Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Miguel Suárez Arca, D. José Antonio Palomo Martín, Dña. María Luisa Calvo Enríquez y Dña. María Isabel Pérez Martín, instando a la Junta de Castilla y León a que, conforme a los trámites legales pertinentes, se proceda a que se reviertan todos los cambios incluidos en "reorganización" de los centros de protección de menores, dejándose sin efecto las disposiciones del convenio colectivo declaradas nulas por sentencias judiciales firmes, ejecutándose sin más dilación y devolviéndoles sus categorías profesionales a sus trabajadores; a que la adjudicación de plazas de los procesos selectivos de estabilización corresponda con las categorías convocadas en su momento y no a otras, devolviéndose los empleos a los trabajadores despedidos como efecto de esta "reorganización", con despidos declarados judicialmente improcedentes, incluso nulos; y a que no se modifique el requisito de titulaciones universitarias, sin perjuicio de tener en cuenta otras categorías laborales, para el personal de atención directa a menores en centros de protección, dejándose sin efecto su tramitación por la Junta de Castilla y León, y no promueva la rebaja de titulación en los estándares nacionales, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.