Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a requerir a las Universidades públicas y privadas de la Comunidad la implementación de un protocolo contra el acoso sexual y sexista, distinto de los protocolos de acoso laboral u otro tipo de acoso sin razón de sexo que incluya la detección de casos de violencia machista en su seno; a establecer mecanismos para que dichos protocolos vayan acompañados de campañas de difusión y sensibilización que fomenten la igualdad en el ámbito universitario; a realizar desde la Consejería de Educación las pautas homogéneas que deba recoger dicho protocolo, las posibilidades de intervención, asesoramiento y procedimiento a seguir en casos de acoso sexual y violencias, el órgano competente, la evaluación del cumplimiento y los recursos humanos y materiales para llevarlo a cabo; a establecer mecanismos presupuestarios entre las universidades y la Consejería para dotar los recursos humanos y materiales necesarios; y a requerir a las Universidades públicas y privadas para que estos procedimientos estén supervisados y realizados por especialistas en materia de igualdad en educación y violencias, para su tramitación ante la Comisión de Educación.

Retirada de la Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta de Castilla y León a requerir a las Universidades públicas y privadas de la Comunidad la implementación de un protocolo contra el acoso sexual y sexista, distinto de los protocolos de acoso laboral u otro tipo de acoso sin razón de sexo que incluya la detección de casos de violencia machista en su seno; a establecer mecanismos para que dichos protocolos vayan acompañados de campañas de difusión y sensibilización que fomenten la igualdad en el ámbito universitario; a realizar desde la Consejería de Educación las pautas homogéneas que deba recoger dicho protocolo, las posibilidades de intervención, asesoramiento y procedimiento a seguir en casos de acoso sexual y violencias, el órgano competente, la evaluación del cumplimiento y los recursos humanos y materiales para llevarlo a cabo; a establecer mecanismos presupuestarios entre las universidades y la Consejería para dotar los recursos humanos y materiales necesarios; y a requerir a las Universidades públicas y privadas para que estos procedimientos estén supervisados y realizados por especialistas en materia de igualdad en educación y violencias, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 52, de 4 de diciembre de 2019.