DS(P) nº 66/9 del 10/5/2017

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Buenos días. Buenos días, señorías. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento, por favor. Vamos a dar comienzo. Gracias.

Antes de comenzar el Pleno, quiero dar la bienvenida a todos los burgaleses que han querido acercarse en esta mañana hasta la catedral de Burgos para acompañarnos en este Pleno ordinario de las Cortes de Castilla y León, que se convierte en un acontecimiento excepcional y que en el marco de esta capilla de los Condestables, donde nos encontramos, adquiere todo el esplendor y el realce que nos brinda el monumento más representativo de esta ciudad, y también de los más emblemáticos de Castilla y León y de España.

Con ello, el Parlamento autonómico y la sociedad de Castilla y León, en él representada, rinde homenaje a Burgos y su vinculación con la historia parlamentaria de Castilla y León.

En primer lugar, deseo saludar a los miembros del Cabildo catedralicio y al arzobispo de Burgos -que se tiene que ausentar porque tiene una celebración religiosa muy importante-, que han tenido la máxima disposición y todo el apoyo necesario para poder celebrar este Pleno en el marco de un monumento tan significativo para las Cortes de Castilla y León, pues en este lugar se celebró la reunión de las Cortes de Castilla de 1338. Y deseo hoy expresar públicamente, y en nombre de las Cortes, mi agradecimiento por su hospitalidad, que nos han ofrecido durante estos días, y por toda su ayuda y dedicación para garantizar la celebración de este Pleno con todas las condiciones que exige.

Quiero saludar también al alcalde de Burgos y a los miembros de la Corporación municipal que nos acompañan, y agradecer su interés y colaboración para que Burgos pudiera acoger esta sesión plenaria, contando para ello con el apoyo del ayuntamiento de la ciudad. También saludo al presidente de la Diputación de Burgos y a los miembros de la Corporación provincial que asisten a esta sesión. Igualmente, saludo a los expresidentes de la Junta y de las Cortes de Castilla y León y a los presidentes de las instituciones propias de la Comunidad. Igualmente a todas las autoridades civiles y militares de ámbito regional y de la provincia de Burgos que asisten hoy a este Pleno, otorgando al mismo la solemnidad y el realce que merece esta conmemoración para el conjunto de la sociedad.

En esta dirección quiero destacar que hoy nos acompañan una representación muy significativa de la sociedad civil burgalesa y de Castilla y León. Quiero saludar, en este sentido, a los principales actores del diálogo social y del tejido económico y social de esta provincia: a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, representados a nivel regional y provincial; a las organizaciones empresariales, la Confederación de Asociaciones de Empresarios de Burgos y a la Asociación de Autónomos de Burgos; al presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, al presidente de la Cámara de Comercio de Burgos y al presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León.

También a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, y, por lo tanto, de un sector económico, como es el agrario y alimentario, que en Burgos tiene un peso muy significativo en el conjunto de su economía provincial, al coordinador nacional y coordinador general de Castilla y León de la Unión de Campesinos, al presidente de Asaja en Burgos y a un representante de la Alianza por la Unidad del Campo.

También deseo agradecer a los representes de cerca de veinte asociaciones, entidades y organizaciones no gubernamentales de ámbito regional, y específicamente de la provincia de Burgos, que con su presencia hoy dan visibilidad a la sociedad civil. Y también a aquellos colectivos más desfavorecidos y cuya realidad social debemos tener siempre presente en este Parlamento, para contribuir desde el mismo a mejorar su calidad de vida. A la Fundación del Secretariado Gitano de Burgos, a la Confederación de Asociaciones de Vecinos, a Plena Inclusión Castilla y León, Aspanias Burgos, a la Asociación Síndrome de Down de Burgos, a la Asociación Las Calzadas, a la Asociación de Diabéticos de Burgos, a ACE en Burgos, a la Asociación de Afectados de Parálisis Cerebral y Afines, a la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos, a la Asociación de Personas Sordas de Burgos, Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos, a la Asociación Pro Salud Mental de Burgos, Fundación Personas, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Burgos, a ONCE Burgos, a la Asociación Burgalesa de Laringectomizados, a la Asociación Cultural y Social Atalaya Intercultural, a la Asociación de Ayuda a la Mujer y Autismo Burgos.

Y, finalmente, quiero saludar a los medios de comunicación regionales y de la provincia de Burgos que nos acompañan. Y destacar el apoyo y la colaboración para dar a este Pleno la máxima difusión y con ello contribuir a realzar la importancia del hecho histórico de que en la ciudad de Burgos se celebraron dieciséis reuniones de las Cortes de Castilla entre los siglos XIII al XVI, entre ellas la celebrada en 1338 en esta catedral, lo que determina su vinculación con la historia parlamentaria de Castilla y León.

Se abre la sesión. Y antes de entrar en el orden del día, en primer lugar, procedo a dar lectura a la declaración institucional de las Cortes de Castilla y León en homenaje a Burgos y su vinculación con la historia parlamentaria de Castilla y León, que ha sido suscrita por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León.

DI/000012

"Las Cortes de Castilla y León, en el segundo Pleno ordinario celebrado fuera de su sede, rinden homenaje y expresan su reconocimiento a la ciudad de Burgos por ser el lugar donde se celebraron dieciséis reuniones de las Cortes de Castilla en el período comprendido entre los siglos XIII al XVI.

Nuestro Estatuto de Autonomía configura nuestras Cortes actuales como herederas y continuadoras de las Cortes de los viejos Reinos de León y de Castilla, al decir que nuestra Comunidad Autónoma recupera con ellas su máximo órgano representativo.

Hace 829 años, en la basílica de la Real Colegiata de San Isidoro de León, el rey Alfonso IX convocó a su Curia Regia, y en ella participaron por primera vez los "ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades" junto con la nobleza y el clero. Un hecho histórico de gran valor y transcendencia, reflejado en los Decreta de 1188, que la UNESCO, en junio de dos mil trece, reconoció como "el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo", y concedió a este corpus documental la dignidad de Memoria de la Humanidad.

Desde aquella reunión en la ciudad de León, las Cortes medievales fueron itinerantes y se celebraron en diferentes ciudades y villas, pues los reyes de León y de Castilla fueron libres en designar el lugar de su celebración, y ni la costumbre ni la ley pusieron límites a aquella facultad.

De acuerdo con los estudios de juristas e historiadores de prestigio, como Gonzalo Martínez Marina, Juan Carlos Elorza o Manuel Colmeiro, entre otros, y a partir de los datos reflejados en "Actas de las Cortes de Castilla", y avalados por la Real Academia de la Historia, en la ciudad de Burgos se celebraron dieciséis reuniones de Cortes, lo que determina su contribución decisiva a la configuración y al desarrollo de la institución parlamentaria.

Fundada en el año 884 por el conde castellano Diego Rodríguez Porcelos y desde su posición avanzada y "cabeza de Castilla", Burgos se erige en ciudad regia, y en ella se genera, desde el siglo XIII, una importante actividad comercial, con el tráfico de mercancías desde el centro y norte de la península hacia toda Europa, convirtiéndose en uno de los centros urbanos más prósperos y florecientes de los siglos XIV y XV.

La privilegiada situación de su emplazamiento, en la encrucijada de las principales rutas hacia los puertos del norte, y su condición de capital de especial importancia artística y cultural en el Camino de Santiago refuerza y ayuda a entender la especial atracción y los vínculos que han unido siempre a esta ciudad con Europa.

Burgos también asumió un creciente protagonismo político reflejado en las reuniones de las Cortes de Castilla, que en el siglo XIV se convirtieron en la plataforma por excelencia de la acción política, existiendo una referencia precisa acerca de los procuradores de las ciudades y villas que concurrieron a ellas, llegando al centenar en las Cortes celebradas en 1315 y designando para su celebración monumentos muy significativos de esta ciudad. Entre ellas, la celebrada en 1272 en el Palacio del Hospital del Rey, institución benéfica fundada por el rey Alfonso VIII y dedicada al cuidado de los peregrinos del Camino de Santiago, y que hoy es sede de la Universidad de Burgos.

La última reunión de las Cortes en esta ciudad tuvo lugar en junio de 1515, y en el marco de un edificio de gran valor artístico e histórico, cuyos fundadores fueron los mismos que los de esta capilla, y que es el Palacio de los Condestables, destacando la abundancia de procuradores que ostentaban títulos universitarios y en la que también se adoptaron decisiones de gran transcendencia política para el reino, como la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla.

En la documentación de las Cortes de Burgos se hace constar la reunión celebrada en 1338, en esta misma catedral de Santa María, que otorgó a este encuentro todo el realce que ofrecía el espacio más representativo de la ciudad.

Fue en 1221 cuando el rey Fernando III y el obispo Mauricio decidieron levantar en este lugar la primera catedral gótica de España, acorde al rango y la importancia de la ciudad, y siguiendo las corrientes artísticas que se extendían por Europa, y arquetipo de otras catedrales como Notre Dame de París y la de Reims y Amiens.

La ciudad de Burgos ha tenido también una importancia fundamental en la época reciente, durante el proceso de constitución de la Comunidad de Castilla y León, porque fue aquí donde en la época reciente tuvo su sede provisional, de manera implícita, el Consejo General de Castilla y León, al recaer la Presidencia del Consejo en dos políticos burgaleses, Juan Manuel Reol Tejada y José Manuel García Verdugo.

Hoy contemplamos la belleza y la armonía de este monumento universal, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, y que ha configurado de forma rotunda la personalidad y el paisaje de Burgos con el valor y la riqueza característica del edificio más emblemático de esta ciudad.

Su construcción se fue enriqueciendo con el paso de los siglos, en un proceso creativo en el que podemos contemplar la secuencia y el devenir de la historia de Burgos a través de las obras y de los tesoros que reúne. Conceptos arquitectónicos, oficios y todas las artesanías imaginables han sedimentado su obra en este edificio que hoy admiramos, cargado de significación histórica y cultural.

Paradigma de este proceso es la Capilla de los Condestables en la que nos encontramos. Una catedral dentro de otra catedral representada en la maravilla y la filigrana de este espacio único, que mandó construir don Pedro Fernández de Velasco y su esposa doña Mencía de Mendoza, Condestables de Castilla, y que la mano maestra de Simón de Colonia llevó a su máximo esplendor reflejado en la soberbia bóveda de piedra calada en forma de estrella que corona la estancia en su encuentro con la luz.

Por ello desde las Cortes de Castilla y León queremos expresar públicamente nuestra gratitud al Cabildo de la Catedral de Burgos por la hospitalidad que nos ha brindado, al permitir celebrar un Pleno en el marco de esta capilla, que sin duda es el mejor exponente del inmenso patrimonio histórico que atesora Castilla y León.

El ejemplo de un legado vivo al servicio de todos los castellanos y leoneses hoy aquí representados, que se muestra en todo su esplendor y que constituye un referente en la protección y en la conservación del patrimonio histórico en España, con un modelo de gestión integral, desde el rigor histórico, el conocimiento técnico y la investigación de sus características y la excelencia de sus valores. Apoyándose en un sistema de colaboración y de gestión compartida entre todos los actores con responsabilidad en la conservación, y con la aportación también del mecenazgo privado, que dan buena cuenta de un modelo de excelencia de conservación y enriquecimiento del patrimonio.

En dos mil veintiuno se cumplen ochocientos años desde que se colocara la primera piedra de esta Catedral y la ciudad de Burgos se prepara para celebrar esta conmemoración, que representa una oportunidad excepcional para seguir impulsando la proyección de este monumento universal, que contribuye al desarrollo económico y social de Burgos y al bienestar de sus ciudadanos, y que también da testimonio de la historia parlamentaria de Castilla y León.

Por todo ello, las Cortes de Castilla y León manifiestan su apoyo a la efeméride VIII Centenario de la Catedral de Burgos".

Por el señor secretario se procede a dar lectura al primer y único punto del orden del día.

Informe 2016

EL SECRETARIO (SEÑOR REGUERA ACEVEDO):

Gracias. Primer y único punto del orden del día: Informe anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año dos mil dieciséis, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 255, de siete de abril de dos mil diecisiete.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Para presentar el informe anual, tiene la palabra el excelentísimo señor don Javier Amoedo Conde, Procurador del Común de Castilla y León.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Excelentísima presidenta de las Cortes, excelentísimo señor presidente de la Junta, miembros de la Mesa de las Cortes, consejeras, consejeros, procuradoras, procuradores, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señoras y señores, de verdad es un honor exponer hoy el informe en este marco que nos acoge, la catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Como siempre, voy a comenzar mi intervención con datos estadísticos. En el pasado año se presentaron 2.527 quejas; de las cuales, 1.405 afectan a la Administración autonómica, 871 a la Administración local y 251 a otras Administraciones de distintas comunidades. Hemos rechazado 200: autor anónimo, asunto entre particulares, asunto sub iudice, y, como es lógico, hemos remitido a la Defensoría del Pueblo todas aquellas quejas que hacían referencia a la Administración central.

Al mismo tiempo, tengo que decir que hemos incoado 42 expedientes de oficio. La distribución por provincias en nuestra Comunidad es la siguiente: Zamora, 515; León, 403; Valladolid, 260; Burgos, 211; Ávila, 166; Salamanca, 155; Palencia, 136; Segovia, 98; y Soria, 42.

Se dictaron 991 resoluciones en expedientes tramitados a instancia de parte y de oficio. En 374 se acordó el archivo por ausencia de irregularidad, y en 617 se constató la actuación irregular de la Administración, y por ello formulamos la correspondiente recomendación o sugerencia. De estas últimas, fueron aceptadas totalmente 318; parcialmente, 53; y no aceptadas, 96. Quedaron pendientes de contestación, a treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, 119. En los tres primeros meses de este año se contestaron 72, aceptándose totalmente 48; parcialmente, 8; y no aceptadas, 16.

En resumen, se han aceptado por las Administraciones el 68 % de nuestras resoluciones de modo total, y, de modo parcial, el 11 %.

En este momento quedan por contestar 35 resoluciones, todas ellas dirigidas, o que hemos dirigido, a las Administraciones locales. Hemos mantenido 839 entrevistas, en las que han participado 1.174 personas, entrevistas que se han celebrado en la sede de la Institución y en los desplazamientos periódicos que se han realizado durante el año por la Comunidad.

La mayor parte de las veces obtenemos la colaboración precisa de las distintas Administraciones, pero hay que reconocer que esa colaboración no tiene lugar con la diligencia que nos gustaría, y, por ello, nos vemos obligados a reiterar la petición de información en varias ocasiones. Hemos puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal esa falta de colaboración de 5 Administraciones de nuestra Comunidad.

Me voy a referir ahora al contenido de las quejas.

Entre las quejas presentadas en el área de educación, destacamos la precariedad en algunas infraestructuras en los centros educativos. Hemos solicitado la necesidad de garantizar las condiciones adecuadas de seguridad e higiene de las instalaciones, así como eliminar las deficiencias que fueron constatadas.

Acoso escolar. Hemos solicitado que se mantuviera con carácter preventivo el protocolo de actuación ante estos supuestos para adoptar todas las medidas que sean necesarias para que mejoraran el clima de la convivencia escolar.

Iniciamos y concluimos un expediente de oficio con relación a la escolarización de los niños prematuros. En supuestos de niños prematuros nacidos en el último trimestre del año es posible advertir una enorme desventaja desde el ciclo de Educación Infantil debido al retraso madurativo, puesto que son obligados a matricularse según su edad cronológica, que les puede llevar a un alto índice de fracaso. Ante la inexistencia de una norma específica, recomendamos que se llevaran a cabo los ajustes normativos oportunos para dar una respuesta específica a las peculiaridades de escolarización que presentan estos niños, acogiéndose el concepto de edad corregida para aquellos supuestos en los que se favorezca la plena garantía de la igualdad de oportunidades en el proceso de escolarización.

También de oficio tramitamos un expediente que dirigimos... dirigiendo la resolución a la Consejería de Educación con la finalidad de que desarrollara una estrategia específica para intensificar los esfuerzos en la lucha contra la segregación escolar, adoptando una política activa mediante la adopción de medidas para prevenir situaciones de agrupación o concentración de alumnado inmigrante o perteneciente a minorías étnicas con condiciones socioculturales desfavorecidas, evitando, de esta forma, un sistema educativo segregado que no asegurase la igualdad de oportunidades del alumnado.

En el área de bienes y servicios municipales, destacamos, un año más, el elevado número de expedientes tramitados por la inactividad de las Administraciones locales a la hora de realizar una eficaz defensa de su patrimonio, incrementándose sustancialmente las relacionadas con la ocupación o el mal estado de los caminos públicos.

Hemos procedido a la actualización del informe especial sobre bienes y aprovechamientos comunales, cumpliendo así el compromiso plasmado en el anterior informe anual. En la actualización se han incluido todas las resoluciones formuladas por esta Institución, así como la jurisprudencia y los dictámenes del Consejo Consultivo más recientes, en un intento de contribuir a facilitar a las Administraciones locales la gestión de estos bienes y en garantía de los derechos de los ciudadanos que pueden estar interesados en su aprovechamiento.

Hemos tramitado varias actuaciones de oficio en relación con las restricciones en el abastecimiento de agua potable que sufren algunas localidades de nuestra Comunidad, motivadas por la presencia en el agua que se suministra a la población de arsénico, nitratos u otros contaminantes. Incidimos en la obligación de las Administraciones implicadas de facilitar la información suficiente sobre el abastecimiento a todos los vecinos, y, asimismo, recordamos que vigilaran la frecuencia en los muestreos que se realizan en el agua de consumo.

También de oficio tramitamos una situación, un expediente, en relación con la situación de las redes de suministro y distribución de agua potable fabricadas con fibrocemento y que contienen en mayor o menor cantidad fibras de amianto. Hemos instado a las Administraciones locales a culminar los procesos de identificación y sustitución, instaurando planes específicos para erradicar a corto o medio plazo este material de todas las infraestructuras que forman parte del servicio público. Nuestras indicaciones han tenido una acogida muy positiva entre las entidades locales a las que nos hemos dirigido, ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de esta Comunidad, y por ello le hemos dado continuidad a principios del año dos mil diecisiete, y nos hemos dirigido con idénticos argumentos a todos los ayuntamientos de más de 2.000 habitantes y a las diputaciones provinciales.

Área de medio ambiente. En este área, como siempre, se han presentado las reclamaciones de los ciudadanos sobre las molestias que les genera el funcionamiento de los locales de ocio, especialmente en horario nocturno. Es necesario, y así lo estimamos desde la institución, que las Administraciones públicas impongan no solo multas, sino sanciones más efectivas, como son la clausura del establecimiento o la suspensión de su actividad por períodos determinados.

A pesar de que Castilla y León ocupa una posición destacada en la escala de valoración de la implantación y desarrollo del sistema de dependencia, hemos venido recomendando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, como consecuencia de las quejas presentadas, la superación de los retrasos en algunos procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia. Han sido objeto de reclamación las dificultades en el acceso a los recursos residenciales públicos o concertados para mayores, y hemos constatado la existencia de listas de espera. Por otra parte, hemos impulsado el ejercicio eficaz de la actividad de control y supervisión de centros residenciales públicos y privados para evitar prácticas contrarias a los derechos de los residentes y proteger sus derechos económicos.

Las personas con discapacidad siguen encontrándose con diferentes obstáculos que dificultan y limitan el normal desarrollo de su vida diaria, y aunque se han producido -es cierto y es evidente- avances importantes en esta materia, en los últimos años siguen presentándose reclamaciones por la demora en los procesos de reconocimiento del grado de discapacidad. Recordamos a la Consejería se reforzaran las medidas organizativas para agilizar la tramitación de tales procesos y pudieran resolverse dentro del plazo establecido.

Sigue siendo causa de mayor número de demandas ciudadanas la supresión de barreras urbanísticas y arquitectónicas. La Institución siempre ha defendido el derecho de todos a disfrutar de un entorno accesible en igualdad de condiciones.

Voy a destacar una actuación de oficio que hemos desarrollado en relación con los casos de Síndrome de Diógenes. Ante la necesidad de establecer unos criterios comunes de actuación para dar respuesta efectiva ante estas situaciones patológicas, formulamos a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes -salvo León y Salamanca que ya contaban con un documento de esta tipología-, una resolución para que procedieran a la elaboración y aprobación de un protocolo de actuación en el que se establecieran las pautas comunes de intervención conjunta de los profesionales o agentes implicados, facilitando los recursos sociales necesarios para asistir y apoyar a las personas que generan estas situaciones y prevenir la aparición de conductas similares.

Hemos seguido insistiendo en la necesidad de adoptar medidas normativas y, en su caso, de dotar de medios personales que permitan agilizar la tramitación de los expedientes y el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos al efecto, puesto que los ciudadanos siguen denunciando importantes demoras en la resolución de sus expedientes relativos a la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Seguimos recibiendo quejas ante las dificultades que tienen los ciudadanos de origen extranjero o que han residido en el extranjero para aportar la documentación que les exigen para tramitar sus solicitudes, sobre el rigor con que se siguen aplicando las circunstancias que dan lugar a la denegación y extinción de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y, sobre todo, a la aplicación del Artículo 28.4 del texto refundido, que impide que se solicite una nueva prestación hasta que transcurran 6 meses desde la fecha de la resolución de extinción, por lo que los interesados quedan sin cobertura de sus necesidades básicas durante este período.

En urbanismo, las quejas presentadas se refieren a la existencia de obras en ejecución o terminadas en unos casos sin licencia, y en otras no aparándose en la licencia otorgada. En el primer caso, se ha instado a los ayuntamientos a ordenar la paralización de las obras, y en ambos casos a iniciar y resolver los expedientes de restauración de la legalidad y sancionadoras. Hemos recordado a los ayuntamientos que las denuncias deben siempre de resolverse de forma expresa, y que, por lo tanto, hay que comunicar al denunciante la incoación y la resolución de los expedientes de restauración de la legalidad y de los expedientes sancionadores o, en otro caso, los motivos por los que no procede su iniciación.

En orden a la conservación y rehabilitación, las quejas se refieren al deficiente estado en que se encuentran determinados inmuebles. En nuestras resoluciones hemos entendido que, aunque la titularidad de los mismos sea dudosa, resulta suficiente la apariencia de titularidad para que la Administración pueda tramitar el correspondiente de ejecución, sin perjuicio de las cuestiones de propiedad que puedan entablarse ante la jurisdicción civil.

Las dos materias que mayor conflicto han generado en el área de vivienda han sido las relativas a las de protección pública y a las ayudas económicas. En relación con las viviendas protegidas procede enumerar las relacionadas con su promoción, financiación y estado de conservación.

En las resoluciones dirigidas a la Administración destacan las referidas a cuestiones relacionadas con las dificultades en el acceso a las viviendas de protección pública, a la prevención y sanción de infracciones cometidas respecto a las viviendas protegidas, especialmente el no destinar las mismas a residencia habitual y permanente de sus adjudicatarios y el abono de las ayudas a la adjudicación y rehabilitación de viviendas.

Hemos tramitado una actuación de oficio con la finalidad de conocer el número de viviendas cuya titularidad correspondía a Sareb, si se habían puesto a disposición de las familias con necesidades residenciales. Recibida la información, se dictó resolución, solicitando que se adoptaran las siguientes medidas: la cesión en usufructo de las 50 viviendas pendientes; adoptar las medidas de rehabilitación necesarias para garantizar su habitabilidad y su puesta inicial en alquiler; y establecer medidas de coordinación con el Servicio Integral de Apoyo de familias en riego de desahucio, con las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales y con los ayuntamientos afectados, en orden a localizar las situaciones de necesidad de vivienda. Recientemente hemos conocido que ha habido un aumento muy importante en orden para las ayudas de alquiler, que supera un 45 % de lo... atendido en el año dos mil dieciséis.

En el área de Función Pública siguen siendo mayoritarias las quejas presentadas contra los procesos selectivos correspondientes a las contrataciones realizadas por los ayuntamientos. Seguimos constatando, con carácter general, la falta de transparencia y la pasividad del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de acceso al empleo público.

Como actuaciones más destacadas reseñamos, en primer lugar, la dirigida a la Consejería de Presidencia, con la finalidad de evitar la expulsión definitiva de los integrantes de las bolsas de empleo, solicitando se proceda a modificar la disposición reguladora de las causas justificadas de renuncia a los puestos o llamamientos ofertados, incluyendo dentro de estas el mantenimiento de una relación de carácter temporal con otra Administración distinta a la de la Comunidad de Castilla y León o con una empresa privada, siempre y cuando esta circunstancia se acredite debidamente.

En el ámbito de la Función Pública sanitaria hemos remitido una sugerencia a la Consejería de Sanidad, cuyo objeto era flexibilizar la exigencia de incluir el nombre y apellidos de los profesionales de la enfermería en sus tarjetas identificativas en aquellos casos excepcionales y debidamente motivados que formen parte de los denominados puntos críticos con mayor riesgo de agresión.

Las quejas... en obras públicas, las quejas más frecuentes se refieren al estado de conservación y mantenimiento de las carreteras.

En agricultura, la concentración parcelaria captó la mayor parte de las reclamaciones. A los problemas relacionados con las diligencias, tanto en la tramitación de los procesos concentradores como en la respuesta a los recursos de alzada interpuestos frente a los acuerdos de concentración parcelaria, debemos de añadir las quejas relacionadas con la proporcionalidad entre el valor de las fincas aportadas y las recibidas en los procesos concentradores, bien por razón de ubicación de las fincas de reemplazo, de su calidad agrícola o de sus accesos.

En el área de interior, el tráfico ha seguido acaparando casi la mitad de las quejas de esta área. En el ámbito de los espectáculos públicos hemos recibido muchas quejas con relación a los festejos de los toros.

Y en el área de sanidad hay una reclamación que se repite año tras año, es la relativa a las listas de espera. Especial relevancia tiene cuando estas son para la realización de pruebas diagnósticas, dado que no existe en el ordenamiento jurídico autonómico una garantía semejante a la de las intervenciones quirúrgicas. Venimos reiterando la necesidad de aprobar una normativa de garantía en el caso de las pruebas diagnósticas y de consulta para especialistas en términos análogos a las existentes en el caso de listas de espera quirúrgica. Las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para recibir asistencia sanitaria fue objeto de estudio en el año dos mil quince y ha vuelto a serlo en el año dos mil dieciséis.

La existencia de centros de referencia en una Comunidad Autónoma tan extensa como la nuestra y la necesidad de racionalizar las inversiones no pueden en modo alguno vulnerar el derecho del paciente a recibir la mejor asistencia sanitaria posible, independientemente del lugar de residencia, y por ello hemos dictado resoluciones con el fin de mejorar este tipo de ayudas.

Un problema que se está produciendo en los últimos tiempos, y que hemos recibido quejas, es el relativo a los supuestos en los que se da alta forzosa a pacientes hospitalizados que estiman que no se encuentran en condiciones de regresar a sus domicilios, y entienden que se les da el alta por razones de tipo económico. En la tramitación de los expedientes que nosotros hemos incoado pudimos constatar que en el parte de alta no se hacía constar la causa objetiva de la misma, por lo que hemos solicitado que se impartieran las correspondientes instrucciones para que los citados partes cumplan con las previsiones legales.

La implantación del servicio de la radioterapia en nuestra Comunidad ha sido una reclamación en el año dos mil dieciséis por el movimiento asociativo y coincidente con la publicación del informe de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica sobre "Inequidad del tratamiento del cáncer en España en el año dos mil quince". Iniciamos dos actuaciones de oficio: una relativa a la necesidad de implantación del servicio en Segovia y otra en toda la Comunidad Autónoma. Recibida información en el primer expediente, se dictó resolución recordando a la Administración sanitaria que la eficiencia económica del sistema puede dar lugar a la desigualdad a la hora de recibir el tratamiento y que la realidad que describe la SEOR era, cuanto menos, preocupante. Por eso instamos a la Consejería a potenciar una política de recursos humanos que cubriera todas las necesidades, debiendo realizarse un estudio de la situación basándose en estrategias a medio y largo plazo. También reiteramos la pertinencia e importancia de las ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención, para evitar situaciones de desigualdad.

En el segundo expediente se nos informó por la Consejería de la creación de trabajo para examinar la problemática en profundidad de la próxima modificación de las ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención, y de la adopción de otra serie de medidas, en la que se destacaba la puesta en marcha de un plan estratégico a desarrollar en los próximos cinco años. Con motivo de esta información, hemos archivado... se motivó el archivo del expediente.

En el régimen jurídico de las corporaciones locales se ha constatado un aumento de las reclamaciones relacionadas con el derecho de participación en asuntos públicos de sus miembros, por lo que se ha insistido en la necesidad de remover los obstáculos que impidan su plena efectividad. Hemos recordado a los presidentes de la... de los ayuntamientos el interés de la ciudadanía de asistir a las sesiones de los Plenos y que este derecho no está sujeto ni a autorización previa ni puede ser prohibido con carácter general en las sesiones públicas. Hemos recordado a los ayuntamientos la obligación de tener actualizado el padrón de habitantes para que en todo momento concuerden con la realidad, porque hemos podido constatar que en época de elecciones hay una gran modificación en los padrones municipales de algunas localidades de esta Comunidad.

En Hacienda, el ámbito de la potestad tributaria de la Administración autonómica recoge la mayor parte de las quejas, y se han referido al impuesto de transmisiones patrimoniales. En cuanto a las tasas reguladoras del suministro de agua potable, continuó siendo la más conflictiva; la casuística es similar a la de los años anteriores: disconformidad con la facturación, negativa a dar de baja contratos relativos a inmuebles sin uso, forma de realizar las liquidaciones y cambios de titularidad en los contratos de suministro, etcétera, etcétera.

Termino ya. Como todos los años, solamente agradecer a la Junta de Castilla y León, a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales y a las juntas vecinales la colaboración que han prestado a la institución; a todo mi equipo de colaboradores, por el trabajo que han desarrollado; a los medios de comunicación, que siempre están atentos a nuestras actuaciones; y, ¿cómo no?, manifestar expresamente mi agradecimiento a sus señorías por la atención prestada a mis palabras. Pero quiero decir, desde mi posición como defensor de los ciudadanos de Castilla y León, pedir a todos los... a todos los que, desde la diversidad de grupos políticos que integran estas Cortes, trabajen con generosidad y consenso para llevar a cabo con celeridad y eficacia las demandas que exigen los ciudadanos de esta Comunidad. Buenos días. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Procurador del Común. A continuación, los grupos parlamentarios fijan posición. En primer lugar el Grupo Mixto. Tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

Bien, buenos días y muchas gracias. Empecemos por el principio, y todos los años decimos siempre lo mismo: nuestro máximo reconocimiento a la figura del Procurador del Común, al igual que al conjunto de las instituciones de control de esta Comunidad -el Consejo Económico y Social y el Consejo de Cuentas-, porque nosotros estamos convencidos de que la labor que realizáis es una labor fundamental para esta Comunidad. Una labor que, además, debo añadir que a los grupos de Oposición nos es de mucha utilidad para realizar nuestra obligatoria función de control al Gobierno. Por lo tanto, vaya por delante ese reconocimiento que realizamos año tras año en este Pleno a esta Institución, y que hacemos extensible también a las demás.

Dicho esto, dos consideraciones previas: ampliar el reconocimiento que se ha realizado hoy a la ciudadanía de Burgos y a la ciudad de Burgos, ampliarla sobre todo, y especialmente, a la ciudadanía, que se moviliza y que lucha para mejorar esta ciudad y esta Comunidad Autónoma, y especialmente a esas 6.000 personas que la semana pasada tomaron las calles de Burgos para protestar por el estado de las listas de espera en esta Comunidad, uno de los aspectos que precisamente, como acaba de escucharse, se encuentra en el Informe del Procurador del Común. Por lo tanto, vaya por delante este agradecimiento y este reconocimiento; y esto es una prueba más de que este informe representa un baño de realidad frente a la realidad edulcorada que de manera diaria se nos intenta convencer desde el Gobierno.

Y una última observación, el reconocimiento de la inmensa belleza y del magnífico patrimonio cultural en el que hoy estamos no justifica, a mi modo de ver, su uso político: yo no estoy de acuerdo en la utilización de espacios religiosos para espacios como este; pero, desde luego, de ninguna manera eso significa que se ponga en duda la inmensa belleza y valor cultural de este espacio, que es, por supuesto, extraordinario.

Dicho esto, y entrando en materia, como ha podido explicarnos el Procurador del Común, parte de las quejas tienen que ver con la situación de la Función Pública. Se ha realizado una mención a la regulación de las bolsas de trabajo de la Administración autonómica, de personal funcionario y laboral, cuya inflexibilidad termina provocando que sean expulsados de estas bolsas y que, tal y como avisa el Procurador del Común, sigue siendo a día de hoy una cuestión a resolver.

Muy especial un caso que menciona también el Procurador en su informe, que es, precisamente en esta provincia, un conjunto de desempleados que tienen que acudir a recibir su orientación laboral única y exclusivamente en la localidad de Villalbilla, una oficina muy distante de la capital y para la que no hay transporte público, y a estas personas se les obliga a acudir si quieren seguir recibiendo su prestación como personas desempleadas, un absoluto error y una absoluta insensibilidad con el colectivo más débil de la sociedad castellana y leonesa, como son los desempleados. Precisamente, nosotros hemos llevado a las Cortes, Izquierda Unida-Equo, en varias ocasiones la situación del transporte en los cursos de formación a desempleados, que además se está abonando en algunos casos hasta con un año de retraso, cuando la época en que dependían del Gobierno central se pagaban por adelantado en forma de bono-transporte.

También, quejas relacionadas con la Función Pública en el ámbito sanitario, donde, por cierto, aumentan; parece que los problemas en la sanidad no hacen más que aumentar, en algunos casos muy significativos, como el caso del exceso de jornada del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila. Especialmente hay que señalar como se aumentan de modo muy importante los problemas relacionados con jornada de trabajo, permisos y vacaciones, 60 quejas frente a las 10 del año dos mil quince, o, en el caso de retribuciones, 13 quejas frente a las 2 del año dos mil quince.

Muy importante también la referencia a la precariedad que tienen los ayuntamientos más pequeños, y especialmente las entidades locales menores de nuestra Comunidad, que se ven con dificultades para ejercer una buena gestión administrativa. Carencias en servicios mínimos a veces tan fundamentales como es el caso de la pavimentación o el abastecimiento del agua potable; mucho más cuando, además, se tiene en cuenta que el envejecimiento de la población rural nos sitúa desafíos muy importantes. Desafíos como que el hecho de que una calle esté sin pavimentar dificulta enormemente la deambulación no solo a pie, sino también en silla de ruedas, y que, por lo tanto, la atención a nuestros mayores, a aquellos que han estado trabajando durante toda su vida para que nosotros podamos disfrutar hoy de una vida digna, tiene que tener nuestra máxima consideración, y especialmente en el mundo rural, que es donde, de acuerdo a este informe, se encuentran la mayoría de los problemas en este aspecto. Así como los problemas de acarrear agua a los domicilios.

Muy importante, por cierto, la peligrosidad del amianto en las tuberías de fibrocemento, a que se ha hecho referencia en el informe. El amianto –no lo olvidemos- ha sido condenado en diferentes ocasiones, entre ellas por la Directiva europea 1999/77, de julio de dicho año, o la Resolución del Parlamento Europeo de marzo del año dos mil trece, en el cual se hacía referencia al problema del amianto, no solamente por su propia presencia en las viviendas, sino también en referencia a la ingestión de agua procedente de tuberías de fibrocemento contaminadas con dichas fibras, que son reconocidas como un riesgo para la salud y que pueden tardar varios decenios, en algunos casos más de 40 años, en manifestarse. Por lo tanto, parece perentorio que se acometa una solución a este problema con urgencia.

El caso también de obras públicas. Destaca el enorme problema de nuestras carreteras, especialmente en las redes autonómicas y provinciales, con un importante protagonismo, tal y como indica el informe.

También lo relacionado con el problema de la vivienda, ese gran papel mojado de nuestra Constitución Española, ese derecho reconocido, pero apenas ejecutado, y que ha suscitado una gran parte de las movilizaciones durante esta crisis económica, que permanece aún entre nosotros. Ha habido el caso, por ejemplo, de viviendas que habían sido objeto de un convenio firmado con la entidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y para la cual el Procurador del Común ha tenido que emitir una resolución para que sean efectivamente destinadas a un alquiler asequible.

También se llama la atención sobre ralentización en los últimos años en el proceso de promoción de vivienda protegida: de 3.436 viviendas de protección pública en Castilla y León en el año dos mil ocho, antes de la crisis, a 271 en dos mil quince, y únicamente 4 hasta el mes de septiembre de dos mil dieciséis; esto es una insensibilidad.

Lo mismo cuando se habla de las deficiencias en edificios e instalaciones de centros educativos. Se hablaba antes de defender a nuestros mayores; cuánto más importante será también defender a nuestros niños y a nuestras niñas, y, sin embargo, encontramos como las quejas se siguen repitiendo año tras año al Procurador del Común acerca del estado de los edificios e instalaciones de nuestros centros educativos. Y aún más grave, la presencia de amianto o asbesto en los edificios e instalaciones educativas. Y, por cierto, un aspecto que yo he peleado particularmente en las Cortes de Castilla y León, y que el Procurador del Común recoge en su informe: la necesidad de desarrollar una política de incorporación de profesionales de enfermería a los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, en coordinación con la Consejería de Sanidad. Hubo un caso, que seguramente les suene, porque tuvo especial relevancia en los medios de comunicación, que fue un niño que estuvo más de un año desescolarizado porque no había un profesional de enfermería en su centro educativo de referencia, porque la Junta no quería ponerlo. Y yo quiero recordar que después de un debate parlamentario se aprobó una proposición no de ley, a instancias de Izquierda Unida y Equo, por la cual se obliga a la Administración a obedecer esta resolución del Procurador del Común y a ir instalando profesionales de enfermería para que ningún niño se quede sin asistir a clase por no tener un enfermero o una enfermera en su centro.

También todo lo relacionado con los problemas de menores han aumentado, precisamente; especialmente en lo relacionado con las trabas burocráticas que impiden el desarrollo de las políticas de protección al menor, así como en lo relativo al seguimiento impuesto a las familias adoptivas. También quejas relacionadas con problemas en demoras en la tramitación de los procedimientos del reconocimiento del grado de discapacidad, algo que es enormemente importante para una persona que se encuentra en esta situación.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señor Sarrión, tiene que ir terminando.

EL SEÑOR SARRIÓN ANDALUZ:

(Gracias, presidenta. Finalizo). Todos los problemas relacionados también con barreras de acceso, con minorías étnicas, con la presencia de un sistema educativo segregado, que hay que corregir para que haya una educación única que fomente la interculturalidad y el diálogo entre culturas, combatir el lenguaje sexista, la cuestión de las unidades de radioterapia, las listas de espera, la restauración de la plaza del Grano en León, que también hemos llevado a las Cortes de Castilla y León, y un alto rango de problemas que no puedo desarrollar por el tiempo, pero que podrán ustedes encontrar en este informe.

Agradecer, una vez más, su trabajo, el trabajo de su Institución, y el compromiso de mi fuerza política para que sus recomendaciones lleguen también a las Cortes, y para que, dentro de nuestra modestia y nuestra humildad, podamos luchar en el Parlamento para lo que usted recoge de la ciudadanía podamos convertirlo en soluciones a problemas en el Parlamento. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Sarrión. Tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Autoridades. Antes de nada, quiero recordar que hace un año aquí tuvimos también el Pleno del Procurador, y lo hicimos en León, lo que era la cabeza del Reino de León; hoy lo hacemos aquí, en Burgos, la cabeza del Reino de Castilla. Ambos reinos han dado lugar a dos regiones; dos regiones que han dado lugar a una Comunidad; una Comunidad que, aunque yo no comparto, sí respeto, pero siempre con esas dos regiones, teniendo en cuenta las diferencias que tenemos entre unos y otros.

Dicho esto, quiero agradecer al Procurador, antes de nada, su informe y su trabajo. Más hoy, que será con seguridad esta su última comparecencia, al finalizar el mandato que recoge el propio Estatuto de Autonomía. Quiero darle las gracias por su labor. Es verdad que durante su mandato hemos tenido pequeños debates, fruto de, probablemente, las diferencias conceptuales de la figura del cargo, más allá de la persona que lo representa, cuya valía nunca hemos puesto en duda.

Parece que, en esta su despedida institucional, los propios ciudadanos de la Comunidad Autónoma se hubieran puesto de acuerdo para, en términos numéricos, plasmar un menor número de quejas recibidas: de las 4.329 del año dos mil quince -récord absoluto- hasta las 2.527 de este ejercicio; lo que supone en sí una rebaja del 42 %, algo positivo en principio. Ojalá que de esta expresión numérica pueda desprenderse eso, una lectura positiva. A nosotros, desde luego, a la UPL, le asalta la duda en cuanto a su interpretación; una duda que no podemos evaluar ni resolver en estos momentos por simple falta de datos, marcando una tendencia que, en ejercicios posteriores, ha de significar el camino de la Institución.

Es verdad que la interpretación puede ser muy positiva, mostrándonos una situación más estable, un entorno más justo, un descenso de quejas fruto de una situación económico-social mejor; pero tampoco hay que olvidar que, en una valoración menos optimista, este descenso pudiera indicar que la propia Institución plantee ciertas dudas en cuanto a la eficacia de sus resoluciones. Una eficacia de la que hemos teorizado en muchas ocasiones, año tras año, primero, por el incumplimiento flagrante de aquellas Administraciones que han de dar ejemplo y que también... porque aquí se expresa, en algunos casos, el acatamiento de alguna resolución que luego, al final, no deja o no se cumple.

Y con esa expresión escrita de la citada aceptación nunca se acompaña la ejecución de lo aceptado, y se puede aceptar la necesidad de cumplir el Estatuto, como, por ejemplo, en su Artículo 5.2, de defensa, promoción del leonés. Aquí, que continuamente se despachan las cosas con frases tan comunes como que hay que aceptar la legalidad, como que nunca se puede votar contra lo que refleja una ley en la casa de quien legisló, en la casa donde deben de cumplirse todas las leyes, en esa casa deja de cumplirse lo legislado.

El Procurador lo vuelve a recordar en su informe, pero lo hizo también en el dos mil nueve, textualmente decía: "El Artículo 5.2 del Estatuto obliga a dictar una regulación específica para la protección, uso y promoción del leonés, por lo que, en virtud de dicho mandato y dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la reforma aprobada por Ley Orgánica 14/2007, de treinta de noviembre, procede impulsar la correspondiente iniciativa legislativa a través del pertinente proyecto". Bien. Ni iniciativa legislativa, ni partidas presupuestarias significativas; eso sí, se acata la resolución. Pues menos mal, señorías; cómo actuarán en aquellas que no acatan.

Creo que es necesario detenerse también en un asunto propio de León, que está originando muchos debates, un asunto como la plaza del Grano –por ahí estará el alcalde, el alcalde de León-. Creo que es importante tener claro que no puede ser... no puede ser que los ciudadanos constantemente nos estén mandando mensajes, diciendo que no se cumplen las expectativas de una plaza que... -en la que todos coincidimos- debe ejecutarse obras de mejora. Pero también es cierto que algo... –y en algo estaremos fallando, señor alcalde- en algo estaremos fallando cuando no hemos sabido explicar a la ciudadanía que no están realizándose las obras de la forma acorde o, tradicionalmente, como todos queremos y deseamos. Por lo menos, debemos de reconocer una insuficiencia en la explicación del proyecto. Desde luego, es que no se puede afrontar la remodelación de una plaza tan significativa y tan simbólica sin contar con el apoyo de la ciudadanía.

No podré hablar de todo lo que contiene este informe por lo extenso y lo limitado del tiempo del que dispongo. Choca ver que, año tras año, la falta de transparencia en las contrataciones temporales de las Administraciones locales son objeto de un número de quejas importantes, como también la falta de convocatorias de concurso para cubrir las vacantes, cuestión esta que, referido al campo sanitario y educativo, causa grandes lagunas en el mantenimiento de un servicio de calidad.

La falta de cobertura y de acceso a internet en el ámbito rural refleja un año más las dificultades... refleja un año más –perdón- las dificultades con las que se encuentra nuestro medio rural. Y, desde luego, para nosotros supone una importante hándicap a la hora de atraer y de ser capaces de mantener situaciones de igualdad entre el medio rural y el medio urbano.

Y para finalizar ya, quiero acabar con el tema... perdón, con el tema estrella, con el tema sanitario. Lo ha dicho antes el portavoz de Izquierda Unida, y es verdad, aquí hablamos de listas de espera, hablamos de transporte sanitario, hablamos de cierre de plantas, hablamos, sobre todo, de retrasos en las pruebas diagnósticas. Desde luego, si queremos tener una sanidad de calidad, más allá de aquellas notas que ustedes constantemente presumen, de notas buenas sobre la valoración del ciudadano, desde luego también tenemos que ser, por lo menos, coherentes y tenemos que ser capaces de dar sobre todo un servicio de calidad y que la ciudadanía, al fin y al cabo, reconozca ese servicio como tal.

Y para finalizar ya, simplemente desearle, señor Procurador, la mayor de las suertes en su vida personal y darle las gracias, repito, por estos años que ha estado defendiendo una figura en la que nosotros no creemos mucho, pero que reconocemos su trabajo. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Santos. Para fijar posición, en representación del Grupo Ciudadanos... [Murmullos]. Guarden silencio, por favor. Señorías, por favor, guarden silencio. Tiene la palabra el señor Fuentes Rodríguez.

EL SEÑOR FUENTES RODRÍGUEZ:

Gracias, señora presidenta. Señor presidente de la Junta de Castilla y León, señoras y señores procuradores, estimado Procurador del Común. Como es sabido, esta intervención pues debe ser centrada en el análisis político del Informe Anual del Procurador del Común, sin embargo, no podemos obviar el contexto actual y dar unas pinceladas del escenario político y social en el que nos estamos encontrando actualmente.

Esta provincia en la que nos encontramos, Burgos, en esta Comunidad Autónoma que representamos no es ajena a los desafíos que el mundo globalizado nos tiene en estos momentos. Necesitamos, porque así nos los demanda la ciudadanía, ejemplaridad y buen servicio público. Y hoy, en este escenario, reiteramos, en ese mismo sentido, el papel fundamental del Procurador del Común, al que agradecemos su labor y su aportación en la búsqueda de los principios de transparencia y eficiencia. Una Administración que se ponga al servicio de los ciudadanos es el único camino para que los españoles, los castellanos y leoneses o los burgaleses vuelvan a confiar en la política y en los políticos. Es menester que la Junta de Castilla y León utilice las recomendaciones del Procurador del Común como un modelo de actuación para analizar y solventar los problemas y las deficiencias que en el mismo se le señalan.

Centrándonos ya en el análisis, este Informe del Procurador del Común remarca un descenso en las reclamaciones relativas al ámbito de la Función Pública en general, sin embargo, en materias específicas, como es el ámbito de la Función Pública sanitaria, sí que ha experimentado un notable aumento, por lo cual es muy preocupante.

En concreto, los apartados que han generado mayor número de reclamaciones han sido los relativos a los procesos de selección de personal y sobre los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Estos datos, que no suponen una sorpresa para aquellos que estamos ejerciendo la representación pública en las instituciones, sin embargo sí son una situación muy grave cuando quien lo expresa es el propio Procurador del Común desde su independencia y su objetividad. Por ello, nuestro respaldo y nuestro apoyo a la labor que está realizando, que ha realizado el Procurador del Común. Y a las llamadas de atención como las que tienen que ver con la necesidad de que se apueste sin ambages por los principios de igualdad, de mérito y de capacidad en las contrataciones.

Creemos que debe existir un compromiso institucional de todos para ayudar y atender y ser colaborativos con las recomendaciones que nos hace a todos, pero en especial a la Junta de Castilla y León, el Procurador del Común. Desde este marco, renuevo, por supuesto, el compromiso de mi grupo, en nombre de los representantes de Ciudadanos en los ayuntamientos, en las diputaciones, no solo para reforzar la labor encomendada al Procurador del Común, sino para marcar un ejemplo didáctico que sirva para que los demás grupos políticos se comprometan a hacer lo mismo en este sentido.

Centrándonos en el empleo, el informe revela ciertas deficiencias. Se han registrado problemas con la demora en la expedición de acreditaciones parciales acumulables de unidades de competencia solicitadas por diversos ciudadanos o sobre los procesos de selección de personal en los programas de formación y empleo o en las subvenciones concedidas. Por tanto, se hace imprescindible seguir trabajando para garantizar la transparencia en los procesos de selección de personal.

También el Procurador del Común señala aspectos sobre los que es necesario prestar atención por parte de la Administración autonómica, tales como la supresión de la exigencia, por ejemplo, de un curso de prevención de riesgos laborales para el acceso a los puestos de trabajo municipales, así como la dudosa legalidad del criterio empleado por la Consejería de Sanidad respecto a la procedencia del abono de trienios en los supuestos de promoción interna temporal, o la igualdad de trato entre los expertos en la información turística o la disconformidad con el sistema de contabilización del exceso de jornada al personal estatutario.

En cuanto al apartado del informe que examina y estudia las actuaciones de las corporaciones locales, al Grupo Parlamentario Ciudadanos nos preocupa el notable aumento de las reclamaciones relativas a la organización y el buen funcionamiento interno de las entidades, a la participación ciudadana o la función representativa de los miembros de las corporaciones. En este punto, es importante porque, como es sabido, la Administración local es la más cercana de los ciudadanos y son esos mismos ciudadanos los que nos reclaman una mayor transparencia; son los castellanos y leoneses los que, de manera creciente, muestran cada vez un mayor interés por conocer aquellos aspectos que les conciernen y les preocupan, ejercitando de este modo el derecho que todos los ciudadanos... a la información y a conocer qué labor realizan nuestras Administraciones.

Transparencia y eficiencia. Es decir, una mejor Administración que trabaje para el ciudadano no debe ser únicamente una recopilación de conceptos vacíos, al contrario, debemos estar atentos y escuchar a la ciudadanía. En este punto, debemos subrayar la gran labor realizada por el Procurador del Común, y su aportación en la búsqueda de un mejor funcionamiento interno de las entidades desde -como he dicho anteriormente- la eficacia y la transparencia. En definitiva, tal y como estamos reclamando, hay que ser combativos y no resignarse ante el derecho a una buena Administración.

En el ámbito medioambiental, el mayor número de reclamaciones se centra en el malestar e incomodidad que crea el funcionamiento y desarrollo de actividades económicas, tanto agroganaderas como comerciales, como industriales o de ocio, así como la protección de ríos, montes y fauna salvaje. Debemos destacar que, si bien este aspecto, el medioambiental, es considerado un objeto prioritario, sigue componiendo el núcleo principal de reclamaciones, ocupando el mayor peso sobre el cómputo global. Todo ello denota la necesidad de seguir actuando en este campo, buscando soluciones y avanzando en este terreno.

Desde Ciudadanos queremos también fijar la atención y marcar como especialmente importante las carencias existentes en materias educativas. Estamos convencidos de que la educación es el futuro. Somos conscientes de que Castilla y León ha de apostar por crear las condiciones que generen talento, que retengan talento, que atraigan talento. El Procurador del Común ha reconocido en varias ocasiones la necesidad de realizar mejoras que supongan un impacto positivo en la educación de nuestros jóvenes, siendo este un problema que ha tenido un gran reclamo social. Sin embargo, debemos destacar que, gracias a la labor realizada por el Procurador del Común, en este año las quejas se han reducido sensiblemente respecto del año anterior, lo cual no quiere decir que no nos siga quedando un largo camino a recorrer en esta materia.

Señorías, la economía del conocimiento es la clave para que haya oportunidades para nuestros jóvenes, para todos los jóvenes. Para ganar el futuro, hay que invertir en el futuro, y la educación y las nuevas tecnologías son dos pilares básicos, como nos ha dicho el Procurador del Común.

Y, volviendo al informe, en la educación, el apartado que más quejas refleja el Informe del Procurador del Común tiene que ver con la enseñanza no universitaria, registrando quejas en diversos aspectos, como las ayudas y las becas, las deficiencias advertidas en las instalaciones y en los edificios educativos, y la escolarización de los alumnos. Y en el ámbito universitario, la igualdad en el reconocimiento de créditos universitarios centran el grueso de las reclamaciones. Atendamos estas reivindicaciones y propongamos soluciones, no nos conformemos con informes que nos coloquen por delante de otras Comunidades.

Señor presidente y señor consejero, el futuro requiere inversión, y es por ello que nuestro grupo parlamentario resalta la necesidad -y en ello estamos trabajando- de que se ponga en marcha un ambicioso plan de acogida de incentivos para start-up en nuestra Comunidad. Ayudemos a una generación que quiere encontrar su sitio, que no tenga que marcharse, y, si han tenido que irse, que vuelvan a su tierra, que se produzca esa vuelta, ese retorno del talento investigador. Todo ello sin olvidar lo importante que es dotar y renovar las infraestructuras y los equipamientos educativos.

En este mismo ámbito educativo, podemos destacar las aportaciones que nos ha hecho el Procurador dando respuestas específicas, por ejemplo, al problema que planteaba la escolarización de niños prematuros, como nos ha dicho, acogiéndose al concepto de edad corregida, cuando ello favorezca la igualdad de las oportunidades; o el apoyo a los supuestos de acoso escolar, estableciendo la mediación como medio de resolución de conflictos, pero sin olvidar la acción de los tutores y el asesoramiento y orientación a las familias. Familias a las que tenemos que cuidar, beneficiar y hacer que sientan que Castilla y León, como Comunidad Autónoma, ofrece las mejores condiciones para fomentar la natalidad, y que la escolarización no sea una carga. Quiero recordar aquí la importancia de la medida impulsada por nuestro grupo -y apoyada también por el Partido Popular-, de alcanzar la gratuidad de los libros de textos, y de la que se van a beneficiar miles de familias en Castilla y León.

Y acordémonos especialmente del entorno rural. La competitividad también ha de ganarse con la eliminación de la gran barrera tecnológica que asola Castilla y León. El Gobierno tendrá que impulsar un plan de extensión del alcance de conexiones a internet y nuevas tecnologías en el mundo rural. La Junta de Castilla y León tiene que pasar ya de las palabras a los hechos.

Y pasando al ámbito cultural, el informe refleja una disminución del número de quejas, lo cual no quiere decir que debamos mostrarnos relajados en este espacio, ya que todavía se mantienen problemas en cuanto a la conservación y protección de determinados bienes que integran el patrimonio de nuestra Comunidad, así como el acceso público y gratuito que deberían tener ciertos Bienes de Interés Cultural.

Respecto a esta última idea, debemos señalar y recordar a la Junta que, tal y como aparece recogido en la Ley 12/2002, el patrimonio de Castilla y León, las visitas deben ser gratuitas al menos durante cuatro días al mes, y que, además, deberán ser publicitadas con suficiente antelación. Cuidemos de lo nuestro; protección y puesta en valor de nuestra riqueza cultural y patrimonial. Y qué mejor lugar para reivindicarlo que este escenario, esta capilla, que es, como bien ha dicho la presidenta, una catedral dentro de otra propia catedral.

Señorías, tenemos que remarcar también la necesidad de ofrecer los mejores servicios sociales posibles. En este punto cabe destacar la preocupación existente en el ámbito social por aquellas personas de edad avanzada que necesitan un modelo asistencial que optimice su calidad de vida y su bienestar, especialmente dirigido a aquellas personas que presentan un mayor nivel de dependencia. Si bien se ha incrementado el ritmo de crecimiento incorporando nuevos beneficiarios a este sistema, todavía adolece, como nos ha dicho el Procurador, de ciertos defectos, como la demora existente en la tramitación de las solicitudes y en los pagos de las ayudas. Señora consejera, la Administración ha de ser lo menos enrevesada posible, los trámites han de ser sencillos y no perderse en vericuetos administrativos incomprensibles.

Y dentro de este ámbito social, también nos parece importante señalar la necesidad de promover y defender los derechos de la infancia. Si bien para todos constituye un objetivo esencial y primordial, aún sigue siendo este un ámbito necesitado de mejoras, habiéndose recibido diversas reclamaciones relativas a la protección jurídica de la infancia y de los derechos de los menores.

Terminando en esta línea social, la igualdad de oportunidades sigue siendo un punto clave y objeto de preocupación de nuestra sociedad. No es una buena señal que se haya producido un notable incremento en el número de reclamaciones recibidas sobre todo centradas en la desigualdad que sufren a diario las personas con discapacidad, encontrándose a diario barreras y obstáculos que limitan o dificultan el normal desarrollo de su vida cotidiana. Es una labor de todos nosotros hacer que estas personas puedan tener una serie de facilidades que mejoren su calidad de vida.

Y, finalmente, el ámbito sanitario. La sanidad es la gran preocupación para nuestro Procurador del Común y para nuestra sociedad. El derecho a la salud está configurado como uno de los derechos sociales de mayor calado e importancia en nuestra sociedad. Es por ello que debemos seguir trabajando en este ámbito, dado que la calidad de la asistencia sanitaria en la actualidad adolece de ciertos defectos en múltiples aspectos. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hemos insistido en la necesidad de mejorar la calidad sanitaria, pero también en que es posible avanzar en la transparencia.

Llevamos desde que empezó la legislatura advirtiendo de unos datos que no consideramos fiables o que implican una nefasta gestión. Los datos de rendimiento y funcionamiento arrojan diferencias que no son aceptables entre unos centros y otros. Frente a la opacidad, tenemos que abrir las ventanas y dar la mayor transparencia; si queremos regeneración y queremos transparencia, también en sanidad demos un paso adelante.

Y para terminar, una reflexión: es imprescindible el trabajo que desarrolla el Procurador del Común, el cual ya está avalado con toda la labor que ha venido realizando a lo largo de los últimos años, y el resultado con... el mismo que se consigue; pero Ciudadanos creemos que se pueden asumir nuevos encargos y nuevas competencias. Señorías, encontremos la manera de usar las potencialidades de este órgano independiente; apostemos por el Procurador del Común como una institución que ayude en el desarrollo de los mecanismos de protección para los funcionarios que destapan casos de corrupción política. En Ciudadanos tenemos el convencimiento de que debemos dotar al sistema que aparece representado en la figura del Procurador del Común de un mayor rango y de una mayor potestad, evitándose así que las resoluciones que emite el Procurador del Común sean meras recomendaciones que queden guardadas en lo más profundo del cajón, sin que se busquen soluciones a los problemas existentes en la Comunidad.

Para Ciudadanos este es el camino: ofrecer respuestas reales a los nuevos desafíos y no quedarse en los mismos viejos caminos que ofrecen, como siempre, los conservadores o las respuestas del no de los socialistas, o incluso los cantos de sirena de algunos populistas. Queremos que la política no sea sinónimo de desesperanza; canalicemos las demandas de la sociedad, no permitamos que la confianza en la clase política se sitúe en mínimos. Los castellanos y leoneses muestran cada vez un mayor interés por participar, por pedir cambios y por pedir reformas.

Señorías, nuestro propósito es que la Junta de Castilla y León haga suyo este informe y lo utilice como un modelo de actuación en todas las materias referidas. En definitiva, elevemos nuestro listón democrático atendiendo a las demandas y recomendaciones del Procurador del Común.

Y no podría terminar mi intervención sin agradecer a la persona, a don Javier Amoedo. A don Javier Amoedo, que ha dignificado la figura del Procurador del Común y la ha colocado como la institución mejor valorada en nuestra Comunidad por la ciudadanía. Los ciudadanos han valorado su dedicación en defensa de los derechos y de los intereses de todos los castellanos y leoneses con absoluta independencia y dedicación. Espero que el próximo Procurador del Común, que deberá salir del consenso entre todos los grupos parlamentarios, siga su misma senda de independencia y mantenga el prestigio ganado por usted. Muchísimas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Fuentes. En representación del Grupo Podemos, tiene la palabra el señor Fernández Santos.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SANTOS:

Muchas gracias, presidenta. Señorías, me es muy grato comparecer un año más ante ustedes como portavoz de mi grupo parlamentario para agradecer y felicitar al Procurador del Común y a todo su equipo por el informe anual de gestión presentado ante estas Cortes. Un informe que remarca la dedicación, honestidad y rigor ejercidos en defensa de los derechos e intereses de todos los ciudadanos de esta Comunidad.

Y este año, coincidiendo además con el último mandato del señor Amoedo, me permite, si cabe con mayor satisfacción, darle la enhorabuena por el excelente trabajo realizado durante todo este período en defensa de ese común de los habitantes de Castilla y León. Un amparo que tanto se necesita y agradece en estos tiempos de atropello y coacción de los derechos ciudadanos. Enhorabuena y felicidades, una vez más, señor Amoedo, por su trabajo, que hago extensible a todo el equipo humano que conforma la oficina del Procurador del Común.

Lo hacemos en el marco del conocimiento del informe de gestión anual del año dos mil dieciséis. Tarea que pone en valor el significado del momento por el cual estamos hoy aquí, en Burgos, en este maravilloso escenario que representa su catedral, y es la exigencia imperiosa de acercar la actividad de la Administración a las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo un conducto de mediación y arbitraje para que las dificultades y limitaciones que sufrimos como administrados sean superadas. Nuestro grupo valora de forma muy positiva el esfuerzo realizado y la defensa ejercida, pues el Procurador del Común es el cauce que tiene nuestra gente para hacer llegar las quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento de la Administración.

Es por ello que nuestro grupo da una importancia trascendental a este Pleno, pues son nuestros paisanos y paisanas, la ciudadanía castellana y leonesa, la que nos dice en qué se está fallando, en qué elementos las instituciones no son capaces de remover los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos de los castellanos y leoneses, de las leonesas y castellanas, que sufren en su vida cotidiana los errores que indefectiblemente se cometen desde las Administraciones públicas.

En definitiva, hoy nos encontramos ante un día para pasar por el tamiz político las actuaciones administrativas que derivan u obedecen no a decisiones o disposiciones emanadas por un jefe de servicio o un jefe de negociado, sino que fluyen y se ejecutan por disposición política, como consecuencia de una voluntad política, de un plan político, de un grupo político que lleva muchos años dirigiendo los designios de esta Comunidad.

Desde su inicio, la figura del Procurador del Común es un referente en la mejora de la calidad de nuestra democracia, una figura que se afana en garantizar a los castellanos y leoneses el derecho inalienable a una buena administración. Su comparecencia y el preciso relato que realiza de las actividades hechas para supervisar los actos de las instituciones en defensa de nuestros derechos aportan, con total claridad y solvencia, algunos de los aspectos más negativos y oscuros en la forma de administrar los asuntos de la ciudadanía de Castilla y León. Formas y disposiciones de gobierno que entroncan directamente con una determinada formulación política, con un programa político, con una manera de desarrollar y ejercer la política en base a una ideología concreta, la neoliberal, que se ha hecho más patente, sangrante y lacerante en estos últimos años.

Un tiempo de crisis, un tiempo de estafa para nuestra mayoría social, de ruptura de un acuerdo que selló nuestra sociedad hace casi cuarenta años. Aquel acuerdo según el cual, cuando una persona trabajaba, cuando una persona se esforzaba, cumplía las normas y se adecuaba a la legalidad vigente, podría tener una vida digna y legar a sus hijos e hijas, a sus nietos y nietas, un porvenir mejor que el suyo. Pero, sin embargo, ese acuerdo ha saltado por los aires fruto de los excesos, incumplimientos, engaños y atropellos cometidos por nuestros gobernantes, por los partidos del turno, con una corrupción generalizada, sin parangón, que se ha llevado por delante décadas y décadas destinadas a construir, entre todas y todos, una sociedad más justa, una sociedad más amable, que confiaba en sus Administraciones y que perseguía y alcanzaba el umbral de un estado de bienestar social.

Ciñéndonos a su informe, señor Amoedo, nuestro grupo ha realizado una lectura concienzuda del mismo, de los aspectos positivos, de los logros alcanzados en atención a sus requerimientos, a sus propuestas, y también a sus denuncias y consideraciones sobre la situación y funcionamiento de las Administraciones, que están al servicio del contribuyente y no a la inversa; y esto es bueno recordarlo hoy aquí.

Debemos subrayar las acciones que, de oficio, ha realizado la Oficina del Procurador del Común. Y destacamos, en concreto, la actuación en relación con la necesaria sustitución de la red de agua potable por contaminación por amianto. Proceder que pone de relieve la incapacidad del Gobierno autonómico de hacer cumplir la normativa en este aspecto, reconociendo, asimismo, las dificultades y carencias en recursos necesarios de muchos de nuestros ayuntamientos para acometer las obras de sustitución. Algo que debería haber impulsado la Junta de Castilla y León de forma más intensa y activa, ya que de ella depende la competencia de salud pública.

Damos, por tanto, las gracias al Procurador del Común porque esta llamada de atención que hace su señoría pone de relieve las lagunas que la Junta de Castilla y León tiene para asegurar la aplicación del concepto de salud pública para el conjunto de la ciudadanía castellana y leonesa. Algo, además, que nuestro grupo quiere poner de manifiesto con una PNL nuestra, que todavía no se ha debatido en la Comisión de Educación, y que implica nuestra propuesta de sustitución de elementos de amianto en los centros educativos de toda la Comunidad.

Respecto a las quejas recibidas en el año dos mil dieciséis, se han producido un total de 2.527, constatando un descenso importante respecto al año anterior. Sin embargo, y atendiendo a su contenido, no creemos que esto obedezca a un mayor ímpetu de la Administración para reforzar su actuación, sino más bien tiene lugar por las carencias de conocimiento que la ciudadanía sigue teniendo de esta Institución, así como de la ignorancia de las facilidades que su oficina ofrece a la ciudadanía. En este sentido, consideramos conveniente recordar que estas Cortes de Castilla y León aprobó, a instancias de nuestro grupo parlamentario, una PNL para promover y favorecer este aspecto, algo que no ha tenido el diligente cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León.

Tal y como indica el señor Amoedo, y en su introducción, un año más la mayor parte de quejas y reclamaciones están relacionadas con asuntos tan básicos para las personas como la educación; la Renta Garantizada de Ciudadanía; las vías de comunicación, en su más amplia acepción; la vivienda; la asistencia sanitaria, con esas interminables listas de espera que están generando angustia y desazón en nuestra ciudadanía, así como una inquietante alarma social ante la incapacidad del Gobierno autonómico para atajar y solventar tan grave problema; también la contaminación acústica; la utilización de bienes comunales; los transportes públicos; las personas con discapacidad; la infancia y la adolescencia desprotegidas. Son temas todos ellos que recoge convenientemente el Informe del Procurador del Común. En definitiva, las circunstancias candentes, los problemas que tenemos en relación con la actuación o actuaciones de la Administración pública, que afectan a aspectos primordiales de nuestra existencia.

Un porcentaje muy alto de estas quejas -el 56 %- tienen como foco la actuación de la Administración autonómica. Porcentaje que, siendo menor que en el año dos mil quince, pone en evidencia que la Junta sigue siendo responsable de que los obstáculos que lastran el completo ejercicio de los derechos de los castellanos y leoneses siguen apareciendo año tras año en las memorias del Procurador del Común, como un déjà vu inacabable, con una repetición machacona que vivimos todos los años cuando sustanciamos este Pleno. Y he aquí la profunda importancia de esta institución, del Procurador del Común, porque pone delante de nuestros ojos, porque sitúa delante de nuestras conciencias las contradicciones que viven día a día miles de nuestros convecinos.

Debemos también poner de manifiesto las quejas que tienen que ver con aspectos fundamentales de la Administración local, que han pasado este año de un 26 a un 34 %. Y se repiten los contenidos como un bucle continuo y asfixiante: falta de transparencia en la Administración local, dificultades enormes para hacer efectivo el principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública.

Se llama también la atención sobre la necesidad de garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos de elaboración de Presupuestos y cuentas municipales, así como de las diputaciones. Se destaca, asimismo, el deber de facilitar la consulta de documentos y permitir la formulación de observaciones en el trámite de información pública, así como la necesaria observancia al ejercicio de la labor de oposición, que aún, a día de hoy, es truncado de raíz en muchos de nuestros numerosos ayuntamientos.

Aparecen en el informe múltiples quejas y consultas en relación con la adecuada prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, incidiendo en los problemas de potabilidad, contaminación o falta de presión en las conducciones.

Pero el verdadero corolario es que hay un denominador común: sistemáticamente se repiten, año tras año, las mismas o similares quejas, las mismas o similares demandas, en un exasperante eterno retorno de las reclamaciones.

Y en la misma medida, en el mismo orden, se repiten también, año tras año, los problemas de colaboración de los entes locales con la oficina del Procurador del Común. En dos mil dieciséis, 17 entes locales no han cumplido con el deber de contestar a la información solicitada. Incluso en algún caso se ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal esta falta de cooperación. En dos mil dieciséis, 41 entidades no han respondido a las recomendaciones o recordatorios de los deberes legales y sugerencias promovidas por el Procurador del Común.

Y, señorías, no es, no debe ser en ningún caso satisfactorio que estos casos sean pocos en relación con el conjunto de la Administración local que tenemos en Castilla y León, porque la realidad es que no debería haber ni un solo ayuntamiento que no colabore con la institución que tan diligentemente trata tanto las quejas como las reclamaciones de los habitantes de nuestra Comunidad. Algo debemos hacer, algo debemos realizar en este sentido para que esto no se repita. Porque, señorías, si aceptamos sin más estas renuencias, esta falta flagrante de colaboración, este desinterés, a veces este desprecio con determinados entes locales respecto a la labor del Procurador del Común, estaríamos siendo cómplices de estas inadmisibles conductas.

Disponemos de una Ley de Régimen Local. Pues bien, desde Podemos Castilla y León proponemos que se adecúe a esta realidad. Llevarlo a cabo es responsabilidad de este legislativo, y en esta actualización que proponemos planteamos que se incluyan aspectos relacionados con esa necesaria colaboración con el Procurador del Común por parte de las entidades locales. Así mismo, propugnamos que aquellos ayuntamientos con los que la Junta firma convenios se les prime a los que de verdad y de forma efectiva y eficaz colaboran con el Procurador del Común.

En relación con las quejas que tienen que ver con las competencias directas de la Junta de Castilla y León, debemos destacar así mismo un denominador común: el retraso, cuando no la callada por respuesta, a las peticiones que se realizan, y esto siempre en contextos y cometidos que tienen que ver con las situaciones de emergencia, tanto social como económica, que se viven en innumerables espacios de esta Comunidad. A saber: ayudas de acceso al alquiler de vivienda, que no se resuelven o que, si se despachan negativamente, no se motivan de forma suficiente, provocando un estado de indefensión para nada acorde con el objeto de la medida que se promueve; o, por ejemplo, lo relacionado con la falta de información medioambiental, área en la que, según denuncia el Informe del Procurador del Común, las Administraciones públicas deben facilitar al peticionario la documentación solicitada, interpretando de forma más restrictiva las excepciones previstas, puesto que debe primar el derecho de acceso a la información y la participación pública en materia de medio ambiente; o también, señorías, lo referido a la demora de tramitación de expedientes en Renta Garantizada de Ciudadanía, algo que ha dado lugar a un gran número de quejas, así como los retrasos en la resolución de expedientes de atención de aquellas necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. Y es que pareciera que las Administraciones se ceban con aquellos trámites que son más necesarios para que lleguen las ayudas a las personas más vulnerables, para que estos no se dilaten en el tiempo, causando no solo indefensión, sino situaciones dramáticas en las personas y en las familias afectadas.

De igual forma ocurre con las prestaciones en materia de dependencia. ¿De qué nos sirve, señorías, de qué nos sirve el Gobierno de la Junta de Castilla y León sacar buenas calificaciones en este ámbito si a la hora de la concreción, de la gestión administrativa en la concesión de prestaciones y servicios se continúa con tardanzas inexplicables en algunos procedimientos, se tropieza con largas listas de espera para acceder a estos recursos? Aspectos que ha sido necesario reclamar en el presente ejercicio a la Administración autonómica, como señala meridianamente la oficina del Procurador del Común.

Y nos propone el señor Amoedo que avancemos normativamente en este proceso. Y será responsabilidad de estas Cortes de Castilla y León, sin duda alguna, pero corresponde a la Junta hacer frente a esta realidad indubitable. Puesto que alardea en materia de dependencia como base de su presunta política social, esta política será huera, se quedará en mero papel mojado si no... si tardan en llegar a la gente su efectiva y real aplicación, su disfrute. Y lo peor es que esta circunstancia se repite sistemáticamente año tras año. Señorías, los programas no están para exhibirlos, están para ejecutarlos con presteza, y esto se pone de forma manifiesta y meridiana en el informe realizado de forma concienzuda por el señor Procurador del Común.

Señorías, las Cortes hemos de impulsar, hemos de favorecer el trabajo ingente que realiza la oficina del Procurador del Común. Las Cortes tenemos encomendadas la labor de legislar y de controlar la acción del Gobierno. Pues bien, partiendo de las recomendaciones del Procurador del Común, demos al conjunto de la Administración pública los instrumentos para el pleno y efectivo ejercicio de los derechos de la ciudadanía, removiendo así cuantos obstáculos impidan el mismo. Y exijamos a la Junta su ejecución diligente, en modo alguno cicatera, de esas herramientas que proporcionemos desde las Cortes, pues esa es su responsabilidad como Ejecutivo.

Por ello, deberíamos ahondar en hacer de este Pleno un Pleno positivo y propositivo, que nos proporcione un cauce de resolución o un camino para el futuro trabajo en las Comisiones en las Cortes. Y es que algo hemos de hacer para que este Pleno monográfico no se reduzca a un mero trámite ceremonial y rutinario de tomar nota; este es nuestro reto como representantes de la soberanía popular. Para ello es necesario tener voluntad de hacerlo. Por nuestra parte, a nuestro grupo no le va a faltar el empeño de querer llevarlo a efecto, como lo hemos demostrado ya registrando una proposición de ley en esta materia y realizando varias propuestas en este sentido.

Finalizo ya, señorías, volviendo a felicitar al señor Amoedo y a todo su equipo por el excelso trabajo realizado durante todos estos años, una incansable labor que desde nuestro grupo parlamentario agradecemos profundamente y cuya estela queremos seguir, porque, para usted, señor Amoedo, al igual que para nuestro grupo, los castellanos y leoneses, las leonesas y castellanas, las personas son lo primero. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias, señor Fernández. Para fijar posición, en representación del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández.

EL SEÑOR TUDANCA FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores procuradores, autoridades, amigos y amigas de Burgos, hoy es un Pleno especial, sin duda, porque los procuradores que representamos a los ciudadanos de Castilla y León intervenimos bajo la sombra de la catedral de Burgos, una de las grandes joyas que nuestros antepasados nos han legado. Bajo el peso de casi ocho siglos de historia valoramos el informe que nos remite el Procurador del Común, institución que ya hace veintiún años trabaja por los desvelos de los castellanos y los leoneses.

Así que hoy, en primer lugar, y al pie de don Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza, al pie de los condestables de Castilla, y haciendo caso a nuestro rico refranero, que recomienda a los bien nacidos ser agradecidos, quiero reconocer de nuevo la independencia, el rigor y la sensibilidad de esta Institución, pero sobre todo la labor del señor Amoedo durante los últimos años. Esta será, probablemente, la última ocasión en la que usted presentará ante estas Cortes su memoria anual, pero su trabajo al frente de esta institución permanecerá, por su vocación de servicio público y su indudable aportación a la... a su consolidación, como la voz y la conciencia de nuestra Comunidad. A nuestro entender, al entender del Grupo Parlamentario Socialista, puede usted irse, cuando toque, con la satisfacción del deber cumplido.

Señoras y señores procuradores, no sé si lo saben, pero en esta catedral, muy cerca de donde nos encontramos, se encuentra la entrada del purgatorio, así nos lo ha contado -y a los escritores de cuentos y de historias nunca se les lleva la contraria- Óscar Esquivias -reciente Premio de las Letras de Castilla y León, y burgalés insigne- en su trilogía, inspirada en La Divina Comedia de Dante. Es muy fácil olvidar, cuando analizamos informes, leyes o estadísticas, cuánta sangre fluye por cada línea escrita en un papel, cuántos anhelos y sinsabores. Cada queja al Procurador del Común es una historia, y, en muchos casos, uno de los nuestros, que está en el purgatorio, inquieto, buscando una salida hacia ese paraíso en el que algunos pretenden convencernos que vivimos.

Los ciudadanos, cuando entran en las instituciones, en muchas ocasiones parecen encontrarse esa advertencia que a la puerta del infierno colocaba Dante, que decía: "Abandonad toda esperanza quienes aquí entráis". En estas páginas de la memoria del Procurador del Común es donde podemos encontrar la realidad cruda y desnuda de Castilla y León, donde se indica a miles de castellanos y leoneses la puerta que les permite, en muchas ocasiones, salir de ese infierno personal, la puerta que les permite recuperar la esperanza.

En este ejercicio han sido 2.527 quejas las que han llegado por la presunta vulneración de derechos de los ciudadanos por parte de las Administraciones. En las propias palabras del señor Procurador, y de forma prácticamente idéntica al año anterior, "A la vista de las quejas recibidas puede comprobarse, un año más, que la mayor parte de ellas están relacionadas con asuntos tan básicos para las personas como la educación, la renta garantizada de ciudadanía, las vías de comunicación, la vivienda, la asistencia sanitaria, la contaminación acústica, la utilización de bienes comunales, los transportes públicos, las personas con discapacidad, la infancia o la adolescencia desprotegida, entre otros muchos asuntos".

Comenzaré, si me lo permiten, analizando las actuaciones de oficio. Como gusta recordar el señor Amoedo, no son pocas las ocasiones en las que actúa a motu proprio a raíz del conocimiento de un problema por los medios de comunicación. No hablamos, por tanto, de una actuación contemplativa, sino proactiva en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Así, se tuvo conocimiento de la existencia de importantes retrasos para el reconocimiento del grado de discapacidad en la provincia de León, con dilaciones de hasta un año para la valoración y la atención a personas con discapacidad. Se constató que el número real de solicitudes que se encontraban en tramitación para el reconocimiento del grado de discapacidad en la provincia de León ascendía a 2.250 personas, de las cuales solo el 27 % se resolvían en un período inferior a los tres meses, tal y como prevé la ley. Hablamos de personas vulnerables que necesitan atención urgente y sus vidas no pueden acompasarse a la burocracia de la Administración.

En lo que se refiere a la violencia de género, consciente el Procurador de que la realidad sigue demostrando la necesidad de hacer balance de las debilidades y fortalezas de nuestro sistema de protección a las víctimas y así mejorar la respuesta institucional, se formuló a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la siguiente resolución: "Que se promuevan nuevos esfuerzos en la política social, en coordinación con otros ámbitos competenciales, para revisar el resultado de las actuales estrategias desarrolladas en esta Comunidad Autónoma para luchar contra la violencia de género, reforzando y mejorando las medidas de prevención y atención existentes y articulando las que sean precisas para superar las carencias que se detecten y, así, seguir avanzando en el desarrollo de un verdadero modelo o sistema integral e integrado de apoyo y protección a las víctimas y de los menores y personas a su cargo". Nada que añadir, señor Procurador; esta recomendación, desde luego, la suscribe íntegramente el Grupo Parlamentario Socialista. Es preciso un pacto de estado en la lucha contra la violencia de género, sin duda alguna, pero, mientras se alcanza, debemos aumentar los recursos y mejorar la protección.

En otro orden de cosas, se realizó una intervención tras las denuncias del Grupo Socialista acerca de la carencia de personal en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, que estaba provocando la prescripción de sanciones e infracciones en materia medioambiental, ni más ni menos que 700 infracciones denunciadas por la Guardia Civil o los agentes medioambientales, que estaban a punto de prescribir en materia de incendios, montes y patrimonio. De ello, la Consejería no había dicho absolutamente nada a la fecha de cierre del informe.

Por último, otra actuación se ha referido a la implantación de servicios de radioterapia a lo largo y ancho de nuestra Comunidad; reivindicación respaldada por el movimiento asociativo, y coincidente con la publicación por parte de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica del informe Inequidad y tratamiento del Cáncer en España 2015. Se trataba, en este caso, de la necesidad del servicio de radioterapia en Segovia, y en la documentación remitida por la Consejería se hacía hincapié en la no necesidad de implantar el citado servicio a la vista de los aparatos existentes, la demanda de los últimos años y el propósito de potenciar los servicios ya existentes en otras provincias. Ahí es cuando, de manera absolutamente demoledora, el Procurador advierte a la Consejería de que la realidad que describe la Sociedad Española de Oncología Radioterápica es muy preocupante, y de las consecuencias de la eficiencia económica a la hora de generar desigualdades en los tratamientos. ¿Les suena, señoras y señores, procuradores? Seguro que sí, porque es el mismo debate y los mismos argumentos que se han escuchado en esta misma Cámara cuando recientemente interpelaba al presidente de la Junta al respecto de los miles de abulenses que demandaban una unidad de radioterapia en su provincia, y en muchas otras, tal y como se había prometido. La sanidad pública en términos de eficiencia económica, ese es el drama de la sanidad en Castilla y León, y aquí, en Burgos, lamentablemente entendemos mucho de eso gracias al hospital privado.

No es la única mención a la sanidad en el informe, lo cual nos alerta de cuál es una de las principales preocupaciones de los castellanos y los leoneses. Durante los últimos años es indiscutible el deterioro que ha sufrido nuestra sanidad pública, y el Procurador denuncia graves problemas. En primer lugar, las altas forzosas a pacientes hospitalizados, que estiman que no se encuentran en condiciones de regresar a sus domicilios. La crisis económica y los recortes han hecho que el ciudadano desconfíe de la pertinencia del alta.

Así sucedió en el caso expuesto en una queja donde, además, se denunciaba que no se entregó a la familia del paciente un informe del alta con las previsiones legales y que el documento se recibió después del fallecimiento del mismo. Una vez en poder de la Procuraduría la información de la Consejería de Sanidad, pudieron apreciar que el documento del alta fue elaborado un mes después del alta efectiva del paciente y que no se hacía constar la causa efectiva de la misma, sino un mero traslado a domicilio. Por todo ello, se entendió que la actuación de la Administración sanitaria había sido irregular.

En segundo lugar, la problemática de las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento para recibir asistencia sanitaria, también alertado en años anteriores en la memoria del señor Procurador, y denunciada de forma reiterada por el Grupo Parlamentario Socialista, y otros grupos, en esta Cámara. La existencia de centros de referencia en una Comunidad tan extensa como la nuestra y la necesidad de racionalizar las inversiones no pueden, en modo alguno, vulnerar el derecho del paciente a recibir la mejor asistencia sanitaria posible, independientemente del lugar de residencia.

Por ello, el Procurador ha dictado algunas resoluciones destinadas a la Consejería de Sanidad a fin de mejorar este tipo de ayudas: pertinencia de eliminar el límite exento de 25 euros, actualizar las cantidades a satisfacer, revisar las ayudas a los acompañantes, así como regular el plazo para resolver las solicitudes. La resolución fue aceptada, y sin embargo nada ha sido resuelto. Los pacientes siguen cobrando hoy el kilometraje a 7 céntimos el kilómetro, la ayuda para las comidas a 5 euros y el alojamiento a 18; caridad, solo caridad.

En tercer lugar, otra cuestión recurrente en las quejas es el conflicto entre la optimización de recursos y los derechos de los usuarios. El Procurador del Común estima que la racionalización del gasto no puede en modo alguno vulnerar derechos de los pacientes, y que recibir una asistencia sanitaria adecuada y de calidad no puede quedar supeditado a una estrategia de reducción de costes. Por ello, rechaza cualquier política de lo que llama "rentabilidad del servicio a cualquier precio", y esta problemática se da mucho en el mundo rural y en el caso de pacientes de edad avanzada.

En un expediente se denunciaba que los pacientes de la localidad (zamoranos) de Gema debían desplazarse personalmente a recoger los resultados de las pruebas de coagulación a Zamora capital. Esto generaba verdaderos problemas en el caso de personas mayores que carecen de medios de transporte, parece que la problemática tendría fácil solución mediante el envío telemático de los datos en cuestión, pero el consultorio carecía de acceso a la red; bienvenidos a Castilla y León, tierra de oportunidades, bienvenidos de vuelta al siglo XIX.

Además, se puso en nuestro conocimiento, en conocimiento del Procurador del Común, la práctica disuasoria llevada a cabo por parte del servicio de atención al paciente para que los ciudadanos no presentaran reclamaciones en la sanidad pública. Esto es de extrema gravedad, y demuestra una vez más la intención de la Junta de maquillar los datos y sus famosas encuestas de satisfacción. Sobre esta manipulación, el Procurador afirma en su informe, literalmente: "... que es una práctica si no usual sí bastante extendida la de intentar que el paciente no presente quejas o reclamaciones". Y entiende que se trata de una evidente vulneración de los derechos de los pacientes. En cuanto a la falta de conexión a internet de los consultorios, solicita que se prioricen estas inversiones. Admiro su perseverancia, señor Procurador, pero, como se den tanta prisa en esto como en implantar la receta electrónica, vamos a tardar.

Otra cuestión que se repite año tras año es la de las listas de espera, con especial relevancia cuando estas son para la realización de pruebas diagnósticas, dado que no existe en el ordenamiento jurídico una garantía semejante a las intervenciones quirúrgicas. El Procurador, al igual que en años precedentes, reitera la necesidad de aprobar una garantía de normativa de plazos. Yo no... ya nos gustaría que se hubiera atendido a esta recomendación cuando el Grupo Parlamentario Socialista trajo a esta Cámara una proposición de ley de plazos máximos para las listas de espera, y fue rechazada.

Por no hablar de que también en esto, recientemente, hemos conocido la flagrante manipulación de los datos de las listas de espera por parte de la Consejería de Sanidad en el hospital de esta ciudad. Listas de espera excesivas y sin garantías, mercantilización de la sanidad, desigualdades en los tratamientos en función de los territorios, problemas en el transporte sanitario, altas forzosas; el panorama no es nada halagüeño en la sanidad pública. Y ya no es porque lo denuncien los profesionales de la sanidad, porque los médicos ayer mismo, antes de ayer, amenazaban con una huelga, o porque las plataformas de sanidad lo digan, o porque lo denuncie el Grupo Parlamentario Socialista, parece que ahora el Informe del Procurador del Común lo corrobora.

Como ha podido comprobar, señor Procurador, en todos estos asuntos este grupo, desde luego, le escucha y trae aquí iniciativas parlamentarias con el ánimo constructivo de solventar los problemas que muestran las quejas que a usted le llegan. Se trata de que este Parlamento conecte con las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, y, por supuesto, las resuelva.

Por eso también el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Pleno del veintiuno de abril una proposición no de ley donde las Cortes aprobaron por unanimidad la recuperación de las jornadas de las 35 horas y el pago del cien por cien de las retribuciones a los empleados públicos durante las bajas laborales. Es curioso que la Consejería de Presidencia rechazara esa misma pretensión cuando usted lo formuló en forma de resolución en idénticos términos. Nunca es tarde si la dicha es buena, no obstante.

En materia de fomento, si un asunto ha destacado, por supuesto es la carretera de Porto de Sanabria, que dio lugar a 756 quejas. Si ustedes pensaban, por su persistencia, que el único que clamaba por 20 años de promesas incumplidas con esta carretera era mi compañero el señor Martín Benito, se equivocaban, hoy son al menos 756 personas más, con la fuerza de una resolución del Procurador del Común detrás. No les voy a explicar de qué carretera hablamos, ni de su estado, lo conocen; no voy a relatarles los incumplimientos, también los conocen. Solo les digo que volveremos a hablar de esto en la tramitación presupuestaria y que la próxima vez que reivindiquemos la mejora de esta infraestructura será desde el mismo Porto de Sanabria, porque no nos rendiremos. Están ustedes invitados. [Aplausos].

En materia... En materia de vivienda, el informe denuncia que se mantiene la ralentización de los últimos años en el proceso de promoción de viviendas protegidas. Lamentablemente, en el año dos mil dieciséis solo se han tramitado... solo se han calificado cuatro viviendas protegidas en Castilla y León hasta el mes de septiembre. Impulsar el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección y las denegaciones de ayudas y subvenciones sin motivación alguna son algunas de las demandas del Procurador.

La deficiencia de infraestructuras en los centros educativos también se ha puesto de manifiesto en alguna de las actuaciones seguidas por el Procurador, que concluyó con una actuación de oficio y una resolución sobre las previsiones para la identificación y eliminación del amianto y el asbesto en dichos edificios e instalaciones. No son menores tampoco las resoluciones dictadas en relación con el acoso escolar y las medidas contra la segregación.

Con respecto a los dependientes, y a pesar de tanto presumir de buenas notas, el Procurador alerta de que siguen existiendo demoras en la tramitación de procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia, incumpliéndose los plazos previstos. Así, advierte de que es necesario agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera para el reconocimiento de los servicios y prestaciones del sistema, reduciendo la lista de espera en todos sus aspectos.

Casi se han doblado las reclamaciones respecto a las dificultades que las personas con discapacidad siguen encontrando respecto al derecho de todos a disfrutar de un entorno accesible con igualdad de condiciones y sin impedimentos discriminatorios, así como diferentes obstáculos que dificultan, limitan o entorpecen el normal desarrollo de su vida diaria.

En lo que respecta a la atención residencial, el Procurador pone de manifiesto la carencia de plazas residenciales públicas suficientes, lo que motiva también una importante lista de espera.

Señoras y señores procuradores, así como hace un año era un orgullo para mí poder reconocer a las primeras Cortes que se celebraban en el Reino de León en el Pleno que celebramos en la Basílica de la Real Colegiata de San Isidoro, no es menor el honor de poder intervenir en este Pleno en la Capilla de los Condestables en la Catedral de Burgos –supongo que algo tendrá que ver mi condición de burgalés-. De esta catedral Bécquer dijo que era una obra grande e infinita, una creación inmensa que nunca acaba de revelarse del todo. De esta catedral recibió Lorca la inspiración que le llevo a escribir: "Yo estoy nutrido de Burgos, porque las grises torres de aire y plata de la catedral me enseñaron la puerta estrecha por donde yo había de pasar para conocerme y conocer mi alma".

De esta catedral se han nutrido de fervor silencioso y de fe miles de burgaleses a lo largo de los siglos. Confío que les conmueva, como a mí, este Pleno, pero sobre todo que les haya inspirado y que no olviden... que no olvidemos las recomendaciones que el Procurador del Común nos ha hecho, porque servirán, sin duda alguna, para hacer de Castilla y León un lugar mejor.

Aquí, señoras y señores procuradores, yace El Cid; aquel buen vasallo que no tuvo buen señor. Hoy, en un tiempo sin vasallos ni señores, no olvidemos nunca nuestra responsabilidad para lograr que todos los castellanos y los leoneses tengan una vida mejor, tengan esperanza y tengan futuro. Que hagamos todo lo posible para que termine la inquietud en el paraíso. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Gracias, señor Tudanca. Para fijar posición, en representación del Grupo Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, presidenta. Y, en primer lugar, en esta... en este estreno como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la casualidad ha querido que sea en este maravilloso entorno, en esta maravillosa ciudad. Un honor, sin duda, para mí, como castellano y leonés, estar en este incomparable marco, patrimonio de los castellanos y de los leoneses; de todos los castellanos y de todos los leoneses, pero, más importante que ello, patrimonio de la humanidad. Gracias, de verdad, al cabildo por acogernos, y gracias a la ciudad de Burgos también, en representación de la cual nos acompañan hoy sus más importantes autoridades.

Veintiún años cumple este dos mil diecisiete la institución del Procurador del Común; veintiún años de trabajo eficaz, incansable, al servicio de los castellanos y de los leoneses, al servicio de la participación y la calidad democrática en Castilla y León, canalizando y resolviendo las peticiones y las quejas de los ciudadanos dirigidas a las Administraciones locales, y también, por supuesto, a la Administración económica. En este tiempo la institución del Procurador del Común ha ido creciendo en Castilla y León, no solo en medios materiales, no solo en infraestructuras, también en competencias. Y esto gana valor si lo comparamos con lo acaecido en esta institución en otras Comunidades Autónomas. La crisis se ha llevado por delante también en otras Comunidades Autónomas al procurador del común, al defensor del pueblo de esos territorios. Valga como ejemplo recordar que en el año dos mil once la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha suprimió el Procurador del Común; en el año dos mil doce lo hicieron las Comunidades Autónomas de Murcia y de Madrid; Asturias y La Rioja en el dos mil trece. Otros ni siquiera desarrollaron la previsión estatutaria de crear el defensor del pueblo en su Comunidad Autónoma. Pues bien, en Castilla y León no dudamos un momento en mantener esta importante institución de la Comunidad Autónoma; al revés, le dotamos de más competencias. En el año dos mil quince, dotamos de una nueva competencia al Procurador del Común como Comisionado de Transparencia, y el año pasado, en una reciente ley, aprobada por las Cortes de Castilla y León, le dimos también nuevas competencias en relación con la protección de los empleados públicos, a través de la Ley de Garantía de los Informantes. Esto es lo que hemos querido hacer en Castilla y León con una institución fundamental para nosotros, y esto es lo que ha acaecido en otras Comunidades Autónomas respecto de esta misma institución.

No obstante, lo que nos convoca hoy aquí es el informe correspondiente al año dos mil dieciséis. Lo primero que hemos extraído de su análisis -lo han puesto de manifiesto ya otros portavoces parlamentarios- es el importante, importantísimo, descenso en el número de las quejas respecto del año anterior, un 42 % menos de quejas respecto a lo acaecido en el año dos mil catorce. Hemos pasado de 4.500 a poco más de 2.500 quejas.

Y además hemos de reseñar que de esas 2.500 quejas, 500 se corresponden a quejas formuladas por ciudadanos que no son de la Comunidad Autónoma. Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que el tercer municipio del que provienen más quejas dirigidas al Procurador del Común no es un municipio de esta Comunidad Autónoma, es la localidad de Bilbao; algo que tiene relación, sin duda, con una queja que se ha puesto de manifiesto aquí en torno a una carretera de acceso a un pueblo de la provincia de Zamora. También llama la atención que de esas 2.500 quejas, 750 se corresponden precisamente... 750 se corresponden precisamente con la queja formulada sobre esa carretera de la provincia de Zamora.

Claro, el año pasado, cuando asistí al Pleno del Procurador del Común, en otro marco incomparable también, que era la Colegiata de San Isidoro, oía a otros portavoces parlamentarios cargar contra la Junta de Castilla y León...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

... precisamente utilizando el incremento en el número de quejas respecto del año anterior. Decían entonces estos portavoces: la crisis no ha acabado, la evidencia es el incremento del número de quejas. Permitan que este año, que las quejas se reducen a la mitad, yo no sea tan osado como lo fueron otros en el pasado, pero piensen ustedes qué debería de decir este humilde procurador.

Es evidente... [Aplausos]. Es evidente el error que cometemos cuando intentamos utilizar el Informe del Procurador del Común como herramienta de confrontación política. El Informe del Procurador del Común es una herramienta para detectar las ineficiencias, para corregirlas, para mejorar el servicio público que prestamos a los ciudadanos de Castilla y León.

Al respecto del informe, nos llama también la atención el hecho de que los... la prestación de servicios públicos básicos en nuestra Comunidad Autónoma -la sanidad, la educación, los servicios sociales, vinculados a la Consejería de Familia- acumulan tan solo el 12 % de las quejas formuladas. Llama la atención más si lo comparamos con el volumen de recursos que la Junta de Castilla y León destina precisamente a la prestación estos tres servicios básicos, el 80 %. Y más sorprendente aún resulta si lo comparamos con lo que sucede en otras Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía las quejas referidas a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales básicos suponen el 60 %; en Castilla y León el 12 %. Y eso se consigue a lo mejor gracias a la prestación del servicio que hace la Junta de Castilla y León, pero sobre todo gracias a los excelentes profesionales que tiene nuestra Comunidad Autónoma en los ámbitos de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales básicos.

Es evidente que este informe recoge motivos para la crítica, por supuesto; pero es evidente también que recoge datos objetivos, o que, junto con otros datos objetivos, nos demuestra que nos podemos sentir, como castellanos y como leoneses, orgullosos de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestros servicios sociales.

El último barómetro sanitario nos decía que los castellanos y leoneses otorgan una nota a nuestra sanidad de 7 puntos, medio punto más de lo que ocurre en el resto de nuestro país. Y sorprende, por cierto, al analizar el barómetro sanitario, que son precisamente los usuarios de la sanidad pública del último año los que mejor valoran la sanidad; es decir, que quien utiliza la sanidad pública de Castilla y León valora mejor la sanidad que aquellos que no lo hacen.

Y también, en el ámbito educativo, el último informe PISA vuelve a ser contundente. Hace muy pocos años decíamos que anhelábamos el tener un sistema educativo como el que tiene Finlandia. Pues bien, el último barómetro de PISA nos dice que precisamente el sistema educativo de Castilla y León está al nivel del que tiene Finlandia, el séptimo mejor sistema educativo del mundo. Y exactamente igual sucede en el ámbito de los servicios sociales, por décima vez consecutiva, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León se le da un 10... perdón, un 9 en este caso, un sobresaliente en la aplicación de la Ley de Dependencia. La semana pasada acudía a nuestra Comunidad Autónoma la consejera de Canarias, precisamente para copiar nuestro sistema de dependencia, y se mostraba, sin duda, partidaria de su implantación en esa Comunidad Autónoma.

Pero si descendemos a las quejas planteadas, vemos que de esas 2.500 quejas se dirigen a la Junta de Castilla y León 1.405, el 56 % de las mismas, frente por cierto, al 70 % de las presentadas en el año pasado. Esas 1.405 quejas han dado lugar a 357 expedientes admitidos a trámite. Téngase en cuenta al respecto que, como he dicho antes, 756 quejas son... son la misma. De esas 357 quejas, la mitad, 185, se han resuelto a favor de la Junta, es decir, no han dado la razón al ciudadano; y sí han dado la razón al ciudadano otras 185 quejas. De esos 185 expedientes resueltos a favor de los ciudadanos, la Junta de Castilla y León ha aceptado el 80 %. Es decir, tan solo hay 33 expedientes, 33 quejas formuladas, en las cuales la resolución no ha sido favorable a los intereses de Castilla... de la Junta... perdón, de los... de la Junta de Castilla y León. Esto demuestra, por un lado, la utilidad, por supuesto, del Procurador del Común; y, en segundo lugar, la alta consideración que la Junta de Castilla y León tiene a las resoluciones que provienen del Procurador del Común. Repito, el 80 % de sus resoluciones han sido aceptadas por la Junta de Castilla y León.

Y si descendemos aún más a las materias, vemos que en el ámbito sanitario se han presentado 65 quejas. El 3 % -lo decía antes- de las quejas formuladas se refieren a la sanidad pública de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por cierto, solo una, solo una, referida al Hospital público de Burgos; exactamente igual de público que lo es el de Toledo y el de Granada, que se han construido y se están funcionando con el mismo sistema. Entiendo... [Aplausos]. Entiendo que, si el Hospital de Toledo es público y el de Granada es público, el de Burgos debe de ser igualmente público, salvo que tengamos distinta vara de medir dependiendo de quién gobierne en uno o en otro lugar.

Pues bien, la valoración de estas 65 quejas ha de hacerse, quizás, en relación con la... el volumen de lo que representa nuestro sistema sanitario. Miren, ahora mismo, en Castilla y León hay abiertos 14 hospitales, 247 centros de salud, 3.655 consultorios locales; ahora mismo hay 36.000 profesionales atendiendo a los castellanos y leoneses en el ámbito de la sanidad de nuestra Comunidad Autónoma. Hoy la sanidad pública en nuestra Comunidad Autónoma, el mantenimiento del sistema sanitario público en Castilla y León, nos costará 9.500.000 euros. Pues bien, frente a esa realidad, otra, y es que en listas de espera se han presentado 4 quejas. Por cierto, una única queja referida a listas de espera quirúrgicas, o que en cuanto a desplazamientos y transporte sanitario se han presentado 2 quejas. Evidentemente, 4 quejas en lista de espera, 2 quejas en transporte sanitario son importantes, por supuesto, pero deben de ser puestas en consonancia con lo que representa la sanidad pública en nuestra Comunidad Autónoma.

Lo mismo sucede en el ámbito educativo. Dentro de muy poco tiempo se va a atender a 40.000 alumnos en los comedores escolares en Castilla y León. Esta mañana partían 1.850 rutas en Castilla y León, rutas de transporte escolar. Pues bien, 35 quejas en el área educativo.

Y exactamente igual sucede en el ámbito de la Consejería de Familia. En el año dos mil dieciséis fueron beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía 38.500 personas; 85.000 personas fueron atendidas en nuestro sistema de atención a la dependencia. Pues bien, 110 quejas fueron las presentadas ante el Procurador del Común.

Voy concluyendo. Todos coincidimos en que, a pesar de que en el año dos mil dieciséis nuestro producto interior bruto ha crecido a ritmos inimaginables hace muy poco tiempo, todos coincidimos en que, a pesar de que llevemos trece meses... trece trimestres consecutivos reduciendo el paro, de que estemos muy cerca ya de alcanzar ese objetivo que nos marcamos al inicio de la legislatura del millón de ocupados, de que seguimos reduciendo la tasa de riesgo de pobreza en Castilla y León, que esta sigue siendo 5 puntos más baja que la media nacional, es cierto que aún sigue habiendo personas, que aún sigue habiendo familias que lo pasan mal, sigue habiendo 161.000 personas que quieren trabajar y no pueden. Por eso es importante este informe, porque nos marca dónde están las líneas de mejora de nuestro sistema público, hacia dónde debemos de conducir mejor nuestros recursos para atender más y mejor a los ciudadanos de Castilla y León. Por eso es fundamental el trabajo de la Procuraduría del Común.

Me gustaría finalizar esta intervención dirigiéndome al Procurador del Común y a sus doce años de servicio a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Decía Winston Churchill que en los tiempos actuales la gente, o algunas personas, se preocupan más por ser importantes que por ser útiles. No es el caso del señor Amoedo, esforzado durante doce años de servicio público a Castilla y León por resultar útil a Castilla y León. Y esa utilidad de su trabajo es lo que ha dado precisamente importancia a la Institución. Gracias por ello, señor Amoedo, gracias en nombre de mi grupo parlamentario; pero gracias también, creo, en nombre de las 24.000 personas a las que usted ha atendido con su buen hacer. De verdad, muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Gracias. Gracias, señor De la Hoz. Para contestar, tiene la palabra el señor Procurador del Común, señor Amoedo.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Bueno. Dos, nada más que dos palabras. Gracias, por los elogios. No he hecho más que trabajar con independencia, objetividad y siempre pensando en las necesidades de los ciudadanos. Don Luis Mariano, ha perdido hoy por goleada. Ha sido el único que ha puesto en... un poco en duda la importancia de la institución del Procurador del Común. Yo espero que después de lo que usted ha escuchado -y además usted a mí me conoce bastante-, que cambie usted de opinión sobre la Institución que yo he dirigido durante todos estos años. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CLEMENTE MUNICIO):

Señorías, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas quince minutos].