre de dos mil once en España había 11.393.600 asalariados indefinidos, al cierre del primer trimestre de dos mil diecisiete quedaban 11.390.500; es decir, 3.100 asalariados menos indefinidos. Por el contrario, el número de asalariados con contrato eventual ha crecido, pasando de 3.756.900 a 3.950.000, aumentando en 193.100. Vuelve a crearse empleo, pero de carácter eventual.

En Castilla y León los datos son aún peores: en diciembre del año dos mil once en nuestra Comunidad había 621.700 asalariados indefinidos, y en el primer trimestre del año diecisiete había en Castilla y León 579.600; una reducción de 42.100 asalariados indefinidos menos. Insisto otra vez, son datos de la Encuesta de Población Activa, no nos inventamos nada.

En cuanto a los asalariados eventuales, los datos también hablan por sí solos: Castilla y León, cuarto trimestre de dos mil once, 163.000 asalariados eventuales; primer trimestre de dos mil diecisiete, 179.300 asalariados eventuales. Resultado: 16.300 asalariados eventuales más. Esta es la modalidad de contratación que ha resultado de aplicar esa nefasta reforma laboral: más eventualidad y menos asalariados indefinidos.

Pero ahora, para verlo meridianamente mucho más claro, vayamos a analizar, o a poner encima de la mesa, los ingresos por cotizaciones, donde se vuelve a poner de manifiesto, y corroboro aún más, lo explicado anteriormente. Datos de respuesta al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso del Ministerio de Trabajo –no inventa nada este grupo parlamentario-: en Castilla y León, en diciembre dos mil doce, se habían recaudado por cotizaciones sociales 4.541.076.641,15 euros; en diciembre de dos mil dieciséis los ingresos por cotizaciones eran –los últimos datos de los que... los que se nos ha puesto a nuestra disposición- 3.723.543.110,19 euros. Creo que los números hablan por sí solos, ha habido una reducción más que significativa. Por lo tanto, yo creo que manifiestamente claro se deja que no se está creando empleo, y el empleo que se crea es de poca calidad, y el mejor dato es las reducciones a las cotizaciones a la Seguridad Social.

Si hablamos de salarios, los datos en nuestra Comunidad, pues también lo dejan meridianamente claro. Mientras el salario medio en España se incrementó un 0,3 % en los últimos cinco años, hasta los 1.636 euros mensuales, aunque el poder adquisitivo de la remuneración media española -sí que creo que hay que hacer mención, pone... hay que ponerlo de manifiesto- registró una caída del 2,4 % en el mismo... en el mismo período, bajando en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Cantabria, donde se incrementó un 2,5 %, y en Madrid un 0,6 %. Castilla y León, el paraíso donde mejor se vive; en nuestra Comunidad el salario medio es de 1.467 euros, lo que supone un 2,5 % menos -datos oficiales-.

Comparando los salarios de dos mil dieciséis con los de dos mil once, se constata que ahora siete Comunidades Autónomas tienen remuneraciones más altas, mientras que las restantes, diez, sufren un descenso. ¿Cuáles son las Comunidades Autónomas que tienen esos avances? Madrid, con el 3,4 %, y Cantabria, con un más 5,9 %. ¿Cuáles son los que tienen los retrocesos más pronunciados? Extremadura, menos 3,9, y, ¡oh, sorpresa!, Castilla y León, menos 2,5 %. En dos mil once, según la encuesta salarial del INE, el salario medio era de 25.999,87 euros anuales; y en dos mil quince, 800... casi 800 euros menos.

Durante estos cinco años se ha expulsado del mercado de trabajo a los jóvenes y a los mayores de cincuenta y cinco años, el paro de larga duración se ha enquistado, los salarios se han devaluado más de 5 puntos desde el año dos mil nueve. Por primera vez en la historia, aparece en nuestro país la denominada figura del trabajador pobre; así lo ponía de manifiesto un reciente informe, yo creo que de esta semana, de Cruz Roja, que definía que era el trabajador pobre aquel trabajador que posee un empleo y no consigue salir del umbral de la pobreza. Decían los medios de comunicación esta semana, el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de Cruz Roja, que por primera vez se están haciendo frente de... y están haciendo frente y están ayudándoles con tipo de ayudas sociales o emergencias sociales a trabajadores que tenían un... tenían un trabajo, tienen la suerte de tener un trabajo, pero, desde luego, volvían a caer en la pobreza. Eso no ha pasado nunca.

Por lo tanto, no sé si el Grupo Popular podrá rebatir toda esta serie de posicionamientos, de datos, de argumentos; yo creo que son... los datos son muy fríos, pero son muy reales. Seguro que están pisando la calle, les llegan más de una queja y más de dos, pero, desde luego, estos datos hacen que pensar.

Además, con la entrada en vigor de la reforma laboral se ha dinamitado la negociación colectiva; se ha facilitado la modificación sustancial de las condiciones de trabajo –siempre a la baja, por supuesto-; se ha reducido los costes del despido improcedente, pasando de 45 días por año trabajado a 33; así como el facilitar los despidos colectivos al eliminar la necesidad de la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo, y fijaba claramente las causas económicas para justificar dichos procesos, como eran... como eran y como son la caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos.

Yo creo que estos datos a todos nos debiera hacer reflexionar, debiéramos poner en valor cuál es la... el resultante, ya digo, de esa nefasta reforma laboral impuesta por el Partido Popular. Aquí, el Gobierno de esta Comunidad y el Grupo Popular, mayoritario en estas Cortes, que es el que sustenta al Gobierno, tan proclive y tantos golpes de pecho que se da con el diálogo social, pues a ver si esta vez también hacen caso a la demanda que hacen los agentes sociales de abrir ese proceso de negociación para negociar e impulsar un mercado de trabajo más productivo, con mayor cualificación, con mayor calidad en el empleo, en los salarios, y que, cuando menos, esté equilibrado en cuanto a las fuerzas de cada una de las... de las dos representaciones, tanto la patronal como la parte que representa a los trabajadores.

Esperando que se tenga en consideración y que sea apoyada esta proposición no de ley, de momento nada más.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor González Reglero. En ausencia del Grupo Mixto, por representación de Ciudadanos, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Belén Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidente. Pues nosotros, nuestro partido, nos vamos a abstener en esta proposición no de ley. Ciudadanos no está en el modelo de derogar; es cierto que ha sido un fracaso esta ley de los populares, pero irse a la anterior ley también fue un fracaso, por el paro en el que... en el que se... al que se llegó. Por lo tanto, no se puede solucionar a golpe de derogación; hay que consensuar, las diferentes fuerzas políticas tienen que sentarse, tienen que ver una nueva ley; pero una nueva ley desde el consenso, una nueva ley que incluya medidas nuevas (como el contrato único o como la mochila austriaca o como el cheque de formación o como el incentivo a las empresas que menos despidan), medidas, de las 150 medidas que están firmadas con el... con el Partido Popular, que sí que le pueden dar un impulso al mercado laboral, a la precariedad que se vive, porque lo que... ahora mismo, el problema del mercado laboral es la dualidad y la precariedad que estamos viviendo; el que haya pobres con trabajo es un problema español muy grave.

Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener ante esta resolución que contemplan aquí por lo dicho, porque lo de derogar no es el modelo en nuestro partido. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Rosado. Ahora, en un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Adela Pascual.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Buenas tardes. Gracias, presidente. Vamos a apoyarles en esta proposición no de ley, al igual que lo hemos hecho en el Congreso de los Diputados. Pero también -permítanme refrescarles la memoria- el Partido Popular y el Partido Socialista nos han mentido y han hecho reformas laborales bajo una premisa falsa: la creación de empleo.

El Banco de España nos dice que la reforma laboral del Partido Popular no se hizo para crear empleo, sino para devaluar los salarios; esto es, para bajar los salarios a las clases trabajadores de nuestro país. Lo que necesitamos es cambiar el modelo productivo para poder tener empleo de calidad, economía real y vida decente para toda la clase trabajadora.

El mundo al que pertenecen las políticas laborales, las reformas aplicadas (dos mil diez, del PSOE; y dos mil doce, del Partido Popular), ha cambiado, y prueba evidente es el resultado de esas políticas impuestas para resolver unos problemas que se han agravado. Se viene hablando y escribiendo mucho sobre la pérdida de derechos laborales, de la precariedad, de la pobreza a pesar de tener un puesto de trabajo, de la reducción de salarios, de aumento de la jornada laboral, de pérdida de población joven por falta de oportunidades; en definitiva, los problemas creados por unas actuaciones irresponsables y cobardes.

El Partido Socialista y el Partido Popular tuvieron la posibilidad de elegir que... a quién iban a apoyar, si a una oligarquía que se enriquecía protegida por unas leyes que han vulnerado derechos o a sus ciudadanas y ciudadanos, trabajadores y trabajadoras, autónomos y autónomas, pequeños empresarios y empresarias, y ustedes eligieron, y ahora -estamos de acuerdo- es necesario deshacer lo hecho. Bienvenido a la senda del sentido común, de la responsabilidad, de la coherencia, de la justicia. Porque derogar la reforma laboral va de eso, de sentido común, de responsabilidad, de coherencia, de justicia. No voy a dar cifras de lo que han significado estas reformas laborales, ya se han encargado o se encargan entidades como Oxfam Intermon o Cruz Roja.

Tampoco voy a mencionar las recomendaciones del CES de Castilla y León respecto a las reformas laborales; el Partido Popular bastante tiene con lo suyo como para prestar atención a la realidad social, económica y demográfica de Castilla y León, y nos dirán: hemos creado más empleo. Y yo les digo: prueben a vivir sin empleo y sin cobertura, prueben a vivir con menos de 600 euros al mes. Más empleo y ese es el empleo... cómo... ¿Empleo como este? ¿Es eso lo que queremos para Castilla y León, para las castellanas y leoneses?

El modelo económico que impuso las reformas laborales han conseguido crear un escenario perfecto desde la lógica neoliberal, han conseguido aplicar la lógica de los mercados a las personas trabajadoras. ¿Qué ocurre cuando hay escasez de un producto y exceso de demanda? Que sube su precio. Y eso es lo que pasa, que cada vez cuesta más trabajar, que cada vez hay que trabajar por menos. Eso es lo que significa para el Partido Popular el empleo, un producto escaso que obliga a los trabajadores y trabajadoras a aceptar condiciones laborales injustas, sin derechos. Estas reformas laborales han perjudicado seriamente a Castilla y León, campeona de la precariedad laboral, de la reducción salarial, de la pérdida de población juvenil. Estas reformas laborales no solo crean un empleo devaluado, sino que la pobreza y precariedad ha provocado que se cierren empresas, esas pequeñas empresas de nuestra Comunidad que necesitan de trabajadores y trabajadoras que consuman los productos que fabrican. Pero la realidad de Castilla y León que nos presentan informes y estudios de las entidades nombradas no son un resultado inevitable, han sido la consecuencia de una opción política.

Quiero referirme al colectivo más sacrificado. El Partido Popular dice "todos los ciudadanos hemos hecho sacrificios". De entrada, nada de que... nada de que todos los ciudadanos hemos hecho sacrificios, observen ustedes la brecha en rentas y relacionen los beneficios, el sacrificio lo ha hecho... lo han hecho otras personas. Repito, lo de referirnos a un colectivo que a la hora de legislar, a la hora de poner en marcha medidas se encuentra con más literatura que oportunidades, un colectivo que representa más de la mitad de población, las mujeres, afectadas en su situación laboral en mayor medida que ningún otro colectivo; y no solamente por la reforma laboral, pero sí especialmente golpeadas por ella. Cojan sus propios datos y saquen sus conclusiones.

En febrero del dos mil doce la Fundación Primero de Mayo presentó un informe sobre las reformas laborales en España: 52 reformas desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en mil novecientos ochenta. Pues bien, ninguna reforma laboral ha servido para crear empleo, y ni han generado condiciones para mejorar la calidad del mismo; todo lo contrario: el mantra tantas veces repetido de la rigidez de la normativa laboral en España se ha demostrado que ha sido más una herramienta contra los derechos laborales -estamos a la cola de Europa- que medidas para mejorar la situación social y económica de los mismos, han resultado ser un mecanismo de empobrecimiento para la mayoría de la población, a la vez que de enriquecimiento para una minoría. Lo dicen ustedes, pero no se lo creen cuando lo dicen: ha llegado la hora de que los trabajadores participen en los beneficios, esto dicen; pero el derecho laboral no lo practica, no practica un capitalismo bueno, por decirlo de alguna manera; el derecho laboral ha sido el resultado de muchas luchas y mucha sangre.

Y estábamos avisados. En palabras del ministro Luis de Guindos, en febrero del dos mil doce, decía: mañana aprobaremos una reforma del mercado laboral y va a ser extremadamente agresiva, con mucha flexibilidad en la negociación colectiva y reduciendo las indemnizaciones por despido. Lo curioso es que esa agresividad tenía un objetivo: el Partido Popular decía la lucha contra el paro, pero en realidad quería decir pobreza, precariedad, para mejorar la productividad. Nada sobre costes energéticos, nada sobre costes financieros, no; se trataba de empobrecer a las clases trabajadoras y de beneficiar a una oligarquía.

El discurso responsable de que el desempleo en España tenía su raíz en la rigidez de la regulación laboral, como la regulación de los contratos de trabajo, la negociación colectiva o la protección por desempleo, se ha evidenciado como un estereotipo... como un tremendo fracaso. Miren, extraído del mencionado informe de la Fundación Primero de Mayo, la evolución del mercado de trabajo en el último ciclo económico pone de manifiesto, sin embargo, que en la etapa expansiva del mismo, entre mil novecientos noventa y cinco y dos mil... dos mil siete, se creó un importante volumen de empleo, por lo que no parece coherente defender que la misma regulación laboral que no frenó ese crecimiento sea la principal causa de la crisis. Esto ha pasado, lo hemos visto, ha sido una realidad, no hay conjeturas. El propio señor Rajoy, en Bruselas, consciente de la regresión que suponía la reforma laboral, lanzó: "La reforma laboral me va a costar una huelga general". Esperamos que el Partido Popular de Castilla y León no copie al señor Rajoy cuando dijo que haría un caso relativo a las iniciativas de la Oposición que no sean un mandato legal, y también apoyen esta iniciativa.

No les quepa la mínima duda que vamos a defender a la clase trabajadora aquí, en las Cortes de Castilla y León, pero también en la calle, porque los derechos se luchan, se pelean y se conquistan. Y es que hay lecciones aprendidas: lo que se gana sin lucha se pierde sin resistencia. Gracias.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Muchas gracias, señora Pascual. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don Emilio Cabadas Cifuentes.

EL SEÑOR CABADAS CIFUENTES:

Gracias, señor presidente. Señorías, en los últimos siete años se han abordado en nuestro país al menos dos reformas laborales, una bajo el mandato del Partido Popular, en el año dos mil doce, y otra, que obviamos, bajo el mandato del Partido Socialista, en el año dos mil diez. Evidentemente, ustedes del Partido Socialista olvidan deliberadamente mencionar la reforma laboral del año dos mil diez, como evitan hablar del Plan E -con E de empleo, como decía el eslogan, pero que seguramente sería más bien E de endeudamiento, como le pasó finalmente a la Administración Pública-. Olvidan sus señorías también que la reforma laboral del año dos mil diez llevó a una huelga general en España y optan mejor por abordar en exclusiva la reforma laboral y la situación de la última reforma del año dos mil doce.

Bien, a diferencia de la reforma laboral del Partido Socialista, la reforma laboral del Partido Popular del año dos mil doce ha sido aprobada por las Cortes españolas con el apoyo del Grupo Popular, de Convergència i Unió, de Unión del Pueblo Navarro y de Foro Asturias, es decir, un total de 197 votos favorables. Por el contrario, su reforma laboral, de la que puede ser el ejemplo que podíamos tomar de las políticas laborales que ustedes nos están proponiendo hoy aquí, no contó con el apoyo de ningún otro grupo, solo la del Partido Socialista, y con 168 votos, ni siquiera la mitad de la Cámara; es decir, una reforma laboral de minorías, señorías.

En cualquier caso, es evidente que la reforma laboral es un instrumento necesario, un instrumento utilizado para hacer frente a una crisis económica excepcional, una crisis que derivó en la mayor destrucción de empleo que ha habido en nuestro país en los últimos años. No olvidemos, cuando se puso en marcha la reforma laboral en Castilla y León había cerca de 250.000 trabajadores en paro en el año dos mil trece, una tasa de desempleo del 23 %. Señoría, hoy en día esa tasa de paro, aunque sigue siendo alta, se ha reducido en el... hasta el 14 %. La reforma laboral evidentemente tiene sus virtudes y tiene sus defectos, nada hay perfecto, pero parte de estos buenos datos se debe... se deben, señoría, a las consecuencias positivas que ha tenido la reforma laboral, unos datos que vienen confirmándose mes a mes con la creación de empleo desde el año dos mil trece.

La situación a día de hoy es distinta a la que teníamos o a la que nos enfrentábamos, señorías, hace cinco años, era una situación peor; hoy es una situación más positiva, ofrece unos mimbres nuevos, unos mimbres distintos en los que seguir trabajando. Ya no hablamos de detener la sangría de destrucción de puestos de trabajo, no hablamos de parar con aquella sangría, sino que hablamos de aumentar, de crear más puestos de trabajo. Nos movemos en un escenario distinto, y no me cabe duda, señorías, que seremos capaces de encontrar cauces de diálogo y de consenso para convenir, de cara a una nueva etapa que se abre, de... de los aspectos de la reforma laboral vigente, que pueden ser mejorados, evidentemente, para lograr un empleo más estable y de mayor calidad. La situación requiere no de derogaciones de una herramienta que ha tenido una utilidad en un panorama de crisis económica, sino de su adecuación a la realidad laboral vigente.

La competencia en materia de legislación laboral es exclusiva del ámbito nacional, por ello espero y deseo que nuestras organizaciones políticas, al margen de las diferencias ideológicas, logren y sepan llegar a acuerdos que mejoren la reforma laboral, sumando, y no restando, en aquellos aspectos que sean necesarios, reforzando también aquellos que han sido positivos.

Podríamos hablar ahora de la repercusión de la reforma laboral en el empleo. Señorías, yo podría ahora darle a ustedes cifras, podría decir que en el año dos mil doce había 226.000 parados, podría decirle los datos de cuánto empleo generamos, de cuántos sectores están creciendo, pero lo real, lo que importa, es que la reforma laboral es un mero instrumento. Es decir, les diré algo que les va a gustar: la reforma laboral, por sí sola, ni crea ni destruye empleo, lo que realmente crea empleo es la actividad económica. Si la actividad económica crece, el empleo crece; si la actividad económica baja, el empleo baja. Por tanto, la reforma laboral es un mero catalizador, puede permitir ratios mayores de creación de empleo o menores, pero en sí mismo no es un instrumento de creación de empleo ni de calidad del empleo.

Obviar la necesidad de abordar reformas estructurales, de posponer su aplicación, equivale a ignorar la realidad. Estamos en un contexto internacional y competitivo en el que son llamadas nuestras empresas a desarrollar una actividad en un mundo globalizado, en un sector donde tenemos que competir ya no con el vecino, sino tenemos que competir con todo el mundo. Este es un momento decisivo, no se trata únicamente de dar respuesta a reformas para que nuestro país vaya, bueno, trampeando, saltando en el día a día los problemas; no, necesitamos una visión global, y para eso hace falta la suma de todos, hace falta que todos los partidos políticos, o al menos una gran mayoría de ellos, sepan sumar, sepan estar a la altura de las circunstancias.

Los últimos cambios normativos en materia laboral recogieron una serie de condiciones que están en la mayoría de las regulaciones europeas, que, en definitiva, crean unas condiciones necesarias y adecuadas para que en los momentos de crecimiento económico, pero también en los de destrucción de empleo -como era el que hemos estado viviendo hasta hace muy poco-, las empresas tengan instrumentos de flexibilización que permitan soluciones más allá del despido, que permitan medidas suspensivas y no de despido o de rotura de la relación laboral.

Entiendo, señorías, que mi opinión les puede parecer a ustedes parcial, evidentemente, y subjetiva; es la mía. Por ello, le voy a dar algunos datos, le voy a leer, le voy a citar literalmente algunos datos de informes distintos, de organismos distintos, que no son el Partido Popular.

Uno de los primeros estudios independientes fue el publicado por la OCDE, la OCDE, en el año dos mil trece, en el que se señalaba que, en general, la reforma laboral de dos mil doce constituye un paso significativo en la dirección correcta, ya que –y abro comillas- "aborda notablemente varias de las debilidades estructurales claves de dicho mercado, en particular la excesiva protección de la contratación indefinida y la negociación colectiva". Señala igualmente que aún existen importantes retos, pues entiende que "debería ir acompañada de esfuerzos adicionales para promover una mayor competencia en los mercados de bienes y unas políticas de activación eficientes". Esto es del año dos mil trece.

En el año dos mil dieciséis, el Observatorio Económico del BBVA, en su documento de trabajo de los efectos de la reforma laboral, dice que los resultados del estudio reflejan que, de no haberse dado la flexibilidad salarial observada a partir de dos mil doce, en el período dos mil doce-dos mil quince se habrían perdido 910.000 empleos adicionales y la tasa de paro sería, o habría sido, 5,1 puntos porcentuales superior a la actual, y en el largo plazo, en seis años, los empleos adicionales perdidos habrían sido 1,5 millones de empleos adicionales perdidos de no haberse utilizado, de no haberse aplicado la reforma laboral, señorías.

Respecto al segundo punto de su proposición no de ley, referente al diálogo social, bueno, cabe señalar que en un... que es un valor fundamental, un valor fundamental de nuestra convivencia y modo de proceder; ha sido recogido como principio rector de las políticas públicas, construyéndose como un factor de cohesión social. En Castilla y León se ha institucionalizado el diálogo social; normativamente, el diálogo social ya viene contemplado por el propio Estatuto de Autonomía. Y, partiendo de estas premisas, es lógico pensar que cualquier aportación o propuesta que se haga desde la Junta de Castilla y León habrá de seguir los cauces habituales que se están utilizando, es decir, los que se marcan desde el Consejo del Diálogo Social y la regulación de la participación institucional, y deberá contemplarse, en todo caso, teniendo claro cuál es el ámbito competencial propio. De hecho, conviene tener presente que así se ha hecho ya desde el mismo momento en que se ha aprobado la reforma laboral en dos mil doce.

Cabe señalar que las propuestas que puedan elevarse por la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta la importancia de la materia de la que estamos hablando, deberían contar previamente –y este... en este caso, señoría, no lo cuenta- con el respaldo más amplio posible de las formaciones políticas representadas en esta Cámara, así como los representantes del diálogo social -cosa que tampoco han hecho ustedes-, por lo que cualquier iniciativa que omita estos pasos previos debe considerarse inoportuna y mal encaminada. Hablar del diálogo social sin contar con los agentes sociales es tanto como gobernar para el pueblo pero sin el pueblo, y, señorías, el tiempo de los ilustrados ya pasó, estamos en otro tiempo que precisa de consensos sociales más amplios, los más amplios políticamente posibles. Gracias, señoría.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Cabadas. Para cerrar este turno de intervenciones y fijar el texto definitivo de la resolución que se propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Luis González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradeceré al Grupo Podemos el apoyo a la proposición no de ley que hoy día presentamos. Al Grupo Ciudadanos, pues yo la verdad es que no sé si tacharle o tildarle de bastón, de cachaba, de muleta, de alfombra, de sustento, de marca blanca, amarilla, o yo creo que marca azul ya, ¿eh?, por mucho que quieran hacerlo, porque... porque es que ustedes yo creo que la verdad es que no saben ni lo que... o no lo han leído lo que proponemos; si usted está en contra de derogar la reforma laboral, tiene el segundo punto, que lo que estamos hablando es de instar a abrir un proceso de negociación, si es que tan dialogantes dicen que son. Yo, mi impresión personal es que ustedes son igual de derechas que el Partido Popular; en algunos casos, algunos más. Por lo tanto, yo creo que son excusas baratas, de mal pagador, y que, bueno, en este sentido, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Ustedes no creen en el diálogo social, ustedes no creen en los agentes sociales, dicho una y mil veces por algunos de sus representantes, ya digo, que más de derechas que el propio Partido Popular.

A partir de ahí, pues hombre, señor Cabadas, mire, creo que usted ha leído bastante bien lo que le han mandado, lo que le han escrito; la verdad es que, en eso, le reconozco cuál es el valor. Yo no sé si usted conoce verdaderamente, o ha sufrido en sus propias carnes, algún tipo de expediente de regulación de empleo, suspensivo, extintivo, ni tan siquiera tengo mis dudas si... –entiéndame bien, desde el absoluto respeto- sepa lo que es, ¿eh? Alguno sí lo conocemos bastante bien porque lo hemos sufrido. Y, al igual que usted, creo que muchos de los de la bancada de enfrente o muchos de las... directores generales o de los altos cargos o de incluso el propio Gobierno no sabe lo que es pasar por un expediente de regulación de empleo, por lo tanto... ni saben lo que es pasar por unos salarios de miseria, ni saben lo que es pasar por la situación real que hoy día hay en esta Comunidad y en el conjunto del país; por lo tanto, legislar y gobernar desde la poltrona o desde una Consejería sentado, pues yo creo que flaco favor están haciendo a la ciudadanía. Lo extraigo tanto al conjunto del Gobierno como a muchos del... incluso del propio Grupo del Partido Popular; estoy convencido -porque así lo sé- que ninguno sabe lo que es ni ha sufrido un expediente. Y, por lo tanto, hablar a la... con la ligereza con la que habla usted, pues mire, no hace ni más ni menos... Sí es verdad que defiende la postura y la posición que le han mandado leer, lo ha leído bien, pero yo creo que verdaderamente no sabe ni de lo que está hablando. Es mi impresión.

Decía que en la reforma laboral dos mil diez... Hombre, ustedes saben que la que está en vigor hoy es la última, eso creo que lo conocerá usted, porque yo creo que es de... bueno, pues de primero casi de política, ¿no? La que está en vigor es la que se puede derogar -las anteriores, evidentemente, no-, y es la que nosotros queremos... no solo nosotros, sino el conjunto de los agentes sociales, la que han pedido.

Hablaba de que en... el apoyo en el año dos mil doce del Partido Popular... -fíjese de lo que me habla ahora- de Convergencia, los que quieren romper el país, pero resulta que ahora son muy buenos aliados de ustedes; del Foro Asturias, pues fíjese; y de la UPN, pues fíjese también, ¿qué le voy a contar que no sepa?

Dice que es un instrumento necesario. No sé, yo le he dado datos que ni me los he inventado yo... Son datos oficiales; si ustedes todavía no quieren hacer caso a esos datos, pues hombre, yo creo que están cuando menos poniéndose una máscara y no queriendo ver la realidad, pero esos datos son tan reales.

Hablaba de que en el año dos mil doce había un 23 % de paro; hoy hay 14. Claro, si es que cada vez hay menos gente en edad de trabajar y cada vez hay menos gente en esta Comunidad, por lo tanto, la tasa de paro, indiscutiblemente, se va a reducir. ¿O no conocen ustedes a ningún... a ningún ciudadano de sus municipios o de sus ciudades en las que haya tenido que abandonar esta Comunidad? Pues claro, abandonan no la gente mayor ni los niños, abandona la gente en edad de poder trabajar.

Dice que hoy hay más empleo. Yo le he dado los datos. La verdad es que, si no lo quiere ver o no lo quiere entender... Hoy hay más empleo, pero mucho más precario; y, si no, los datos de la cotización de la Seguridad Social están ahí, que no me los invento yo. Por lo tanto, si usted tampoco... estoy convencido que, al hablar por teléfono, tampoco entiende mucho de esto ni quiere entender, pues es la realidad. La realidad es la que yo he descrito, no me he inventado absolutamente nada, y, a partir de ahí, pues que cada palo aguante su vela; luego se darán golpes de pecho, se harán fotos con los agentes sociales y ustedes resulta que son unos fieles defensores del diálogo social. Si ustedes creen realmente... y, por supuesto, no quisiera yo que ustedes queden mal al consejero de Empleo, cuando ha dicho en reiteradas ocasiones que la reforma laboral hay que retocarla; pues traigan aquí iniciativas, traigan aquí propuestas, y las debatimos.

Hablan de que las propuestas que se eleven desde la Junta de Castilla y León al Gobierno de la Nación ¿cuáles son? Yo no conozco ninguna; sí, discursos, pues como ustedes habitualmente hacen, vagos, sin ningún contenido absolutamente de nada. Y el consejero aquí, en sede parlamentaria, ha dicho en reiteradas ocasiones que hay que mejorarla; traigan aquí algún tipo de propuesta, que la queremos conocer; no aquí, de cara a los medios de comunicación, que queda muy bien, pero a Dios rogando y con el mazo dando, que es lo que ustedes habitualmente... habitualmente suelen hacer.

Mire, lo de instrumentos más flexibles... la reforma laboral, le vuelvo a insistir, para lo único que ha servido es para destruir empleo, empleo indefinido y empleo de calidad; y si ustedes no lo ven así todavía, pues es que, o interpretan muy mal los datos, o les pasan muy mal los datos los técnicos de la propia Junta, o no quisiera pensar que ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando; porque es que los datos –ya digo- son los que son, y no los ha falseado, o yo por lo menos no los he falseado, y están encima de la mesa.

Fíjese, señores del Partido Popular, que la verdad es que a mí personalmente mucho no me une, pero hasta el jefe de la patronal gallega decía hace... en enero del dos mil diecisiete censuraba la reforma laboral por la precariedad elevadísima. O sea, la propia patronal gallega, ¡quién lo iba a decir!, eso es lo que decía, allá por enero –ya digo- del dos mil diecisiete, y criticaba uno de los ejes de la política del Partido Popular. No creo que este sea un bicho raro, o sea un alma libre. Decía en reiteradas ocasiones que -después de haber sido elegido- no aprobaba ni veía ningún tipo de positividad en la reforma, porque el tipo de empleo que se estaba creando derriba... derivaba de que la reforma laboral es un modelo muy fracasado, una precariedad elevadísima, y no son capaces de generar empleo de calidad; eso es una lacra, y sobre todo para la empresa. Los que conocemos el mundo de la empresa un poco pues sabemos que... yo creo que no es rentable ni es positivo no solo para la empresa, sino para el conjunto del país que haya la rotación que hay en esta Comunidad y en este país en cuanto a la contratación.

Y ya digo que eso es una realidad que ustedes la querrán ver, no la querrán ver, pero esto es tan real como la vida misma. A partir de ahí, pues, lamentándolo mucho, ya digo que esperamos cuáles son sus propuestas en materia de la reforma laboral, las que quiere trasladar, o bien ustedes, que las podemos debatir aquí, como alguna vez nosotros hemos traído, para ponerlas encima de la mesa del Gobierno de la Nación, que es el que tiene que legislar en esa materia. Estamos... yo, por lo menos, personalmente estoy ansioso de que traigan alguna propuesta, hasta la fecha cero, no hay ninguna propuesta, y todo ese mantra que ustedes tienen de que creen en el diálogo social son palabras vacías y sin ningún tipo de credibilidad.

Votación PNL/001346

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor González Reglero. Finalizado el debate, se somete a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Una. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: siete. Votos en contra: nueve. Abstenciones: una. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Por parte del señor secretario se dará lectura al segundo punto del orden del día.

PNL/001367

EL SECRETARIO (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 1367, presentada por las Procuradoras doña Adela Pascual Álvarez y doña Lorena González Guerrero, instando a la Junta de Castilla y León a promover las modificaciones legales oportunas para que sean los propios servicios de mediación, arbitraje y conciliación de la Junta de Castilla y León con sus empleados públicos los encargados de la resolución de los conflictos laborales individuales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 250, de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de las señoras procuradoras proponentes, doña Adela Pascual Álvarez, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. Pues bien, el pasado doce de febrero se publicó en un medio local de Valladolid la noticia que dice que el descontento de graduados sociales, funcionarios, abogados y sindicalistas se sumaba al de un trabajador que se niega a que el acto de conciliación con su empresa se celebre fuera del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, es decir, el SMAC. El medio al que hago mención, últimoCero, dice que "El trabajador entiende que el presente proceso no supone un conflicto solucionable mediante la intervención de lo que se ha dado en llamar (inadecuadamente) un mediador del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), motivo por el cual no quiere someterse de forma voluntaria al referido servicio. Por ello solicita de forma expresa la celebración del preceptivo acto de conciliación exclusivamente ante el SMAC, dejando claro que no autoriza la cesión de sus datos personales a ningún otro organismo ni entidad, sea esta de carácter público, semipúblico, o privado".

La respuesta a esta problemática, ya expuesta en estas Cortes, no puede ser taparse los ojos, los oídos y la boca; los firmantes de los acuerdos del diálogo social no cubren la representación de una sociedad organizada en la pluralidad, en la diversidad. Y esto es un escenario nuevo, algo que no hay que temer, porque ya está aquí y ha venido para quedarse; es un escenario que requiere nuevas reglas de juego, más abiertas, porque son más los agentes implicados.

Y, miren, lo que es el servicio puesto en funcionamiento, la ampliación de las funciones del SERLA, no basta con recoger las opiniones de los firmantes... perdón, nos basta con recoger las opiniones de los firmantes del acuerdo, cuando hacen manifestaciones del siguiente calado, -entrecomillado-: "El movimiento va a ser muy positivo, y tanto las empresas como los trabajadores van a notar un cambio efectivo en las mediaciones laborales". Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando?, ¿cambio efectivo respecto a la profesionalidad e independencia de los funcionarios del SMAC? ¡Por favor!

El principal beneficio de este organismo, decían también, es que el SERLA abarata el coste de las tasas judiciales al trabajador, lo que supone un gran ahorro para los bolsillos de los ciudadanos de a pie, con respecto a las tarifas mínimas que se debe pagar en estos procedimientos judiciales. Oiga, que el trabajador tiene justicia gratuita en el Juzgado de lo Social, es decir, no tiene que hacer frente a tasa judicial alguna; pero es que, además, la función que se ha autoencomendado al SERLA, con el beneplácito y la financiación de la Junta de Castilla y León, la cumplía, sin que haya existido jamás queja alguna, el SMAC, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, servicio público y gratuito. Este acuerdo no inventa nada, y se arroga unos beneficios inexistentes. Además, supone la notable reducción –decían- del tiempo para llegar a un acuerdo, no tienes que ir a juicio directamente y esperar un proceso largo y agotador para encontrar una solución; exactamente igual que con el servicio público SMAC, y sin el coste adicional que para todos los castellanos y leoneses supone que asuma ahora esas competencias el SERLA.

Y más, decían, a través de este organismo se está ampliando el diálogo y se están consiguiendo acuerdos en una amplia variedad de casos de diferente índole. Esta afirmación pone de manifiesto el absoluto desconocimiento del procedimiento de conciliación -no de mediación, porque no lo es- en los conflictos individuales; son los profesionales que asesoran a las empresas y a los trabajadores los que negocian los asuntos, llegando a acuerdos, cuando se alcanzan, con anterioridad al día señalado para la celebración del acto de conciliación, primer día en el que los mediadores pueden actuar; ante lo que su función se limita a una primera parte de publicidad y propaganda del SERLA, y una segunda de recoger en un documento el acuerdo alcanzado previamente entre las partes. Si antes de esa fecha no hay acuerdo alcanzado, solo los profesionales podrán alcanzarlo, nunca los mediadores van a sustituir a los profesionales. Quizá... quizás esa intervención de los conciliadores-mediadores puede ser efectiva si tanto empresa como trabajadores acuden sin asesoramiento legal, pero tememos que plantearnos muy... tenemos que plantearnos muy seriamente si en defensa de las garantías de ambas partes, y muy principalmente de los trabajadores, ¿no se les debería aconsejar que se asesoren por un profesional? ¿Es admisible que personas sin conocimientos de la normativa laboral, como es el caso de la mayoría de los conciliadores-mediadores, permitan que se alcance un acuerdo que puede ser claramente perjudicial para alguno de ellos?

En fin, es tan evidente, escuchando estas argumentaciones, que los firmantes tampoco se lo creen, que parece que hablaran, como todo recurso justificativo, amparándose en la ignorancia de quien escucha.

No quisiera de preguntar a sus señorías si consideran ético que personas que están actuando como conciliadores-mediadores en unos asuntos acudan luego como abogados y graduados sociales en representación de sus clientes contra empresas o trabajadores a los que han mediado previamente. La actividad del conciliador-mediador del SERLA dista mucho de la objetividad, imparcialidad, de los conciliadores del SMAC, que son funcionarios públicos.

Permítanme que describa la situación legal. La vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Social, salvo determinadas excepciones, exige como requisito para la tramitación de una demanda ante la jurisdicción social el previo intento de conciliación. Así resulta, con carácter general, de lo establecido en el Artículo 63 de esta ley, y, en especial, para los conflictos colectivos en el Artículo 156 de la misma. El citado Artículo 63 establece lo siguiente: "Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, la mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como mediante los acuerdos del interés profesional a los que se refiere el artículo 13 y el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del trabajador autónomo".

Por resumir, estamos ante un hecho que se puede tramitar ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones, es decir, ante el SMAC u otro servicio que se pudiera haber creado. El Artículo 14 de los estatutos del SERLA afirma que "el procedimiento de conciliación-mediación previsto en este acuerdo tendrá la consideración de conciliación previa a la vía judicial, constituyendo, por tanto, requisito procesal sustitutivo a todos los efectos de la conciliación administrativa previa". En el mismo sentido, el Artículo 16 de estos estatutos exige para la iniciación de este procedimiento de conciliación-mediación por parte del SERLA que así se haya planteado por cualquiera de las partes legitimadas para ello, mediante la presentación del correspondiente escrito de solicitud, con el contenido que regula el siguiente Artículo 17. Así las cosas, si una de las partes legitimadas en un conflicto individual o colectivo plantea su papeleta de conciliación ante el SMAC, este carecería de legitimación para remitir, sin más, esta papeleta al SERLA, al ser esta elección competencia exclusiva de las partes legitimadas.

No obstante lo anterior, la Junta de Castilla y León, en su potestad organizativa, puede suprimir el órgano administrativo hoy competente para el conocimiento de estas demandas de conciliación, el tradicional SMAC, atribuyendo la competencia para la tramitación de dichos procedimientos de conciliación al SERLA, dado el carácter de fundación pública tutelada por la Junta de Castilla y León que se ha otorgado a esta fundación, en cuyo caso nadie podría objetarse... nada podría objetarse a que la papeleta de conciliación presentada ante la Consejería con competencias en materia de trabajo de la Junta, dirigida al SMAC, se remitiera por esa Consejería al órgano... al único órgano que a tal caso resultaría competente para su conocimiento, que sería el SERLA. Con la fórmula elegida para la implantación del SERLA en todo el territorio, necesita las dos vías. Habrá conflicto, pero todos... todo nos lleva a que no hay razones objetivas para que se suprima el SMAC; y como eso me consta que es así, que no se ha dictado por parte de la Junta de Castilla y León ninguna disposición organizativa en tal sentido, esto es, de encomienda de gestión de la competencia administrativa de la Junta para el conocimiento de estos procedimientos de conciliación al SERLA, se podría recurrir en vía administrativa cualquier acto de la Consejería competente en materia de trabajo por el que se acordara derivar al SERLA una papeleta de conciliación dirigida al SMAC.

Por todo lo expuesto, nuestra propuesta de resolución dice que "Las Cortes de Castilla y León instan al Gobierno de la Junta de Castilla y León a promover las modificaciones legales oportunas para que sean los propios servicios de mediación, arbitraje y conciliación (SMAC) de la Junta de Castilla y León con sus empleados públicos los encargados de llevar a cabo estas funciones". Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. En ausencia del Grupo Mixto, en un turno de fijación de posiciones, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra, representando a Ciudadanos, doña Ana Belén Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidente. Pues nuestro voto a favor de esta proposición no de ley, porque también nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene una proposición no de ley presentada en este Parlamento de... muy parecida a lo que hoy se dice en la resolución. Es el III Acuerdo Interprofesional sobre el Procedimiento de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León y determinados Aspectos de la Negociación Colectiva en Castilla y León el que supuso ampliar las funciones del SERLA, permitiendo la resolución de conflictos individuales de naturaleza laboral, funciones que hasta ese momento venía desarrollando el SMAC, dependiente de las oficinas territoriales de trabajo.

Por lo tanto, no se entiende que, si lo venía desarrollando un organismo y funcionaba, de repente empiece a ser el SERLA el que lo haga. Y en la práctica supuso una externalización del Servicio de Mediación y Arbitraje, servicio prestado de manera eficaz e independiente por funcionarios de la oposición de la... de oposición de la Administración. Es una decisión que es poco explicable desde la racionalidad económica, ya que, habiendo funcionarios en activo en el puesto para el que se externaliza el servicio, se está duplicando el gasto para el mismo trabajo. Según los informes recibidos, el servicio estaba siendo perfectamente ejercido por el personal funcionario, que, según argumentan los graduados sociales del Colegio Oficial de Valladolid, esta resolución supone en la práctica un derroche de los 3.000.000... de 3.000.000 de euros. Lo dice el Colegio de Graduados Sociales de... del colegio oficial, o sea, lo dicen expertos en la materia, no lo estamos diciendo no solo partidos políticos, sino los que de verdad están implicados y los que de verdad entienden del tema y de los... y los que de verdad son expertos en ello.

Que generalmente aquí se hacen políticas, pero no se escucha a quien de verdad se debería escuchar. Que no nos parece ni ético ni legal que los datos de los ciudadanos vayan a parar a manos privadas o a organizaciones que pueden utilizarlo en beneficio propio. Que los únicos depositarios de los datos de los ciudadanos en el ámbito de lo público deben ser los funcionarios que ejercen sus funciones sin dependencias políticas ni personales, y que son los encargados de ejercer las potestades públicas. Que nos parece inmoral malgastar 3.000.000 de euros de dinero recaudado de los ciudadanos, de los impuestos de todos, en externalizaciones y en la duplicación de los servicios, o, en palabras de la junta de gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Valladolid –que voy a citar textualmente-, en la junta de gobierno que tuvieron, y en su acta dijeron: "Vivimos tiempos de recortes y algunos tan dolorosos como los que sufrimos en la Sanidad, con importantes listas de espera o con el cierre de plantas enteras en los hospitales públicos, cuyas excelencias se cantaban en todos los medios de comunicación hace cuatro días, cuando se procedía a su inauguración. Pero parece que alguien –y vuelvo a decir, alguien- ha decidido que es mejor gastarse el dinero en innecesarios mediadores que en ecografías o mamografías".

Por lo tanto, les pido que reflexionen, al igual que se lo ha pedido el Partido Podemos, y que ahorren 3.000.000 de euros a los ciudadanos, porque ahora mismo no tiene ningún sentido. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Rosado. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Pedro Luis González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Sí. Gracias, presidente. Bueno, esta proposición no de ley, o una parecida –en mi caso... yo creo que era similar-, se debatió allá por diciembre del año dos mil dieciséis, en el que el Partido Popular trajo a las Cortes, se debatió en Pleno, que se apoyase la... que se instase al Gobierno, a través de la Junta de Castilla y León, a la cofinanciación del Servicio de Relaciones Laborales, el denominado SERLA.

Es verdad que en todo este tiempo nosotros hemos preguntado -porque es algo que nos preocupa muy mucho, aquellas proposiciones no de ley que se aprueban en este Parlamento y que no sé si caen en el cajón del olvido o alguno la archiva en el último de los cajones-, hemos preguntado a la Consejería que cómo iban esas negociaciones, porque desde diciembre que se aprobó hasta mayo hemos recibido, pues yo creo que hace quince días, la respuesta del consejero diciendo que es verdad que han tenido contactos con el Gobierno, pero que, como no han podido formar Gobierno hasta la fecha, el Ministerio de Justicia no ha respondido a esa cofinanciación. Bueno, seguiremos esperando, y queremos conocer.

A partir de ahí -y yo siempre lo digo en todas mis intervenciones-, por supuesto que respeto al diálogo social, a ese acuerdo que han tenido entre la Junta y los agentes sociales dentro del marco propiamente dicho del diálogo social, que unas veces será compartido y otras veces no será compartido. Yo lo decía en mi intervención, que el diálogo social tampoco son las tablas de Moisés. No sé si a alguien le molesta o le puede molestar, pero es una reflexión que tiene este grupo; no siempre se acierta en algunos de los planteamientos o en los planteamientos que se pueden proponer.

A partir de ahí, nosotros ya hemos mantenido... vamos a mantenernos en lo que dijimos en el debate de diciembre, en el que solicitamos dos enmiendas de adición:

Una, el control al Gobierno para que nos explicase el consejero, y –todo sea dicho de paso- fue tirada abajo por el grupo mayoritario, por el Partido Popular; queríamos que el consejero nos explicase en sede parlamentaria, uno, cómo... cuál son los pasos, cuál son las estadísticas, cuál son las mediaciones que está habiendo, desde todo ámbito, con avenencia, sin avenencia, con acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el Grupo Popular huyó de ese control al Gobierno –ellos sabrán el porqué-.

Y dos, preservar el empleo público, porque sí que nos había llegado que pudiera haber algún tipo de dudas o algún tipo de sospechas o de sombras de que no... el empleo público existente en todas las oficinas de mediación, de las diferentes oficinas –bien digo-, pudiese estar en peligro o pudiese estar en juego; se nos dijo por activa y por pasiva que no había ningún peligro, nosotros mantuvimos hasta el final, también se rechazó esa iniciativa por parte del Grupo Popular –no lo quiso ver-. Y nosotros volvemos a insistir en lo mismo: lo que queremos es que se preserve el empleo público y exigir el control al Gobierno. Por lo tanto, en ese sentido, volveremos a insistir por ahí.

A partir de la proposición no de ley que presenta el Grupo Podemos, nosotros nos vamos a abstener en el día de hoy. Ya digo que a nosotros lo que nos preocupa es el que se preserve ese empleo público existente, que no haya ningún tipo de dudas, y, a partir de ahí, bueno, pues el control que debiera de haber al Gobierno y nuestro más absoluto respeto al diálogo social. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor González Reglero. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don José Máximo López Vilaboa. Perdón, don Vidal Galicia Jaramillo.

EL SEÑOR GALICIA JARAMILLO:

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bien. He escuchado sus intervenciones atentamente, y, de las mismas, califico algunas intervenciones quizá en algún sentido, y en el sentido que voy a manifestarme.

Por parte de Podemos, yo creo que cierta confusión tienen sobre lo que hoy estamos debatiendo, e intentaré explicar por qué creo que hay cierta confusión, porque, entre otras cosas plantean una PNL donde no sé si lo que quieren decir es que eliminemos el SERLA y todas las competencias pasen al SMAC. Porque... pero, de los antecedentes de la PNL, parece que hace referencia a lo que ha sido objeto de reforma, que es una parte de las competencias que han pasado al SERLA, porque el SERLA lleva 20 años con muchas competencias; por ejemplo, en conflictos colectivos.

Por lo tanto, ¿qué es lo que está planteando, que todas las competencias del SERLA, conflictos colectivos y conflictos individuales, que es lo que se ha añadido ahora, salvo que tengan única y exclusivamente causa económica, o que todas las competencias del SERLA pasen al SMAC? Porque, de los antecedentes, lo lógico es pensar que se está haciendo referencia a esta polémica como consecuencia de la modificación; y la modificación es este año, donde al SERLA se le añade unas competencias que antes no tenían, pero lleva el SERLA durante 20 años haciendo funciones. Por lo tanto, quizá una cierta confusión.

En Ciudadanos, quizá cierta contradicción, con todos los respetos, señora Rosado. ¿Por qué contradicción? Porque, por un lado, parece ser que quiere apelar al ahorro, pero se olvida del ahorro, precisamente, que va a llevar consigo esta modificación. Y no sé de dónde saca usted datos, pero lo que sí le digo es que los datos reales es que para el Ministerio de Justicia va a suponer un ahorro de 70 millones. Sí, en gastos consecuencia de abogados, en gastos de demandas dentro del Ministerio de Justicia. Bueno, mire, si 70 millones se ahorra el Ministerio de Justicia y luego pedimos, como consecuencia de esa PNL, que nos autofinancien este cambio, lo importante es el ahorro. Porque ha hecho usted referencia a muchos aspectos en los cuales se puede gastar y lo importante es, precisamente, ahorrar para luego gastar. Pero hay un ahorro muy importante, y si luego nos autofinancian, como se ha hecho en un debate... que, por cierto, lo ha puesto de manifiesto el Partido Socialista y donde, además, ustedes votaron a favor, ¿eh?, votaron a favor. Porque de los... del total de votos solo hubo once abstenciones; es decir que el PSOE votó a favor de esa PNL... de esa PNL que se debatió, ustedes votaron a favor, y 11 abstenciones. Por lo tanto, en ese sentido, le digo que si el motivo es el ahorro, digo que hay una contradicción, porque le estoy dando los datos que va a suponer el ahorro. Bien.

Y con relación a la intervención del Partido Socialista, ha hecho referencia, efectivamente, a un debate que se llevó a cabo en el Pleno y donde ya se puso de manifiesto algún peligro que ponía él de manifiesto y que quería aclaración, que si esto pudiera suponer una pérdida de empleo público, y se le dijo que no, y se le garantizó que no. ¿Por qué? Pues porque el SMAC sigue existiendo, con los mismos funcionarios, lo que pasa que van a poder atender otras muchísimas funciones, porque lo que hacemos es quitar competencias, en este caso, al SMAC, se las añadimos al SERLA: los conflictos individuales que no tengan causa exclusivamente económica más los conflictos colectivos que ya los lleva teniendo desde hace 20 años. Pero el SMAC sigue teniendo competencias, pues en intervención en regulación de empleo, responsabilidades de prevención de riesgos laborales, más luego, también, esos otros conflictos individuales con reclamación de cantidad, que siguen manteniendo la competencia en el SMAC. Por lo tanto, no hay ningún peligro en cuanto a que se vaya a perder empleo público. Con esto he dicho un poco las líneas generales con relación a las cuales creo que de su intervención he sacado o he intentado, pues decir que no llevan ustedes razón.

Pero luego, además, lo que... pongo de manifiesto esta cierta confusión porque, efectivamente, el SERLA lleva funcionando durante 20 años, y lleva funcionando durante 20 años con muy buen balance, ¿eh? Se han llevado a cabo muchos expedientes que se han tramitado -40.000 expedientes-, en tema de trabajadores se han afectado a 1,8 millones de trabajadores, 125.000 empresas, y han tenido un porcentaje de conflictos resueltos de carácter favorable en torno al 43 %. Por lo tanto, estamos hablando de un SERLA que funciona, un modelo que funciona. Un modelo que funciona en otras Comunidades Autónomas, ¿eh? No solamente somos pioneros, es que en Baleares –por ejemplo-, en Cantabria, en Navarra, en Rioja, en Aragón, se está llevado –insisto- esta figura, el SERLA. Es decir, no somos pioneros, allí ya también existe y está funcionando bien.

Y, en el poquito tiempo que lleva esta modificación, también le puedo decir, le puedo trasladar, que se está llevando en estos meses, como carácter pionero lo hemos puesto aquí en Valladolid y se va a implantar a lo largo del año, y está teniendo... y está funcionando, pues con muy buenos... con muy buenos resultados. Por lo tanto, estamos hablando de que va a suponer un coste... un ahorro de 70 millones. Estamos hablando de que encima estamos solicitando la cofinanciación o la ayuda al Estado para este gasto añadido que pueda suponer. Estamos diciendo que está funcionando todo muy bien y se va a seguir manteniendo el empleo en el SMAC. ¿Por qué? Pues porque van a atender, o van a poder atender, además, otras muchas funciones con mayor tiempo. Por lo tanto, se van a dedicar a otras muchas... no supone, bajo ningún concepto, y en ningún momento, ningún desmantelamiento del SMAC, que sigue manteniéndose. Con estas funciones... Estamos hablando además de una institución que no va a suponer, de momento, un coste muy importante, porque hablan ustedes de cantidades, con relación a los graduados sociales, que yo no sé de dónde salen esas cantidades ahora mismo, pero lo que sí le digo es que del presupuesto, por ejemplo, del dos mil dieciséis, donde para el SERLA existían, a lo mejor, 700.000 euros, ahora mismo estamos hablando de un presupuesto en torno al millón y medio de euros. Por lo tanto, cantidades que difieren muy mucho de todo lo que ustedes están diciendo; no entiendo, por lo tanto, cuando se habla de privatización. Por supuesto, no se va a... no entiendo por qué se habla de privatización, en ningún sentido, porque estamos hablando de una función de un organismo que sigue manteniendo su naturaleza... su naturaleza pública.

Mire, yo lo que sí le digo es que, con la asunción por parte del SERLA de esta resolución de conflictos laborales, vamos a disponer de una herramienta más ágil con la que garantizar la prestación de un servicio de calidad a trabajadores y a empleadores a la hora de resolver sus conflictos, ahorrando; y vamos ahorrar tiempo, vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar tensiones. Y además, como lo que hemos dicho y se ha dicho aquí: todo, producto del diálogo social. Señores de Podemos, confíen en los agentes del diálogo social, confíen en ellos, ¿eh?, porque todo es producto del acuerdo, y dentro del marco del diálogo social; y yo creo que hay que confiar en estos acuerdos. Confíen en el trabajo de la fundación pública SERLA, que, sin duda alguna, va a contribuir, y muy decididamente, a mejorar las relaciones entre trabajadores y empresarios en Castilla y León, y va a facilitar, además, un mayor clima de concertación, de acuerdo y de entendimiento.

Todas estas razones a las que he hecho referencia, y lo que acabo de decir, son los motivos por los cuales nosotros vamos a votar en contra y vamos a rechazar la PNL que ustedes han presentado. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Galicia Jaramillo. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, doña Adela Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer el apoyo que ha manifestado el Grupo Ciudadanos. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que ha expuesto, el SMAC funciona. Me alegro de que se haya enterado que estamos hablando de resolución de conflictos individuales en el SMAC, porque me parecía que... creo que lo he mencionado un montón de veces.

Y por supuesto que estoy de acuerdo con la señora Rosado, que no es razonable que algo que funcione... funciona se externalice -dice en su lenguaje; yo, pues diría "se privatice"-. Efectivamente, es un derroche, como bien dice, y nos están hablando... nos hablaban de 3.000.000. ¿De dónde salía esa cantidad? Pues de las propias declaraciones de la anterior consejera de Empleo, Rosa Valdeón. Pero me temo –y voy a insistir sobre ello- que no van a ser 3.000.000, como nos decía la viceconsejera, porque, según declaraciones de los propios sindicatos –sindicatos, firmantes del acuerdo-, son 5.000.000 de euros; es el coste que va a tener esta externalización, privatización -llamémoslo como quiera-.

Lamento mucho que, bueno, la voluntad que manifiesta el PSOE de abstenerse. No puedo compartir con ellos su preocupación de la cofinanciación, porque digamos que nos ubicamos en un estadio anterior. ¿Por qué tenemos que vaciar de funciones, vaciar de contenido, empleo público para que lo desempeñe otro organismo, una fundación, en este caso, con un coste añadido absolutamente innecesario? Y sí, nos preocupamos en aquel Pleno de ver qué pasaba con la cofinanciación; y, desde luego, nada, porque nadie va a cofinanciar nada.

Al Partido Popular le diría: confusión, créame, ninguna. Confusión es lo que yo... a mí me ha parecido entender en sus palabras. Por supuesto que estamos hablando... todo el mundo sabe de qué estamos hablando: del paso de la resolución... de la competencia de la intervención en los conflictos individuales del SMAC a una fundación privada, cual es el SERLA, que tiene muchas otras competencias, de las que no estamos hablando en este momento; pero sí de esa intermediación, mediación, ¿vale?, en la resolución de conflictos laborales, que no incrementan en absoluto la resolución de conflictos.

Que me voy a permitir, en primer lugar, comentar un auto al respecto del Juzgado de lo Social número 4, que permitió, quizás, la solución más salomónica: que las partes con un conflicto individual pudieran elegir entre un organismo y el otro para su resolución. Y a la rápida reacción de los firmantes del acuerdo que estamos hablando para modificar el tercer acuerdo rápidamente, para evitar que esa libertad de elección fuese efectiva, lo que pone de manifiesto que no creen en sus propios proyectos, ya que, si creyeran en él, no dudarían en permitir la coexistencia del SMAC, que en este momento solamente puede intervenir en cuestiones de cantidad, y el SERLA, que... al que se le han pasado las competencias en temas de despidos. Decía que no dudarían en permitir esa coexistencia, dado que ella no incrementaría coste alguno en el SMAC. Y demostrar ahora si... que las partes... si las partes prefieren el SERLA, pues ya veríamos.

Pues fíjese usted, a raíz de este auto, la enorme afluencia de... al SMAC para solicitar las conciliaciones ante el servicio público desde que se dictó el auto por este juzgado, que le comento, de Valladolid y hasta que se impidió por instrucción interna el señalamiento de más procedimientos ante el SMAC antes de que el acuerdo se publicase lo pone de manifiesto: en apenas siete días, y sin publicidad alguna del auto que permitía presentar papeletas de conciliación ante el SMAC, se presentaron 30 despidos y 5 sanciones –obvio las de cantidad, por seguir siendo competencia exclusiva del SMAC-. Pero, además, el día último en que se presentaron papeletas, pero que no se citaron por instrucción interna –a pesar, insisto, de no estar publicado aún el acuerdo-, se presentaron hasta 6 más; estas del último día no se citaron ante el SMAC, y, con total incumplimiento de la normativa, se derivaron al SERLA.

Le voy a decir simplemente alguna... voy a leer literalmente alguna de las opiniones de los firmantes: supone la pérdida de objetividad, neutralidad e imparcialidad –y creo que lo he explicado antes claramente-; implica una privatización encubierta de un servicio público, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación; esta medida desemboca en un vaciado progresivo de competencias, al incluirse la resolución de los conflictos laborales de carácter individual en el SERLA, en detrimento del SMAC, que hasta ahora tenía atribuidas dichas competencias; implica la pérdida de 50 puestos de trabajo en toda Castilla y León –porque estamos hablando del SMAC, no de prevención de riesgos; no, del SMAC-; supone una pérdida de empleo público irrecuperable, que afectará a todas las provincias; puede concurrir... pueden concurrir intereses personales o profesionales indirectos –y quien ha ido al SERLA lo sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo-; en ningún caso es cuestionable la efectividad y celeridad del SMAC en la solución de conflictos laborales; encarece el servicio, con un coste a mayores que nos habían dicho de 3.000.000 y que los sindicatos nos han dicho 5.000.000 de euros -por favor, infórmense, porque eso es así-; piden a la Junta que no dé su apoyo económico para ascender a este organismo los conflictos individuales entre la empresa y los trabajadores, e insiste en que es un servicio público que ya existe; reclaman a la Administración regional que cumpla con lo que tanto predica, como es racionalización del gasto público, la transparencia en su gestión, evitando privatizaciones y duplicidades; por último, solicitan que se recapacite sobre lo que puede suponer esta medida. Esto es lo que decían secciones sindicales firmantes del acuerdo, porque esto cuesta mucho entenderlo.

Y sí, se publicarán los datos que reflejen las bonanzas del acuerdo, pero todos sabemos a qué obedecerán esas publicaciones estadísticas, y esa finalidad no contribuye a resolver los problemas planteados. Al final, podrá ser una mediación impuesta; lo más probable es que termine desapareciendo el Servicio público de Mediación, Arbitraje y Conciliación, SMAC. ¿Pero hay alguien que crea que esta es la forma de hacer las cosas en el siglo XXI, en el marco del diálogo social? Espero que quede claro de qué he hablado esta tarde. Gracias.

Votación PNL/001367

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Gracias, señora Pascual. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? Tres. ¿Votos en contra? Nueve. ¿Abstenciones? Cinco. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: tres. Votos en contra: nueve. Abstenciones: cinco. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Por parte del señor secretario se dará lectura al tercer punto del orden del día.

PNL/001371

EL SECRETARIO (SEÑOR CABADAS CIFUENTES):

Tercer punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 1371, presentada por los Procuradores don José Francisco Martín Martínez, don José Javier Izquierdo Roncero, don Pedro Luis González Reglero y doña Laura Pelegrina Cortijo, instando al mantenimiento de la actividad de las dependencias que el ECYL ocupa actualmente en la calle Cadenas de San Gregorio en Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 250, de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, secretario. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, y por un tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Luis González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, presidente. De nuevo, buenas tardes. Bueno, quiero, en primer lugar, saludar a los miembros de la Asociación de Vecinos de la Rondilla; es el barrio donde se encuentra ubicado el centro o las dependencias administrativas del ECYL, del que vamos a hablar hoy; que yo creo que tiene... la verdad es que tiene bastante enjundia este local, o el traslado –mejor- al local donde previsiblemente se va a ir la Junta de Castilla y León, donde va a trasladar las dependencias del ECYL; y ahora me explicaré. Ya digo que conviene que estemos atentos, porque en algunos de los casos puede que lo que recientemente estamos oyendo en los medios de comunicación en esta Comunidad, pues sea algo más a añadir, esta situación.

Es verdad que los trabajadores de esta oficina de empleo llevan desde que se ceden las trasferencias, desde el año dos mil-dos mil uno, cede las trasferencias el INEM a la Junta de Castilla y León, hay una parte que tiene el INEM, que está –digamos- como de prestado en esas oficinas; no sé si... me imagino que prácticamente todos los que estamos aquí conocemos o sabemos el centro del que estamos hablando, estoy convencido que sabemos del barrio también, y conocemos incluso el entorno en el que se mueve.

Parece ser que en agosto del año dos mil diecisiete la idea que tiene la Junta de Castilla y León es trasladarse del... las oficinas de las dependencias donde la tiene, en la calle Cadenas de San Gregorio, a la calle Morena, ni más ni menos que más de 3 kilómetros de distancia de un centro a otro. En ese afán que se preocupa muy mucho la Junta de Castilla y León por los desempleados, pues le va a hacer trasladarse aproximadamente más de 3 kilómetros, un centro ubicado en Valladolid, en el que incluso la propia patronal vallisoletana ha salido diciendo que era una auténtica barbaridad, que están desmantelando prácticamente el centro de Valladolid, que están trasladando todas las dependencias administrativas a otro sitio. Añadimos a eso a que no sabe todavía la Junta de Castilla y León cómo va a hacer la reorganización de ese servicio, o sea, me explico, cuántos desempleados les va a ubicar en cada uno... les va a ubicar, o van a tener que ir a sellar, o a cualquier otro trámite, a las dependencias del Servicio Público de Empleo, dónde van a tener que ir, cuándo, si les van a mover; o sea, un auténtico desmadre, un auténtico desbarajuste.

La única información que podemos tener es que a alguien de la Junta de Castilla y León -y en ese alguien pues incluimos nombres, algunos de los más sonados recientemente- se le haya ocurrido que hay que trasladarse a la calle Morena –y aquí es donde viene lo bueno- porque parece ser que el local donde se van a trasladar es de alguien, un promotor inmobiliario, bastante conocido en Valladolid. Allá cada cual, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio.

Vaya por delante -sí quiero dejarlo de manifiesto, para que no se me olvide-, vamos a pedir la votación pública por llamamiento, sobre todo para evitar a los procuradores del Partido Popular que pudieran caer en algún tipo de responsabilidad patrimonial. Yo simplemente les informo, les aviso, porque, dada la situación por la que están atravesando últimamente, pues yo creo que es meridianamente preocupante. Y sí me gustaría también que se retrate... porque parece ser que van a pedir la votación secreta el Partido Popular, pues sí pediría que se retraten el resto de los grupos parlamentarios, de cuál va a ser su voto en este sentido, si va a ser favorable a que permanezca todavía la oficina de empleo donde está, en Cadenas de San Gregorio, o se traslade allí.

Ya digo que esto puede ser una pequeña punta del iceberg de lo que queda por venir. Ya digo que hay empresarios dueños del local, en el que alguien ha tomado la decisión, no se sabe quién, no se ha analizado todavía la posibilidad de arreglar o reordenar donde actualmente están. ¿Por qué no se han planteado hacer esas obras también en Cadenas de San Gregorio, en el Servicio Público de Empleo, donde están ahora mismo? ¿Se ha mirado si hay otros locales que tenga la Administración, incluso el instituto Santa Teresa, que está allí en las proximidades, que es también de la Junta de Castilla y León? En caso de que no tienen... de que no tengan locales... [murmullos] ... en caso de que no tengan locales propios, queremos saber si ha habido alguna gestión para buscar, si ha habido concurrencia competitiva, se ha llamado al resto de las inmobiliarias para ver si pueden ofertar algún tipo de instalaciones o de dependencias igual que las que tiene en estos momentos.

Decir que por el centro hay una cantidad innumerable de bancos y de otros centros... de otros comercios que han cerrado, yo creo que sería factible. La renta anual son 39.000 euros. Queremos saber, o nos gustaría saber, cuál es el coste de la nueva. Nada nos extrañaría que fuese más caro, porque, tal y como hace las cosas la Junta de Castilla y León, pues entre col y col, entre 39.000 y lo que pudiera costar la nueva, pues igual, previsiblemente, presumiblemente, igual alguien pues está haciendo algún tipo de negocio. Ya digo que esto lo hacemos, señores del Partido Popular, por salvar su cara; yo sé que ustedes están muy tranquilos, pero, visto lo que está ocurriendo últimamente, lo que queremos es eso: hacer un llamamiento a que se haga la votación pública por llamamiento, para salvarles. Fíjese si somos condescendientes que miramos por ustedes, para que no puedan incurrir en ningún tipo de responsabilidad patrimonial.

¿Qué tipo de criterio se ha seguido a la hora de trasladarles allí? ¿Se ha estudiado el transporte público que hay o, verdaderamente, a la Junta de Castilla y León y al Partido Popular los empleados los tratan como a un número y no les preocupa absolutamente nada, no han estudiado esa posible redistribución, a cuántos desempleados se asignan a cada oficina, o verdaderamente lo que prima es el negocio por encima de la atención al desempleado? ¿Cuál es la distancia media y máxima al centro de la nueva oficina? La verdad es que esto huele mal, esto huele yo diría que muy mal, y ya digo que pudiera ser el inicio de... la punta del iceberg de algo que queda por ver.

Los trabajadores –y añado algún dato más- han trasladado ya al Consejo de Cuentas esta situación y al Procurador del Común; el Procurador del Común lo ha asumido, lo ha recibido, y va a analizar... va a analizar qué tipo de situaciones se están dando. ¿A quién ha recibido las quejas de los demandantes de empleo?, ¿la han recibido las quejas de los empleados públicos? Son preguntas. ¿Se ha comparado la situación de la oficina con la del resto de las oficinas en Valladolid? ¿Quién ha decidido cambiar de alquiler sin estudiar posibles alternativas? ¿Quién ha decidido cambiar de alquiler sin analizar si hay dependencias propias de las dos Administraciones, que pudiera localizarse? ¿Qué método de búsqueda ha imperado, o se ha implementado, en ese nuevo local? Dejo al margen... doy por supuesto que la presunción de inocencia todo el mundo la tiene, quiero pensar que se ha buscado de la manera más eficiente, pero, como huele un poco mal todo este... al local donde van a ir, pues yo quiero ponerlo aquí de manifiesto. ¿Cuántos locales, además de ese -que hay alguno más vacío-, de ese donde va a ir previsiblemente, se han analizado, si en la misma calle hay más locales vacíos? Se lo ahorro yo al que vaya a intervenir, sí hay locales vacíos y reúnen las mismas condiciones -yo no sé si ustedes... me imagino que sí conocerán dónde está la calle Morena-. ¿Cuál es el coste del alquiler? ¿Cuánto está costando las obras de adecuación?

Les doy un dato más: ya está habiendo obras de adecuación en la calle Morena número 3, o sea, se lo van a poner en bandeja, sin que haya ningún tipo de oferta, ningún tipo de concurrencia, se lo van a poner a disposición de la propia Consejería, de la propia Administración. ¿Cuál es la superficie en relación local... cuál es su superficie en relación al local actual de la oficina? ¿Quién ha hecho declaraciones a la prensa dando como hecho el alquiler de la calle Morena, cuando en respuesta parlamentaria el consejero afirma que no existe dicho contrato? Aquí están todas las respuestas parlamentarias del consejero.

Yo creo -fíjese, voy a aventurarme- que al consejero alguien se la está jugando, porque el consejero de esto no tiene ni idea; alguien se la está jugando, de dentro. ¿Quién ha hecho declaraciones –ya digo- a la prensa dando por hecho el alquiler en la calle Morena con una superficie inferior a la actual y un incremento de la plantilla de la oficina que no se corresponde con ninguna modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, según contesta el consejero en respuesta parlamentaria? ¿Quién ha hecho declaraciones a la prensa dando por hecho... como hecho el alquiler de la calle Morena, cuando en respuesta parlamentaria el consejero afirma que no existe dicho contrato y que, por lo tanto, no se contemplan inversiones de adecuación del mismo -y se están haciendo-? ¿Quién ha hecho declaraciones a la prensa dando como hecho el alquiler en la calle Morena, cuando en respuesta parlamentaria el consejero afirma que no existe dicho contrato y que, por lo tanto, no se ha hecho una nueva zonificación de los demandantes de empleo por oficinas? Y la pregunta del millón: ¿quién es el propietario del local en la calle Morena 37?

Todas estas preguntas, yo no sé si ustedes o el portavoz del Grupo Popular que va a intervenir nos lo va a poder contestar, son preguntas que hemos formulado ya a la Junta de Castilla y León. ¿Existe algún tipo de precontrato, compromiso de algún tipo, en relación al local de la calle Morena, teniendo en cuenta que el consejero lo ha negado en respuesta parlamentaria? ¿Cuál es la posición de la Consejería de Economía y Hacienda en relación a ese teórico alquiler?, ¿cuál es la posición de la Consejería de Empleo y la de Economía y Hacienda en relación a la moción aprobada en el Ayuntamiento de Valladolid en contra del traslado de oficina? ¿Cuál es la posición –como he dicho anteriormente- de la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León en relación con la patronal vallisoletana, tanto con Avadeco como Fecosva, en contra de ese traslado de oficina?

En fin, que son una cantidad innumerable de dudas que asalta a este grupo parlamentario, que asalta a los trabajadores, que asalta a la asociación vecinal, que asalta a la patronal vallisoletana, que asalta a los demandantes de empleo, y que estoy seguro que no asalta al Partido Popular, que nos va a contestar todo tipo de información que pueda tener en breve, y que... vamos, que nos pueda poner a día de hoy en situación.

Por lo tanto, vuelvo a insistir, solicitamos que se aplique el Artículo 89, la votación pública por llamamiento, para que –ya digo- si hay algún tipo de responsabilidad patrimonial, pues quede meridianamente claro y manifiestamente aclarado. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Gracias, señor González Reglero. Para cumplir la exigencia reglamentaria, por favor, entréguenos la solicitud, para que comprobemos que está firmada, al menos, por cuatro miembros de la Comisión.

Muy bien. Muchísimas gracias. En turno de fijación de posiciones, en ausencia del Grupo Mixto, tiene la palabra la representante de Ciudadanos, doña Belén Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidente. Pues nuestro voto a favor de esta proposición no de ley. Es cierto que hay, parece ser, una falta de transparencia en todo este proceso. De hecho, esta decisión... una decisión así por lo menos debe tener un informe económico y jurídico, que esperamos que ahora el Partido Popular, en su intervención, nos comente si existe tal informe o esto se ha hecho por una decisión clientelar o a dedo o como se quiera llamar. El caso es que aquí son los trabajadores los que han pedido quedarse, son los vecinos, los usuarios, el comercio y la hostelería de alrededor; una decisión así también tiene que tener en cuenta a los ciudadanos del barrio.

Y, además, en prensa figura que el antiguo instituto Santa Teresa, que es titularidad de la Junta, que está justo al lado, podría ser acondicionado y acoger a esta oficina, y no deja de ser un sitio perteneciente a la Junta, que, ya que se va a acondicionar y se va a gastar un montón de dinero en acondicionamiento, pues que la inversión se la... se la quede la Junta y no que, cuando acabe ese contrato, se la va a quedar aquel... si en este caso es el constructor o a quien le vayan a alquilar el local.

Por lo tanto, nuestro voto es a favor, y esperando a ver qué nos dice el Partido Popular de la transparencia en todo este proceso. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Rosado. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos de Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Adela Pascual.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. Según ha declarado el consejero de Empleo, el Servicio Público de Empleo invertirá 4,42 millones para la modernización del ECYL, y otros 2,38 millones para mejorar este servicio público, según el Proyecto de Ley de Presupuestos para el dos mil diecisiete. Su mejora y modernización parece ser cambiar de lugar las oficinas de empleo, porque hoy hablamos de la oficina de Valladolid de Cadenas de San Gregorio, pero, según fuentes del Departamento del señor Carriedo, este traslado se enmarca en el plan de adecuación de oficinas que inició el ECYL hace unos meses para mejorar la atención al público, a los trabajadores y también a las empresas oferentes de empleo y a las que acuden a impartir formación; también se trasladarán las oficinas de Guijuelo (en Salamanca), El Burgo de Osma (en Soria). Del mismo modo, la Consejería de Empleo se está planteando la intervención en otras seis oficinas más de Castilla y León, en estas casi sin cambio de ubicación. Igualmente, el Servicio Regional de Empleo estudia abrir 4 o 5 nuevos locales más en localidades pequeñas, pero que sean cabeceras de comarca.

Desde la Consejería de Empleo se ha justificado el traslado de la oficina situada junto al Museo Nacional de Escultura, de 480 metros cuadrados, porque se ha quedado pequeña, además de poco operativas para empleados y público. En la actualidad cuenta con 20 trabajadores, que en la nueva oficina contarán con 590 metros cuadrados de superficie; pues 480 metros cuadrados para 20 trabajadores es una buena media. Esta nueva oficina también se ocupará en régimen de alquiler.

Otra justificación para este traslado ha sido la perspectiva de que el número de trabajadores aumente. Aunque dicen esto, ¿a qué se refieren, a empleados públicos que simplemente van a ser trasladados, a crear nuevos puestos de trabajo al que podrán acceder en igualdad de condiciones todas las personas? O vaya usted a saber a qué.

Desde colectivos de la ciudad de Valladolid, como Parados en Movimiento o asociaciones de vecinos, han criticado este traslado, que va a precarizar, si es que se puede más, la situación que viven las personas desempleadas al tenerse que desplazar a una distancia bastante considerable. Valladolid en el mes de abril contaba con un censo de más de 22.000 personas en situación de desempleo; si encima les hacemos trasladarse a oficinas más lejanas, les vamos a empobrecer todavía más. ¿Cuál va a ser el próximo traslado de la oficina de empleo, el edificio de Soluciones Empresariales, de Arroyo de la Encomienda, más conocido como "la perla negra"? Lo digo porque la defensa por parte del Partido Popular de su compra, alquiler o lo que fuese se está justificando para evitar que los usuarios tuvieran que desplazarse por el centro de la capital y aparcar el coche, siendo Arroyo de la Encomienda mucho más accesible para la gente. ¡Qué horror! Para malgastar el dinero de toda la ciudadanía de nuestra Comunidad, cualquier cosa les vale.

Como vemos, la política de alquileres de la Junta es amplia, y con esto quiero decir que cada vez que han justificado un cambio o una nueva construcción en el ahorro, el efecto ha sido el contrario. Así, por ejemplo, les podría decir que justificaron la construcción de la Consejería de Fomento para ahorrar el del pago de los alquileres de Francisco Suárez, pero, en realidad, ¿qué ocurrió? Pues que Gerencia de Servicios Sociales pasó a ocupar esas dependencias, y, de esa forma, poder seguir abonando grandes cantidades de dinero a sus propietarios. O decir que les parece razonable gastar dinero en alquiler de locales o pagar obras de adaptación y mejorar... y mejora para uso de locales pues pertenecientes a CECALE, UGT, Comisiones Obreras. En fin.

El traslado de la oficina de Cadenas de San Gregorio a la Huerta del Rey no se podrá justificar como ahorro, porque pasamos de alquiler a alquiler. La Junta cuenta con locales propios y espacios que se podrían utilizar y evitar alquileres, porque, igual que hace que... igual que hay centros de trabajo donde los empleados públicos están hacinados, hay otros en que el espacio está desaprovechado. El sacar del centro de la ciudad la oficina de empleo de Cadenas de San Gregorio parece más una cuestión de imagen que de eficacia. A los políticos del Partido Popular les preocupa que se vean manifestaciones de parados en sitios emblemáticos de la ciudad.

Y para terminar, si todos sus argumentos... si todos sus argumentos es que se necesita más espacio y más personal para atender al colectivo de parados, será que esa mejora en el empleo que nos están vendiendo no es tal. ¿Significa esto que van a dejar de privatizar los servicios públicos de empleo o incluso recuperar los ya privatizados?

Y ahora sí termino. Con el traslado de las oficinas administrativas llevadas a cabo por el Partido Popular se está configurando un modelo de ciudad expansiva en la que se vacía la zona centro de las ciudades obligando al uso del automóvil, y, por lo tanto, más dispersa, más contaminante, menos humana. Ocurrió, y ya vemos lo que ocurrió, con el edificio de Arroyo o la Delegación de Hacienda, estamos... perdón, estaciones de trenes (Segovia, bueno, León... perdón, Burgos), las oficinas del ECYL. Pareciera que les sobrase a ustedes las personas en las ciudades.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Pascual. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Máximo López Vilaboa.

EL SEÑOR LÓPEZ VILABOA:

Sí. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, decir que nos sorprende bastante el procedimiento que ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista; nos sorprende porque no hay un precedente sobre un tipo de votación que justifique en una relevancia, en una excepcionalidad, este asunto; este es un asunto pues como tantos que se tratan en las Comisiones parlamentarias. No estoy diciendo que no tenga su importancia, pero como tantos de los que aquí vienen.

Y nos sorprende más todavía las razones que pone aquí de manifiesto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Nos sorprende porque, claro, parece que es que desconoce totalmente la naturaleza jurídica de las... de las PNL. Igual le tenemos que recordar que una proposición no de ley entra dentro de ese marco general de control y de impulso del Ejecutivo, y es el Ejecutivo quien toma decisiones. Con lo cual, yo no sé qué responsabilidad se puede incurrir en un órgano legislativo de control, y... Bueno, yo, ese gesto que ha hecho usted, si me lo quiere aclarar, no sé a qué... Es lo que le digo, que ignora totalmente cuáles son esos principios básicos de separación de poderes del Ejecutivo, del Legislativo, con todas esas prerrogativas que se gozan dentro de un Legislativo, como es la inmunidad de las opiniones que se puedan manifestar.

Entonces, bueno, yo, por ir al tema, que, claro, muchas de las cosas que usted ha manifestado no tiene nada que ver con lo que venía en el escrito, con lo cual, pues sí que decir que yo he preparado una intervención en base a lo que aquí se había manifestado, en base a las indagaciones que hemos hecho sobre este asunto. Y decir que, bueno, dentro de la política general del ECYL, pues está el mejorar y optimizar los recursos humanos y materiales de los que... de los que tiene actualmente. Y, lógicamente, pues esa mejora, en su conjunto, pues también entra la mejora de las instalaciones, de las dotaciones de los inmuebles donde se realiza este servicio. Pues unas instalaciones que, en todos los casos donde se decide cambiar la ubicación, pues debe de obedecer a buscar unas instalaciones más idóneas, más modernas, más acordes con los nuevos tiempos, y, sobre todo, con más confidencialidad para la prestación de los... de los servicios, pues cuando las conversaciones que se pueden tener ahí, pues tienen un contenido delicado y se debe de guardar en todo momento esa confidencialidad, y no tiene sentido, pues que en una mesa de al lado, pues se esté escuchando otro usuario pues lo que están hablando. Eso es algo de pura lógica y eso es algo que en unas instalaciones, pues más modernas, más amplias, se puede disfrutar.

El ECYL cuenta con 54 oficinas de empleo repartidas por toda la Comunidad Autonómica, y en esas oficinas se prestan servicios no solo el personal adscrito al organismo del ECYL, sino también, pues del Servicio Público de Empleo Estatal. En el momento de la transferencia se acordó compartir dependencias en aras a atender mejor a unos mismos usuarios y también, pues en aras de unas mejores condiciones para trabajadores, para los desempleados, que demandan tanto políticas activas –que eso depende del ECYL- como políticas pasivas en manos de la Administración General del Estado. Y, conforme a ello, la dotación y mantenimiento de estas oficinas recae en la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que anualmente se consensuen entre las partes las mejoras de las instalaciones y de equipamiento en estas oficinas.

En el caso concreto que estamos aquí tratando, lo que se trata es de mejorar las instalaciones que actualmente se prestan desde las oficinas de Cadenas de San Gregorio en Valladolid, en la ciudad de Valladolid. Esta oficina es un local alquilado y cuenta con unas dimensiones reducidas que impiden una prestación óptima del servicio, especialmente en determinadas áreas que precisan de ampliación de plantilla, y en este caso nos estamos refiriendo fundamentalmente al personal del servicio estatal; y, en esta tesitura, las partes –pues el ECYL y el Servicio Estatal de Empleo- llevan tiempo buscando una alternativa a dicha oficina, priorizando siempre mantener la oficina en el entorno en el que actualmente se encuentra. Durante este tiempo no se ha encontrado un local adecuado para ser acondicionado como oficina de empleo en dicha zona, y ello tras haber explorado locales de titularidad pública y privada. Tras conocerse por los medios de comunicación de la identificación de un local idóneo en el barrio de Huerta del Rey, que permitiría una mejor redistribución de usuarios entre las cuatro oficinas de empleo Valladolid capital... que téngase en cuenta en este caso que... bueno, pues ahí estaríamos hablando de la ciudad y su alfoz, que ha ido creciendo en los últimos tiempos, y debemos de señalar, pues que también han aparecido diferentes colectivos, asociaciones e instituciones que han reclamado la permanencia de la oficina en el actual entorno. Ante ello, pues el ECYL ha procedido a recibir a las partes, tanto a los empleados de la oficina, la junta de personal, comité de empresa, la Asociación de la Rondilla, la Asociación Barrio Belén, Fecosva –que es la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid-, explicando a todos ellos los pormenores de la situación y abriendo un período de reflexión -que a eso el ECYL nunca se ha cerrado- para seguir en la búsqueda de alternativas que permitan mantener la prestación del servicio en ese... en esa área urbana.

Entonces, nosotros, como grupo, presentamos una propuesta de resolución alternativa, un texto que pensamos que recoge lo que he expuesto anteriormente, que es: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que el ECYL siga realizando las gestiones necesarias para la búsqueda de un local idóneo que mejore la prestación del servicio a los usuarios en el área de influencia de la actual ubicación de la oficina de Cadenas de San Gregorio e informe de ello a las partes interesadas".

En cualquier caso, y dado que... bueno, pues esa peculiar forma de votación que se ha pedido, pues nosotros, por nuestra parte, hemos pedido, si se persiste en el texto que se ha presentado, pues pediríamos votación secreta. Y como tal, pues hemos presentado el escrito pertinente. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor López Vilaboa. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la proposición que se propone, tiene la palabra don Pedro Luis González Reglero, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias. Gracias, presidente. Bueno, agradecer al Grupo Ciudadanos, y doy por hecho que al Grupo Podemos también, aunque no... yo por lo menos no lo he entendido cuál era su... cuál era su posición, pero entiendo que sí, que iba a votar a favor.

Yo lo he dicho también en mi primera intervención, que ahí había locales de la Junta de Castilla y León, como era el instituto de Santa Teresa –lo decía la portavoz de Ciudadanos-, que yo creo que... bueno, se podía haber adecuado. Es verdad que ahora va a haber una inversión, pero qué ganas, o qué necesidad, de gastar dinero.

Y al Partido Popular, señor Máximo, y con todo el respeto, yo doy por hecho que usted conoce una zona y conoce la otra zona, lo doy por hecho; y conoce usted la distancia que hay entre una oficina de empleo y la otra, hay más de 3 kilómetros, ¿eh? Doy por hecho que, aunque usted no sea de Valladolid, pero doy por hecho que usted lo conoce.

A partir de ahí, pues mire, varias cosas. Uno, la oficina de empleo... la Junta de Castilla y León o alguien de la Junta de Castilla y León tiene la decisión tomada ya de irse, lo tiene ya tomado. Por la información que nosotros disponemos y por las preguntas que hemos hecho al consejero, la decisión la tiene tomada. Así informa a los trabajadores. No vamos a aceptar, por lo tanto, la enmienda que usted nos ha... nos ha propuesto, porque eso es... pues eso, seguir buscando cuando ya se está... se está haciendo obras ya en el local donde va a ir; en la calle Morena, 3, ya está habiendo obras. Por lo tanto, la decisión la tiene más que tomada. A ustedes les han podido enviar eso, usted lo ha leído, pero ya le digo yo que la decisión la tienen tomada, además desde hace bastante tiempo.

Hay una contradicción en la que decía usted, que decía que, claro, que están intentando buscar una... unas dependencias más grandes para que... bueno, por la confidencialidad con el tratamiento que se da a los desempleados –ha dicho usted, ¿no?-. Pero es que es contradictorio con lo que propiamente ha planteado la Junta. O sea, aumenta en 110 metros las instalaciones nuevas con... -nuevas... alquiladas nuevas- con respecto a las alquiladas antiguas, y resulta que va a trasladar a 28 o 30 empleados públicos -eso sí, sin haber una oferta de empleo público-, con lo cual, es contradictorio: aumento 30 personas en 110 metros. Dígame usted cómo va a adecuar o qué grado de confidencialidad va a tener lo nuevo con respecto a lo viejo.

Por lo tanto, yo creo, señor Máximo, que o le han pasado mal la información o la ha entendido usted mal o le han engañado, que no creo... que no creo que sea así. En cuanto mejorar las instalaciones, pues hombre, allí tenía posibilidades. Allí el problema que tienen –por la información que nos han trasladado a nosotros- era un problema de archivos, problema de que los archivos, como se trabajó en su día con tanto papel, pues los archivos han ido comiendo terreno –lo conocerá usted, porque me imagino que se lo habrán contado-, ha ido comiendo terreno al resto de los espacios. Eso es tan fácil como retirar los archivos, llevarlo a las dependencias que la Junta tiene en el polígono y seguir... tener un espacio más diáfano, más amplio.

Tres. La Junta de Castilla y León... y se lo han dicho por activa y por pasiva la asociación de vecinos, la patronal e innumerables colectivos de que está desmantelando el centro. Pues, hombre, si queremos potenciar... si verdaderamente queremos que haya vida en el centro de las ciudades, la mejor de las maneras, desde luego, no es llevándolo a 3 kilómetros de allí.

Otra... otro argumento más. Decía usted que en el entorno está buscando algo. Hombre, dígame usted a mí si han hecho un estudio del transporte público que puede haber de los posibles demandantes de empleo de Cadenas de San Gregorio a esos mismos demandantes de empleo, si les van a trasladar a 3 kilómetros, si hay un transporte público. O qué queremos, ¿que un demandante de empleo o cualquier otra persona que solicite los servicios de... las necesidades del Servicio Público de Empleo esté toda la mañana para hacer una sola gestión –que es lo único que van a tardar-? Dígame usted. Claro, habrá gente que, por sus ingresos, incluso no pueda ni coger el autobús, y gente que viva, pues en la Rondilla, o que viva incluso mucho más lejos de donde tiene que... donde tiene que ir al Servicio Público de Empleo, que se tenga que trasladar 3 kilómetros –incluso 4 kilómetros-, pues es echar la mañana, señor Máximo. Yo creo que usted, si conoce verdaderamente el entorno, yo creo que eso no es favorecer y no es considerar a los desempleados de esta Comunidad. Eso es bajo nuestro punto de vista.

Y mire, en el aspecto de que hay algo que huele mal, pues, hombre, por las informaciones que tenemos –y que no son pocas-, yo lo que quiero es... bueno, me preocupo incluso por ustedes. Se lo pueden tomar a guasa, pero, visto lo que estamos oyendo a día de hoy, y visto lo que está saliendo y lo que queda por salir –porque saldrán más cosas-, pues, hombre, esto sería añadir una cosa más. Y no quisiera yo que a ninguno de los aquí presentes pues tuviera ningún tipo de problemas con la Justicia -estoy seguro... estoy seguro que no les tienen, y lo deseo además, créame; lo deseo que no les tengan en el futuro también-, pero con estos, los hechos que pueden generar responsabilidad patrimonial, el Artículo 294 lo dice... lo deja manifiestamente claro –aquí hay algún ducho en Derecho; yo no lo soy, desde luego-, pero que seguramente el que está a su izquierda le... [murmullos] ... le podrá... le podrá asesorar.

Y decía usted que no tiene nada que ver la proposición no de ley con lo que he hablado. Todo, tiene absolutamente todo que ver. Nosotros lo que pedimos es que se quede donde está, amén de otro tipo de gestiones o de otro tipo de ampliaciones, pero que se quede ahí. Si se va a trasladar a otra ubicación nueva, pues claro que a nosotros nos saltan las... nos asaltan las dudas y nos asaltan las sospechas que pueda haber. Por lo tanto, tiene que ver absolutamente todo con ese traslado, esa decisión unilateral; incluso, ya digo, y pongo aquí la mano en el fuego -está mal que lo diga yo- por el propio consejero, que alguien se la ha jugado, porque el consejero, de esto, alguien que le ha preguntado, no tenía absolutamente ni idea. No diré alguna reflexión más que hizo porque yo creo que él no tenía absolutamente ni idea.

Entonces, yo lo que le diría al consejero, o a ustedes, que tienen hilo directo con él, es que investigue a ver quién es el que ha tomado la decisión de trasladarse allí sin ningún tipo de criterio, ni económico, ni organizativo, ni de rendimiento, ni absolutamente nada. Es a alguien que se le ha metido en la cabeza que hay que ir allí, porque presumiblemente el dueño del local pues es... tiene una cierta relación con determinadas situaciones que se han venido dando en esta ciudad.

Por lo tanto, creo que tiene que ver, un poco no, todo; o, si no, pregunte usted, hágame caso. Yo no le estoy engañando absolutamente nada. Pregunten ustedes quién es el dueño del local, como hemos hecho... hemos hecho las preguntas aquí, a la Consejería, a la Junta de Castilla y León. Igual pueden ir al final enlazando, porque al final es lo de la madeja, ¿no?, que al final se lía, pero la punta y la punta tienen conexión. Entonces, ya digo, nosotros nos vamos a mantener en nuestra posición inicial, en nuestro... en nuestra propuesta de resolución inicial, y insistiendo lo que decía anteriormente al presidente de la Mesa, que se aplique el Artículo 89, el llamamiento... el llamamiento a título individual. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Gracias, señor González Reglero. Por tanto, como el Grupo Popular también, con el número mínimo de procuradores que exige el Reglamento, ha solicitado que la votación de este punto, en base al mismo artículo, sea secreta, y el Reglamento establece que, si se hacen dos propuestas contradictorias, prevalece la votación secreta, que se supone que es la que garantiza más la intimidad de las personas, vamos a proceder a votar. Como nunca hemos votado, y menos de esa manera, les voy a pedir a sus señorías que hagamos una primera votación de prueba para garantizar que es secreto. Lo digo porque imagínense que estamos haciendo una votación secreta y sale el resultado de qué ha votado cada uno, que sería un error. Entonces, por tanto, vamos a plantear... Les digo cómo se vota: el número 2, que es verde, es sí; el número 3, que es rojo, es no; y el número 4 es abstención, dentro de lo que tienen... no en su... en el suyo. Se verá allí el resultado, ¿de acuerdo?

Se inicia la votación. Ahora. El resultado aparece y... por lo menos en mi pantalla, que es el que tiene todos, diez... es ocho votos a favor. Nueve en contra. Y no se sabe qué ha votado ninguna de las personas. Por lo tanto, el procedimiento lo hemos hecho bien.

Votación secreta PNL/001371

Vamos a hacerla... -como dijimos que era de prueba- a hacerla definitiva. Por tanto, se inicia la votación.

El resultado de la votación es el siguiente -supongo que lo ven en el monitor-. Procuradores presentes: diecisiete. Sí, a favor de la proposición no de ley, ocho. No, nueve. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Por parte del señor secretario, se dará lectura al cuarto punto del orden día.

PNL/001372

EL SEÑOR CABADAS CIFUENTES:

Cuarto punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL 1372, presentada por los Procuradores don Óscar Álvarez Domínguez, don Fernando Pablos Romo, don Pedro Luis González Reglero, doña María Consolación Pablos Labajo y doña Laura Pelegrina Cortijo, instando a la Junta de Castilla y León a revisar las solicitudes pendientes que cumplan los requisitos para obtener los certificados de profesionalidad al amparo de la Orden EYE/867/2013, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 250, de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, don Óscar Álvarez Domínguez, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ:

Gracias, presidente. Seré breve. El día veinticuatro de octubre del dos mil trece se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la Orden por la que se establece el procedimiento para la expedición de certificados de profesionalidad correspondiente a las titulaciones de monitor de tiempo libre, coordinador de tiempo libre e informador juvenil, expedidas por el Instituto de la Juventud de Castilla y León. Lo hace, además, en la Disposición Transitoria Segunda de la citada orden, que entra en vigor a partir del veinticinco de octubre de ese mismo año.

Según establece esta disposición, se podrán expedir los certificados de profesionalidad de la familia profesional de los servicios socioculturales y a la Comunidad correspondientes, como digo, a estos títulos -monitor de tiempo libre, coordinador de tiempo libre e informador juvenil- a aquellos jóvenes, o no tan jóvenes, aquellas personas que hayan superado la formación con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden. El desarrollo de esta orden y los certificados de profesionalidad al amparo de la misma se han visto estancados desde entonces. En concreto, han sido 1.289 las solicitudes que ha habido en todos estos años, al amparo –como digo-... al amparo –como digo- de esta orden.

Según firma el consejero a fecha veintisiete de abril del dos mil diecisiete, a día de hoy, después de cuatro años en vigor de la citada orden, no se ha expedido ningún certificado de profesionalidad al encontrarse en fase de tramitación; es decir, cuatro años en vigor de una orden con la que se ha engañado al menos a 1.289 personas que depositaron la confianza en la Junta de Castilla y León, que depositaron la confianza en obtener un certificado de profesionalidad, que, a día de hoy, como digo, cuatro años después, no está, ni parece que vaya a estar, porque, como digo, el propio consejero firma, se encuentran en fase de... en fase de tramitación.

Desde ese momento, en el que se aprueban... en el que se publica la orden, como digo, estas 1.289 personas -que, por cierto, han pagado 35 euros de tasa, 35 euros de tasa para solicitar estos certificados de profesionalidad- no han vuelto a saber nada hasta este año. Este año, hace apenas dos meses, como digo, después de cuatro años de olvido, el diez de marzo, la Junta de Castilla y León les convoca a una reunión en la que se les comunica que se va a proceder... en el que se les comunica que se ha puesto en marcha una nueva orden en la que se procede... en la que se va a convocar a una nueva... perdón, una nueva orden que, como digo, convoca un proceso de selección, de formación y de habilitación de personal asesor y evaluador para procedimientos de reconocimiento de las competencias profesionales en determinadas unidades de competencia. Es decir, que hace apenas dos meses, como les digo, el diez de marzo de este mismo año, la Junta de Castilla y León convoca a estas personas y les anuncia que va a haber un proceso de selección de personal que, a su vez, son las que van a volver a tramitar a las que... a las que se van a tener que someter para evaluar, como digo, su profesionalidad. Es decir, que los certificados de profesionalidad que ellos acreditan tener y esas habilidades que ellos acreditan tener se corresponden efectivamente con sus... con sus habilidades, con las habilidades que una orden cuatro años antes les había dicho que sí... que sí que tenían.

Es decir, a nuestro modo de ver, estas 1.289 personas han sido las víctimas de una tomadura de pelo enorme por parte de la Junta de Castilla y León. Estas 1.289 personas tienen certificados suficientes como para presentarse, al amparo de una orden de la propia Junta de Castilla y León, y cuatro años después de haber pagado las tasas no saben qué va a ocurrir con ellos. Si la Junta de Castilla y León hace cuatro años no sabía qué hacer con estas acreditaciones profesionales, lo que tenía que haber hecho es no publicar ninguna orden o derogar esta orden. Lo que no es de recibo es que durante todos estos cuatro años no se haya hecho absolutamente nada, ni se haya informado a todas estas personas en qué situación se encontraban.

La proposición no de ley que nosotros presentamos tiene una... tiene una exposición de motivos, o sea, tiene una propuesta de resolución muy sencilla, que se cumpla la orden por la que estas personas han concurrido, que se expidan los certificados de profesionalidad que estas personas han solicitado a la Junta de Castilla y León, y que se haga antes de acabar el dos mil... el dos mil diecisiete. Creo que es bastante sencillo, creo es bastante razonable y creo que se debería hacer con la máxima celeridad. De momento, nada más.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Álvarez Domínguez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Belén Rosado Diago.

LA SEÑORA ROSADO DIAGO:

Gracias, presidente. Pues nuestro voto a favor de esta proposición no de ley. A Ciudadanos también le preocupaba bastante esta situación que se estaba viviendo, y el catorce de noviembre hicimos una... del dos mil dieciséis hicimos varias preguntas para la contestación por escrito, pues poniendo una especie de exposición de motivos, que era que Castilla y León, que habiendo sido pionera en la Ley de Juventud, que acoge un gran número de escuelas para la formación de monitores de ocio y de tiempo libre, y que los últimos años tanto las entidades educativas así como los jóvenes y las empresas dedicada a este campo se encontraban en una situación de incertidumbre ante los cambios producidos en la legislación.

El Real Decreto 1537/2001, del treinta y uno de octubre, y el Real Decreto 1697/2011, del dieciocho de noviembre, aprobaban, respectivamente, el certificado de profesionalidad de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, y dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, nivel 3. Estas modificaciones se incluyen en el repertorio nacional de certificados de profesionalidad, uno de los tres pilares básicos del sistema de Formación Profesional en España.

Se dio la oportunidad a los alumnos que realizaron el curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre a que pudieran solicitar la homologación de sus estudios a los nuevos certificados de profesionalidad, abandonando las correspondientes tasas... pagando las tasas económicas, sin que la Junta de Castilla y León haya dado una respuesta a los afectados en tres años.

Además, esta situación genera una gran confusión entre los jóvenes interesados en la búsqueda de empleo, ya sea en el espacio europeo, nacional y autonómico. Y había una gran desconexión entre los certificados de profesionalidad y las titulaciones de Monitor y Coordinador de Tiempo Libre, toda vez que en Europa los certificados de profesional tienen ya un valor preferencial en la práctica de la normativa autonómica de actividades de tiempo libre, y hace que el valor preferencial recaiga en la titulación de las escuelas de Tiempo Libre.

Nuestra pregunta fue: ¿qué medidas preveía adoptar la Junta de Castilla y León para resolver la desconexión entre los certificados profesionales y las titulaciones de tiempo libre? Recibimos contestación de la Junta, y nos vino a decir que, por la vía legalmente establecida de formalizar esa formación, estaba regulada en el Real Decreto 1224/2009, del diecisiete de julio, de reconocimiento de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, donde también se contemplaba... se contempla la posibilidad de demostrar esas competencias adquiridas a través de la formación no formal, y, por ello, se prevé que los interesados puedan participar en un proceso conforme a lo regulado en el citado real decreto, que será convocado por orden de la Consejería de Empleo en el año dos mil diecisiete.

La verdad es que es una total tomadura de pelo; no puede ser que decidas realizar una formación y la Junta dé este trato a nuestros jóvenes, que, al fin y al cabo, lo único que están es intentando buscar una salida profesional y incorporarse al mercado laboral. Por lo tanto, nuestro voto es a favor, y que de verdad se lo tomen en serio todas estas cosas, porque es muy importante, y más cuando tenemos una salida masiva de jóvenes en nuestra Comunidad. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señora Rosado. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Adela Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidente. Voy a ser breve, porque, bueno, la verdad es que poco podemos decir sobre la propuesta de resolución más allá que manifestar que estamos a favor de que se revisen todas las solicitudes pendientes y, aquellas que cumplan los requisitos, se expidan los certificados de profesionalidad lo antes posible; al fin y al cabo, son los... son el medio para acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante distintas acciones o programas, o la propia experiencia laboral.

Y, en concreto, lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en la PNL tiene que ver con una formación orientada, por las fechas en las que nos encontramos, a ocupaciones con mayores perspectivas de empleo, pero, además, empleo joven. Tal y como se recoge en la Disposición Transitoria Segunda, dice: "Se expedirán los certificados de profesionalidad". El Boletín es del veinticuatro de octubre del dos mil trece; la orden tiene como fecha de entrada en vigor, como decía el proponente, al día siguiente de su publicación. Y, claro, son medidas que quieren mejorar la empleabilidad, mejorar las oportunidades de empleo.

Y dicen en la Orden cosas como: las competencias de las personas trabajadoras son elemento fundamental de la producción de las empresas, de la productividad; es la acreditación de la cualificación profesional que posee la persona trabajadora, para el ejercicio de una ocupación o una actividad profesional; aporta una información oficialmente comprobada de las competencias profesionales de los trabajadores, a fin de favorecer los procesos de búsqueda de empleo; son un conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación profesional a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo; se quiere facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajadores y trabajadoras, y la unidad del mercado laboral. Palabras, palabras, palabras. Con un empleo juvenil como el que padecemos, con la pérdida de población joven por falta de oportunidades, ¿a qué estamos esperando? ¿Cuál es el problema? ¿Esto es gestión? Bueno, esto es una pena. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Gracias, señora Pascual. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor procurador don José Manuel Fernández Santiago.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO:

Muchas gracias, señor presidente. Pues créanme que yo también veo razonable el tenor de esta proposición no de ley, y, por tanto, desde este grupo vamos a impulsar la labor del Gobierno en la dirección básicamente que han dicho los intervinientes de los diferentes grupos parlamentarios. Porque es verdad que no sé si es sencillo, como ha dicho su señoría, pero, desde luego, es muy razonable que antes de finales de este año dos mil diecisiete se haya procedido a obtener los certificados de profesionalidad al amparo de esa orden. Y, por eso, ya le anuncio que vamos a ser... vamos a votar, en su tenor, favorablemente a esta proposición no de ley, y vamos a hacer el seguimiento para que realmente esta situación, que, bueno, es la que es, pues se pueda resolver, del modo que ustedes han solicitado, antes de que finalice este año dos mil diecisiete.

Y, dicho esto, es verdad que en los procedimientos que sus señorías han relatado solo me cabe... porque no pienso utilizar ni un minuto para argumentar excusa alguna, no hay excusa alguna, solo la dificultad formal de que, en relación con estas solicitudes, y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Orden –que ha citado también aquí algún portavoz-, aparece a mis ojos que la creación del Registro de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables expedidas en Castilla y León estableció el procedimiento de expedición e inscripción, y manifestó que desde el Servicio Público de Empleo se procediera al intercambio de datos entre la Dirección de Juventud y el organismo autónomo, y, quizá ahí, pues, como siempre que hay que intercambiar, puede haber habido lo que... lo que fuere. Pero las solicitudes que usted ha citado, en número coincidente con lo que yo tengo en este informe, que se procede a estudiar y que deben ser estimadas, se encuentran ya en una fase muy avanzada, y, por tanto, pueden perfectamente tramitarse antes de que finalice dos mil diecisiete.

Sucederá que en relación con las solicitudes que proceda desestimar, que habrá alguna, formalmente, conforme al procedimiento regulado -que yo no voy a repetir, porque se le conocen sus señorías tan bien como yo-, pues aquí sí está prevista la tramitación de un proceso de acreditación de competencias profesionales a través de la experiencia laboral y formación no formal -que yo creo que en eso estaremos de acuerdo-. Y a este procedimiento se pretende reconducir a los interesados afectados con el fin de que puedan obtener su certificado de profesionalidad tras su participación en dicho proceso. Será solo aquellos casos, claro, que se proceda a desestimar, porque todos los demás deben salir de inmediato.

Y, para que se pueda cumplir el tenor de la proposición no de ley que ha hecho su señoría, es decir, cumplir que se finalice antes de dos mil diecisiete, también en estos casos, para facilitar una información lo más completa y concreta posible a los interesados, que se les permita obtener la acreditación y certificación de las competencias, se ha considerado oportuno practicar las notificaciones de las desestimaciones justo antes de que se publique esa convocatoria, a fin de que todas puedan ser resueltas en los términos que su señoría solicita y que nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, compartimos plenamente.

Por lo tanto -y no voy a ocupar más tiempo a sus señorías-, teniendo en cuenta el procedimiento que ha de seguirse para la obtención de dicho certificado, vamos a proceder a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, como han puesto de manifiesto, además, el resto de los grupos parlamentarios. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Fernández Santiago. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, don Óscar Álvarez Domínguez.

EL SEÑOR ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ:

Gracias, presidente. Y gracias al resto de grupos por manifestar también su apoyo a esta proposición no de ley. Como dice el portavoz del Partido Popular, es tan razonable que no existe excusa alguna. Es verdad, a estas 1.289 personas se les podría... se les podría pedir una disculpa. Cuatro años después de la publicación de la orden no habían tenido noticia hasta este año; no existe ninguna excusa que pueda justificar esto. Si cuando se publicó la orden no se sabía cómo se iba a desarrollar, cómo se... no se sabía cómo se iba a llevar a cabo, desde luego, lo que se tenía que haber hecho es obviar la publicación de esta orden hasta saber... hasta conocer cómo se podía haber hecho.

En cualquier caso, como digo, si la Junta de Castilla y León, en su labor ejecutiva, se pone de acuerdo tan rápido o es tan eficaz como lo hemos sido nosotros aquí para ponernos todos de acuerdo, estoy seguro que, como dice la proposición no de ley, y así se lo pediremos y así insistiremos, antes de final de año pues se podrán expedir los certificados de profesionalidad que efectivamente pues cumplan... que cumplan con ello.

Nada más que agradecer el tono, agradecer la labor, y nada más. Gracias.

Votación PNL/001372

EL PRESIDENTE (SEÑOR PABLOS ROMO):

Muchas gracias, señor Álvarez. ¿Podemos dar entendido aprobada por unanimidad esta proposición no de ley? Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas quince minutos].