PNL/002017-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de abril de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002014 a PNL/002017.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de abril de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

La actual regulación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el sector geroasistencial y de atención a las personas dependientes establece tres niveles diferenciados desde el punto de vista impositivo. En aquellos supuestos en que el servicio lo preste una entidad de Derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social estarán exentos de IVA. En el caso de que la plaza sea concertada o esté ocupada por un beneficiario de prestación económica vinculada, siempre que la ayuda que recibe de la administración suponga más de un 75 % del precio, el IVA aplicable será del 4 %, y por último, en todos los demás casos de prestación de estos servicios, el IVA será del 10 %.

Se produce así una paradoja fiscal con importantes efectos en el sector de la atención a las personas mayores y/o dependientes y es que el mismo servicio, prestado por una misma entidad, va a tener dos tipos impositivos diferentes de IVA en función de quien abona el servicio. Si más del 75 % de la financiación es pública, el tipo será del 4 %, y si es inferior se aplicará un 10 %, tal y como lo establece el artículo 91.dos.2.3) de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En la práctica esta circunstancia puede suponer que una persona que entra en un centro de forma privada paga un IVA del 10 % y más tarde cuando le corresponde una plaza concertada en ese mismo centro, en esa misma habitación y recibiendo exactamente los mismos cuidados y pasa a tributar al 4 %.

Este régimen impositivo constituye una ruptura del principio de igualdad ante la Ley que propugna nuestra Carta Magna y afecta a las personas mayores y dependientes cuando se encuentran en situación de dependencia y precisan de estos servicios y prestaciones profesionales como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, el centro de día y de noche y la atención residencial. Esto genera desigualdad de trato entre la Administración y los ciudadanos, ya que estos pagan más por el mismo servicio, y además al ser consumidores finales esta diferencia la asumen de manera directa y sin posibilidad de deducción.

No cabe duda de que esta carga impositiva diferenciada distorsiona la competitividad en la prestación de estos servicios, y va contra un elemental principio de equidad que prescribe las diferencias impositivas ante un mismo servicio o prestación, ya que debe primar siempre la calidad en la atención y la profesionalización de los servicios, no la forma jurídica de quien presta el servicio, quién lo preste o financie.

En Castilla y León el Sistema de Atención a la dependencia proporciona una atención de calidad, y sin espera a todas las personas dependientes, casi 89.000, que reciben más de 116.224 prestaciones, la gran mayoría de carácter profesional, y con un grado de cobertura del 98,21 %.

En este sentido, no hay duda de la gran importancia de la colaboración público-privada a la hora de garantizar una adecuada cobertura en la prestación de los servicios de atención a la dependencia, en la medida que garantizan la existencia de recursos y prestaciones profesionales suficientes a disposición de las personas dependientes, que son adquiridos por los beneficiarios del sistema a través de la prestación económica vinculada a la compra de un servicio.

Y ello se acentúa en una Comunidad Autónoma en la que las proyecciones de población auguran un significativo incremento del grupo de personas mayores, que se cifra en torno al 31,2 % de la población total en 2029, y el consiguiente incremento del número de personas dependientes que crecerá considerablemente en los próximos años.

Por eso consideramos muy ventajoso para los propios dependientes una reducción del IVA que va a repercutir directamente en una bajada de precios al usuario a la hora de adquirir estos servicios. Por poner un ejemplo, diversos estudios señalan que la reducción del tipo aplicable del IVA al 4 % produciría, con carácter inmediato, una reducción en las cuotas a abonar por los usuarios de residencias de 1.200 euros al año, considerando un precio medio por plaza residencial para mayores en España de 1.777 euros.

Pero además, no debemos olvidar que el sector de la atención a la dependencia constituye un sector generador de empleo y riqueza, y que proporciona intensos retornos a la sociedad, que en Castilla y León suponen que por cada millón de euros de gasto público, se generan 50 empleos. En este sentido hay que recordar que Castilla y León encabeza la creación empleo vinculado a dependencia con 10,82 empleos por cada 1.000 habitantes, 6 puntos por encima media nacional y que permite la existencia de más de 26.200 puestos de trabajo en la atención a las personas dependientes.

Efectivamente, la igualación de este IVA conllevaría un incremento de la ocupación de los centros, lo que conllevaría nuevas contrataciones, el aumento de las cotizaciones, e importantes retornos a las Administraciones públicas. En definitiva, la medida que proponemos conlleva importantes beneficios sociales, en términos de igualdad en el acceso a las prestaciones de la dependencia y también beneficios económicos que se traducen en aumento del empleo.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que a su vez inste al Gobierno de la Nación a fin de que dé los pasos necesarios para intentar reducir el IVA que pagan las personas mayores y dependientes por los servicios asistenciales privados para, si es posible, situarlo al mismo nivel que los públicos o concertados (4 %), con el compromiso del sector de repercutir íntegramente la bajada en el precio de los servicios".

Valladolid, 17 de abril de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano