DS(C) nº 544/9 del 18/6/2018

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Buenas tardes. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución? ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Buenas tardes, señora presidenta. Sí, hay dos sustituciones. José Luis Aceves sustituye a José Ignacio Martín Benito y Consolación Pablos Labajo sustituye a Virginia Barcones –ya sé que no... ¿verdad?, pero bueno, hay que decir la sustitución-.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León?

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Hola, buenas tardes. Adela Pascual Álvarez sustituye a Juan Pablo Fernández.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos?

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

José Ignacio Delgado Palacios sustituye a Luis Fuentes Rodríguez.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Emilio Cabadas sustituye a Ramiro Ruiz y Julián Ramos sustituye a Victoria Moreno.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Por la señora secretaria se dará lectura del primer punto del orden del día.

PNL/001363

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Primer punto del orden del día: Proposición No de Ley 1363, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del señor Sarrión Andaluz, instando a la Junta de Castilla y León a que haga explícito al Ayuntamiento de Salamanca la necesidad de que se cumplan las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación con la nulidad de la licencia de obras del Hotel Corona Sol de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 250, de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del grupo parlamentario proponente, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Pues muchas gracias. Gracias, presidenta. Estamos ante una proposición no de ley que, más que una iniciativa parlamentaria, es un grito de socorro, un grito de socorro de 100 vecinos en la ciudad de Salamanca, que llevan desde hace años siendo víctimas de la mayor tropelía urbanística que yo he visto en los últimos años, al menos en Castilla y León.

Lo que están padeciendo los vecinos y las vecinas de la calle Alarcón es una situación absolutamente insufrible y que ha dado lugar a que, finalmente, hayamos decidido presentar, a lo largo de esta legislatura, una proposición no de ley con el objeto de que este problema, que debería ser, en una situación normal, en una situación democrática, en la que tuviéramos un Ayuntamiento en Salamanca que fuera sensible a los problemas reales de la ciudadanía, y no a los intereses de sus amigos inmobiliarios, si tuviéramos esa situación, no haría falta que se debatiera una iniciativa de este tipo en las Cortes de Castilla y León. Pero, desgraciadamente, no es el caso, y por ese motivo hemos querido registrar una proposición no de ley, con el objetivo de que esta problemática salga del ámbito salmantino, que es donde debería haberse resuelto, y que pueda ser debatido en otras instancias, como es esta, puesto que la situación de absoluta injusticia que está sufriendo este grupo de vecinos y vecinas, de más de 100 personas, en la calle Alarcón, en Salamanca, es absolutamente terrible y lamentable.

Todo empezó con una construcción, como empiezan tantos problemas en la historia de nuestro país. Y con una construcción que, inicialmente, iba a consistir en un edificio de apartamentos, pero que, en un momento determinado, dio el paso a convertirse en otra cosa, a convertirse en un hotel, apodado por los vecinos y vecinas de la calle Alarcón como "el monstruo", puesto que es una construcción que no solamente se hace pegando literalmente a sus casas y a sus patios de luces, sino que es una construcción que se hace muy por encima de lo que permite el ordenamiento vigente en el Ayuntamiento de Salamanca.

Este hotel, que nada tiene que ver con el proyecto original del edificio de apartamentos inicialmente proyectado, se levanta por encima de los edificios de los vecinos y vecinas de la calle Alarcón, por encima de la normativa urbanística, y no solamente esto, sino que la promotora Palco 3 decide levantar una empalizada de 17 metros, con placas, pegando con las tapias de los muros. En esta situación que se encuentran los vecinos no va a ser más que el principio de las injusticias que van a sufrir los habitantes de la calle Alarcón, puesto que la valla definitiva, de unos 10 metros, y que provoca unos enormes problemas a las viviendas que estas personas tienen desde hace muchos años, genera que desde el interior de las viviendas se pueda tener una perfecta perspectiva de 10 columnas, en las que se encuentran 31 aparatos de aire acondicionado. Yo no sé si ustedes, cuando pasean por la calle, en verano, notan –seguramente sí- el calor que da un aparato de aire acondicionado de un comercio cuando uno pasa cerca; imagínense lo que es tener 31 aparatos de aire acondicionado enchufando hacia tu casa durante todos los meses del verano. Pues esto es lo que tienen los vecinos y las vecinas de la calle Alarcón, señorías, 31 aparatos de aire acondicionado, a 7 metros de las ventanas de los vecinos, que están permanentemente proyectando aire caliente hacia sus casas.

No se queda solamente aquí. Es que, además, tienen un conjunto de chimeneas, que se han instalado por encima de las chimeneas de sus edificios y que las han prácticamente inutilizado, pegadas a las viviendas, que tienen como objetivo sacar el aire del parking.

Entre las consecuencias de estas chimeneas se encuentra, por supuesto, al igual que la valla, la pérdida de luz. Imagínense, en algunas de las plantas bajas directamente no es posible ni siquiera tirar una foto de la situación, porque la cámara ni reconoce la ausencia de luz. Situaciones de humedades y de hongos en las paredes con las que colindan los extractores. Niveles dióxido que son alarmantes. Oscuridad casi total en las plantas bajas, y no solamente en las plantas bajas, sino que, no contentos con esta valla de 10 metros, no contentos con esto, además de este primer muro –que es como llaman a esta construcción los vecinos de la calle Alarcón-, decidió la empresa edificar un segundo muro, que no es otra cosa que la fachada trasera del hotel, que se alza con 800 metros de construcción por encima del máximo, para la cual, por cierto, en uno de los ejercicios más estrambóticos que hemos visto en la política local salmantina en nuestra vida, el ayuntamiento intentó cambiar la rasante de una calle para elevarla y que así se legalizara el exceso de edificación de esta construcción. Una auténtica barbaridad, señorías, esto es algo absolutamente tremendo, que a nadie nos gustaría tenerlo pegado a nuestras casas.

Este segundo muro es el que provoca que la afección se haga no solamente a unos números de la calle, sino que afecte a toda la calle, también a las plantas altas y a la parte superior de la misma. Y esta situación, que parece atentar contra toda lógica y contra todo sentido común, también, señorías, atenta contra nuestra legalidad, atenta contra las leyes. Y no lo dice este procurador de Izquierda Unida, lo dicen los jueces, que han dado la razón sistemáticamente, una y otra vez, a los vecinos de la calle Alarcón siempre, anulando todas las licencias de esta construcción: la licencia ambiental, la licencia de primera ocupación y actividad y la licencia de cambio de uso; decisión judicial que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Estamos ante un edificio que carece de licencias, ante un edificio que ha sido considerado por un juez que ha tenido un exceso de edificabilidad; en un edificio, por tanto, cuya actividad comercial se encuentra en entredicho, a pesar de lo cual el edificio sigue perfectamente abierto y funcionando como hotel. Incluso llegó a existir un expediente por falta de licencia por parte de la Junta de Castilla y León, y, sin embargo, el Ayuntamiento de Salamanca no ha hecho absolutamente nada. Bueno, algo sí que hizo, intentar modificar el PGOU (el Plan General de Ordenación Urbana) para intentar ajustar a dicho plan la licencia del hotel. Una actitud absolutamente vergonzosa, y que, afortunadamente, la pérdida de mayoría absoluta del Partido Popular en las últimas elecciones municipales permitió que no pudiera llevarse a cabo.

Por ese motivo, traemos hoy esta proposición no de ley, porque queremos que la Junta, al menos, como dictan las fórmulas jurídicas que hemos podido estudiar con los letrados de la Cámara, que la Junta haga explícito al Ayuntamiento de Salamanca la necesidad de que se cumplan las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación con la nulidad de la licencia de obra del Hotel Corona Sol de Salamanca. Yo creo que sería innecesario, en una sociedad plenamente democrática, que yo tuviera que traer aquí iniciativas para instar a los ayuntamientos a cumplir las sentencias judiciales, pero, en vista de que los ayuntamientos no lo hacen por sí mismo, en este órgano de la soberanía de Castilla y León, aquí traemos este debate. Esperando contar con el apoyo unánime de todos los grupos, por mi parte, nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Ciudadanos va a apoyar esta proposición no de ley. Es una cuestión de libro, es una cuestión absolutamente meridiana. Lamentablemente, Salamanca, famosa por su universidad, me parece que también ya va a ser famosa por estos casos de corrupción urbanística, y que los estudiantes de Arquitectura de todo el mundo van a tener que también empezar a estudiar.

Es absolutamente lamentable. Desde luego, esta calle del Everest, que la llaman incluso los vecinos, porque con... lógicamente, hace una rampa en pico -que esto es increíble- para que se tome la cota desde el punto más alto y así tener menos alturas, es una manipulación evidente de los malos quehaceres en el mundo municipal con el tema de licencias urbanísticas, y sobre todo deviene pues, muchas veces, de estas mayorías absolutas, que... que a veces alguien se cree y se arroga el deber... mejor dicho, el derecho a hacer absolutamente lo que le da la gana. Creemos y sabemos todos, y somos sabedores, de que la ley... están para cumplirlas, y más encima ayuntamientos tan grandes, como es el caso de Salamanca, que no será porque no tienen técnicos adecuados y especialistas que ya les dicen exactamente qué es lo que, lógicamente, no puede ser de otra manera, tanto letrados urbanistas como arquitectos, para que cumplan con la legalidad.

Es totalmente demencial, y yo creo que, simplemente, está todo bien explicado. Que se aplique esta proposición no de ley. Desde luego, es mal precedente, si vamos a tener que venir aquí a enmendar la... la plana a todos los ayuntamientos. Pero vamos, que quede bien como excepción. Y nada más. Pero, desde luego, este tipo de hechos son totalmente inaceptables. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bueno, nosotros sí que vamos a apoyar esta iniciativa. También hemos presentado otra muy parecida encaminada en esta dirección, y, por lo tanto, vaya por delante nuestro voto positivo. Que decía el proponente que era un grito de socorro, y a nuestro grupo le parece surrealista que tengamos que estar viniendo aquí a decirle a la Junta que el ayuntamiento cumpla la ley, ¿no?

Y es que la construcción del edificio que hoy ocupa el Hotel Corona Sol en la ciudad de Salamanca, que está gobernada, no olvidemos, por el que se supone –o no sabemos- que será el futuro candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, es uno de los mayores desmanes urbanísticos ocurridos en la ciudad los últimos años, como bien ha explicado el proponente, y como ya ha explicado en múltiples ocasiones nuestra compañera de grupo Isabel Muñoz.

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en el año dos mil trece el estudio de detalle del edificio que hoy ocupa el mencionado hotel; una sentencia que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Supremo. La licencia de cambio de uso de inmueble residencial a hotel, que se había solicitado, también fue anulada, en noviembre de dos mil quince, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y una sentencia que se hizo firme en enero de dos mil dieciséis, ya que el redactor del proyecto carecía de la categoría profesional requerida.

El edificio del Hotel Corona no se ajusta, por lo tanto, a la normativa urbanística, ya que, por una parte, tiene anulada la transferencia de edificabilidad que permitió que alcanzara las dimensiones actuales; y, por otra parte, el permiso que facilitó que pasara de ser un inmueble residencial a un hotel, según la última resolución judicial, tampoco se ajusta a la legalidad. Una nueva sentencia que se sumaba ya a las ya existentes. El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca declaró nula la licencia ambiental, y, por consiguiente, las de primera ocupación y actividad. Según se recoge en la sentencia, existían seis chimeneas colocadas en el edificio, dentro del patio interior, que incumplían todas las leyes, normativas y ordenanzas ambientales, poniendo en grave... en grave peligro la salud de todos los vecinos de las casas colindantes.

En el Pleno municipal del nueve de febrero de dos mil diecisiete, el Partido Popular, con el señor Mañueco a la cabeza, intentó legitimar algunas de las ilegalidades del edificio, intentando que se aprobara la propuesta de modificación del PGOU incoada por la promotora Palco 3. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada, afortunadamente, por la Oposición, mayoría en el Ayuntamiento, formada por el Partido Socialista, Ciudadanos y Ganemos Salamanca.

Justo es de señalar que estas sentencias judiciales se deben a las denuncias reiteradas que han hecho los... ante los juzgados los vecinos afectados por las numerosas irregularidades y concesiones urbanísticas de dudosa validez, como hechas a la medida del propietario, que han presidido la construcción de este edificio. Dichos vecinos se han dirigido a la Junta de Castilla y León para pedir el cierre y precintado del hotel, del garaje y de cualquier otra instalación adicional que contenga alguna instalación o actividad relacionada con estas chimeneas declaradas ilegales y peligrosas, y anuladas por sentencia judicial; así como que procediera a incoar el correspondiente expediente sancionador, para imponer las sanciones a las que hubiera dado lugar.

En este sentido, la asociación apeló a varios artículos de la normativa autonómica: la Ley 34/2007, de quince de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, o la Disposición Adicional Primera del Decreto 65/2015, de ocho de octubre, por el que se regulan los Establecimientos Turísticos de Alojamiento Hotelero en Castilla y León. Por eso es llamativo que, a una respuesta que hizo... o sea, a una pregunta que hizo nuestro grupo parlamentario, la respuesta que da la Junta de Castilla y León no entendemos cómo, existiendo varias leyes autonómicas que se incumplen, sobre las que la Junta de Castilla y León tiene la potestad de actuar, según como hemos comprobado por sentencia judicial, sea... la respuesta que ofrece la Junta es la de que no procede efectuar ninguna valoración al respecto de estas cuestiones.

Por eso, entendemos que, como bien han dicho, no es que lo digan los grupos parlamentarios, lo dicen los tribunales; aunque tampoco estamos sorprendidos de que el alcalde de Salamanca, el señor Fernández Mañueco, no es la primera vez que se intenta saltar las leyes, ya lo intentó con la retirada del escudo de Franco de la Plaza Mayor, a pesar de haber una sentencia a favor. Y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, que entendemos que es de sentido común. Nada más, y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la procuradora doña Ana María Muñoz de la Peña.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, presidenta. Izquierda Unida, el señor Sarrión, plantea esta tarde una iniciativa que es... es de cajón, una iniciativa sencilla, que no tiene discusión más allá de lo extraño que puede resultar que el Poder Legislativo, en este caso, desde las Cortes, se inste a que... a lo judicial, a que se cumplan sentencias judiciales, ¿no? Es que es sencilla, no tiene posible discusión. No debería ni siquiera haber llegado aquí, como bien ha dicho el proponente, no tiene ningún sentido, porque plantea sencillamente que se cumpla la ley, que resulte... que se restaure la legalidad urbanística vulnerada en Salamanca, y que se ejecute una sentencia judicial ya firme, ya firme. Por tanto, no tenía ni siquiera que estar aquí. Es una iniciativa que no... no hubiera venido aquí en ningún caso, no tiene sentido, habiendo una sentencia ya firme.

Mire, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, desde hace años, en solitario primero, más tarde con el resto de grupos municipales, lleva años trabajando en este tema, haciendo seguimiento y, desde luego, haciendo planteamientos ya la legislatura pasada y esta legislatura.

Remitiéndonos solo... -voy a intentar remitirme a las actuaciones llevadas a cabo por el grupo desde esta... en esta legislatura: mociones, preguntas en Pleno-, ya el ocho de abril del año dos mil dieciséis, todos los grupos de la Oposición aprobaron, ante la parálisis del Partido Popular, que había impuesto a una modificación puntual -de la que más tarde hablaremos, que no dejaba de ser un traje a medida para ajustar a la ley lo que con la ley en la mano no se ajustaba-, plantearon y aprobaron instar al concejal delegado de Fomento y Patrimonio para que "continúe la tramitación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, respecto al sector tal, de la calle tal, de tal, aprobada –recientemente se había aprobado en el Pleno el seis de febrero-, y lo someta a la consideración del Pleno, a la mayor brevedad posible, o, en su caso, dé cuenta de las causas que lo... que lo impidan". Y ya entonces también se aprobó, y pedían, restaurar la legalidad urbanística con la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana vigente en la ciudad de Salamanca.

Otra iniciativa, del nueve de febrero del dos mil diecisiete: con los votos de la Oposición, se desestima –ha hecho referencia el ponente- el dictamen de la Comisión de Fomento y Patrimonio para la aprobación provisional de la modificación puntual; esto era ajustar el traje a medida para legalizar una situación que, con la ley en la mano, no cumplía. El cinco de mayo hay otra iniciativa; el uno de diciembre del dos mil diecisiete... o una nueva moción para exigir al alcalde y al equipo de Gobierno que ordenen a los servicios municipales correspondientes que lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para restaurar la legalidad urbanística conculcada en el edificio del ya referido Hotel Corona Sol; y un segundo punto, que todas las actuaciones se dé puntual información a la Comisión de Fomento y Patrimonio y al Pleno del Ayuntamiento.

Es larga, desde luego, la historia, es dilatada en el tiempo. Y las primeras sentencias ya se produjeron en el año dos mil once, dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Salamanca, en procedimientos ordinarios, y anularon la licencia ambiental y de actividad del edificio. El expediente se tramitó como un estudio de detalle, que el Tribunal Superior de Justicia anuló por sentencia en el año dos mil trece, considerando, entre otras, que el estudio de detalle no puede modificar la edificabilidad fijada en el Plan General de Ordenación Urbana vigente y que la construcción vulneraba ampliamente, considerando que solo puede modificarse la edificabilidad y los parámetros urbanísticos fijados por el Plan General de Ordenación Urbana a través de una modificación puntual del mismo, con las limitaciones para... que en estos casos impone la propia Ley de Urbanismo y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Esto es, podrá hacerse alegando, demostrando y justificando el interés general, más allá de la propia urbanización, cesión de viales o retranqueos a los que, en cualquier caso, el promotor está obligado. Y esta es la fórmula por la que se opta para intentar legalizar los hechos consumados, la modificación puntual.

Lo que está claro es que se ejecutaron unas obras al margen de lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana. Obras que superaban la edificabilidad permitida, con una transferencia de edificabilidad de una parcela a otra, y cambios de uso, de dotacional a residencial, con lo que se trataba de justificar y legalizar el exceso de edificabilidad construido. Esto es, obras con exceso de edificabilidad, hasta un 880 por metro cuadrado de exceso, que se intentaron solucionar con un estudio de detalle, aquel que ya fue declarado ilegal; obras con un exceso de altura, que se trata de solucionar elevando la calle con un cambio de rasante (hasta en tres ocasiones se modificó la rasante de la calle para tratar de que el edificio ajustara las alturas establecidas por el plan) y con un porcentaje de inclinación al que finalmente queda la calle muy por encima de lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana –Ciudadanos ha hecho referencia a ello, ahora lo llaman la calle del Everest-.

Obras con exceso de edificabilidad, que más tarde se intentaron solucionar con una modificación puntual del planeamiento, que era el mismo estudio de detalle anulado, al que simplemente cambiaron el título; tramitada su aprobación inicial de la modificación puntual por vía de urgencia en el Pleno; y modificación puntual que sobre todo trata de eludir la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de nulidad del pleno... de nulidad de pleno derecho del estudio de detalle inicialmente presentado, eludiendo de esta manera, o tratando de eludir de esta manera el cumplimiento de la sentencia; y en la que no queda demostrado, desde luego, el interés general que justifique una modificación puntual: en ninguno de los casos hay interés general en una iniciativa puramente privada.

Para que todos nos... más o menos nos quede claro, el asunto es tan sencillo como decir que un edificio que no cumple, se quiere modificar la norma que incumple para que cumpla. Esto es el traje a medida que se intenta hacer en Salamanca.

El Partido Popular en el Ayuntamiento, perdida la mayoría absoluta, intentaron pasar la patata caliente, es decir, no tramitar la modificación puntual en los plazos que establece la Ley y el Reglamento de Urbanismo que se deben modificar, sabiendo que al no tener mayoría absoluta podían perderla, pues hay un plazo... se establece un plazo de nueve meses para los particulares, y, en el caso de que no, la Junta se subroga. Y el Ayuntamiento es la vía que utiliza: dejar pasar la modificación puntual, dejar cumplir los plazos, no seguir su tramitación, para que la Junta se tenga que subrogar y sea la Junta quien arregle el desastre que ya habían creado y consentido. Pero la Junta no se dejó utilizar y rechazó la subrogación en base a que el Ayuntamiento de Salamanca, efectivamente, tiene todos los medios técnicos y recursos de personal más que suficientes para tramitar esta modificación puntual. Cuando esto llega al Pleno, la aprobación provisional de la modificación puntual, los votos de la Oposición hacen que no salga adelante, y fuerzan a que... a lo que no se debería de forzar en ningún caso, lo que debería ser de oficio: fuerzan a que se cumpla la ley, a restaurar la legalidad urbanística en Salamanca.

Otra sentencia, la definitiva y firme, ha sido la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que explica la nulidad de la licencia de obra, una sentencia del año dos mil quince; otra con sentencia también anulando el cambio de uso; otra sentencia anulando la licencia ambiental, ya en vía de recursos. Esto es, hablamos de un establecimiento abierto al público, abierto al público, es un hotel, sin las licencias oportunas necesarias. No hay licencia de edificación, pues no cumple con los parámetros urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana, y así está condenado por sentencia firme; no hay licencia de obras; no hay licencia de primera ocupación; no puede haber, por tanto, licencia de actividad, y, desde luego, no puede tener licencia de apertura. Y todas estas licencias no podrán tenerlas en tanto en cuanto no se realicen las actuaciones correspondientes para la restauración de la legalidad urbanística.

Y de esto no tienen la culpa los vecinos, que se limitan a pelear y defender sus derechos, pues quien debe de hacerlo en este caso, que es la Administración local, no lo hace; como tampoco les garantiza la igualdad de oportunidades. Y esta es una política de hechos consumados inadmisible en democracia: el "tú tira, que ya veremos cómo lo arreglamos", nos lleva a situaciones endemoniadas. La ley es igual para todos, la ley debe de cumplirse, la restauración... restaurar la legalidad urbanística en Salamanca debe de hacerse, porque la ley hay que cumplirla, y más cuando hay una sentencia judicial firme que obliga a ello. Por tanto, apoyamos la propuesta de Izquierda Unida. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la procuradora doña Manuela Crespo Calles.

LA SEÑORA CRESPO CALLES:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. La verdad es que podría ceñirme exclusivamente a lo que procede responder, que es... la resolución propone... Lo que se trata es de un acto administrativo, de competencia exclusivamente municipal, y la Junta de Castilla y León debe mantener lealtad y respeto. Por tanto, estas Cortes, y esta Comisión también, no deberíamos entrar en un acto municipal por respeto, y sobre todo un acto administrativo. Pero no voy a desperdiciar el tiempo que tengo, y prefiero utilizarlo en explicar, con los datos que tengo y que obran en mi poder, cuál es la situación, sobre todo por puntualizar al respecto de las sentencias judiciales que aquí se están nombrando.

Palco 3, la sociedad promotora del Hotel Corona Sol, promovió la construcción de un edificio de apartamentos que más tarde se transformó en hotel, como aquí bien se ha dicho, en el ámbito de un sector urbanístico en el que se encuentra el Hospital la Santísima Trinidad, y que incluía la construcción de un... de un aparcamiento subterráneo que es de titularidad municipal.

El proceso de construcción no fue pacífico, y el Ayuntamiento llegó a abrir expedientes sancionadores contra la promotora por realizar construcciones indebidas en el edificio originario de apartamentos, y más tarde por abrirlos sin contar con la licencia correspondiente. Por otro lado, la edificabilidad de este edificio es superior a la contemplada en la ficha del sector del Plan General de Ordenación Urbana. Los sucesivos intentos de Palco 3, la sociedad promotora, en legalizar la edificabilidad han sido infructuosos

Efectivamente, como se ha dicho, Palco 3 promovió la aprobación de un estudio de detalle. Ese estudio de detalle fue anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, puesto que estaba elaborado... por defectos de forma, porque estaba elaborado por un técnico que no era competente, y porque el estudio de detalle no es el plan... no es la fórmula adecuada para ese... para ese momento; el instrumento adecuado era la modificación puntual, que se presentó nuevamente a finales del mandato anterior y que se aprobó. En el actual mandato se presentó al Pleno para su aprobación provisional, y, a pesar de contar con todos los pronunciamientos técnicos, jurídicos y sectoriales favorables, como ustedes bien saben, con el voto negativo del PSOE, Ganemos y Ciudadanos fue desestimado. Palco 3 interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el recuerdo... contra el acuerdo del Pleno, y se encuentra actualmente pendiente de resolución.

Por otro lado, la asociación Avemur, la asociación de vecinos que ustedes nombran, hay que recordar que no llegó a interponer recurso ante las licencias de construcción del año dos mil cinco y de primera utilización del año dos mil diez del edificio de apartamentos, y por tanto estas licencias son firmes e inatacables. Dicho de otra forma, el edificio en el que se encuentra hoy el hotel no se puede derribar, aunque el hotel tenga exceso de edificabilidad.

En cambio, es cierto que la licencia de cambio de uso del edificio, de apartamentos a hotel, sí fue recurrida por la asociación de vecinos. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Salamanca, con fecha dos mil catorce, desestimó el recurso, abundando en la inatacabilidad de las licencias de obra y de primera ocupación. Pero el Tribunal Superior de Justicia, en apelación, anuló la licencia de cambio de uso, a hotel, por defecto de forma, puesto que el proyecto estaba presentado por un ingeniero industrial que no era competente. La restauración de la legalidad debía ceñirse exclusivamente a este extremo, según esta última sentencia. Es decir, debe presentarse un proyecto de cambio de uso redactado por un arquitecto. En ejecución de la sentencia, Avemur pidió, en cambio, que se cerrara el hotel, y el juzgado, con base en lo manifestado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, declaró no haber lugar al cierre. Avemur recurrió este auto al juzgado ante la Sala y se encuentra actualmente pendiente de resolución.

Paralelamente, Avemur recurrió también la licencia ambiental de cambio de uso del hotel, que ha sido anulada por el Juzgado de lo Contencioso por exceso de altura de las chimeneas del hotel. Esta sentencia ha sido recurrida por Palco 3, y actualmente está pendiente de resolución el recurso.

La PNL se refiere a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declara la nulidad de la licencia de obras de cambio de uso, que decía que la restauración de la legalidad debía de ceñirse exclusivamente a la presentación de un proyecto redactado por arquitecto; y a las sentencias de nulidad de la licencia ambiental -que la PNL dice dos mil once, pero realmente es dos mil dieciséis-, de donde tampoco se desprende que se ordene el cierre. Yo estoy segura que el ayuntamiento cumple y cumplirá todas las resoluciones judiciales, pero lógicamente cuando estas sean firmes y cuando se sepa, porque así se declare por el órgano judicial correspondiente, tras la resolución de los distintos recursos de apelación presentados, cómo deben cumplirse, que, según lo adelantado en todos los casos, no es cerrando el hotel.

Por parte del Ayuntamiento, los argumentos fundamentales para no cerrar el hotel son: la pendencia de los procedimientos judiciales y que los pronunciamientos existentes coinciden en no ordenar el cierre del hotel. En el caso de la licencia de obras de cambio de uso, se está dilucidando, en ejecución de sentencia, en qué debe consistir la restauración de la legalidad, aunque, en principio, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el juzgado han declarado que no ha lugar el cierre, y lo que corresponde es legalizar el proyecto presentando uno firmado por un arquitecto. En el caso de la licencia ambiental está pendiente de resolverse el recurso de apelación presentado por Palco 3. La sentencia que anulaba la licencia ambiental no contemplaba el cierre del hotel. Decía expresamente: dado que la altura de las chimeneas no cumple ni la normativa expuesta ni el proyecto, procede anular la licencia ambiental, y que por parte de la Administración adopte las medidas precisas, entre las cuales podrían incluirse medidas correctoras para cumplir con la normativa expuesta en relación a las chimeneas, como, por ejemplo, que todas las chimeneas sean elevadas de forma que superen la cubierta del hotel. Medias correctoras, no estamos hablando en ningún momento de cierre del hotel.

Es importante valorar y tener en cuenta que el cierre de actividades del edificio supondría la pérdida de puestos de trabajo del hotel y también de los empleados del establecimiento de Mercadona que se encuentran en los bajos del edificio. También está pendiente de resolverse el recurso de apelación de Palco 3 contra el acuerdo del Pleno que desestimó la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU, que contaba con informe favorable de técnicos y todos los informes sectoriales y jurídicos y técnicos municipales, y que ya contaba con una aprobación inicial.

No puede atribuirse un trato de favor alguno. El Ayuntamiento, cuando ha tenido que abrir expediente sancionador contra Palco 3, lo ha hecho, incluso poniéndoles cuantiosas sanciones. Por otro lado, las licencias de obras y la de primera ocupación del edificio son firmes e inatacables. Se trata más bien de respeto a los procesos judiciales y de prudencia ante la posible pérdida de puestos de trabajo.

Finalmente, yo, reiterar que la incompetencia de la Junta ante lo solicitado en la PNL es sobre todo por respeto a la autonomía municipal, y, por tanto, nuestro voto va a ser negativo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el procurador don José Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien. Muchas gracias. Pocas sorpresas. Básicamente, una trasposición del voto de las diferentes fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento de Salamanca. Por lo tanto, en primer lugar, mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que han dado apoyo a esta iniciativa, y que lo hacen además desde una posición enormemente fundada y con los datos perfectamente actualizados.

Algunas puntualizaciones en torno a las razones que esgrime la portavoz de la... procuradora, perdón, del Grupo Parlamentario Popular para declarar el no apoyo de su grupo. En primer lugar, parecería por parte de lo que se ha dicho aquí, daría la impresión de que se hace un reproche a Avemur por no haber judicializado lo suficiente, porque parte de la intervención ha ido dirigida a decir que Avemur se dirigió en contra de unas licencias, pero no de la construcción del edificio. Yo quiero recordar una cosa, y con este recuerdo quiero hacer un homenaje a la Asociación Vecinos tras el Muro, que, insisto, está formada por cien vecinos y vecinas de la calle Alarcón, que son personas que viven de sus salarios, que viven de su trabajo, en muchos casos personas jubiladas y, en otras, personas trabajadoras. Y que estas personas han tenido que costear una enorme cantidad de procesos judiciales que les han traído unos costes de más de 38.000 euros, que es un importantísimo esfuerzo económico para familias trabajadoras, a las que no se ha dado ni el más mínimo apoyo por parte de la Administración pública, y, por lo tanto, lo que es absolutamente vergonzoso es que hayamos dejado en sus manos la judicialización ante un edificio manifiestamente ilegal, en el cual, por cierto, por cierto, cuando Avemur ha realizado actuaciones judiciales, el Ayuntamiento siempre se ha puesto del lado de la empresa, siempre se ha puesto judicialmente del lado de Palco 3.

Se hace aquí referencia a un expediente administrativo por parte del Ayuntamiento. Se ha dicho "cuantiosas sanciones". ¿Saben ustedes de cuánto es la cuantiosa sanción que se hizo por apertura ilegal del negocio? ¿Saben de cuánto es la cuantiosa sanción? De 500 miserables euros; 500 cochinos euros, que para un constructor es absolutamente una broma; que se suena los mocos con esos 500 euros, señorías. Esas son las cuantiosas sanciones de una empresa que se está lucrando sistemáticamente... esa es la cuantiosa sanción, esa es la firmeza de la Administración pública. Señorías, por favor, tengamos un poco de seriedad. Saben ustedes perfectamente que 500 euros para una empresa de estas características es absoluta calderilla.

La licencia se encuentra anulada en la actualidad. Estamos ante un negocio que carece de licencia de edificación, que carece de licencia de obras, que carece de licencia de primera ocupación, que carece de licencia de actividad; estamos ante una sentencia judicial cuya única respuesta del Ayuntamiento de Salamanca ha sido un acuse de recibo en el año dos mil dieciséis –llevamos dos años esperando que se ejecute esta sentencia-. Ante una sentencia que, por cierto, cuando se dice que el juzgado ha dicho que no ha lugar, lo que dice el juzgado es que no ha lugar a que se cierre por orden judicial, porque el encargado de ejecutar la sentencia es el Ayuntamiento de Salamanca; el juez no está diciendo que tenga que permanecer abierto, el juez no está diciendo que no ha lugar al cierre; está diciendo que no ha lugar al cierre por orden judicial, porque ya hay un encargado de ejecución de la sentencia, y que, por lo tanto, el Ayuntamiento tiene que ejecutar.

Y cuando se habla de la incompetencia de la Junta para el apoyo a esta iniciativa por el respeto a la autonomía municipal, yo quiero recordar que esta iniciativa ha sido preparada con absoluto mimo y bajo la tutela de los siempre absolutamente eficaces y extraordinarios letrados de esta Cámara, los cuales han encontrado una fórmula jurídica perfectamente válida, que es instar a la Junta a que haga explícito al Ayuntamiento de Salamanca la necesidad de que se cumplan las sentencias del Superior de Justicia en relación con la nulidad de la licencia de obra. Por lo tanto, no nos escudemos en un marco competencial; hay una competencia absolutamente perfecta para poder realizar esta petición, puesto que de lo que estamos hablando es hacer explícita la necesidad de cumplir las sentencias. No se escuden en un supuesto reparto competencial, que no es el caso.

Pero lo cierto es que lo que hoy tenemos es una lucha titánica, una lucha de David contra Goliat, y ustedes, señores procuradores del Partido Popular, se han puesto del lado de Goliat. Lo cierto es que hoy se han puesto del lado del poder. No es una novedad, ha sido algo que hemos podido ver a lo largo de los años en el Ayuntamiento de Salamanca, ha sido algo que hemos podido observar con todas las... indicios de connivencia que han existido entre el Ayuntamiento de Salamanca y esta empresa. Indicios que llegaron a que incluso en una ocasión, precisamente cuando ya ustedes sabían perfectamente que la empresa estaba luchando y estaba amenazando incluso al propio Ayuntamiento con que si finalmente, por culpa de las sentencias judiciales, tenían que cerrar, la empresa llegó a decir que estaba dispuesta a reclamar 4.000 euros diarios al Ayuntamiento (1,5 millones de euros al año) si finalmente tenían que cerrar.

¿Saben cuál fue la reacción del Partido Popular? ¿Sabe cuál fue la tremenda reacción del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca? Organizar su cena de Navidad en el Hotel Corona Sol. Y allí se fueron el señor Fernández Mañueco y el señor Iglesias a realizar la cena de Navidad del Partido Popular de Salamanca; cena de Navidad que fue un auténtico insulto, una auténtica ofensa a los cien vecinos que están sufriendo en sus viviendas por culpa de la política urbanística del Partido Popular en Salamanca y de los intereses desaforados de un empresario que no ha tenido piedad ninguna a la hora de destrozar las vidas de decenas de familias de esta calle.

Como decía, en definitiva, señorías, hablamos de una calle de familias trabajadoras, una calle de personas que solo tienen de qué vivir de su trabajo, que no tienen grandes empresarios detrás, que no tienen grandes capitales ni grandes fortunas, que son familias medianas, como la gran mayoría de las que componen este país y esta Comunidad Autónoma; familias que viven de su trabajo, familias que se han encontrado como sus casas se han depreciado de una manera tremenda en un período de tiempo enormemente breve, como han visto que dejaban de tener luz en sus salones, como en sus patios de luces –en sus patios- se encontraban con una situación que jamás habían visto, con niveles de dióxido de carbono enormemente altos, con situaciones de humedades, de hongos, de depresiones, de enfermedades... con situaciones absolutamente inaceptables en una sociedad democrática y avanzada.

Poca sorpresa en las votaciones, esperábamos que fuera así. En todo caso, he de decir que seguirá la lucha judicial, y que nosotros, humildemente, desde Izquierda Unida, desde esta pequeña y humilde fuerza política, seguiremos apoyando a la Asociación de Vecinos tras el Muro con todo nuestro apoyo, con toda nuestra firmeza, y que lo estaremos haciendo en todos los espacios donde nos encontramos presentes, también aquí, en las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias.

Votación PNL/001363

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: nueve. Votos en contra: nueve. Habiéndose producido un empate en la votación de esta proposición no de ley, se procede, de conformidad con lo establecido en el Artículo 92 del Reglamento de la Cámara, a someter a nueva votación dicha iniciativa parlamentaria.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: nueve. Votos en contra: nueve. Habiéndose producido un nuevo empate en la votación, ¿algún grupo parlamentario desea que se suspenda la sesión? ¿No? No siendo así, procedemos a someter de nuevo a votación la proposición no de ley debatida, advirtiéndose a sus señorías que, de persistir el empate, la proposición será elevada al Pleno de la Cámara para que este decida sobre la misma definitivamente.

¿Votos a favor? Nueve. ¿Votos en contra? Nueve... nueve. Votos emitidos: dieciocho. Votos a favor: nueve. Votos en contra: nueve. Habiéndose mantenido el empate tras las tres votaciones previstas en el Artículo 92 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, esta Presidencia procederá a comunicárselo así a la excelentísima señora presidenta de la Cámara, a los efectos previstos en el apartado 3 de este precepto reglamentario.

Pasamos al segundo punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del segundo punto del orden del día.

PNL/001396

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley 1396, presentada por las Procuradoras doña Natalia del Barrio Jiménez, doña Adela Pascual Álvarez y doña Lorena González Guerrero, instando a la Junta de Castilla y León a dotar de certificado digital y firma electrónica corporativos a los empleados públicos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 256, de diez de abril de dos mil diecisiete.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de las señoras procuradoras proponentes, doña Adela Pascual Álvarez, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Gracias, presidenta. Y buenas tardes. Bueno, hace más de un año que se publicó esta proposición no de ley en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, y desde entonces nada hemos avanzado para dotar de un certificado digital corporativo a las y los empleados públicos de nuestra Comunidad, y así hacer desaparecer la práctica de la Junta de Castilla y León de exigir a los empleados públicos el uso de su certificado digital personal para el desempeño de su puesto de trabajo.

Como todos ustedes saben, en el Boletín Oficial del Estado del dos de octubre de dos mil quince se publicaron las Leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Uno de los objetivos básicos de estas normas es modernizar el sistema administrativo, basándose en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. A partir de ahora solo existirá un procedimiento administrativo, y este solo será electrónico.

Está de más de... no está de más -o sí, no sé- decir que en... el ámbito subjetivo de aplicación es el sector público, en el que está incluida la Comunidad de... las Comunidades Autónomas, la Comunidad de Castilla y León, por supuesto. El Artículo 14.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas habla de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, y en su apartado e) hace mención expresa a las y los empleados de las Administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Pues bien, el presidente Herrera habla del derecho de los ciudadanos a disponer de una Administración eficaz y rápida y asume que es una realidad facilitar una adecuada respuesta a tales demandas, y que las nuevas tecnologías de comunicación nos proporcionan valiosas herramientas para prestar el servicio... el servicio público que corresponde a las Administraciones de una manera cercana, flexible e inmediata, permitiendo que los ciudadanos empleen cada vez menos tiempo y esfuerzos. Pues bien, estamos completamente de acuerdo, pero no nos olvidemos de las personas que trabajan en las... en la Administración y que, al fin y a la postre, son las encargadas de que todas esas buenas palabras se cumplan.

Por su parte, el Artículo 43 de la Ley 40/2015, de uno de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala que cada Administración pública determinará los sistemas de firma electrónica que deba utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública, los sistemas de firma electrónica podrán referirse solo el número de identificación profesional del empleado público. En estos momentos un gran número de personas que prestan servicios en la Junta de Castilla y León están utilizando su certificado digital personal -repito, personal- para poder desarrollar sus tareas en su puesto de trabajo.

Por tanto, lo que pedimos con esta proposición no de ley es que la Junta de Castilla y León dote a sus empleadas y empleados de un certificado digital corporativo que ofrezca más garantías de seguridad, tanto a las y los trabajadores como a los propios servicios de la Administración. No podemos admitir que se esté obligando al personal que trabaja en nuestra Administración a utilizar su certificado personal. Y es el Gobierno de la Junta de Castilla y... de León quien debe facilitar esas herramientas, necesarias para desarrollar de forma adecuada el puesto de trabajo.

En la página de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León podemos leer: "La Plataforma de administración electrónica de la Administración de Castilla y León permite a los ciudadanos y empresas teletramitar solicitudes de procedimientos a través de Internet, con todas las garantías jurídicas". Pues bien, los y las empleadas públicas también necesitan garantías jurídicas, y, para ello, deben disponer de un certificado electrónico gestionado por la Junta de Castilla y León y no verse obligados a utilizar el suyo propio.

Los certificados de empleado público son exclusivos para personal al servicio de la Administración pública en el ejercicio de sus funciones para el suscriptor del certificado, mientras que los certificados de usar... usuario para persona física son para todo aquel que quiera utilizar los servicios ofertados por los diferentes organismos y entidades que admiten este certificado.

Todos ustedes han reconocido que el certificado de empleo público, o de empleado público, es un sistema más acorde con las exigencias del esquema nacional de seguridad y que genera menores reticencias para su uso por parte de los empleados públicos. En febrero de este mismo año, la respuesta que se le dio al Partido Socialista sobre este tema, a una pregunta escrita, fue que estaban realizando los trámites oportunos para la contratación de un servicio centralizado de certificado digital que permitiera gestionar en la nube la utilización de este tipo de certificados de un modo seguro, eficaz y plenamente compatible con la plataforma autonómica de Administración electrónica.

También, desde la Dirección General de Telecomunicaciones nos han informado que está en trámite de licitación 5.000 certificados para todo el personal de la Junta de Castilla y León. Y miren, si juntamos que la propia Administración dice que es un proceso lento y que con este número de certificados se cubre una parte mínima de las necesidades, vemos que el camino hacia la excelencia en las prestaciones del servicio público autonómico se quedan en una mera declaración de intenciones.

La mejora del servicio público no puede pasar por implantar ciegamente servicios electrónicos. La parte humana es tan o más importante que la tecnológica. Y créanme que lo que les mueve a los y las empleadas públicas a seguir utilizando sus... su certificado personal es contribuir a una Administración que sea cada vez más eficiente, más transparente y más ágil.

Bueno, por lo expuesto, nuestra propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan al Gobierno de la Junta de Castilla y León a dotar de un certificado digital y firma electrónica corporativos para hacer desaparecer la práctica de la Administración de exigir a los empleados públicos la aportación de su certificado personal para el desempeño de su trabajo". Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don José Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias, presidenta. Por mi parte, desde luego, nuestro voto favorable. Como bien dice la proposición no de ley, en octubre de dos mil quince se aprobó la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que daba paso a la implantación de la Administración electrónica. En su momento hubo varias campañas de diferentes sindicatos frente a la Administración para conseguir que esta se dotara de un certificado digital y firma electrónica corporativos, para hacer desaparecer la práctica de la Administración de exigir a los empleados públicos la aportación de su certificado digital personal para el desempeño de su trabajo. También algunos sindicatos han alertado a todos los empleados públicos sobre las consecuencias de la implantación de la Administración electrónica y los mecanismos requeridos para la adaptación de medios materiales y humanos. A nosotros nos parece que esta iniciativa tiene lógica y tiene sensatez, y, por lo tanto, nuestro voto será positivo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señora presidenta. Ciudadanos va a apoyar esta proposición no de ley. Efectivamente, ya desde octubre de dos mil quince se aprueba la nueva Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que daba paso a esta Administración electrónica, y que ha entrado en vigor un año después. Sin embargo, seguimos todavía esperando que realmente se cumpla y sea efectiva.

Y es que hay que retrotraerse todavía más lejos. Hay que recordar que, por ejemplo, había un plan ya de implantación de la Administración electrónica en Castilla y León, el Plan 2009-2011; o que ya se firmó anteriormente un Real Decreto 7/2013, de catorce de febrero, de Utilización de los Medios Electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, del BOCYL de quince del dos de dos mil trece. En fin, estamos haciendo muchísimos decretos, muchísimas leyes, pero que realmente, como decimos siempre y denunciamos desde Ciudadanos, luego no se cumplen, a veces por falta de medios y a veces por voluntad política, casi siempre.

Efectivamente, como ha dicho la ponente, decir que se están ya preparando 5.000 certificados corporativos, pero la verdad que casi casi es anecdótico, porque desde luego este plan tenía que estar ya implantado desde hace mucho tiempo, y, si no, sinceramente, que no se preparen estas modificaciones de ley, porque a veces hacemos todo lo contrario de lo que muchas veces planteamos, y lo que genera es la desconfianza del ciudadano de a pie, que, lógicamente, no se cree ya nada. Y que se apliquen y se dejen de... de aprobar tantos decretos como modificaciones de leyes.

Y es que, efectivamente, el certificado digital personal es personal, y, desde luego, lo que la Administración... para dar mayores garantías debe tener ese certificado digital corporativo de empleado público, donde se asocia el funcionario y el cargo, y además da mayor seguridad jurídica y es mucho más conveniente.

Pero no me permiten... me van a permitir también hablar un poco de... de lo de siempre, que esto casi casi da la risa, sobre todo cuando se quiere aplicar estos certificados digitales y firmas electrónicas, sobre todo en los empleados de ayuntamiento y en el mundo rural, donde no tenemos todavía conectividad en muchos de los puntos de Castilla y León -que, vuelvo a decir y reiterar, reiterar por parte de Ciudadanos, que no será por no decirlo-, y que sería la primera, ¿eh?, acción de la Consejería de Fomento, que de una vez por todas se tenía que poner a ello para que no estemos desconectados parte todavía importante de este mundo rural, y que, lógicamente, haya secretarias y secretarios de ayuntamiento que se tiene que llevar su trabajo a otro municipio mucho mayor para poder trabajar dignamente. Esto es totalmente incalificable.

Por otra parte, pues está claro la propuesta de resolución, que vamos a apoyar con toda la contundencia, dotar de un certificado digital y firma electrónica corporativos para hacer desaparecer la práctica de la Administración de exigir a los empleados públicos la aportación de su certificado digital personal para el desempeño de su trabajo. Es una cuestión lógica, evidente y palmaria. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la procuradora doña Gloria Acevedo Rodríguez.

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, presidenta. Señorías, debo de decir con carácter previo que esta procuradora, en esta Comisión de Presidencia, hoy no sale de su asombro; no sale de su asombro respecto de las iniciativas que estamos debatiendo, porque, si la primera de ellas era venir a instar a las Cortes de Castilla y León a que se cumplan las resoluciones judiciales, creo que hoy Montesquieu se está revolviendo en su tumba.

Me... siento, señorías, tener que decir esto, pero, vamos, la segunda corre el mismo derrotero que la primera. A día de hoy, nos sorprende que estén los ciudadanos y los empleados públicos de la Administración de Castilla y León en la tesitura en la que nos ha redactado la procuradora de Podemos respecto a esta iniciativa del diez de abril de dos mil diecisiete; con lo cual, vaya por delante que le manifestamos desde este momento nuestro apoyo total a esta iniciativa, porque, tal y como ella ha enumerado en los presupuestos jurídicos que nos ha enunciado detalladamente, bien es cierto que en el Artículo 14 de la Ley 39 del año dos mil quince -y solo me voy a referir en el contenido de este artículo a lo expresamente propuesto en ese artículo para los empleados públicos-, en el que se determina clarísimamente que estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo los siguientes sujetos; entre ellos, expresamente, "los empleados de las Administraciones públicas para los trámites y actuaciones que se realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración".

Y, tal y como he manifestado precedentemente en mis palabras, si damos por buenos los presupuestos fácticos que nos ha referido la ponente del Grupo Parlamentario Podemos, que se está denunciando que los empleados de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Castilla y León tienen que emplear en sus relaciones en su puesto de trabajo de un certificado digital personal, pues entendemos que estamos en una situación un tanto anómala en las relaciones entre las Administraciones y en relaciones a los funcionarios y en relación a los... a los ciudadanos, teniendo en cuenta todos los mecanismos que a disposición de la Administración se establecen desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Porque es que la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la que expide este documento digital personal, también tiene la previsión para establecer los... los certificados digitales corporativos, como es el caso que nos atañe aquí al compañero y a mí, como es el... los de los colegios profesionales, y el resto de colegios profesionales, que es una simple autorización para los empleados públicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, que se haga un servidor de certificados digitales corporativos a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Con lo cual, es que no entendemos esta situación de desidia y pasividad por parte de la Junta de Castilla y León, porque las circunstancias y objeciones en las que tiene que trabajar un empleado público cuando utiliza su propio certificado digital personal es que van en contra de la... de su propia seguridad, de la propia seguridad jurídica del propio trabajador, así como del trabajo que se está realizando. Y es que, además, tener un propio... un propio certificado digital corporativo pues tiene una serie de funciones que le protege contra un montón de vicisitudes que tiene el desarrollo de su propio... de su propio trabajo. Con lo cual, entendemos que desde la Administración general de la Comunidad Autónoma se esté trabajando con un digital personal en contra de un certificado digital corporativo, tal y como está... como ha expuesto la proponente, pues va en contra de esa promoción del uso de las tecnologías a través de la Administración.

En consecuencia, nosotros entendemos que... desde el Partido Socialista, que esta iniciativa tiene y tiene que ser apoyada por parte del Grupo Parlamentario Popular, dado que la seguridad jurídica en la que se encuentran los empleados públicos de Castilla y León es por la propia desidia de la Junta de Castilla y León, cuando tiene a disposición mecanismos para protegerlos en su trabajo y en la seguridad de su trabajo. Con lo cual, le reitero nuestro apoyo a esta iniciativa.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don Ángel Ibáñez Hernando.

EL SEÑOR IBÁÑEZ HERNANDO:

Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecerle a la representante del Partido Socialista que diga qué es lo que tiene que hacer el Grupo Popular, pero, como comprenderá, ya tiene criterio propio y capacidad propia para tomar sus propias decisiones. Está bien que tomen las suyas ustedes, nosotros tomaremos las nuestras.

Sobre la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Podemos, me voy a ceñir a lo que indica la Ley 40/2015, que aquí se ha aludido, y es que la actuación de una Administración pública, órgano u organismo público o entidad de derecho público, cuando use medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. Por tanto, en primer lugar, esto no afecta a la totalidad de los empleados públicos, esta necesidad, sino que son aquellos que acaban actos administrativos por ser titulares de los órganos que culminan esos procedimientos administrativos. También dice la propia ley que será cada Administración quienes determinen los sistemas de firma electrónica que tendrá que utilizar su personal.

En Castilla y León existe un decreto, que data del año dos mil trece, donde habla de las posibles formas de los sistemas de firma electrónica, y que se concluyen en cuatro: la primera es la firma basada en el documento nacional de identidad electrónico; la segunda es la basada en certificados electrónicos reconocidos que sean aceptados por la Administración de Castilla y León; la tercera es la basada en el certificado de empleado público, y que este sistema –indica el real decreto- solo podrá ser utilizado en el desempeño de las funciones propias del puesto que ocupen; y, por último, un sistema de código seguro de verificación.

Por tanto, el ordenamiento jurídico habla de esa discrecionalidad administrativa para determinar el uso de unos u otros sistemas de identificación; cuestión que además ya estaba contemplada en una ley que se derogó, que es la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

El certificado electrónico de empleado público, como se ha puesto de manifiesto, es un certificado digital cualificado de firma electrónica, que, además de los datos de la propia persona física, le identifica con el órgano u organismo público en la que presta servicios. Y, evidentemente, es un certificado que cumple perfectamente con las previsiones que marca esa Ley 40/2015; pero es preceptivo.

No obstante, la Junta de Castilla y León, a pesar de que aquí se ha dicho que mantiene una inactividad a este respecto, tengo que poner de manifiesto, este grupo pone de manifiesto, que no, que no ha existido inactividad en esta materia y que la Junta considera que es muy apropiado la progresiva implantación del certificado de empleado público. Por eso, con el objetivo de poder proveer ese servicio centralizado de suministro y almacenamiento de certificados electrónicos, puso en marcha hace ya siete meses, en noviembre de dos mil diecisiete, un expediente de contratación –hace siete meses-. Y quiero decirlo aquí porque se dice: no se ha hecho nada. No, sí se están haciendo cosas. El expediente se puso en marcha, y el nombre del expediente era para la "Implantación de un sistema centralizado de custodia de certificados, autenticación y firma electrónica de empleados públicos para la Administración de Castilla y León"; por tanto, cumple con el objeto de la proposición no de ley que estamos abordando en el día de hoy.

Este contrato se aprobó –su inicio del expediente- el trece de febrero de dos mil dieciocho, con los Presupuestos operativos, y tiene dos lotes: el primero es la configuración de la propia plataforma de certificación, que va a permitir poder gestionar todos los certificados que se adquieran; y el segundo es el relacionado con el suministro de 5.000 certificados digitales -aquí se ha dicho-, así como los correspondientes soportes criptográficos que tienen que ir vinculados a esos certificados.

El pasado quince de junio se ha hecho ya la adjudicación provisional del contrato; por tanto, estamos exclusivamente a la espera de la firma. Está elaborado el plan de instalación para la puesta en marcha del servicio a la mayor brevedad posible, y también para hacer el reparto de los certificados entre las diversas Consejerías, organismos o entidades, que principalmente se va a basar en el número de usuarios que en cada Consejería utilizan aplicaciones que interactúan directamente con ciudadanos o con empresas, porque este debe ser –yo creo que parece razonable- el criterio para distribuir esos primeros 5.000 certificados.

Mientras se va poniendo en marcha todo este procedimiento, que lidera la Dirección General de Telecomunicaciones, las diversas Consejerías, organismos u otras entidades de la Administración electrónica van a poder seguir adquiriendo otros nuevos certificados electrónicos de empleado público, siempre de acuerdo con los criterios que marque la Dirección General de Telecomunicaciones, para que se pueda asegurar la compatibilidad con el sistema que se haya incorporado, y también para garantizar la adecuación de los certificados que se adquieran a los principales navegadores y a la plataforma de firma electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Por tanto, el Grupo Popular, a la vista de la que la Junta de Castilla y León sí que está comprometida con esta cuestión, no tiene ningún inconveniente en apoyar esta proposición no de ley, porque se están haciendo cosas, porque el expediente está en marcha y porque se quiere seguir avanzando en la implantación del certificado electrónico del empleado público en Castilla y León. Por tanto, votaremos a favor de la proposición no de ley. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora doña Adela Pascual Álvarez.

LA SEÑORA PASCUAL ÁLVAREZ:

Bueno, gracias. Pues, muy brevemente. Agradecer los apoyos, como no puede ser de otra manera, entendemos, ya que, efectivamente, resultaba o resulta un tanto sorprendente y... el mantener una situación anómala, donde, efectivamente, frente a las posibles... diferentes formas de certificación o de firma electrónica, pues resulta que nos hubiésemos quedado atascados con el certificado o la firma... el certificado personal.

Dicho esto, decir que, hombre, sí que hemos... hemos comentado esta licitación de estos 5.000 certificados, pero hay que seguir avanzando mucho más y mucho más rápido, porque esto es una parte mínima de lo que se necesita. Y fíjese, cuando... le diría al portavoz del Partido Popular, cuando alguna de estas personas, alguno de los empleados públicos, ha solicitado o han reclamado a sus superiores un certificado digital corporativo, han tenido una respuesta en el siguiente sentido: estamos en ello, es un proceso lento, es un problema económico. Y, claro, yo, decir que es un problema de voluntad política, porque ya es bastante tiempo el que ha pasado.

No obstante, sigamos avanzando, y a ver si en breve se materializa que todos los empleados públicos, no una mínima parte, puedan contar y trabajar con un certificado corporativo, un certificado digital corporativo, que solo va a redundar en una mayor seguridad jurídica para todos, tanto administrados como Administración. Muchas gracias.

Votación PNL/001396

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Pues, concluido el debate, podemos dar aprobada por asentimiento la... la proposición debatida, puesto que todos han manifestado el voto positivo, ¿no? Bien. Pues entonces queda aprobada la proposición no de ley debatida.

Tercer punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del tercer punto del orden del día.

PNL/001440

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Proposición No de Ley 1440, presentada por la Procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez, para instar a la Junta a crear una línea de teléfono 012 y un correo electrónico para resolver dudas sobre el Brexit, dando publicidad de los mismos, así como una sección dentro de la página web de la Junta, actualizada permanentemente, con el mismo fin, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 262, de veinte de abril de dos mil diecisiete.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. Bueno, esta no es la primera vez que traemos a la Comisión, o a una Comisión, el tema de la información sobre el brexit para los castellano y leoneses que residen en el exterior. Ya lo hicimos, intentando aplicar una partida presupuestaria en los Presupuestos del dos mil dieciocho, en el Proyecto de Presupuestos, y se nos informó sobre la página web de eucastillayleon, de la que ahora posteriormente hablaré, y por la cual nosotros seguimos en lo que proponemos en la iniciativa, que es que esto pase y que se atienda mejor a los ciudadanos de Castilla y León.

Como escribimos en los antecedentes de la iniciativa, la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha creado gran incertidumbre, todavía no se sabe cuáles van a ser las consecuencias a gran escala, y tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias para todas las personas de nuestra Comunidad Autónoma que residen en este país. Según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística en cuanto al censo de residentes en el exterior, comprobamos que existen 5.672 personas de Castilla y León (el 44 % son de León y Valladolid) que residen en el Reino Unido, y de las que se van a ver afectadas todas las consecuencias del brexit.

Habría que añadir a estas personas que aparecen en el Instituto Nacional de Estadística aquellas personas que no están inscritas en los... en los Consulados, y, por lo tanto, estaríamos hablando, y probablemente sin equivocarnos, de que existirían cerca de 10.000 personas de Castilla y León que están residiendo en el Reino Unido, y, por lo tanto, estamos hablando de que son 10.000 ciudadanos de Castilla y León los que recibirían esa información y los que se verían beneficiados.

Hacemos esta iniciativa porque creemos que la Administración pública autonómica, la de Castilla y León, debe de informar de la mejor manera posible, y no remitir a las diferentes páginas web, tanto del Consejo como del Parlamento o de la Comisión Europea, que ahora detallaré de lo que hablan en realidad, que no dan ningún tipo de información al respecto, ¿no?

Por lo tanto, creemos que 10.000 personas que están residiendo en el Reino Unido necesitan informarse de la mejor manera posible de todas las gestiones que se tuvieran que hacer o de todas las consecuencias que deriva el brexit con relación a la situación que se está dando.

Han salido bastantes artículos en referencia a artículos informativos y guías, que han salido desde... desde medios de comunicación o desde diversas páginas web. Por ejemplo: "Brexit, cómo afecta a los españoles". "¿Sabes qué derechos tenemos en el Reino Unido tras el brexit?", "¿Cómo afectará el brexit a los que viven en el Reino Unido?". Estos son artículos no oficiales que han salido informando sobre la situación en la que quedarían los ciudadanos españoles, y de Castilla y León, en el Reino Unido, pero entendemos que se trata de una información que debería de ser fácil de encontrar, que debería de ser proporcionada por la Administración pública, en este caso por parte de la Junta de Castilla y León, ya que se supone que tiene vocación de servicio público no solo para con los ciudadanos que residen en Castilla y León, sino para aquellos que también están en el exterior, y, en concreto, en el Reino Unido.

Hacían referencia, en aquella Comisión, a la página de la Unión Europea que se llama eucastillayleon. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que esa página no es para nada visible en la página de Gobierno Abierto, está totalmente oculta; en segundo lugar, creemos que es una información que debería de... de estar, y que debería de estar mejor organizada, por ejemplo, en la página web de castellanos y leoneses en el exterior, que para eso son personas que están viviendo fuera de Castilla y León.

Y, aparte de todo esto, en la página a la que se nos hizo referencia es verdad que existe una pestaña... –una página que desconoce bastante gente, por cierto- se hace referencia al brexit, y se lleva a cinco enlaces diferentes. El primero es el proceso de negociación, explicando lo que es el brexit en general, de manera generalizada, sin explicar cuáles son las consecuencias para los ciudadanos de Castilla y León en este caso. Tanto el Consejo Europeo, la Comisión Europea, como el Parlamento Europeo hacen referencia a información tanto macroeconómica como de otras circunstancias que realmente no hace ni informa de cuáles son los procedimientos. Es cierto que existe un link que redirecciona a una ventanilla genérica, que es la del Ministerio, que es la del... la Embajada de España en Londres, pero que es específica. Y si esto lo puede hacer la Embajada de España en Londres, creemos que los ciudadanos de Castilla y León pueden tener esta dirección y esta página web en la... en el portal de Gobierno Abierto o en su propia página web, proporcionando su propia información e informando de las características en concreto y de las ayudas que existen en Castilla y León.

Porque tenemos que decir, mire -otra cosa no se lo decimos, pero esta, en concreto-, es cierto que Castilla y León fue una de las primeras Comunidades Autónomas que proporcionó ayudas de retorno a las personas que residían en el extranjero. Es decir, Castilla y León ya cuenta con una serie de políticas que no cuenta ni el Gobierno de España ni otras Comunidades Autónomas, y por lo tanto tiene que ser información concreta y precisa de la Comunidad de Castilla y León, no solo de las consecuencias del brexit sino también de otra serie de políticas públicas que se están ejerciendo desde la Comunidad Autónoma y que podrían beneficiar e incluso hacer que la gente volviera a Castilla y León.

Y es que, claro, en la página... luego, en la página de castellanos y leoneses en el exterior, que es nosotros donde entendemos que debería de estar esta información, que es la que realmente conocen las personas de Castilla y León que residen fuera y que es la que realmente está –digamos- más publicitada, no aparece absolutamente ninguna referencia, ni siquiera existe un link a esta página que se nos dije... que se nos dijo en su momento. Aparece, pues, el Facebook: "Conoce Castilla y León, museo, enlaces de interés, castellanoleoneses en el exterior, comunidades castellanoleonesas, la oficina de retorno, la movilidad internacional, políticas de emigración, ayudas y subvenciones, asistencia social y sanitaria, educación, juventud, participación, nacionalidad, trámites y servicios"; y esto no aparece absolutamente nada y creemos que es una información vital para 10.000 personas que le he dicho al principio que residían fuera en Castilla y León.

Por lo tanto, es cierto que nosotros lo pusimos en los Presupuestos, una partida económica en concreto, para que existiera una única persona o que existiera –digamos- esta información en concreto, y que pueda... y que pudiera ser atendida de manera personalizada a través del 012; pero también entendemos que es una cuestión que no necesita de ningún aumento presupuestario, es verdad, pero entendemos que esto se tiene que hacer público. O sea, tenemos que ayudar a las personas que viven en el exterior.

Por lo tanto, creemos que la información que se proporciona en la página a la que se hizo referencia no es suficiente. Creemos que no está publicitada, entendemos que con la... los presupuestos de 9.000.000 de euros en publicidad institucional se puede promocionar el hecho de que existe un buzón, o una consulta, o una dirección de correo electrónico, para todas aquellas personas castellanoleonesas que viven en el exterior. Y, por tanto, seguimos manteniendo, porque entendemos que esto es una situación complicada; que probablemente habrá muchas personas que ya sepan de los trámites que hay que hacer, pero hay otras que probablemente no, principalmente aquellas que no están inscritas en los Consulados y que sean la mitad de las personas que residen en el Reino Unido. Es una proposición de sentido común y de apoyo a nuestros ciudadanos que viven y residen en el exterior, y, por lo tanto, esperemos que todos los grupos parlamentarios la apoyen. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don José Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Pues ningún problema en apoyar esta iniciativa. Ciertamente el brexit puede generar dudas a la ciudadanía, que parece razonable despejar desde la Administración pública con la mayor cantidad de datos bien comprobados a disposición, por dos elementos que han sido citados en la defensa de esta proposición no de ley.

En primer lugar, porque, efectivamente, hay muchos ciudadanos de Castilla y León que se encuentran viviendo en este país, el 3 % del total de la Comunidad en el extranjero, por los últimos datos que tenemos, unos 5.203 personas de Castilla y León viven en Reino Unido, lo que sitúa que el Reino Unido sea el cuarto país del continente europeo donde residen más personas de nuestra Comunidad.

Pero es que además, por otro lado, es cierto que este país es el principal inversor en la Comunidad desde el año dos mil ocho, con una cuantía acumulada de 110 millones de euros hasta mediados de dos mil dieciséis, con lo cual es evidente que no solamente pueden generarse dudas en aquellos habitantes de Castilla y León que habiten actualmente en el Reino Unido, sino que también se pueden generar dudas en... para aquellas personas que trabajen o que tengan alguna relación comercial con empresas que tengan relación con Reino Unido. Algo que es importante, porque no olvidemos que desde dos mil diez a dos mil dieciséis ha habido un incremento del 74 % de las exportaciones de Castilla y León a Reino Unido. A finales de dos mil quince se establecía que 430 empresas de Castilla y León habían exportado a Reino Unido; un aumento del 36,5 % en 7 años, especialmente en el sector de la automoción, pero también en otros sectores, como los preparados capilares o la industria agroalimentaria.

Por lo tanto, parece razonable que se cree este tipo de información que se viene demandando para que cualquier duda de la ciudadanía pueda ser resuelta. Y no tenemos ningún inconveniente en apoyar la iniciativa.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias. Ciudadanos va a apoyar esta proposición no de ley. Y, efectivamente, la incertidumbre que ha creado el brexit es evidente, y más a nuestros ciudadanos de Castilla y León que viven actualmente en el Reino Unido. Los datos, sí, creemos más realistas, que... que están en torno a los 5.200 castellano y leoneses los que allí viven, y que también recordar que hay unos 800 ciudadanos del Reino Unido que viven también en España, que también este tipo de... de mensajes también, lógicamente, recíproco, vendría muy bien.

Estamos totalmente de acuerdo en crear esa línea del teléfono 012, para que, realmente, las dudas que surjan -porque esto es un tema todavía en negociaciones, que no está terminado ni mucho menos- pues sirva para, en fin, informar a nuestros convecinos y lo más rápidamente posible. Y, desde luego, esa página web, como ha dicho la ponente, de Castilla y León, que deja mucho que desear, es decir, puede ser mucho más ágil, mucho más abierta y mucho más rápida y expeditiva. Yo creo que eso siempre es mejorable, y en ese sentido debemos de estar todos.

Hay que recordar que, efectivamente, el Reino Unido es... exportamos... era el segundo país que más exportamos desde Castilla y León; recordar que, por ejemplo, a Francia se exportan unos 3.800 millones de euros y al Reino Unido en torno a los 1.150 millones de euros solamente el año pasado. Es decir, la... es un sector muy muy importante, donde tenemos grandes relaciones, y, como ya ha dicho mi anterior proponente, pues efectivamente, en sectores de automoción, mecánica, coches, ruedas, motores diésel, sobre todo es la mayor partida de las exportaciones desde España. Y que, lógicamente también, el Reino Unido con... con Castilla y León tiene una transferencia a la vez de inversiones, más de 115 millones de euros, pues sobre todo en sectores como el farmacéutico, muy importante.

En ese sentido, también añadir que el sector del turismo es el segundo mercado que más vienen turistas de fuera -más de 200.000 nos visitaron del Reino Unido a Castilla y León-, y toda esta... tipo de relaciones lamentablemente, una vez llegado al brexit, lógicamente, todo lo que sea información, tener mucha mayor interrelación, siempre hay que fomentarlo y favorecerlo. Ciudadanos va a apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

[Intervención sin micrófono].

LA SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, presidenta. Señorías, debatimos esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos, en la que pide nuestro apoyo a esta iniciativa de fecha de veinte de abril de dos mil diecisiete, relativa a que se creen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León puntos de información sobre el proceso del brexit. En concreto, se ciñe esta proposición no de ley a tres medios de información, que son la línea telefónica 012, un correo electrónico y una sección en la página web de la Junta que esté permanentemente actualizada. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista, como no podía ser de otra manera, le adelantamos que se la vamos a apoyar, porque nuestra obligación es hacer una oposición constructiva en beneficio del bien común y de los... y de las necesidades de todos los ciudadanos. Y declararle al equipo de gobierno que si nosotros estamos aquí es porque hay otra perspectiva también de... de ver las cosas que tenemos la obligación de comunicársela a quién gobierna.

El brexit supone una situación inédita e inesperada desde... ya que desde mil novecientos cincuenta y siete los primeros 7 países que firmaron el Tratado de Roma solo han abordado negociaciones de cara a su ampliación, y no nos hemos visto en una situación tan compleja como la actual, en la que el Reino Unido ha decidido acatarse al Artículo 50 del Tratado y solicitar la retirada de la Unión Europea.

Es verdad que dentro de escasamente días se cumplen dos años del famoso referéndum, y, tal como ha explicado la proponente, todavía hay muchísima expectación e incertidumbre sobre cómo se llevan a efecto las negociaciones por parte de los Estados miembros y el Reino Unido, y cuál está siendo el resultado de esas negociaciones de cara a la nueva configuración de relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y es una realidad, parece ser, por el momento, que se va a tratar de un brexit duro, y, cuando... cuando se dice de un brexit duro, dicen las voces más autorizadas que se dejaría a Reino Unido -por voluntad propia, claro- fuera del mercado único, y, consecuentemente, ello conllevaría estar fuera de la libre circulación, y que tampoco ellos están muy interesados en mantenerse en el Espacio Económico Europeo. Y la realidad –como también ha expuesto la proponente- es que son muchos los castellanos y leoneses que viven y trabajan en el Reino Unido, pero no solo personas, sino también empresas de nuestra Comunidad que operan a diario exportando sus productos.

Respecto de los trabajadores, pues existe una enorme incertidumbre porque todavía no sabemos el calado de la repercusión que va a tener, y parece ser que hay un informe, textualmente opaco en estos momentos, que parece ser que solo han tenido acceso los parlamentarios ingleses, y que dicen que la salida de la Unión Europea pues podría brindar al Reino Unido pues la oportunidad de regular de forma diferente las normas sociales, medioambientales y energéticas de los consumidores y de los productos, así como que ellos entienden que estar fuera de la Unión Europea pues le podría dar una ventaja competitiva a la hora de reducir la protección del empleo.

Y, además, existe también una gran incertidumbre sobre cuál va a ser la legislación que se les va a aplicar en materia de Seguridad Social una vez que el Reglamento de Coordinación Europeo pues deje de funcionar.

Respecto de las empresas de Castilla y León, pues el Reino Unido es el segundo destino de las exportaciones de la Comunidad; estas exportaciones suponen un volumen de negocio y de ingreso en las arcas de la Comunidad Autónoma que ronda los 1.127 millones de euros. Las organizaciones y asociaciones empresariales pues han denunciado públicamente también esta incertidumbre que les genera el brexit en torno a sus efectos colaterales y los potenciales cambios que se puedan derivar respecto a la revocación de los potenciales nuevos acuerdos empresariales que se va... que se vayan a dar. No es cuestión, señorías, de que abramos aquí un debate, en las Cortes de Castilla y León, pero sí es cierto que existe la necesidad real de que nuestros ciudadanos y nuestras empresas estén bien asesorados y bien informados.

Entendemos o... creemos que la Junta de Castilla y León ha actuado igual de si... de una forma pasiva, ya que se... -ya sé que esta palabra no les gusta mucho- teniendo en cuenta que a nivel estatal se había creado una Comisión interministerial, el veintinueve del tres del dos mil diecisiete, que estaba presidida por la exvicepresidenta del Gobierno, y cuyo fin era coordinar el seguimiento de las consecuencias del brexit para los ciudadanos y las empresas. No sabemos muy bien, a día de hoy, si se seguirá su mantenimiento por parte del nuevo Gobierno, pero sí de lo que estoy segura es que o se mantiene o se crea un nuevo instrumento más eficaz, puesto que el anterior, desde su creación, pues se acaban de reunir el veinticuatro de mayo del dos mil dieciocho, con lo cual, estas... exposición de hechos que le acabo de relatar dejan más que patente la necesidad de esta iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario Podemos. Y lo que deja claro es que es necesaria una colaboración y comunicación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de la Nación con el fin de reducir al máximo la incertidumbre que genera este conflicto, y que es necesario dotar de una mayor protección a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas.

Con lo cual, en consecuencia, desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pues debe de prestarse auxilio a nuestros ciudadanos y ciudadanas y a nuestras empresas. Por lo que el Grupo Parlamentario Socialista le reitera el apoyo a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la procuradora doña Concepción Miguélez Simón.

LA SEÑORA MIGUÉLEZ SIMÓN:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señora Del Barrio, leo textualmente su PNL, bueno, voy a leer parte de la PNL. Usted solicita instar a la Junta de Castilla y León a crear una línea del teléfono 012. Dentro de otro punto, a crear una sección dentro de la página, de la web de la Junta de Castilla y León, dedicado única y exclusivamente a las consecuencias del brexit. En toda su exposición usted nos ha manifestado que, efectivamente, la Junta ha creado ya esa... ese apartado en la página web corporativa de... de la Comunidad Autónoma; es más, usted ha expuesto que "informar de la mejor manera posible". O sea, entonces, permítame que, ante esta exposición suya, nosotros, desde mi grupo popul... desde el Grupo Popular, desde mi grupo, entendemos que le vamos a plantear una enmienda, y es: "Continuar informando a través del Servicio de Atención al Ciudadano 012, a través de sus diferentes canales de los medios de contacto de carácter oficial que puedan resolver cualquier consulta relativa al brexit, mantener en el portal de la... de EUCYL, de la... de la web corporativa de la Junta de Castilla y León la sección de información oficial sobre el brexit".

Señora Del Barrio, le comento que el 012, como usted conoce, es un servicio de atención al ciudadano, multicanal, que tiene como misión facilitar la relación de los ciudadanos y empresas con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ofreciendo información y la realización de trámites de una forma ágil, completa y clara. En algunas ocasiones, usted pedía que fuese un... esta consulta, una... de manera gratuita. En función del operador de la telefonía, esta llamada es gratuita, y, si no, tiene un coste fijo, no un coste de duración de la llamada. Pero creemos que los ciudadanos pueden acceder a esta información, que está... que se demanda en esta PNL, bien a través de ese teléfono, bien por correo electrónico a través de la dirección de información <012@jcyl.es>, o a través de la sede electrónica .

Teniendo en cuenta que... que la información sobre el brexit es la que deriva de las fuentes oficiales, y si algo hemos escuchado durante la... durante esta exposición a todos los grupos, es la incertidumbre y la... la incertidumbre ante las negociaciones, la incertidumbre de las consecuencias que... Usted misma ha dicho, incertidumbre en las consecuencias... consecuencias que aún desconocemos, y otros grupos también han hablado de esa... con esas... de esa misma incertidumbre de las negociaciones. Bueno, teniendo en cuenta que esa información deriva de las fuentes oficiales, en el caso de producirse una llamada sobre esta cuestión, sobre... el Servicio 012 remitirá la... a la información que se recoge en esta web corporativa de la Junta de Castilla y León, que a usted no le gusta demasiado -todo es mejorable, por supuesto, señora Del Barrio-, y más concretamente al portal específico dedicado al brexit. Mire, permíteme... permítame decirle que yo he visto que no es... no es difícil acceder a esta... a este apartado del brexit, no lo es, no lo es; entra dentro de la Acción Exterior Europa... y Europa... Europa y Cooperación Transfronteriza, y ahí está un apartadito con una... con... bueno, si usted lo conoce

Hasta el momento he de decirle que no se tiene constancia de que se hayan producido llamadas sobre este asunto; y usted me puede decir que por desconocimiento. Yo creo que no, porque toda la... cuando alguien necesita alguna consulta de... de referente con la... con nuestra Comunidad, creo que todo el mundo entra a través de la página web de la Junta de Castilla y León.

He de comentarle también que, bueno, que en el momento actual el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea aún está pendiente de cerrar y está en proceso de negociación; por tanto, su alcance y extremos se desconocen, y no parece oportuno extrapolar las posibles consecuencias que el brexit pueda tener sobre los ciudadanos.

En cualquier caso, sí que es importante facilitar a los ciudadanos información sobre el proceso y la situación en que se encuentra. Por supuesto que en esto coincidimos, creo, todos los grupos. Es importante facilitar esta información. La información debe tener una... debe ser y debe tener una... tenerse en cuenta una información oficial, es decir, que proceda de las fuentes oficiales, que son las instituciones europeas y el Gobierno de España.

Desde el día nueve de junio del dos mil diecisiete, la Junta habilitó en la web ese apartado que hemos... que le he comentado, y que usted conoce, por supuesto, tan bien como yo. Esa información oficial es suministrada por las entidades o instituciones competentes, dedicando un apartado de ellas pues al proceso de negociación del brexit, que usted comenta que no... ha comentado que no dice nada, o no dice... no hace referencia. Yo creo que ahí hace referencia a que en el... el objetivo es facilitar a los ciudadanos, desde... la breve guía que... de preguntas y respuestas, que se... sobre el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea con... y facilitarla a los ciudadanos. Hay enlaces a ese... a esa guía.

Y también en los apartados del Consejo de Europa y la Comisión Europea dan información sobre el brexit. En la último... en la Comisión... en el apartado de información de la Comisión Europea, creo que lo último es un documento que hay, de junio del dos mil dieciocho, en el que Irlanda muestra también su... su incertidumbre, referente a las distintas negociaciones y a que... bueno, pues los distintos parlamentarios creo que están trabajando por resolver estas... o dar fin a estas negociaciones y tener... y que nuestros ciudadanos estén más o menos en una situación de tranquilidad.

Toda la información disponible se ofrece en el enlace "ventanilla única", a través del Gobierno... del Gobierno de España, en este... en el portal de la web. Ventanilla única para consultar... relacionadas con el brexit y consultas como el objetivo... como las relaciones con la residencia permanente, la asistencia sanitaria, el sistema educativo. Y ahí se hace referencia a dos direcciones de correo electrónica... electrónico, a través... dentro del portal, ¿no?

Entonces, no sé, señora Del Barrio, si va a aceptar nuestra enmienda o... estamos a la espera de que pueda haberle sido... Sé que conoce esta información, pero, insisto, no es que la Junta no haya hecho nada, sino que lo está haciendo, y, insisto, tiene que ser una información oficial, no oficiosa. Y, en esto, creo que a través de esta ventanilla única del Gobierno de España se pueden resolver algunas cuestiones relacionadas con esta PNL. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. En turno de... para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la procuradora doña Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, presidenta. En primer lugar, quería agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Le voy a decir a la procuradora del Partido Popular que sí aceptamos la enmienda que propone, pero sí nos gustaría que pusiera dos cuestiones que nos parecen primordiales -no sé lo que...-: una de ellas es publicitar la página web, que se publicite; y otro es que se amplíe la información. Porque, como bien decía la procuradora del Partido Socialista, no solo estamos hablando de los ciudadanos, también estamos hablando –y gracias por recordármelo- de las empresas que... de Castilla y León que están en el exterior. Es decir, que son cuestiones que no solo afectan a los ciudadanos, sino también que afectan a las empresas, que, como bien han dicho, es el segundo país de exportaciones. Con lo cual, hay que proporcionar información a las ciudadanías... a la ciudadanía en... en general y también a las empresas. Por lo tanto... o por lo menos ampliar la información, que se amplíe, simplemente eso.

Lo de publicitar se lo digo porque usted me ha dicho que usted accede muy bien a la página web de la Junta a la que hemos hecho referencia, y yo también, y los procuradores que estamos aquí también; pero nosotros no tenemos que acceder a esa página, los que tienen que acceder es la gente de fuera, la gente que reside en el exterior, la gente que está fuera de este... de esta Comisión, y la gente... la ciudadanía normal y corriente, y no nosotros. Claro que nosotros sabemos acceder perfectamente, porque sabemos llegar y sabemos dónde está, pero esa... pero esa información tiene que llegar a la gente de fuera.

Con lo cual, yo no comparto con usted, porque yo he estado hablando de este tema con mucha gente de fuera, con gente que reside en el Reino Unido, y desconocía absolutamente por completo que existiera esta información. Porque ellos sí que conocían, es verdad, la página web, y accedían a la de castellano y leoneses en el exterior, acceden al Gobierno Abierto, pero esta en concreto lo desconocían absolutamente. Porque, como siempre, la Junta de Castilla y León, en sus páginas, pues lo que hace es como navegar cuatro y cinco veces hasta llegar al punto al que queremos llegar, y eso no es transparencia ni es accesibilidad, ya se lo he dicho en múltiples ocasiones.

Y no es transparencia y no es accesibilidad, porque usted, en su propio discurso, me ha dado cuatro direcciones de correo electrónico diferentes a las que se puede escribir. No por tener cuatro direcciones de correo diferentes a las que se pueda escribir se tiene mucha más información. Si con que haya una que esté bien especificada y que esté bien publicitada le puedo asegurar que es suficiente. Pero es que usted misma me ha hablado del tramita, de las dos páginas del Ministerio de Exteriores, de la página del... de la página... de la dirección del 012 y de la... y de la otra dirección que aparece de la Embajada Española. Si con tener una a la que acceda todo el mundo y que pueda enterarse de lo que sucede, con eso basta y sobra, no hace falta tener cuatro direcciones de correo electrónico.

Lo que usted ha hecho aquí para decirme que hay mucha información es lo que le digo siempre, que hay infoxicación al respecto. Por eso, vamos a aceptar esto, pero sí, por favor, que sea muchísimo... con más publicidad, para que la gente se entere de que exista esta... esta dirección y que la gente pueda informarse a través de esta... de esta página web y del 012.

En cuanto al 012, yo sé cómo funciona el 012 también, lo que pasa que, bueno, aquí no me voy a extender de lo que opino del 012. Porque, por supuesto, es un servicio privatizado de la Junta de Castilla y León que maneja información confidencial de todos los ciudadanos de Castilla y León, pero bueno, ahí está y es verdad que se puede acceder a él de manera gratuita. Pero la gente tiene que saber qué servicios puede ofrecer el 012. Y entre los servicios que se puede publicitar pues está este tema, este tema del brexit.

Y ya por último, simplemente, que no se hayan producido llamadas no quiere decir que la gente no tenga dudas. Es cierto que la información, hasta que no se negocien... porque probablemente serán acuerdos bilaterales entre los diferentes Estados, es una probabilidad, no sé lo que se está... digamos, es lo que se... la información que se está dando. Pero desde luego que quien primero lo va a saber va a ser la Junta de Castilla y León, porque, desde luego, nosotros, los procuradores, ni los ciudadanos serán los primeros en enterarse los acuerdos a los que se llega con el Reino Unido. Por lo tanto, en cuanto se llegue a un acuerdo con el Reino Unido o en cuanto se sepan cuestiones concretas, pues se publica.

Por ejemplo, hay una cuestión concreta que ya sabemos que ha ocurrido con el brexit, y es que, por ejemplo, la financiación de la PAC va a ser menor porque ya van a aportar menos los Estados y va a haber menos dinero, y eso, por ejemplo, en la información no está, y eso es un hecho ya seguro y confirmado. Y eso pues lo debería de saber la gente; es una primera consecuencia, no relacionada ni con la ciudadanía ni con la gente que vive en el exterior ni con las empresas, pero sí con los agricultores y ganaderos de Castilla y León, y esa información, por ejemplo, no está. Ellos lo saben perfectamente, porque han estado al día informándose, no a través de esta página web, sino a través de sus fuentes, pero, evidentemente, es una consecuencia ya del brexit, que debería de estar publicada. Es decir, que la Política Agraria Común ha reducido su presupuesto por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con lo cual, hay cosas que ya se saben, y las cosas que se sepan, evidentemente, nosotros no vamos a ser los primeros, será el Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Espero que acepte el que por lo menos ponga "ampliar la información". Simplemente eso. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

A ver, ¿necesitan un receso de dos minutos para que nos puedan leer exactamente cómo queda el texto definitivo? Vale.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Si bien el receso lo deberíamos de haber hecho antes -para otra vez, ¿eh?-, pero...

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Ya, es verdad, perdone. Perdone...

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

... no obstante, con carácter excepcional le voy a dejar que lea el texto tal y como queda.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Perdóneme usted, señora presidenta. Entonces la propuesta quedaría: "Continuar informando a través del Servicio de Atención al Ciudadano 012, a través de sus diferentes canales de los medios de contacto de carácter oficial que pueden resolver cualquier consulta relativa al brexit, mantener en el portal EUCYL de la web corporativa de la Junta de Castilla y León la sección de información oficial sobre el brexit, ampliando y publicitando la misma".

Votación PNL/001440

LA PRESIDENTA (SEÑORA SOPEÑA BALLINA):

Gracias. Como se ha modificado el texto, ¿algún grupo quiere intervenir? ¿No? Pues entonces pasamos a someter a votación la proposición no de ley debatida. ¿Votos a favor? Dieciocho. Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos pues al... al cuarto punto del orden del día. Por la señora secretaria se dará lectura del cuarto punto del orden del día.

PNL/001448

LA SECRETARIA (SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ):

Proposición No de Ley 1448, presentada por los Procuradores don Luis Briones Martínez, doña Gloria María Acevedo Rodríguez, don José Ignacio Martín Benito, doña Virginia Barcones Sanz y doña Ana María Muñoz de la Peña González, para instar a la Junta a instar al Gobierno al mantenimiento de las oficinas de Registro Civil en todas las localidades de la Comunidad, a que el servicio se preste con carácter gratuito, universal y público y a que se mantengan todos los puestos de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 262, de veinte de abril de dos mil diecisiete

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora secretaria. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor vicepresidente. Señorías, buenas tardes. Hemos hablado de una sentencia del TSJ, hemos hablado también del brexit, hemos hablado de los certificados digitales, y para acabar, ¿eh?, vamos a acabar del Registro Civil, que es muy ameno, ¿eh? [Risas]. Por lo tanto, vamos a intentar ser breves, ¿eh? Pero sí que decirles a todos que hace casi 150 años fue creado el Registro Civil en España. Se quería dejar constancia de los nacimientos, los... defunciones y matrimonios. Hay más de 8.000 registros civiles ahora mismo: 431 en juzgados de primera instancia y 7.667 en juzgados de paz.

La nueva Ley de Registro Civil, que iba a sustituir a la ya vieja de mil novecientos cincuenta y siete, fue uno de los objetivos de la política de justicia en el año dos mil once –fue aprobada precisamente en julio de ese año-. Se trataba de configurar un Registro Civil moderno, rápido y accesible. En resumidas cuentas, una organización más moderna, desjudicializada –aunque es verdad que se configura como un órgano dependiente del Ministerio de Justicia- y con una mayor simplificación. El nuevo registro se articulaba en tres órganos sin dependencia jerárquica y con funciones muy muy específicas: unas oficinas generales –era la unidad básica del Registro Civil-, las encargadas de lo que se... eran las funciones ordinarias; unas oficinas centrales, la función era inscribir las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado; y unas oficinas consulares, que eran las dependencias en el extranjero y que no varían sustancialmente con respecto al actual modelo.

El nuevo registro, además, se configura como un registro... -cuando hablo de nuevo registro me estoy refiriendo todavía al de dos mil once, ya les diré por qué- se configura como un registro individual, con una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento... de ciudadanía, correspondiente a una secuencia alfanumérica que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.

Con la reforma de dos mil once se derogaba la Ley de Registro Civil de ocho de junio -por tanto- del año mil novecientos cincuenta y siete, que, no obstante, seguiría siendo aplicada en tanto quede extinguido el complejo régimen transitorio previsto en la ley.

Digo que seguiría vigente. Quiero que sepan que sigue vigente, que ha habido una vacatio legis, más bien una vacatio mortis, porque estamos hablando prácticamente de un régimen transitorio, que era de tres años, pero se ha ido –como verán ustedes después- derogando por diversas sentencias.

Se iba a prescindir del Libro de Familia, que perdía sentido dentro del nuevo modelo que se había configurado en la presente ley, y se ha previsto que cada registro individual constara en una hoja o extracto en la que figuraran los datos personales.

Se modificaba la Ley 1/2000, de siete de enero, de Enjuiciamiento... de Enjuiciamiento Civil, a fin de determinar el órgano judicial y el procedimiento para conocer de los recursos frente a las resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado.

La desjudicialización del registro impone también la derogación del Artículo 86 de la Ley Orgánica del ochenta y cinco en relación con la Ley de Planta y Demarcación Judicial respecto a los registros civiles.

Y la complejidad de la ley y el cambio respecto al modelo anterior aconsejaban, por tanto, ese extenso período para su entrada en vigor, lo que se... lo que se determina como vacatio legis, que se había fijado en tres años para permitir esa progresiva puesta en marcha del nuevo modelo, primeramente para evitar disfunciones en el tratamiento de la información registral, y también la implantación de una estructura organizativa.

Pero todo esto en el año dos mil catorce cambió: cuando se iba... iba a entrar en vigor, viene un real decreto-ley, el uno... el 8/2014, y se escondió dentro de unas medidas urgentes para el crecimiento y la competiti... la competitividad –perdón- y la eficiencia. Vamos, un totum revolutum, que se adoptaron casi un real decreto-ley de más de 200 páginas, en las que apareció, casualmente, el Registro Civil.

El propio Consejo de Estado –que lo sepan ustedes- hizo ya un informe negativo del mismo -saben ustedes que era el ministro Gallardón-, y también el Tribunal Constitucional, a instancias del PSOE, declaró inconstitucional la ley, como declaró también la del aborto, la Ley del Poder Judicial, la ley de tasas, la ley mordaza y, como digo, la ley... la reforma y privatización del Registro Civil -que es la que debatimos a todas luces- y otras leyes en el marco de la Justicia que fueron declaradas inconstitucionales. ¿Por qué declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional fundamentalmente la modificación que se hizo a través del real decreto-ley? Pues porque las competencias pasaban atribuidas al Ministerio de Justicia de siempre, creando así, por arte de magia, las oficinas del Registro Civil y Mercantil, porque se quisieron privatizar. Y esa fue la razón fundamental por que se declaró ilegal; había cuatro razones que tampoco voy a... porque, si no, no voy a tener tiempo.

¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Cuál es la razón cuando se presenta esta PNL y la razón en la que nos encontramos en estos momentos, un año después? Bueno, pues las vacatio legis –como se... ustedes sabrán- es un período de tiempo estipulado entre la publicación de una ley... si no se dice nada, está claro que son veinte días, pero... –así lo establece el Código Civil- pero, realmente, esta ley era compleja; hay que reconocer que era muy compleja, y, bueno, pues realmente se establecían esos... ese tiempo, que era de tres años. Como he dicho, el real decreto modifica todo. ¿Y qué se hace por parte de... una vez que dimite, precisamente, el señor Gallardón, por la persona que lo sustituye, el señor Catalá? Bueno, pues dicta un nuevo decreto y se pasa, realmente, la entrada en vigor de la ley al treinta de junio de dos mil diecisiete. Y por ende -que ya saben ustedes que no se ha aplicado-, pasa a treinta de junio del año dos mil dieciocho. Por lo tanto, fue prorrogada hasta... estará prorrogada hasta este año, hasta el treinta de junio. No sé lo que va a pasar, también se lo digo, no sé lo que va a pasar en estos momentos, si va a entrar en vigor o no va a entrar en vigor, porque ha sido un auténtico... una auténtica locura en lo que han sido la presentación de diversas modificaciones.

Por lo tanto, ahora mismo la entrada en vigor de esta ley ha sido –como digo- prorrogada. También hay una causa, que no solamente se... obedece, precisamente, al haber hecho las cosas yo creo tan mal, como dijo el Tribunal Constitucional, sino también a la entrada en vigor de una ley, que es la de Jurisdicción Voluntaria, del año... del año dos mil quince, y también la Ley de Medidas de Reforma Administrativa.

Por lo tanto, la situación en la que estamos ahora mismo es la previsible, y tenemos que volver, quizás, hacia dos mil once, porque todo lo demás prácticamente está anulado, todas las dependencias judiciales que realizaban estas tareas, desde los juzgados de primera instancia hasta los de paz, tienen que proseguir con su labor hasta que el Ministerio de Justicia implante, por lo tanto, el nuevo modelo, teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias, técnicas y organizativas. Eso sí, aquí un cambio importante es que los letrados de la Administración de Justicia, a partir de la entrada en vigor –como digo- de la reforma de la ley, serán los nuevos encargados de Justicia, ¿eh?, no los jueces, pero sí encargados del registro.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la Administración de Justicia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales una oficina general del Registro Civil por cada 500.000 habitantes, y por razón de singularidad, distribución de la población o por las características del territorio se podrán crear otras oficinas generales en cada Comunidad Autónoma, según señala la propuesta de modificación del registro, sin que desaparezcan las oficinas del Registro Civil de todas las localidades.

A nuestro entender, en la reforma del año dos mil once, y con todo lo que se ha modificado, queda a criterio del Ministerio de Justicia en su ámbito, y de las Comunidades Autónomas con competencias en el suyo, el mantenimiento de la mayoría –o la inmensa mayoría- de los vigentes registros, sin que quede garantizado un servicio cercano a la ciudadanía, ni el empleo ni las condiciones de trabajo del personal que trabaja en los actuales registros y juzgados de paz y agrupaciones.

El nuevo planteamiento que propone el Ministerio de Justicia, de un único registro centralizado e informatizado, que será gestionado por la Administración de Justicia y dirigido por letrados de la Administración en vez de por jueces, a nuestro entender, es una medida que va en contra de los pequeños municipios, el mundo rural y quienes viven en él, limitando los servicios en los pequeños ayuntamientos, concentrándolos en los grandes núcleos de población. Por lo tanto, eso hay... eso hay que corregirlo de la ley de dos mil once, que se ha seguido manteniendo y que creemos que, por encima de los avatares políticos, lo que corresponde, sin duda alguna, es hacer... o terminar una buena ley que, desde luego, no perjudique a una Comunidad Autónoma como la nuestra, en la que existen muchos pequeños municipios.

Por tanto, es una propuesta, la que nosotros hacemos, una PNL absolutamente imprescindible y necesaria para Castilla y León. Por eso planteamos, fundamentalmente, instar... que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de la Nación al mantenimiento de las oficinas de Registro Civil en todas las ciudades y localidades de Castilla y León, a que el servicio que se preste sea gratuito, universal y público, y al mantenimiento de todos los puestos de trabajo de las personas al frente de los Registros Civiles en Castilla y León.

Y solo un dato para terminar: el mantenimiento de un Registro Civil en una población de unos 300 habitantes cuesta a un ayuntamiento en torno a 1.500 euros; no creo que sea un disparate como para poder, desde luego, mantenerlos. Y, por lo tanto, nosotros pues pedimos que se apruebe esta propuesta de resolución. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Briones. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Muchas gracias. Pues con mucha brevedad. Nosotros apoyaremos esta proposición no de ley. Ciertamente, el Ministerio de Justicia lleva bastante tiempo detrás de hacer un cambio en esta... esa reforma integral de los registros civiles, en aplicación de la Ley 20/2011. Cambios que han pasado por ciertas polémicas, muy importantes, como fueron los intentos de privatización de este servicio, que dieron lugar a importantes movilizaciones de carácter sindical, así como de carácter ciudadano y de entidades locales, en favor de registradores de la propiedad y mercantiles, que promovió el anterior ministro de Justicia, el señor Gallardón -el anterior al señor Catalá, quiero decir-. Lo cierto es que, efectivamente, como aquí se ha indicado, el ministro Catalá llegó ya, por fin, a aceptar que el Registro Civil continuara quedando en el ámbito de la Administración de Justicia, como está en la actualidad. Y, ciertamente, en el pasado mes de febrero supimos que de nuevo el Ministerio de Justicia se planteaba el desarrollo de la mencionada Ley 20/2011, según la cual se mantendría una oficina del Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, y como máximo otra por... otra más por cada 500.000 habitantes.

Hasta ahora, entonces, se... se produce que siguen todos los trámites que se realizaban ante cualquier Registro Civil; eran trámites realizados por personal funcionario adscrito a la Administración de Justicia o al personal idóneo de los ayuntamientos, pues que se producía un cambio o un intento de cambio en esta situación. A nuestro juicio, los registros civiles deben contemplarse como un registro público y como un servicio público para la ciudadanía, con lo cual, nuestro apoyo a esta iniciativa, sin duda, debe darse. Así que nuestro voto será positivo.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Sarrión Andaluz. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Gracias, señor presidente. Ciudadanos va a apoyar esta proposición no de ley. Desde luego, estamos totalmente y absolutamente de acuerdo con el mantenimiento de las oficinas del Registro Civil en todas las ciudades y localidades de Castilla y León -como dice el segundo punto, el servicio que prestan los registros civiles debe de seguir siendo gratuito, universal y público-, y al mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas al frente de los registros civiles en Castilla y León.

Pero es que hay que ahondar en que este es un servicio para todos y de todos los ciudadanos que vivimos en Castilla y León. El dato que ha dado el ponente, efectivamente, de unos 1.500 euros por oficina, incluso yo... se puede asegurar que en algunos municipios todavía es menor; y es insignificante en el sentido que acerca la Administración al ciudadano, sinceramente. Yo no sé por qué hay gente o, en este caso, nuestros gobernantes y dirigentes se complican la vida. Menos mal que, lógicamente, la sentencia del Tribunal Constitucional de dos mil quince pone freno a esa ley de dos mil once, del veintiuno de julio, que en el fondo lo que quería, lógicamente, como hemos dicho todos, pues era privatizar y que la gestión pasara pues a los registradores de la propiedad y mercantiles, etcétera.

Yo creo que al ciudadano lo que hay que acercar es la Administración, hacerla lo más rápida posible. Yo... sinceramente, los tiempos de las nuevas tecnologías van avanzando; algún día me imagino que se pueda hacer pues directamente desde cualquier ordenador y cualquier móvil, pero, bueno, los tiempos todavía son los que son, de momento hay que seguir dando esos... esos servicios al ciudadano lo más cercano posible y, además, vuelvo a decir, sin un coste excesivo, ni mucho menos. Y se trata, al fin y al cabo, de que la Administración... y el ciudadano perciba, como estamos diciendo siempre desde Ciudadanos, que está cerca de él y que no es ningún obstáculo, y que se siga haciendo pues una cuestión meridiana y transparente, como está haciéndose ahora, que es, simplemente, poder acudir a cualquier tipo de registro, defunción, nacimiento, en fin, familia, etcétera, etcétera, para cualquier tipo de gestión, como hasta ahora. No impedir, todavía mucho más si cabe, lo que hasta ahora era una cuestión normalizada. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Delgado Palacios. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Natalia del Barrio Jiménez.

LA SEÑORA DEL BARRIO JIMÉNEZ:

Gracias, vicepresidente. Bueno, pues muy brevemente, decir que apoyaremos esta iniciativa, porque no nos parece justo el consolidar el abandono del medio rural que quería hacer el Partido Popular con este tipo de reforma; una reforma que en un primer momento también implicaba la privatización del propio servicio, que eso también es otra cuestión aparte, que, bueno, afortunadamente pues esta parte se paralizó más o menos de aquella manera, como bien ha indicado el proponente, y, por lo tanto, entendiendo que se trata de un servicio público esencial para el funcionamiento de la vida civil de la... de la ciudadanía en todos los ámbitos, no podemos permitir que lo que aquí se ha puesto... de lo que aquí se propone, que es no acabar con estas oficinas en el medio rural, y tan importante en nuestra Comunidad Autónoma, no queremos que la ciudadanía se vea privada de unos derechos básicos fundamentales, y, por lo tanto, aceptaremos esta iniciativa.

Ya le dijimos el otro día al Partido Socialista que ahora mismo tiene la oportunidad de realizar las modificaciones oportunas a nivel estatal. Esperemos que así... que así lo haga, y todo lo que estamos reivindicando, pues en concreto en esta proposición, pero en general en otras también que... que beneficiarían a nuestra Comunidad Autónoma, pues que todas estas reformas que necesita nuestra Comunidad se lleven a cabo. Nada más y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Del Barrio. En turno de fijación posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Sopeña Ballina.

LA SEÑORA SOPEÑA BALLINA:

Pues muchas gracias, vicepresidente. Y muy brevemente también, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en el tema, y que, además, todo lo que sea mantener en el mundo rural todos los servicios, desde luego, saben que cuentan con el apoyo de nuestro grupo, y con el mío propio, porque yo creo que es muy importante que todos luchemos por que el medio rural mantenga todos los servicios posibles, porque, si no, pues la despoblación cada vez va a ser mayor, evidentemente.

De todas formas, como bien saben ustedes, la Comunidad Autónoma carece de competencias respecto de la organización, de la gestión y de la provisión de los medios personales, materiales, tecnológicos y económicos de los registros civiles. Pero la Administración sí que comparte la preocupación –la Administración autonómica-, comparte la preocupación que han expresado aquí, y considera que cualquier propuesta de reorganización de las oficinas del Registro Civil en la Comunidad Autónoma que tenga en cuenta las necesidades de la población y la realidad socioeconómica de nuestra Comunidad Autónoma, garantizando así que, en su territorio, el derecho de acceso a este servicio público se pueda ejercer en similares condiciones, tanto de calidad como de eficacia o proximidad, y sin discriminación alguna con respecto a... también a las ciudades. Por eso creo que está todo dicho y estamos totalmente de acuerdo, y por eso vamos a apoyar su proposición.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señora Sopeña. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Briones Martínez.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Nada. Pues muy... muy brevemente. No voy a... no voy a ahondar en los argumentos, que yo creo prácticamente estamos todos absolutamente de acuerdo. Solo decirles que en el año dos mil once la votación fue de casi el 57 % a favor de lo que era, bueno, pues esta ley en el Congreso de los Diputados. El objetivo de la... de modernizar la Ley de Registro Civil no tiene que ir en detrimento, evidentemente, de los ciudadanos del medio rural; y yo creo que todo lo que sea mejorar, y sobre todo en una Comunidad como la nuestra, pues tiene que ahondar precisamente en eso, en ayudar precisamente a que haya que mantener... en este caso, serían las oficinas del Registro Civil, en todas las localidades de Castilla y León -no creo que sea ningún disparate-, amén de, sin duda alguna, que se haga el nuevo Registro Central; todo lo que sea, pero... y también, facilitando. Sí que decía algún... algún interviniente, anteriormente, claro, la famosa conectividad, cómo hay muchas cosas que va a ser muy difícil conectar directamente, pero sería una maravilla dar una teclita y poderte sacar el expediente, entrar a tu hoja directa de lo que es el Registro Civil, y saber lo que está allí, o poder sacarte el certificado.

Pero para eso hace falta mantener esas oficinas en las pequeñas localidades. Fíjese, solamente, también otro... otro dato. Han hablado, fundamentalmente... la reforma que en su momento se... se quiso hacer deprisa y corriendo y no... siempre era motivada fundamentalmente por el tema del dinero, se hablaba también de que en principio iba a ser gratuita. El Tribunal Constitucional dijo que no iba... que no era gratuita porque los nuevos... en este caso, los registradores, iban a cobrar aranceles. Por lo tanto, de gratuidad, nada.

En fin, fue yo creo algo que no se debe... que no se debe hacer, pero la reforma, en este caso, y el real decreto no frena la ley de dos mil once, como ha dicho Ciudadanos, lo que frena, precisamente, es la reforma del decreto ley de dos mil... de dos mil catorce.

Y, solamente, fíjese, una cosa que pactó, y que a mí, cuando me he estado leyendo la ley, he visto algo que, bueno, que me causó sorpresa, y es que (es verdad que desapareció después en la ley... precisamente el real decreto-ley) anuló un precepto gubernamental, fíjense ustedes, que obligaba a los progenitores del recién nacido o a sus adoptantes a declarar si estaban casados o no. Un auténtico, de verdad, no sé, de verdad... la mente de Gallardón debía ser la leche, ¿eh?, hablando en plata, pero es que... No sé, porque mayores... mayor disparate, y eso que, bueno, pues es una persona muy... muy formada.

Por lo tanto, no voy a... no voy a, desde luego, ahondar en los argumentos. La propuesta de resolución es la misma que venía en la PNL, y, por lo tanto, la mantenemos. Y muchas gracias a todos, a todos los grupos, por apoyarla.

Votación PNL/001448

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR MARTÍNEZ ANTOLÍN):

Gracias, señor Briones. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Dieciocho. Dieciocho votos emitidos. Dieciocho votos a favor. Queda aprobada la proposición no de ley debatida por unanimidad.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecinueve horas cinco minutos].